Briefing / Latin America & Caribbean 28 Mayo 2013 3 minutes Justicia en el cañón de un arma: las milicias civiles en México Share Facebook Twitter Correo electrónico Linkedin Whatsapp Guardar Imprimir Download PDF Full Report Also available in English Español English Panorama general Una rápida expansión a comienzos de 2013 de milicias civiles–grupos de civiles armados que dicen combatir el crimen- ha creado una tercera fuerza en la violencia entre cárteles en México. Algunos de estos grupos de civiles armados están conformados por ciudadanos bien intencionados que han detenido a cientos de presuntos delincuentes. Sin embargo, representan un desafío al monopolio imprescindible del gobierno sobre el uso de la fuerza para impartir justicia. En tanto que las milicias se expanden, también existe la preocupación de que algunas están siendo utilizadas por los grupos criminales para combatir a sus rivales y controlar territorio. El gobierno de Peña Nieto debe desarrollar una política congruente para lidiar con los grupos de civiles armados, para que así se pueda trabajar con los auténticos proyectos de policía comunitaria y al mismo tiempo pueda contener la expansión continua de grupos armados irregulares; esto también exige demostrar que el Estado está preparado para restaurar la ley y el orden por sí solo. Si el gobierno deja de hacer frente a este asunto, las milicias civiles se podrían esparcir a través del territorio mexicano, desencadenando más violencia y erosionando aún más el Estado de Derecho. El Presidente Peña Nieto debe enfrentar a cárteles despiadados y bien armados que imperan en algunas zonas del país, así como a los problemas derivados de la falta de coordinación entre los cuerpos de seguridad a nivel nacional, estatal y municipal, así como a un legado de impunidad. La presencia gradual de milicias civiles en al menos nueve de los 31 estados, desde cerca de la frontera con Estados Unidos hasta el sureste, sin embargo, añade otro peligroso nivel de complejidad al desafío de seguridad. Su epicentro, en el que este boletín se enfoca, está en los estados del Pacífico de Guerrero y Michoacán, en donde miles de hombres armados han sido partícipes de una serie de organizaciones civiles armadas. Ha habido más de 30 asesinatos desde enero de 2013, cometidos por o en contra de los grupos de civiles armados, y estos estados se han convertido en zonas de inseguridad cada vez más preocupantes. Mientras que los asesinatos relacionados con grupos de civiles armados representan sólo una fracción de los más de 5,000 asesinatos relacionados con los cárteles que se han llevado a cabo en México durante los primeros cinco meses del gobierno de Peña Nieto, la inquietud recae en que este nuevo tipo de violencia podría extenderse al resto del territorio. La violencia coincide con una serie de protestas en contra de reformas gubernamentales en estos estados, que incluye bloqueos de carreteras y saqueos a camiones de reparto de alimentos como parte de un reto mayor a la autoridad. El gobierno emprendió una importante estrategia de seguridad en Michoacán en mayo que ha debilitado la presencia de grupos civiles armados en el lugar, por lo menos en el corto plazo. En Guerrero, el gobierno estatal ha llegado a acuerdos con algunos de los líderes de las milicias civiles en un intento por aminorar su impacto. Sin embargo, algunos grupos de civiles armados siguen activos y varios de los problemas centrales de inseguridad que llevaron a su formación siguen sin ser resueltos. El asunto de las milicias civiles se complica por el hecho de que muchas comunidades, particularmente indígenas, tienen una tradición de policía comunitaria que data de siglos atrás. Muchos de estos grupos han mostrado tener éxito y demostrado estrategias legítimas de seguridad. Sin embargo, cuán lejos pueden llegar estos grupos comunitarios en portar armas e impartir justicia es legalmente ambiguo. Además, muchas de estas nuevas milicias copian el lenguaje y demandan los mismos derechos que las policías comunitarias, incluso cuando no provienen de una tradición local o no están arraigadas en comunidades indígenas. El gobierno debe trabajar con una policía comunitaria auténtica y no armada, así como definir claramente los parámetros sobre lo que pueden y no pueden hacer. Algunas reglas pueden ser creadas sobre la base de los lineamientos que están siendo desarrollados bajo las leyes estatales y federales o expandiendo los acuerdos que actualmente están siendo elaborados entre los gobiernos estatales y los líderes comunitarios. En algunos casos, el gobierno debe requerir el desarme de los grupos civiles armados; y en otros, debe ser firme al arrestar y enjuiciar a los civiles armados con vínculos criminales. Pero el gobierno también debe mejorar la seguridad de manera significativa en todas las comunidades en donde se han formado estas milicias