El arresto de “El Chapo”: ¿Qué sigue para México?
El arresto de “El Chapo”: ¿Qué sigue para México?

El arresto de “El Chapo”: ¿Qué sigue para México?

Mary Speck (@speckmary), analiza en este documento de preguntas y respuestas, la importancia de la detención de Guzmán para el comercio de narcóticos, para la lucha del Estado contra la delincuencia organizada y para los mexicanos atrapados en el ciclo de violencia relacionada con el narcotráfico, que ha costado la vida de un estimado de 70,000 personas en los últimos ocho años. (Ver informe de Crisis Group: El desafío de Peña Nieto: los cárteles criminales y el Estado de Derecho en México).

El arresto de Joaquín Guzmán Loera – conocido como “El Chapo” – puso fin a una cacería humana que duró 13 años para dar con el capo que supuestamente encabeza el cártel de drogas más grande del mundo. Efectivos de la marina mexicana capturaron a Guzmán la madrugada del 22 de febrero en una incruenta redada dentro de un condominio frente al mar en su estado natal de Sinaloa.

La operación  fue un éxito de los servicios de inteligencia mexicanos y de los agentes anti-narcóticos de Estados Unidos. Su colaboración y persistencia llevaron finalmente a la captura de Guzmán. Este hecho puede también brindar un impulso político para el Presidente Enrique Peña Nieto, cuyos índices de aprobación han caído en medio de preocupaciones por la situación de la economía y la persistente inseguridad. Lo que es menos claro es si el arresto mejorará la seguridad de los ciudadanos mexicanos que viven en regiones atormentadas por altos índices de asesinato, extorsión y secuestro. El proyecto de Crisis Group para México/América Central analizará los esfuerzos gubernamentales para contrarrestar la delincuencia organizada en regiones vulnerables en próximos informes sobre Ciudad Juárez y Michoacán.

P: ¿Cómo es que “El Chapo” Guzmán y el cártel de Sinaloa se volvieron tan poderosos?

Guzmán nació en una región de México en donde el narcotráfico ha sido por mucho tiempo un modo de vida. Conocida como “el triángulo dorado”, la zona montañosa en donde se unen los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa ha sido una fuente de producción de narcóticos durante al menos un siglo. Pequeños agricultores en esta región remota y empobrecida han cultivado amapolas opiáceas y marihuana por generaciones, vendiendo su cosecha a jefes locales que se encargan a su vez de ingresarla ilegalmente al otro lado de la frontera con Estados Unidos. La cocaína (proveniente de América del Sur) se agregó a la lista a comienzos de la década de 1970 y 1980, cuando los cárteles colombianos comenzaron a buscar rutas alternas hacia Estados Unidos. Hacia finales de la década de 1990, gran parte de la cocaína destinada al mercado estadounidense pasaba a través de México y Centroamérica. Los capos más emprendedores (o despiadados) se convirtieron en cabecillas de cárteles encargados de distribuir grandes cantidades de cocaína, marihuana y heroína, y eventualmente metanfetaminas, a Estados Unidos y el resto del mundo.

Los orígenes humildes de Guzmán y su visión para los negocios son parte de su leyenda: hijo de un agricultor auspiciado por la mafia local, Guzmán asciende hasta encabezar una red de tráfico de drogas valuada en billones de dólares, que parece tener operaciones no sólo en el continente americano, sino en Europa, África occidental y el sudeste asiático. Se le atribuye a su cartel innovaciones como el transporte de drogas bajo el agua en “narco-submarinos” y a través de túneles por debajo de la frontera con Estados Unidos. Incluso abrió una fábrica de conservas que transportaba cocaína oculta en latas de chile (ají) a tiendas de abarrotes mexicanas en Estados Unidos. Guillermo Valdés, ex-director de inteligencia mexicano, llamó a Guzmán un hombre “con una gran imaginación y creatividad empresarial. Es un genio de los negocios” en una entrevista con El País.

A diferencia del cartel rival de Los Zetas, que es reconocido por tomar el control de las rutas del narcotráfico por la fuerza, el cartel de Sinaloa, según se dice, es una red más descentralizada de grupos criminales que por lo general prefieren operar debajo del radar, mediante una amplia red de clientelismo para asegurar el apoyo popular y para corromper a funcionarios electos y a las fuerzas de seguridad. Pero la organización de Guzmán no esquiva la violencia: sus batallas para obtener el dominio en Ciudad Juárez y Tijuana, ambas ciudades clave para el trasiego de drogas a Estados Unidos, costaron miles de vidas, especialmente entre 2007 y 2011.

P: ¿Qué tan importante es este arresto para el gobierno mexicano? ¿Se le ha dado un golpe decisivo a los carteles?

El arresto de Guzmán tiene una gran importancia simbólica: este es un hombre que no sólo conducía una empresa criminal gigantesca pero que también alcanzó un estatus mítico en México, siendo tema de narco-corridos celebrando su poder, riqueza y desafío a la autoridad. Su escape de la prisión en 2001 (supuestamente en un carrito de lavandería y muy probablemente después de haber pagado sobornos masivos) sólo aumentó su aura de invencibilidad. Al capturar a Guzmán -y al hacerlo en una operación planeada con cuidado y sin un solo disparo – el gobierno ha demostrado que México tiene la voluntad y la habilidad para llevar ante la justicia incluso al narco más poderoso. Ese es un gran golpe contra la impunidad.

