¿Qué hay de nuevo? En el 2019, México volvió a enfrentar la tasa de homicidios más alta de su historia. El crimen organizado, después de sobrevivir a los ataques militares del gobierno y corromper a un gran número de funcionarios, se ha dividido en grupos más pequeños que se dedican a diferentes negocios ilícitos. En respuesta, han surgido grupos armados de “autodefensas”, pero incluso algunos de estos tienen vínculos criminales.

¿Por qué importa? En ninguna otra parte pueden verse estas tendencias tan marcadas, y con un rastro tan sangriento, como en Guerrero, al oeste de Ciudad de México. Este estado presenta el mayor desafío para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su apuesta por reducir la violencia criminal sin usar la fuerza militar. La competencia criminal es feroz, la corrupción es generalizada y la colusión policial desenfrenada.

¿Qué se debería hacer? El gobierno mexicano debe desarrollar planes regionales de intervención que combinen medidas a corto plazo para proteger a las poblaciones vulnerables, reformas para fortalecer a la policía e impulsar el crecimiento económico, e iniciativas de construcción de paz adaptadas a su contexto. Concentrar recursos en las regiones más violentas del país, como Guerrero, mejoraría las posibilidades de mitigar el conflicto.

Guerrero tiene mala fama entre los estados mexicanos por su historia de violencia y mal gobierno. Ubicado entre Ciudad de México y la costa del Pacífico, el estado sufrió una de las represiones contrainsurgentes más severas del país durante la Guerra Fría y una de las peores atrocidades en la historia mexicana reciente: la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa en el 2014. Hoy, es el epicentro del crimen organizado en México, con más grupos luchando por el control del territorio que en cualquier otra región del país. Al menos 40 grupos luchan por un diverso portafolio criminal, que incluye la producción y el tráfico de drogas, sobre todo heroína para el mercado estadounidense y varios tipos de actividades criminales que han aparecido recientemente, principalmente la extorsión. Con altísimas tasas de impunidad para delitos graves (varios jueces y policías de alto rango son acusados ​​de complicidad en actividades delictivas) Guerrero representa el mayor reto para la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de traer paz a México. Una reforma a la policía civil, la protección de las poblaciones vulnerables y el desarme de grupos violentos son tareas esenciales para que el estado salga de su guerra crónica.

Sin embargo, al igual que a lo largo de todo México, las perspectivas inmediatas para reducir la violencia en Guerrero son desalentadoras, especialmente en un momento en el que la pandemia del COVID-19 y sus efectos económicos amenazan con acaparar la atención oficial y drenar los recursos públicos. El problema es la gran proliferación de organizaciones criminales: mientras que antes había menos de doce organizaciones criminales que controlaban la mayor parte del dinero y las armas, a medida que la “guerra contra las drogas” se expandió desde el 2006, éstos se han dividido en una infinidad de grupos más pequeños e inclusive más violentos.

En Guerrero, esta fragmentación se remonta al asesinato del capo Arturo Beltrán Leyva en 2009 por parte de las fuerzas federales. Desde entonces, el crimen organizado en el estado se ha extendido geográficamente, ha ampliado su gama de acciones y se ha vuelto más peligroso para los locales, sobre todo para aquellos que son objeto de extorsiones o sospechosos de ayudar a los rivales. Una ola continua de asesinatos, desapariciones, desapariciones forzadas y desplazamientos internos evidencia cómo la violencia criminal se ha transformado en conflictos armados locales de los cuales los civiles son las principales víctimas. Las primeras señales indican que estos grupos rivales no tienen intención de cesar sus actividades ante la amenaza del coronavirus.

Sin embargo, la violencia de Guerrero no puede atribuirse exclusivamente al crimen organizado. Muchos de los actores armados no estatales más nuevos comenzaron como rondas ciudadanas que se alzaron en armas para defender a comunidades indígenas de los depredadores criminales, alegando que el Estado no tenía la voluntad o la capacidad para hacerlo. Los enfrentamientos entre grupos de autodefensa y grupos criminales ahora representan una parte importante de la violencia que afecta a Guerrero. Pero al tomarse territorios y hacer uso de la violencia extrema, algunas de las autodefensas han comenzado a parecerse a los criminales.

La proliferación de grupos de autodefensas refleja la gran falta de confianza en las autoridades estatales y las fuerzas de seguridad de Guerrero. Los límites entre el Estado y el crimen son confusos en toda la región. No todos los policías actúan en complicidad con el crimen organizado, pero más del 80 por ciento de los funcionarios de la institución dicen que sus compañeros están involucrados en actividades “ilegales”. Las consecuencias son evidentes. Municipios como Acapulco han desmontado sus fuerzas policiales debido a la infiltración criminal. La evidencia en la investigación sobre las desapariciones de Ayotzinapa (empañada por el presunto mal manejo de pruebas y testimonios) apunta a la culpabilidad conjunta de la policía y el crimen organizado. Los comandantes de la policía que se atreven a hacer cumplir la ley desafiando a los grupos criminales se enfrentan a la posibilidad de represalias violentas, incluso a ataques con explosivos, para obligarlos a someterse a la voluntad criminal.

