Instar a Nicaragua a salir de una parálisis letal

Este comentario es parte de nuestra Watch List 2019 - Tercera Actualización.

Un año y medio después del estallido de protestas masivas contra el gobierno que paralizaron al país, Nicaragua se está encaminando hacia un conflicto prolongado de baja intensidad. Desencadenadas por una serie de reformas controversiales a la seguridad social en abril de 2018, las manifestaciones del año pasado fueron recibidas con una feroz represión por parte de la policía y grupos parapoliciales, lo que resultó en más de 300 muertos, principalmente del lado de los manifestantes, mientras que cientos más fueron detenidos. El gobierno y los manifestantes, reunidos bajo el grupo de oposición Alianza Cívica, han intentado negociar una salida pacífica a la crisis en dos ocasiones. En marzo lograron dos acuerdos para liberar a los presos políticos y fortalecer los derechos de los ciudadanos, aunque el gobierno sólo ha cumplido parcialmente. Desde mayo, las negociaciones se han suspendido y el presidente Daniel Ortega ha demostrado poco interés en abordar cuestiones urgentes para la oposición, en particular la reforma electoral y justicia para las víctimas. Mientras tanto, el gobierno continúa arremetiendo contra la oposición a través de detenciones, hostigamientos e intimidación; los asesinatos de manifestantes y opositores políticos también están supuestamente en aumento.  

Actualmente uno de los países más pobres de América Latina, se espera que Nicaragua enfrente una pérdida de hasta el 5 por ciento del PIB este año después de una caída del 3,8 por ciento en 2018. Miles de nicaragüenses han huido, particularmente al vecino país de Costa Rica, donde las autoridades migratorias esperan recibir 100 000 solicitudes de asilo para fin de año. El gobierno nicaragüense afirma que el país ha vuelto a la normalidad y denuncia repetidamente la intromisión extranjera en asuntos internos, rechazando los hallazgos de un reciente informe de derechos humanos de la ONU y negando la entrada a una comisión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La Unión Europea (UE) ha llamado por mucho tiempo a la reanudación del diálogo entre el gobierno y la oposición, y ofreció su apoyo para ese fin. Su más reciente decisión de establecer un marco para imponer sanciones específicas contra individuos, es un intento de empujar al gobierno hacia el diálogo y disuadir una conducta represiva que dificultará aún más la resolución de la crisis. La UE y sus Estados miembros deberían seguir los siguientes pasos:

• Continuar solicitando al gobierno que cumpla con los acuerdos logrados en marzo y que reanude unas conversaciones no solamente enfocadas en reformas electorales sino también en crear una comisión de la verdad, cuyo mandato sea el de abordar los recurrentes ciclos de violencia del país en las últimas décadas. También deberían pedir al gobierno que apoye investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los presuntos asesinatos autorizados por el Estado.
   
• Recalcar al gobierno que la creciente represión dará lugar a prohibiciones de viaje y congelamiento de activos de los funcionarios del gobierno, judiciales y de seguridad responsables, en el marco del nuevo régimen de sanciones selectivas de la UE.
   
• Ofrecer incentivos tales como el apoyo a iniciativas locales de consolidación de paz y estímulos económicos, en caso de que el gobierno retome las negociaciones y cumpla con las promesas que ya ha hecho.
   
• Coordinar sus próximos pasos con la OEA, particularmente si el informe de la comisión de alto nivel sobre Nicaragua, previsto para noviembre, coincide con la evaluación de la UE.
   
• Proporcionar apoyo técnico a las agobiadas autoridades migratorias costarricenses y brindar apoyo financiero a las organizaciones humanitarias nacionales e internacionales que trabajan para aliviar las precarias condiciones de vida de los migrantes y refugiados nicaragüenses, así como a las comunidades de acogida costarricenses.

Las conversaciones entre el gobierno nicaragüense y la Alianza Cívica se reanudaron a principios de 2019. Era un momento en el que Ortega se enfrentaba a crecientes críticas de los EE. UU., la OEA y la UE, y pensaba que estaba a punto de perder a su principal aliado regional, el presidente venezolano Nicolás Maduro, que parecía en riesgo de ser derrocado por una oposición respaldada internacionalmente. A fines de marzo, el gobierno y la oposición habían firmado dos acuerdos, uno para liberar a los presos políticos y el otro para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos.

