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Justicia denegada: desaparecidos en Guerrero, México
Justicia denegada: desaparecidos en Guerrero, México
March in Mexico City on 26 September 2015, marking the first anniversary of the 43 students’ disappearance. CRISIS GROUP/Martha Lozano
Report 55 / Latin America & Caribbean

Justicia denegada: desaparecidos en Guerrero, México

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Resumen ejecutivo

Las espantosas e impunes violaciones de los derechos humanos en el estado de Guerrero, al suroeste de México, han desdibujado los límites entre la política, el estado y el crimen. Las bandas de narcotraficantes no solo controlan la industria ilegal de la heroína y asedian a los ciudadanos de a pie a través del secuestro y la extorsión, sino que también han penetrado, paralizado o intimidado a las instituciones encargadas de defender la democracia y el Estado de derecho. La desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa a manos de agentes de la policía, quienes supuestamente actuaron en connivencia con miembros de bandas criminales, no fue ninguna anomalía. Para romper el ciclo de la violencia, garantizar la justicia para los desaparecidos y llevar el Estado de derecho a una región empobrecida y turbulenta, el gobierno federal debe poner la investigación de las desapariciones no resueltas y otras graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero en manos de un fiscal especial independiente respaldado por una comisión internacional con autoridad para participar activamente en los procesos.

El presidente Enrique Peña Nieto ha admitido que su país se enfrenta a una crisis de confianza. A pesar de una inversión extraordinaria de recursos y personal, la investigación de las desapariciones de Ayotzinapa ha estado plagada de errores y omisiones, según el informe publicado en septiembre de 2015 por expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Casi dos terceras partes de los ciudadanos de todo el país no creen en la versión del gobierno, y tres cuartas partes desaprueban el trabajo de los fiscales federales. Las víctimas y los defensores de los derechos humanos han exigido que se investigue la posibilidad de que se haya obstruido la investigación. La desconfianza hacia las autoridades es tan profunda que estas y otras investigaciones en torno a las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en Guerrero requieren de la credibilidad que confiere la presencia internacional.

El 19 de octubre, el gobierno federal dio un paso importante al ofrecer el nombramiento de un nuevo equipo de fiscales para el caso. Este equipo trabajará con expertos de la CIDH para incorporar sus conclusiones y recomendaciones en la investigación y planificarla de manera conjunta de ahora en adelante. No obstante, la gravedad de la violencia y de la corrupción en Guerrero requiere de medidas adicionales para asegurar a la población que las autoridades están preparadas y dispuestas a investigar y castigar a los criminales que aterrorizan a los ciudadanos, así como a cualquier funcionario que los ayude o aliente, por acción u omisión.

En primer lugar, las investigaciónes sobre el caso Ayotzinapa deberían estar a cargo de una fiscalía especial liderada por un fiscal de alto nivel que no provenga del gobierno y que cuente con experiencia en investigaciones sobre derechos humanos. Dicha fiscalía debería además hacerse cargo de otras investigaciones de desapariciones forzadas y graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero, y contar con autoridad para iniciar nuevas líneas de investigación.

En segundo lugar, estas investigaciones deberían ser asistidas y monitoreadas por una comisión internacional que actúe bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OAS) y/o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), compuesta por expertos en derecho penal y derechos humanos. Esta comisión debería tener autoridad para participar en los procesos penales y pleno acceso a las pruebas y los testigos. Debería además trabajar con las víctimas y los grupos de derechos humanos en el desarrollo de planes para garantizar la rendición de cuentas por los abusos cometidos durante las campañas de contrainsurgencia en la década de los 70 y la indemnización de los sobrevivientes.

La mayor parte de los delitos siguen sin ser denunciados, y las encuestas demuestran que la mayoría de los ciudadanos desconfían de los fiscales y de la policía. Si se obliga a los funcionarios ineptos, cómplices o corruptos a rendir cuentas, las autoridades podrán comenzar a recuperar la confianza de los ciudadanos, que es fundamental para hacer cumplir la ley de manera eficaz. Asimismo, las autoridades federales y estatales deberían asegurarse de que el fin a la impunidad por violaciones graves de los derechos humanos sea una parte integral de los esfuerzos permanentes de México para reformar el sistema de justicia, a la vez que depura y profesionaliza las fuerzas policiales federales, estatales y locales.

La tragedia de Ayotzinapa no es un incidente aislado. El descubrimiento de fosas comunes clandestinas en Guerrero, especialmente en los alrededores de Iguala, donde desaparecieron los estudiantes, dejó al descubierto un macabro y más amplio patrón de homicidios sin resolver. Y el problema no se limita a Iguala. El secuestro en mayo de 2015 de más de una docena de personas en Chilapa, donde las fuerzas estatales y federales estaban a cargo de la seguridad, demostró que, meses después de la desaparición de los estudiantes, las autoridades seguían sin querer o sin poder actuar con firmeza para prevenir y resolver este tipo de delitos.