El presidente López Obrador obtuvo una victoria arrasadora en julio de 2018, en parte debido al descontento público por la “guerra contra las drogas”, la campaña militarizada que falló repetidamente en la reducción del crimen. Prometió en cambio abordar las raíces socioeconómicas del reclutamiento criminal (un credo enmarcado en el mantra “abrazos, no balazos”), y enfrentar la epidemia de corrupción. Como presidente, sin embargo, su enfoque ha sido errático. Su iniciativa de seguridad emblemática, la Guardia Nacional fundada a mediados de 2019, no tiene presupuesto propio y deriva la mayor parte de su personal y equipos de las Fuerzas Armadas. Sus programas sociales destinados a hacer menos atractivo el mundo criminal han dado poco resultado hasta la fecha. Sus planes para limpiar las fuerzas de seguridad continúan en el aire. Los continuos problemas de Guerrero sugieren que sus políticas también resultarán inadecuadas para luchar contra el crimen.

Una solución rápida no es posible. Anteriores reformas a la policía, al sistema de seguridad y al sector judicial fallaron en parte porque eran demasiado ambiciosas. Un punto de partida más prometedor sería adaptar planes de intervención específicos para puntos críticos como Guerrero, priorizando la reducción de la violencia extrema a la que están expuestos poblaciones civiles indefensas y romper los lazos que vinculan a los funcionarios estatales y las fuerzas de seguridad con el crimen organizado. La prioridad de la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad debería ser la protección de poblaciones vulnerables atrapadas en el fuego cruzado y ayudar a crear las condiciones necesarias para un desarrollo económico lícito, especialmente para los agricultores locales. En el mediano plazo, el gobierno debería enfocarse en restaurar la credibilidad de la policía civil, asegurando una supervisión externa estricta para frenar la corrupción institucional.

El gobierno federal de México también debería retomar su propuesta inicial de fomentar la paz a través de la mediación entre actores armados en conflicto. Experiencias locales de este tipo han demostrado ser prometedoras y podrían, con el apoyo adecuado, allanar el camino para el desarme de los grupos criminales y de autodefensa que están en conflicto en Guerrero, reintegrando a sus miembros a la sociedad sin causar divisiones aún más violentas. El gobierno debe proveer los recursos y la protección física para permitir que la sociedad civil local, tal como las organizaciones de víctimas, asuman roles de liderazgo en estos procesos.     

Dichas iniciativas aún tienen que ganarse el respaldo de la opinión pública. Pero el gobierno debería otorgarles la inversión continua que requieren. Ya no puede seguir reaccionando ante la agonía de Guerrero y otros estados con los remedios fallidos del pasado o con simples lamentos sobre delincuentes empeñados en la subversión.

Ciudad de México/Bogotá/Bruselas, 4 de mayo de 2020

La promesa audaz de traer paz a México impulsó la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de julio de 2018. Durante su campaña, López Obrador prometió que la corrupción disminuiría cuando se convirtiera en jefe de Estado y que la opresiva guerra contra el crimen de sus predecesores terminaría. Descartó el uso de la fuerza como un medio para combatir la ilegalidad, comprometiéndose a abordar sus causas de fondo con programas sociales y económicos. Dijo que el Estado rescataría al campo del “abandono” y así superaría al crimen organizado para asegurar la lealtad de los jóvenes mexicanos^[fn]“Discurso completo de AMLO por su Primer Informe de Gobierno, en Palacio Nacional”, Animal Político, 1 de septiembre de 2019.Hide Footnote . Aprovechando la profunda frustración con los gobiernos anteriores, teñidos por escándalos de corrupción a medida que el crimen seguía aumentando, López Obrador ganó las elecciones al arrasar con el 53 por ciento de los votos.

Sin embargo, el crimen ha demostrado ser más tenaz de lo que esperaba el nuevo presidente. Con 35 588 casos registrados, en el año 2019 se registró el mayor número de homicidios en la historia de México, superando las marcas establecidas en el 2017 y nuevamente en el 2018. Los funcionarios celebraron el hecho de que el aumento de los homicidios se estabilizara en una tasa del 1,8 por ciento en el 2019. Pero, aun así, un promedio de alrededor de 100 personas muere cada día^[fn]“Sobre los datos de homicidios”, El Universal, 22 de enero de 2020. Los datos de homicidios incluidos en la página 4 de este informe destacan los fuertes incrementos desde el 2007.Hide Footnote . En la segunda mitad del 2019, varios incidentes extraordinarios, incluido el asedio del Cartel de Sinaloa en Culiacán y las masacres en Sonora, Michoacán y Veracruz, demostraron el poder bruto del crimen organizado^[fn]Sobre Culiacán, ver Falko Ernst, “Recogiendo los pedazos tras el asedio criminal en México”, comentario de Crisis Group, 22 de octubre de 2019.Hide Footnote . Por su intensidad y abierto desafío al gobierno, esta serie de ataques resalta que las batallas de México contra el crimen se han transformado en conflictos letales.

