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Police guard as relatives and friends of Nahuatzen Mayor, David Otilica, carry his coffin during his funeral in Nahuatzen, Michoacan State, Mexico on 25 April 2019. Otilica was kidnapped and murdered. ENRIQUE CASTRO / AFP

Violencia electoral e influencia ilícita en Tierra Caliente

Estas elecciones en México han sido testigo de múltiples asesinatos, ya que el crimen organizado busca reforzar su influencia. El gobierno tiene que seguir intentando romper los lazos entre grupos criminales y las autoridades, empezando por esfuerzos adaptados a las zonas más afectadas del país.

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¿Qué hay de nuevo? El 6 de junio, México celebrará la jornada electoral más grande de su historia, en la que se decidirán 21 000 cargos de elección popular en todo el país. Las fuerzas de la oposición acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador de querer instalar un gobierno autoritario si sus aliados logran imponerse en las urnas. Mientras tanto, grupos criminales explotan la contienda electoral en búsqueda de impunidad y poder.

¿Por qué importa? Hay un ambiente político altamente polarizado y los partidos políticos son débiles y oportunistas. Los grupos criminales se valen de favores y amenazas para ganar influencia sobre los futuros funcionarios electos. Los lazos entre el gobierno y el crimen organizado que llevan mucho tiempo debilitando las políticas de seguridad perpetúan los altos niveles de violencia del país.

¿Qué se debería hacer? Cortar los vínculos entre delincuentes y funcionarios del Estado será una tarea difícil, en especial dada la aparente falta de voluntad del gobierno para actuar. Aun así, los actores internacionales deberían apoyar el fortalecimiento de los organismos independientes de observación electoral y un giro hacia políticas focalizadas y menos militarizadas para frenar la inseguridad en las áreas más violentas de México.

Resumen ejecutivo

A medida que México se acerca a la jornada electoral más masiva de su historia, los grupos criminales del país compiten por instrumentalizar las elecciones para incrementar sus ganancias y poder. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia en 2018 prometiendo librar al país de las élites neoliberales corruptas. La contienda por los más de 21 000 cargos a distintos niveles del Estado mexicano pone a prueba esta misión. Sus opositores, por su parte, alegan que el gobierno ha sido irresponsable en su postura hacia la pandemia de COVID-19, y protestan por su retórica divisiva y sus presuntos planes para establecer un control central y autoritario sobre el aparato estatal. Pero mientras los candidatos compiten por conseguir votos, los grupos criminales se han mantenido ocupados buscando potenciales aliados entre los futuros funcionarios, independientemente de su filiación política. La lucha entre estos grupos por conseguir una mayor influencia sobre el Estado ha desatado una ola de violencia electoral, que hasta ahora ha cobrado la vida de 89 personas. Es probable que la complicidad entre autoridades estatales y grupos ilegales continúe, provocando aún más derramamiento de sangre, si no se toman medidas para frenar la corrupción y la impunidad durante y después de las elecciones.

Desde hace varios ciclos, las elecciones en México se han visto empañadas por oleadas de asesinatos, dirigidos principalmente contra candidatos y funcionarios estatales: 371 funcionarios y 152 políticos, incluidos 48 candidatos, fueron asesinados en el periodo previo a las últimas elecciones generales de hace tres años. Muchas de estas víctimas habían caído en desgracia con organizaciones criminales, quienes en su búsqueda de acuerdos turbios para conseguir protección y acceso a instituciones y fondos públicos suelen ser implacables. Con un índice de condenas terriblemente bajo para delitos graves como los homicidios (suman más de 30 000 al año, de los cuales casi el 90 por ciento quedan en la impunidad) y con los órganos de policía y judiciales permeados por las influencias de los grupos ilícitos, en especial en las regiones donde hay fuertes conflictos armados, las autoridades parecen a menudo carecer de la voluntad o la capacidad necesaria para judicializar a los culpables o proteger a los candidatos en riesgo.

Este ciclo electoral ha traído más de lo mismo, con un ambiente político polarizado, partidos y candidatos oportunistas y grupos criminales ansiosos por aumentar su influencia. En el lado del gobierno, MORENA, el partido de López Obrador que fue creado en 2014 para promover sus aspiraciones presidenciales, carece de cohesión y ha sido explotado por interesados que ven al partido como un vehículo útil para alcanzar el poder. Por su parte, los partidos de la oposición están estancados, con pocos líderes de peso y muchas fisuras internas. En ambos lados, los candidatos que quieran reforzar su campaña con financiación y bloques de votos garantizados podrían recurrir a la ayuda de grupos criminales.

A su vez, estos grupos criminales están cada vez más enfrentados entre sí. En los últimos años, los grupos criminales más grandes, que en algún momento dominaron la escena del crimen organizado en el país, se han dividido en una serie de facciones más pequeñas. Como lo confirman fuentes criminales, las relaciones transaccionales con políticos electos y funcionarios estatales son una de las ventajas más significativas que puede tener un grupo ilícito. La interacción entre la contienda electoral y la aparente corrupción se ven claramente en la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, una de las más devastadas por el conflicto, donde grupos criminales rivales buscan obtener una ventaja competitiva al establecer pactos con aquellas personas que posiblemente serán electas. Si sus candidatos triunfan, estos grupos pueden esperar favores que van desde la impunidad hasta recibir protección de las fuerzas de seguridad estatales y federales, o incluso acceso a fondos públicos. Los conflictos locales tienden a empeorar cuando los grupos rivales llegan a acuerdos con distintas agencias o instituciones estatales, pues esto impide que una sola red criminal domine, lo que propicia luchas violentas perpetuas.

Las prósperas relaciones entre actores estatales y grupos criminales, que están basadas en un quid pro quo entre apoyo electoral ilícito y corrupción oficial, son uno de los mayores obstáculos para reducir las altísimas tasas de violencia e impunidad del país. No será fácil romper estos lazos, especialmente dada la falta de un liderazgo fuerte al más alto nivel del gobierno sobre este asunto. Los socios de México, como EE. UU. y la UE, deben buscar aliados en el gobierno y la sociedad civil que puedan tomar medidas para estabilizar las regiones sumergidas en la violencia. Uno de esos pasos sería fortalecer las instituciones encargadas de velar por la integridad de las elecciones y resguardar la independencia de esos órganos, lo cual resulta esencial para cualquier esfuerzo por proteger a los funcionarios electos de la influencia criminal. Pero los patrones de corrupción, cooptación e impunidad están profundamente arraigados en el sistema electoral y el sistema político. Para contrarrestarlos será necesario reforzar los mecanismos de control externo y de rendición de cuentas, respaldados por la sociedad civil, en instituciones como la policía y las fiscalías.

El esfuerzo general de ponerle freno al poder criminal en México también requerirá una revisión integral de la actual política de seguridad, que a pesar de la promesa que hizo López Obrador al asumir el cargo de cambiar de rumbo, continúa apoyándose demasiado en el uso de la fuerza militar y es por ello contraproducente. Un camino más eficaz sería diseñar estrategias para el contexto específico de cada una de las áreas afectadas por el conflicto, que ayuden a las fuerzas de seguridad a proteger a la población civil vulnerable, y también creen iniciativas para limpiar las instituciones locales y programas que aborden las causas socioeconómicas que propician el reclutamiento por parte de los grupos criminales. Aquí de nuevo falta actualmente voluntad del gobierno federal para adoptar dichas iniciativas, pero algunas autoridades estatales y municipales al igual que grupos de la sociedad civil están trabajando de manera innovadora. Washington y otros actores externos influyentes deberían apoyar estos esfuerzos locales, y a la vez presionar al gobierno federal para que cambie de rumbo hacia una nueva política de seguridad que pueda ayudar a México a salir del ciclo letal en el que se encuentra.

Ciudad de México/Bogotá/Bruselas, 2 de junio de 2021

I. Introducción

Se prevé que las elecciones del 6 de junio en México sean las más grandes en la historia del país. Se elegirán funcionarios para más de 21 000 cargos en todos los niveles de gobierno, incluidas quince gobernaciones estatales, toda la cámara baja federal del parlamento (500 escaños), 30 congresos estatales y 1923 alcaldías. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se acerca a la mitad de su mandato de seis años y según la constitución no puede ser reelecto, difícilmente podría haber más en juego. Su alianza Juntos Haremos Historia, que incluye al partido de gobierno, MORENA, tiene como objetivo conseguir los puestos y escaños necesarios para poder cumplir su promesa de hacer una “Cuarta Transformación”, para lo que necesitaría obtener una mayoría de dos tercios en la cámara baja federal que le permita realizar cambios a nivel constitucional. Bajo este lema, López Obrador se ha comprometido a llevar al país hacia un mejor futuro, poniendo fin a lo que él caracteriza como los negocios oscuros de la vieja élite política, ofreciend0 soluciones no violentas a la crisis de seguridad, garantizando que la economía funcione en beneficio de los trabajadores, y reestructurando el Estado mexicano para ayudar a lograr estos objetivos.

El pronóstico para el partido de López Obrador en estas elecciones parece menos favorable que hace tres años, pero no es del todo malo. El pobre desempeño de su administración en temas de seguridad pública, la economía y la lucha contra la corrupción, así como su fatídica gestión de la pandemia, se traduce en una probable pérdida de votos para MORENA en comparación con su barrida en las elecciones de 2018. Aun así, los índices de aprobación de López Obrador se han mantenido por encima del 55 por ciento, y según la mayoría de las encuestas por encima del 60 por ciento desde que asumió el poder. Parte de su éxito se puede atribuir a la debilidad de las fuerzas de oposición, fragmentadas y con poca credibilidad tras haber presidido sobre el aumento de la inseguridad y la corrupción antes de que López Obrador llegara al poder, lo que las deja en una posición en la que tendrán que contentarse con limitar los avances de MORENA. En las encuestas más recientes López Obrador aparece con una aprobación todavía alta y MORENA con una intención de voto superior al 40 por ciento. El resultado más probable parece ser un panorama político dividido: MORENA podría no mantener su mayoría absoluta en la legislatura federal, incluso si ganar más de ocho de las quince gobernaciones estatales[fn]Ver “Morena pierde la mayoría absoluta y necesita de aliados para controlar el Congreso”, El País, 17 de mayo de 2021; “Evaluación de gobierno”, Mitofsky, 3 de mayo de 2021; “#AMLOTrackingPoll Aprobación de AMLO, 25 de mayo”, El Economista, 25 de mayo de 2021, y “Así van los estados en últimas semanas de campañas, según las encuestas”, Expansión, 24 de mayo de 2021.Hide Footnote .

Las elecciones mexicanas son más que una competencia entre candidatos por el respaldo popular. También son un foro para que los grupos criminales obtengan, prolonguen y consoliden su acceso al poder estatal.

