Colombia Peace Process: Lurching Backwards

El proceso de paz en Colombia enfrenta su crisis más seria, después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) suspendieran el cese unilateral al fuego que declararon cinco meses atrás. En lugar de más medidas para desescalar el conflicto de cara a un acuerdo final de paz, hay ahora nuevos riesgos de que la confrontación escale, causando nuevo daño humanitario, destruyendo la confianza entre las partes y debilitando aún más el apoyo público a este proceso.

La decisión de las FARC se produjo como respuesta a una operación aérea y terrestre de las fuerzas militares contra un campamento guerrillero en el municipio de Guapí (Cauca), que mató al menos a 26 combatientes. Los detalles son escasos, pero de acuerdo a la información oficial, el ataque fue parte de operaciones sostenidas contra actividades de narcotráfico y de minería ilegal en las que el Frente 29 de las FARC ha estado largamente involucrado. Este evento se produce solo cinco semanas después de una emboscada de las FARC en la misma región, que mató a once soldados y que llevó al Presidente Santos a revocar una suspensión previa de bombardeos aéreos.

La escala de las pérdidas habría dejado a las FARC pocas opciones distintas a la de dar por terminado el cese al fuego. Su liderazgo, que en su mayor parte está integrado al equipo negociador en La Habana, ha estado bajo presión de sus combatientes en Colombia, que permanecen expuestos a operaciones militares ofensivas por parte de las fuerzas de seguridad. La suspensión del cese al fuego es una decisión costosa para las ya de por si impopulares guerrillas, pero la ausencia de reacción decisiva podría haber causado un serio daño sobre sus capacidades de comando y control.

Responsabilidades compartidas

Las FARC han culpado al gobierno y “su incoherencia” por el término del cese al fuego. Esto es engañoso. Desde el principio las guerrillas han utilizado la medida unilateral no solo como un gesto humanitario o como un mecanismo para obtener más apoyo político sino también como un instrumento para presionar al gobierno de Santos para un temprano cese al fuego bilateral, a pesar de ser conscientes de la fuerte resistencia a esa idea dentro del gobierno, en una parte importante de la opinión pública y, más importante aún, en las fuerzas de seguridad. Las FARC han fallado también en detener el narcotráfico y otras actividades criminales, incluyendo la extorsión, minando así la credibilidad de su invocación al cese al fuego.

Pero hay preguntas también sobre el manejo del gobierno en esta situación. Las fuerzas de seguridad tienen sin duda la potestad de llevar a cabo ataques contra campamentos guerrilleros. Sin embargo, el comando militar podría haber anticipado que una operación que fácilmente está dentro de las más sangrientas contra las FARC en los últimos cinco años, arriesgaba forzar a las FARC a dar por terminado su cese al fuego, poniendo potencialmente en riesgo el proceso de paz. En un discurso el 22 de mayo, el presidente Santos usó el lenguaje adecuado al expresar que a todos debe conmover el dolor de los familiares de los guerrilleros muertos. Sin embargo, el alto número de bajas y el hecho de que el ataque fuera realizado contra la estructura regional que fue señalada como responsable de la emboscada de abril también otorga a la operación un sabor poco útil de venganza.

Mirando hacia adelante

No será fácil sacar a las conversaciones de este atolladero. Las FARC han repetido su invocación a un cese bilateral. Pero eso sigue siendo una ambición difícilmente realizable. Si algo ha pasado, es que el escepticismo ha crecido sobre la conveniencia de silenciar las armas antes del acuerdo final. Las negociaciones hacia un cese al fuego bilateral, fortalecido por un mecanismo de verificación fuerte e independiente, siguen su curso, pero un acuerdo sobre este tema solo se alcanzará en los próximos meses. Mientras tanto, y para devolver a las conversaciones a su correcto carril, las partes deberían considerar los siguiente pasos

• Primero, como las hostilidades están por reiniciarse, ambas partes necesitan demostrar el mayor control y restricción en el campo de batalla. En particular, deberán proteger estrictamente a la población civil y abstenerse de ataques desproporcionados, en un esfuerzo por mantener, tanto como sea posible, el progreso alcanzado recientemente. Las FARC deberán también prohibir a sus tropas instalar nuevas minas terrestres y abstenerse de atacar la infraestructura energética, uno de sus operaciones ofensivas más frecuentemente desplegadas.
   
• Segundo, las partes necesitarán blindar las negociaciones de esta nueva dinámica del conflicto. Los acuerdos preliminares en desarrollo rural, participación política y el problema de las drogas ilegales necesitan ser preservados y completados, así como complementados por logros similares en las conversaciones sobre el “fin del conflicto” y la justicia transicional, los últimos dos puntos de la agenda. El anuncio de que las negociaciones continuarán como estaba planeado es un signo positivo.
   
• Tercero, y enfrentando una opinión pública impaciente y una presión política creciente de cara a las elecciones locales de octubre, las partes deberán redoblar sus esfuerzos para demostrar progresos concretos. Esto debe incluir un nuevo empuje para implementar medidas de desescalamiento del conflicto, incluyendo aquella referida al desminado humanitario acordada a principios de este año.

A pesar de los retrocesos de las últimas semanas, el gobierno y las FARC parecen seguir firmemente comprometidos en alcanzar un acuerdo, no solo debido a que un colapso sería muy costoso para ambas partes. El interés compartido en un proceso de paz exitoso es una base firme y sólida desde la que las partes pueden reiniciar y relanzar las negociaciones, idealmente con el apoyo de los países garantes, Cuba y Noruega. En abril, Crisis Group alertó acerca de los riesgos de una ruptura involuntaria debido a un escalamiento militar y a retrocesos políticos. Como es claro ahora, tales peligros no pueden ser ignorados por más tiempo.

Bogotá/Bruselas