Guzmán no es el único traficante poderoso en caer durante el último año. En julio y agosto de 2013, las tropas mexicanas arrestaron a los líderes máximos de dos carteles rivales, en Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos: Miguel Ángel Treviño, o Z-40, del cartel de Los Zetas, y Mario Armando Ramírez, del cartel del Golfo. En enero de este año, la Policía Federal y el Ejército capturaron a los líderes de dos carteles que compiten a lo largo de la costa del Pacífico: Rubén Oseguera González segundo al mando del Cártel de Jalisco Nueva Generación y a Dionisio Loya Plancarte, uno de los líderes más buscados de Los Caballeros Templarios, un grupo de traficantes de metanfetaminas y extorsionistas en el estado de Michoacán.

La mayoría de los recientes arrestos de alto nivel han sido efectuados por unidades militares, que actúan ante la información proporcionada tanto por los servicios de inteligencia mexicanos como por agentes estadounidenses. México sigue dependiendo de manera excesiva del Ejército y la Marina, las mismas que han sido acusadas de violaciones graves a los derechos humanos, en operaciones que deberían ser lideradas por las agencias civiles de seguridad. La percepción de que la policía es incompetente y corrupta sigue siendo un obstáculo importante para la seguridad en México.

P: ¿Qué va a pasar en Sinaloa y en otras regiones afectadas por la violencia relacionada con el narcotráfico?

Se teme que en el estado natal de Guzmán una crisis por la sucesión del cártel provoque una lucha interna sangrienta y/o luchas territoriales con grupos rivales. El arresto fue positivo para Peña Nieto, escribe el columnista Jorge Zepeda Patterson, pero puede que no lo sea en la misma medida para los habitantes de los estados de la costa del Pacífico como Sinaloa, Sonora, Nayarit y Durango, que han sufrido menos violencia que otras zonas transitadas por los narcotraficantes. El analista Alejandro Hope predice que sin el liderazgo de Guzmán el cártel de Sinaloa se fragmentará en grupos más pequeños y diversificados que “participan en todas las formas de extracción de rentas, desde el secuestro hasta la extorsión y el robo”. Estos grupos puede que no representen una amenaza para el Estado mexicano, pero sí son capaces de causar estragos en las comunidades locales.

Según se informa, algunas comunidades en Sinaloa han comenzado a formar grupos de “autodefensa”  o grupos locales de civiles armados. Ese proceso podría acelerarse si los cárteles rivales comienzan a adentrarse en el territorio. El gobierno de Peña Nieto ha enviado al Ejército para controlar a estos grupos que, como International Crisis Group ha informado, se han vuelto peligrosamente poderosos en los estados de Michoacán y Guerrero, ubicados en el sur de la costa del Pacífico, al tiempo que ofrece incorporarlos a la policía rural y municipal. Sin embargo, aún no está claro cuántos de ellos están dispuestos a incorporarse a estas estructuras legales y cómo es que serán supervisados. Las milicias locales pueden eventualmente vender la “protección” a través de la fuerza y la intimidación, perpetuando así las extorsiones que supuestamente debían eliminar. También son vulnerables a ser penetrados por cárteles rivales.

P: ¿Son suficientes las detenciones, como la de Guzmán, para hacer frente al problema del crimen relacionado con el tráfico de drogas?

Es poco probable que el arresto de los líderes por sí solo debilite de manera significativa a la delincuencia organizada: otros capos pueden surgir desde dentro de la organización u otras bandas pueden tomar el control del territorio, con el consiguiente incremento de la violencia. Más importante a largo plazo es el desarrollo de las fuerzas policiales y de un sistema de justicia capaz de hacer cumplir la ley y el orden en los barrios y pueblos en donde los traficantes y otros criminales se han convertido en las autoridades de facto. Poco después de asumir la presidencia, Peña Nieto anunció una estrategia de prevención de la violencia enfocada en comunidades de alta criminalidad, pero los críticos sostienen que el gobierno está reacomodando los programas sociales ya existentes, en lugar de proveer recursos adicionales para nuevas iniciativas.

La reconfiguración de los cárteles mexicanos tras la detención de sus principales líderes hace aún más urgente que el Presidente Peña Nieto cumpla con su promesa de hacer de la prevención del delito el enfoque central de su estrategia de seguridad, incluyendo los programas sociales y la vigilancia comunitaria. No es casual que las organizaciones de traficantes a menudo surjan de las comunidades marginadas, con poco acceso a la educación o a los servicios gubernamentales – regiones como el lugar natal de “El Chapo” en Sinaloa. El estado mexicano tiene que demostrar que los capos, en gran parte responsables de los asesinatos en los últimos años, serán castigados. También debe llenar el vacío institucional que permite que el crimen organizado prospere, convenciendo a los residentes de Sinaloa y demás regiones penetradas por grupos criminales que el Estado puede garantizar la seguridad, la educación y otros servicios diseñados para prevenir el delito y estimular el desarrollo económico.

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