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Desmantelar los Grupos Armados Ilegales en Colombia: lecciones de un sometimiento

Latin America Report N°41 8 Jun 2012

RESUMEN EJECUTIVO & RECOMENDACIONES

El sometimiento del Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (ERPAC) en diciembre de 2011 corre el riesgo de pasar a la historia como un fracaso. Solo participó una parte del grupo en el proceso, y además es posible que los líderes sean condenados a penas de prisión cortas y que las estructuras criminales y de corrupción subyacentes permanezcan intactas. El impacto en las dinámicas del conflicto en los Llanos Orientales, bastión del grupo, ha sido limitado. Igualmente preocupante es la falta de transparencia y de observación internacional, hechos que han minado la credibilidad del proceso y han dejado la impresión de que un grupo armado ilegal ha engañado nuevamente a las instituciones estatales en detrimento del público y, en particular, de las víctimas. Las autoridades deben sacar las conclusiones correctas de este proceso. De lo contrario, la falta de instrumentos apropiados para responder a sometimientos colectivos seguirá obstaculizando los esfuerzos para combatir grupos como el ERPAC, los cuales se han convertido en uno de los principales desafíos para la seguridad del país.

El sometimiento de 272 miembros, poco más de un tercio de la fuerza armada total del ERPAC, representa la primera vez que un Nuevo Grupo Armado Ilegal (NGAI), con raíces en los paramilitares desmovilizados, decide renunciar a sus armas. Desde que la policía asesinó a su fundador, alias “Cuchillo”, en diciembre de 2010, la presión externa para el sometimiento del grupo había estado creciendo, así como las demandas al interior del mismo. El antiguo líder paramilitar había llevado al ERPAC a convertirse en el grupo armado ilegal dominante en partes de los departamentos del Meta, Guaviare y Vichada, jugando un rol clave en el tráfico de drogas y en actividades relacionadas con el crimen organizado. Sin embargo, dados sus vínculos sustanciales con la elite política local y regional, al igual que con algunos miembros de la fuerza pública, el ERPAC era más que una organización criminal común. Ejerció un fuerte control social en las regiones en las que hacía presencia a través de asesinatos selectivos de líderes comunitarios, entre otros, y fue responsable de desplazamientos forzados, reclutamientos de niños y violencia sexual.

Los miembros del ERPAC actualmente enfrentan procesos penales ante tribunales ordinarios y podrían reclamar los beneficios proporcionados por el sistema de justicia criminal, como la reducción de penas a cambio de la aceptación de los cargos. Sin embargo, no son elegibles para recibir los beneficios del programa gubernamental de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR). Esto se debe a que el gobierno considera que los grupos como el ERPAC son bandas criminales (o BACRIM) y, por tanto, no son parte del conflicto armado interno. Por la misma razón, los miembros de los NGAI tampoco pueden ser considerados bajo algún procedimiento de justicia transicional, como la Ley de Justicia y Paz (LJP) de 2005.

Una extensión generalizada de los mecanismos de DDR y de justicia transicional hacia los NGAI no tendría justificación, pero la aplicación exclusiva del derecho penal ordinario tampoco está exenta de problemas. Primero, la ley penal ordinaria deja a las víctimas sin los beneficios y las garantías legales que se extienden a las víctimas de las guerrillas y de los paramilitares; sin embargo, es posible que un fallo de la Corte Constitucional conocido en marzo de 2012 permita que algunas de las víctimas de los NGAI sean cubiertas por la Ley de Víctimas de 2011. Segundo, deja a los excombatientes sin una perspectiva clara sobre la reintegración civil, aumentando así el riesgo de rearme. Los crímenes graves cometidos por los NGAI deben ser completamente investigados y juzgados, pero también es necesaria una aproximación más amplia al desmantelamiento de estos grupos en aquellos casos en los que hay una relación suficiente con el conflicto armado.

De forma contraria a lo esperado por el gobierno, el proceso del ERPAC reveló los límites de la estrategia de sometimiento, en lugar de reivindicarla. La Fiscalía General de la Nación, casi no tuvo más opción que liberar a la mayoría de los combatientes de forma casi inmediata, ya que al inicio sólo se emitieron órdenes de captura contra diecinueve líderes. Esto obligó a los fiscales y a la policía a recapturar a los miembros del ERPAC uno por uno, una tarea ardua y aún incompleta. Hubo indignación pública, lo cual fue comprensible. Sin embargo, lo más perjudicial es que el proceso probablemente fracasará en el intento por castigar a los responsables de crímenes graves, en lograr un impacto estructural en los negocios del ERPAC y en desarticular sus vínculos con políticos y miembros de la fuerza pública. Por otro lado, no se habría aprovechado suficientemente la información proveniente de los miembros rasos sobre las operaciones del ERPAC. En consecuencia, los líderes no se enfrentan a una amenaza creíble de cargos criminales serios y, por tanto, tienen poco incentivo para colaborar de forma seria con el sistema judicial.

