Kirguistán: ...Y la paciencia se agotó
Kirguistán: ...Y la paciencia se agotó
Opportunities and Challenges Await Kyrgyzstan’s Incoming President
Opportunities and Challenges Await Kyrgyzstan’s Incoming President

Kirguistán: ...Y la paciencia se agotó

Durante años, el pueblo kirguís ha dado la impresión de tener una infinita tolerancia al sufrimiento. El último invierno, el más frío en mucho tiempo, se han congelado sin rechistar, a pesar de la existencia de rumores que decían que la familia en el poder vendía electricidad a sus vecinos. Sabían que las elecciones estaban amañadas y aún así bromeaban diciendo que no tenían que votar: "Ya se ocupa el Gobierno de eso por mí".

La soñada intervención desde el exterior -hermanos mayores en Washington o Moscú que llegarían para restaurar la justicia- nunca se materializó. Mientras el Kremlin felicitaba al presidente Kurmanbek Bakiev por su victoria en unas elecciones fraudulentas, los americanos parecían interesarse únicamente por la base aérea de Manas y la reducida y marginalizada oposición existente en el país sólo conseguía movilizar, con suerte, a varios cientos de personas para manifestarse. Nadie, ni siquiera Washington, cuya base en el país es un importante punto de tránsito para tropas y suministros destinados y provenientes de Afganistán, tenía razones para creer que esta situación podría cambiar.

Sin embargo, la semana pasada, en tan sólo un día, el régimen fue derrocado. La rapidez con que se produjeron los hechos hizo rondar la idea de una mano extranjera, con Rusia como principal candidato. Pero la explicación puede ser mucho más sencilla: una rebelión -que no revolución, como tampoco lo fue el golpe de Estado de 2005- llevada a cabo por gente de la calle; incluso la oposición tenía dificultades para seguirles el ritmo. El presidente Bakíev y toda su poderosa familia provocaron la revuelta; la causa, "su codicia patológica", tal y como describía un miembro de la Presidencia.

El punto de inflexión

El punto de inflexión llegó con el nuevo año, cuando Bakiev sobrepasó finalmente los límites de sufrimiento del pueblo kirguís con abrumadoras subidas en los precios de los servicios públicos: la electricidad y calefacción pasaban a costar el doble, con nuevos y mayores aumentos previstos durante el año. Esta medida, que sometía el presupuesto medio a una tensión brutal, se explicó como una reforma de libre mercado que recaudaría fondos para una desvencijada red eléctrica.

Muy pocos se lo creyeron, y el escepticismo se convirtió en ira cuando, tan sólo unas pocas semanas después, el proveedor de energía más rentable del país fue privatizado. El nuevo dueño pagó menos de tres millones de dólares, a pesar de que el Gobierno lo había tasado en 137 millones a finales de 2008, además de encontrarse con una situación muy grata gracias a los nuevos precios de los suministros. Fueron muchos los que sospecharon que el afortunado había sido el hijo del presidente, Maxim Bakíev.

La primera vez que la gente se echó a las calles fue en febrero, en la ciudad más fría del país, Naryn. Las protestas llegaron a Bishkek y luego se extendieron por zonas del sur y del este, para volver de nuevo a la capital. Pasado un mes, los medios de comunicación rusos controlados por el Gobierno se volvieron contra el régimen de Bakiev, criticando su nepotismo y corrupción; si Rusia tuvo algún otro papel en la agitación popular, no se ha descubierto todavía, y la rabia local ya era suficiente para que las protestas siguieran su curso. La semana pasada la policía disparó a los manifestantes, pero estos no se amilanaron y acabaron por hacer saltar al régimen.

