Briefing / Latin America & Caribbean 21 Mayo 2014 3 minutes

Venezuela: punto de quiebre

Panorama General

La violencia ha exacerbado una situación política ya de por sí tensa en Venezuela y ha hecho que encontrar una solución sea más urgente y más complicado. Las perturbaciones ocurridas en todo el país, luego de las muertes del 12 de febrero en el contexto de una protesta convocada por líderes estudiantiles y por un sector de la oposición, desencadenaron una crisis política que ha involucrado a los países vecinos de Venezuela en los esfuerzos por encontrar una solución negociada. Para principios de mayo, esta violencia había provocado al menos 42 muertes y numerosas violaciones de los derechos humanos. La incapacidad de poner fin a la violencia a través de negociaciones ha complicado la tarea de resolver los serios problemas económicos y sociales. Ha dañado también la credibilidad de las instituciones regionales. Para revertir la crisis y convertir este punto de quiebre en una oportunidad, ambos bandos deben comprometerse en un diálogo político basado en la Constitución; el gobierno debe respetar sus compromisos con los derechos humanos y restaurar el Estado de Derecho y la separación de poderes; y la comunidad internacional debe proveer a ambos lados con garantías, asistencia técnica y apoyo político.

La turbulencia, anticipada hacía tiempo por Crisis Group y otros, es el resultado de dos interpretaciones irreconciliables de la historia venezolana reciente. De acuerdo al gobierno del presidente Nicolás Maduro, sus orígenes residen en una conspiración por parte de miembros de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y fuerzas foráneas (en particular, los Estados Unidos), para deponer a su gobierno y restaurar el régimen “oligárquico” que perdió el poder frente a Hugo Chávez, predecesor y mentor de Maduro, en las elecciones de 1998. Su motivación principal, de acuerdo a esta interpretación, es el control de las reservas de petróleo del país, estimadas por algunos como las más grandes del mundo. Para la MUD, cuyos principales líderes fueron tomados por sorpresa por la intensidad y duración de las protestas, la raíz está en la insistencia del gobierno en políticas socialistas radicales y su falta de respeto por la Constitución; las dificultades económicas, el crimen y la exclusión política complican aún más la situación.

Esta polarización se refleja más allá de las fronteras de Venezuela. Algunos aliados en la región se apresuraron para apoyar al gobierno elegido pero sitiado y desdeñaron inicialmente a la oposición como una minoría violenta, mientras que otros deploraron el uso excesivo de la fuerza, alegaron violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno y abogaron por una salida negociada. Los actores internacionales están cada vez más preocupados, y con buenas razones, de que un fracaso de los esfuerzos por contener y finalmente resolver la crisis podría tener consecuencias graves en la región. Algunos temas pendientes e importantes, incluyendo el proceso de conversaciones que se desarrolla actualmente para terminar con el conflicto armado que ha durado décadas en Colombia y las reformas incipientes en Cuba, tienen una importante dimensión venezolana.

Un diálogo, todavía frágil, que empezó a fines de marzo y que es facilitado por los ministros de relaciones exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y El Vaticano, ha llevado al gobierno y al menos a una parte del liderazgo de la MUD a la mesa de negociaciones. Su éxito depende de que se enfrenten los factores básicos que condujeron a la crisis. Necesita sentar las bases para el consenso político que es a su vez vital para que la crisis económica, y el crimen violento, sean enfrentados con eficacia. Sobre todo, se debe restaurar la autonomía de las instituciones del estado, especialmente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Fiscalía General y el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como reclutar a profesionales respetados e independientes. La violencia en las calles se explica en parte como consecuencia del bloqueo de los mecanismos pacíficos de resolución de controversias por parte del gobierno, que controla los canales a través de los cuales esta solución normalmente se produciría.

Este boletín presenta respuestas a las preguntas más importantes relacionadas con la crisis, analiza los orígenes del conflicto, los detonantes de la violencia y sus actores más relevantes. El boletín también mira hacia delante las opciones disponibles para Venezuela y proporciona una evaluación del diálogo actual, formula ideas relacionadas con los elementos esenciales que se requieren para asegurar una paz duradera y cómo la región y la comunidad internacional en general pueden contribuir de la mejor manera posible.

Bogotá/Bruselas, 21 de mayo de 2014

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I. Overview

Violence has exacerbated an already tense political situation in Venezuela and made finding a solution both more urgent and more complex. Nationwide unrest, following deaths at a protest called by student leaders and a sector of the opposition on 12 February, sparked a political crisis that involved Venezuela’s neighbours in efforts to find a negotiated settlement. By early May it had cost around 40 lives and led to scores of human rights violations. Failure to end the violence through negotiations has hindered the task of resolving serious social and economic problems. It has also damaged the credibility of regional institutions. To reverse the crisis and turn this tipping point into an opportunity, both parties must commit to a political dialogue based on the constitution; the government must abide by its human rights commitments and restore the rule of law and the separation of powers; the international community must provide both sides with guarantees, technical assistance and political impetus.

Long anticipated, by Crisis Group among others, the unrest is the result of two irreconcilable interpretations of recent Venezuelan history. According to the government of President Nicolás Maduro, its origins lie in a conspiracy by members of the opposition Democratic Unity (MUD) alliance and foreign powers (in particular the U.S.) to overthrow his government and restore the “oligarchic” regime that lost power to Maduro’s predecessor and mentor Hugo Chávez in the 1998 elections. Their prime motivation, according to this interpretation, is control of the country’s reserves of crude oil, by some estimates the biggest in the world. For the MUD, whose principal leaders were caught off-guard by the intensity and duration of the protests, the root cause is the government’s insistence on radical socialist policies and its lack of respect for the constitution; consequent economic hardship, crime and political feuding exacerbate matters.

This polarisation reverberated beyond Venezuela’s borders. Some allies in the region rallied to support a beleaguered, elected government and initially dismissed the opposition as a violent minority, while others deplored an excessive use of force, alleged human rights violations by government security forces and advocated a mediated settlement. International actors are increasingly concerned, and with good reason, that a failure to contain, and ultimately resolve, the crisis, could have serious, region-wide consequences. A number of important pending issues in the region, including the current peace talks aimed at ending Colombia’s decades-old guerrilla war and the incipient reform process in Cuba, have a significant Venezuelan dimension.

A still fragile dialogue, which began in late March and is facilitated by the foreign ministers of the Union of South American Nations (UNASUR) and the Vatican, has brought the government and at least a part of the MUD leadership to the negotiating table. To be successful, it must address the key factors that led to the crisis. It needs to lay the basis for the political consensus that is vital if the economic crisis, as well as violent crime, are to be tackled effectively. Above all, it must restore the autonomy of key state institutions, especially the Supreme Court (TSJ), the Office of the Attorney General (Fiscalía General) and the electoral authority (CNE), and staff them with genuinely independent, respected professionals. The violence on the streets is partly a consequence of the fact that peaceful conflict resolution has been blocked by the government’s direct, executive control of the channels through which it would normally be effected.

This briefing sets out to answer key questions relating to the crisis, analysing the origins of the conflict, the detonators of violence and the most relevant players. Looking ahead at the options available for Venezuela and providing an assessment of the current dialogue, it formulates ideas regarding the essential elements required to secure a lasting peace and how the region and broader international community may best contribute.

Caracas/Bogotá/Brussels, 21 May 2014