El recelo del gobierno sobre los méritos del compromiso y la profunda desconfianza entre las partes socavaron este frágil progreso. La disposición de Ortega para encontrar una solución negociada con la oposición disminuyó. Esto podría haber estado relacionado, por un lado, con la supervivencia de Maduro y, por otro, con la imposición de sanciones adicionales de EE. UU.  en abril, incluso contra el hijo de Ortega, Laureano. De hecho, Ortega condicionó el avance de las negociaciones al apoyo de la oposición para levantar las sanciones, lo cual ésta se negó a ofrecer. El diálogo quedó entonces a la deriva. El 20 de mayo, la Alianza Cívica abandonó la mesa de negociación después de que las autoridades asesinaran a un preso político durante un motín en la cárcel, declarando que solo reanudarían las conversaciones después de que el gobierno hubiera liberado a todos los presos políticos, los cuales según sus estimaciones sumaban alrededor de 700. Ortega excarceló a 500 en el transcurso del año y aprobó una ley de amnistía antes del 18 de junio, fecha límite establecida en el acuerdo. Esto fue suficiente para que la Alianza Cívica llamara a la reanudación de las conversaciones, aunque tanto la oposición como las potencias extranjeras sostuvieron que Ortega sólo había cumplido parcialmente con los acuerdos de marzo. Ortega decidió no atender su llamado y, a fines de julio, informó a los facilitadores del diálogo (el nuncio papal Waldemar Sommertag y el representante especial de la OEA, Luis Ángel Rosadilla) que las conversaciones habían terminado.

Mientras tanto, la represión del gobierno contra la oposición ha sido constante. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó recientemente que el gobierno continúa violando los derechos civiles fundamentales. Los grupos de oposición dicen que agentes de la policía antidisturbios se despliegan regularmente en sus conferencias de prensa o manifestaciones, y que continúan las detenciones de manifestantes, aunque en su mayoría temporales; alrededor de 140 aun languidecen en la cárcel. Grupos progubernamentales recientemente hostigaron a figuras prominentes de la oposición, pintando mensajes amenazantes en las paredes de sus casas, persiguiendo o atacando con piedras los vehículos en los que se movilizan. Las organizaciones cívicas afirman que la represión es aún más severa fuera de las áreas urbanas y reportan un aumento en los asesinatos de residentes rurales y opositores políticos, treinta de los cuales fueron asesinados en los primeros nueve meses de 2019. Las fuerzas de seguridad y parapoliciales presuntamente serían responsables de muchos de estos asesinatos, la mayoría de los cuales tuvo lugar en la región fronteriza con Honduras. La policía no ha llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre estas muertes, desestimándolas muchas veces como resultado de riñas personales.

El gobierno de Ortega rechaza todas las acusaciones de abuso del poder y afirma que ha restaurado el orden después de un intento de golpe de Estado patrocinado por EE. UU.  el año pasado. Afirma que está promoviendo la paz y el bienestar, y que ha lanzado alrededor de 10 000 comisiones de "reconciliación, justicia y paz " en todo el país, pero sin ahondar en detalles de sus labores. Según las encuestas de opinión pública, el apoyo al gobierno se mantiene estable alrededor del 25 por ciento este año, habiendo caído un 40 por ciento en 2018.  

Las cicatrices económicas causadas por la agitación política también resultan difíciles de sanar. La economía nicaragüense, antiguamente entre las de más rápido crecimiento en América Latina, aun cuando el ingreso per cápita se mantenía muy por debajo del promedio regional, sufrió una fuerte recesión. Tras una reducción de 3,8 por ciento del PIB en 2018, las organizaciones nacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial esperan que caiga otro 5 por ciento este año. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social informó que, en los primeros meses del año, los precios de los productos básicos y las facturas de energía aumentaron significativamente, mientras que para fines de 2019 podrían perderse más de 200 000 empleos. En respuesta, el gobierno aumentó los impuestos a principios de año y comenzó a buscar inversiones extranjeras en Asia y Medio Oriente, logrando un acuerdo comercial con Irán en agosto.

Esta combinación de represión política y dificultades económicas ha llevado a miles de nicaragüenses a buscar refugio en otros lugares, particularmente en el vecino país de Costa Rica. Las solicitudes de asilo de los nicaragüenses se han disparado, con un total de 32 269 solicitudes nuevas en 2018, que a la fecha suman más de 88 000, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). De estas, alrededor de 70 000 han sido presentadas en Costa Rica, donde las autoridades esperan casi 100 000 para final de año.

Funcionarios costarricenses alegan que muchas de las solicitudes han sido presentadas por nicaragüenses que ya vivían en el país como una forma de obtener residencia legal, y la Organización Internacional para las Migraciones insiste en que la migración nicaragüense ha mantenido su carácter cíclico y principalmente económico. Por estas razones, menos del 1 por ciento de las solicitudes de asilo son aprobadas, según un funcionario de ACNUR. Sin embargo, una encuesta realizada entre abril y junio de 2019 por la OIM encontró que el número de jóvenes emigrantes con alto nivel de educación ha aumentado, y que tres de cada cuatro entrevistados nicaragüenses dejaron su país debido a la crisis sociopolítica. Las autoridades costarricenses reconocen que manejar el repentino aumento en las solicitudes de asilo ha resultado ser un desafío, mientras que trabajadores humanitarios informan que su capacidad para proporcionar vivienda y alimentación a los recién llegados, particularmente en los suburbios de la capital de Costa Rica, San José, ha llegado a su límite, y se quejan de la crónica falta de recursos.