El estado de Guerrero es símbolo de estas tendencias. Situado a lo largo de la costa del Pacífico en el suroeste mexicano, Guerrero se conoce por haber visto lo peor de la “guerra sucia” del gobierno contra grupos de izquierda y civiles asociados desde la década de 1960 hasta la década de 1980^[fn]A fines de 2006, la Fiscalía General de la República, luego llamada Procuraduría General de la República, publicó un informe sobre la “guerra sucia” titulado “Informe Histórico a la Sociedad Mexicana”. Este detalla “masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática y genocidio” como parte de la campaña de contrainsurgencia en Guerrero. Ver también “Report on Mexican ‘dirty war’ details abuse by military”, The New York Times, 27 de febrero de 2006; Carlos Illades y Teresa Santiago, Estado de guerra: De la guerra sucia a la narcoguerra (Ciudad de México, 2014); Claudia Rangel y Evangelina Sánchez, México en los setenta: ¿Guerra sucia o terrorismo de estado? (Ciudad de México, 2015).Hide Footnote . La extensa costa del estado y sus escarpadas pero fértiles montañas en el interior, así como sus altas tasas de pobreza, lo hacen ideal para la producción y el tráfico de drogas. A comienzos del milenio, grupos criminales de otras partes de México comenzaron a establecerse en Guerrero, lo que a su vez lo convirtió en una prioridad para la campaña militar del gobierno contra el crimen organizado a partir del 2006^[fn]Informe de Crisis Group sobre América Latina N°55, Justicia denegada: desaparecidos en Guerrero, México, 23 de octubre de 2015; Chris Kyle, “Violence and Insecurity in Guerrero”, Woodrow Wilson International Center for Scholars Mexico Institute, enero de 2015.Hide Footnote . El estado se convirtió en el peor ejemplo de lo que la colusión entre criminales y fuerzas de seguridad podría hacer: en octubre de 2014, ambos presuntamente estuvieron involucrados en la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, una atrocidad que sigue impune^[fn]“Informe Ayotzinapa II”, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2016. Como se explica en mayor profundidad a continuación, el gobierno de López Obrador ha establecido la resolución de estas desapariciones como la pieza central de su compromiso para acabar con la impunidad. Ha designado una comisión de la verdad dedicada al caso. Fuentes cercanas a la investigación dicen que se encontraron restos que podrían pertenecer a algunos de los estudiantes desaparecidos y fueron enviados al extranjero para su análisis forense. Entrevistas de Crisis Group, Ciudad de México, enero de 2020. Al mismo tiempo, la policía ha liberado a decenas de sospechosos debido a la falta de pruebas y violaciones al debido proceso. “Juez libera a otros 3 ligados a caso Ayotzinapa, dice Encinas”, Milenio, 4 de octubre de 2019.Hide Footnote .

Hoy, múltiples organizaciones criminales luchan por Guerrero y sus múltiples negocios ilícitos, al igual que los autodenominados grupos de defensa comunitaria que justifican su existencia al señalar la desidia de las autoridades. Los dilemas de seguridad resultantes se destacan entre los más severos y problemáticos de México.

Por esta razón, Guerrero pone a prueba las políticas de López Obrador. Aunque el presidente hizo campaña prometiendo reducir la militarización, se ha desviado de este objetivo desde que asumió el cargo en diciembre de 2018^[fn]Antes de asumir la presidencia, y durante algún tiempo después, López Obrador criticó a sus predecesores por recurrir a soluciones militares para la inseguridad, afirmando repetidamente que “No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal”. “Toma de protesta de AMLO: las medidas más polémicas de López Obrador para acabar con la violencia en México”, BBC Mundo, 30 de noviembre de 2018.Hide Footnote . Su innovación emblemática en cuestiones de seguridad, la creación de la Guardia Nacional, es nominalmente un cuerpo de policía federal, pero depende casi exclusivamente de las Fuerzas Armadas para obtener recursos, incluidos equipos y personal. López Obrador ha tratado de justificar la continuación del papel protagónico de los militares argumentando que el país no puede confiar en la policía para combatir la inseguridad debido a la corrupción y la falta general de mérito profesional^[fn]En su discurso de posesión, López Obrador dijo: “Es indispensable aceptar que la Policía Federal … carece de disciplina, capacitación [y] profesionalismo … cuerpos estatales, municipales se debe reconocer que muchos están movidos por la corrupción y no por el deber del servicio público. No tenemos policía para cuidar a los ciudadanos”. “AMLO ya es presidente: Ofrece combatir desigualdad y corrupción aunque sin perseguir a funcionarios del pasado”, Animal Político, 1 de diciembre de 2018.Hide Footnote . Ahora desplegada en varias regiones afectadas por el crimen, el enfoque operativo de la Guardia sigue siendo difícil de identificar. En general, ha tendido a abstenerse de intervenir activamente en entornos violentos, en línea con la postura general de López Obrador de no arriesgarse a enfrentamientos y a una mayor violencia^[fn]Un agente de inteligencia que trabaja en un área de despliegue de la Guardia Nacional dijo que sus acciones se limitaban a permanecer visibles patrullando y no incluían acciones contra objetivos criminales. Entrevista de Crisis Group, septiembre de 2018.Hide Footnote .

Este informe evalúa los efectos iniciales y potenciales efectos futuros de estas nuevas políticas de seguridad en Guerrero. Analiza los cambios recientes en la configuración del conflicto violento en el estado y propone pasos que el gobierno, la sociedad civil y los actores internacionales podrían tomar para lograr una mitigación duradera del conflicto.

Para explorar estos asuntos, Crisis Group realizó investigaciones en Ciudad de México, la capital del estado de Guerrero, Chilpancingo, y las montañas circundantes de la Sierra Madre del Sur, así como en el vecino estado de Michoacán. Entre las docenas de entrevistados entre marzo y diciembre de 2019 se incluyen funcionarios estatales, policías y expolicías estatales de Guerrero, empresarios, periodistas, activistas de derechos humanos, analistas políticos y de seguridad y clérigos católicos, así como familiares de personas desaparecidas y miembros de organizaciones de víctimas. Crisis Group también habló con líderes de dos grupos armados no estatales: el llamado Cartel del Sur, y sus “autodefensas” enemigas, el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), que, según muchas fuentes, también está vinculado al crimen organizado^[fn]“Autodefensas se acusan de nexos con el narco en Guerrero”, Síntesis de Guerrero, 1 de enero de 2020.Hide Footnote . Se realizaron entrevistas adicionales con productores de marihuana y amapola, así como con un traficante de heroína.

