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Justicia denegada: desaparecidos en Guerrero, México
Justicia denegada: desaparecidos en Guerrero, México
Deportación y enfermedad: los dilemas de América Central sobre el COVID-19
Deportación y enfermedad: los dilemas de América Central sobre el COVID-19
March in Mexico City on 26 September 2015, marking the first anniversary of the 43 students’ disappearance. CRISIS GROUP/Martha Lozano
Report 55 / Latin America & Caribbean

Justicia denegada: desaparecidos en Guerrero, México

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Resumen ejecutivo

Las espantosas e impunes violaciones de los derechos humanos en el estado de Guerrero, al suroeste de México, han desdibujado los límites entre la política, el estado y el crimen. Las bandas de narcotraficantes no solo controlan la industria ilegal de la heroína y asedian a los ciudadanos de a pie a través del secuestro y la extorsión, sino que también han penetrado, paralizado o intimidado a las instituciones encargadas de defender la democracia y el Estado de derecho. La desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa a manos de agentes de la policía, quienes supuestamente actuaron en connivencia con miembros de bandas criminales, no fue ninguna anomalía. Para romper el ciclo de la violencia, garantizar la justicia para los desaparecidos y llevar el Estado de derecho a una región empobrecida y turbulenta, el gobierno federal debe poner la investigación de las desapariciones no resueltas y otras graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero en manos de un fiscal especial independiente respaldado por una comisión internacional con autoridad para participar activamente en los procesos.

El presidente Enrique Peña Nieto ha admitido que su país se enfrenta a una crisis de confianza. A pesar de una inversión extraordinaria de recursos y personal, la investigación de las desapariciones de Ayotzinapa ha estado plagada de errores y omisiones, según el informe publicado en septiembre de 2015 por expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Casi dos terceras partes de los ciudadanos de todo el país no creen en la versión del gobierno, y tres cuartas partes desaprueban el trabajo de los fiscales federales. Las víctimas y los defensores de los derechos humanos han exigido que se investigue la posibilidad de que se haya obstruido la investigación. La desconfianza hacia las autoridades es tan profunda que estas y otras investigaciones en torno a las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en Guerrero requieren de la credibilidad que confiere la presencia internacional.

El 19 de octubre, el gobierno federal dio un paso importante al ofrecer el nombramiento de un nuevo equipo de fiscales para el caso. Este equipo trabajará con expertos de la CIDH para incorporar sus conclusiones y recomendaciones en la investigación y planificarla de manera conjunta de ahora en adelante. No obstante, la gravedad de la violencia y de la corrupción en Guerrero requiere de medidas adicionales para asegurar a la población que las autoridades están preparadas y dispuestas a investigar y castigar a los criminales que aterrorizan a los ciudadanos, así como a cualquier funcionario que los ayude o aliente, por acción u omisión.

En primer lugar, las investigaciónes sobre el caso Ayotzinapa deberían estar a cargo de una fiscalía especial liderada por un fiscal de alto nivel que no provenga del gobierno y que cuente con experiencia en investigaciones sobre derechos humanos. Dicha fiscalía debería además hacerse cargo de otras investigaciones de desapariciones forzadas y graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero, y contar con autoridad para iniciar nuevas líneas de investigación.

En segundo lugar, estas investigaciones deberían ser asistidas y monitoreadas por una comisión internacional que actúe bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OAS) y/o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), compuesta por expertos en derecho penal y derechos humanos. Esta comisión debería tener autoridad para participar en los procesos penales y pleno acceso a las pruebas y los testigos. Debería además trabajar con las víctimas y los grupos de derechos humanos en el desarrollo de planes para garantizar la rendición de cuentas por los abusos cometidos durante las campañas de contrainsurgencia en la década de los 70 y la indemnización de los sobrevivientes.

