Report / Middle East & North Africa 3 minutes

Sáhara Occidental: el costo del conflicto

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Resumen Ejecutivo

El conflicto del Sáhara Occidental es uno de los más antiguos del mundo, al mismo tiempo que uno de los más desatendidos. Más de 30 años después de que empezara la guerra, del desplazamiento de grandes masas de población y del cese del fuego en 1991 que congeló las posiciones militares, su terminación se vislumbra todavía lejana. Esto se debe, en gran medida, al hecho de que para la mayor parte de los actores –Marruecos, Argelia y el Frente Polisario, así como algunos países occidentales– el statu quo ofrece ventajas que podrían verse perjudicadas si se llegara a una solución. Pero el conflicto tiene costos humanos, políticos y económicos, así como víctimas reales, no sólo para los países directamente implicados y la región, sino también para la comunidad internacional en general. Es importante reconocer esto, si se quiere crear una nueva dinámica para la resolución del conflicto.

Con base en sus propios cálculos, las partes han juzgado de aceptable la situación de estancamiento. Como resultado, el conflicto se ha convertido en uno de esos “congelados” que llaman poco la atención y que no instan a llegar a un compromiso. Los costos estimados parecen muy inferiores a los costos de una solución que perjudicaría a alguna de las partes. Para Marruecos, una solución desfavorable podría tener consecuencias internas muy serias, pues la monarquía ha convertido el tema en una poderosa fuerza de unidad nacional y en un medio para controlar la amenaza que plantean los partidos políticos y el ejército para su gobierno.

Una solución desfavorable para el Frente Polisario podría llevar a la desaparición de dicho movimiento como organización política y forzarlo a llegar a un acuerdo con los notables saharauis que hace bastante tiempo hicieron las paces con Marruecos. También significaría que los refugiados saharauis en la ciudad argelina de Tindouf habrían vivido 30 años en campamentos inútilmente. Para Argelia, implicaría la pérdida de peso político en sus relaciones con Marruecos, y la derrota de principios que ha defendido desde hace más de tres decenios.

Sin embargo, estos cálculos no tienen en cuenta el precio elevado que todos –los estados, pero también, y sobre todo, la población– están pagando. Los saharauis que viven en los campamentos de Tindouf han aguantado el exilio, el aislamiento y la pobreza; cada día se sienten más abandonados por la comunidad internacional; viven bajo la autoridad de una estructura estatal en el exilio (el Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática) que apenas se puede llamar democrática y cuyos líderes parecen estarse enriqueciendo malversando la ayuda que les envían. El Frente Polisario también ha tenido que afrontar el descontento creciente de sus bases, cuya moral y unidad se están debilitando tras años de estancamiento.

Los saharauis que viven en el 85 por ciento del territorio controlado por Marruecos disfrutan de mejores condiciones materiales, sobre todo gracias a inversiones importantes realizadas por el reino. Sin embargo, les es casi imposible expresar opiniones que no sean pro marroquíes. Rabat reprime violentamente cualquier reclamo de independencia y recurre a la tortura y a detenciones arbitrarias, a menudo contra activistas de los derechos humanos. En repetidas ocasiones ha impedido visitas de delegaciones internacionales deseosas de observar la situación, y con frecuencia expulsa a periodistas extranjeros. Mediante los numerosos beneficios que ofrece, Rabat atrae a poblaciones del norte de Marruecos hacia el Sáhara Occidental, y como resultado, los saharauis muy pronto serán minoritarios en esa área, lo cual les confiere una fuerte sensación de desposesión.

En general, los marroquíes también han tenido que soportar altos costos. Cientos de soldados de Marruecos han sido capturados y torturados por el Frente Polisario. La mayor parte ha permanecido mucho tiempo en prisión. Los marroquíes también han tenido que sobrellevar un exorbitante costo financiero (presupuesto militar, inversión en las “provincias del sur”, beneficios tributarios y salarios más elevados para funcionarios públicos) que ha ido en desmedro del desarrollo nacional, una situación especialmente seria dado que la pobreza en las zonas de tugurios corre el riesgo de impulsar un movimiento islámico salafi.

En lo que respecta a Argelia, los costos han sido principalmente financieros (desde ayuda para los refugiados hasta donación de equipo militar para el Frente Polisario) y diplomáticos (este compromiso a veces ha sido a costa de otros intereses), pero dichos costos también se tienen que medir en términos de la persistencia, en su frontera occidental, de una fuente importante de tensión. Mauritania pagó un precio por el conflicto saharaui con el golpe de Estado de 1978 que inauguró un prolongado período de inestabilidad institucional, y el tema sigue siendo una fuente potencial de inestabilidad para Nouakchott.

