Traducido del inglés.

¿Qué hay de nuevo?  Los grupos criminales mexicanos usan las redes sociales para ganar apoyo popular, denigrar a sus rivales, glorificar la narcocultura y coordinar actos de violencia. Las redes sociales también son cruciales para proporcionar información oportuna sobre brotes de violencia, particularmente porque los periodistas enfrentan grandes amenazas a su seguridad, lo que limita en gran medida su capacidad para informar desde muchos municipios afectados por la delincuencia.

¿Por qué importa?  Estos grupos criminales están reclutando nuevos miembros y difundiendo desinformación en línea, fortaleciéndolos y generando un gran flujo de información no verificada que pone a la población en mayor riesgo. Las plataformas han tenido dificultades para responder adecuadamente.

¿Qué se debe hacer?  Las plataformas deben aumentar los recursos destinados al seguimiento en línea, especialmente a medida que la violencia aumenta. Dada la importancia de las redes sociales en la difusión de información, las plataformas deben modificar sus algoritmos para degradar las publicaciones que apoyan a grupos criminales y trabajar con la sociedad civil para identificar cuentas confiables, incluidas las anónimas. El gobierno mexicano también debe invertir en la protección de los periodistas.

En México, las redes sociales han tenido dificultades para controlar el uso de sus plataformas por parte de los grupos criminales. Los grupos criminales mexicanos publican contenido que a menudo glorifica la ilegalidad, promueve la violencia y extienden su propio alcance mientras socavan a sus rivales. Las compañías de redes sociales enfrentan una serie de desafíos a la hora de controlar responsablemente este contenido, en particular los informes de periodistas ciudadanos anónimos, que a menudo resultan difíciles de verificar. Para evitar que información inexacta y propaganda alimenten el conflicto y pongan en riesgo a la población civil, las plataformas deben reforzar su capacidad para moderar el contenido y promover fuentes confiables. Esta tarea tiene una importancia aún mayor porque las redes sociales rápidamente se están convirtiendo en la principal fuente de información que viene de las bases sociales sobre los episodios de violencia en zonas demasiado peligrosas para que los periodistas profesionales puedan trabajar. Los proveedores de redes sociales deben trabajar más estrechamente con la sociedad civil local para desarrollar nuevas herramientas que les permita mantener a los grupos criminales fuera de sus plataformas, mientras que el gobierno mexicano debe redoblar sus esfuerzos para proteger a los periodistas, contribuyendo así a garantizar que el público cuente con fuentes confiables de información. 

Los grupos criminales utilizan plataformas populares como Facebook, Twitter, TikTok, YouTube y Telegram, así como aplicaciones de mensajería cifrada (EMA, por su nombre en inglés) como WhatsApp, Inbox y Messenger, para hacer de sus rencillas locales batallas digitales. Aprovechan las cuentas para amenazar a sus enemigos, intentar ganarse a los ciudadanos y atraer nuevos reclutas a través de representaciones glamurosas de la vida al margen de la ley. Cuando el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Carteles Unidos (una organización que reúne a varios grupos locales) se enfrentaron por el estado de Michoacán, las amenazas en línea entre los dos grupos alcanzaron su punto álgido con el apogeo de sus enfrentamientos en 2021.

Las plataformas han logrado reducir en cierta medida la violencia gráfica en sus sitios, pero sigue habiendo problemas complejos. Es difícil tomar medidas contundentes contra los grupos criminales que explotan las redes sociales sin infringir la libertad de expresión y de información. Con frecuencia existe una delgada línea entre información y propaganda, o entre la actividad en línea de los grupos delictivos y publicaciones más inocuas por parte de ciudadanos comunes y corrientes que hacen referencias al narcotráfico como parte de la cultura pop. La rápida fragmentación y el cambio de nombres de los grupos criminales hace que las políticas destinadas a eliminar ciertos grupos y moderar su contenido (como intentan hacer la mayoría de las plataformas) sean una ardua batalla.

Dado que los periodistas ya no pueden informar de manera segura desde muchas zonas de México, la influencia de las redes sociales como fuente de noticias ha incrementado, lo que a su vez plantea una serie de desafíos para los operadores de las plataformas. Una amplia gama de voces, desde periodistas ciudadanos hasta los en ocasiones sensacionalistas “narcoblogs” y las propias organizaciones ilegales, han intentado llenar e incluso explotar para sus propios fines el vacío de información en las zonas de México más afectadas por la delincuencia. Dentro de este ecosistema de información, las cuentas de redes sociales administradas por personas anónimas que documentan delitos intentan proporcionar información al público. Sin embargo, debido a que operan de forma anónima, puede resultar difícil para las plataformas de redes sociales discernir qué cuentas son operadas por periodistas ciudadanos y cuáles son dirigidas por miembros de carteles.

Iniciativas en línea y fuera de línea serán esenciales para detener el creciente uso de las redes sociales con fines delictivos. Las plataformas deben moderar con más fortaleza los contenidos de las redes y trabajar con la sociedad civil local y regional para verificar cuentas confiables (incluidas las de periodistas ciudadanos anónimos) con el fin de impulsarlas en el contenido que ven los usuarios. Al mismo tiempo, las compañías de redes sociales deben modificar sus algoritmos para reducir el tráfico de las publicaciones que apoyan a grupos criminales y ampliar la prohibición en la sombra de estos grupos, de modo que los usuarios que busquen a los grupos por su nombre no obtengan ningún resultado. Por último, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debe implementar medidas más estrictas para proteger a los periodistas, de manera que las áreas más afectadas por la delincuencia no sigan siendo desiertos de información y las personas que viven allí y en todo México dispongan de información más fiable. 

Los grupos criminales en México usaron de manera sistemática las redes sociales por primera vez a finales de la década de 2000, cuando empezaron a publicar videos de ejecuciones e interrogatorios en YouTube[1]. Un impactante vídeo de 2007 aparentemente mostraba la golpiza y decapitación de un integrante del grupo criminal Los Zetas[2]. Otros vídeos publicados también muestran la tortura de civiles. En 2010 y 2011, una serie de publicaciones mostraban a miembros del Cartel de Sinaloa golpeando al hermano de una fiscal y obligándolo mientras le apuntaban con una pistola a “confesar” la supuesta alianza de su hermana con el Cartel de Juárez[3]. 

