"¿Llegó, por fin, la hora de las víctimas?"

Con el proyecto del Estatuto de las víctimas de la violencia la clase política colombiana ha empezado -finalmente- a tomar más en serio a las víctimas del conflicto armado. Aunque el debate del proyecto ha contribuido a establecer un consenso más amplio sobre una política para las víctimas, tanto las diferencias de fondo entre el gobierno de Álvaro Uribe y la oposición como la persistencia del conflicto en muchas regiones del país conspiran en contra de la verdad, justicia, reparación y reconciliación.

En junio de 2005, el Congreso aprobó la Ley de Justicia y Paz, y a finales del 2006, los primeros comandantes paramilitares empezaron a rendir sus versiones libres. Desde entonces, han confesado unos 2.700 crímenes y facilitado información sobre 8,700 más. Las autoridades judiciales han exhumado aproximadamente 1.700 cadáveres y 155.000 víctimas se han registrado en la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, denunciando, hasta julio de 2008, un total de 123.000 crímenes.

A pesar de la innegable complejidad y magnitud del proceso de Justicia y Paz, son avances modestos. Persisten grandes desafíos, tanto respecto a los procesos judiciales como la atención a víctimas y su reparación. Hoy por hoy no hay una sola sentencia de Justicia y Paz y los paramilitares han entregado muy pocos bienes al Fondo Nacional de Reparación.

Por otra parte, es de particular preocupación que durante los últimos dos años las víctimas no hayan sido protagonistas centrales. Ni el Gobierno y su coalición, ni la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), ni la oposición política ni un sector mayoritario de la sociedad colombiana les ha dado la debida atención o se ha esforzado verdaderamente en defender sus derechos.

La falta de representación y voz de las víctimas en Colombia es evidente. El foco de atención han sido los comandantes paramilitares y sus confesiones, especialmente cuando surge información relacionada con la "parapolítica". En mayo pasado, el Ejecutivo extraditó a Estados Unidos -por cargos de narcotráfico- a los catorce jefes más notorios de las AUC; también emitió recientemente un decreto sobre la reparación por la vía administrativa. Ello refleja que el interés del Gobierno en el esclarecimiento de la verdad y la justicia es bajo y que tiene otras prioridades.

Hasta hace poco, los partidos de oposición -el Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal Colombiano- también han sido ajenos a la situación de las víctimas. Solo ahora, con la iniciativa liberal del Estatuto de las víctimas de la violencia, se ha visto que tomen una posición más fuerte a su favor, en vez de politizar el tema junto con algunas asociaciones de víctimas que no revisten suficiente representatividad. Cabe resaltar que el proyecto del Estatuto también ha sido acogido por una parte importante de la coalición del Gobierno en la búsqueda de réditos políticos después de los golpes que han recibido a causa de la "parapolítica".

Conflicto armado y protección

Zonas de antiguo domino de las AUC se han convertido en cuna de nuevos grupos armados ilegales, y las organizaciones insurgentes, en especial las Farc, están intentando copar territorio. Una reciente investigación del International Crisis Group en Nariño, Norte de Santander y el Oriente antioqueño muestra cómo estas nuevas dinámicas se han convertido en uno de los principales obstáculos para la participación de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz.

La persistencia del conflicto y el surgimiento de nuevos actores armados han propagado la noción entre muchas víctimas de que las garantías para una plena participación en el proceso de Justicia y Paz no están dadas. A mayor semejanza de los nuevos grupos con sus antecesores paramilitares, mayor es la percepción del riesgo. En Nariño, por ejemplo, donde la notoria Nueva Generación está reproduciendo las prácticas del Bloque Libertadores del Sur de las AUC, las víctimas manifiestan gran renuencia a participar activamente en el proceso de Justicia y Paz. Según ellas, nada ha cambiado luego de la desmovilización.

Así mismo, la participación de las víctimas tiende a ser mayor o menor dependiendo de la intensidad del conflicto. En zonas de alta confrontación entre grupos emergentes, las Farc y el Ejército, como la cordillera nariñense, reina el silencio entre las víctimas ante el temor de represalias por parte de uno u otro bando. Una tendencia opuesta se observa en Norte de Santander, donde a pesar del incremento del narcotráfico, las Águilas Negras han forjado alianzas con otras organizaciones criminales, inclusive con las Farc. Esta ausencia de tensiones entre grupos ilegales ha permitido una mayor, aunque aún incipiente, intervención de las víctimas en el proceso.

La respuesta de la Fuerza Pública a estas nuevas dinámicas no solo no ha sido muy efectiva, sino que también ha generado re-victimización. Las capturas y bajas de algunos miembros de los nuevos grupos no han sido suficientes para menguar su expansión. Además, en regiones como Nariño, los rumores de vínculos entre estos grupos y algunos miembros de la Fuerza Pública han minado la confianza de las víctimas en el Estado. Por otro lado, aunque el copamiento del territorio por parte de la Fuerza Pública en regiones como el Oriente antioqueño ha posibilitado una mayor participación de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz, prácticas como el uso de población civil como informantes están generando nuevamente desconfianza.

Para hacer frente a los desafíos de seguridad de las víctimas, el Gobierno ha dado importancia a su protección individual. En octubre de 2007 instauró un nuevo programa de protección de víctimas individuales en cabeza del Ministerio del Interior y de Justicia, el cual hasta el momento ha recibido más de 310 solicitudes. No obstante, el tema de la protección colectiva no ha recibido la misma atención. No se ha terminado la elaboración de un mapa de riesgo y aún no existen planes de prevención.

Perspectivas

A estas alturas, el Gobierno de Uribe y la oposición política no deben dejar pasar la oportunidad de lograr un consenso amplio y sólido sobre una política para las víctimas. A la vez, las fuerzas políticas deben avanzar junto con las organizaciones de víctimas y la sociedad civil en el diseño de una estrategia integral para la atención, protección y reparación de las víctimas. Ello implica acuerdos sobre la responsabilidad -y no únicamente solidaridad- del Estado frente a las víctimas, y la inclusión del principio de la presunción de buena fe para su acreditación. Se requiere también mayor claridad sobre el costo fiscal de la reparación, que debe incluir la restitución de tierras y bienes.

Sin la activa participación de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz y un mayor respeto de sus derechos, los esfuerzos de paz y verdadera reconciliación en Colombia se quedarán a media marcha. A fin de lograr estas metas, es fundamental que el Gobierno expanda la seguridad y el Estado de Derecho en el país, teniendo como principal objetivo eliminar los obstáculos para que las víctimas puedan reclamar sus derechos.