Las desapariciones proyectan una larga sombra sobre el sistema judicial, un pilar fundamental del Estado de derecho en cualquier país estable. En México hay más de 26.000 casos de personas desaparecidas sin ser resueltos, según un registro oficial. El presidente ha propuesto que se establezca una fiscalía especial para investigar estos casos. Esto es positivo, pero no es probable que se gane la confianza de los ciudadanos, dada la magnitud del problema. México debería iniciar un debate acerca de la posibilidad de crear un mecanismo nacional para resolver esta y otras graves violaciones de los derechos humanos, aprovechando los conocimientos y experiencia de los defensores de los derechos humanos mexicanos y extranjeros, a fin de descubrir la verdad, castigar a los responsables y brindar apoyo o indemnización a los familiares de las víctimas.

Los funcionarios federales señalan la disminución de la tasa de homicidios en los últimos tres años como un logro importante. Pero la violencia continúa siendo intensa en estados como Guerrero, que en 2014 registró la tasa de homicidios más alta del país, y donde el derramamiento de sangre sigue en alza. Pese al despliegue de más agentes de la policía federal, el número de homicidios en el estado aumentó en un 20 por ciento en la primera mitad de 2015. Además, posiblemente las estadísticas oficiales no reflejen el verdadero nivel de inseguridad en un estado en el que alrededor del 94 por ciento de los delitos no se denuncian. La impunidad, incluso en casos de homicidio, es la norma. Según un informe reciente, a lo largo de la última década solo el siete por ciento de los delitos en Guerrero terminaron en una condena. A nivel nacional, dijo otro informe, alrededor del 16 por ciento de los homicidios registrados terminan en condena.

En noviembre de 2014, el presidente Peña Nieto prometió que “después de Iguala, México debe cambiar”. Aún está a tiempo de cumplir esa promesa, pero solo si actúa con firmeza para restaurar la confianza, investigando y enjuiciando casos emblemáticos, comenzando en Guerrero y siguiendo en otros estados vulnerables. Con la creación de una entidad investigadora híbrida, el gobierno no solo garantizaría una investigación imparcial, sino que además alentaría la transferencia de conocimientos de los especialistas extranjeros a los fiscales mexicanos.

La tragedia de Guerrero va más allá del fracaso de las instituciones mexicanas. Los criminales que aterrorizan a sus ciudadanos obtienen gran parte de sus ganancias de la producción y el transporte de drogas ilegales a través de la frontera norte del país. Estados Unidos debería tener un claro interés en fortalecer la seguridad y la justicia en el estado que suministra gran parte de la heroína que alimenta su creciente epidemia. Apoyar a los fiscales fuertes e independientes con financiamiento y ayuda técnica fortalecería el Estado de derecho al demostrar que ni los delincuentes violentos ni los funcionarios corruptos quedarán impunes.

Relatives of journalist Anabel Flores Salazar load the coffin with her remains into a hearse after a mass at the church in Orizaba, Veracruz, Mexico on February 11, 2016. AFP/Sergio Hernandez

México y la guerra sin nombre

The “war on drugs” has morphed into a new rash of killings in Mexico. The deadly violence of increasingly well-organised, business-minded criminal groups risks being aggravated by government inaction, corruption and bombastic U.S. rhetoric – exactly what caused the problem in the first place.

La tasa de homicidio en México se ha disparado al grado de evocar los más encarnizados momentos de la llamada “guerra” contra las drogas, declarada hace diez años. Durante los primeros cuatro meses de 2017, se cometieron tres asesinatos por hora, un total de 8,705 homicidios dolosos, de los cuales por lo menos la mitad son atribuibles al crimen organizado, cifra récord desde que el gobierno mexicano sistematizó sus estadísticas criminales hace 20 años.

La oleada de violencia en México ha avanzado por varias fases para llegar a esta realidad siniestra. El inicio fue la militarización de la “guerra” contra la droga desde 2006, cuando Felipe Calderón llegó al poder, lo que provocó una carrera armamentista y una pugna entre las organizaciones criminales y el aparato de seguridad del gobierno, incluidas las Fuerzas Armadas por supuesto. Desde entonces se insiste en descabezar y fragmentar a las organizaciones criminales, tácticas que agravan la violencia y provocan que los grupos refuercen sus vínculos con instituciones corruptas.