A mediados de la década de 2010, después de que el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) usara masivamente las redes sociales para difundir propaganda yihadista, las plataformas de redes sociales iniciaron una campaña contra las imágenes gráficas y los grupos violentos[4]. El Estado Islámico respondió trasladando las publicaciones incendiarias de sus propias cuentas y canales “oficiales” en redes sociales a cuentas “no oficiales” administradas por sus integrantes y simpatizantes. Como resultado, pudieron continuar difundiendo su contenido en las plataformas de redes sociales. Los grupos criminales mexicanos imitaron esa estrategia y las comunicaciones de los grupos ilegales se descentralizaron[5].

Al mismo tiempo, durante la última década los grupos criminales mexicanos se han fragmentado y multiplicado. Como ha informado Crisis Group, el número de grupos criminales en México se ha más que duplicado en la última década, pasando de 76 en 2010 (el primer año completo de datos) a 205 a finales de 2020[1]. Esta fragmentación se ve reflejada en línea, donde los grupos criminales dependen en gran medida del trabajo de sus integrantes y simpatizantes para proporcionar plataformas y promover perfiles en redes sociales. Un periodista ciudadano anónimo estimó que la mitad de todos los sicarios tienen un perfil activo en redes sociales[2]. 

Los grupos criminales en México tienen una mayor presencia en Facebook, esta red cuenta con más de 110 millones de usuarios en el país de 128 millones de habitantes, y también ofrece Messenger, un servicio de mensajería cifrada, que tiene más de 96 millones de usuarios en el país[3]. Meta es la compañía matriz de ambas plataformas. Un informe interno de Facebook de 2021, del cual se le leyeron fragmentos a Crisis Group, afirmaba que “las organizaciones criminales hacen un uso descaradamente indebido de nuestra plataforma para coordinar ataques fuera de línea, reclutar personas, promover la narcocultura y el comercio de drogas”[4]. Las páginas encontradas por Crisis Group en la plataforma muestran claramente su afiliación criminal: un perfil decía en el campo de educación, “Estudió matando [insulto homofóbico] en Cartel de Sinaloa”. Muchas de estas páginas incluyen fotografías de hombres con armas y equipo de combate, con sus rostros ocultos por máscaras o emojis. Otras cuentas no muestran una afiliación criminal directa, pero con frecuencia publican información que favorece a un grupo en particular. Algunas páginas personalizadas presuntamente patrocinadas por los propios grupos criminales siguen existiendo, aunque muchas han sido eliminadas[5].

Pero la relevancia de las redes sociales con respecto a la actividad criminal en México va más allá de su uso como plataforma de propaganda para los grupos. Hay que reconocer que las redes sociales también han desempeñado un papel fundamental en la documentación de la guerra contra las drogas en México. Los ciudadanos utilizan las plataformas digitales para difundir información sobre incidentes en el terreno que involucran a grupos criminales, incluso a través de los llamados “narcoblogs”. Los narcoblogs, sitios web anónimos de periodismo ciudadano y las páginas de redes sociales destinadas a documentar la violencia, a menudo publican contenido extremadamente violento y gráfico, procedente de fuentes anónimas o de cuentas cercanas a los grupos criminales.

Como ha informado Crisis Group, alrededor de 80 municipios en estados como Guanajuato, Guerrero, Zacatecas y Michoacán registran tasas extremadamente altas de homicidios y otros delitos graves[1]. El periodismo convencional en estas zonas del país afectadas por el crimen es escaso porque los reporteros están bajo amenaza letal si informan sobre los grupos criminales[2]. De hecho, México es el país más peligroso de América Latina para los periodistas, con quince asesinados tan sólo en 2022[3]. Tras el asesinato de dos miembros de su personal en 2010, un periódico de Juárez publicó una carta abierta en la que pedía a los grupos criminales instrucciones más claras sobre los contenidos: “Queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos”[4].

Aunque la disminución de la cobertura mediática en zonas peligrosas ha desviado la atención hacia los narcoblogs, depender de estos medios para acceder a información sobre las acciones criminales genera sus propios riesgos. Los críticos, entre ellos otras fuentes de noticias, han acusado a estos blogs de servir como portavoces y amplificadores de propaganda criminal, argumentando que el contenido violento sólo sirve para glorificar los estilos de vida que persiguen los integrantes de los grupos criminales, sin mencionar la violencia que perpetúan[5]. Los narcoblogueros responden que las imágenes gráficas de violencia son de interés periodístico y deben compartirse, ya que representan la brutal realidad de la violencia criminal[6]. La naturaleza de la relación entre los grupos criminales y los narcoblogs varía: el administrador de una página de Twitter dedicada a la guerra contra las drogas dijo que dudaba mucho que alguien de un grupo criminal les proporcionara información; otro dijo que con frecuencia recibía pistas de grupos criminales[7]. 

Al igual que los miembros de la prensa, los periodistas ciudadanos también enfrentan amenazas a su seguridad. En 2014, María del Rosario Fuentes Rubio, colaboradora del narcoblog Valor por Tamaulipas, fue torturada y asesinada. El grupo responsable entró a su cuenta de Twitter y publicó “Hoy mi vida ha llegado a su fin” y “No me queda más que decirles que no cometan el mismo error que yo”. El año anterior, un grupo criminal había ofrecido una recompensa por información sobre quién estaba detrás del blog anónimo[8]. El administrador de una cuenta de narcoblog denunció haber recibido amenazas de secuestro[9]. Otro bloguero anónimo aseguró que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado “se encargan de averiguar tu ubicación y te molestan para que dejes de subir”[10]. Sin embargo, los blogueros dicen que continúan con su trabajo porque consideran crucial proporcionar información precisa sobre los costos humanos de la guerra contra las drogas y la proliferación de violencia criminal que ha generado[11]. Así pues, las redes sociales han servido tanto de herramienta de propaganda para los grupos violentos como de medio para compartir información sobre sus actividades criminales y sus causas.