A pesar de lo sombrío que fue el derramamiento de sangre a finales del siglo XX en Guerrero, la “guerra contra las drogas” que empezó en 2006 hizo que la historia palideciera en comparación. Ese año, el entonces presidente Felipe Calderón inició lo que llamó una guerra “sin tregua ni cuartel” que involucraba a las Fuerzas Armadas y la Policía Federal contra el crimen organizado^[fn]“Calderón declara la guerra ‘sin tregua ni cuartel’, a la criminalidad y sus aliados; las Fuerzas Armadas lo respaldan “sin reticencias”, Crónica, 13 de septiembre de 2008.Hide Footnote . La estrategia de Calderón suponía que matar o capturar líderes criminales, o capos – la llamada teoría del descabezamiento – desintegraría las organizaciones criminales y le permitiría al gobierno “restaurar” la seguridad en las localidades sobre las que había perdido el control^[fn]“Presidente Calderón: Discurso completo en el auditorio”, Felipe Calderón, 1 de diciembre de 2006.Hide Footnote . La mayoría de los líderes criminales incluidos en la lista de capos fueron efectivamente arrestados o asesinados. Pero el gobierno no restableció su dominio ni redujo la corrupción en las fuerzas de seguridad. El crimen organizado sobrevivió, y se volvió incluso más violento. Las grandes organizaciones criminales se dividieron en numerosas células con violentas rivalidades que continuaron aumentando las tasas de violencia, mientras que el crimen también se extendió a áreas previamente pacíficas^[fn]Para una descripción general de la “guerra contra las drogas” de México y sus efectos, ver Luis Astorga, ¿Qué querían que hiciera?: Inseguridad y delincuencia organizada en el gobierno de Felipe Calderón (Ciudad de México, 2015); Viridiana Ríos, “Why Did Mexico Become So Violent? A Self-Reinforcing Violent Equilibrium Caused by Competition and Enforcement”, Trends in Organized Crime, vol. 16, no. 2 (2013); Bruce Bagley, “Drug Trafficking and Organized Crime in the Americas: Major Trends in the Twenty-first Century”, Woodrow Wilson International Center for Scholars, agosto de 2012; Wil Pansters (ed.), Violence, Coercion and State-making in Twentieth-Century Mexico: The Other Half of the Centaur (Stanford, 2012).Hide Footnote .

La cantidad de homicidios registrados en México demuestra hasta qué punto estas políticas de seguridad de mano dura fracasaron. La tasa de homicidios se cuadruplicó en los últimos trece años, con 8867 y 36 685 registrados en 2007 y 2018, respectivamente. En Guerrero, se registraron 766 y 2367 homicidios en 2007 y 2018, respectivamente^[fn]Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).Hide Footnote . El número real es probablemente mayor debido a la falta de denuncias y desapariciones^[fn]De acuerdo con la “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019” del INEGI, la falta de confianza en las autoridades y el temor a represalias explican por qué el 93,2 por ciento de todos los delitos en México no son denunciados o no son registrados por las autoridades. También hay una larga historia de manipulación política de las estadísticas de delincuencia, particularmente por parte de las autoridades estatales. Ver “Fallas de Origen 2019, Índice de Contabilidad de la Estadística Criminal”, México Evalúa, 2019. En enero de 2020, el gobierno de López Obrador actualizó el número de personas desaparecidas en México a 61 637, un 50 por ciento más de lo que su predecesor había registrado. Ver “A new toll in Mexico’s drug war: More than 61,000 vanished”, The New York Times, 6 de enero de 2020.Hide Footnote . Según un estudio reciente, la tasa de impunidad a nivel nacional para homicidios es del 89 por ciento, mientras que en Guerrero es del 96 por ciento, la tercera más alta a nivel nacional^[fn]“Impunidad en Homicidio Doloso en México: Reporte 2019”, Impunidad Cero, diciembre de 2019. El porcentaje de delitos no denunciados o no registrados en Guerrero es de 98 por ciento, el más alto en todo el país. Ver “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019”, INEGI, septiembre de 2019.Hide Footnote . Otro estudio reciente encontró que la probabilidad de que las autoridades de Guerrero resuelvan cualquier caso criminal es del 0,2 por ciento, la más baja en México^[fn]“Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2019”, Impunidad Cero, septiembre de 2019.Hide Footnote . Otros delitos graves se han disparado de manera similar^[fn]Entre 2006 y 2013, los secuestros aumentaron casi diez veces y la extorsión casi cinco veces, según datos oficiales. “Cifras de Homicidio Doloso, Secuestro, Extorsión y Robo de Vehículos 1997-2017”, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, 2018.Hide Footnote . Ocupando el primer o entre los primeros puestos a nivel nacional en cada una de estas categorías, Guerrero se ha convertido en uno de los lugares más violentos de México, a pesar de una disminución en los datos oficiales de homicidios en el 2019^[fn]Guerrero se clasifica constantemente como uno de los cinco estados más letales de México, incluso en 2019, según datos de homicidios de INEGI.Hide Footnote .   

