“No quiero desaparecer”: cómo la violencia criminal en México reconfigura la vida de las mujeres

Hace dos años, Adriana dejó de correr en las mañanas. Era una cuestión de seguridad personal: se dio cuenta de que un coche la seguía mientras trotaba. Para esta mujer de treinta y cuatro años, que ha pasado toda su vida en la ciudad de Zacatecas (la capital del estado de Zacatecas, al norte de México), la amenazante experiencia de ser perseguida todos los días provocó una sensación de inseguridad permanente. “Dejé de correr, pero el miedo se quedó”, afirma.

Adriana fue una de las sesenta mujeres que participaron en media docena de talleres que Crisis Group realizó en Zacatecas en 2022. Estas discusiones revelaron que la experiencia de Adriana es alarmantemente común. Las participantes, cuyas edades oscilaban entre los dieciocho y cuarenta y tres años y provenían de diversos ámbitos profesionales (entre ellas había estudiantes, profesoras, emprendedoras, periodistas y activistas), describieron cómo habían perdido a amigas y familiares a causa de la violencia. Los graves peligros a los que se enfrentan cambiaron su forma de navegar los espacios públicos y restringieron su participación en la vida social y política de sus comunidades.

Aunque muchos de los responsables de estas agresiones son hombres violentos sin vínculos con grupos criminales, la “guerra contra las drogas” ha exacerbado las condiciones en las que se produce la violencia de género. Durante años, el gobierno mexicano, instado por Washington, ha desplegado a las fuerzas armadas para enfrentar a las organizaciones criminales, provocando que se dividan y que aumenten los niveles de violencia. Las mujeres, en efecto, han quedado atrapadas en el fuego cruzado.

Los datos federales reflejan los peligros diarios que enfrentan las mujeres en México. Cerca de la mitad de las mujeres del país han sido agredidas sexualmente a lo largo de sus vidas. Tan sólo en 2021, casi una de cada cinco mujeres estuvo expuesta a violencia sexual. Entre 2007 y 2021, el número de mujeres reportadas como “desaparecidas” se multiplicó por quince y el número de feminicidios (es decir, el asesinato de mujeres por su género) casi se triplicó. Y aunque las mujeres se ven sometidas a estos mayores niveles de violencia en medio de un incremento general de la delincuencia, con frecuencia se les culpa por las amenazas y los abusos de los que son objeto. El mensaje más amplio es que las mujeres tienen la responsabilidad de encontrar formas de mantenerse seguras, lo que obliga a muchas a renunciar a su libertad de circulación. Actividades como salir a trotar, pasar tiempo con amigas después de la escuela, contemplar una puesta de sol al aire libre, todas comunes hace apenas dos décadas, ya no son seguras. Participar en estos pasatiempos pone a las mujeres en riesgo de ser desaparecidas o asesinadas.

Aunque México cuenta con leyes para abordar la violencia contra las mujeres, se puede hacer mucho más. En particular, instituciones mexicanas como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres deben colaborar y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que están en contacto diario con las sobrevivientes de violencia en áreas bajo el dominio de grupos criminales. Estas organizaciones se han ganado la confianza de las mujeres y, con un apoyo adecuado del Estado, son las mejor posicionadas para ser aliadas efectivas en la promoción de su seguridad.

El caso de Zacatecas

El auge de los grupos criminales ha puesto en peligro la seguridad pública en gran parte de México. El estado de Zacatecas, en la región centro-norte, ha estado plagado de violencia durante al menos quince años. La ubicación del estado a lo largo de una red de carreteras y vías férreas lo ha convertido en un sitio codiciado por las bandas que operan rutas de tráfico: Crisis Group calculó en 2020 que alrededor de cinco grupos armados estaban activos en Zacatecas. Desde 2010, han estallado feroces batallas en las zonas rurales de Zacatecas, así como en la capital entre el Cartel del Golfo, los Zetas, la Familia Michoacana y el Cartel del Milenio, y, más recientemente, entre los carteles de Sinaloa, Noreste, Golfo, Talibanes y Jalisco Nueva Generación.

Ha habido un aumento paralelo de la violencia: en los últimos años, Zacatecas ha tenido la cuarta tasa de homicidios más alta de los treinta y dos estados mexicanos. En promedio cuatro personas fueron asesinadas cada día en 2021 y otras dos desaparecieron. Según la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el ochenta y un  por ciento de los homicidios registrados en Zacatecas está relacionado con el crimen organizado. La violencia en contra de las mujeres también ha aumentado. Por ejemplo, las tasas de desaparición de mujeres en el estado aumentaron en un cincuenta por ciento en 2022. En Zacatecas, y en México en general, la mayoría de las mujeres desaparecidas tienen entre diez y diecinueve años.

