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Haití después del terremoto: la seguridad depende del reasentamiento y el desarrollo
Haití después del terremoto: la seguridad depende del reasentamiento y el desarrollo

Haití después del terremoto: la seguridad depende del reasentamiento y el desarrollo

Panorama General

Un año y medio después de que el terremoto que más víctimas ha cobrado en el hemisferio occidental devastó a Haití, en los más de 1.000 campamentos inestables de Puerto Príncipe  650.000 víctimas siguen a la espera de que las reubiquen en viviendas más permanentes. Las primeras tormentas de la temporada de huracanes de 2011 inundaron 30 campamentos, forzando a sus moradores a huir y dejando un saldo de 28 muertos en el país. Michel Martelly, quien reemplazó a René Préval en la Presidencia el 14 de mayo, enfrenta una crisis inmediata debido a la creciente frustración de las víctimas en los campamentos y de las personas que padecen necesidades insatisfechas casi idénticas en los sectores urbanos pobres. Los desalojos forzados, algunos de ellos violentos, y la reaparición de las bandas delictivas en los campamentos y los barrios deprimidos agravan esta incierta situación. Para restaurar la estabilidad, el primer desafío fundamental que tendrá que afrontar el nuevo presidente en relación con la reconstrucción es la adopción, divulgación y puesta en marcha de una estrategia integral de reasentamiento, con la plena colaboración de las víctimas y las comunidades locales. Esto también pondrá a prueba la capacidad para emprender una acción internacional mancomunada que vaya más allá del socorro de la emergencia, luego de un año de divisiones contraproducentes entre el equipo de las Naciones Unidas en el país y los donantes con respecto a la estrategia de reasentamiento.

Después de unas elecciones difíciles, Haití debe prestar atención prioritaria a la reconstrucción nacional: reubicar a las víctimas del terremoto, retirar los escombros y reconstruir los barrios. La catástrofe de 2010 dejó un saldo de más de 250.000 muertos y forzó a cerca de 1,5 millones de personas a instalarse en campamentos. La falta de una política uniforme de reasentamiento ha obstaculizado el progreso prometido en materia de descentralización, renovación económica y reducción de la vulnerabilidad de las comunidades urbanas sobrepobladas. Los barrios que desde hace decenios han sido víctimas de la construcción anárquica y de la poca o nula titulación de tierras y zonificación, siguen siendo altamente vulnerables a los desastres naturales. Los desalojos, sin las debidas garantías procesales y sin alternativas de vivienda viables, han forzado un masivo retorno sin planificación, inclusive a tugurios de Puerto Príncipe en donde se han levantado tiendas de campaña y casuchas  en o cerca de las viejas casas  y han ido brotando espontáneamente nuevos campamentos. Cerca de la mitad de los desplazados han permanecido en los campamentos originales, sin una visión clara del futuro y sintiendo un descontento cada vez mayor frente a la violencia en aumento. Hacer frente al problema de esos campamentos vulnerables es uno de los principales desafíos de la reconstrucción, con implicaciones serias para la paz, la estabilidad y la seguridad.

Todos los actores políticos deben crear alternativas de vivienda más seguras y sostenibles en Puerto Príncipe y las zonas contiguas afectadas por el terremoto. Para esto se requiere un programa de reconstrucción nacional descentralizado, como el que figura en el Plan de Acción para la Recuperación y el Desarrollo Nacionales  (PARDN) del gobierno, que recibió el respaldo de la mesa de donantes en marzo de 2010. Sin embargo, fuera de un parque industrial que se ha planeado pero aún no se ha construido en Cap Haïtien, hay pocos indicios de que Haití tenga mejores proyectos de construcción desde que los donantes se comprometieron a aportar más de 5.700 millones de dólares en el plazo de 18 meses  y 10.000 millones a lo largo de diez años para financiar la recuperación. Para administrar esta iniciativa, Haití y los donantes negociaron el establecimiento de una Comisión Interina para la Recuperación de Haití (CIRH), un organismo híbrido cuyo cometido es acelerar la aprobación de los proyectos y coordinar las actividades. La Comisión ha permitido que los donantes y los funcionarios del gobierno intercambien planes, pero el proceso de toma de decisiones y de desembolso por parte de los donantes ha sido más bien lento, sobre todo fuera de la capital. Muchos refugiados han regresado a Puerto Príncipe, exacerbando los problemas de los barrios pobres de la capital, en donde termina reasentándose el grueso de la población que vive en tiendas de campaña.

Si se quiere que la reconstrucción corrija los numerosos desequilibrios que han hecho de Haití un país pobre y propenso a los desastres, la violencia y el conflicto, es fundamental que el gobierno de Martelly formule rápidamente una política de reasentamiento que comprometa a las víctimas y se centre menos en el cierre de los campamentos y más en la construcción de comunidades más estables y menos violentas, y no sólo en la capital. El plan piloto que formuló el gobierno para cerrar seis campamentos y reubicar a sus moradores es un primer paso importante que amerita apoyo, pero deben agregarse pronto al plan los campamentos más vulnerables. Con el fin de avanzar en el reasentamiento de una manera más sostenible, el gobierno y la comunidad internacional deberían:

  • Diseñar, desarrollar y aplicar una estrategia amplia que incluya una moratoria a los desalojos y la celebración de acuerdos con plazos definidos con los dueños de los terrenos donde se encuentran los campamentos; que fomente medios de vida; que promueva la reconstrucción de viviendas con base en mejores prácticas, y que integre la remoción de los escombros y el regreso de los desplazados, al tiempo que se presten servicios tanto en las antiguas comunidades como en las nuevas, paralelamente a la adopción de decisiones y políticas claras en materia de propiedad de la tierra y acceso a ésta.
     