Pero las elecciones mexicanas son más que una competencia entre candidatos por el respaldo popular. También son un foro para que los grupos criminales obtengan, prolonguen y consoliden su acceso al poder estatal. Estos grupos ejercen la presión más intensa y abierta sobre los procesos electorales en las regiones afectadas por el conflicto y a nivel municipal, que sigue siendo la capa más débil del gobierno y también la que enfrenta el desafío más abrumador en la lucha contra el crimen. Todos los 35 candidatos y figuras políticas asesinadas en México desde que la campaña electoral inició oficialmente el 7 de septiembre de 2020, excepto por cinco, estaban postulándose a cargos a nivel municipal[fn]Tuit de Etellekt Consultores, @etellekt, 3:55 pm, 28 de mayo de 2021. Un total de 152 activistas políticos y candidatos fueron asesinados en el período previo a las elecciones de 2018. Ver “Séptimo Informe de Violencia Política en México 2018”, Etellekt Consultores, 8 de julio de 2018.Hide Footnote .

La violencia que ha plagado las elecciones mexicanas tiene sus raíces en la transición del país de 70 años de gobierno de un único partido a una democracia electoral, que culminó en las elecciones presidenciales de 2000. El sistema autoritario existente hasta ese entonces, liderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), reprimió las disidencias y forjó pactos informales con grupos poderosos, incluyendo a grupos criminales, dando una apariencia de cohesión a las diferentes capas del Estado mexicano.

Estos pactos, sin embargo, empezaron a fragmentarse luego de la transición a la democracia. En particular las instituciones regionales y municipales, caracterizadas por su poca transparencia e insuficiente apoyo y supervisión federal, quedaron expuestas a una explotación más directa por parte de intereses privados y criminales. Acuerdos tramados entre funcionarios y delincuentes dieron inicio a un ciclo de corrupción y violencia[fn]Para un panorama general, ver Luis Astorga, El siglo de las drogas: El narcotráfico, del Porfiriato al nuevo milenio, (Ciudad de México, 2005); Richard Snyder y Angélica Durán-Martínez, “Does Illegality Breed Violence? Drug Trafficking and State-sponsored Protection Rackets”, Crime, Law and Social Change, vol. 52, no. 3 (2009); Viridiana Ríos, “Why Did Mexico Become So Violent? A Self-reinforcing Violent Equilibrium Caused by Competition and Enforcement”, Trends in Organized Crime, vol. 16, no. 2 (2013); Guillermo Trejo y Sandra Ley, Votes, Drugs and Violence: The Political Logic of Criminal Wars in Mexico (Cambridge, 2020).Hide Footnote . La volatilidad de estos pactos y su tendencia a romperse bajo la presión de rivalidades criminales o de las ofensivas militares del Estado, especialmente bajo la administración del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), ayudan a explicar por qué los grupos continúan luchando tan agresivamente por posicionarse en tantas partes de México.

Este informe examina el panorama político de México antes de las elecciones del 6 de junio, el papel que juega López Obrador y los patrones locales de interacción entre el Estado y el crimen durante la campaña. Para ilustrar lo que estas relaciones ilícitas representan, se enfoca en una de las regiones más asediadas del país: Tierra Caliente, en el estado occidental de Michoacán. Se basa en más de 60 entrevistas y en conversaciones informales que Crisis Group ha sostenido con actores criminales vinculados a grupos armados con sede en Michoacán y con el Cartel de Jalisco Nueva Generación, la red criminal de más rápido crecimiento en el país; consultores que han negociado acuerdos entre candidatos y grupos criminales; pobladores, trabajadores humanitarios y miembros del clero católico en Tierra Caliente; sociedad civil, candidatos actuales y previos a cargos públicos, miembros de MORENA, académicos y una excomisionada del Instituto Nacional Electoral de México. Se basa en el extenso trabajo de Crisis Group que examina la relación entre los grupos criminales y el nivel de violencia del conflicto en México[fn]Ver, en particular, los informes de Crisis Group sobre América Latina N°69, Construcción de paz en México: los dilemas de seguridad que enfrenta el gobierno de López Obrador, 11 de octubre de 2018; N°80, La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México, 5 de mayo de 2020; y N°83, Violencia a prueba de virus: crimen y COVID-19 en México y el Triángulo Norte, 13 de noviembre de 2020.Hide Footnote .

II. Una prueba para López Obrador

A. La Cuarta Transformación

Las elecciones del 6 de junio representan una prueba para Andrés Manuel López Obrador, quien ha pedido a la población que apoye su supuesta ruptura con lo que él caracteriza como el pasado neoliberal y conservador reciente del país[fn]López Obrador explica a quiénes considera conservadores”, El Financiero, 8 de enero de 2019.Hide Footnote . El presidente y sus partidarios afirman que la vieja guardia política es la responsable de la difícil situación social, económica y de seguridad del país. Su narrativa sostiene que esta “mafia del poder” trabajó en complicidad con corporaciones nacionales e internacionales, medios de comunicación, sociedad civil, otros países y organizaciones internacionales para saquear a México, y que ahora están conspirando contra la amplia visión política de López Obrador, su “Cuarta Transformación”, para continuar con el saqueo[fn]Las primeras tres transformaciones históricas a las que López Obrador se refiere son la independencia mexicana de España en 1821, las reformas estatales liberales de 1861 (La Reforma) y la revolución de 1910-1920. El presidente dice que está siguiendo los pasos de los responsables de estos logros. Ver “Versión estenográfica: Diálogo con pueblos indígenas, en Coatetelco, Morelos”, AMLO, 22 de noviembre de 2019.Hide Footnote . El presidente y sus aliados argumentan que el liderazgo de López Obrador ha impedido que la vieja guardia consiga sus objetivos, incluso mientras ha “barrido” con su corrupción[fn]’Limpiaremos el gobierno como se barren las escaleras’: Obrador”, Excelsior, 11 de enero de 2019.Hide Footnote .

Cuando López Obrador afirma que la vieja guardia no logró abordar eficazmente los arraigados problemas de inseguridad, corrupción e injusticia socioeconómica de México, y que la democracia no ha servido a los intereses de la mayoría, no lo hace sin fundamento[fn]Ver, por ejemplo “Seis años después: miles de muertos y un Estado más vulnerable”, Aristegui Noticias, 26 de noviembre de 2012; y “Fue un mal año. No, menos, como seis: la evaluación de Fundar al gobierno de Peña”, Animal Político, 28 de noviembre de 2018.Hide Footnote . El presidente asegura haber logrado avances decisivos desde que asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018. Ha dicho que los abusos contra los derechos humanos, como las masacres, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, son cosa del pasado[fn]Ver “Ya no hay corrupción, aunque le dé coraje a ‘los conservas’, dice AMLO”, Milenio, 11 de marzo de 2021; y “AMLO afirma que ‘ya no hay masacres’; ‘se le olvida la de mi hija’, responde Adrián LeBarón”, LatinUs, 1 de septiembre de 2020.Hide Footnote . Ha declarado que las garantías de su administración para la libertad de expresión y de prensa no tienen precedentes y que “nunca se había protegido tanto a las mujeres de México como ahora”[fn]Sobre libertad de expresión, ver “Nunca como antes se había respetado tanto la libertad de expresión: AMLO”, Regeneración, 25 de septiembre de 2020. López Obrador ha afirmado que el incremento de los feminicidios es consecuencia de que estos “antes no se contaban” y que “esta clasificación [de los feminicidios] comienza prácticamente con nosotros”, lo cual es falso. “La clasificación de feminicidios comenzó con nosotros: AMLO”, La Otra Opinión, 30 de marzo de 2021; “Responde AMLO al #8M: amor, valores y combate a la pobreza para enfrentar la violencia contra las mujeres”, Animal Político, 9 de marzo de 2021; y “Femicides rise in Mexico as president cuts budgets of women’s shelters”, The Guardian, 22 de julio de 2020. El delito de feminicidio fue establecido como una categoría independiente en el código penal mexicano en 2012. Ver “Falso que feminicidios aumentaran porque antes del sexenio de AMLO no eran clasificados así”, Verificado, 1 de abril de 2021.Hide Footnote . Cuando el gobierno no puede señalar casos concretos de éxito, como, por ejemplo, en seguridad pública, el presidente insiste en que se está avanzando, mientras que sus partidarios señalan, con razón, la “herencia maldita” que dejaron sus predecesores[fn]AMLO rinde primer informe trimestral de este año; aquí el minuto a minuto”, El Universal, 30 de marzo de 2021; y “‘La herencia maldita’ limita a AMLO para lograr todos sus proyectos: Solalinde”, Radio Fórmula, 2 de diciembre de 2019.Hide Footnote . López Obrador también ha dicho que, a pesar del devastador impacto humanitario y económico del COVID-19, “vamos muy bien en la parte económica”[fn]No estamos exentos de una nueva crisis económica: AMLO”, Forbes, 18 de marzo de 2021.Hide Footnote .

Sin embargo, estas afirmaciones a menudo se contradicen con los datos disponibles. Por ejemplo, los graves desafíos económicos que México enfrenta son incuestionables. El PIB del país se redujo en un 8,2 por ciento en 2020, y se estima que el número total de personas que viven en pobreza ha aumentado de 61 millones a al menos 69,9 millones desde el inicio de la pandemia de COVID-19, aproximadamente el 55 por ciento de la población[fn]La pobreza en México aumenta pese a los programas sociales del Gobierno”, El País, 9 de febrero de 2021.Hide Footnote . En comparación, el PIB de América Latina en su conjunto cayó un 7,4 por ciento en 2020[fn]Latin America crosses a bleak milestone”, Washington Post, 25 de mayo de 2021.Hide Footnote .

La inseguridad también continúa siendo un problema significativo. Ciertas categorías de delitos como el robo de vehículos y los secuestros se han reducido significativamente durante la pandemia[fn]Homicidio, extorsión, narcomenudeo… los delitos en semáforo rojo en México”, La Silla Rota, 24 de mayo de 2021.Hide Footnote . Pero, durante los primeros dos años y medio del mandato de López Obrador, la tasa anual de homicidios se ha mantenido por encima de los 30 000, una cifra que se alcanzó por primera vez en 2017. En 2018 se registró un máximo histórico de 36 685 homicidios, con una ligera disminución en 2019, al registrar 36 661. Los datos preliminares para 2020 sugieren una reducción del 3,5 por ciento con respecto al 2019, las razones de la caída siguen siendo objeto de especulación[fn]Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Datos para el 2020 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal mexicano. Se presume que el número real de casos es mayor debido al persistente problema del subregistro. Existen algunas dudas sobre la fiabilidad de las estadísticas oficiales relacionadas con la delincuencia desde antes de la actual administración. Según una ONG mexicana, dos tercios de los estados federados le han estado entregando al Secretariado Ejecutivo información irregular e inconsistente. “Fallas de Origen, Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal”, México Evalúa, 14 de abril de 2021.Hide Footnote . Mientras tanto, la cifra de asesinatos sin resolverse alcanzó un récord del 89,6 por ciento en 2019[fn]Impunidad en homicidio doloso y feminicidio: Reporte 2020”, Impunidad Cero, noviembre de 2020.Hide Footnote . En promedio 10,17 mujeres fueron asesinadas al día en 2020, un poco menos que el año anterior pero un 72,4 por ciento más que en 2015[fn]Feminicidios en México | Arussi Unda, de Las Brujas del Mar: ‘El machismo y la impunidad hacen la mezcla perfecta en donde se odia a las mujeres y no pasa nada’”, BBC, 3 de febrero de 2021.Hide Footnote .

La violencia letal aumentó en diez de las 32 entidades federativas de México durante los dos primeros meses de 2021.

