La toma del Parlamento profundiza la crisis venezolana

El 5 de enero, el gobierno de Nicolás Maduro llevó a cabo un intento temerario para poner fin al enfrentamiento que cumple ya un año con el líder de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien docenas de países, incluido EE. UU., reconocen como el presidente legítimo de Venezuela. El gobierno ordenó a la Guardia Nacional obstruir el acceso de los diputados de la oposición al Parlamento, permitiendo así que los partidarios del gobierno triunfaran en una votación ficticia para imponer un nuevo presidente de la Asamblea Nacional. La medida bloqueó la esperada ratificación de Guaidó en ese cargo, pero no resolvió la lucha por la presidencia. Además, resultó debilitando aún más la legitimidad internacional del gobierno y profundizando la prolongada crisis del país. A menos que el gobierno revierta rápidamente el rumbo, su estratagema podría posponer, tal vez indefinidamente, una solución negociada, que es la única salida.

El gobierno de Maduro recurrió al uso de tácticas inesperadamente opresivas para tomar el control de la Asamblea. Pero ya había dado muestras de una creciente intimidación contra el Parlamento, alentado por haber logrado resistir el desafío de Guaidó hasta la fecha, trató de eliminar la base constitucional de su demanda a la presidencia. Parlamentarios de la oposición dicen que agentes del gobierno les han ofrecido sobornos de cientos de miles de dólares para que cambien de bando. Hasta la fecha, el gobierno ha sometido a 29 parlamentarios a persecución judicial a pesar de su inmunidad parlamentaria; la mayoría están en el exilio, algunos se refugian en embajadas y dos están encarcelados. Por su parte, Guaidó suspendió recientemente a diez diputados de sus funciones parlamentarias en medio de acusaciones de corrupción, luego de que informes periodísticos los vincularan a esfuerzos por limpiar la reputación de empresarios involucrados en los controvertidos esquemas de distribución de alimentos del gobierno.  

El Parlamento "eligió" a uno de estos diputados, Luis Parra, como remplazo de Guaidó el 5 de enero, aunque no había quórum ya que muchos miembros de la oposición, junto con la mayoría de la prensa independiente y diplomáticos extranjeros, estaban bloqueados afuera. Maduro celebró el cambio de liderazgo en un discurso televisivo unas horas más tarde, diciendo que ahora quedaba despejado el camino para celebrar elecciones parlamentarias en el transcurso de este año en las que "todos los partidos de la oposición" participarían. Mientras tanto, la mayoría de la oposición ratificó a Guaidó como jefe del parlamento luego de realizar una sesión legislativa en un auditorio propiedad de un periódico.

La división creada entre una Asamblea de origen dudoso controlada por el gobierno y un Parlamento legítimo despojado de su recinto físico y su personería legal es otra escalada del prolongado conflicto político venezolano. Desde diciembre de 2015, cuando la alianza de oposición recuperó la Asamblea Nacional del movimiento nacionalista de izquierda creado por el fallecido presidente Hugo Chávez, el gobierno ha librado una guerra de desgaste contra los poderes de los legisladores. Al mismo tiempo, utilizó su influencia sobre las autoridades electorales para asegurar una serie de victorias en las urnas, lo que culminó en la disputada reelección de Maduro en el 2018.

El 23 de enero de 2019, Guaidó lanzó su campaña para destronar a Maduro, declarándose presidente interino. Cerca de 60 países, incluidos los EE. UU., la mayoría de los Estados miembros de la UE y muchos de los más poderosos vecinos regionales de Venezuela, lo reconocieron como tal. Sin embargo, las predicciones de la inminente caída de Maduro resultaron prematuras. Hasta ahora, las sanciones impuestas por Washington no han logrado materializar su salida, y las filas superiores de las fuerzas armadas se han mantenido en su mayoría leales. Una ola inicial de entusiasmo entre los partidarios de la oposición, que llevó a decenas de miles a manifestarse masivamente en las calles fue menguando, en especial después del 30 de abril, cuando Guaidó convocó un levantamiento militar que nunca se materializó. Aun así, el gobierno se abstuvo de encarcelar a Guaidó o cerrar el Parlamento por completo.

El costo de esta batalla cada vez más hostil por el poder lo siente principalmente el pueblo de Venezuela. El país está inmerso en una depresión económica aunada a una hiperinflación. El producto interno bruto ha disminuido en más del 60 por ciento desde que Maduro asumió el cargo en 2013, mientras que la emergencia humanitaria ha obligado a casi uno de cada seis venezolanos a huir del país. Los servicios públicos, incluida la electricidad, el agua, el transporte y la salud, están al borde del colapso, mientras que muchas partes del país se encuentran dominadas por grupos armados de diversos tipos, desde bandas criminales hasta guerrillas colombianas.

Las negociaciones celebradas entre mayo y agosto del año pasado, con el respaldo del gobierno noruego, demostraron que facciones poderosas de ambas partes reconocen la necesidad de un acuerdo político para poner fin a un estancamiento destructivo. Pero las diferencias entre las partes resultaron insuperables, y las conversaciones se suspendieron en septiembre. Al conspirar para asumir el control de la Asamblea Nacional, el gobierno ha dado un paso profundamente equivocado, acabando así con cualquier posibilidad para retomar el diálogo. En efecto, ha empoderado a las facciones más ferreas de la oposición que descartan una salida negociada y ha privado a la oposición de la plataforma que le permitió participar en las negociaciones.