Guerrero representa un extremo incluso dentro de la gama de conflictos letales de México, así como un presagio de cómo podría evolucionar el conflicto letal en otras partes del país^[fn]Según una fuente de alto nivel de la ONU, Guerrero ha “presagiado” muchos desarrollos centrales del conflicto mexicano. Entrevista de Crisis Group, Ciudad de México, 23 de septiembre de 2019.Hide Footnote . Más que cualquier otro lugar, el estado ha sufrido de la fragmentación del crimen organizado mexicano: lo que alguna vez fueron unas pocas organizaciones criminales cohesionadas, es ahora un elenco cada vez más diverso de grupos rivales, involucrados en un conjunto mucho más amplio de negocios ilícitos y formas de control territorial más estrictas y agresivas^[fn]Para una visión general, ver Pansters, Violence, Coercion and State-making in Twentieth-Century Mexico, op. cit.; y el informe de Crisis Group sobre América Latina N°69, Construcción de paz en México: los dilemas de seguridad que enfrenta el gobierno de López Obrador, 11 de octubre de 2018.Hide Footnote .

El crimen organizado es solo una parte del problema. En general, hay al menos 40 grupos armados no estatales activos en Guerrero hoy^[fn]Véase Anexo B: Mapa de grupos armados en Guerrero 2018-2019. Un mapa de 2018 del gobierno del estado de Guerrero identificó dieciocho grupos criminales nominales y veinte grupos de autodefensa. Ver “En Guerrero operan 20 grupos de autodefensa y 18 bandas criminales: informe oficial”, Proceso, 27 de junio de 2018. Los Viagras no entraron en el conteo del gobierno y se encuentran activos en la región de Tierra Caliente, según fuentes de Crisis Group que incluyen grupos criminales, informes de medios y videos publicados en las redes sociales por el propio grupo. “CJNG presume haber matado a 15 sicarios de Los Viagras en Guerrero”, La Verdad, noviembre de 2019. Otros grupos han surgido desde entonces. “Los nuevos jefes de la sierra de Guerrero”, Excelsior, 4 de noviembre de 2019. Jane Esberg, “Más que carteles: contando las organizaciones delictivas de México”, comentario de Crisis Group, de próxima publicación.Hide Footnote . Análisis de datos abiertos realizado por Crisis Group muestra que al menos veinte organizaciones criminales afirman su control sobre porciones de territorio^[fn]Análisis de datos abiertos de Crisis Group indica que aún más actores criminales operan en Guerrero. Sin embargo, no todos buscan el control territorial, y algunos se limitan al procesamiento y exportación ocasional de heroína u otras transacciones. Entrevista de Crisis Group, traficante de heroína que opera en Guerrero, Apatzingán, Michoacán, abril de 2019.Hide Footnote . Un número equivalente de grupos de autodefensas también están activos en el estado, y algunos han ganado una influencia política y social significativa en su propio territorio^[fn]Entrevistas de Crisis Group, Guerrero, mayo, junio y septiembre de 2019. Ver también “El poder de las autodefensas”, La Jornada, 23 de agosto de 2019.Hide Footnote . Como se explora a profundidad a continuación, todos estos últimos grupos afirman que la incapacidad del Estado para proteger a los ciudadanos de la violencia de los grupos criminales los ha llevado a tomar las armas. Sin embargo, la división entre algunas autodefensas y grupos nominalmente criminales se ha vuelto una zona porosa, mientras que la profunda colusión y complicidad del Estado con ambos agrava la inseguridad crónica para los habitantes de Guerrero^[fn]Entrevistas de Crisis Group, Guerrero, mayo, junio y septiembre de 2019. Ver también la discusión de los lazos entre delincuentes y autodefensas en la Sección III.C a continuación.Hide Footnote .

La producción y el tráfico de drogas no son nuevos en Guerrero. El cultivo de marihuana y amapola, esta última convertida en “goma” (pasta) y posteriormente refinada en heroína, se remonta a algunas décadas y ha dominado durante mucho tiempo la economía ilícita del estado. La producción de amapola se convirtió en un pilar de la economía local en la década de 1960, en respuesta a la creciente demanda de los EE. UU.^[fn]Sobre la historia en la producción y tráfico de drogas de Guerrero, ver Humberto Padgett, Guerrero, Los hombres de verde y la dama de rojo, Crónica de la Nación Gomera (Ciudad de México, 2015).Hide Footnote . Para los campesinos de la Sierra de Guerrero, al comienzo fue una forma de complementar los ingresos agrarios para su subsistencia^[fn]Según el INEGI, Guerrero es el estado con el índice de desarrollo socioeconómico más bajo del país. “Índice de Rezago Social”, INEGI, 2010.Hide Footnote . A medida que los precios aumentaron a partir de la década de 1990, nuevamente debido al aumento de la demanda de derivados de la amapola en EE. UU., los cultivos se incrementaron hasta constituir uno de los pilares centrales de la economía regional^[fn]“No More Opium for the Masses”, NORIA, 10 de febrero de 2019.Hide Footnote . Un productor, que afirma cultivar amapola desde finales de la década de 1970, dijo, “muchos nos beneficiamos de esto, aquí [en la Sierra], pero también los negocios en la ciudad [Chilpancingo] como allí fuimos a comprar carros, televisiones, refrigeradores”^[fn]Entrevista de Crisis Group, Chilpancingo, mayo de 2019.Hide Footnote . La transformación del mercado de drogas ha impulsado las crecientes tasas de violencia en el estado.