A pesar de que la violencia homicida disminuyó con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República en 2012, el nuevo repunte de asesinatos ha invertido la situación. Ahora la violencia no sólo causa estragos en la sociedad mexicana, sino que también se ha integrado al repertorio del Presidente Donald Trump, en su ofensiva diplomática con su país vecino, cuyas consecuencias están por verse.

La crisis del Cártel de Sinaloa

La fragmentación y la guerra interna de las organizaciones criminales son fundamentales en el agravamiento de la violencia en México. Las sucesivas capturas y fugas de Joaquín “El Chapo” Guzmán son un excelente ejemplo sobre cómo el asesinato o aprisionamiento de líderes de organizaciones criminales —frecuentemente a manos de las Fuerzas Armadas— inicia la competencia para renovar sus mandos y funciona como una oportunidad de negocio para organizaciones rivales que tratan de desplazarlos de sus negocios ilegales.

Luego de la segunda captura de “El Chapo” y su posterior fuga por un túnel el 11 de julio de 2015, el Cártel de Sinaloa inició combates contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización criminal hasta entonces local, que buscó aprovechar la debilidad de liderazgo de los sinaloenses para extender sus dominios. La violencia proliferó y tan sólo en Colima la tasa de homicidios se elevó hasta en más de 300%.

Más adelante, en Sinaloa, se capturó por tercera vez a “El Chapo”, luego de una picaresca investigación que incluyó la intercepción de sus comunicaciones con la actriz Kate del Castillo y su socio Sean Penn, sobre los preparativos para filmar una película que contaría la historia del capo. La batalla entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ya se había intensificado, aumentó todavía más luego de la extradición de “El Chapo” a Estados Unidos el 19 de enero de 2017, un día antes del inicio de la Presidencia de Donald Trump.

Además de suscitar una pugna con cárteles rivales, la captura de “El Chapo” provocó una disputa interna. La sucesión indujo a una división entre los hijos de “El Chapo” y uno de sus socios, Dámaso “El Licenciado” López. La trayectoria de Dámaso muestra algunos de los motivos por los que en México prevalece un sentimiento de desmoralización. Dámaso tuvo una carrera profesional en el servicio público como coordinador en la policía estatal de Sinaloa, agente de Ministerio Público y funcionario penitenciario federal, lo que lo enseñó cómo pactar la corrupción con diferentes oficinas del gobierno mexicano. Cuando fue subdirector del penal de alta seguridad de Puente Grande, Dámaso actuó como fiel colaborador de “El Chapo” y lo ayudó a fugarse en enero de 2001.

El conflicto entre Dámaso y la familia Guzmán se debe no sólo al control de las rutas del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, sino también a otros negocios ilegales con los que la organización se ha diversificado. “El problema fue que la gente de los Guzmán se estaba apoderando del mercado en todos los sentidos: el narcomenudeo, las otras drogas, el robo de gasolina, etc., y eso no le gustó a Dámaso, que también estaba crecido”, dijo un funcionario del gobierno federal, al periodista Javier Valdez.

Durante los primeros cinco meses de 2017, Sinaloa sufrió más de 700 asesinatos relacionados al crimen organizado.

El conflicto pronto se volvió violento y mortal. Durante los primeros cinco meses de 2017, Sinaloa sufrió más de 700 asesinatos relacionados al crimen organizado y particularmente al conflicto entre los hijos de “El Chapo” y Dámaso. La pugna sólo se aplacó cuando Dámaso fue tomado preso en un operativo conjunto de la policía federal y el Ejército el 2 de mayo.

Al mismo tiempo, el temor creciente del pueblo sinaloense alimentó una ola de protestas, que se intensificaron con el asesinato del periodista Javier Valdez, el 15 de mayo en Culiacán a plena luz del día. Su asesinato, ocurrido tras la publicación de un artículo en que discutía el papel de Dámaso en la espiral de violencia, se convirtió en un símbolo del nuevo ambiente de violencia creciente en México; fue cubierto por muchos grandes medios de comunicación globales y provocó mensajes de solidaridad de la comunidad internacional. La indignación pública por los asesinatos de médicos, fotógrafos y maestros de educación básica en Sinaloa —quienes eran evidentemente inocentes y sin interés alguno en las pugnas criminales— agravó los reclamos por la incapacidad del gobierno para proveer seguridad y la falta de credibilidad de su promesa de llevar a los responsables ante la justicia.

