Recogiendo los pedazos tras el asedio criminal en México

¿Qué pasó en Culiacán? 

Una serie de incidentes la semana pasada han develado la verdadera magnitud de la crisis de seguridad y gobernanza de México.  El 14 de octubre, hombres armados supuestamente del Cártel Jalisco asesinaron a trece policías en una emboscada en el estado de Michoacán. El 16 de octubre, un enfrentamiento entre el ejército y el crimen organizado llevó a la muerte de un soldado y catorce presuntos delincuentes en Guerrero. Luego, el 17 de octubre, las cosas se salieron totalmente de control. En Culiacán, capital del estado de Sinaloa y cuna del narcotráfico mexicano, el ejército y la Guardia Nacional detuvieron a Ovidio Guzmán, hijo del excapo máximo del narco mexicano y jefe del Cartel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en una prisión de EE. UU. El Cartel reaccionó atacando a soldados con armamento pesado y enviando a grupos de sicarios a patrullar las calles, sembrando el terror entre la población de la ciudad. Minutos después del ataque, videos del tiroteo circulaban por Facebook y Twitter, junto con fotos de columnas de humo alzándose sobre la ciudad mientras los hombres del cártel incendiaban vehículos y edificios.

El nivel de violencia no es nuevo. Las tasas de homicidio vienen ascendiendo continuamente en México, y 2019 está en camino de convertirse en el tercer año consecutivo en el que el país registra altos históricos en el número de homicidios.

Lo que es nuevo es la fuerza de las imágenes. En los últimos trece años, el alcance de la violencia en México a menudo se ha ocultado al público, y gran parte de los asesinatos se llevan a cabo bajo un manto de silencio o en áreas remotas donde los medios no llegan. Pero la destrucción en Culiacán fue transmitida casi en simultáneo por redes sociales, dejando que el mundo observara casi en tiempo real. Parecía algo salido de una zona de guerra; y para los residentes de Culiacán lo era. Contactos locales dijeron a Crisis Group que nunca habían experimentado tal miedo. La ciudad estaba paralizada, como si estuviese bajo asedio.

El Cártel de Sinaloa pretendía que las imágenes parecieran una guerra, y su estrategia de relaciones públicas parece haber sido efectiva en el sentido de que libró a Guzmán de la detención. La noche del 17 de octubre, el gobierno federal mexicano anunció que había liberado a Guzmán para evitar más violencia. Posteriormente añadió que Guzmán nunca había estado “formalmente detenido”, aunque agentes estadunidenses habían dicho previamente a un periodista que el capo estaba “100 por ciento bajo custodia mexicana”. En otras palabras, el giro de los eventos del 17 de octubre ha comenzado, y la verdad completa puede nunca establecerse.

¿Qué significan estos eventos para el conflicto en México?

Independientemente del giro del gobierno, el público se está quedando con el mensaje de que una organización criminal obligó al estado mexicano a someterse. Los eventos de Culiacán establecen así un precedente muy peligroso.

Hay muchas razones por las que el conflicto armado en México se ha vuelto cada vez más letal y difícil de controlar en los últimos quince años. Pero la principal es la impunidad. Las estadísticas de la última ola de la guerra contra las drogas desde finales de 2006 cuentan la historia: aproximadamente 150 000 personas han sido asesinadas como resultado directo, de acuerdo a la mayoría de las fuentes, y más de 40 000 han desaparecido. Pero más del 95 por ciento de estos graves crímenes han quedado complemente impunes. No hay ninguna disuasión para cometer graves actos de violencia ya que no hay consecuencias. Los hechos en Culiacán amenazan con fortalecer esta lógica perversa, porque probablemente los grupos del crimen organizado perciban que pueden chantajear al estado mexicano. Algunos grupos, inclusive en regiones donde en conflicto ha sido menos severo, podrían verse tentados a imitar las acciones del Cártel de Sinaloa. Esto ha sucedido en el pasado.

¿Qué significa este incidente para la política de seguridad del nuevo presidente?

Culiacán cuestiona el enfoque de seguridad del gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones del año pasado en parte debido a su promesa de abstenerse de enfrentar el crimen organizado por medio de la fuerza, incluyendo la de las fuerzas armadas. Los dos presidentes anteriores dependían de este tipo de fuerza, y este enfoque fracasó, profundizando y ampliando los conflictos violentos del país. Las misiones para matar o capturar a líderes criminales fueron exitosas según sus propios criterios, fragmentando a las grandes organizaciones criminales. Pero el estado no hizo un seguimiento sostenido para el restablecimiento del orden en las regiones más asediadas del país. En cambio, los fragmentos de los grupos criminales se mantuvieron fuertes, y en algunos lugares dominantes, perpetuando, e incluso acelerando la dinámica de matar y extraer ingresos directamente de los civiles, a través de la extorsión, por ejemplo.

En reacción a esta situación, y en medio de la frustración generalizada con la militarización de la seguridad pública que lo provocó, López Obrador adoptó la postura de que "el fuego no se apaga con el fuego". Descartó el uso de la fuerza para combatir el crimen. Sin embargo, las paradojas de su nuevo enfoque se están haciendo evidentes: López Obrador continúa confiando en las fuerzas armadas para garantizar la seguridad pública, argumentando que la policía es demasiado corrupta para hacer el trabajo. Al mismo tiempo, los grupos criminales están explotando la renuncia del gobierno al uso de la fuerza militar para probar hasta dónde pueden extender su influencia.