La Historia se repite

Ésta no es la primera vez que se producen hechos similares en la historia reciente, aunque todavía parecen sorprendernos: un régimen estable, aunque no democrático, con una maquinaria de seguridad consolidada, que se derrumba cuando la infantería decide que no está dispuesta a morir en una zanja por su líder. Ya ocurrió en Saigón en 1975 cuando las fuerzas especiales sudvietnamitas, de las que se suponía que lucharían hasta el final, se despojaron de sus uniformes en medio de las calles y se fueron de vuelta a casa; en Manila, en 1986, cuando el cuerpo de seguridad del presidente Ferdinand Marcos tuvo que disolverse por la presión popular; o en 1991, con las fuerzas de élite decidiendo no apoyar el golpe de Estado en Moscú.

Washington apostó por que el Gobierno de Bakíev se quedara en el gobierno el tiempo suficiente para afianzar su enclave de cara a la guerra de Afganistán. La idea parecía buena, pero era equivocada. Los americanos deberán ahora actuar rápidamente para establecer relaciones con el pequeño, pero algo fraccionado, grupo de líderes. Está compuesto por viejos miembros de la oposición y por nuevos fichajes del régimen de Bakiev, que se han sentido ampliamente ignorados por Estados Unidos en los últimos años.

Kirguistán desaparecerá de las noticias rápidamente, pero se enfrenta a un futuro muy complicado, con una infraestructura en pésimas condiciones, herencia de la era soviética y de años de robos patrocinados por el estado. Para Washington y Occidente hay algunas lecciones que aprender, si alguien está dispuesto a hacerlo. La principal es que los regímenes autoritarios no sólo son aliados poco apetecibles, sino también muy poco fiables y bloquean todas las válvulas de seguridad: la libertad de prensa y de voto, el discurso democrático y la oposición. El cambio suele llegar a partir de una explosión, lo que hace que depender de ellos sea, además de muy poco ético, una pobre estrategia.

Por último, Kirguistán no es la excepción en Asia Central, sino la regla. Los otros líderes de la región se parecen a Bakiev en muchos aspectos, y algunos de ellos son peores. Todos son autócratas y, la mayoría, extravagantemente corruptos (y todos acceden a prestar su territorio para el abastecimiento de las fuerzas aliadas en Afganistán). No se puede saber cuando sus ciudadanos alcanzarán el límite de su sufrimiento, pero los acontecimientos en Bishkek demuestran que esto puede ocurrir en el momento menos esperado.

Presidential candidate Sooronbai Jeenbekov casts his ballot at a polling station during the presidential election in Bishkek, Kyrgyzstan October 15, 2017. REUTERS/Vladimir Pirogov

Opportunities and Challenges Await Kyrgyzstan’s Incoming President

The inauguration of Kyrgyzstan’s new president on 24 November is a tribute to the country’s parliamentary democracy. But to overcome continued vulnerability, Sooronbai Jeenbekov must manage powerful southern elites, define the role of religion in society and spearhead reconciliation with Central Asian neighbours Kazakhstan and Uzbekistan.

Sooronbai Jeenbekov will be inaugurated as Kyrgyzstan’s fifth president on 24 November, the victor of a tight, unpredictable, contested but ultimately legitimate election. The new leader, a loyal member of the ruling Social Democratic Party of Kyrgyzstan (SDPK), won 54 per cent of the vote and gained a majority in every province but Chui and Talas – the home territory of the defeated main opposition candidate Omurbek Babanov.

As president, Jeenbekov will face a number of challenges and opportunities, both at home and in Central Asia. The state Committee for National Security (GKNB) on 4 November opened an investigation against Babanov for inciting ethnic hatred based on a speech he made on 28 September in an ethnic-Uzbek area of Osh, a city in southern Kyrgyzstan’s Ferghana Valley. Babanov called on Uzbeks to defend their rights and for any Kyrgyz police officers who harassed Uzbeks to be dismissed. Some observers see the GKNB case as politically motivated.

While tensions remain high in Osh, the epicentre of violent ethnic clashes that left 400 mostly Uzbeks dead in June 2010, unrest could also occur elsewhere. Babanov travelled abroad after the campaign, but if he returns he could be arrested at the airport, raising the possibility of protests in his stronghold of Talas, a city 300km west of Bishkek. His arrest and trial would undermine Kyrgyzstan’s international credibility, lay bare the politicisation of the security services and the judiciary, and show unwillingness to tackle deep-seated inter-ethnic issues in the south.