Hay otras tendencias preocupantes. Un estudio de Crisis Group sobre la violencia armada en todo el país estimó que había alrededor de 198 grupos armados operando en 2019, más del doble de los que existían en 2010[fn]Jane Esberg, “Más que carteles: contando las organizaciones delictivas de México”, comentario de Crisis Group, 8 de mayo de 2020. Este período incluye los dos últimos años del gobierno de Calderón, así como el mandato del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).Hide Footnote . La violencia letal aumentó en diez de las 32 entidades federativas de México durante los dos primeros meses de 2021, incluidos picos del 128 y 45 por ciento con respecto al 2020 en los estados de Zacatecas y San Luís Potosí, respectivamente[fn]Violencia crece en diez estados, pese a mayor despliegue de la Guardia Nacional”, Animal Político, 7 de abril de 2021.Hide Footnote . Los asesinatos de policías también han aumentado con respecto a años anteriores, con 446 agentes asesinados en 2019, 524 en 2020 y 170 en 2021 (al 19 de mayo)[fn]En 2018, 452 agentes fueron asesinados, y en 2019, 446. Ver Causa en Común, “Registro de Policías Asesinados”, s.f.Hide Footnote . México superó a Siria en 2020 como el país más letal del mundo para profesionales de la comunicación, con nueve muertos y quince desaparecidos[fn]Hasta el momento, el Comité para la Protección de los Periodistas ha confirmado el asesinato de cinco periodistas por causa de su labor. Al menos el 90 por ciento de los asesinatos nunca son resueltos por el Estado. Ver “Mexico world’s deadliest country for journalists, new report finds”, The Guardian, 22 de diciembre de 2020. Article 19, una ONG que promueve el derecho a la libertad de expresión documentó 692 agresiones, incluidas amenazas, contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación en 2020, lo que representa un 13,6 por ciento más que en 2019. El 27,6 por ciento de estas fueron de comunicadas digitalmente y poco menos de la mitad por funcionarios estatales. “Distorsión: el discurso contra la realidad, Informe anual 2020”, Article 19, 23 de marzo de 2021.Hide Footnote .

Cualquiera que señale la discrepancia entre estas crudas estadísticas y las declaraciones optimistas del gobierno tiende a ser recibido con indignación por parte del presidente y su equipo. López Obrador ha rechazado repetidamente las críticas señalando la existencia de “otros datos” no específicos y argumentando que los periodistas que lo critican son agentes mal encubiertos de una conspiración para acabar con su “Cuarta Transformación”[fn]Según un grupo mexicano de verificación de hechos, en sus 589 ruedas de prensa diarias hasta marzo de 2021, López Obrador ha realizado 46 000 declaraciones objetivamente incorrectas, el doble que el presidente estadounidense Donald Trump en sus cuatro años en el cargo. Ver “El valor de la verdad: A un tercio del sexenio”, Signos Vitales, marzo de 2021.Hide Footnote . El “zar contra la pandemia” mexicano, Hugo López-Gatell Ramírez, criticó a los medios de comunicación que informaron que el país había superado las 200 000 muertes causadas por COVID-19 (el cual era el número de víctimas oficialmente reconocido al momento de su declaración) acusándolos de estar motivados por el deseo de aumentar su audiencia y sus ganancias y por una agenda para socavar “los cambios que están ocurriendo en esta etapa del gobierno”[fn]Gobierno mexicano admite que muertes por COVID suman más de 300 mil”, Radio Fórmula, 29 de marzo de 2021; y “López-Gatell carga contra la prensa y la acusa de ‘apropiarse’ del dolor de las víctimas y de actuar por interés económico”, El País, 26 de marzo de 2021. Datos del gobierno muestran un exceso de muertes para 2020 y hasta el 15 de marzo de 2021 de 417 002. Expertos de la Organización Mundial de la Salud dijeron en abril que una mejor gestión de la pandemia podría haber evitado 190 000 muertes en México hasta la fecha. Ver “190 mil muertes pudieron evitarse en México durante la pandemia: expertos a la OMS”, Yahoo! Finanzas, 12 de abril de 2021.Hide Footnote .

B. Debilidad de la oposición

A pesar de la actitud poco conciliadora de López Obrador hacia sus críticos, y del cuestionable desempeño de su gobierno, su popularidad se ha mantenido firme por encima o alrededor del 60[fn]Ver “Morena pierde la mayoría absoluta y necesita de aliados para controlar el Congreso”, op. cit.; y “Evaluación de gobierno”, op. cit.Hide Footnote .

Un estilo de liderazgo polémico y desafiante que ha sido afinado para dominar los titulares mexicanos ayuda a explicar estos elevados índices de popularidad. El presidente está produciendo un “relato épico”, en el que “está siendo atacado por poderosos enemigos de él mismo y de México, y surge como un salvador heroico sacrificándose para la gran causa”, explicó un académico y activista de larga trayectoria de la sociedad civil[fn]Entrevista en línea de Crisis Group, Jacobo Dayan, Universidad Iberoamericana, 2 de abril de 2021.Hide Footnote . Su hostilidad hacia los críticos, frecuentemente aireada en sus conferencias de prensa diarias (llamadas las mañaneras), le permite captar la atención de los medios. La prensa a menudo reproduce sus comentarios, así como el repudio de sus declaraciones, sin muchos comentarios, lo que refuerza su argumento de que está enfrascado en una batalla con fervientes adversarios[fn]Ibíd. Ver también “Las mañaneras de López Obrador”, El País, 21 de septiembre de 2020; y “Distorsión: el discurso contra la realidad, Informe anual 2020”, op. cit.Hide Footnote .

López Obrador también se beneficia de la relativa debilidad de los principales partidos de oposición, el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN), que a menudo no cuentan con contrapropuestas concretas para responder a sus planes. Según un politólogo, “México en este momento no tiene [partidos de] oposición notable[s] y no supone[n] un reto electoral considerable para MORENA, al menos no en estas elecciones”. El mismo observador señaló que los partidos de la oposición serían mejor descritos como “compuestos oportunistas” en los que grupos de interés opuestos “pelean por el poder sin reglas, incluso mediante la fuerza física y de las armas”[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, Alberto Olvera, Universidad de Veracruz, 29 de marzo de 2021.Hide Footnote . En una encuesta de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 76,4 por ciento de los encuestados dijo que tenía poca o nula confianza en los partidos políticos, y el apoyo a MORENA dependía en gran medida de la propia popularidad de López Obrador[fn]Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, marzo de 2021.Hide Footnote .

El respaldo popular de López Obrador también es el resultado de la brecha entre las opiniones de los expertos en políticas públicas, muchos de ellos en organizaciones de la sociedad civil y las expectativas populares. Los expertos, por ejemplo, se han opuesto sin descanso a la creciente militarización de la seguridad pública durante los últimos quince años, documentando sus efectos adversos sobre los derechos humanos y la democracia[fn]Ver, por ejemplo, “Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, Open Society Justice Initiative, junio de 2016; y “¿A dónde vamos? Militarización y la ruta del militarismo”, La Revista Anti-Militarista, Colectivo Seguridad Sin Guerra, abril de 2021.Hide Footnote . Sin embargo, la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía citada anteriormente encontró que el 40,1 por ciento de los encuestados aceptaría un gobierno militar.

De manera similar, mientras que la sociedad civil ha estado presionando por instituciones democráticas descentralizadas que respondan a una veeduría independiente, muchos en México, como en otras naciones latinoamericanas, desconfían cada vez más de los méritos que se supone tiene la democracia: 77,5 por ciento de los encuestados expresaron su aprobación de un gobierno dirigido por un “líder fuerte”[fn]Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020”, op. cit. El respaldo a la democracia en México en 2018 se situó en el 38 por ciento, una caída significativa con respecto al máximo de 2002 del 63 por ciento. Ver “Informe 2018”, Corporación Latinobarómetro, 2018.Hide Footnote . “Tenemos que tomar en cuenta”, dijo un politólogo, “que la alternancia democrática [a nivel presidencial desde 2000] no ha producido resultados y beneficios palpables para muchos, así que no sorprende ver que depositen su esperanza en algo diferente”[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, Carlos Flores, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 31 de marzo de 2021.Hide Footnote .

C. Rehaciendo el Estado

En lugar de intentar apaciguar a sus enemigos políticos, López Obrador ha intentado consolidar el poder político al ofrecer beneficios tangibles a los ciudadanos más pobres del país.

Programas sociales dirigidos a personas mayores, pobladores rurales y jóvenes que carecen de oportunidades educativas y profesionales son el núcleo de esta estrategia. Aunque su estrategia de “austeridad republicana” ha supuesto un recorte de hasta el 75 por ciento en los presupuestos de algunas secretarías del gobierno federal, la financiación de programas sociales, junto con la del ejército y la de los proyectos de infraestructura, ha sido comparativamente sólida. Desde el año fiscal 2020-2021, el presupuesto para los once programas sociales emblemáticos de López Obrador aumentó en un 3,6 por ciento a 303 983 mil millones de pesos, aproximadamente $15,15 mil millones de dólares y equivalente al 4,8 por ciento del gasto federal total[fn]El gobierno de AMLO proyecta invertir 303,982.9 mdp para 11 programas sociales”, Expansión, 9 de septiembre de 2020.Hide Footnote . El gobierno argumenta que estas iniciativas abordarán la inseguridad, incluida la exposición de los jóvenes al reclutamiento por parte del crimen organizado, al reducir la desigualdad y la pobreza. En lugar de apagar “fuego con fuego” enfrentando la violencia con la fuerza armada, el objetivo es prevenir el crimen[fn]Los programas sociales no van a frenar la inseguridad en México”, Washington Post, 8 de diciembre de 2019; y “‘Todos cometemos errores’, dice AMLO de Silvano: Quería Ejército en Aguililla, se tuvo una reunión”, Sin Embargo, 14 de abril de 2021.Hide Footnote .

Aunque esa propuesta, hasta cierto punto, sigue las recomendaciones que Crisis Group y otros han hecho para pasar a un enfoque menos militarizado en la lucha contra la delincuencia, en algunos aspectos se ha quedado corto[fn]Falko Ernst, “Es hora de poner fin al limbo letal de la guerra contra las drogas de EE. UU. y México”, comentario de Crisis Group, 7 de octubre de 2020.Hide Footnote . Como señalamos más adelante, la administración aún no ha establecido estrategias integrales que combinen sus programas sociales con otras políticas para parar los crímenes más graves. Un estudio independiente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social encontró que los programas sociales tenían un impacto limitado debido a la falta de rigor metodológico: “Los programas han tendido a enfocarse en transferencias directas [monetarias] más que en prevención, mitigación y atención a los riesgos” que enfrentan las poblaciones vulnerables[fn]Análisis de los programas prioritarios al primer año de la administración 2018-2024”, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2020; y “La pobreza en México aumenta pese a los programas sociales del Gobierno”, El País, 9 de febrero de 2021.Hide Footnote .