Hay varias razones que ayudan a explicar por qué el aumento de los enfrentamientos criminales desencadena más violencia contra las mujeres jóvenes. Los grupos criminales emplean la violencia de forma rutinaria, exacerbando las condiciones en las que se produce la violencia de género y permitiendo su proliferación. Estos grupos también operan a menudo redes de tráfico de migrantes y trata de personas, y obligan a mujeres a trabajar en la industria del sexo y otras formas de explotación. Las mujeres jóvenes son particularmente vulnerables a estas redes de tráfico. La proliferación de armas de fuego, que en muchos casos provienen de EE. UU., también aumenta las tasas de homicidios y feminicidios.

La respuesta automática del gobierno al aumento de la inseguridad se ha basado en gran medida en el despliegue de soldados. Sin embargo, el ejército no ha logrado mejorar la seguridad pública en Zacatecas. Hay una fuerte presencia militar en el estado: en 2011 se construyeron dos bases militares y, según la SEDENA, en 2022 había 3 983 militares operando en el estado, incluidos miembros de la Guardia Nacional, así como 2 509 policías federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero la violencia criminal no ha disminuido y la presencia de las fuerzas armadas no es bien recibida por todas las mujeres locales. Lorena, una participante de veintiocho años en el grupo de discusión, explicó:

Como [los militares] están en todos lados, lo que más me preocupa es gustarle a uno de ellos. Van por ahí sintiéndose dueños de todo y te hacen sentir que son los dueños, se te quedan mirando así, con morbo. ... Por eso siempre que tengo que pasar por su lado, bajo la mirada e intento casi que volverme invisible, porque si les gustas, ya eres suya. Es lo mismo que con los narcos, pero ellos tienen licencia para hacer lo que quieran contigo.

Las reformas constitucionales introducidas en el sistema de justicia penal en 2008 hicieron posible que las fuerzas armadas detengan a personas consideradas sospechosas en función de criterios como su apariencia, el lugar al que viajan o la hora del día, lo que en esencia les dio licencia para realizar detenciones arbitrarias. Las mujeres detenidas por los militares corren especial riesgo. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, la SEDENA es la fuerza estatal más propensa a recurrir a la tortura contra detenidos, en especial las personas acusadas de participar en el crimen organizado, antes de que comparezcan ante un juez. Aunque tanto hombres como mujeres son objeto de abusos, las violaciones contra las mujeres tienden a ser de naturaleza sexual: el veintiún por ciento de las mujeres detenidas por los militares denunciaron acosos sexuales, desnudez forzada, tocamientos, manoseos, intentos de violación o amenazas de violación, mientras que el nueve por ciento denunciaron haber sido violadas. Las proporciones entre los hombres detenidos por los militares fueron más bajas, del siete y el tres por ciento, respectivamente.

La violencia criminal y la creciente presencia de militares también han puesto en peligro la labor de colectivos feministas que prestan servicios como acompañar a mujeres a clínicas de aborto y albergar a sobrevivientes de violencia doméstica en Zacatecas. Muchas de las integrantes de estos grupos migran a la capital del estado en busca de seguridad, sólo para descubrir que allí tampoco están seguras. Integrantes de colectivos y organizaciones que trabajan en favor de las mujeres sobrevivientes de violencia denuncian recibir amenazas a diario. Alina, de treinta y cinco años, trabajadora social de una organización civil local que ofrece protección a víctimas de violencia doméstica, habló sobre el acoso que enfrenta su grupo.

Estamos muy desprotegidas. Aquí todo el mundo sabe dónde están los refugios de mujeres víctimas de violencia doméstica. Entonces es fácil para los agresores venir y amenazarnos. Ha pasado varias veces, y con mucho dolor tengo que dejar ir a la mujer con su agresor porque tengo la responsabilidad de proteger no sólo a las otras mujeres que están en el refugio, sino también al equipo. El trabajo es muy duro. No sólo es acompañar y sostener a las mujeres que tienen unas historias muy dolorosas y atraviesan situaciones de mucha vulnerabilidad, sino además lidiar con la falta de recursos, los bajos salarios y las amenazas que son algo de todos los días. Hay mucho desgaste en el equipo y muchas deciden renunciar, pues sienten que ponen en riesgo sus vidas.

Viviendo con miedo

La mayoría de las mujeres que participaron en los talleres tenían experiencias personales con la pérdida de una amiga o familiar a causa de la violencia. Siete de cada diez mujeres dijeron que sus amigas, compañeras de escuela, hijas, hermanas o vecinas habían sido desaparecidas, secuestradas o asesinadas. Estas pérdidas marcaron un punto de inflexión en sus vidas. Los desgarradores relatos personales muestran que esta violencia no sólo afecta las vidas de las mujeres desaparecidas o asesinadas, sino también las de sus familiares, amigas y vecinas.