Las principales plataformas de redes sociales no han permanecido pasivas ante su explotación por parte de organizaciones criminales. Cada una mantiene una serie de reglas bajo las cuales moderan los contenidos. La mayoría de las plataformas públicas intentan contrarrestar los contenidos delictivos de tres maneras: desactivando cuentas relacionadas con grupos considerados violentos o peligrosos; eliminando determinadas publicaciones relacionadas con la violencia, y cerrando las cuentas que violan reiteradamente las normas de contenido. En contraste, las EMA como WhatsApp y Signal rara vez vetan usuarios.

Más allá de moderar los contenidos, las principales compañías de redes sociales cuentan con políticas para mantener a los grupos violentos fuera de sus sitios. Facebook, por ejemplo, mantiene una lista escalonada de “organizaciones peligrosas”. Los grupos criminales se encuentran en el “Nivel 1” junto con los grupos terroristas y de odio: de acuerdo con esta clasificación, no se les permite tener presencia en la plataforma y otros usuarios no pueden exaltar a estos grupos[1]. La plataforma antes llamada Twitter, ahora conocida como X, prohibió las organizaciones violentas que tienen un “propósito compartido” y han “atacado sistemáticamente a civiles” según los términos de su política de 2020[2]. Desde que Elon Musk adquirió la plataforma en octubre de 2022, estos términos de servicio se han mantenido en su mayoría vigentes, aunque la reorganización de la empresa provocó la salida de muchos de los responsables de construir y hacer cumplir la política dirigida a los grupos violentos[3].

Otras redes sociales abordan el desafío de formas diversas. TikTok por su parte no permite grupos criminales, ni contenido que apoye a estos grupos[4]. YouTube elimina los contenidos producidos por organizaciones criminales violentas[5]. En algunos casos, los grupos están “vetados en la sombra”, lo que significa que sus nombres no se pueden buscar directamente. A finales de 2021, Instagram, Facebook y TikTok habían establecido una prohibición en la sombra para términos relacionados con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los mayores grupos criminales de México. Una búsqueda de perfiles que contuvieran “CJNG” en Facebook, por ejemplo, arrojó docenas de resultados en la primavera de 2021, pero nada en 2022.

Los contenidos también pueden ser eliminados por violar una política específica de la plataforma relacionada con el acoso o la violencia. Estas publicaciones generalmente llegan a la atención de los moderadores de contenido a través de revisiones realizadas mediante inteligencia artificial o por los usuarios del sitio. Por lo general, las plataformas de redes sociales eliminan contenidos especialmente gráficos, como publicaciones o vídeos que muestran el momento de la muerte de una persona, aunque X tiene reglas más relajadas sobre mostrar violencia que otras plataformas[1]. Facebook y X ofrecen a la persona que realiza la publicación la opción de que el contenido aparezca detrás de una pantalla de advertencia. TikTok puede suspender o vetar una cuenta después de cualquier muestra de violencia desmedida, pero las otras plataformas examinadas suelen eliminar cuentas sólo después de repetidas violaciones de las reglas de contenido. No obstante, las plataformas hacen excepciones con publicaciones violentas que son educativas o de interés periodístico, aunque cada una tiene diferentes parámetros de lo que permite[2].

Las plataformas son más proclives a monitorear y eliminar contenidos nocivos relacionados con grupos criminales y a colaborar con las autoridades mexicanas en períodos de tensiones potencialmente elevadas. Esto es especialmente cierto durante las temporadas electorales. Meta, por ejemplo, aumentó el monitoreo de sus plataformas (que incluyen Facebook y Messenger, como se señaló, así como Instagram y WhatsApp) antes de las elecciones mexicanas de 2021 debido a preocupaciones sobre la seguridad de los candidatos[3]. En términos más generales, Twitter y Facebook informaron que coordinan con las fuerzas de seguridad mexicanas, incluida la Fiscalía y la Guardia Nacional, con el fin de mejorar la moderación de su contenido y proporcionar información relevante sobre actividades delictivas a las autoridades. Facebook incluso lanzó un chatbot para que los residentes de Ciudad de México denuncien delitos[4]. Las plataformas informaron que trabajan con aliados de la sociedad civil para estar actualizados sobre posibles actividades delictivas[5].

Dicho esto, los desafíos a largo plazo persistirán mientras los grupos criminales mexicanos mantengan su presencia en las redes sociales. Encuentran formas de eludir las normas para seguir publicando imágenes gráficas y otras formas de propaganda. Mientras tanto, las herramientas de mensajería privada y cifrada, como Messenger y WhatsApp, son ampliamente usadas para coordinar actividades entre miembros de grupos criminales. 

Los grupos criminales utilizan las redes sociales para intimidar a sus rivales, ganar aprobación popular y atraer reclutas. Los vídeos de torturas y ejecuciones siguen siendo el pilar de su estrategia en redes sociales, pero también publican sobre su trabajo caritativo y los estilos de vida aparentemente glamurosos de sus integrantes.

Intimidar a grupos rivales y civiles sigue siendo la prioridad de los grupos delictivos al usar las redes sociales. Para ello, publican imágenes violentas, como fotos y vídeos de decapitaciones, palizas y tortura. Este tipo de contenido tiende a proliferar durante los conflictos por territorio, como la escalada de enfrentamientos en Michoacán entre el CJNG y Carteles Unidos en 2020-2021, que en ese momento eran los dos mayores grupos criminales operando en la región[1]. Las amenazas suelen ser muy directas. Un presunto miembro del CJNG publicó sobre un líder rival: “Tranquilo, que tu muerte no será tan fácil. Vas a sufrir porque debes mucha gente inocente”[2]. 