Además de estos problemas, los fondos tampoco parecen haber sido suficientemente dirigidos a las regiones donde hay alto conflicto, y la Auditoría Superior de la Federación ha dicho que solo en 2019 quedan sin contabilizar más de 106 mil millones de pesos (aproximadamente $5,3 mil millones de dólares)[fn]La Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2018-2024). Un análisis desde la perspectiva de coherencia de políticas públicas”, Observatorio Nacional Ciudadano, noviembre de 2020; “El primer año de AMLO y la ASF: 100 mil millones de pesos de irregularidades”, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, 25 de febrero de 2021.Hide Footnote . Algunos analistas han planteado dudas sobre si el dinero realmente llega a los bolsillos de las personas vulnerables[fn]Análisis de Viridiana Ríos con base en datos del CONEVAL, disponible en el tuit de Viridiana Ríos, periodista, @Viri_Rios, 7:29 pm, 6 de marzo de 2021.Hide Footnote . Sus críticos han dicho que estos programas son solamente propaganda para la administración[fn]Denuncian más uso de programas sociales en FEDE”, Reforma, 14 de abril de 2021. Sobre el uso histórico de los programas sociales estatales con fines clientelistas en México, ver Felipe Hevia de la Jara, “Uso político de programas sociales y nuevos intermediarios institucionales: el Programa Progresa/Oportunidades en el sur de Veracruz”, Desacatos, no. 34 (2010).Hide Footnote .

La combinación de programas sociales estatales y un fuerte gobierno presidencialista que ha caracterizado a la administración de López Obrador fue una característica típica de la vida pública mexicana en la era del PRI, el primer hogar político del presidente entre 1976 y 1988. Según un politólogo, “la ambición de regresar a un poder altamente centralizado no se puede negar”[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, Carlos Flores, 31 de marzo de 2021; “AMLO sí militó en el PRI durante los comicios de 1988: Verificado 2018”, El Financiero, 26 de abril de 2018.Hide Footnote . En esta línea, el gobierno también ha estado forjando una nueva estructura estatal del ejecutivo, que opera de manera paralela y de alguna manera ha suplantado al aparato burocrático existente, y que implementa los programas sociales del gobierno. Va desde el presidente en la cima de la pirámide a 32 “superdelegados” (uno por estado), 252 delegados regionales y finalmente 18 894 “servidores de la nación”. Estos últimos son el los soldados de la Cuarta Transformación, van de puerta en puerta para conectar a los ciudadanos[fn]Estos son los Servidores de la Nación que serán parte de las brigadas de vacunación”, Forbes, 15 de enero de 2021.Hide Footnote . Según un delegado regional, no es claro cuál es el lugar de esta nueva estructura estatal en la arquitectura institucional del Estado mexicano, pero que apunta a “reemplazar todos los liderazgos [sociales y políticos] locales”. Los críticos del presidente lo acusan de convertir a las instituciones públicas en agentes de la política partidista[fn]Entrevista de Crisis Group, México, 2019; “Servidores de la Nación: la maquinaria electoral”, Nexos, 1 de septiembre de 2019; “Los ‘siervos’ de AMLO acumulan cuestionamientos con miras a la elección de 2021”, Expansión, 3 de marzo de 2021.Hide Footnote .

Las instituciones autónomas que se crearon como parte de la transición de México a la democracia han recibido poca atención.

Las instituciones autónomas que se crearon como parte de la transición de México a la democracia han recibido poca atención. El gobierno ha recortado presupuestos, instaló partidarios en puestos ejecutivos y está a favor de una “purificación” o desmantelamiento de instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (que maneja las solicitudes de libertad de información), e incluso el Instituto Nacional Electoral, organizador y guardián de las elecciones mexicanas[fn]López Obrador carga contra los organismos autónomos y prepara una reforma para eliminarlos”, El País, 8 de enero de 2021.Hide Footnote .

López Obrador ha calificado recientemente a las instituciones autónomas como herramientas para la vieja élite corrupta, diciendo que “lo que han hecho es servir de cortinas de humo para que se cometan ilícitos y haya ocultamiento de información”, y anunció que buscaría reformas para reintegrarlas en las secretarías federales, eliminando su independencia[fn]“#ConferenciaPresidente Viernes 5 de febrero de 2021”, Gobierno de México, 5 de febrero de 2021. “Va AMLO por reforma para regresar funciones de organismos autónomos a las Secretarías de Estado”, Aristegui Noticias, 29 de abril de 2021.Hide Footnote . Si bien ciertas instituciones han sido objeto de malversación de fondos durante administraciones anteriores, es cuestionable si el intento de López Obrador de hacer una limpieza de estas prácticas de arriba abajo a través de un mayor control del ejecutivo va a reducir la corrupción, o sencillamente va a generar nuevos riesgos de que ésta ocurra[fn]Para casos de corrupción pasada, ver “La estafa maestra, graduados en desaparecer dinero público”, Animal Político, 2017. Durante el gobierno de López Obrador se ha registrado la adjudicación de más contratos públicos sin licitación pública y en condiciones opacas que nunca antes (más del 40 por ciento). “Corrupción: algunos protagonistas”, Nexos, 1 de febrero de 2021; “El país de AMLO”, Reforma, 22 de febrero de 2021.Hide Footnote .

D. Divisiones interpartidistas

El partido de López Obrador, MORENA, se creó en 2o14 para acoger a una amplia gama de grupos de interés político, social y económico. López Obrador ha declarado de forma explícita y reiterada que “miembros de otros partidos son bienvenidos … siempre que apoyen la ‘Cuarta Transformación’”[fn]“#ConferenciaPresidente Lunes 10 de febrero de 2020”, Gobierno de México, 10 de febrero de 2020.Hide Footnote . En la práctica, esto significa, en palabras de un analista, que el partido es “un instrumento oportuno para las élites políticas y grupos de poder de todo tipo”, particularmente en un momento en el que los partidos de oposición son débiles y están desorganizados[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, Alberto Olvera, 29 de marzo de 2021.Hide Footnote . Entre los que se han incorporado a sus filas, y han sido candidatos a todos los niveles, se encuentran exmiembros y funcionarios del PRI, del PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a pesar de que López Obrador ha calificado a todos estos partidos como emblemas de la vieja y corrupta “mafia del poder”[fn]Priistas y panistas se han colado en Morena; son los que denuncian que no hay transparencia y democracia: Sánchez”, La Jornada de Oriente, 15 de marzo de 2021. El 93,3 de los quince candidatos a gobernador de MORENA pertenecían al PAN y al PRI. Ver “Morena recicla candidatos: expriistas y experredistas, el 92% de sus aspirantes”, Expansión, 6 de enero de 2021; y “Conoce los candidatos para gobernadores por MORENA en las elecciones 2021”, W Radio, 15 de febrero de 2021.Hide Footnote .

Los costos de esta postura se han hecho evidentes a medida que se intensifican las luchas internas de MORENA. Han surgido tensiones significativas entre los que se consideran activistas, muchos de ellos de extrema izquierda y miembros del partido desde su creación, y aquellos a los que ven como oportunistas recién llegados y a los que se refieren como chapulines. Partidarios iniciales de MORENA en Michoacán, por ejemplo, hablaron de una “imposición” generalizada de candidatos por parte de grupos poderosos que recientemente tomaron la bandera del partido; en protesta, acamparon por meses frente a la sede de MORENA en Ciudad de México[fn]Mensajes de texto y conversaciones informales de Crisis Group, miembros fundadores de MORENA de Michoacán, 2020, 2021.Hide Footnote . Gibrán Ramírez Reyes, una de las voces nacionales más destacadas de MORENA, ha acusado a la dirección del partido, y a López-Obrador en particular, de imponer candidatos, entre ellos “mucha gente que miente, roba y traiciona”, “racistas”, “despojadores de tierras”, “caciques que operaron fraudes electorales” y malversadores de fondos públicos, así como personas vinculadas a “mafias” y otros grupos políticos turbios, incluidos exgobernadores encarcelados. Expresó temor de que la entrada de estos candidatos pueda conducir a la “destrucción de MORENA”[fn]Gibrán Ramírez Reyes, “¿La destrucción de Morena?”, Milenio, 5 de abril de 2021.Hide Footnote .

La principal preocupación entre estos partidarios es que el atractivo transversal de MORENA, combinado con su reciente éxito electoral, lo hace susceptible a las prácticas corruptas que la “cuarta transformación” ha prometido erradicar. Para los grupos criminales, particularmente en las zonas donde hay mucho conflicto, la evolución de MORENA significa que tanto los nuevos como los viejos partidos están siendo avalados por este grupo y por ellos son nuevos y atractivos vehículos para acceder al Estado mexicano.

III. Crimen y elecciones: el caso de Michoacán

A. En el corazón de la “guerra contra las drogas”

La región de Tierra Caliente del estado de Michoacán ilustra las fallas y las consecuencias no planeadas de las políticas de seguridad mexicanas. Desde finales de 2006, hace parte del corazón de la “guerra contra las drogas”, cuando el expresidente Felipe Calderón envió fuerzas federales con la promesa de liberar rápidamente al estado de las garras del crimen organizado[fn]Felipe Calderón, discurso de inauguración presidencial, 1 de diciembre de 2006.Hide Footnote . Pero en parte debido a oleadas de ofensivas militares contra los grupos armados locales, la violencia se agravó y en la última década se registraron oficialmente más de 15 500 homicidios en Michoacán[fn]Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno de México. Un total de 2921 asesinatos se registraron tan solo en 2020, más que en cualquier otro año, mientras que en los primeros dos meses de 2021 se vio un incremento adicional del 15 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.Hide Footnote . Michoacán es una de las seis entidades federativas en donde se producen aproximadamente la mitad de todos los homicidios que hay en el país[fn]El 50.6% de los homicidios se concentran en seis estados del país: Secretaría de Seguridad”, Animal Político, 22 de marzo de 2021.Hide Footnote .

En 2013, bajo el mandato del entonces presidente Enrique Peña Nieto, las instituciones de seguridad federales reaccionaron al clamor público que protestaba por el grado de control político, económico y social que tenían los Caballeros Templarios (el grupo criminal dominante en ese momento), y unieron fuerzas con los denominados grupos de autodefensa locales, que a menudo incluían elementos criminales[fn]Meet the hitman and the vigilante who say they're trapped inside Mexico’s drug wars”, Vice News, 4 de julio de 2016.Hide Footnote . Los Caballeros Templarios se desintegraron, pero muchas de las bandas armadas que habían actuado bajo su bandera continuaron con ciclos incesantes de asesinatos y enfrentamientos[fn]Ver Falko Ernst, “The Life and Death of a Mexican Hit Man”, comentario de Crisis Group, 17 de octubre de 2018; y “La guerra criminal mexicana de mil cabezas”, comentario de Crisis Group, 3 de junio de 2019.Hide Footnote . Los costos humanitarios han aumentado debido a que los civiles se quedan atrapados en el fuego cruzado o son atacados deliberadamente durante las incursiones de grupos armados que intentan purgar territorios de presuntos enemigos. Miles de personas han sido desplazadas por la fuerza[fn]Entrevistas de Crisis Group, operadores y combatientes de grupos criminales locales, civiles, trabajadores humanitarios y miembros del clero católico, 2015-2021. Solo en marzo y abril de 2021, se estima que más de mil personas han huido de sus hogares debido a estas incursiones. Ver “Violence erupts as Mexico’s deadly gangs aim to cement power in largest ever elections”, The Guardian, 20 de abril de 2021.Hide Footnote .

