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Justicia denegada: desaparecidos en Guerrero, México
Justicia denegada: desaparecidos en Guerrero, México
As U.S. States Decriminalize Marijuana, Mexico’s Drug War Rages On
As U.S. States Decriminalize Marijuana, Mexico’s Drug War Rages On
March in Mexico City on 26 September 2015, marking the first anniversary of the 43 students’ disappearance. CRISIS GROUP/Martha Lozano
Report 55 / Latin America & Caribbean

Justicia denegada: desaparecidos en Guerrero, México

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Resumen ejecutivo

Las espantosas e impunes violaciones de los derechos humanos en el estado de Guerrero, al suroeste de México, han desdibujado los límites entre la política, el estado y el crimen. Las bandas de narcotraficantes no solo controlan la industria ilegal de la heroína y asedian a los ciudadanos de a pie a través del secuestro y la extorsión, sino que también han penetrado, paralizado o intimidado a las instituciones encargadas de defender la democracia y el Estado de derecho. La desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa a manos de agentes de la policía, quienes supuestamente actuaron en connivencia con miembros de bandas criminales, no fue ninguna anomalía. Para romper el ciclo de la violencia, garantizar la justicia para los desaparecidos y llevar el Estado de derecho a una región empobrecida y turbulenta, el gobierno federal debe poner la investigación de las desapariciones no resueltas y otras graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero en manos de un fiscal especial independiente respaldado por una comisión internacional con autoridad para participar activamente en los procesos.

El presidente Enrique Peña Nieto ha admitido que su país se enfrenta a una crisis de confianza. A pesar de una inversión extraordinaria de recursos y personal, la investigación de las desapariciones de Ayotzinapa ha estado plagada de errores y omisiones, según el informe publicado en septiembre de 2015 por expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Casi dos terceras partes de los ciudadanos de todo el país no creen en la versión del gobierno, y tres cuartas partes desaprueban el trabajo de los fiscales federales. Las víctimas y los defensores de los derechos humanos han exigido que se investigue la posibilidad de que se haya obstruido la investigación. La desconfianza hacia las autoridades es tan profunda que estas y otras investigaciones en torno a las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en Guerrero requieren de la credibilidad que confiere la presencia internacional.

El 19 de octubre, el gobierno federal dio un paso importante al ofrecer el nombramiento de un nuevo equipo de fiscales para el caso. Este equipo trabajará con expertos de la CIDH para incorporar sus conclusiones y recomendaciones en la investigación y planificarla de manera conjunta de ahora en adelante. No obstante, la gravedad de la violencia y de la corrupción en Guerrero requiere de medidas adicionales para asegurar a la población que las autoridades están preparadas y dispuestas a investigar y castigar a los criminales que aterrorizan a los ciudadanos, así como a cualquier funcionario que los ayude o aliente, por acción u omisión.

En primer lugar, las investigaciónes sobre el caso Ayotzinapa deberían estar a cargo de una fiscalía especial liderada por un fiscal de alto nivel que no provenga del gobierno y que cuente con experiencia en investigaciones sobre derechos humanos. Dicha fiscalía debería además hacerse cargo de otras investigaciones de desapariciones forzadas y graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero, y contar con autoridad para iniciar nuevas líneas de investigación.

En segundo lugar, estas investigaciones deberían ser asistidas y monitoreadas por una comisión internacional que actúe bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OAS) y/o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), compuesta por expertos en derecho penal y derechos humanos. Esta comisión debería tener autoridad para participar en los procesos penales y pleno acceso a las pruebas y los testigos. Debería además trabajar con las víctimas y los grupos de derechos humanos en el desarrollo de planes para garantizar la rendición de cuentas por los abusos cometidos durante las campañas de contrainsurgencia en la década de los 70 y la indemnización de los sobrevivientes.