Pilar, una estudiante universitaria de veintitrés años, quedó profundamente afectada por la forma en que se enteró de la muerte de una amiga cercana.

A mi mejor amiga la levantaron [la secuestraron]. … Salió a hacer unas compras al centro y no llegó. [Las autoridades] preguntaron mucho si sabía algo porque andábamos juntas siempre. ... Me sentí sospechosa, como que tenía que saber algo. ... Al mes, me llegó a la casa un paquete, era su brazo. Lo reconocí porque tenía un tatuaje. ... Yo estuve en shock como una semana, no podía comer, ni dormir. ... Sólo pensaba quien podía haberle hecho algo así a L. y por qué me habrían enviado su brazo. Los vecinos murmuraban que andábamos en malos pasos, pero la verdad es que sólo nos gustaba la fiesta, no andábamos en nada. ... Era horrible lidiar, además de todo, con los chismes. ... Mis papás me mandaron unos meses con una tía. Allá me intenté suicidar y entonces me regresaron.

Las participantes estaban traumatizadas después de estas instancias violentas. Muchas manifestaron sufrir depresión y ataques de pánico. Algunas abandonaron la escuela o se vieron obligadas a mudarse. Pero a pesar de que los ataques contra mujeres son comunes, a las amigas y familiares de las víctimas les resulta difícil hablar sobre estos asesinatos y desapariciones; les preocupa hacer que las demás personas a su alrededor se sientan incómodas o asustadas. Así pues, las mujeres en Zacatecas suelen soportar condiciones intimidantes, a menudo aterradoras, en un aislamiento profundo.

Las universidades y otras instituciones hacen poco para abordar los problemas de salud mental que enfrentan las mujeres a raíz del constante abuso. Además, las instituciones de educación superior parecen reacias a exigir justicia por actos de violencia o apoyar a las estudiantes afectadas por las agresiones. El testimonio de Sofía, una estudiante universitaria de ventiún años es revelador.

En 2019 asesinaron a una compañera de la facultad, aquí mismo en la universidad. Yo estaba en clase. ... Fue horrible. Después de eso la universidad ni siquiera se pronunció. ... Aquí es como hacer de cuenta que no pasa nada. Era mi amiga y fue difícil seguir viniendo, pasar por las escaleras donde aún estaba su sangre. ... Todavía ahora me cuesta pasar por ahí.

Las mujeres que participaron en los talleres reconocieron que la exposición constante a la violencia las había llevado a adaptar sus rutinas diarias para reducir la posibilidad de convertirse en la próxima víctima. El miedo a ser “levantadas”, es decir, sacadas a la fuerza de un espacio público o incluso de una escuela o casa, se ha vuelto habitual en las conversaciones entre amigas y familiares. Las mujeres dijeron que se preocupan por mantener informados a sus círculos sociales de su paradero. Han escuchado historias de desapariciones que se hacían pasar como resultado de una decisión personal, y no quieren que la gente o las autoridades digan: “Seguro se fue con el novio” (una respuesta común que revela una profunda desconfianza hacia las mujeres) si ellas también llegan a ser secuestradas y asesinadas. “Yo le he dicho a mi mamá que mi plan siempre va a ser volver a casa. … Nunca me iría sin decirle nada”, dijo una participante del taller que acababa de cumplir dieciocho años.

Deficiencias institucionales

A pesar de que en las últimas dos décadas México ha desarrollado un marco legal y regulatorio bastante completo para castigar la violencia contra las mujeres, no ha tenido un impacto perceptible. La amenaza sigue siendo fuerte y el nivel de impunidad es alto. El país cuenta con fiscalías especializadas en delitos de violencia contra la mujer y Centros de Justicia para las Mujeres, pero suelen carecer de personal y recursos. Atienden de 9 am a 5 pm y, a diferencia de otras fiscalías, no lo hacen los fines de semana. También suelen estar ubicadas lejos de los centros de las ciudades, lo que dificulta el acceso de muchas mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Además, se enfocan casi exclusivamente en identificar y procesar a los culpables, sin procurar una adecuada protección a las mujeres denunciantes ni garantizar que las violencias no se repitan.

Las mujeres que participaron en el taller dijeron sentirse investigadas y juzgadas cuando intentaban presentar una denuncia penal, y que su comportamiento era tenido en cuenta como una posible causa de la violencia que habían sufrido. Dijeron que las fiscalías tienden a recurrir a estereotipos de género que clasifican a las mujeres como “buenas” o “malas” víctimas. Las buenas víctimas son aquellas que se ajustan a los estereotipos de género en la medida en que son sumisas, no beben alcohol ni consumen sustancias ilícitas, no salen de noche, no se relacionan con posibles delincuentes, no visten de forma demasiado llamativa ni tienen conflictos con vecinos o familiares.