Las autoridades han desestimado la gravedad del conflicto en Tierra Caliente como una realidad “lamentable” que se reduce a “enfrentamientos entre grupos criminales” y afirman que “no hay nada que pacificar porque no hay guerra”[fn]Cinco grupos criminales se disputan control del territorio y la venta de drogas, dice Silvano”, La Voz de Michoacán, 8 de enero de 2021; “En Michoacán no hay nada que pacificar porque no hay guerra: Silvano Aureoles”, Milenio, 24 de agosto de 2019.Hide Footnote . Al mismo tiempo, funcionarios a menudo argumentan (con el apoyo de los medios de comunicación nacionales e internacionales) que la violencia se puede atribuir a grupos criminales bien armados que simplemente han superado en armas y poder a las instituciones estatales[fn]In many parts of Mexico, government ceded battle to cartels”, Associated Press, 19 de octubre de 2019.Hide Footnote .

Las líneas de batalla en Michoacán y, de hecho, en el resto de México no se alinean claramente con las instituciones estatales en un lado y los grupos criminales en el otro.

Sin embargo, las líneas de batalla en Michoacán y, de hecho, en el resto de México no se alinean claramente con las instituciones estatales en un lado y los grupos criminales en el otro. En conversaciones durante la última década, miembros de alto rango de grupos armados y oficiales de seguridad del Estado, incluidos de las fuerzas armadas, han hablado con franqueza sobre cómo los límites entre los dos bandos se han vuelto fluidos o se han disuelto por completo[fn]Entrevistas de Crisis Group, 2012-2021.Hide Footnote .

Por su parte, algunos tenientes de organizaciones criminales de Michoacán dicen que disfrutan de las “pláticas” (conversaciones) de rutina con la policía estatal y los comandantes militares, lo que lleva a acuerdos que incluyen el intercambio de inteligencia y la actuación conjunta contra otros grupos criminales. Contar con la participación de las fuerzas de seguridad del Estado, dijeron, puede inclinar la balanza a favor de una red armada u otra[fn]Entrevistas de Crisis Group, 2012-2021. Ver también “Violence erupts as Mexico’s deadly gangs aim to cement power in largest ever elections”, op. cit.Hide Footnote . Uno de esos tenientes dijo que los intentos de su grupo para “darles [a un enemigo] con todo lo que tenemos” han sido frustrados ya que “el gobierno estatal está con ellos [sus rivales] … y cuando intentamos, envían helicópteros y operativos”[fn]Entrevista de Crisis Group, 2021.Hide Footnote .

En el mismo sentido, un comandante de alto rango de las fuerzas militares mexicano se refirió a una disposición generalizada para hacer acuerdos y dijo que estas prácticas eran comunes a todos los niveles de las fuerzas de seguridad, así como entre los funcionarios electos que debían aprobar los acuerdos.

Ha habido situaciones en que nosotros detuvimos miembros de un grupo criminal, y reaccionaron secuestrando [oficiales estatales]. Me pusieron a cargo de negociar que los soltaran, y hablando con ellos resultó que pensaron estar plenamente en su derecho. No comprendieron cómo los pudiéramos detener cuando habían logrado un acuerdo [con otro actor estatal] para seguir haciendo lo que habían estado haciendo. Digo, si me dicen no entrar a cierta área, está bien. Pero nadie nos había dicho[fn]Entrevista en línea de Crisis Group, 2021.Hide Footnote .

Los acuerdos turbios entre funcionarios del Estado y grupos criminales han ocupado un lugar destacado en la historia política y social de México durante al menos el último siglo[fn]Ver Peter Lupsha, “Drug Lords and Narco-corruption: The Players Change but the Game Continues”, Crime, Law and Social Change, vol. 16 (1991), pp. 41-56; Peter Andreas, “The Political Economy of Narco-corruption in Mexico”, Current History, vol. 97 (Abril de 1998), pp. 160-165; Stephen Morris, “Corruption and the Mexican Political System: Continuity and Change”, Third World Quarterly, vol. 20, no. 3 (1999), pp. 623-643; y Luis Astorga, Seguridad, traficantes y militares (Ciudad de México, 2007).Hide Footnote . Pero a medida que tanto las instituciones estatales como el crimen organizado en México se han ido fragmentando y se han vuelto más proclives a la violencia interna, los efectos de estas transacciones se han vuelto cada vez más tóxicos[fn]Como se mencionó anteriormente, al comienzo de la “guerra contra las drogas” mexicana después de 2006, seis grandes conglomerados criminales tenían un alto grado de control del territorio y del mercado. A partir de 2019, se estima que 198 grupos armados ilegales se encontraban activos en México. Ver Esberg, “Más que carteles”, op. cit. Al mismo tiempo, los gobiernos y las instituciones subnacionales se han vuelto cada vez más autónomas como resultado de un proceso de democratización que ha transcurrido sin supervisión ni rendición de cuentas efectiva, lo que los hace vulnerables a la influencia de grupos criminales. Ver informe de Crisis Group sobre América Latina N°61, Veracruz: reformar el estado de terror mexicano, 28 de febrero de 2017.Hide Footnote . Las facciones criminales se disputan fragmentos del Estado mexicano, por lo que los involucrados se han visto envueltos en una red de relaciones en la que las rupturas violentas son frecuentes. “Hay muchos pactos [entre el Estado y el crimen]”, dijo un intermediario de cuello blanco que presta sus servicios entre funcionarios del Estado y varios grupos en Michoacán y otros estados, incluido el Cartel de Jalisco Nueva Generación, “pero solo a nivel local y regional. No hay un solo gran pacto”[fn]Entrevista de Crisis Group, 2021.Hide Footnote .

Policías montan guardia mientras familiares y amigos del alcalde de Nahuatzen, David Otilica, cargan su ataúd durante su funeral en Nahuatzen, Estado de Michoacán, México, el 25 de abril de 2019. Otilica fue secuestrado y asesinado. ENRIQUE CASTRO / AFP

Ante la ausencia de un único grupo criminal capaz de imponerse y excluir a los demás, Michoacán (al igual que otras zonas de alta conflictividad de México) se encuentra en un estado de conflicto perpetuo. Los grupos armados luchan entre sí para ponerse a la delantera. También atacan con frecuencia a las fuerzas de seguridad asociadas con sus rivales bajo acuerdos que consideran desfavorables[fn]Ver registro de policías asesinados creado por Causa en Común, “Registro de Policías Asesinados”, op.cit.Hide Footnote .

B. Los efectos de las políticas de seguridad de López Obrador

Las complejas relaciones entre funcionarios estatales y grupos criminales en Michoacán, así como en otras zonas afectadas por el conflicto, hacen difícil que las instituciones de seguridad generen confianza y que haya cooperación dentro de sus propias filas, y aún más entre otras instituciones. También cuestionan la capacidad estatal para implementar políticas de seguridad para la protección de la población[fn]Al preguntarle sobre su relación con otras ramas de las fuerzas armadas, el comandante militar mencionado anteriormente dijo que los consideraba corruptos hasta el punto de que “no les confiaría con mi perro”. Un alto funcionario de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz dijo que incluso dentro de la institución “hay muchos subgrupos con distintas lealtades e intereses, y no comparten inteligencia entre ellos porque simplemente no se puede confiar en nadie”. Entrevista de Crisis Group, Veracruz, 2020. En octubre de 2020, EE. UU. arrestó al general Salvador Cienfuegos, el secretario de Defensa durante el gobierno de Peña Nieto entre 2012 y 2018, por cargos de crimen organizado. Ante la presión mexicana, fue puesto en libertad y devuelto a México, donde, tras un proceso poco claro, fue absuelto de todos los cargos. “Mexico exonerates ex-defense chief who was freed by the U.S.”, The New York Times, 14 de enero de 2021. Genaro García Luna, jefe de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y considerado el principal estratega contra el crimen organizado del presidente Calderón entre 2006 y 2012, está siendo juzgado en EE. UU. por presuntamente haber aceptado millones en sobornos del cartel de Sinaloa. “Prosecution of top Mexican security official exposes the façade of the drug war”, The Intercept, 26 de enero de 2020.Hide Footnote . Esto incluye la “guerra contra las drogas”, que se ha visto limitada por sus objetivos inalcanzables, así como por su implementación distorsionada a causa de los acuerdos entre grupos criminales y las fuerzas del orden[fn]Ver Ernst, “Es hora de poner fin al limbo letal de la guerra contra las drogas de EE. UU. y México”, op. cit.Hide Footnote .

Se ha desplegado más personal militar en México bajo López Obrador que bajo las tres administraciones anteriores.

Aunque se había comprometido a desmilitarizar la estrategia de seguridad pública del país durante su campaña electoral, López Obrador dejó de lado esta promesa poco después de asumir el cargo y, en cambio, se valió de las fuerzas armadas aún más que sus predecesores. Ampliando todavía más su ya extenso portafolio de seguridad, la administración ha puesto a los militares a cargo de tareas tradicionalmente civiles, que incluyen, por ejemplo, la construcción y operación (y el recaudo de ingresos) de proyectos de infraestructura como un tren turístico en el sureste del país. El presidente también ha encargado a las fuerzas de seguridad de hacer cumplir las leyes de inmigración en las fronteras mexicanas[fn]Ejército asume al menos 27 funciones civiles”, El Universal, 21 de marzo de 2021; “Ejército recibirá todos los beneficios obtenidos del Tren Maya; ‘megaobra’ será patrimonio de Sedena”, El Financiero, 16 de marzo de 2021.Hide Footnote . El ejército está, de hecho, dirigiendo, entrenando y manejando a la Guardia Nacional, que según la ley se supone debe ser una institución civil[fn]Sedena hace que AMLO deje claro que el Ejército manda en la Guardia; Marina, a alinearse…”, Crónica, 17 de octubre de 2020; “Mandos militares controlan a la Guardia Nacional, confirma amparo de Mayor del Ejército”, Animal Político, 19 de octubre de 2020. En octubre de 2020, López Obrador puso formalmente al ejército a cargo del mando operativo de la Guardia Nacional, incluido el reclutamiento y entrenamiento de sus oficiales. Ver “La Guardia Nacional formaliza su incorporación a la Sedena”, Expansión, 16 octubre de 2020.Hide Footnote . En general, se ha desplegado más personal militar en México bajo López Obrador que bajo las tres administraciones anteriores[fn]A finales de marzo de 2021, se habían desplegado un total de 186 613 oficiales, 26 296 de la armada y el resto del ejército y la Guardia Nacional, según información oficial. Ver “Informe de Seguridad”, Gobierno de México, 22 de marzo de 2021.Hide Footnote .