La mayor parte de los delitos siguen sin ser denunciados, y las encuestas demuestran que la mayoría de los ciudadanos desconfían de los fiscales y de la policía. Si se obliga a los funcionarios ineptos, cómplices o corruptos a rendir cuentas, las autoridades podrán comenzar a recuperar la confianza de los ciudadanos, que es fundamental para hacer cumplir la ley de manera eficaz. Asimismo, las autoridades federales y estatales deberían asegurarse de que el fin a la impunidad por violaciones graves de los derechos humanos sea una parte integral de los esfuerzos permanentes de México para reformar el sistema de justicia, a la vez que depura y profesionaliza las fuerzas policiales federales, estatales y locales.

La tragedia de Ayotzinapa no es un incidente aislado. El descubrimiento de fosas comunes clandestinas en Guerrero, especialmente en los alrededores de Iguala, donde desaparecieron los estudiantes, dejó al descubierto un macabro y más amplio patrón de homicidios sin resolver. Y el problema no se limita a Iguala. El secuestro en mayo de 2015 de más de una docena de personas en Chilapa, donde las fuerzas estatales y federales estaban a cargo de la seguridad, demostró que, meses después de la desaparición de los estudiantes, las autoridades seguían sin querer o sin poder actuar con firmeza para prevenir y resolver este tipo de delitos.

Las desapariciones proyectan una larga sombra sobre el sistema judicial, un pilar fundamental del Estado de derecho en cualquier país estable. En México hay más de 26.000 casos de personas desaparecidas sin ser resueltos, según un registro oficial. El presidente ha propuesto que se establezca una fiscalía especial para investigar estos casos. Esto es positivo, pero no es probable que se gane la confianza de los ciudadanos, dada la magnitud del problema. México debería iniciar un debate acerca de la posibilidad de crear un mecanismo nacional para resolver esta y otras graves violaciones de los derechos humanos, aprovechando los conocimientos y experiencia de los defensores de los derechos humanos mexicanos y extranjeros, a fin de descubrir la verdad, castigar a los responsables y brindar apoyo o indemnización a los familiares de las víctimas.

Los funcionarios federales señalan la disminución de la tasa de homicidios en los últimos tres años como un logro importante. Pero la violencia continúa siendo intensa en estados como Guerrero, que en 2014 registró la tasa de homicidios más alta del país, y donde el derramamiento de sangre sigue en alza. Pese al despliegue de más agentes de la policía federal, el número de homicidios en el estado aumentó en un 20 por ciento en la primera mitad de 2015. Además, posiblemente las estadísticas oficiales no reflejen el verdadero nivel de inseguridad en un estado en el que alrededor del 94 por ciento de los delitos no se denuncian. La impunidad, incluso en casos de homicidio, es la norma. Según un informe reciente, a lo largo de la última década solo el siete por ciento de los delitos en Guerrero terminaron en una condena. A nivel nacional, dijo otro informe, alrededor del 16 por ciento de los homicidios registrados terminan en condena.

En noviembre de 2014, el presidente Peña Nieto prometió que “después de Iguala, México debe cambiar”. Aún está a tiempo de cumplir esa promesa, pero solo si actúa con firmeza para restaurar la confianza, investigando y enjuiciando casos emblemáticos, comenzando en Guerrero y siguiendo en otros estados vulnerables. Con la creación de una entidad investigadora híbrida, el gobierno no solo garantizaría una investigación imparcial, sino que además alentaría la transferencia de conocimientos de los especialistas extranjeros a los fiscales mexicanos.

La tragedia de Guerrero va más allá del fracaso de las instituciones mexicanas. Los criminales que aterrorizan a sus ciudadanos obtienen gran parte de sus ganancias de la producción y el transporte de drogas ilegales a través de la frontera norte del país. Estados Unidos debería tener un claro interés en fortalecer la seguridad y la justicia en el estado que suministra gran parte de la heroína que alimenta su creciente epidemia. Apoyar a los fiscales fuertes e independientes con financiamiento y ayuda técnica fortalecería el Estado de derecho al demostrar que ni los delincuentes violentos ni los funcionarios corruptos quedarán impunes.