Pero el problema trasciende dichas deficiencias. La tajante distinción conceptual del gobierno entre las partes del conflicto y los grupos criminales organizados, sobre la cual se construyó la lógica del sometimiento, no refleja adecuadamente las complejidades existentes en el terreno. Los grupos como ERPAC no son una réplica exacta de los paramilitares, pero no pueden ni deben considerarse de forma aislada al contexto más amplio del conflicto armado interno. Esto significa que desmantelar los NGAI supone más que la investigación y el castigo de los crímenes individualmente considerados. También implica el desmantelamiento de redes corruptas, garantizar los derechos de las víctimas y evitar el rearme. Debido a sus actuales debilidades, la reconciliación de intereses tan dispares sobrepasa la capacidad del sistema judicial. La administración de Santos entregó el proceso, de forma deliberada, a la Fiscalía, pero las deficiencias reveladas en la experiencia  del ERPAC solo han resaltado la necesidad de una política de sometimiento explícita, que vaya más allá del procesamiento judicial individual y donde el gobierno asuma un liderazgo activo.

Después de que la administración de Uribe minimizara la amenaza de los NGAI, el Presidente Santos ha asumido una postura más fuerte, aunque los resultados son todavía limitados. Combatir a los NGAI es un desafío complejo que involucra a múltiples agencias gubernamentales y a varias políticas. Pero sin una política de sometimiento explícita, la estrategia del gobierno contra los NGAI continuará quedándose corta. Dichas políticas podrían también traer beneficios más allá de sometimientos futuros de los NGAI. Un enfoque más integral y creíble para el enfrentamiento de los NGAI puede constituir una parte crucial de las garantías necesarias para posibles conversaciones de paz con las guerrillas, para las cuales el gobierno está lentamente preparando el terreno.

RECOMENDACIONES

Para facilitar el sometimiento colectivo de los NGAI de una forma que asegure su desmantelamiento completo, incluidas sus estructuras y las redes corruptas, garantice la protección de los derechos de las víctimas, impida el rearme y, al mismo tiempo, evite la impunidad

Al Gobierno, la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades del Sistema Judicial de Colombia:

  1. Asegurar que las instituciones judiciales y policiales tengan recursos, capacidad e incentivos profesionales para investigar y procesar todo el espectro de crímenes de los NGAI, incluidos crímenes serios equivalentes a violaciones graves de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a la red corrupta detrás de los grupos.
  2. Fortalecer los incentivos para los miembros rasos de los NGAI a fin de que se sometan a la justicia y cooperen revelando información sobre operaciones, superiores y redes criminales, al aclarar bajo qué condiciones y cómo se aplicaría el “principio de oportunidad”, el cual permite a la Fiscalía suspender o desistir del procesamiento en un caso que no involucre  violaciones graves de los derechos humanos y del DIH.
  3. Mejorar la perspectiva de la vida civil para los ex miembros de los NGAI introduciendo beneficios básicos de reintegración sujetos a criterios estrictos de elegibilidad, antecedentes judiciales y comportamiento.  
  4. Aclarar el tratamiento de los niños y adolescentes que son parte de los NGAI, quienes deberían ser elegibles para ingresar al programa para niños soldados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), independientemente de la clasificación del gobierno respecto a los NGAI como organizaciones criminales y no como parte del conflicto armado.
  5. Mejorar las garantías institucionales para las víctimas de los NGAI mediante una interpretación extensiva de la Ley 1448 (2011) a favor de la víctima y, si esto demuestra ser poco efectivo, considerar la introducción de legislación específica a fin de asegurar que todas las víctimas sean tratadas en igualdad de condiciones.
  6. Fortalecer los derechos de las víctimas a la verdad mediante la introducción de un programa administrativo de diseño similar a la Ley 1424 (2010), bajo el cual los miembros rasos de los NGAI  recibirían beneficios legales a cambio de contribuir en el establecimiento de la verdad extrajudicial y la memoria histórica; individuos responsables de crímenes graves no deberían ser elegibles para dicho programa.
  7. Aumentar la credibilidad y la transparencia de los procesos de sometimiento invitando como observadores a organizaciones internacionales, en particular, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA).  

Bogotá/Bruselas, 8 de Junio de 2012

 
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