Las redes sociales se usan con frecuencia para “exponer” a miembros de carteles rivales, publicando fotografías y nombres de personas que supuestamente trabajan con los rivales[3]. Grupos criminales también utilizan las plataformas para demostrar su capacidad militar y mandar amenazas. En al menos una ocasión, el CJNG afirmó haberse apoderado de una cuenta de Instagram que presuntamente pertenecía a un integrante del grupo rival llamado los Viagras tras su muerte. Pronto aparecieron en la cuenta publicaciones siniestras en las que se afirmaba su supremacía sobre sus rivales en la lucha por el control territorial: “Esta cuenta ahora pertenece al Cartel Jalisco Nueva Generación. Este es un mensaje para todos los que se toman el M2, el Mencho y todos los comandantes de broma. No tomaremos esta falta de respeto. Esto les pasara a todos los que no respeten al Señor Mencho. Buenas noches”[4].

Los grupos criminales también amenazan a los civiles, en particular a aquellos que informan sobre la violencia. En un video que circuló en redes sociales, hombres armados leen un mensaje presuntamente escrito por El Mencho dirigido a la periodista Azucena Uresti, quien informa sobre el conflicto en Michoacán. El comunicado dice: “Te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio”[1]. A veces, las amenazas tienen como objetivo aterrorizar a un público más amplio. La imagen de un cadáver acribillado a balazos dentro de un auto iba acompañada de un texto que decía: “Aquí y en todo Guanajuato rifa señor Marro. Se alinean o los alineamos”[2].

Aunque este tipo de publicaciones claramente violan las reglas de contenido, algunas de las consultadas por Crisis Group han permanecido en línea durante meses. Una razón es fallas en la moderación de contenidos. La mayoría de las publicaciones que se eliminan primero son denunciadas por los usuarios o identificadas mediante inteligencia artificial[3]. Sin embargo, los usuarios pueden no estar familiarizados con las reglas de la plataforma o con la forma de denunciar contenido, y pueden temer denunciar las publicaciones de carteles en línea. Por su parte, la detección de violencia basada en inteligencia artificial está muy lejos de ser perfecta: es difícil, por ejemplo, diferenciar entre una captura de pantalla de una película de acción y una imagen de violencia real[4]. Los moderadores y los mecanismos de control automatizados pueden carecer de recursos suficientes y no detectarla esencia de los mensajes delictivos. Por ejemplo, los grupos no suelen mencionar sus nombres en las publicaciones para evitar ser fácilmente reconocidos. En cambio, usan emojis para identificarse: un diablo morado para el CJNG, pastillas para los Viagras y picas para el Cartel de Santa Rosa de Lima[5].

Además, los grupos criminales suelen ser intencionales y estratégicos a la hora de eludir la moderación de contenidos. En 2021, Carteles Unidos aseguró tener varias páginas de Facebook, ahora todas eliminadas, que publicaban mensajes cruzados de una a otra. Por ejemplo, la página “Carteles Unidos” prácticamente se limitaba a reenviar contenidos de “Defensores Michoacanos”. Esto se traduce en que incluso si la última página fuera suspendida por violar las normas de Facebook, la primera podría no enfrentar consecuencias. “Han pausado cuatro de nuestras cuentas por 40 días”, escribió el administrador de una página. “Haremos más páginas para que sepan la verdad”[6].

Como dijo un empleado de Facebook a Crisis Group, los grupos criminales publican el contenido más violento en cuentas que saben que durarán poco tiempo: “Los carteles usan un montón de cuentas desechables en las que publican las cosas realmente malas, solo tienen un par de publicaciones a su nombre durante un corto período de tiempo y luego no vuelven a aparecer”[1]. Los posibles afiliados del grupo pueden volver a publicar este contenido, hasta que los moderadores marquen y eliminen la imagen. Las imágenes también pueden compartirse en WhatsApp, que está encriptada, o Telegram, que ha sido menos agresiva a la hora de eliminar contenido violento que otras plataformas[2].

Los videos e imágenes también pueden encontrar una segunda vida a través de páginas de noticias y periodismo ciudadano, que tienen mayor libertad para publicar contenido violento siempre que se considere de interés periodístico. Los narcoblogs frecuentemente publican imágenes gráficas junto a amenazas criminales, en particular narcomantas (pancartas impresas con mensajes amenazantes) dejadas en las escenas de asesinatos[3]. Dicho esto, a pesar de ofrecer un mayor margen de maniobra para las publicaciones que se consideran de interés informativo, las plataformas de redes sociales siguen retirando las publicaciones que cruzan ciertas líneas. Los blogueros tienen estrategias para evitar que eso ocurra. Al igual que las estrategias utilizadas por los grupos criminales y descritas anteriormente, los narcoblogs operan en múltiples plataformas para aprovechar las variaciones en las reglas y su aplicación. Un bloguero, que tiene la mayoría de sus seguidores en Facebook, a veces enlaza a su cuenta de Twitter por sus reglas más laxas sobre la violencia: “sicarios muertos y abandonados en los cerros, las imágenes más claras pueden consultarlas en Twitter sólo para los interesados”[4].

Debido a que operan de forma anónima y a veces publican contenido similar, puede resultar difícil para las redes sociales discernir qué cuentas son operadas por periodistas ciudadanos y cuáles son instrumentalizadas por miembros de carteles[5]. Diferenciar entre la propaganda y los informes de base se vuelve muy difícil ante la ausencia de periodistas confiables, como dijeron varios empleados de Twitter a Crisis Group. “Es difícil evaluar si una cuenta realmente pertenece a un cartel o es simplemente un blog local”, observó uno de ellos[6]. Los periodistas ciudadanos a menudo dependen de informes desde el terreno que no siempre son verificables. Incluso si un periodista ciudadano proporciona información veraz, puede ser acusado de estar vinculado a uno u otro bando de un conflicto[7]. Además, los investigadores han notado que el contenido de algunos narcoblogs y publicaciones en otras plataformas a veces revelan conexiones entre quien realiza la publicación y el aparato de seguridad del Estado, en especial cuando esas publicaciones tienen acceso a información confidencial que no está disponible para los ciudadanos comunes[8].

