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Justicia denegada: desaparecidos en Guerrero, México
Justicia denegada: desaparecidos en Guerrero, México
We Don’t Need A Wall To Manage Migration From Mexico
We Don’t Need A Wall To Manage Migration From Mexico
March in Mexico City on 26 September 2015, marking the first anniversary of the 43 students’ disappearance. CRISIS GROUP/Martha Lozano
Report 55 / Latin America & Caribbean

Justicia denegada: desaparecidos en Guerrero, México

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Resumen ejecutivo

Las espantosas e impunes violaciones de los derechos humanos en el estado de Guerrero, al suroeste de México, han desdibujado los límites entre la política, el estado y el crimen. Las bandas de narcotraficantes no solo controlan la industria ilegal de la heroína y asedian a los ciudadanos de a pie a través del secuestro y la extorsión, sino que también han penetrado, paralizado o intimidado a las instituciones encargadas de defender la democracia y el Estado de derecho. La desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa a manos de agentes de la policía, quienes supuestamente actuaron en connivencia con miembros de bandas criminales, no fue ninguna anomalía. Para romper el ciclo de la violencia, garantizar la justicia para los desaparecidos y llevar el Estado de derecho a una región empobrecida y turbulenta, el gobierno federal debe poner la investigación de las desapariciones no resueltas y otras graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero en manos de un fiscal especial independiente respaldado por una comisión internacional con autoridad para participar activamente en los procesos.

El presidente Enrique Peña Nieto ha admitido que su país se enfrenta a una crisis de confianza. A pesar de una inversión extraordinaria de recursos y personal, la investigación de las desapariciones de Ayotzinapa ha estado plagada de errores y omisiones, según el informe publicado en septiembre de 2015 por expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Casi dos terceras partes de los ciudadanos de todo el país no creen en la versión del gobierno, y tres cuartas partes desaprueban el trabajo de los fiscales federales. Las víctimas y los defensores de los derechos humanos han exigido que se investigue la posibilidad de que se haya obstruido la investigación. La desconfianza hacia las autoridades es tan profunda que estas y otras investigaciones en torno a las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en Guerrero requieren de la credibilidad que confiere la presencia internacional.

El 19 de octubre, el gobierno federal dio un paso importante al ofrecer el nombramiento de un nuevo equipo de fiscales para el caso. Este equipo trabajará con expertos de la CIDH para incorporar sus conclusiones y recomendaciones en la investigación y planificarla de manera conjunta de ahora en adelante. No obstante, la gravedad de la violencia y de la corrupción en Guerrero requiere de medidas adicionales para asegurar a la población que las autoridades están preparadas y dispuestas a investigar y castigar a los criminales que aterrorizan a los ciudadanos, así como a cualquier funcionario que los ayude o aliente, por acción u omisión.

En primer lugar, las investigaciónes sobre el caso Ayotzinapa deberían estar a cargo de una fiscalía especial liderada por un fiscal de alto nivel que no provenga del gobierno y que cuente con experiencia en investigaciones sobre derechos humanos. Dicha fiscalía debería además hacerse cargo de otras investigaciones de desapariciones forzadas y graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero, y contar con autoridad para iniciar nuevas líneas de investigación.

En segundo lugar, estas investigaciones deberían ser asistidas y monitoreadas por una comisión internacional que actúe bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OAS) y/o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), compuesta por expertos en derecho penal y derechos humanos. Esta comisión debería tener autoridad para participar en los procesos penales y pleno acceso a las pruebas y los testigos. Debería además trabajar con las víctimas y los grupos de derechos humanos en el desarrollo de planes para garantizar la rendición de cuentas por los abusos cometidos durante las campañas de contrainsurgencia en la década de los 70 y la indemnización de los sobrevivientes.

La mayor parte de los delitos siguen sin ser denunciados, y las encuestas demuestran que la mayoría de los ciudadanos desconfían de los fiscales y de la policía. Si se obliga a los funcionarios ineptos, cómplices o corruptos a rendir cuentas, las autoridades podrán comenzar a recuperar la confianza de los ciudadanos, que es fundamental para hacer cumplir la ley de manera eficaz. Asimismo, las autoridades federales y estatales deberían asegurarse de que el fin a la impunidad por violaciones graves de los derechos humanos sea una parte integral de los esfuerzos permanentes de México para reformar el sistema de justicia, a la vez que depura y profesionaliza las fuerzas policiales federales, estatales y locales.

La tragedia de Ayotzinapa no es un incidente aislado. El descubrimiento de fosas comunes clandestinas en Guerrero, especialmente en los alrededores de Iguala, donde desaparecieron los estudiantes, dejó al descubierto un macabro y más amplio patrón de homicidios sin resolver. Y el problema no se limita a Iguala. El secuestro en mayo de 2015 de más de una docena de personas en Chilapa, donde las fuerzas estatales y federales estaban a cargo de la seguridad, demostró que, meses después de la desaparición de los estudiantes, las autoridades seguían sin querer o sin poder actuar con firmeza para prevenir y resolver este tipo de delitos.

Las desapariciones proyectan una larga sombra sobre el sistema judicial, un pilar fundamental del Estado de derecho en cualquier país estable. En México hay más de 26.000 casos de personas desaparecidas sin ser resueltos, según un registro oficial. El presidente ha propuesto que se establezca una fiscalía especial para investigar estos casos. Esto es positivo, pero no es probable que se gane la confianza de los ciudadanos, dada la magnitud del problema. México debería iniciar un debate acerca de la posibilidad de crear un mecanismo nacional para resolver esta y otras graves violaciones de los derechos humanos, aprovechando los conocimientos y experiencia de los defensores de los derechos humanos mexicanos y extranjeros, a fin de descubrir la verdad, castigar a los responsables y brindar apoyo o indemnización a los familiares de las víctimas.