El control de las “plazas”

La gradual regulación de la marihuana en México y Estados Unidos junto con la caída en el precio de la cocaína ha disminuido el atractivo del negocio de las drogas tradicionales y ha incitado a las organizaciones criminales a adoptar nuevos modelos empresariales en sus “plazas”, para extender y preservar sus dominios. Las organizaciones criminales se diversificaron y se enfocaron en los mercados de protección, el secuestro, el robo y la extorsión, a la par que el auge en el consumo de heroína en Estados Unidos ha compensado sólo hasta cierto punto la debacle del comercio de drogas. La inacabada transición a la democracia y la debilidad institucional han posibilitado el mantenimiento de la corrupción de autoridades locales y la capacidad por parte de las organizaciones criminales de coaccionar a comunidades mediante la violencia o la amenaza de la violencia. Además, un modelo de desarrollo basado en ofrecer mano de obra abundante y barata y la disponibilidad de jóvenes dispuestos a matar por poco dinero también ha contribuido al aumento de la tasa de homicidios.

Los Zetas, organización criminal surgida en los años 1990 como brazo armado del Cártel del Golfo, crearon y popularizaron diversas estrategias de control de sus plazas: profesionalizaron el uso de la violencia, mediante la creación de escuadrones especializados de desertores del Ejército mexicano anteriormente entrenados por Estados Unidos, cuyo objetivo era aprovechar cualquier oportunidad comercial en las rutas del narcotráfico y el contrabando de armas. Sobre todo, durante la llamada “guerra” del presidente Felipe Calderón, se involucraron en cualquier actividad ilícita que permitiera ganancias suficientes para mantener sus operaciones en ciertas plazas. Los Zetas terminaron por fragmentarse en docenas de organizaciones pequeñas, pero otras organizaciones criminales e incluso grupos de imitadores que empezaron a usar su nombre adaptaron sus estrategias.

[E]l legado más comentado del modelo de diversificación criminal atribuible a los Zetas es el robo de combustible, o “huachicoleo”.

Recientemente, el legado más comentado del modelo de diversificación criminal atribuible a los Zetas es el robo de combustible, o “huachicoleo”. Desde hace 20 años, algunas comunidades en las regiones más empobrecidas del país, como el llamado Triángulo Rojo de Puebla, han echado mano del robo de gasolina de los ductos de la empresa del Estado Petróleos Mexicano (Pemex) y lo han vendido por la mitad de lo que la comercializa el gobierno. En 2006 cuando el ex presidente Felipe Calderón inició la “guerra” contra las drogas, solamente había 204 tomas clandestinas a lo largo de los 57.000 kms de ductos de Pemex. Para 2016, ya había 6.159; es decir 2.919% más tomas clandestinas, mediante las cuales se robaron aproximadamente 600 millones de galones de combustible anualmente, lo que representa una pérdida de cientos de millones de dólares.

La primera reacción de diversos analistas ante al aumento del robo de combustible ha sido culpar a las organizaciones criminales y a las comunidades empobrecidas que los apoyan, la misma acusación que tradicionalmente se ha dirigido a los narcotraficantes. Además, han culpado y, por ende, criminalizado las expresiones musicales y otros elementos de la cultura popular que contribuyen a la reputación exótica, si bien ilegal, del huachicoleo. No obstante, se sabe que se necesita algo más que la capacidad de componer y bailar cumbias “huachicoleras” para montar un negocio de robo de gasolina en México. En los principales municipios del Triángulo Rojo, 80% de la población vive en la pobreza, y el aumento del precio de la gasolina —en hasta más de 20% este año— ha provocado una ola de protesta social en todo el país. Además, sin el conocimiento y el apoyo técnico de los funcionarios de Pemex y la complicidad de las autoridades encargadas de perseguir este delito sería imposible montar una toma clandestina para el robo de gasolina.

Una guerra de palabras sobre la palabra guerra

El 9 de mayo, Donald Trump retuiteó una nota de CNN sobre un reporte del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Londres que denunció que, con 23.000 fatalidades en 2016, el conflicto mexicano es el segundo más mortífero después de Siria. El gobierno mexicano rápidamente negó esta afirmación y cuestionó la metodología del informe, la cuenta de víctimas y la caracterización del problema como un “conflicto armado no internacional”. México sostiene que la tasa de homicidios en el país es más baja que la de sus vecinos y que las organizaciones criminales, el narcotráfico y su violencia, no sólo afectan a México sino a la región entera.

La guerra de palabras sobre cómo definir la elevada tasa de homicidios en México tiene graves consecuencias. La percepción del aumento del riesgo para los cruces legales e ilegales de personas y mercancías entre México y Estados Unidos ha sido exacerbada por la retórica anti-inmigrante y especialmente antimexicana de Donald Trump. Además, este discurso ha alimentado la incertidumbre institucional en México sobre las posibles reacciones de Trump ante el agravamiento de la situación de violencia en México, sobre todo cuando propone construir un muro en la frontera y recortar el presupuesto de ayuda internacional.