López Obrador argumenta que necesita apoyarse en el ejército ya que las reformas pasadas no han logrado librar a la policía de la corrupción, un problema que consideró tan profundo que descartó una reforma y resolvió disolver la Policía Federal en 2019[fn]AMLO ya es presidente: Ofrece combatir desigualdad y corrupción aunque sin perseguir a funcionarios del pasado”, Animal Político, 1 de diciembre de 2018; “Por falta de moral y de disciplina, la Policía Federal desapareció: AMLO”, El Universal, 12 de octubre de 2020.Hide Footnote . Por el contrario, ha calificado de “incorruptibles” a los comandantes de las fuerzas armadas mexicanas, que siguen siendo muy populares[fn]Arresto de exsecretario Defensa sacude a ejército mexicano”, AP, 16 de octubre de 2020.Hide Footnote . También insiste en que los informes sobre la participación militar en atroces violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, desaparecerán porque según dice “nunca, jamás, daré la orden de reprimir al pueblo”[fn]“‘Nunca, jamás’, daré la orden de reprimir al pueblo: AMLO, en guardia de honor en Tlatelolco”, Aristegui Noticias, 2 de octubre de 2018. Las fuerzas armadas siguen siendo, en un 63,8 por ciento, la institución más confiable de México, según una encuesta de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, marzo de 2021.Hide Footnote . En la misma línea, el secretario de defensa y jefe del ejército, general Luis Cresencio Sandoval González, ha dicho que “el camino que se recorre en la carrera militar es recto y no admite desviaciones de ningún tipo”[fn]Combatir la corrupción en el Ejército”, El Universal, 27 de noviembre de 2020.Hide Footnote .

Aun así, en Michoacán y en otras partes de México ha habido algunos cambios en la forma en que los militares llevan a cabo su misión de seguridad bajo López Obrador. Expertos en seguridad, personal militar de alto rango y miembros de grupos criminales entrevistados para este informe tienden a coincidir en que el credo de López Obrador de “no apagar el fuego con fuego” ha llevado a las autoridades a abstenerse de perseguir a los cabecillas y de emprender operaciones ofensivas significativas con este fin en las regiones afectadas por conflictos[fn]Cabe señalar que ya en administraciones anteriores, las intervenciones estratégicas en regiones de alta conflictividad como Tierra Caliente ocurrían de manera esporádica.Hide Footnote . Observadores cercanos dicen que este cambio está motivado en parte por el deseo de evitar titulares e imágenes de un conflicto violento, lo que “sería políticamente costoso ya que señalaría que, al final del día, no están actuando de manera tan diferente que antes”[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, historiador del crimen mexicano, 31 de marzo de 2021. Un especialista en seguridad de Michoacán dijo que el presidente “quiere evitar los altos costos políticos sufridos por los pasados gobiernos después de que declararan la guerra conta la delincuencia organizada, para poder lograr otras prioridades como las reformas estructurales”, incluso en el sector energético. Intercambio de mensajes de texto de Crisis Group, 9 de abril de 2021.Hide Footnote . Funcionarios estadounidenses reconocen que las operaciones conjuntas contra objetivos de alto nivel y actividades delictivas se han “paralizado” bajo López Obrador, y que el gobierno mexicano ya no lleva a cabo operaciones militares en respuesta a los reportes de inteligencia estadounidenses[fn]Exclusive: U.S. investigations into cartels paralyzed by standoff with Mexico”, Reuters, 30 de marzo de 2021.Hide Footnote .

Al mismo tiempo, hay más continuidad de la que parece. El número de enfrentamientos entre el ejército mexicano y presuntos grupos criminales, por ejemplo, aumentó ligeramente durante los dos primeros años de López Obrador en el cargo en comparación con los cinco años anteriores de su predecesor Enrique Peña Nieto[fn]Datos de la Secretaría de la Defensa de México muestran un promedio de 241,2 enfrentamientos armados por año entre 2014 y 2018, y 251 por año en 2019 y 2020. “La SEDENA y su creciente abuso de la fuerza”, Animal Político, 7 de septiembre de 2020; “En 2020, murieron seis militares en 260 enfrentamientos con grupos armados”, La Jornada, 3 de febrero de 2021.Hide Footnote . En general, sus interlocutores perciben menos cambios en la estrategia de López Obrador de lo que sugiere la retórica del gobierno, y un comandante de las fuerzas armadas calificó como “una farsa” las afirmaciones del gobierno en sentido contrario[fn]Entrevistas de Crisis Group, 2020 y 2021. “Para combatir el crimen, ‘no se puede apagar fuego con fuego’: AMLO”, El Financiero, 4 de enero de 2018. Ver también “‘Todos cometemos errores’, dice AMLO de Silvano. Quería Ejército en Aguililla, se tuvo una reunión”, op. cit.Hide Footnote .

También persisten muchos de los problemas que han hecho difícil que los militares se involucren con las comunidades locales. Los comandantes en el terreno continúan operando con altos niveles de autonomía y continúan teniendo conexiones con elementos criminales locales[fn]El comandante de las fuerzas armadas mencionado anteriormente, por ejemplo, afirmó que comandantes militares locales con frecuencia actúan de acuerdo con su propio criterio y no coordinan con los niveles superiores, ni siquiera les informan de sus acciones. Entrevista de Crisis Group, 2021.Hide Footnote . López Obrador, a pesar de los reparos iniciales, ha seguido permitiendo la falta de transparencia y supervisión en el ejército mexicano, aparentemente a cambio de lealtad política[fn]Entrevista de Crisis Group, Raúl Benítez Manaut, Universidad Nacional Autónoma de México, 25 de febrero de 2020. Ver también “Mexico Army’s Expanding Role Protects Military After Ex-Defense Minister’s Arrest”, The Wall Street Journal, 23 de octubre de 2020; y Maureen Meyer y Moses Ngong, “México enfrenta una prueba para sus esfuerzos de reforma en materia de anticorrupción y justicia”, Washington Office on Latin America, 25 de noviembre de 2020.Hide Footnote . Miembros de grupos criminales enfatizaron cómo aún pueden relacionarse con partes de las instituciones de seguridad presentes en sus regiones. “Es la misma mamada que antes, pero más pendeja, más desorganizada”, dijo el intermediario mencionado anteriormente que trabaja con el Cartel de Jalisco. Mencionó “mal entendidos” menores con los nuevos oficiales de la Guardia Nacional que “todavía no entienden qué onda … pero están aprendiendo”. Afirmó que las operaciones de robo de combustible en el centro y norte de México, en las que dijo estar involucrado, permanecen protegidas a través de acuerdos transaccionales con las fuerzas federales, incluida la Guardia Nacional[fn]Entrevistas y entrevistas telefónicas de Crisis Group, septiembre y noviembre de 2020, febrero de 2021.Hide Footnote .

Asimismo, un teniente de uno de los grupos armados que luchan por Tierra Caliente habló de “una buena relación” con el comandante de la Guardia Nacional local. “Entienden lo que queremos hacer y están con nosotros”. Sin embargo, agregó, grupos rivales habían llegado al mismo entendimiento con comandantes en otras áreas y con funcionarios de alto nivel del gobierno estatal[fn]Entrevista de Crisis Group, 2021.Hide Footnote .

C. Competencia violenta en torno a las elecciones

Contar con acceso al Estado mexicano es crucial para la supervivencia y expansión de los grupos delictivos. “Si hay una regla que todos [los grupos armados ilegales] conocen, es que solo quienes tienen la protección del gobierno crecen”, dijo un consultor político de Michoacán con vasta experiencia en cómo funcionan los acuerdos entre candidatos y grupos criminales[fn]Entrevista de Crisis Group, marzo de 2021.Hide Footnote . La necesidad de protección estatal a su vez significa que a los grupos criminales les interesa sabotear los presuntos acuerdos entre sus competidores y funcionarios estatales que puedan darles una ventaja, y están especialmente inclinados a hacerlo en la temporada de elecciones, cuando se negocian nuevos pactos. En las elecciones de 2021 se disputarán la gobernación de Michoacán, todo su congreso estatal y 112 alcaldías. Durante la campaña electoral de 2018 (una de las más violentas en la historia moderna mexicana) los municipios con mayor presencia de grupos criminales fueron los más propensos a sufrir ataques violentos contra figuras políticas.

La influencia criminal en las elecciones es particularmente frecuente a nivel local, en parte porque las autoridades municipales generalmente se consideran la capa más débil del gobierno y la más susceptible de ser cooptada[fn]Ver “Léase si quiere gobernar en serio”, México Evalúa y Centro de Investigación para el Desarrollo, abril de 2018.Hide Footnote . Los grupos criminales en Tierra Caliente tienen tanta influencia que los candidatos con frecuencia se acercan a ellos en busca de apoyo. “No puedes gobernar sin ellos. Puede ser de manera voluntaria o a través de la fuerza. Pero la verdad es que los candidatos buscan a la maña [término genérico para el crimen organizado] para poder ganar elecciones”, explicó el consultor político citado anteriormente. “En áreas calientes como Apatzingán [el eje principal de Tierra Caliente], es perfectamente normal que cinco, diez o quince candidatos vayan a pedir apoyo, y siempre prometen trabajar para el grupo”. “Eso quiere decir”, agregó, “que al menos en zonas rurales ellos [los grupos criminales] pueden poner las reglas y muchas veces también los candidatos”[fn]Entrevista de Crisis Group, marzo de 2021.Hide Footnote .

A veces, esos candidatos son muy cercanos a los grupos, a sus miembros y a otros a su alrededor. En estas elecciones en Tierra Caliente, observadores locales, incluidos operativos políticos y criminales, aseguran que varios candidatos de diferentes partidos y niveles de gobierno pueden tener conexiones con entidades criminales[fn]También es habitual que personas vinculadas a grupos criminales se presenten a las elecciones en otras regiones de alta conflictividad, como el vecino estado de Guerrero. Ver informe de Crisis Group, La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México, op. cit.Hide Footnote . La carrera política de varias personas presuntamente vinculadas al crimen organizado ha continuado durante muchos años, a pesar de un intento de darle un golpe en 2009, cuando bajo el expresidente Calderón 28 funcionarios estatales y municipales de Michoacán fueron arrestados por cargos de colusión y/o pertenecer al crimen organizado[fn]Todos los sospechosos fueron puestos en libertad posteriormente debido a deficiencias procesales por parte de la fiscalía, ver “Liberan a último involucrado del michoacanazo”, El Economista, 12 de abril de 2011.Hide Footnote .

Los delincuentes invierten en las elecciones a través de la financiación ilícita de campañas.

Los delincuentes invierten en las elecciones a través de la financiación ilícita de campañas. Los presupuestos de campaña tienen límites legales; la cantidad promedio de fuentes públicas y privadas permitida en 2021 para los candidatos a las presidencias de los municipios de Michoacán donde habrá elecciones es de 333 921 pesos (alrededor de $16 650 dólares), y el monto varía según el tamaño de cada población[fn]Elecciones presidenciales municipales se llevarán a cabo en 112 de los 113 municipios del estado de Michoacán. “Acuerdo IEM-CG-36/2020”, Instituto Electoral de Michoacán, 2020.Hide Footnote . Los candidatos tienden a ver esta suma como insuficiente, lo que los impulsa a recurrir a fuentes ilegales. Como le dijo a Crisis Group un organizador local de campañas políticas: “si quieres tener la posibilidad de ganar, échale 10 millones [de pesos, o alrededor de $500 000 dólares] y arriba … muchos candidatos van a gastar 15 a 20 [millones de pesos, o alrededor de $750 000 a $1 millón de dólares]”[fn]Entrevista de Crisis Group, marzo de 2021. Durante las elecciones intermedias de 2015, dos candidatos de Tierra Caliente confirmaron a Crisis Group haber recibido un millón de pesos cada uno de un grupo armado local. Entrevistas de Crisis Group, Apatzingán, Michoacán, mayo de 2015.Hide Footnote .