Migrants walk across the Paso del Norte border bridge after being deported from the United States amid the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Ciudad Juarez, Mexico April 21, 2020. REUTERS/ Jose Luis Gonzalez

Deportación y enfermedad: los dilemas de América Central sobre el COVID-19

As the coronavirus spreads, and the U.S. presidential election looms, the Trump administration and Mexican government continue to deport migrants from El Salvador, Guatemala and Honduras. Some deportees are carrying the virus. Central American states should press their northern neighbours for more stringent health measures.

Los ya mal financiados sistemas de salud y la pobreza, aunados al poder de los grupos criminales y las pandillas, hacen que los países de América Central sean altamente vulnerables al COVID-19 y a los efectos colaterales de las cuarentenas nacionales para la subsistencia y la seguridad de las personas. Pero son los incesantes flujos de migrantes en la región, ya sean legales o indocumentados, forzados o voluntarios, los que están emergiendo como los eslabones más débiles en las campañas de prevención del virus. En especial, las deportaciones desde EE. UU. y México amenazan ahora en convertirse en los principales vectores de contagio hacia el sur y podrían provocar aún más malestar entre los ya temerosos residentes. Los gobiernos de América Central deben responder instando a los EE. UU. o bien a parar las deportaciones, o a cambiar la manera como estas son realizadas, asegurando que se implementen estrictos chequeos de salud antes que más migrantes sean enviados de vuelta.  
 

Deportaciones sin pruebas

Mientras que los tres países del norte de América Central, El Salvador, Guatemala y Honduras, han prohibido los viajes aéreos y terrestres de pasajeros dentro y fuera de sus países, las deportaciones no han cesado. Vuelos desde EE. UU. llevando deportados a Guatemala, Honduras y El Salvador han continuado de manera intermitente durante las últimas semanas, aunque ahora se han suspendido en Guatemala por solicitud de su gobierno. Por su parte, las deportaciones terrestres desde México han continuado sin cesar. En total, los EE. UU. y México han retornado al menos a 6500 guatemaltecos, 5000 hondureños y 1600 salvadoreños entre marzo y mediados de abril, según cifras disponibles.

Sin embargo, las pruebas del virus realizadas por las autoridades migratorias de EE. UU. y México antes de la deportación están lejos de ser confiables o rigurosas. Aunque las pruebas masivas en Corea del Sur y otros lugares han demostrado de manera consistente que la mayoría de los portadores del COVID-19 son asintomáticos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. han hecho exámenes solo a aquellos deportados que han reportado síntomas, principalmente fiebre (supuestamente, a partir de ahora se harán esfuerzos para realizar pruebas a hasta 2000 migrantes bajo custodia al mes). El gobierno de Guatemala ya ha confirmado que al menos 100 deportados han dado positivo a las pruebas del virus, un quinto del total de casos registrados en el país. Pero el total real puede ser más alto, ya que Guatemala solo empezó a hacer pruebas masivas de migrantes repatriados y a establecer centros de recepción ad hoc después de que un vuelo de retornados aterrizara el 26 de marzo con varios pasajeros infectados. Antes de eso, a los migrantes se les solicitaba realizar una cuarentena voluntaria de dos semanas. México ha identificado al menos a 16 migrantes centroamericanos con coronavirus en el estado de Tamaulipas, 14 de ellos infectados por un migrante previamente deportado de Houston, Texas.  

Los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) en los EE. UU., que albergan a más de 32 000 migrantes condenados o indocumentados, se están volviendo focos de infección del COVID-19, incrementando las preocupaciones de contagio a través de personas deportadas. De los 425 migrantes detenidos por ICE que tuvieron acceso a una prueba, al menos 360 resultaron estar infectados, mientras que al menos 9000 funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) han sido apartados de sus labores oficiales luego de dar positivo o haber estado expuestos al virus. El gobierno de México ha reaccionado lentamente a la pandemia y, de acuerdo con funcionarios de la ONU y trabajadores humanitarios con los que habló Crisis Group,  prácticamente no ha tomado ninguna medida preventiva en sus centros de detención de migrantes.