Adicionalmente, la llamada telefónica con el presidente Enrique Peña Nieto en enero de este año, en que presuntamente Trump ofreció desplegar soldados del ejército estadounidense en la frontera, ha reforzado la idea que el presidente estadounidense busca condicionar una buena renegociación del Trato de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a cambio de una mayor militarización de la lucha contra el crimen organizado, el endurecimiento de control fronterizo y la deportación de migrantes centroamericanos por parte de México.

[E]l negacionismo del conflicto por parte del gobierno mexicano resulta difícil de mantener.

Por otro lado, el negacionismo del conflicto por parte del gobierno mexicano resulta difícil de mantener. Al mismo tiempo que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación publicaron su comunicado conjunto rechazando que México estuviera en guerra, el diario Cambio de Puebla publicó un video en que un soldado ejecutó extrajudicialmente a un supuesto ladrón de combustible. Además, mientras México festejaba el día de las madres, el 10 de mayo por la noche un comando armado asesinó a la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez en su casa en San Fernando, Tamaulipas, quien fue una de tantas madres en búsqueda de su hija desaparecida.

La retórica de Trump y su posible preferencia por una estrategia de militarización y control fronterizo contra el crimen transnacional conlleva riesgos, pero aun así vale la pena fomentar un debate sobre la terminología que se adopta cuando se habla del conflicto en México. Por una parte, algunos insisten en que México sí está atravesando por una guerra, dado que las organizaciones criminales representan una amenaza cada vez más organizada y mortífera. Por la otra, algunos argumentan que el conflicto en México no merece tal definición y consideran extremadamente peligroso el uso de este lenguaje puesto que podría convertirse en una profecía autocumplida.

Ciertamente, tiene sentido evitar calificar el conflicto en México como una “guerra” y evitar el uso simplista de vocabulario belicoso similar, dado que podría provocar más violencia y respuestas armadas, además de que es inadecuado para categorizar un conflicto tan poco convencional y más bien complejo. Ciertamente, México está atravesando por una crisis en que, como bien dice el experto en seguridad Alejandro Hope, “tal vez sea hora de ampliar el repertorio verbal usado para describir las muchas formas de conflicto humano”, con el propósito de que el gobierno lo reconozca y termine con el negacionismo que tanto lo distancia de su población.

El peligro del simplismo

El aumento en la tasa de homicidios en México es un reflejo, por un lado, de estrategias de seguridad poco afortunadas y, por otro, de la fragmentación competitiva de las organizaciones criminales y la diversificación de sus actividades ilegales, sobre todo hacia la extorsión, los mercados de protección y, más recientemente, el auge del robo de combustibles. Lo que todas estas explicaciones tienen en común es que están sostenidas por pactos históricos de corrupción e impunidad ante alianzas entre criminales y diversos agentes del Estado, así como por un profundo distanciamiento político y económico de la mayoría de la población frente a las élites nacionales.

Al responder a este escalamiento de la violencia, Peña Nieto no ha logrado cambiar significativamente la inefectiva estrategia de seguridad y las instituciones legales del país. Por el contrario, el presupuesto para el novedoso programa nacional de prevención del delito en su gobierno fue prácticamente eliminado el año pasado, la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción está estancada y el proceso de nombramiento de sus funcionarios claves, especialmente el fiscal anticorrupción, tiene una credibilidad limitada. Igualmente, la introducción del sistema penal acusatorio, establecido bajo la estela de la reforma legislativa de 2008, no ha rendido los frutos esperados y los detalles para la creación de una Fiscalía General de la República y el nombramiento de un fiscal realmente independiente siguen en discusión. El uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública ha aplazado crónicamente la reforma policial federal y local. Esto incluye la insistencia en promover una Ley de Seguridad Interior que mantendría los costos de obligar a militares a hacer tareas de seguridad pública que no son su obligación y para las que no están entrenados. 

Crisis Group ha señalado la posibilidad de encontrar apoyo internacional para acompañar la búsqueda de justicia de las víctimas de violencia, en casos puntuales como los de Veracruz. A raíz del asesinato del periodista Javier Valdez, los relatores de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión han reiterado su oferta por visitar México para investigar y coadyuvar en la búsqueda de justicia para los más de 105 comunicadores que, según la organización no gubernamental Artículo 19, han sido asesinados desde 2000. Es tiempo de que el gobierno mexicano acepte este tipo de ofertas de ayuda por parte de organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales, como una forma de evitar la peligrosa posibilidad de una imposición unilateral por parte de alguna gran potencia menos desinteresada.