Según el consultor, los fondos secretos “que proporcionan los grupos [delictivos] en efectivo”, han sido usados en elecciones anteriores en Tierra Caliente para la compra de votos, cuando a los posibles votantes se les entregaban pequeñas sumas de dinero en efectivo de alrededor de 500 pesos y paquetes de alimentos básicos[fn]Entrevistas de Crisis Group, candidatos políticos, consultores y votantes, 2011 y 2015.Hide Footnote . Los esfuerzos por parte de equipos de candidatos rivales para evitar que se hagan estas entregas pueden crear una fuente de violencia adicional, particularmente en los últimos días antes de las elecciones[fn]Durante las elecciones municipales de 2015 en Tierra Caliente, Crisis Group acompañó a un grupo de simpatizantes de un partido en sus esfuerzos por “proteger el voto”, es decir, evitar la compra de votos y prácticas similares. Por ejemplo, vigilaron las entradas y salidas de un puesto de votación urbano que la dirección local del partido consideraba “caliente”. Esa noche, un equipo que trabajaba para el mismo partido, y que incluía a miembros de un grupo delictivo local, siguió a un vehículo sospechoso de distribuir obsequios ilegales de campaña desde una “cueva” (casa segura). Los ocupantes del vehículo mostraron un arma de fuego en respuesta.Hide Footnote . Los grupos criminales también explotan su control territorial y social, en especial en las zonas rurales, para canalizar bloques de votos hacia candidatos específicos, a veces recurriendo a la coerción para este fin[fn]Los grupos criminales mexicanos, en Michoacán y otros lugares, han invertido durante mucho tiempo en ganar legitimidad frente a las poblaciones locales, por ejemplo, ofreciendo beneficios materiales y aparentando brindar protección contra amenazas, como las de otros grupos criminales. Ver “Mexican criminal groups see Covid-19 crisis as opportunity to gain more power”, The Guardian, 20 de abril de 2020. También ejercen una influencia coercitiva. Pobladores de las zonas rurales de Tierra Caliente manifestaron que, “les aconsejaron”, a algunos con armas, “escoger la opción correcta” durante los comicios anteriores. Entrevistas de Crisis Group, 2015 y 2017.Hide Footnote .

D. Los beneficios y límites del acceso al Estado

En el pasado, respaldar o cooptar candidatos a nivel municipal le ha generado a los grupos criminales beneficios tales como tener influencia directa sobre las acciones de la policía local y, en algunos casos, del estado, al igual que acceso a la inteligencia estatal a varios niveles del gobierno, por ejemplo, respecto a órdenes de captura pendientes u otras operaciones. La influencia política también les ha permitido a los grupos criminales emplear a las fuerzas de seguridad locales como facciones de sus propias organizaciones, usándolas para detener o matar objetivos, así como para proteger el transporte de mercancías ilícitas[fn]Entrevistas de Crisis Group, grupos criminales con sede en Michoacán, 2012-2020. Ver también “Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIDCS/205/2009”, Procuraduría General de la República – Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, 2009; “Policías de Sinaloa entregan a ocho jóvenes detenidos a un grupo delincuencial”, El País, 16 de marzo de 2017.Hide Footnote . Los grupos criminales también se han esforzado, con aparente éxito, por sacar provecho de las finanzas estatales. Según funcionarios municipales de Tierra Caliente, los delincuentes lo hacen habitualmente a través de un sistema de mordidas mediante el cual los candidatos que resultan elegidos entregan puestos administrativos y sus salarios a personas designadas por los grupos criminales, que en realidad podrían no realizar el trabajo en cuestión[fn]Entrevistas de Crisis Group, enero y marzo de 2021. La designación de los llamados aviadores, es decir, personal que recibe salario, pero no trabaja, es una técnica común para malversar fondos públicos en México. “La corrupción del gobierno”, El Financiero, 23 de febrero de 2021.Hide Footnote .

Un exfuncionario informó que él y sus colegas se habían visto obligados a entregar un 20 por ciento de sus sueldos mensuales a un oficial municipal, que presuntamente pertenecía a un grupo criminal y quien se lanzó para el cargo nuevamente este año. El exfuncionario señaló que, “Primero, en una reunión de trabajo, de manera respetuosa nos pidieron un descuento [sic], y rechazamos. Luego, nos subieron al cerro [sinónimo del bastión rural de un grupo criminal local] …. Y nos tenían sentados en el piso rodeados por sicarios que nos explicaron que necesitaban nuestro apoyo”[fn]Entrevista de Crisis Group, abril de 2021.Hide Footnote .

Los fondos públicos también terminan en los bolsillos de los delincuentes de otras formas. Otra codiciada modalidad de financiación consiste en la desviación de fondos de contratos del sector público, por ejemplo, en la construcción. “Hay varios pesos pesados que tienes que satisfacer [como candidato], si te gusta o no”, dijo el consultor político. “Si no, van a poner su apoyo en otro lugar y pierdes. Directamente detrás de la maña [crimen organizado] vienen los señores constructores [del sector privado]. Ambos van a pedir algo a cambio … que les caigan contratos”[fn]Entrevista de Crisis Group, marzo de 2021.Hide Footnote . Los gastos en programas sociales del gobierno también representan 263 mil millones (alrededor de $13,15 mil millones de dólares) de los 492 mil millones de pesos (alrededor de $24,6 mil millones de dólares) “cuyo uso no pudo comprobarse” en todos los niveles del gobierno desde el año 2000 hasta noviembre de 2019, lo que constituye otra posible reserva de fondos públicos para los grupos criminales y sus aliados políticos[fn]Viridiana Ríos, “La otra mafia del poder, corrupción y desigualdad en México”, Oxfam México, septiembre de 2020.Hide Footnote .

Entre la amenaza que plantea el crimen organizado y la incapacidad del gobierno estatal y federal de suministrar suficiente respaldo financiero, operativo e institucional, los municipios han visto cómo su función constitucional de velar por la seguridad pública se ha venido desvaneciendo.

Al mismo tiempo, los beneficios que obtienen los grupos criminales al cooptar a aquellos que tienen el poder en los municipios han disminuido a medida que las fuerzas de seguridad locales han perdido importancia. Entre la amenaza que plantea el crimen organizado y la incapacidad del gobierno estatal y federal de suministrar suficiente respaldo financiero, operativo e institucional, los municipios han visto cómo su función constitucional de velar por la seguridad pública se ha venido desvaneciendo. Sucesivas administraciones federales han optado por políticas de seguridad centralizadas, a menudo apoyadas en las fuerzas armadas, en lugar de la policía local[fn]Léase si quiere gobernar en serio”, op. cit.Hide Footnote .

Para los grupos criminales es cada vez más urgente encontrar formas para dirigir a las fuerzas de seguridad estatales de alto nivel en la dirección deseada. Las altas esferas del Estado han demostrado que pueden infligir daños contundentes a grupos e individuos criminales cuando están decididos a hacerlo[fn]Impunidad en homicidio doloso y feminicidio: Reporte 2020”, op. cit.Hide Footnote . El arresto de uno de los principales líderes de los Caballeros Templarios, la muerte de otro y la rápida desintegración de ese grupo ilustran esa capacidad[fn]Que ahora sí: abaten al ‘Chayo’ y muestran cadáver”, Aristegui Noticias, 10 de marzo de 2014; “Detienen a ‘la Tuta’ en Morelia, aunque autoridades decían que se escondía en la montaña”, Animal Político, 27 de febrero de 2015.Hide Footnote . De igual manera, numerosos líderes criminales de todo el país han sido asesinados o detenidos durante los casi quince años de la “guerra contra las drogas”. En consecuencia, líderes y miembros de grupos criminales activos en Michoacán han expresado constantemente su aversión a atacar a las fuerzas armadas desde que los Caballeros Templarios se desintegraron[fn]Entrevistas de Crisis Group, Michoacán, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.Hide Footnote .

De hecho, algunos de estos grupos parecen haber desarrollado una comprensión muy precisa de hasta dónde pueden llegar a entrometerse en la vida política. Un asesor de un grupo, por ejemplo, dijo que no consideraba “inteligente poner tus propios candidatos [para un cargo de alto nivel] como acabarás recibiendo más operativos”; en cambio, consideró preferible respaldar al candidato oficial del partido con más probabilidades de ganar[fn]Entrevista de Crisis Group, febrero de 2021.Hide Footnote . Un teniente de la misma organización le dijo a Crisis Group que, partiendo de esta lógica, había llegado a un acuerdo con el candidato que parecía mejor posicionado para ganar la gobernación del estado. Al conseguir votos para esa campaña a la gobernación y a la vez garantizar la victoria del candidato del mismo partido a nivel municipal, esperaba beneficiar a su grupo en su lucha contra rivales presuntamente respaldados por ciertas fuerzas de seguridad estatales y federales. “La idea es”, dijo, “que todo [los niveles de gobierno] sea del mismo color … para que nos dejen hacer nuestra chamba”[fn]Entrevista de Crisis Group, marzo de 2021.Hide Footnote .

Estas iniciativas de los grupos criminales por invertir en campañas electorales para conseguir ventajas sobre sus rivales o delimitar más claramente las líneas de control territorial cuentan con pocas garantías.

Estas iniciativas de los grupos criminales por invertir en campañas electorales para conseguir ventajas sobre sus rivales o delimitar más claramente las líneas de control territorial cuentan con pocas garantías. Según el comandante militar, “hay lo que llamamos municipios paraísos, donde tienes pactos que funcionan y casi nada de violencia … pero éstos son la excepción”. Agregó que los gobernadores estatales, por ejemplo, prefieren “doble-vender la plaza [el territorio]” a varios grupos criminales en competencia, perpetuando acuerdos estatales con el crimen altamente volátiles[fn]Entrevista de Crisis Group, marzo de 2021.Hide Footnote . “Todo el mundo sabe”, dijo el asesor de un grupo delictivo, “que luego sólo te dan la mitad de lo que prometen. Pero aun así, esto está mejor que tenerlos [funcionarios electos] como enemigos”[fn]Entrevista de Crisis Group, marzo de 2021.Hide Footnote .

Si los grupos criminales no recuperan sus inversiones, se puede desencadenar nuevos ciclos de violencia. Miembros de tres grupos armados activos en Michoacán, así como el comandante militar, dijeron que las técnicas usadas para presionar a los funcionarios electos que se han negado a cumplir sus promesas han incluido ataques a funcionarios estatales como policías, bloqueos de carreteras con vehículos en llamas para atraer un despliegue mediático indeseado y mensajes y videos públicos para afectar su reputación[fn]Entrevistas de Crisis Group, 2019 y 2021. Un líder de un grupo armado ilegal en el vecino estado de Guerrero también le dijo a Crisis Group que había usado coches bomba con la misma intención. Ver informe de Crisis Group, La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México, op. cit. Ver también Benjamin Lessing, “Logics of Violence in Criminal War”, Journal of Conflict Resolution, vol. 59, no. 8 (2015), pp. 1486-1516.Hide Footnote .

IV. Un plan para el futuro

Las elecciones continúan dotando a los grupos criminales mexicanos de un medio para acceder al Estado, generando impunidad y otras ventajas determinantes en las disputas violentas. Sin embargo, las elecciones no son el único punto de acceso y abordar el nexo entre las autoridades y los actores criminales presenta un enorme desafío estructural.

