La polarización en Bolivia y el riesgo del conflicto

El pasado fin de semana, la cumbre de la joven Comunidad Sudamericana de Naciones realizada en Cochabamba, no pudo ocultar, entre los llamados a la unidad de los pueblos, la polarización extrema que está viviendo el país anfitrión. Después de casi un año de gobierno, el presidente boliviano Evo Morales enfrenta una agravación de las tensiones sociales que podrían desembocar en acciones violentas y en la posible desintegración del país. Para evitarlo, Morales y sus aliados, así como los partidos de oposición y los comités cívicos de los departamentos del oriente boliviano deben entablar un diálogo de manera inmediata.

Después de tomar medidas populares como la nacionalización de los hidrocarburos el pasado 1 de mayo, su gobierno se encuentra presionado por los militantes del partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), los movimientos sociales, sindicatos y miembros de su propio gobierno para continuar con las reformas socio económicas profundas prometidas en la campaña presidencial. Dentro de la agenda pendiente figuran la reconducción de la reforma agraria mediante una nueva ley expedida el 28 de noviembre y la redacción de una nueva Constitución en la Asamblea Constituyente (AC). En ambos casos, el gobierno de Morales y el MAS se han apresurado a tomar decisiones sin la construcción de consensos previos con la oposición y los movimientos cívicos del oriente.

Estos dos últimos parecen estar determinados a no ceder en estos temas clave, acusando al Gobierno de querer poner freno a las autonomías departamentales que fueron votadas afirmativamente, vía referéndum el 2 de julio, por las poblaciones de los departamentos orientales de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija. Según éstos, la nueva ley agraria pone en peligro la viabilidad de la agroindustria —motor del desarrollo regional—; en relación con la AC, ellos rechazan la imposición por parte del MAS de la mayoría absoluta (50% más uno) para la toma de decisiones —a excepción de tres temas que serán escogidos por la oposición y la aprobación del texto final que se aprobarán por dos tercios— y piden el respeto del voto de dos tercios para todo el texto, de acuerdo con la ley de convocatoria para la AC.

Además, seis de los nueve recién electos prefectos departamentales (todos en la oposición), cortaron relaciones con el presidente Morales el 18 de noviembre, después de que el Gobierno impulsara un proyecto de ley que permitiría a un congreso liderado por el MAS revocar su mandato.

Hay una diferencia enorme entre las posiciones de ambas partes. El Gobierno argumenta que las protestas son contrarias a la democracia y que el deseo de la mayoría de la población debe ser respetado. A su vez, la oposición y los movimientos cívicos del oriente culpan a Morales y al MAS de querer imponer a cualquier costo un proyecto político étnico, radical y revanchista que no representa la realidad diversa del país. Esto, sumado al temor de ganaderos y agricultores del oriente de que la nueva ley de reforma agraria será usada para expropiar sus tierras, hace pensar en que el uso de la violencia no puede ser descartado.

El Gobierno ha apoyado movilizaciones masivas de movimientos sociales e indígenas para presionar a la oposición. Los delegados en la AC del partido Unidad Nacional (UN) de Samuel Doria iniciaron una huelga de hambre en demanda por los dos tercios, la cual ha sido engrosada por miles de personas en todo el país. Protestas y marchas han sido organizadas en La Paz y Sucre, sede de la AC.

Más preocupante, sin embargo, han sido las erupciones de violencia de los últimos días, a raíz de las marchas de protesta organizadas en Santa Cruz. Estaciones de televisión, edificios de gobierno, asociaciones y las ONG que apoyan las demandas de campesinos sin tierra, han sido atacados en La Paz y Santa Cruz. El 8 de diciembre, las tensiones alcanzaron un nuevo clímax cuando los comités cívicos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz dieron un ultimátum al Gobierno, anunciando la declaración de autonomías departamentales de facto el 15 de diciembre si no accede a sus peticiones.

El diálogo entre ambas partes debe comenzar inmediatamente, con una declaración pública de ambas partes condenando los actos de violencia. El Gobierno debe dejar de usar el discurso anticruceño para conseguir apoyo de los pueblos indígenas empobrecidos. Los comités cívicos del oriente deben dejar de blandir amenazas secesionistas para defender sus posiciones políticas.

Segundo, un mediador internacional debería ser invitado por las partes con el fin de buscar un desbloqueo del enfrentamiento en la Asamblea Constituyente.

Tercero, la comunidad internacional deberá ayudar al gobierno Morales para que el organismo a cargo de llevar a cabo la reforma agraria mejore su capacidad institucional en la prevención y manejo de conflictos que surjan de las disputas relacionadas con la expropiación y redistribución de tierras.

Si el presidente Morales y sus oponentes no avanzan en esa dirección, la población del país más pobre de Suramérica será quien sufra las consecuencias de una nueva fase de violencia e inestabilidad.