El costo global de este conflicto también es muy elevado para la región en su conjunto, en la medida en que entorpece el desarrollo de la Unión del Magreb Árabe, ocasionado demoras en la integración económica, escasa inversión extranjera y tasas de crecimiento más bajas. Tal vez lo más grave es el hecho de que la mala administración del área comprendida entre el Sáhara Occidental, el norte de Mauritania y el suroccidente de Argelia se haya convertido en una zona de tráfico ilegal (drogas, personas y múltiples formas de contrabando) que sufre de falta de cooperación en materia de seguridad. Por último, las Naciones Unidas están profundamente desacreditadas por su actitud frente a este conflicto, mientras que invierten cuantiosas sumas de dinero en una fuerza de observación y en ayuda económica.

Este informe describe el costo humano, social, económico, político y de seguridad que las partes deben reconocer si quieren poner fin a un conflicto tan prolongado. Otro informe de Crisis Group, publicado simultáneamente, analiza la manera en que se podría desarrollar una nueva dinámica que permita dar el giro diplomático necesario.

El Cairo/Bruselas, 11 junio de 2007

Executive Summary

The Western Sahara conflict is both one of the world’s oldest and one of its most neglected. More than 30 years after the war began, the displacement of large numbers of people and a ceasefire in 1991 that froze military positions, its end remains remote. This is substantially due to the fact that for most of the actors – Morocco, Algeria and the Polisario Front, as well as Western countries – the status quo offers advantages a settlement might put at risk. But the conflict has human, political and economic costs and real victims: for the countries directly concerned, the region and the wider international community. This is important to acknowledge if a new conflict-resolution dynamic is to be created.

Based on their own calculations, the parties have deemed the stalemate bearable. As a result, the conflict has become one of those “frozen” ones that draw scant attention or engagement. The estimated costs appear far lower than the costs of a solution that would be detrimental to one party or another. For Morocco, an unfavourable settlement could have very serious domestic consequences since the monarchy has turned the issue into a powerful force for national unity and a means to control the threat to its power from political parties and the army.

An unfavourable settlement could mortally wound the Polisario as a political organisation and force it to compromise with the Sahrawi notables who have made their peace long ago with Morocco. It would also mean that the Sahrawi refugees in the Algerian city of Tindouf would have lived 30 years in camps for nothing. For Algeria, it would involve the loss of leverage in relations with Morocco and the defeat of principles it has defended for over three decades.

And yet, these calculations ignore the very heavy price that all – states, but also and above all, peoples – are paying. The Sahrawis who live in the Tindouf camps have to put up with exile, isolation and poverty; day after day they feel increasingly deserted by the international community. They live under the authority of an exiled state structure (the Polisario and its Sahrawi Arab Democratic Republic) that is barely democratic and whose leaders are suspected of enriching themselves by embezzling aid. The Polisario also has to face the increased discontent of a base whose morale and unity are weakening after years of stagnation.

Those Sahrawis who live on 85 per cent of the territory controlled by Morocco enjoy better material conditions, in particular thanks to important investments made by the kingdom. However, it is almost impossible for them to express opinions that are not pro-Moroccan. Rabat violently stifles any claim of independence, frequently resorting to torture and arbitrary arrests, including against human rights activists. It has repeatedly prevented visits by international delegations wishing to observe the situation and has frequently expelled foreign journalists. Through the numerous benefits it grants, Rabat attracts populations from the north of Morocco to Western Sahara with the effect that the Sahrawis will very soon be a minority in that area, giving them a strong sense of dispossession.

Moroccans as a whole have also had to bear heavy costs. Hundreds of Moroccan troops have been captured and tortured by the Polisario. Most have remained in prison for a long time. Moroccans also have to shoulder an exorbitant financial cost (military budget, investment in the “Southern provinces”, tax breaks and higher salaries for civil servants) that has hampered national development – a situation all the more serious since poverty in the country’s slums is generating momentum for a Salafi Islamist movement.

For Algeria, costs have been primarily financial (from aid to refugees and donation of military equipment to the Polisario) and diplomatic (with this commitment sometimes at the expense of other interests), but also have to be measured in terms of the continuing existence on its western border of a major source of tension. Mauritania paid a price for the Sahrawi conflict with the 1978 coup, which ushered in a long period of institutional volatility, and the issue remains a potential source of instability for Nouakchott.

The overall cost of this conflict is also very high for the region as a whole, since it hinders the development of the Arab Maghreb Union, generating delays in economic integration, low foreign investment and slower rates of growth. Perhaps more serious is the fact that the badly governed area covering Western Sahara, Northern Mauritania and South West Algeria is becoming a zone of trafficking (drugs, people and multiple forms of contraband) that suffers from lack of security cooperation. Finally, the UN has been thoroughly discredited by its attitude in this conflict, while the international community has to pay large sums for an observation force and economic aid.

This report describes the human, social, economic, political and security price the parties need to acknowledge if they are to end the protracted conflict. A companion Crisis Group report issued simultaneously, Western Sahara: Out of the Impasse, analyses how a new dynamic might be developed that could produce the necessary diplomatic breakthrough.

Cairo/Brussels, 11 June 2007

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