Además de amenazar a sus rivales, los grupos criminales también recurren a las redes sociales para ganarse el apoyo de la opinión pública. Con frecuencia los grupos aseguran estar protegiendo a los civiles de otros grupos más peligrosos, o incluso del Estado, proclamando promover la “autodefensa” de las comunidades. Por ejemplo, una publicación en Facebook de un presunto miembro de Carteles Unidos decía: “No queremos más secuestros en Michoacán. Vamos por un Michoacán libre del CJNG, sólo se dedican a estorsionar [SIC], matar, etc. Nosotros queremos que Michoacán sea pa los michoacanos y que la gente del pueblo se sienta segura”[1]. El CJNG hizo una afirmación similar: “estamos para servir al pueblo”[2]. Los grupos presentan evidencia de sus supuestos nobles objetivos y de la crueldad de sus enemigos: después de los tiroteos, por ejemplo, los grupos publican contenido según ellos proveniente de los teléfonos de sus rivales que les han arrebatado, incluidos vídeos de tortura[3].

Los grupos también se distancian de actividades que consideran potencialmente impopulares. Medios de comunicación en México informaron ampliamente que el CJNG utilizó drones armados con explosivos en un ataque contra la policía en El Aguaje, Michoacán[4]. En una publicación un presunto miembro respondió: “Ya que estamos respetando la autoridad tenemos que dejar en claro que los miembros de Carteles Unidos son responsables”[5]. Cuando comenzaron a circular rumores de que el precio de las tortillas estaba subiendo debido a que Carteles Unidos estaba aumentando el cobro por extorsión, una de sus páginas respondió que esto se debía simplemente al precio de la harina de maíz: “Carteles Unidos no cobra cuota a negocios, si el precio sube… es la semilla”[6].

Las organizaciones criminales también utilizan las redes sociales para difundir información que los hace ver como protectores. Ahora son comunes los videos de grupos criminales distribuyendo ayuda (narcodespensas) a los ciudadanos tras el COVID-19 y desastres naturales[1]. Por ejemplo, el CJNG distribuyó alimentos y suministros durante la pandemia en varias ciudades, así como en zonas rurales pobres de cinco estados mexicanos, etiquetó las cajas de ayuda con el nombre del grupo y publicó fotos en línea, un claro esfuerzo por aumentar su influencia en una época de tensión sobre la atención y los recursos oficiales[2].

Este tipo de publicaciones suelen caer en una zona gris de las políticas de las redes sociales. Por un lado, las plataformas prohíben exaltar a los grupos criminales que aparecen en sus listas de organizaciones peligrosas, con base en que esto puede glorificar sus acciones[3]. YouTube, por ejemplo, eliminó un video de los primeros días de la pandemia que mostraba al Cartel de Jalisco distribuyendo ayudas[4]. Por otro lado, ante la ausencia de una incitación clara a la violencia o contenido gráfico, no siempre es fácil determinar si estos vídeos deben ser eliminados. No todos los grupos criminales están en listas de organizaciones peligrosas. El contenido podría considerarse de interés periodístico y no hacer una referencia explícita a un grupo criminal en particular. Además, mientras se lleva a cabo la revisión, los videos permanecen en línea, donde pueden ser recogidos y circulados a través de la prensa generalizada o narcoblogs.

La presencia más visible de los grupos criminales en línea tiene un estilo algo diferente: la promoción de la narcocultura. Este contenido suele adoptar dos formas. Los narcocorridos, que datan de mucho antes de que existieran las redes sociales y enaltecen las hazañas de los líderes criminales[1]. Los miembros de los grupos comparten con frecuencia estas canciones en redes sociales; incluso pueden encargarlas a través de Facebook[2]. En segundo lugar, los miembros de grupos criminales comparten imágenes y videos que muestran un estilo de vida lujoso y emocionante, particularmente en plataformas esencialmente visuales como Instagram y TikTok. El “Cartel TikTok” explotó en popularidad en 2020, lo que llevó a un usuario, según el New York Times, a preguntar: “¿Acaban de desplegar los carteles su estrategia de marketing en TikTok?”[3]. Desde entonces, TikTok ha prohibido en la sombra el hashtag #CartelTikTok y está considerando medidas adicionales, como mejoras en la tecnología de visión artificial para identificar armas o signos de afiliación a carteles y eliminar videos que glorifican los estilos de vida criminales[4].

Dicho esto, TikTok no puede erradicar por completo el material que exalta a los carteles, porque la narcocultura existe fuera e independientemente de la propaganda de los carteles, al igual que otras subculturas juveniles que adoptan ropa o símbolos de estilo mafioso[1]. Muchos de los que publican sobre la narcocultura son mexicano-estadounidenses que no tienen experiencia directa con grupos criminales ni vínculos con ellos[2]. Al mismo tiempo, TikTok tendría dificultades para excluir contenido que pueda incluir ciertos elementos de narcocultura sin tener relación con bandas criminales o sus miembros, en especial teniendo en cuenta el tamaño del universo de usuarios. Los vídeos en TikTok que imitan la moda y el estilo de vida asociados con los narcotraficantes o con las buchonas (las novias de éstos), son populares incluso en lugares tan lejanos como el sudeste asiático.

Las plataformas de redes sociales se esfuerzan por trazar una línea entre propaganda y subcultura. Los narcocorridos tienen una larga historia en México, e incluso la cultura popular dominante tiende a glorificar a los grupos criminales[3]. Un empleado de Facebook dijo a Crisis Group que “la promoción de la narcocultura, especialmente a través de la música, a menudo sobrepasa los límites cuando se trata de violar [regulaciones] de contenido”[4]. Un empleado de Twitter lo reiteró: “Está prohibido exaltar o apoyar a organizaciones que incitan al odio, pero en la cultura popular la forma en que la gente habla de los grupos criminales puede ser muy radical”[5].