Los funcionarios federales señalan la disminución de la tasa de homicidios en los últimos tres años como un logro importante. Pero la violencia continúa siendo intensa en estados como Guerrero, que en 2014 registró la tasa de homicidios más alta del país, y donde el derramamiento de sangre sigue en alza. Pese al despliegue de más agentes de la policía federal, el número de homicidios en el estado aumentó en un 20 por ciento en la primera mitad de 2015. Además, posiblemente las estadísticas oficiales no reflejen el verdadero nivel de inseguridad en un estado en el que alrededor del 94 por ciento de los delitos no se denuncian. La impunidad, incluso en casos de homicidio, es la norma. Según un informe reciente, a lo largo de la última década solo el siete por ciento de los delitos en Guerrero terminaron en una condena. A nivel nacional, dijo otro informe, alrededor del 16 por ciento de los homicidios registrados terminan en condena.

En noviembre de 2014, el presidente Peña Nieto prometió que “después de Iguala, México debe cambiar”. Aún está a tiempo de cumplir esa promesa, pero solo si actúa con firmeza para restaurar la confianza, investigando y enjuiciando casos emblemáticos, comenzando en Guerrero y siguiendo en otros estados vulnerables. Con la creación de una entidad investigadora híbrida, el gobierno no solo garantizaría una investigación imparcial, sino que además alentaría la transferencia de conocimientos de los especialistas extranjeros a los fiscales mexicanos.

La tragedia de Guerrero va más allá del fracaso de las instituciones mexicanas. Los criminales que aterrorizan a sus ciudadanos obtienen gran parte de sus ganancias de la producción y el transporte de drogas ilegales a través de la frontera norte del país. Estados Unidos debería tener un claro interés en fortalecer la seguridad y la justicia en el estado que suministra gran parte de la heroína que alimenta su creciente epidemia. Apoyar a los fiscales fuertes e independientes con financiamiento y ayuda técnica fortalecería el Estado de derecho al demostrar que ni los delincuentes violentos ni los funcionarios corruptos quedarán impunes.

We Don’t Need A Wall To Manage Migration From Mexico

Originally published in Miami Herald

Deportations from Mexico and the U.S. will not stop Central Americans fleeing poverty and violence. Instead of building a wall, the U.S. should help Mexico provide safe, secure reception areas on its southern border for Central American migrants.

Here is an interesting question for President Donald Trump: Who deports more Central American migrants, the United States or Mexico? The answer is Mexico by a long shot.

In 2015, Mexico, without a wall — but with better surveillance in collaboration with the U.S.-deported 165,000 migrants from the Northern Triangle countries of Guatemala, Honduras and El Salvador. The United States deported 74,478 Central Americans the same year.

So antagonizing the people of Mexico and the government of President Enrique Peña Nieto with a constant refrain of, “You will pay for the wall” may not be the best way for Trump to lower the number of migrants crossing the southwest border into the U.S. Mexico has been willing to cooperate with the U.S. to prevent illegal migration in the past when relations were good. The future may be a lot different.

The more effective and less costly way to reduce the flow of refugees and migrants to the U.S. is to help Mexico provide safe, secure reception areas on its southern border for Central American migrants, and transportation back to their home countries for those who do not qualify for refugee status.

Deportation will continue to be a revolving door unless the Northern Triangle countries also are helped to do something different than dumping the migrants — particularly children — back into the neighborhoods where the maras (gangs) have taken homicide rates to world-record levels.

Last year, in its report Easy Prey: Criminal Violence and Central American Migration, The International Crisis Group found that in the first half of 2016, U.S. Border Patrol agents apprehended almost 42,000 unaccompanied children on our southwest border, about 15 percent of the total detained. Today, that trend continues.

The only lasting answer to illegal migration is to address the conditions of poverty, violence and criminal impunity that force families to flee their homes in Central America.

Crisis Group also found the drug cartels that dominate cocaine trafficking through the Central American corridor to Mexico and U.S. markets are taking over the traditional “coyote” migration routes. Often, they siphon young migrant girls, boys and women to brothels and other way-points of human trafficking.

Mexico and the U.S. have treaty obligations to ensure that those migrants with a well-founded fear of persecution will have the ability to make their case for refugee status and asylum. In the interim, Mexico has a humanitarian visa that it can offer; the U.S. has Temporary Protected Status.

The only lasting answer to illegal migration is to address the conditions of poverty, violence and criminal impunity that force families to flee their homes in Central America. While Mexican migration to the U.S. has dropped, worsening economic conditions there will push impoverished Mexicans north.

In order to properly address the migration crisis, President Trump should reverse the current downward slide in relations with Mexico Everyone recognizes that the U.S. has an interest in controlling its borders to ensure public security and safety. However, building a wall and demanding that Mexico pay for it are unlikely to produce the desired results.

President Trump should instead draw on his experience as a businessman to strengthen the Alliance for Prosperity program—a potentially innovative joint regional plan involving the U.S., El Salvador, Guatemala, Honduras, and the Inter-American Development Bank. The Republican Congress backed the program with nearly $1 billion in each of the last two years to support efforts to root out corruption, reduce poverty, and create jobs in Central America.

Most scholars and law enforcement leaders argue that, with policy changes to tackle corruption and end impunity, a continuing U.S. commitment of $1 billion a year over the next five years to finance small business, jobs, education and criminal justice reform in Central America will yield a far better return on investment in reducing migration. And it’s a whole lot cheaper than the estimated $12- to $40 billion cost of building a 2,000-mile-long border wall — which no one wants to pay for.