While all three northern Central American countries – El Salvador, Guatemala and Honduras – have banned passenger air and land travel in and out of their countries, deportations have not stopped. U.S. flights carrying deportees to Guatemala, Honduras and El Salvador have proceeded on and off over the past few weeks, though they are now on hold in Guatemala at its government’s request. Meanwhile, deportations overland from Mexico have continued unabated. In total, the U.S. and Mexico have returned at least 6,500 Guatemalans, 5,000 Hondurans and 1,600 Salvadorans between March and mid-April, according to available figures.

Virus testing by U.S. and Mexican migration authorities before deportation, however, has been far from being reliable or robust. Although mass testing in South Korea and elsewhere has consistently shown that most carriers of COVID-19 are asymptomatic, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention have been testing only those deportees who report symptoms, mainly fever (efforts will reportedly now be made to test up to 2,000 migrants in custody per month). The Guatemalan government has already confirmed that 100 deportees have tested positive for the virus, one fifth of the entire tally of recorded cases in the country. But the real total could be higher, as Guatemala only started widespread testing of returning migrants, and setting up ad hoc reception centres, after a 26 March deportation flight arrived bearing various infected passengers. Before that, migrants had been invited to observe a two-week voluntary quarantine. Mexico has identified at least sixteen Central American migrants with coronavirus in its northern Tamaulipas department, fourteen of them infected by one migrant previously deported from Houston, Texas.

Immigration and Customs Enforcement (ICE) detention facilities in the U.S., which host more than 32,000 convicted or illegal migrants, are turning into a hot-spot for COVID-19, intensifying concerns as to the risk of contagion via deportees. At least 360 migrants held by ICE of only 425 who had access to a test turned out to have been infected, while at least 9,000 Department of Homeland Security (DHS) officials have been sidelined from their official duties after testing positive or having been exposed to the virus. The Mexican government has been slow to react to the pandemic and has taken virtually no preventive measures in its migrant detention centres, according to UN officials and humanitarian workers to whom Crisis Group spoke.

Las condiciones precarias, junto con el miedo a la exposición al virus, ya han provocado motines en EE. UU. y México.

Las condiciones precarias, junto con el miedo a la exposición al virus,  ya han provocado motines en EE. UU. y México, donde un migrante guatemalteco murió en un alzamiento en un centro de detención en Tenosique, Tabasco, a finales de marzo. Luego de este incidente, las autoridades mexicanas empezaron a liberar a la mayoría de los 6000 migrantes varados en sus centros de detención, e incluso cerraron la instalación de Tenosique. Un trabajador humanitario dijo que la mayoría de estos migrantes liberados fueron subidos en buses que se dirigían al sur, y que algunas veces son abandonados en la ciudad de Tapachula en la frontera sur de México con Guatemala, un cuello de botella migratorio. Las autoridades no les facilitan ningún albergue y han bloqueado el acceso a los espacios públicos donde los migrantes suelen reunirse. Según informes, en algunos casos funcionarios mexicanos incluso los han incitado a volver a sus países de origen a través de cruces ilegales, generalmente utilizados por traficantes. Entretanto, representantes de albergues operados por organizaciones no gubernamentales le dijeron a Crisis Group que, debido a la pandemia, han disminuido sus operaciones y no están en condiciones de recibir más migrantes entrantes.  

El presidente de Guatemala Alejandro Giammattei ha afirmado que, junto con los migrantes deportados y detenidos, un alto número de centroamericanos están volviendo a sus países de forma independiente desde EE. UU. y a través de México, utilizando pasos terrestres ilegales. Funcionarios de la ONU consultados por Crisis Group identificaron al menos 700 centroamericanos tratando de retornar a sus países en las últimas dos semanas a través de cruces informales en las fronteras de Guatemala con México, El Salvador, y Honduras.   

Los migrantes de América Central y la respuesta de EE. UU.

La determinación de EE. UU. de seguir adelante con las deportaciones de migrantes y refugiados de América Central, pese a la pandemia, deriva de años de endurecimiento de las políticas fronterizas y migratorias, principalmente bajo el gobierno del presidente Donald Trump. La draconiana política migratoria adoptada por la administración Trump, que México suscribió temiendo  represalias arancelarias, ha apuntado sobre todo a detener los crecientes flujos de migrantes desde Guatemala, Honduras y El Salvador, que en su conjunto representan cerca del 8 por ciento del total de la población inmigrante legal en los EE. UU., y el 15 por ciento de la ilegal,  según estimaciones del Migration Policy Institute. 