Los grupos criminales rara vez coordinan sus actividades en plataformas públicas como Facebook y Twitter, por la obvia razón de que sus mensajes pueden ser rastreados. En Facebook han circulado listas de personas que grupos ilegales planean asesinar, a menudo desde cuentas descartables, pero en general los grupos criminales dependen mucho más de las EMA, plataformas con cifrado de extremo a extremo como WhatsApp y Messenger[1]. El cifrado es particularmente atractivo para los grupos criminales porque las fuerzas de seguridad no pueden interceptar los mensajes enviados a través de esas plataformas. Según una investigación interna de Meta descrita a Crisis Group, delincuentes usaron Messenger para coordinar un ataque contra el jefe de policía de Ciudad de México en 2020, entre otros medios de comunicación[2]. El Cartel de Sinaloa utilizó WhatsApp para organizar su violento ataque contra las fuerzas de seguridad en respuesta al intento de captura en 2019 del hijo del líder Joaquín “El Chapo” Guzmán. A través de la aplicación, ofrecieron dinero a cualquiera que se uniera a la ofensiva y luego cancelaron el ataque una vez que el hijo de El Chapo fue liberado[3]. Los miembros del crimen organizado también usan WhatsApp y Messenger para cobrar extorsiones y ponerse en contacto con las familias de las víctimas de secuestros[4].

Las plataformas no pueden moderar el contenido enviado a través de aplicaciones de mensajería cifrada. Por motivos de privacidad, nadie más que el remitente y el destinatario pueden leer los mensajes enviados por aplicaciones como WhatsApp o Messenger. Como resultado, los administradores de las plataformas simplemente no saben qué contenido se comparte entre los usuarios, incluso si estos mensajes llegaran a violar los términos de uso. Por este motivo, los empleados de Meta explicaron a Crisis Group que sólo pueden eliminar las cuentas que se utilizan para realizar amenazas si los destinatarios de estos mensajes los denuncian[5]. Sin embargo, denunciar no es sencillo: cuando los grupos criminales contactan a un usuario, a menudo también amenazan con infligir daños físicos, lo que atemoriza a las personas para que no alerten a la plataforma o a las autoridades. La facilidad con la que se pueden crear nuevas cuentas también puede causar desesperanza entre las víctimas, ya que los acosadores pueden retomar la agresión fácilmente con un número diferente. Como resultado, los operadores de plataformas rara vez están al tanto de las amenazas más graves.

El reclutamiento es un área en la que tanto los EMA como las plataformas públicas (en particular Facebook) han jugado un papel importante. El reclutamiento en línea puede ocurrir de varias maneras. Se han utilizado anuncios de empleo imprecisos y a menudo bien remunerados, para reclutar contrabandistas y jóvenes[1]. Usuarios que dicen pertenecer a grupos criminales frecuentemente publican mensajes o imágenes que simplemente dicen “estamos reclutando gente… Inbox”[2]. Sin embargo, según un empleado de Meta, la forma más común en que se produce el reclutamiento en redes sociales puede ser a través de personas que buscan cuentas de miembros de grupos criminales: “Escuché anecdóticamente que al menos la mitad de los casos de reclutamiento que se encuentran son personas que se acercan a quienes hacen publicaciones para los carteles preguntando, ¿cómo me uno?”[3]. En relación con un caso reciente de filtración por parte de un denunciante interno de Facebook, el Wall Street Journal informó que una investigación interna realizada por la compañía de redes sociales había confirmado que el CJNG utilizaba la plataforma para reclutar y entrenar asesinos, así como para pagarles por los servicios prestados. Mensajes no cifrados mostraban a los reclutadores advirtiendo que, si intentaban abandonar el entrenamiento, resultarían gravemente heridos o muertos[4].

Las redes sociales públicas también pueden ser utilizadas para recopilar información sobre los rivales y planear maniobras armadas. Un criminal de alto rango de Michoacán dijo a Crisis Group que el descuido de unos jóvenes miembros de un grupo enemigo le había permitido planear asesinatos en su contra: su grupo revisó Facebook para identificar a los agentes enemigos, obteniendo así  información personal como fotografías y ubicaciones, para elaborar listas de posibles objetivos militares. “Sientes lástima por ellos, no son más que chavos que publican todo tipo de cosas… pero al final del día no tienes otra opción ya que ellos [sus jefes] los mandan a atacarnos”, dijo[5].

Las plataformas de redes sociales enfrentan una serie de problemas complejos en la lucha contra el uso de sus servicios por parte de grupos delictivos. Las principales compañías de redes sociales le hacen seguimiento a tres grupos que son prioritarios para las fuerzas de seguridad: organizaciones terroristas, grupos de odio y organizaciones criminales. Los grupos criminales son especialmente difíciles de detectar porque, a diferencia de muchos grupos terroristas y de odio, no organizan foros dedicados a debatir ideologías y su propaganda no está diseñada para atraer a grandes audiencias^[1]. Como se señaló, tienden a operar a través de redes de cuentas descentralizadas y rara vez pretenden volverse virales, lo que hace más difícil detectar contenido ofensivo. 

La gran cantidad de grupos criminales en México (actualmente más de 200) también hace más difícil para las plataformas de redes sociales mantenerse al día con todos, excepto una fracción de éstos. Las plataformas, incluidas Twitter y Facebook, organizan sus respuestas a los grupos criminales en parte sobre la base de la designación oficial de determinadas entidades como grupos terroristas, de odio o criminales por parte del gobierno estadounidense. En Facebook, los usuarios y las páginas también pueden ser eliminados por infringir sistemáticamente las normas de contenido, pero no específicamente por exaltar o representar a un grupo criminal, a menos que ese grupo esté en la lista de “organizaciones peligrosas” mantenida por Meta. Esta lista está parcialmente basada en las designaciones de EE. UU. de organizaciones violentas y se pueden agregar grupos en ella tras deliberaciones internas de la compañía[2]. Sólo hasta 2020 la mayoría de los principales grupos fueron específicamente prohibidos en Facebook y, a juzgar por una filtración de documentos de la compañía en 2021, sólo 21 grupos criminales mexicanos fueron vetados y aparecieron en la lista de “organizaciones peligrosas” de Meta[3]. Empleados de Facebook explicaron a Crisis Group los desafíos que enfrentan y observaron que la forma en que los grupos “se separan, se dividen y se fragmentan” dificulta su seguimiento[4].