Las potencias extranjeras, encabezadas por EE. UU., han prestado atención intermitente a Nicaragua, que se ha visto ensombrecida por la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela. La ONU únicamente se ha involucrado directamente con el gobierno nicaragüense a través de ACNUDH, y la situación del país no fue un tema de mayor relevancia en su Asamblea General de este año. La OEA se ha movido lentamente hacia la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Al Consejo Permanente le tomó dos meses crear la comisión de alto nivel ordenada por una resolución de la Asamblea General de la OEA en junio para llevar a cabo "gestiones diplomáticas al más alto nivel a fin de procurar una solución pacífica y eficaz" en el país. La independencia de la comisión también ha sido cuestionada, ya que todos sus miembros (EE. UU., Canadá, Argentina, Paraguay y Jamaica) han sido fuertes críticos del gobierno de Ortega. EE. UU. y Canadá incluso impusieron sanciones conjuntas a funcionarios nicaragüenses en julio, una medida que a su vez reavivó la retórica antiimperialista de Ortega.

La actitud del gobierno hacia estos esfuerzos de participación internacional ha combinado muestras de resistencia con concesiones tácticas. Ortega invitó a la Secretaría de la OEA en agosto a reanudar su trabajo sobre la reforma electoral, que inició en 2017 después de firmar un memorando de entendimiento con el gobierno. Por otro lado, el gobierno rechazó con vehemencia el reciente informe de derechos humanos de la ONU, alegando que estaba sesgado y basado en una versión fabricada de los acontecimientos del año pasado. A mediados de septiembre, negó la entrada a los miembros de la comisión de la OEA, declarando que no reconocería ninguna comisión ni autorizaría visitas que no hubieran sido solicitadas.

En efecto, Ortega busca eludir una mayor condena internacional mientras despliega una defensa intransigente de la soberanía nacional ante lo que él considera intimidación extranjera. Sin embargo, negar el acceso a la OEA y a la ONU a Nicaragua puede predisponer a estas organizaciones en sus evaluaciones finales y posiblemente conllevar graves repercusiones para el gobierno. La comisión de la OEA debe presentar su informe al Consejo Permanente antes del 11 de noviembre, en el cual sugerirá respuestas. Estas podrían incluir la expulsión de Nicaragua de la OEA, aunque es una posibilidad remota, ya que requeriría dos tercios de los votos de una Asamblea General extraordinaria. Fuera de esto, es probable que la OEA apruebe otra resolución para pedir la reanudación de las conversaciones, mientras que EE. UU. podría considerar ampliar las sanciones a los militares e intentar bloquear financiamientos externos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El presidente Ortega parece haber aceptado el creciente distanciamiento de algunas potencias extranjeras, lo que podría traducirse en un mayor aislamiento diplomático y dificultades económicas. Sin embargo, su retórica fuerte también se ha visto acompañada de medidas para aliviar la presión y restaurar su posición internacional, lo que sugiere que reconoce los peligros de condenar a Nicaragua al estatus de paria.

En su momento, la creciente presión internacional sobre Venezuela y Nicaragua ayudó a persuadir a Ortega a reanudar las negociaciones con la oposición. Pero medidas punitivas mal coordinadas y unilaterales han puesto en peligro el proceso. La UE debería tener en cuenta el informe de la OEA a presentarse en noviembre y alinear sus posibles acciones con las del bloque regional, así como continuar ejerciendo presión para que se cumplan los acuerdos de marzo, se inicie una nueva ronda de negociaciones y se establezcan responsabilidades por los presuntos asesinatos.

La reciente decisión de la UE de adoptar un marco para sanciones específicas contra individuos debería ir acompañada de incentivos diplomáticos y económicos para promover el cumplimiento por parte del gobierno de las reformas solicitadas. El hecho de que la UE acompañó su decisión con demandas claras al gobierno ofrece a éste una ruta definida para evitar la imposición de sanciones bajo este marco.

En cuanto a los incentivos, a corto plazo, la UE o los Estados miembros podrían considerar expandir su apoyo a proyectos locales para el fomento de la confianza promovidos por algunos Estados europeos, los cuales han obtenido el respaldo del gobierno, potencialmente también a través del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IEP). Al hacerlo, le daría la oportunidad a Ortega de validar su afirmación de promover la paz y mitigaría las tensiones entre el gobierno y los grupos de oposición. Al planear su próximo ciclo de programación para asistencia al desarrollo, la UE debería considerar asignar recursos para estimular la creación de empleo y apoyar futuras reformas acordadas entre el gobierno y la oposición, especialmente las relativas a cambios en el sistema electoral.

La UE y sus Estados miembros también deben reconocer que la crisis nicaragüense ha adquirido una dimensión transnacional, con efectos de mayor intensidad en Costa Rica. Al brindar apoyo técnico a las autoridades migratorias costarricenses, la UE y sus Estados miembros podrían ayudar a facilitar el camino hacia la residencia legal de miles de nicaragüenses vulnerables, fomentar sus oportunidades económicas y permitirles acceder a servicios básicos. Al respaldar esfuerzos de ACNUR y ONGs locales para proporcionar ayuda humanitaria a los más necesitados, incluidas las comunidades de acogida costarricenses, la UE y otros donantes ayudarían a abordar las precarias condiciones en las que viven cada vez más personas.