  • Proponer leyes para establecer una autoridad nacional de vivienda y, mientras tanto, crear de inmediato, por decreto, un mecanismo único para planificar, coordinar y aplicar la nueva política por conducto de la secretaría fortalecida del Comité Interministerial para el Desarrollo Territorial (CIAT), bajo la dirección del primer ministro.
     
  • Fortalecer la seguridad en los barrios a los que regresan los desplazados mediante la prestación de servicios de policía de proximidad, con la inclusión de la Policía Nacional de Haití (PNH), en los programas de reasentamiento y el apoyo de la policía de las Naciones Unidas (UNPOL), al tiempo que se trabaja en el establecimiento, tan pronto sea factible, de la policía comunitaria.
     
  • Descentralizar el reasentamiento para darle, junto con la reconstrucción, un enfoque más comunitario mediante el fortalecimiento de los recursos humanos, financieros y materiales de los municipios.
     
  • Acelerar los planes de inversión en las ocho principales ciudades portuarias y las zonas agrícolas aledañas, con el fin de generar empleo y frenar el flujo de migrantes rurales a Puerto Príncipe.
     
  • Planear de inmediato la transición de la CIRH, si es necesario prorrogando su mandato seis meses después de la fecha de finalización prevista en octubre de 2011, con el fin de evitar las deficiencias y demoras en la financiación y la ejecución de los proyectos.
     
  • Cerrar la brecha entre la labor de la CIRH y la labor del gobierno mediante la inclusión de ministros clave en la junta de la Comisión y la modificación de sus procedimientos a fin de promover una aprobación más rápida de los proyectos y una mejor divulgación de las decisiones, en particular entre la población desplazada.
     
  • Proporcionar de inmediato nuevos fondos de donantes o reprogramar la financiación existente para apoyar el reasentamiento de los pobladores de los primeros seis campamentos e ir agregando progresivamente otros, en especial los más vulnerables a las inundaciones.
     
  • Crear con urgencia mecanismos para dar mayor seguridad a la tenencia de la tierra y mejorar los registros de titulación.

 

Haiti Déjà Vu

Originally published in Huffington Post

Borrowing from Yogi Berra, when it comes to elections in Haiti, it is déjà vu all over again. The country's political elite is embroiled once more in a controversy that has delayed parliamentary elections for three years, still arguing over the composition of its electoral council (CEP) and the content of an electoral law.

Secretary of State John Kerry just pulled off a compromise to save Afghanistan's elections from yielding widespread violence. He might considering doing the same in Haiti. Here's why.

The terms of one third of the 30-member Senate were up three years ago and the Senate has been crippled ever since. The second ten Senators' terms will end by the end of this year. So too the terms of the 99-member Chamber of Deputies as well as the 142 mayors and members of local councils. The latter are functioning extra-constitutionally because they should have faced election more than three years ago.
As Crisis Group warned a year ago in its report, Haiti is now facing the specter of an elected president ruling by decree next January because everyone else's terms will have ended. That would not be very democratic and donors will argue that their funds cannot flow to Haiti if that situation occurs.

Who is to blame? The political and economic elite bear a share of the blame. They are the ones who either lead parties, finance candidates, hold office or call the shots from behind the scenes. They have declined to carry out commitments made in more than one church-sponsored dialogue for a compromise CEP and a required electoral law. Some of the current parliamentarians may rightfully fear that they will lose their seats once elections are held.

But they are by no means alone. President Martelly has not been willing to make the compromises required to ensure an election occurs. Some of his coterie seem to be relishing the thought of ruling by decree come next January. The business elite, which finally seems to be coming together to do more than lament the current situation, has allowed the situation to fester.

In the absence of parliament passing an electoral law, President Michel Martelly has gone ahead and set the election date for 26 October by executive decree and the still not fully constituted CEP has set dates for parties and candidates to register. But four of the country's major political movements with perhaps the largest number of supporters refuse to participate arguing that the agreement on a consensus CEP has not been met. They charge that new members named by the President to the CEP have not been the product of a political consensus.

The international community supports a 10-year old UN peacekeeping force and still finances substantial earthquake reconstruction aid for Haiti whose economy and government institutions were fragile even before the earth opened on January 12, 2010. Yet it has failed to harness its political resources to convince Haiti's leaders to hold the required elections.

A civil society and church-managed negotiation -- or more accurately the most recent such effort -- achieved a breakthrough on 19 March when an agreement was reached between President Martelly and a portion of the opposition. However, the agreement did not include the signatures of key opposition parties including Inite, the party of former President Rene Preval; Lavalas, the party of former President Jean Bertrande Aristide; or the traditional opposition parties of OPL and Fusion.

A key point of the El Rancho agreement was the formation of a balanced CEP and its absence is now being argued by the opposition as the justification for abstention. Yet, those parties also seem committed to an illusion that the international community will move to oust Martelly if the opposition does not participate in the elections. That is not going to happen.

High-level US, UN, French, Canadian, and Brazilian leaders, public and private, need to come together again to urge the president and the opposition to agree now on a consensus, balanced CEP and an electoral law. And Secretary of State John Kerry might carry that same message on a visit to Port-au-Prince, which thankfully is a lot closer than Kabul.

Otherwise, there will be no elections in 2014, a president will be ruling by decree in January, street protests and violence will follow, and for the long-suffering people of Haiti, it will be déjà vu all over again.