Otra iniciativa del gobierno destinada a proteger a las mujeres fue la creación de las Alertas de Violencia de Género. Las alertas, que se establecieron bajo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2017, obligan a las autoridades locales, estatales y federales a trabajar de manera coordinada para enfrentar los feminicidios en regiones geográficas particulares. Actualmente, más de la mitad de los estados mexicanos cuentan con una alerta; como resultado, han recibido fondos federales para apoyar iniciativas locales y capacitar funcionarios. Los gobernadores están a cargo de asignar estos recursos, pero hay poca transparencia en cómo se utilizan los fondos. A las organizaciones locales de mujeres en su mayoría no se les ha permitido opinar sobre la asignación de dichos fondos, a pesar de que estos colectivos son los que han recopilado los datos relevantes y exigido la declaración de alertas locales. El efecto neto es que las Alertas de Violencia de Género generalmente no han logrado prevenir los feminicidios. Para 2021, los recursos para la implementación en estados y municipios habían sido reducidos.

Autoprotección

Dados los graves peligros a los que se enfrentan y la limitada protección que puede ofrecerles el Estado, las mujeres de Zacatecas, y de México en general, han tomado cartas en el asunto. Todas las participantes del taller dijeron que comparten su ubicación y viajes a través de una aplicación de su móvil y se reportan al llegar a casa. Algunas cuentan con protocolos de acción en caso de no reportarse en un lapso de doce horas. Otras se han unido a grupos de defensa personal para recibir capacitación sobre cómo responder ante un eventual ataque.

Muchas también han salido a las calles para exigir justicia. La manifestación del 8 de marzo de 2023 en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Zacatecas congregó a más de 10 mil mujeres, testimonio de que las mujeres no se resignan a permanecer encerradas en sus casas, viviendo atemorizadas bajo custodia masculina. “Lo que me da esperanza”, dijo Mónica, activista feminista de Zacatecas, “es que cada vez somos más y más. Cada vez más jóvenes que se acercan a los colectivos, que quieren saber más, tienen esa rabia en los ojos, ese impulso”.

“Por eso digo ‘mientras haya rabia, habrá esperanza’ ”, concluyó.

Otra forma en que las mujeres se organizan para responder a la violencia criminal es integrándose en colectivos de madres, esposas o familiares de personas desaparecidas conocidos como buscadoras. Mientras el Estado hace poco por identificar a las mujeres desaparecidas, estos grupos buscan cuerpos en fosas clandestinas que son reportadas de forma anónima a través de sus redes sociales. No sólo mantienen archivos sobre las desaparecidas, sino que también presionan a las autoridades para que identifiquen los restos recuperados. Estos esfuerzos, sin embargo, las exponen a represalias criminales. En 2022, cinco buscadoras fueron asesinadas en varios puntos de México.

En Zacatecas hay al menos cinco grupos de buscadoras. Todos los domingos, las mujeres, en su mayoría madres y esposas de personas desaparecidas, se reúnen para tejer un gran tapiz rojo, en remembranza del derramamiento de sangre causado por los feminicidios y las desapariciones en el estado. Mientras tejen, comparten historias de sus seres queridos desaparecidos, los resultados de sus reuniones con funcionarios del gobierno y sus nuevos planes. Las campañas de las buscadoras han sido fundamentales para lograr avances jurídicos e institucionales en la lucha contra la crisis de las desapariciones en México, incluida la aprobación de varias leyes que tienen como objetivo la protección de las mujeres que han sido desaparecidas.

Más allá de la justicia

Atroces actos de violencia, ya sean homicidios, feminicidios o desapariciones, se han vuelto cotidianos en México. Hasta que los esfuerzos por mejorar la seguridad y acabar con la impunidad no den fruto, las mujeres seguirán viviendo entre el miedo y la violencia, reconfigurando sus vidas mientras intentan preservar su seguridad. Esto no sólo limita su libertad de circulación, sino que priva a la sociedad en general de su plena participación en la configuración de la vida política y social de México.

Hay pasos que el gobierno mexicano puede tomar para proteger a las mujeres que viven en zonas de conflicto. Apoyar a los colectivos de buscadoras; financiar programas comunitarios con un alto nivel de participación de mujeres; proporcionar recursos para atender las necesidades de salud mental de las mujeres, y crear espacios públicos donde las mujeres puedan hablar sobre cómo viven la violencia criminal serían medidas bienvenidas. También lo sería mejorar la atención a las sobrevivientes de violencia. Facilitar que las mujeres obtengan justicia por los delitos cometidos en su contra o contra sus familiares es obviamente importante, como lo es combatir las redes de corrupción y connivencia dentro del Estado. Pero también lo es abordar el silencio en torno a la violencia contra las mujeres. Eso también es importante para las mujeres mexicanas que intentan sobrevivir en el núcleo de la ola criminal del país.

Esta pieza fue escrita con el apoyo de Sara Velázquez Moreno.