La mayor parte de los delitos siguen sin ser denunciados, y las encuestas demuestran que la mayoría de los ciudadanos desconfían de los fiscales y de la policía. Si se obliga a los funcionarios ineptos, cómplices o corruptos a rendir cuentas, las autoridades podrán comenzar a recuperar la confianza de los ciudadanos, que es fundamental para hacer cumplir la ley de manera eficaz. Asimismo, las autoridades federales y estatales deberían asegurarse de que el fin a la impunidad por violaciones graves de los derechos humanos sea una parte integral de los esfuerzos permanentes de México para reformar el sistema de justicia, a la vez que depura y profesionaliza las fuerzas policiales federales, estatales y locales.

La tragedia de Ayotzinapa no es un incidente aislado. El descubrimiento de fosas comunes clandestinas en Guerrero, especialmente en los alrededores de Iguala, donde desaparecieron los estudiantes, dejó al descubierto un macabro y más amplio patrón de homicidios sin resolver. Y el problema no se limita a Iguala. El secuestro en mayo de 2015 de más de una docena de personas en Chilapa, donde las fuerzas estatales y federales estaban a cargo de la seguridad, demostró que, meses después de la desaparición de los estudiantes, las autoridades seguían sin querer o sin poder actuar con firmeza para prevenir y resolver este tipo de delitos.

Las desapariciones proyectan una larga sombra sobre el sistema judicial, un pilar fundamental del Estado de derecho en cualquier país estable. En México hay más de 26.000 casos de personas desaparecidas sin ser resueltos, según un registro oficial. El presidente ha propuesto que se establezca una fiscalía especial para investigar estos casos. Esto es positivo, pero no es probable que se gane la confianza de los ciudadanos, dada la magnitud del problema. México debería iniciar un debate acerca de la posibilidad de crear un mecanismo nacional para resolver esta y otras graves violaciones de los derechos humanos, aprovechando los conocimientos y experiencia de los defensores de los derechos humanos mexicanos y extranjeros, a fin de descubrir la verdad, castigar a los responsables y brindar apoyo o indemnización a los familiares de las víctimas.

Los funcionarios federales señalan la disminución de la tasa de homicidios en los últimos tres años como un logro importante. Pero la violencia continúa siendo intensa en estados como Guerrero, que en 2014 registró la tasa de homicidios más alta del país, y donde el derramamiento de sangre sigue en alza. Pese al despliegue de más agentes de la policía federal, el número de homicidios en el estado aumentó en un 20 por ciento en la primera mitad de 2015. Además, posiblemente las estadísticas oficiales no reflejen el verdadero nivel de inseguridad en un estado en el que alrededor del 94 por ciento de los delitos no se denuncian. La impunidad, incluso en casos de homicidio, es la norma. Según un informe reciente, a lo largo de la última década solo el siete por ciento de los delitos en Guerrero terminaron en una condena. A nivel nacional, dijo otro informe, alrededor del 16 por ciento de los homicidios registrados terminan en condena.

En noviembre de 2014, el presidente Peña Nieto prometió que “después de Iguala, México debe cambiar”. Aún está a tiempo de cumplir esa promesa, pero solo si actúa con firmeza para restaurar la confianza, investigando y enjuiciando casos emblemáticos, comenzando en Guerrero y siguiendo en otros estados vulnerables. Con la creación de una entidad investigadora híbrida, el gobierno no solo garantizaría una investigación imparcial, sino que además alentaría la transferencia de conocimientos de los especialistas extranjeros a los fiscales mexicanos.

La tragedia de Guerrero va más allá del fracaso de las instituciones mexicanas. Los criminales que aterrorizan a sus ciudadanos obtienen gran parte de sus ganancias de la producción y el transporte de drogas ilegales a través de la frontera norte del país. Estados Unidos debería tener un claro interés en fortalecer la seguridad y la justicia en el estado que suministra gran parte de la heroína que alimenta su creciente epidemia. Apoyar a los fiscales fuertes e independientes con financiamiento y ayuda técnica fortalecería el Estado de derecho al demostrar que ni los delincuentes violentos ni los funcionarios corruptos quedarán impunes.

As U.S. States Decriminalize Marijuana, Mexico’s Drug War Rages On

Originally published in Open Society Foundation

In August of 2016, Aarón Valencia and his family fled to the United States amid the violence of Mexico’s drug war. Gangs had threatened to force two of his children into organized crime in his home state of Michoacán, and seeking refuge in the United States seemed his only option.