El fortalecimiento de las instituciones electorales sigue siendo un buen punto de partida. En el Instituto Nacional Electoral (INE) y los institutos electorales estatales, México ya cuenta con una estructura de supervisión que ha sido ampliamente elogiada por su tamaño, diseño general y capacidad operativa, y que ha jugado un papel crucial en la transición democrática de México[fn]Joy Langston, Democratization and Authoritarian Party Survival: Mexico’s PRI (Oxford, 2017).Hide Footnote . Además, tras una serie de reformas, las competencias del INE fueron incrementadas para detectar la financiación ilícita de campañas provenientes de grupos criminales, así como los fondos públicos desviados ilegalmente[fn]Un ejemplo fue la presunta desviación por parte del entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, de al menos 15 millones de pesos (unos $750 000 dólares) de fondos públicos a la exitosa campaña presidencial de Peña Nieto. “Javier Duarte dio millones de pesos a los mismos empresarios que financiaron ilegalmente la campaña de Peña: MCCI”, Aristegui Noticias, 31 de mayo de 2018.Hide Footnote . Operadores políticos que han trabajado en estrecha colaboración con las organizaciones criminales en Michoacán reconocen que “las reglas son muy buenas”, aunque señalan que hay formas de eludir la vigilancia electoral y “doblar las reglas … como siempre se puede en México”[fn]Entrevista en línea de Crisis Group, asesor político, abril de 2021.Hide Footnote .

Hay límites a lo que puede hacer la autoridad electoral por sí sola. Una exconsejera del INE dijo que los poderes de supervisión financiera del organismo habían aumentado y que, en teoría, ahora podría auditar el financiamiento de campañas durante el período previo a las elecciones[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, Pamela San Martín, consejera del INE de 2014-2020, 1 de mayo de 2021. En 2014, tras una reforma constitucional, el Instituto Federal Electoral original se transformó en el INE, a cargo de velar por las elecciones a todos los niveles, no solo a nivel federal. Para una descripción general, ver “Reforma Constitucional 2014”, Instituto Nacional Electoral, 2014. Antes de la reforma, los partidos políticos únicamente estaban obligados a rendir cuentas de sus gastos de campaña hasta después de las elecciones, y el victorioso PRI sólo fue sancionado por el financiamiento ilegal de campañas usado para la compra de votos hasta después de que su candidato asumiera la presidencia. “Multan PRI-PVEM por aportaciones ilegales”, El Universal, 23 de enero de 2013.Hide Footnote . Sin embargo, sigue siendo “materialmente imposible … [ya que] hay demasiados procesos que vigilar y [el INE] depende de soplones [informantes] que avisen sobre los flujos financieros ilegales … así como de la cooperación de otros órganos como las fiscalías, que siguen siendo muy opacos”. Describió cómo los partidos obstruyen la supervisión, por ejemplo, proporcionando informes de gastos legalmente obligatorios en forma de volcados de datos en los últimos días antes de las elecciones, lo que en efecto agota el tiempo y reduce la capacidad de auditoría del INE. También reconoció que el tema de la colaboración y colusión entre el Estado y los grupos criminales no es algo que una reforma de la institución pueda solucionar por sí sola: “La corrupción y la impunidad que se manifiestan durante las elecciones son estructurales … no pueden ser resueltas en las elecciones, y mucho menos solamente por el INE”[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, Pamela San Martín, consejera del INE 2014-2020, 1 de mayo de 2021.Hide Footnote .

Aun así, iniciativas para reforzar el organismo ayudarían. Limitar su independencia, como López Obrador ha manifestado querer hacerlo, sería claramente un preocupante retroceso, que pondría en duda la integridad de las elecciones democráticas, así como su supervisión financiera. En cambio, el presidente y su partido, el sistema judicial y los socios internacionales deberían velar porque se mantenga intacta la independencia constitucionalmente establecida del INE. También deberían aumentar los recursos financieros y humanos del Instituto para garantizar que pueda funcionar con más éxito.

Abordar los problemas más importantes requiere reformas más allá de las elecciones.

Abordar los problemas más importantes requiere reformas más allá de las elecciones. La influencia criminal sobre la política es más evidente durante las campañas, pero es un factor constante que ayuda a mantener los altos niveles de conflicto letal. En términos generales, el gobierno a nivel federal y estatal, así como sus socios internacionales como EE. UU., deben esforzarse por reemplazar políticas de seguridad ineficaces por iniciativas enfocadas en las regiones con más conflicto, como Michoacán. Como ha sostenido anteriormente Crisis Group, la atención debería centrarse en el desarrollo de planes de acción adaptados a las necesidades de cada región, junto con el fortalecimiento de las oficinas y el personal de las instituciones estatales y las fuerzas de seguridad que sean transparentes y responsables, y que ofrezcan mejores condiciones de capacitación y trabajo, todos los cuales son elementos clave para luchar contra la influencia delictiva.

Estos enclaves, que podrían incluir unidades especializadas de las fiscalías y las fuerzas de seguridad federales, podrían prestar protección durante la implementación de los planes de acción regionales, así como abordar gradualmente la corrupción y la colusión en otras instituciones. Una supervisión independiente que involucre a la sociedad civil debería desempeñar un papel fundamental en el cumplimiento de las normas ya que los mecanismos judiciales y de rendición de cuentas internos que existen han mostrado ser poco efectivos.

El uso de la fuerza, aunque es probable que siga siendo necesario en un futuro próximo, no debe considerarse una panacea sino una forma de proteger a los civiles que corren el riesgo de ser desplazados o de ser gravemente victimizados, así como una manera para acabar con la impunidad de los grupos criminales más violentos. Si bien la estrategia de descabezamiento fracasó debido a la falta de seguimiento, lo que permitió que los grupos criminales sin líderes se volvieran a unir, a menudo en nuevas versiones aún más lesivas, los autores de delitos graves de alto nivel deben ser capturados y llevados ante la justicia. La prioridad de las autoridades debería ser la judicialización de los vínculos entre funcionarios del Estado y el crimen, ya que son éstos los que han permitido a los grupos criminales prosperar.

Al mismo tiempo, los planes adaptados para las regiones deberían incluir opciones de desmovilización y reintegración destinadas a proporcionar a los jóvenes en los grupos delictivos un camino para reincorporarse a la sociedad civil y alternativas económicas lícitas. En primera instancia, la mediación con grupos criminales a través de los buenos oficios de los ciudadanos locales y de la Iglesia, posiblemente respaldada por socios internacionales, debe tener como objetivo garantizar el acceso a ayuda humanitaria para las personas afectadas por conflictos armados. Comisiones regionales de la verdad compuestas por representantes de la sociedad civil, el clero y figuras empresariales locales podrían ayudar a delinear las condiciones para la eventual reintegración de los miembros de grupos delictivos.

Mientras tanto, la conexión entre el conflicto y el control criminal de cadenas de productos transnacionales que involucran drogas ilícitas, así como una serie de productos agrícolas y recursos naturales también debe ser un foco de los planes regionales de acción. Esto requerirá que los gobiernos y empresas privadas en los EE. UU., la UE y Canadá, entre otros, colaboren en el intercambio de información relevante y, donde sea necesario, tomen los pasos necesarios para asegurar que las corporaciones transnacionales enfrenten consecuencias legales si agravan el conflicto en México.

Las posibilidades de tales cambios parecen escasas en los últimos años del mandato de López Obrador, pero los donantes podrían tomar decisiones hoy que ayuden a establecer un plan para acciones futuras. La aparente falta de interés del gobierno federal en depurar los vínculos entre el Estado y la delincuencia significa que las posibilidades de una reorganización radical de la política de seguridad por ahora parecen bajas. Pero existen iniciativas prometedoras a nivel local y regional, a menudo con el apoyo de una parte u otra del Estado[fn]En Ciudad de México, Ciudad Juárez y la zona rural de Michoacán, por ejemplo, hay proyectos llevados a cabo por miembros del clero católico y la sociedad civil para la reintegración de jóvenes exintegrantes de grupos criminales. Aunque son prometedores, estos proyectos carecen de publicidad y respaldo financiero.Hide Footnote . Con la esperanza de que en algún momento pueda despertarse el interés político de alto nivel, los donantes nacionales e internacionales deberían esforzarse por apoyar proyectos subnacionales innovadores y aprovechar los resultados de estos programas para ayudar a dar forma a la política de seguridad futura.

Washington y otros socios internacionales también deberían manifestar su preocupación por la probabilidad de que continúe, y potencialmente empeore, la inestabilidad si la administración mexicana busca debilitar las instituciones democráticas, particularmente aquellas involucradas en la supervisión electoral. EE. UU., que durante años ha apoyado tanto financiera como políticamente estrategias infructuosas basadas en la fuerza para manejar el narcotráfico y el conflicto rural, debe dejar en claro que respalda un enfoque diseñado específicamente para cada contexto y dirigido a atacar las raíces profundas del conflicto criminal.

V. Conclusión

Dentro y fuera de México, la lucha por reducir los niveles crónicamente altos de violencia en el país se presenta con demasiada frecuencia como una lucha entre las autoridades estatales y los típicos “chicos malos” que componen los grupos criminales. Sin embargo, lo que les permite a estos grupos seguir delinquiendo y prosperar es su capacidad para llegar a acuerdos con funcionarios estatales, lo que a su vez les ofrece impunidad y la posibilidad de aprovecharse del poder estatal para fines ilícitos. Las disputas entre grupos criminales persistirán, ya que hay alrededor de 200 grupos armados compitiendo por el poder en todo el país. En áreas de alta conflictividad, como Tierra Caliente en Michoacán, los mecanismos institucionales son demasiado débiles para impedir los vínculos entre funcionarios electos y actores criminales o detener la corrupción persistente y los altos niveles de conflicto.

La promesa de López Obrador de un liderazgo moral ejemplar, así como sus esfuerzos por concentrar el poder a fin de gobernar de manera más efectiva, han demostrado ser ampliamente populares, pero a menudo contrastan con los resultados de sus políticas. Hasta el momento, en gran medida, no ha logrado fortalecer un aparato estatal permisivo y fragmentado. Los partidos políticos débiles, incluido el del propio presidente MORENA, están abiertos a cualquier interesado, incluidos oportunistas de todas las tendencias y miembros de grupos criminales. La hostilidad de la administración hacia una supervisión independiente y la rendición de cuentas, y la amenaza que esto representa para organismos como el Instituto Nacional Electoral, son un mal presagio para los proyectos que buscan detener la corrupción o depurar la democracia mexicana.

En estas circunstancias una solución rápida no es una opción. Además, es fundamental comenzar a sentar las bases de políticas de seguridad que se adapten a los desafíos específicos de cada región y que estén dirigidas específicamente a frustrar la captura criminal del Estado. Parte de la respuesta es repensar las políticas basadas en la fuerza que el gobierno de EE. UU., entre otros, ha defendido. Apoyar proyectos locales y regionales prometedores llevados a cabo por organismos estatales y no gubernamentales podría ayudar a elaborar un plan de acción en el futuro. 

Ciudad de México/Bogotá/Bruselas, 2 de junio de 2021

Anexo A: La Tierra Caliente: el corazón de la “guerra contra las drogas