La migración hacia los EE. UU. viene siendo desde hace tiempo una válvula de escape para cientos de miles de centroamericanos que huyen de las duras condiciones de vida y de la inseguridad crónica. Pero en los últimos años, la letal mezcla de violencia relacionada a las maras, el estancamiento económico y una prolongada sequía provocada por el cambio climático ha estimulado un fuerte incremento en la migración hacia el norte, atizada además por la preocupación de que la administración Trump prohíba completamente la entrada a los EE. UU. Las autoridades norteamericanas aprehendieron a más de 600 000 migrantes centroamericanos, o casi el 2 por ciento de la población total de la región, en la frontera sur con México entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Entre 27 y 48 por ciento de los entrevistados guatemaltecos, hondureños y salvadoreños en una encuesta reciente realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo mencionaron la violencia o la inseguridad como la razón principal para emprender el viaje.

En respuesta, la administración Trump ha incrementado las patrullas fronterizas, ha establecido requisitos más estrictos para obtener asilo o visas y ha presionado a México y los países de América Central para procesar las solicitudes de asilo registradas en los EE. UU. (a través de los llamados Protocolos de Protección de Migrantes y Acuerdos de Cooperación en Asilo). De acuerdo al secretario de Estado de EE. UU. Mike Pompeo, estas medidas han ayudado a reducir el número de centroamericanos que llegan a la frontera sur de los EE. UU. en un 70 por ciento desde el máximo registrado en mayo de 2019. El despliegue en México de la Guardia Nacional en su frontera sur con Guatemala en junio de 2019 también ha frenado el flujo hacia el norte. Solo en 2019, EE. UU. y México deportaron más de 250 000 centroamericanos, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones.

U.S. determination to press ahead with deportations of Central American migrants and refugees despite the pandemic follows years of tightening border and migration policies, notably under President Donald Trump. The draconian migration policy adopted by the Trump administration, to which Mexico signed up fearing tariff reprisals, has aimed above all to stem rising flows of migrants out of Guatemala, Honduras and El Salvador, which together account for around 8 per cent of the total legal immigrant population in the U.S., and 15 per cent of the illegal, according to Migration Policy Institute estimates.

Migration toward the U.S. has long been an escape valve for hundreds of thousands of Central Americans fleeing grim living conditions and chronic insecurity. But over the past couple of years, the lethal mix of gang-related violence, economic stagnation and prolonged, climate change-induced drought has spurred a sharp increase in northward migration, urged along further by concern that the Trump administration will completely prohibit entry into the U.S. U.S. authorities apprehended more than 600,000 Central American migrants – or almost 2 per cent of the region’s entire population – at the southern border with Mexico between October 2018 and September 2019, according to U.S. Customs and Border Protection figures. Between 27 and 48 of the Guatemalan, Honduran and Salvadoran interviewees in a recent survey by the Inter-American Development Bank cited violence or insecurity as their main reason for making the journey.

In response, the Trump administration has increased border patrols, established stricter requirements for obtaining asylum or visas, and put pressure on Mexico and Central American countries to process asylum requests filed in the U.S. (through so-called Migrant Protection Protocols and the Asylum Cooperation Agreements). According to U.S. Secretary of State Mike Pompeo, these measures have helped reduce the number of Central Americans arriving at the U.S. southern border by 70 per cent since numbers peaked in May 2019. Mexico’s deployment of the National Guard to its southern border with Guatemala in June 2019 also curbed the flow northward. In 2019 alone, the U.S. and Mexico deported more than 250,000 Central Americans, according to figures from the International Organization for Migration.

Desde que inició el brote del COVID-19, la administración Trump ha redoblado sus esfuerzos para impedir que posibles migrantes lleguen a los EE. UU.