Los mercados de drogas de Guerrero estaban inicialmente descentralizados, con pocas barreras de entrada para posibles productores o traficantes. El narcotráfico organizado desde Guerrero hacia el norte de México y EE. UU. comenzó hace más de 40 años. Una persona que trabajó como mula contó que un señor del cercano estado de Jalisco la contrató a ella y a otras mujeres jóvenes de la costa para pasar heroína por la frontera de EE. UU. a finales de la década de 1970^[fn]Entrevista de Crisis Group, Apatzingán, Michoacán, mayo de 2012.Hide Footnote . Según el cultivador de amapola mencionado anteriormente, “todos producíamos por nuestra cuenta”. “Venía gente de afuera”, dijo, “a comprar. Pero no había restricciones sobre quién ingresaba al área o a quién se le podía vender. Realmente no había carteles como hoy en día con toda la violencia”^[fn]Entrevista de Crisis Group, Chilpancingo, mayo de 2019.Hide Footnote . Otros productores de la región, así como el jefe de un grupo criminal involucrado en el tráfico de heroína, pintaron una imagen similar en las entrevistas^[fn]Entrevistas de Crisis Group, Chichihualco y Sierra Madre Sur, mayo, junio y septiembre de 2019.Hide Footnote .

El laissez-faire del mundo criminal se fue transformando en algo más estructurado y violento a medida que grandes organizaciones criminales del norte de México ingresaron a Guerrero. A comienzos del milenio, la competencia por centros y rutas de tráfico se intensificó en todo México, particularmente entre los carteles del Golfo y Sinaloa^[fn]La competencia entre estos dos grupos criminales impulsó gran parte del conflicto letal en México desde el 2006 en adelante. Sobre la evolución de las organizaciones criminales en México, ver dos libros de Luis Astorga, El siglo de las drogas: el narcotráfico, del Porfiriato al nuevo milenio (Ciudad de México, 2005); y Drogas sin fronteras (Ciudad de México, 2015).Hide Footnote . Ambos avanzaron agresivamente para establecer su dominio en sitios estratégicos. Guerrero fue un lugar de importancia estratégica por su rol como centro de producción de drogas y corredor para el tráfico de cocaína sudamericana recibida en las ensenadas a lo largo de la costa y en el puerto de Acapulco^[fn]Sobre la llegada de organizaciones criminales de otras partes de México a Guerrero y la evolución del crimen organizado en el estado, ver Kyle, “Violence and Insecurity in Guerrero”, op. cit.Hide Footnote .

Dos incursiones que iniciaron a partir del 2004, la del grupo Beltrán Leyva (en ese momento una poderosa facción del Cartel de Sinaloa) y la de Los Zetas (entonces el principal brazo armado del Cartel del Golfo), causaron grandes daños en Guerrero. En algunas partes del estado se experimentaron fuertes incrementos de violencia. Acapulco, por ejemplo, se convirtió en el campo de batalla de los dos grupos, y una de las ciudades con mayores tasas de mortalidad en el mundo^[fn]“Guerrero: La violencia circular”, Nexos, 1 de noviembre de 2014; “How Acapulco became Mexico's murder capital”, Washington Post, 24 de agosto de 2017.Hide Footnote . Más allá de la feroz rivalidad, que a menudo dejó a civiles atrapados en el fuego cruzado, la afluencia de grupos externos también trajo prácticas criminales mucho más dañinas, principalmente a través de Los Zetas^[fn]El grupo central de Los Zetas estaba compuesto inicialmente por exsoldados de élite. Fue uno de los primeros grupos criminales en aprovecharse de las poblaciones locales para obtener ingresos. Ver Diego Osorno, La Guerra de Los Zetas (Ciudad de México, 2012); y Guadalupe Correa-Cabrera, Los Zetas Inc.: Criminal Corporations, Energy and Civil War in Mexico (Austin, 2017).Hide Footnote . Residentes y pequeñas empresas fueron objeto de extorsiones y secuestros extorsivos por parte de los grupos criminales^[fn]Camilo Pantoja, “La permanente crisis de Guerrero”, en Raúl Benítez Manaut y Sergio Aguayo Quezada (eds.), Atlas de la seguridad y de la defensa 2016 (Ciudad de México, 2017).Hide Footnote .

Estos grupos comenzaron a competir por el control territorial para obtener mayores ganancias con las drogas y otros productos. La diversificación de ingresos ilícitos a su vez estimuló una rivalidad más aguda entre los grupos. Un líder criminal dijo que la confrontación de su grupo con otros “ya no se trata tanto de la heroína [sino] principalmente de la minería”^[fn]Entrevista de Crisis Group, Guerrero, septiembre de 2019. Sobre la minería como causa de conflictos en México, ver “Illegal Mining a Golden Opportunity for Mexico Crime Groups”, InSight Crime, 26 de septiembre de 2016.Hide Footnote . En otras regiones, el portafolio de explotación de recursos incluye la tala ilegal^[fn]“Insostenible, la ola de violencia que azota a la sierra de Guerrero, afirman durante foro”, La Jornada, 25 de enero de 2019.Hide Footnote . La variedad de productos comercializados dentro de estas economías ilegales los hace más resistentes a golpes en mercados particulares^[fn]La creciente popularidad del fentanilo entre los consumidores estadounidenses ha conducido a precios más bajos de la heroína en México, afectando severamente a los campesinos locales. Ver “No More Opium for the Masses”, op. cit. Sin embargo, no ha sacado a los traficantes del negocio. Cuando se le preguntó si la llegada del fentanilo puso en duda la supervivencia de su grupo, el jefe del Cartel del Sur dijo que tenía “otras fuentes” de ingresos aparte de la heroína. Entrevista de Crisis Group, Chichihualco, septiembre de 2019. Un traficante de heroína que operaba en Guerrero también dijo que el negocio de la heroína todavía “valía la pena” para él. Entrevista de Crisis Group, Michoacán, abril de 2019.Hide Footnote .

