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Bolivia: Rescuing the New Constitution and Democratic Stability
Bolivia: Rescuing the New Constitution and Democratic Stability
Table of Contents
  1. Overview
Todos son culpables del fracaso
Todos son culpables del fracaso

Bolivia: Rescuing the New Constitution and Democratic Stability

President Evo Morales’s efforts to consolidate sweeping reforms on the basis of a controversial new constitution have steered Bolivia into a cul-de-sac.

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I. Overview

President Evo Morales’s efforts to consolidate sweeping reforms on the basis of a controversial new constitution have steered Bolivia into a cul-de-sac. On 8 December 2007, his supporters in the Constituent Assembly (CA) provisionally passed the text by running roughshod over procedures and virtually excluding opposition delegates. Weak attempts to bridge the deepening divide have failed, increasing potential for a violent confrontation both sides still seem to wish to avoid. Openly defying Morales in May 2008, however, Santa Cruz massively approved the department’s autonomy statutes by referendum. Two other eastern lowland departments followed suit, with the fourth expected to do so on 22 June. Morales is pushing for final adoption of the constitution by referendum and a popular vote of confidence. The Organization of American States (OAS), the European Union (EU) and several European countries, and the Group of Friends (Argentina, Brazil and Colombia) should provide good offices to help the government and opposition reach urgent agreement on a revised constitution that can keep the country together.

Bolivia needs both democratic stability and socio-economic progress, but the two camps are currently pursuing zero-sum strategies, and the Constitutional Court is inoperative, unable to serve as an impartial arbiter. It is essential to move away from “duelling referendums” aimed at subduing the other side. Basic consensus is needed regarding the compatibility between departmental autonomy and the several further layers of regional and indigenous autonomies contained in the new constitution and perceived by the eastern lowlands as undermining their economic foundations and administrative competencies; use and distribution among the nine departments and between them and the central government of revenues from the Direct Hydro­carbon Tax (IDH); and the status of the city of Sucre as the constitutional capital but not seat of government.

The government should provisionally stop taking IDH money away from the departments to finance its new pension fund (Renta Dignidad), and discussions about Sucre’s status should be postponed to a later stage. The autonomy question is top priority and must be tackled immediately, including by:

  • holding off final adoption of the new constitution and the referendum on recall of elected public officials;
     
  • establishing a robust forum for renewed political dialogue between the government and President Morales’s ruling Movement toward Socialism (MAS) party on one side and the opposition on the other, by calling on the OAS, the EU and key European countries, and the Group of Friends to provide good offices and financial support;
     
  • focusing within a mutually agreed timeframe on resolving the differences over, and achieving compatibility between departmental, regional and indigenous autonomy;
     
  • finding agreement on an appropriate legal, technical and political framework to amend the draft constitution; and
     
  • tackling the use and distribution of IDH revenues and the capital status of Sucre once the above agreements have been reached and the constitution has been amended accordingly.

 

Bogotá/Brussels, 19 June 2008

Todos son culpables del fracaso

Originally published in La Razón

En su afán por demostrar resultados y evitar una derrota política de última hora, el Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales está arriesgando la estabilidad del país y exacerbando la confrontación entre los bolivianos al aprobar el proyecto de Constitución Política del Estado mediante procedimientos irregulares y en ausencia de la oposición. Es difícil imaginar que la nueva Ley de Leyes será la hoja de ruta y el garante de esta-bilidad del país en los años por venir cuando, al mejor estilo de un juego suma-cero, la mayoría oficialista en la Asamblea Constituyente (AC) aprobó en sólo un par de sesiones y a puerta cerrada, en diciembre del 2007, el texto que había enfrentado y dividido a los 255 asambleístas a lo largo de un año y cuatro meses.