Para complicar aún más la implementación de controles más estrictos por parte de las compañías de redes sociales, están las autodefensas que han surgido a nivel local y tienden a eludir una categorización simple. En ocasiones estos grupos sirven como una especie de policía comunitaria, mientras que en otros casos se involucran en actividades criminales. Además, los grupos delictivos suelen adoptar el lenguaje de la legítima defensa para encubrir sus actividades. Las plataformas de redes sociales no tienen una política definida para estas fuerzas de autodefensa, ni sobre cuándo (o si) deben ser tratadas como actores violentos[1].

Los esfuerzos por frenar la presencia de grupos criminales en redes sociales también podrían eliminar accidentalmente información sobre lugares peligrosos. Grupos de Telegram, páginas de Twitter y páginas de Facebook (muchas de ellas narcoblogs) proporcionan noticias sobre las condiciones sobre el terreno que ayudan a que la población civil se mantenga a salvo. Esto incluye transmitir información sobre la ubicación de narcobloqueos, bloqueos establecidos para impedir la entrada o salida de ciertos territorios; zonas donde ha estallado un conflicto, y solicitudes de ayuda para encontrar víctimas de secuestro[2].

La línea que separa las advertencias útiles de la desinformación (es decir, esfuerzos intencionales por engañar) puede ser extremadamente difícil de discernir. Publicaciones de los propios grupos criminales pueden ayudar a los civiles a abandonar áreas que muy probablemente serán escenario de una guerra territorial entre grupos rivales[3]. Sin embargo, también pueden sembrar confusión y avivar el miedo, en especial ante la ausencia de información más confiable. Durante una escalada en Michoacán en abril de 2021, una página de Facebook afiliada a Carteles Unidos publicó: “Seguidores no se acerquen a estas zonas los terroristas del CJNG están recogiendo gente inocente”[4]. Un narcoblog aparentemente afiliado al CJNG negó lo dicho por Carteles Unidos y en contraste afirmó que el ataque fue un asalto de falsa bandera destinado a desacreditar al grupo[5].

La vía más directa para reducir el daño causado en el mundo real por el contenido en línea de los grupos criminales es que las plataformas inviertan más en la detección de material peligroso, como campañas de reclutamiento, acoso y amenazas. Las plataformas generalmente tienen menos capacidad para hacerlo fuera de EE. UU. y Europa occidental[1]. En Facebook, los empleados dijeron a Crisis Group que en comparación con los grupos terroristas y de odio, las respuestas de la plataforma a los grupos criminales son lo que describieron como las “menos maduras”[2]. La presencia de los grupos criminales mexicanos en línea es menos fácil de identificar que, por ejemplo, la de los grupos yihadistas extremistas o los grupos de odio de extrema derecha, que tienden a operar dentro de parámetros ideológicos claros. Esto ha significado que sus publicaciones con frecuencia pasen desapercibidas. Según un empleado, por cada publicación que se elimina por infringir las normas, otras diez permanecen en su lugar[3]. 

Si bien es cierto que es difícil controlar el contenido que publican los grupos criminales, es notable lo efectivas que han sido las plataformas de redes sociales a la hora de eliminar publicaciones por parte de grupos terroristas. No cabe duda de que las compañías de redes sociales se enfrentan a una mayor cantidad de contenidos, dado el gran número de grupos delictivos y la descentralización de sus redes. La narcocultura hace que estos contenidos sean omnipresentes, y contrarrestarlos puede suscitar preocupación por las restricciones a la libertad de expresión. Además, como ya se ha señalado, los grupos criminales generalmente carecen de las posturas ideológicas claramente definidas que facilitan el seguimiento de los grupos extremistas.

Para mejorar la moderación de los contenidos, es esencial una estrecha cooperación con organizaciones que conozcan bien las dinámicas locales. Los observatorios sobre el crimen organizado (que generalmente reúnen a miembros de la sociedad civil, académicos y funcionarios estatales para analizar las tendencias criminales) podrían ser particularmente útiles. Los grupos criminales han demostrado que pueden adaptarse rápidamente a las nuevas reglas de moderación de contenido, por ejemplo, usando emojis para evitar la prohibición en la sombra[1]. Al trabajar estrechamente con socios externos, las plataformas de redes sociales pueden entrenar mejor tanto a los algoritmos de aprendizaje automático como a los moderadores de contenido humanos para mantenerse al día con estos cambios[2]. Los sistemas de visión artificial pueden ser entrenados para eliminar automáticamente contenido gráfico o símbolos asociados con determinados carteles, evitando al mismo tiempo una prohibición general de todo lo relacionado con la narcocultura. Los moderadores de contenido humanos deben tener un profundo conocimiento de la situación sobre el terreno para evaluar los casos que se encuentran en una zona gris entre cultura y propaganda. No será posible eliminar todo el contenido relacionado con el narcotráfico, pero las plataformas pueden limitar la capacidad de los grupos criminales para abusar de las redes sociales.

Las plataformas también deben estar más atentas a las circunstancias que pueden provocar picos de contenido dañino en las redes sociales, como las elecciones nacionales y escaladas de conflictos locales. Esto puede ayudar a garantizar que se escuchen las voces confiables sobre el terreno y frenar la propaganda destinada a intimidar a las personas o movilizar a los civiles en nombre de una facción criminal. En términos más generales, las plataformas de redes sociales deben facilitar a los investigadores locales y a organizaciones de la sociedad civil el acceso a sus datos. El análisis de redes y de tendencias permitiría a las plataformas eliminar grupos de cuentas asociadas con miembros conocidos de grupos criminales y reforzar los datos disponibles para realizar ajustes en la moderación de contenidos. Los principales narcoblogs deben ser verificados en un trabajo coordinado entre las plataformas de redes sociales y socios de confianza de la sociedad civil, y las compañías deben cooperar con estos blogs para asegurarse de que su contenido se alinee con las políticas de las plataformas.