Desde que inició el brote del COVID-19, la administración Trump ha redoblado sus esfuerzos para impedir que posibles migrantes lleguen a los EE. UU. El 21 de marzo, el presidente permitió que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) expulsaran inmediatamente a migrantes ilegales encontrados en la frontera. Como resultado, han devuelto al menos 10 000 migrantes a México en cuestión de semanas. El 22 de abril, Trump fue más allá, firmando una orden ejecutiva que pone un alto a la inmigración de solicitantes de residencia por al menos 60 días.

Las duras medidas impuestas por los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador para contener la pandemia, incluidos los cierres de fronteras, toques de queda y restricciones al desplazamiento interno, han complicado aún más la ruta hacia el norte. Estas medidas “solo han incrementado el costo de los sobornos que los funcionarios esperan de aquellos que los pueden pagar”, dijo un trabajador humanitario en un albergue en el sur de México. “Y han empujado, a aquellos que no pueden pagarlos, a rutas más peligrosas y remotas, donde se arriesgan a ser extorsionados o secuestrados”.

La necesidad de una respuesta coordinada

La deficiente coordinación entre EE. UU., México, los Estados de América Central y las agencias de la ONU, al igual que la falta de chequeos de salud adecuados en las instalaciones para migrantes en EE. UU. y México, pueden tener efectos nefastos en una región ya mal preparada para combatir la pandemia. Guatemala, Honduras o El Salvador nunca han logrado proporcionar servicios adecuados de reasentamiento o protección a los retornados, y ahora los tres países están canalizando la mayoría de sus recursos disponibles hacia el fortalecimiento de sus sistemas de salud. Los casos no detectados de COVID-19 entre los deportados podrían propagar el virus en aquellas áreas pobres y usualmente violentas de las que salieron y a las que generalmente vuelven. Este riesgo ya está provocando malestar, violencia y estigmatización de los repatriados. En un incidente reciente en Quetzaltenango, Guatemala, los residentes primero amenazaron con incendiar un centro diseñado para albergar cerca de 80 repatriados y luego se lanzaron en la persecución de varios de ellos que supuestamente habían intentado escapar.

Poor coordination among the U.S., Mexico, Central American states and UN agencies, as well as the lack of proper health checks in U.S. and Mexico migrant facilities, could have dire effects across a region ill prepared to combat the pandemic. None of Guatemala, Honduras or El Salvador has ever managed to provide returnees with proper resettlement and protection services, and all three are now channelling most available resources toward strengthening health systems. Undetected COVID-19 cases among deportees could spread the virus in the poor and often violent areas which they left and to which they often return. This risk is already triggering unease, violence and stigmatisation of returnees. In one recent episode in Quetzaltenango, Guatemala, locals first threatened to set fire to a centre designed to host some 80 deportees, and then set off in hot pursuit of several who had reportedly tried to escape.

Idealmente, EE. UU. y México deberían parar de inmediato todas las deportaciones.

Idealmente, EE. UU. y México deberían parar de inmediato todas las deportaciones. Sin embargo, es probable que en ambos países continúe un endurecimiento en sus políticas para frenar la migración hacia el norte, incluidas las deportaciones, especialmente de cara a la campaña de reelección del presidente Trump. Así pues, la prioridad principal para los países de América Central debería ser negociar con los EE. UU. y México un proceso de retorno más seguro, ordenado y coordinado, que incluya medidas de salud más estrictas en los centros de detención de migrantes en EE. UU. y México, más aplicación de pruebas y posiblemente un periodo de cuarentena previo a la deportación. Paralelamente, los gobiernos de la región deberían buscar el apoyo de agencias de la ONU y de organizaciones humanitarias para establecer centros de recepción adecuados y mejorar los protocolos que garanticen un trato justo y reasentamiento de los repatriados. De igual forma deberían mantener canales de diálogo con comunidades receptoras de migrantes retornados, garantizando que sigan estrictas reglas de cuarentena, para minimizar el riesgo de una reacción violenta. Continuar deportando migrantes sin adoptar estas medidas y menospreciando el potencial de contagio es una receta para la agitación social.