While tensions remain high in Osh, the epicentre of violent ethnic clashes that left 400 mostly Uzbeks dead in June 2010, unrest could also occur elsewhere.

Former President Almazbek Atambayev, also from the SDPK, was sometimes unpredictable but managed to balance competing regional and business interests inside Kyrgyzstan, key factors in the ousting of Presidents Kurmanbek Bakiev in 2010 and Askar Akayev in 2005. Jeenbekov will have to replicate this balancing act and make a strategic decision whether or not to reestablish central government control in Osh, which operates like a fiefdom. The latter risks upsetting heavy-weight figures in the south with vested interests, but in the long term, a failure to do so will perpetuate internal political tensions.

The new president will also have the opportunity to shape the debate about the role of religion in society. For too long – and much like other Central Asian states – Kyrgyzstan has overly securitised its response to those practicing non-traditional forms of Islam, creating tensions and resentments, while politicians leading a secular state make public displays of piety integral to their political personas. Kyrgyzstan is widely perceived as an easy target for terrorist activity, as the August 2016 attack on the Chinese embassy demonstrated. It will be essential to find a balance between assessing what are real risks and what are questions of religious freedoms and civil rights.

As soon as he takes office, Jeenbekov should make every effort to repair Kyrgyzstan’s relationship with Kazakhstan, which deteriorated spectacularly after President Atambayev accused Astana of meddling in the Kyrgyz presidential election to bolster Babanov. Astana responded by introducing strict customs controls on the Kyrgyz-Kazakh border citing concerns about Chinese goods being smuggled through Kyrgyzstan. The disruption on the border is negatively affecting Kyrgyzstan’s economy and Kyrgyzstan has complained to the World Trade Organization and to the Russian-led Eurasian Economic Union, a trade bloc of which Kazakhstan is a founding member. Russia has so far failed to make any meaningful comment on the standoff.

The degree to which Kazakhstan is motivated by anger at Atambayev or genuine concerns about cross-border smuggling is unclear. Still, it will fall to Jeenbekov to spearhead a reconciliation. How open-minded Kazakhstan will be to resolving the spat will also depend on whether or not they see Jeenbekov as a strong, independent leader or merely Atambayev’s puppet.

There is now scope to improve relations with Uzbekistan in a way that was unimaginable before President Shavkat Mirziyoyev took office in December 2016. Much of the initiative is coming from the Uzbek side but the amount of progress made between the two states is remarkable. Regional cooperation, in the long term, will foster stability in Central Asia and Kyrgyzstan can play a leading role in both practicing and promoting the type of cooperation that defuses tensions in border areas and over shared resources such as water and energy. By doing so Kyrgyzstan and Uzbekistan can provide a model of collaboration and peacebuilding in the region.

Having been the first country in Central Asia to see a president voluntarily leave his post at the end of his constitutionally mandated term, Kyrgyzstan is in many respects light years ahead of its neighbours.

Kyrgyzstan is still a young parliamentary democracy in a difficult neighbourhood. If Jeenbekov is to continue Atambayev’s program of fighting corruption, efforts need to extend beyond targeting the SDPK’s political opponents. Kyrgyzstan and its partners should begin to address how corruption in politics can be tackled. Beyond the technical success of casting votes electronically, there are many opportunities for illegal practices. Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) election observers said the presidential elections were legitimate, but local concerns focus on arrests of opposition figures, vote buying and the misuse of administrative resources.

Having been the first country in Central Asia to see a president voluntarily leave his post at the end of his constitutionally mandated term, Kyrgyzstan is in many respects light years ahead of its neighbours. Tajikistan could be facing a potentially destabilising transition in 2020, and Kazakhstan’s President Nursultan Nazarbayev, 77, cannot hold power forever. Any regional stress will be quickly felt in Bishkek, another reason that Jeenbekov should focus on bolstering Kyrgyzstan’s long-term stability while the situation is calm.

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