Sin embargo, la moderación de contenidos se está viendo socavada por las propias prácticas comerciales de las redes sociales, y las plataformas deben contemplar cambios en sus algoritmos para frenar su uso por parte de grupos criminales. Las compañías de redes sociales con frecuencia orientan sus algoritmos, o las reglas que rigen lo que la gente ve en las plataformas, para promover la participación de los usuarios, una práctica que puede beneficiar a los grupos criminales[3]. Los algoritmos pueden promover contenidos que incluyen imágenes o videos nocivos. En el curso de nuestra investigación en línea para este informe, el algoritmo de recomendación de Facebook promovió cuentas en las que aparecían de forma destacada armas e insignias criminales. Ajustar la forma en que se generan las recomendaciones podría ayudar a reducir la difusión de redes y contenidos delictivos. Degradar los contenidos basados principalmente en imágenes y, en su lugar, promover textos informativos más largos, podría alentar a los narcoblogs a priorizar piezas de interés periodístico en lugar de amplificar las publicaciones creadas o influenciadas por grupos criminales.

Esta medida debe ir de la mano de programas de verificación y protección, que siguen siendo la herramienta más poderosa disponible para demostrar la confianza de las plataformas en las cuentas. Los periodistas en Facebook reciben medidas de seguridad especiales (Facebook Protect), que incluyen monitoreo de cuentas para detectar posibles hackeos[1]. Meta ha aumentado su verificación de páginas de periodistas y de la sociedad civil en zonas de conflicto para promover la información confiable[2]. Aun así, ninguna plataforma informa sobre una política específica que describa cómo tratan a los periodistas ciudadanos. Las compañías de redes sociales deben remediar esto en el caso de México cultivando fuentes regionales y locales confiables que puedan ayudarles a identificar proveedores de información anónimos confiables (es decir, cuentas que se considera ampliamente que transmiten información precisa e imparcial), verificar sus cuentas y amplificar sus voces.

Los programas de verificación pagos, por otro lado, podrían poner en peligro las iniciativas para limitar la información falsa. En marzo de 2023, Elon Musk anunció que Twitter eliminaría las marcas azules de los usuarios verificados, incluidos los periodistas, un cambio de política que entró en vigor, con algunas excepciones, un mes después. Un plan pago (“Twitter Blue”) ahora permite que cualquier usuario reciba una marca de verificación azul junto a su perfil, lo que hace mucho más difícil verificar si una fuente es confiable.

Por último, fuera del ámbito digital, los altos funcionarios del gobierno deben destinar más recursos y energía para proteger a los periodistas profesionales y detener los ataques verbales a la prensa que podrían considerarse como una licencia para cometer abusos físicos. Los grupos criminales han prosperado en línea en parte porque pretenden proporcionar información sobre el en zonas donde no hay presencia de medios de comunicación. El gobierno del presidente López Obrador extendió un programa gubernamental llamado Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, diseñado para proporcionar seguridad a periodistas y defensores de derechos humanos ofreciendo una serie de medidas de protección, desde sistemas de cámaras y botones de pánico hasta protección policial o reubicación para quienes se encuentren bajo amenaza[3]. Aunque, según informes, el Mecanismo ha protegido la vida de varios periodistas, no ha logrado poner fin a la violencia que enfrentan, y varios periodistas han sido asesinados mientras estaban bajo protección y otros mientras esperaban que se aprobara su solicitud. La impunidad por los asesinatos de periodistas sigue siendo alta[4].

Mientras tanto, el presidente mexicano ha contribuido a la inseguridad con su hostilidad hacia los periodistas. López Obrador los ha atacado en varias ocasiones calificándolos de “mercenarios”, “matones” y “vendidos”, comentarios que, según los periodistas, han intensificado los peligros a los que se enfrentan, una práctica que debe cesar[5]. Por otra parte, los planes de protección para periodistas carecen de personal y recursos, y hay largos retrasos entre la solicitud de protección de un periodista y su eventual puesta en práctica. A las fuerzas federales también les ha resultado difícil coordinarse con la policía local y estatal para brindar protección sobre el terreno. Entre las mejoras necesarias se encuentran una mejor dotación de personal, vías de comunicación más claras y la ampliación del programa para que más periodistas puedan acceder a él de manera oportuna[6].

Los donantes extranjeros también deben patrocinar la creación de plataformas colaborativas en línea seguras y cifradas para que los periodistas depositen información y su trabajo de investigación pueda ser compartido en caso de muerte, lo que podría ayudar a disuadir la intimidación y la violencia contra periodistas de manera individual[7].

Los grupos ilegales en México utilizan plataformas digitales para difundir propaganda, reclutar nuevos miembros y amenazar a sus rivales. Con demasiada frecuencia los criminales van varios pasos por delante de quienes deben regular sus actividades en línea. La descentralización, el uso de múltiples cuentas y la capacidad de trabajar a través de miembros y simpatizantes dificultan el seguimiento de las publicaciones de los grupos criminales. Para aumentar la confusión, el público en general frecuentemente publica su propio contenido inspirado en el mundo narco, lo que complica los esfuerzos de las plataformas por acabar con el contenido que glorifica el crimen. Dado que los periodistas profesionales no pueden acceder a las zonas más peligrosas del país, una serie de grupos criminales, narcoblogueros y periodistas ciudadanos llenan el vacío con contenido que puede resultar confiable o no. 

Siendo conscientes de la necesidad de proteger la libertad de expresión, tanto las plataformas de redes sociales como los funcionarios gubernamentales pueden hacer más para que el ámbito digital sea un lugar menos acogedor para los grupos criminales y para limitar su capacidad para promover sus intereses en línea. Las plataformas deben colaborar más estrechamente con la sociedad civil local para identificar a los actores criminales en línea y comprender mejor el contenido que publican, de modo que los esfuerzos de moderación puedan adaptarse de manera más efectiva. Algunos ajustes de los algoritmos también pueden ayudar a darle prioridad a los contenidos informativos de calidad frente al material que glorifica la delincuencia. Por último, de vuelta en el mundo físico, el gobierno puede y debe hacer más para proteger a los periodistas profesionales a través de intervenciones más fuertes y ágiles, y enviando una señal inequívoca, desde todos los niveles de gobierno, de que una prensa libre y vibrante es esencial para el bienestar de la nación y de todos los que viven en ella. 

Ciudad de México/Nueva York/Bogotá/Bruselas, 31 de enero de 2024