Déjà vu afgano

El fraude y la violencia serán protagonistas de las próximas elecciones parlamentarias afganas como ya ocurrió en las presidenciales de 2009. Otro proceso fallido solo perjudicaría a las ya muy débiles instituciones democráticas del país. ¿La solución? Por el momento, posponerlas.

Este verano, alrededor de 2.500 afganos gastaron millones de dólares y cientos de horas atravesando algunas de las carreteras más peligrosas del mundo haciendo campaña para ocupar una de las 249 sillas de la cámara baja del Parlamento. En el camino a las elecciones del 18 de septiembre, un gran número, la mayoría mujeres, acabarán seguramente retirándose. Muchos serán atacados de forma violenta, posiblemente asesinados.   
  
Casi todos los candidatos se preguntarán si el riesgo valió la pena. Si el fraude masivo y la violencia desmedida que tuvieron lugar durante las elecciones presidenciales y del consejo provincial del año pasado sirven de guía, la respuesta es no. Otro fracaso de la comunidad internacional al hacer frente a los defectos del sistema electoral, significará el golpe de gracia para las frágiles instituciones estatales de Afganistán y reducirá de manera drástica la posibilidad de realizar algún tipo de progreso.

El despido del general Stanley McChrystal debería servir como advertencia a todos aquellos que subestiman el destructivo poder de la arrogancia en tiempos de crisis. Aunque la Administración Obama ha declarado que va a ceñirse a la estrategia de contrainsurgencia lanzada por McChrystal el año pasado, Washington necesita urgentemente evaluar si Afganistán puede permitirse otro golpe a su estabilidad. Con las elecciones cerca y los niveles de seguridad más bajos que nunca, ya es hora de admitir que la comodidad política que permitió al presidente afgano, Hamid Karzai, el robo de su reelección en 2009, ha dejado de ser factible.

En ausencia de una reforma electoral sustancial y de mayor transparencia, posponer estos comicios de septiembre representa la mejor estrategia posible.

La seguridad se ha deteriorado significativamente desde que los votantes tuvieran que enfrentarse a la amenaza de violencia para poder presentarse ante las urnas en agosto del 2009. El Gobierno ha permanecido bloqueado, atrapado en una amarga disputa entre el Presidente y el Parlamento. A pesar del fraude electoral masivo, que llevó a la Comisión Electoral de Quejas a desechar más de un millón de votos adulterados para Karzai el año pasado, a penas se han llevado a cabo algunas de las necesarias reformas. El sistema de registro de votos es irremisiblemente defectuoso y muchos de los oficiales que instigaron el fraude permanecen todavía en su cargo. La comunidad internacional ha renunciado al poder de veto en la Comisión de Quejas, dejando que los oficiales elegidos a dedo por Karzai influyan en el resultado final de la votación.

Peor aún, los procesos de investigación diseñados para mantener a los criminales reconocidos lejos de las urnas han fracasado ante la presión de los que ostentan el poder. Alrededor de 300 posibles candidatos, sospechosos de dirigir o pertenecer a grupos armados ilegales, hicieron saltar las alarmas de algunos afganos de clase alta. A pesar de sus protestas, la lista final de excluidos por su conexión con organizaciones violentas o armadas, configurada por la comisión de investigación del Gobierno, se limitó, en un principio, a 13 individuos, en un proceso que la Comisión Electoral de Quejas calificó de “discutible”. Al final, tras un prolongado juego político de toma y daca entre los diferentes órganos electorales del país, sólo 31 candidatos fueron excluidos basándose en sus vínculos con grupos armados, dejando a muchos caudillos dentro del proceso electoral. Probablemente, sin una intervención internacional expresa y firme, este tipo de interferencias, nacidas en las altas esferas del palacio presidencial, se seguirán produciendo, impidiendo poner fin a la escalada de violencia. Además, de esta manera, se asegura que sólo candidatos proclives a la intimidación y al soborno puedan ganar.

La comunidad internacional parece haberse resignado al fracaso. Cuando Karzai hizo público en primavera el decreto por el cual se retiraba la mayoría de sus poderes a la Comisión de Quejas, otorgándose a sí mismo autoridad para designar a todos sus miembros, las protestas públicas de los diplomáticos en Kabul fueron mínimas. Afortunadamente, el Parlamento obstaculizó esta medida. Sin embargo, la disposición del resto de los países ante la repetición del fraude y de los errores del año pasado, convierten estos comicios en un amargo episodio de déjà vu.                       

Si ahora la Comisión Electoral de Quejas no consigue articular públicamente su plan para enfrentarse al fraude y para arbitrar las protestas sobre el proceso electoral, es muy probable que la votación de septiembre termine en un auténtico desastre. La reciente decisión de la Comisión Electoral Independiente, de cerrar un total de 900 colegios electorales, sobre todo en el sur y este del país, es una señal alentadora de que esta vez los oficiales afganos y de la coalición están tomándose mucho más en serio la seguridad en las elecciones. Sin embargo, si la seguridad se deteriora y más colegios deben ser cerrados en el último minuto, podría resultar en una privación masiva del derecho al voto. En áreas bajo el control talibán, como Kandahar y Helmand, dos provincias estratégicamente muy importantes, el cierre de estos centros significaría probablemente que miles de ciudadanos no podrían emitir sus votos hacia parlamentarios locales. Este hecho resulta muy preocupante, dado el énfasis que EE UU y la OTAN ponen en sensibilizar a  los gobiernos locales en las provincias con respecto a las necesidades de los afganos.

A pesar de que el precio estimado para los comicios de septiembre, 120 millones de dólares (unos 95 millones de  euros), es sólo la mitad de lo que costaron las presidenciales de hace un año, el impacto de un nuevo proceso electoral fallido tendrá costes políticos muy altos para la estrategia global contrainsurgente.

El escepticismo con respecto a los procesos democráticos está creciendo en el seno de la población afgana. Sin embargo, tanto los sondeos como otras pesquisas, muestran que la mayoría está de acuerdo en que tener algún tipo de poder de decisión sobre cómo y por quién son gobernados es mejor que nada. Reconocen, además, que los miembros del Parlamento son más importantes para preservar los intereses de su día a día que el Presidente o los políticamente endebles consejos provinciales. Si la comunidad internacional no está preparada para garantizar unos comicios no manipulados, entonces la votación programada para septiembre debería ser pospuesta hasta que ciertas reformas puedan ser establecidas. De otra manera, se corre el riesgo de que el resultado del proceso sea una nueva victoria fácil para la insurgencia afgana.