La violencia en Guerrero alcanzó un pico luego de que la “estrategia de descabezamiento” del gobierno mexicano fracasara^[fn]La estrategia de descabezamiento, o “kingpin strategy” en inglés, fue un componente clave de la “guerra contra las drogas”. Se basa en la creencia de que las organizaciones criminales se debilitan cuando sus líderes, o “kingpins”, son capturados o asesinados. “La kingpin strategy: ¿qué es y cómo llegó a México?”, Nexos, 21 de octubre de 2019.Hide Footnote . El 16 de diciembre de 2009, la armada mexicana mató a Arturo Beltrán Leyva, la figura dominante del grupo del mismo nombre, en una acción que el entonces presidente Felipe Calderón aclamó como una victoria en la “guerra contra las drogas”^[fn]Calderón, quien hizo de la militarización de la seguridad pública la pieza central de su presidencia, dijo en su momento: “esta acción representa un logro muy importante para el pueblo y el gobierno de México y un golpe contundente contra una de las organizaciones criminales más peligrosas de México y del continente”. “La muerte de Beltrán Leyva es un golpe contundente: Calderón”, Informador, 17 de diciembre de 2009.Hide Footnote . El grupo de Beltrán Leyva en ese momento controlaba buena parte de Guerrero, principalmente bajo el mando del líder local Jesús Nava Romero, también conocido como “El Rojo”^[fn]“La lucha por el mercado de la droga en Guerrero”, Nexos, 12 de marzo de 2015; Pantoja, “La permanente crisis de Guerrero”, op. cit.Hide Footnote .

El grupo de los Beltrán Leyva logró su posición en parte prestando fuerza, personal y armamento a las redes criminales existentes y asegurándoles acceso a mercados. De esa manera demostró ser particularmente eficaz en la instalación de células locales. El líder de un grupo criminal prominente, por ejemplo, dijo que la llegada del nuevo grupo fomentó sus operaciones de producción y tráfico de heroína: “Inicialmente, recibimos apoyo de ellos”^[fn]Entrevista de Crisis Group, Chichihualco, septiembre de 2019.Hide Footnote . Este respaldo parece haber ayudado a su grupo, el Cartel del Sur, en su ascenso en el negocio de la heroína de Guerrero^[fn]Padgett, Guerrero, op. cit.Hide Footnote . El Cartel del Sur, junto con otros grupos criminales, se ha convertido en sinónimo de inseguridad en el estado. Entre los otros se encuentran Los Rojos, la célula original establecida por el grupo Beltrán Leyva y encabezada por Nava Romero, y sus facciones de Los Ardillos y Los Guerreros Unidos^[fn]El nombre de Los Ardillos viene del apodo de su fundador, La Ardilla.Hide Footnote . Hay amplias sospechas que este último grupo estuvo involucrado en la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa en el 2014^[fn]“Informe Ayotzinapa II”, op. cit.Hide Footnote .   

La muerte de Beltrán Leyva dejó a la esfera criminal de Guerrero sin su figura central, lo que derivó en una autonomía mucho mayor de las unidades locales que conformaban su red y a que se avivara el conflicto violento. Primero, introdujo un número mayor al conflicto, con aproximadamente 40 grupos armados ilegales activos en Guerrero actualmente^[fn]La fragmentación organizacional como resultado de la kingpin strategy es ampliamente descrita como una fuerza impulsora de la creciente violencia de los últimos trece años en México. El número de grupos criminales armados en México es de 231, según un estimado. “Mapa criminal de México 2020. Informe sobre las organizaciones criminales con presencia en México”, Lantia Consultores, 2020.Hide Footnote . La extraordinaria densidad de facciones criminales a su vez dio lugar a una fragmentación territorial extrema, lo que representa uno de los mayores desafíos para mejorar la seguridad en Guerrero^[fn]Incluso el cartel de Jalisco Nueva Generación, que muchos consideran como el próximo líder criminal de México, no ha podido pacificar las áreas por las que se enfrenta, incluido su territorio central del estado de Jalisco. En otras áreas de alta conflictividad, se puede observar una hiperfragmentación similar. “Células criminales avanzan con violencia; grandes carteles se han fraccionado en grupos rivales”, Excelsior, 4 de febrero de 2020.Hide Footnote . Cada facción lucha para proteger y expandir su propia franja territorial. Las rivalidades se alimentan de la desconfianza y animosidad personal entre los jefes criminales. Un miembro de alto rango dijo:

Todos eran parte de lo mismo [la misma estructura]. Todos se conocen; todos surgieron juntos. Pero cuando el grande [Arturo Beltrán Leyva] ya no estaba, ninguno aceptó el liderazgo del otro y comenzaron a traicionarse y a pelear entre ellos. Esta es la situación en la que estamos hoy^[fn]Entrevista de Crisis Group, Guerrero, mayo de 2019. El informante se describió a sí mismo como cercano a Beltrán Leyva, lo cual fue corroborado independientemente por terceros. Entrevistas de Crisis Group, Guerrero, mayo, junio y septiembre de 2019.Hide Footnote .