Today, Aarón, a former member of a vigilante militia disarmed by the Mexican government, and his family are being held at the Eloy Detention Center in Arizona, waiting for their asylum claim to be processed. They are among the millions of victims of the drug war that rages in Mexico to this day.

Over the past decade, several U.S. states have moved to legalize or decriminalize marijuana, a shift that has improved the lives of countless Americans. But while legalization is an important component of righting the wrongs of the drug war, it is not the only component—especially for the hundreds of thousands of Mexican families who have already been victimized by a century of prohibitionist policies.

Mexico and the United States have long had an asymmetric relationship when it comes to the control of cannabis and other drugs.

Mexico and the United States have long had an asymmetric relationship when it comes to the control of cannabis and other drugs. Two decades ago, California made history by regulating the medicinal use of the plant. That same year, Mexico doubled down on the punitive model by criminalizing narcomenudeo, the small trade of marijuana.

While in the United States, decriminalization has boosted local economies and decreased mass incarceration, in Mexico the presence of the army in the streets has only demonstrated the country’s fragile institutional framework. Homicides, disappearances, forced displacement, human rights violations of people who use drugs, and the diversification of criminal activities have all increased, especially since 2006.

When California legalized recreational marijuana on 8 November 2016, drug policy reformers in Mexico received the news with cautious optimism. Legalization in California would boost Mexican initiatives to reform prohibitionist and punitive drug policies that have cost the country a third of its GDP growth and stalled the life expectancy of Mexican men, who live up to five fewer years than average in drug war–addled states like Chihuahua.

Last December, the Mexican Senate legalized the medical use of marijuana; it now awaits approval in the Chamber of Deputies. In the beginning, however, only imported medical marijuana will be allowed. Recreational consumption will continue to be prosecuted, self-cultivation will remain illegal, and authorizations for local production will only be possible, perhaps in the future, if the Ministry of Health determines their feasibility.

This incongruity between California’s progressive approach to marijuana laws and Mexico’s continued prohibition is creating acute problems for Mexico that will only grow worse.

For one, Mexico’s negative trade balance will continue to widen. As criminal organizations decrease their exports from Mexico in response to falling demand for black market marijuana in the United States, Mexico’s domestic supply of marijuana will rise, driving down prices and boosting domestic consumption, with costs for both the health and penal systems.

While legalization has bestowed an array benefits on the United States, it will not repair the damages the war on drugs has caused to Mexico.

Further, as the Mexican cartels diversify their criminal activities away from marijuana, the costs of maintaining a war against them will also rise. Ironically, even as these costs go up, the government will justify intensifying this war as the cartels ramp up their trade of other substances, such as heroin and methamphetamine, and pursue activities like extortion, protection rackets, kidnapping, and human trafficking.

Meanwhile, the peasant communities and migrants that cultivate cannabis will lose their source of income, leaving them more susceptible to recruitment for other criminal activities. And Mexican migrants working on legal, semilegal, and illegal marijuana farms in California will continue to be exploited.

These specialized migrants, coveted for their unique skills, are often unfairly compensated because of their immigration status. One engineer at Chapingo Autonomous University who specializes in agroecological techniques worked for six months at California marijuana farms. He said in a recent interview that he earned less than $15,000 for $100,000 worth of work.

It’s becoming clear that, while legalization has bestowed an array benefits on the United States, it will not repair the damages the war on drugs has caused to Mexico. Legalization in the United States will not give comfort to the grieving Mexican families of the thousands disappeared and forcibly recruited by criminal organizations. It will not provide security to Mexican regions that were once marijuana providers for California. It will not return security to the communities displaced by the violence of Mexico’s drug war. And it absolutely will not provide minimal conditions of security, peace, and justice to the victims of this war, such as Aarón Valencia and his family.

Legalization in the United States can, however, encourage Mexican activists, researchers, and other members of the drug policy community to develop new solutions with renewed intensity now that legalization is becoming a more accepted approach around the world. While the benefits of legalization in the United States may not immediately reach the Mexican people, they could serve as motivation to redouble efforts to bring about positive drug reform that leads to peace and stability in our country.