Los gobiernos extranjeros que respaldan a Guaidó, al igual que poderes regionales como Argentina que no lo consideran presidente, repudiaron las acciones del gobierno, indicando que no reconocerían a Parra como presidente del Parlamento ni la legitimidad de la Asamblea que este preside. México, que ha mantenido una postura neutral con respecto a Venezuela, también pidió que las nuevas autoridades de la Asamblea sean elegidas democráticamente. Sin embargo, después de haber perdido el control físico del edificio del Parlamento, junto con cualquier vestigio de protección que su estatus les proporcionaba, los líderes de la oposición ahora están aún más expuestos a ser encarcelados o exiliados. La perspectiva de un "gobierno en el exilio" está latente. Algunos miembros de la facción radical de la oposición, que consideran que la fuerza, quizá incluyendo intervención militar extranjera, es la única salida, dan la bienvenida a este escenario. Mostraron su entusiasmo por la nueva situación votando por Guaidó, aun habiéndolo descalificado en el pasado.

Al mismo tiempo, la posibilidad de que partidos de oposición participen en elecciones parlamentarias este año bajo un Consejo Nacional Electoral (CNE) reformado, cuyo notorio sesgo progubernamental ha sido un gran obstáculo para celebrar elecciones libres, ahora parece remota. Como parte de su acuerdo con pequeños partidos de oposición en septiembre (el llamado proceso de Diálogo Nacional), el gobierno hizo ciertas concesiones destinadas a restaurar la normalidad de la vida política en Venezuela. Estas incluyeron el regreso de parlamentarios chavistas al Parlamento, que habían boicoteado hasta el momento, y la promesa de negociar nuevos nombramientos para el CNE.

Si bien los partidos minoritarios dejaron en claro que participarían en las elecciones parlamentarias, los principales partidos de oposición se dividieron. El control de la Asamblea, que se encarga de nombrar a los miembros de la junta de CNE, abre el camino para que el gobierno una vez más lo conforme a su voluntad. Incluso si los principales partidos de oposición participaran en las elecciones parlamentarias, la posibilidad de persuadir a suficientes votantes de la oposición para que asistan a las urnas son bastante escasas. Y aunque Maduro afirmó en su discurso que el gobierno se reuniría de inmediato con los miembros del Diálogo Nacional, algunos de ellos fueron muy críticos de la medida de tomarse el Parlamento.

Finalmente, parece difícil imaginar cómo podrían reanudarse negociaciones como las que fueron respaldadas por Noruega ahora que el gobierno ha privado a la oposición de su último punto de apoyo democrático interno. El control de facto ahora está más que nunca en manos de Maduro, quien aparentemente ha optado por una estrategia de resistencia a toda costa. Los gobiernos de EE. UU., Europa y América Latina han condenado prácticamente de manera unánime la toma de poder del gobierno. Pero aquellos que buscan una solución a la crisis venezolana enfrentan un dilema. El apoyo a una intervención militar es poco o nulo, e incluso si lo hubiera, una intervención probablemente resultaría desastrosa. Sin embargo, la situación actual tiene un alto costo: el éxodo provocado por el colapso socioeconómico de Venezuela está imponiendo una carga intolerable a sus vecinos, particularmente a Colombia, que ha absorbido al menos 1,6 millones de refugiados venezolanos.

La reacción inmediata y comprensible será aumentar las sanciones. Pero a pesar de las garantías de Washington de que las sanciones, con el tiempo, obligarán al gobierno a capitular, el hecho es que dichas sanciones rara vez producen un cambio de régimen y principalmente empeoran las condiciones de vida de los ciudadanos. Insistir en la demanda legítima de Guaidó al cargo de presidente de la Asamblea es importante; las potencias externas también deberían negarse a respetar cualquier acto ratificado por el Parlamento encabezado por Parra. Pero los aliados extranjeros de la oposición también deberían descartar la idea de organizar un gobierno en el exilio, ya que esto difícilmente ayudaría a mejorar la situación del pueblo venezolano o a negociar una solución política duradera.

Por el momento, Maduro ha esquivado el desafío de Guaidó y sus aliados extranjeros. La economía se tambalea, con la ayuda del desmantelamiento de facto de los controles de precios y cambios, el uso creciente del dólar como medio de intercambio y la asistencia de Rusia y otros para evadir las sanciones. Pero solo una fracción de la población tiene acceso a dólares, y no puede haber una reactivación económica sin el cese de las sanciones y un paquete integral de reformas. Incluso aquellas potencias extranjeras dispuestas a ayudar, como Rusia, a pesar de que no lo expresen públicamente, pueden sentirse desmotivadas por la forma en que el gobierno tomó el control del Parlamento y poco inclinadas a considerar a esta nueva legislatura como un órgano legítimo para efectos de ratificar tratados, contratos y otros documentos internacionales.

Venezuela necesita urgentemente un acuerdo político que le permita comenzar a sentar las bases para la recuperación de su economía y la reconstrucción de sus instituciones. Pero como resultado de la sed del gobierno por asentar un poder inexpugnable, ha surgido la posibilidad de un conflicto aún más largo y perjudicial, mientras que los argumentos a favor de las negociaciones han sufrido una honda herida. Solo la presión concertada por parte de un amplio espectro de naciones y una rápida respuesta del gobierno de Venezuela pueden restablecer la esperanza de un acuerdo político.