Hora de acabar con las sanciones a Myanmar

A medida que Myanmar sigue adelante con su ambiciosa reforma y abandona viejas formas de pensar, Occidente debería plantearse también un cambio de mentalidad y la adopción de un enfoque más sutil.

Tras décadas de sanciones y de aislamiento autoimpuesto, Myanmar, conocido anteriormente como Birmania, está experimentando una destacable y, hasta el momento, pacífica transición de su régimen autoritario, tomando la dirección que tanto su pueblo como la comunidad internacional reclaman. Los drásticos cambios llevados a cabo por el Presidente Thein Sein han sido refrendados por la líder de la oposición, Aung San Suu Kyi, quien señaló que la motivación del mandatario ha sido sincera. 

Libertades políticas clave, como el derecho a organizarse, a asamblea, a expresarse o a presentarse a un cargo político, se están ejerciendo a un nivel que resultaba impensable, incluso hace tan sólo un año. 

El gobierno ha abandonado las políticas de confrontación con las minorías étnicas en favor de una iniciativa de paz que ha resultado en la firma de un total de once altos al fuego con diferentes grupos armados. Solamente la resistencia de Kachin ha quedado pendiente. Estos acuerdos constituyen un primer paso alentador en lo que debería ser un esfuerzo más amplio de reflexión sobre la manera en la que el país se ve a sí mismo tras 60 años de guerra civil. 

Suu Kyi es candidata oficial a un escaño del Parlamento en las elecciones parciales del 1 de abril. El partido que lidera, la Liga Nacional por la Democracia (LND), ha pasado de ser ilegal a estar registrado, y su imagen, prohibida anteriormente, se repite una y otra vez a lo largo y ancho de toda la capital. Miles de personas son testigos de su campaña electoral y los medios de comunicación son libres de difundirla. Las elecciones por 48 de los 656 escaños legislativos no serán perfectas, pero se prevé que sean mucho más libres y justas que las controvertidas elecciones de noviembre de 2010. 

Pero todavía hay muchas cosas que cambiar. Décadas sin una asamblea legislativa han provocado una sobredependencia de Myanmar de las leyes coloniales británicas; tal y como me dijo un asesor gubernamental en Rangún la semana pasada, “Cualquier cosa que se te ocurra, necesitaremos reformarla”. Agricultura retrasada, infraestructura antigua, administración pública oxidada y mentalidades labradas por décadas de aislamiento, son aspectos que no pueden transformarse fácilmente de la noche a la mañana. La buena noticia es que muchos de los altos funcionarios, empezando por el Presidente, lo han entendido y se han dado cuenta de que el aislamiento ha debilitado al país. Están dispuestos a aceptar ayuda desde el exterior. Se introducirá capital, know-how y nuevas ideas de forma acelerada, no siempre bien diseñados y no siempre con buenas intenciones. El reto para Occidente, que ha contribuido a la reclusión del país, será el de recalibrar su respuesta a las iniciativas de reforma. 

Hayan o no favorecido el cambio, las sanciones existentes no ayudarán a potenciar el impulso reformista. En cambio levantarlas sí que lo hará. Se han dispuesto una serie de importantes cambios para poder responder a las crecientes demandas del pueblo de Myanmar, así como para prepararse para acoger los Juegos del Sudeste Asiático en 2013 y ostentar la presidencia de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático en 2014. Siguiendo un nuevo espíritu democrático, el gobierno ya tiene el ojo puesto en su reelección en 2015. 

Ni las amenazas ni las promesas son necesarias a la hora de establecer la agenda. El escepticismo y una prudencia excesiva sólo conseguirán ralentizar el proceso de reforma y disparar el riesgo de convertirse en una profecía de fracaso autocumplida. En vez de eso, ha llegado el momento de alentar y apoyar la consecución de los objetivos mutuos de apertura de Myanmar y mejorar la situación de un pueblo que vive, por lo general, en la pobreza. Esto requerirá sutileza en las actuaciones de los gobiernos occidentales y un esfuerzo político acorde al que están llevando a cabo las autoridades de Myanmar. 

En primer lugar, sería erróneo buscar nuevas razones para mantener las restricciones: utilizar las sanciones para forzar una solución al conflicto étnico en el que está envuelto el grupo armado de Kachin sería una táctica torpe que presionaría únicamente al bando del gobierno y que alentaría al otro a seguir luchando para mejorar el acuerdo. En segundo lugar, se debería evitar la utilización de prohibiciones globales en materia de comercio, transacciones financieras o ayuda al desarrollo para tratar cuestiones individuales de agendas bilaterales como el contrabando de personas. Finalmente, una vez que Suu Kyi asuma su nuevo papel de líder de un partido minoritario en el Parlamento, con objetivos propios para 2015, dejará de ser conveniente tomar como única referencia la dirección marcada por ella y su partido en cuanto a cuándo se deben detener las sanciones y las restricciones. 

La comunidad internacional no debe seguir insistiendo en abrir una puerta que ya está abierta en Myanmar; la verdadera dificultad radica en cruzar su umbral de manera eficaz para alcanzar un acuerdo sobre el objetivo. Ni las sanciones ni una avalancha de ofertas de ayuda funcionarán. Es el momento de adoptar un enfoque de compromiso variable que entienda y respete la agenda doméstica y que deje de lado años de sospechas y estereotipos intrínsecos. Myanmar necesita apoyo para acelerar las reformas políticas y económicas y, lo que es más importante por el bien de un pueblo que ha sufrido durante años, para cumplir expectativas comprensibles aunque no siempre realistas.