civiles. Muchos habitantes han tomado las armas porque el Estado les ha fallado en garantizarles protección. El clamor por la seguridad es legítimo; pero la justicia trabaja mejor a través de instituciones estatales y funcionales que a través de los cañones de fusiles privados. Ciudad de México/Bogotá/Bruselas, 28 de mayo de 2013 Download pdf to continue reading the full report I. Overview A rapid expansion in 2013 of vigilante militias – civilian armed groups that claim to fight crime – has created a third force in Mexico’s ongoing cartel-related violence. Some of these militias contain well-meaning citizens and have detained hundreds of suspected criminals. However, they challenge the government’s necessary monopoly on the use of force to impart justice. As the militias spread, there is also concern some are being used by criminal groups to fight their rivals and control territory. The Peña Nieto administration needs to develop a coherent policy for dealing with the vigilantes, so that it can work with authentic community policing projects while stopping the continued expansion of unregulated armed groups; this also requires demonstrating that the state has sufficient capacity to restore law and order on its own. If the government fails to deal with this issue, militias could spread across the country, triggering more violence and further damaging the rule of law. President Peña Nieto had expected to have to cope with the well-armed, ruthless cartels that dominate portions of the country, as well as the problems presented by uncoordinated national, state and municipal law enforcement bodies and a legacy of impunity. The appearance of a growing number of armed groups in at least nine of the 31 states, from close to the U.S. border to the south east, however, has added another dangerous level of complexity to the security challenge. Their epicentre, on which this briefing concentrates, is in the Pacific states of Guerrero and Michoacán, where thousands of armed men participate in a range of vigilante organisations. There have been more than 30 killings there since January 2013, either by or against the vigilantes, and they have become increasingly worrying hotspots of insecurity. While the vigilante killings are still only a fraction of the more than 5,000 cartel-related murders that took place across Mexico in the first five months of Peña Nieto’s administration, the concern is that this new type of violence could expand across the land. The violence has coincided with protests against government reforms in these states, including road blockades and looting of food trucks that are part of a broader challenge to authority. The government launched a major security offensive in Michoacán in May that has weakened the militia presence there, at least in the short term. In Guerrero, the state government has made agreements with some militia leaders in an attempt to lessen their impact. However, various vigilante groups are still active, and some of the core problems of insecurity that led to their presence are unresolved. The vigilantism issue is complicated by the fact that many communities, particularly indigenous, have a centuries-old tradition of community policing. Many groups have shown themselves to be successful and have demonstrated legitimate ways of providing security. However, it is legally ambiguous how far such community groups can go in bearing arms and imparting justice. Furthermore, many of the new militias copy the language and claim the same rights as these community police, even though they do not come from a local tradition or are not even rooted in indigenous communities. The government needs to work with the authentic and unarmed community police and clearly define the parameters of what they can and cannot do. Some rules can be established on the basis of guidelines that are being developed under state and federal laws or by expanding agreements being worked out between state governments and community leaders. In some cases, the government needs to require the disarmament of vigilante groups; in yet others, it needs to more aggressively detain and prosecute militias with criminal links. But the government also needs to significantly improve security in all the communities where militias have been formed. Many residents have taken up arms because the state has systematically failed to protect them. The clamour for security is legitimate; but justice is better served through functional state institutions than the barrels of private guns. Mexico City/Bogotá /Brussels, 28 May 2013 Related Tags More for you Briefing / Miedo, mentiras y lucro: el uso de redes sociales por los grupos criminales en México Also available in Also available in English Report / Socias en el crimen: el ascenso de las mujeres en los grupos ilegales mexicanos Also available in Also available in English