El 2007 podría ser recordado como el año de las oportunidades desperdiciadas, tanto para el MAS como para la oposición que agrupa a Podemos y otros partidos más pequeños, así como a los liderazgos cívicos de la llamada media luna, Cochabamba y Chuquisaca. En efecto, el primer año de funcionamiento de la AC fue despilfarrado en enfrentamientos propiciados por el MAS y sus aliados con el fin de imponer un sistema de votación que beneficiaba los intereses del MAS, la exclusión deliberada de las propuestas de la minoría opositora y la escasa claridad con la que se asumió el compromiso de respetar los resultados del referéndum de autonomías departamentales. A ello se suma la obstinación durante los cuatro meses de prórroga con la que los liderazgos del oriente y la derecha más recalcitrante impulsaron la capitalidad plena de Sucre hasta hacer fracasar los logros que estaban a punto de darse en el comité político, instancia creada para llegar a acuerdos fundamentales y evitar el fracaso de la AC.

Sucre se convirtió en la piedra angular de la batalla por la supremacía política. En su afán por propinar una derrota estratégica al MAS, y quizás buscando también propiciar la caída del presidente Morales, la oposición intransigente instrumentalizó de manera sistemática la reivindicación centenaria de Sucre, a sabiendas de que el traslado de poderes a la Ciudad Blanca era un imposible técnico y financiero para el Estado boliviano. Por su parte, el MAS descartó el debate de la capitalidad con el fin de no perder apoyos en su fortín político del altiplano. De esta manera, actuó en contravía de su feroz defensa del carácter originario de la AC, que habilitaba a los constituyentes a debatir cualquier tema sin talanqueras.

Actualmente, el riesgo más grave es que los radicales de uno y otro bando erróneamente conciban la violencia como la salida a la encrucijada actual. Aún si gana el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución, previsto para dentro de 120 días, el MAS y el Gobierno difícilmente podrán cantar victoria y aspirar a lograr la construcción de una Bolivia más democrática e incluyente. Una parte importante de las fuerzas sociales y políticas del país no se vería reflejada en la nueva Carta Magna y en las profundas y controvertidas reformas que conllevaría, lo cual sin duda le restaría legitimidad. Si la Constitución es rechazada en el referéndum, la gobernabilidad en el país podría quedar seriamente en peligro. En cualquier caso, las acciones de fuerza irremediablemente llevarán a Bolivia al abismo.

En consecuencia, el llamado al diálogo del presidente Morales el 16 de diciembre es un gesto que deben valorar tanto sus aliados como las fuerzas de la oposición para, de forma inmediata, buscar el acercamiento y propiciar una salida del conflicto. Asimismo, las partes deben declarar el respeto a las autoridades democráticamente elegidas y su rechazo a la violencia, castigando a los militantes de cualquier movimiento político o social que participe en ella o la instigue; y poner fin al empleo de marchas y paros como modo de presión. Sería altamente contraproducente si se llevaría la nueva Constitución a referéndum antes de consensuar e incorporar de manera compatible la autonomía de los pueblos indígenas así como la autonomía departamental para Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija —según se estableció en el referéndum de julio del 2006 y según han venido avanzando las propuestas autonómicas de cada departamento—. Igualmente, los gobiernos central y departamental, con ayuda del comité cívico, deberían diseñar un plan de desarrollo socioeconómico para Sucre y el Gobierno central debería congelar la reforma del impuesto directo sobre los hidrocarburos (IDH) hasta llegar a un consenso sobre la repartición del mismo con los departamentos. La meta debe ser que se viabilice las autonomías departamentales y de los pueblos indígenas, y que se avance considerablemente en la mejora de los servicios sociales públicos para los sectores más vulnerables.

Los muertos y heridos que han dejado las jornadas en Cochabamba y Sucre deben alertar al Gobierno y la oposición sobre el riesgo de enfrentamientos que han propiciado las consignas sectarias que anulan el debate y sumen al país en la desconfianza y la incertidumbre. El diálogo franco y sincero es el único camino para evitar que el 2008 sea, ya no el año de las oportunidades desperdiciadas, sino el comienzo del fin de la construcción de una Bolivia más democrática e incluyente.

Contributors

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Former Senior Analyst, Andes
Former Program Director, Latin America and the Caribbean