La Guardia Nacional, institución insignia de seguridad de López Obrador, fue establecida oficialmente en junio.  Nominalmente es un nuevo cuerpo de policía federal, aunque depende casi exclusivamente de personal y recursos militares. El efecto de su despliegue en varias regiones violentas es hasta ahora difícil de detectar. Sus operaciones siguen limitadas a patrullar calles y permanecer visibles, bajo la rúbrica de una policía no coercitiva. Los eventos de Culiacán profundizarán la confusión del público sobre su papel. El gobierno dice que no tenía la intención de que el arresto de Guzmán fuera una redada de tipo matar o capturar como lo establecía el viejo modelo. Afirma que la operación fue fallida y mal planificada, un incidente aislado que no es indicativo de la política.

En efecto, la política de seguridad militarizada está a la vez viva y muerta: López Obrador ha renunciado a ella, pero sus vestigios permanecen. Entretanto, no existe una nueva estrategia de seguridad integral para reemplazar los viejos axiomas de la guerra contra las drogas. Hasta el momento, no existe un compromiso claro con la reforma de las fuerzas de policía locales. El presidente no ha tomado medidas para abordar problemas institucionales crónicos, como la falta de vigilancia y la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial. En cambio, ha insistido en el efecto curativo de su propia integridad personal y en alcanzar la seguridad a través de la prosperidad: los ambiciosos programas sociales y económicos de su gobierno están destinados a generar suficientes oportunidades educativas y vocacionales para socavar el atractivo del crimen organizado.

Abordar los factores socioeconómicos es una parte necesaria de la solución a los problemas de México. Pero sin medidas de seguridad a corto plazo, orientadas a proteger a los civiles y disuadir la agresión criminal (medidas que muy probablemente incluyan una amenaza creíble del uso la fuerza), la estrategia a largo plazo puede no tener tanta importancia. En los últimos meses, Crisis Group ha hablado con comandantes de grupos criminales en Michoacán y Guerrero, quienes claramente declararon sus planes para evaluar hasta dónde pueden llegar. A pesar de lo chocante que fue, lo que pasó en Culiacán no sale de la nada.

¿Qué puede hacer López Obrador ahora?

Para López Obrador no será fácil navegar esta primera crisis de su presidencia. En términos de política de seguridad, deja a México en una encrucijada. Hasta ahora, López Obrador puede sentirse reafirmado en su postura de "abrazos, no balas" por sus altos índices de aprobación. Pero después de los eventos del 17 de octubre, incluso sus partidarios más férreos podrían comenzar a hacer preguntas. La reacción negativa que se avecina podría traducirse en una intensa presión sobre la administración para que revise sus políticas de seguridad. La administración podría verse tentada a recurrir a las viejas costumbres: volver a las operaciones de matar o capturar como una solución rápida. Pero esto podría hacer más mal que bien.

En cambio, López Obrador y su equipo deberían reconocer que su actual solución de tipo socioeconómica necesita algunos ajustes. El objetivo debería ser elaborar una estrategia integral que no abandone este componente a largo plazo, sino que lo armonice con métodos a corto plazo para salvaguardar a los más vulnerables y frenar el comportamiento criminal más agresivo, como el despliegue de las fuerzas de seguridad para separar a grupos armados enfrentados y prevenir acciones contra la población civil en lugares extremadamente violentos como las montañas de Guerrero. Los abusos asociados con el uso de la fuerza estatal en el pasado fueron graves, pero las autoridades pueden avanzar para frenarlos con estrictos mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas, a modo de acabar con la colusión militar y policial con el crimen organizado y otras formas de corrupción, así como los abusos contra los derechos humanos incluyendo desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales. Nuevos esfuerzos para asegurar la efectividad de la policía local también son esenciales. La administración de López Obrador ha congelado varias iniciativas destinadas a profesionalizar a la policía: mejor capacitación, equipamiento, pago y protección. Por el contrario, el gobierno debería restablecer estos programas y comprometerse plenamente con ellos.

Las administraciones anteriores tienen gran parte de la culpa por la condición actual de México. Pero ahora le corresponde a López Obrador sentar las bases para una reconstrucción gradual de las capacidades del Estado. Entretanto, las medidas de seguridad y mantenimiento del orden público a corto plazo son importantes para contener la tendencia hacia un conflicto más amplio y profundo en México. Las potencias externas deberían ofrecer asistencia para una reforma institucional, particularmente la de las fuerzas policiales locales por medio de asistencia técnica, así como asistencia financiera y técnica para la búsqueda de personas desaparecidas en México. El gobierno mexicano debe continuar con los esfuerzos para abordar el lavado de dinero y el flujo ilegal de armas hacia el país, que ayudan a propagar la continua violencia criminal.  De igual modo, EE. UU. debería asumir su parte de responsabilidad por la crisis, comenzando por reconocer que, al no dejar a México otra opción que actuar como un brazo extendido del control de inmigración de Estados Unidos, ha obligado a su vecino del sur a canalizar recursos cruciales que deberían utilizarse para garantizar la seguridad pública. Es en el interés de la seguridad nacional de los EE. UU. dejar que México se ocupe de los asuntos internos urgentes e invertir todos sus esfuerzos para garantizar una mayor estabilidad.