En segundo lugar, cuando se rompieron las conexiones entre grupos en la cadena de producción y tráfico de drogas, muchos grupos criminales pequeños y medianos empezaron a complementar el negocio de los narcóticos con otros esquemas predatorios^[fn]Para una discusión sobre los cambios dentro de la economía ilícita de México y la tendencia hacia la extorsión, ver Vanda Felbab-Brown, “Mexico’s Out-of-Control Criminal Market”, Brookings Institution, marzo de 2019.Hide Footnote . La extorsión aumentó bruscamente y se ha convertido en un problema crónico en todo el estado, particularmente en las ciudades. En 2018, en Guerrero la tasa de extorsión fue de 18 478 por cada 100 000 habitantes, lo que significa que casi una de cada cinco personas dijo que alguien había tratado de forzarlos a pagar “protección”^[fn]“Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019”, INEGI, septiembre de 2019.Hide Footnote . Los comerciantes de Chilpancingo hablan de una “extorsión generalizada”, con negocios tan pequeños como puestos de verduras obligados a pagar “cuotas”^[fn]Entrevistas de Crisis Group, Chilpancingo, junio de 2019.Hide Footnote . Un negociante condujo a Crisis Group por el frente de un restaurante que fue cerrado en 2019, después de que su propietario fuera asesinado a tiros por resistirse a tales demandas. El entrevistado dijo: “aquí la opción es pagar, irte o enfrentar las consecuencias para nosotros y nuestras familias”, y agregó que la competencia por la extorsión y el secuestro extorsivo impulsa la violencia de la ciudad^[fn]Entrevistas de Crisis Group, Chilpancingo, mayo, junio y septiembre de 2019. Los medios de comunicación han documentado ampliamente la extorsión en Acapulco. Ver, por ejemplo, “How Acapulco exemplifies Mexico’s ongoing security crisis”, Forbes, 21 de marzo de 2019.Hide Footnote . Guerrero se encuentra entre los estados mexicanos más afectados por las pérdidas económicas debido a la inseguridad^[fn]Según el Institute for Economics and Peace, las pérdidas económicas generales en México debido a la inseguridad ascienden a 2,5 trillones de pesos mexicanos ($130 mil millones de dólares) por año, lo que equivale al once por ciento del PIB de México en 2018. Ver “Mexico Peace Index 2019”, Institute for Economics and Peace, abril de 2019. El mismo informe clasifica a Guerrero como el segundo estado menos pacífico en México. Para 2017, según algunos estimados, la inseguridad había obligado a 2000 empresas a cerrar tan solo en Acapulco. Ver Teresa Santiago y Carlos Illades, “La guerra irregular en Guerrero, 2007-2017”, Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad, vol. 40, no. 1 (2019). Según Moody's, la industria turística de Acapulco sufrió una pérdida del 63 por ciento de visitantes internacionales entre el 2012 y el 2017. Ver “Moody’s alerta sobre el impacto de la violencia en la economía de Acapulco”, Proceso, 5 de marzo de 2019.Hide Footnote .

La criminalidad depredadora es peor en áreas rurales como la Tierra Caliente, que limita con Michoacán. Lo que ocurre en estas áreas se mantiene en gran medida a puerta cerrada, ya que los delincuentes intimidan a los medios de comunicación, imponiendo un tipo de autocensura con violencia física o la amenaza de esta^[fn]Entrevistas de Crisis Group, Guerrero, mayo, junio y septiembre de 2019. Según el grupo de expertos CASEDE, las organizaciones criminales en México a menudo crean “zonas de silencio”, principalmente a través de amenazas y violencia física, como un medio de control social. “Informe 2019, Libertad de expresión en México”, CASEDE, septiembre de 2019. En 2019, once periodistas fueron asesinados en México. Ante la ausencia de investigaciones, se desconocen los culpables. “Journalists killed in 2019”, Comité para la Protección de los Periodistas, 2020.Hide Footnote . Grupos como La Familia Michoacana y Los Viagras han construido verdaderos feudos en la Tierra Caliente^[fn]Entrevistas de Crisis Group e intercambios de mensajes de texto, residentes y miembros de organizaciones criminales, Guerrero y Michoacán, mayo-junio de 2019, enero de 2020. La Familia Michoacana es originaria de Michoacán, pero se ha expandido profundamente en Guerrero. Ver Pantoja, “La permanente crisis de Guerrero”, op. cit.Hide Footnote . Los residentes del norte de la región, controlada en parte por La Familia Michoacana, dijeron que el grupo cobra a cada hogar una cuota mensual de alrededor de $10 dólares^[fn]Entrevista de Crisis Group, Guerrero, junio de 2019.Hide Footnote . Según informes, los delincuentes también obligan a los propietarios de empresas locales a hacer una “contribución” que oscila entre $250 y $ 2500 dólares por mes, lo que obliga a muchos a huir de la zona^[fn]“El éxodo de Tierra Caliente”, Forbes, 4 de mayo de 2018.Hide Footnote .

Los grupos criminales en la Tierra Caliente también explotan su control territorial para recaudar impuestos sobre el comercio^[fn]Entrevistas de Crisis Group, Guerrero, mayo-junio de 2019.Hide Footnote . En el 2018, por ejemplo, Coca-Cola México dejó de producir y distribuir en el área debido a la extorsión y ataques físicos contra su personal e instalaciones^[fn]“El éxodo de Tierra Caliente”, op. cit.Hide Footnote . Comerciantes locales dijeron que el grupo criminal local ahora importa y vende directamente refrescos a un precio tres veces superior al del mercado^[fn]Entrevistas de Crisis Group, Guerrero, mayo de 2019.Hide Footnote . Comerciantes de otras regiones dijeron que ya no entran al área debido a las continuas amenazas^[fn]Entrevistas de Crisis Group, Guerrero, junio de 2019.Hide Footnote .

Guerrero está plagado de rivalidades locales. Cada una es distinta, según la estructura de los grupos involucrados, así como de los recursos por los cuales compiten. Hay indicios de que, lejos de disminuir, la violencia en el estado podría mantenerse en los niveles altos de los últimos años o incrementarse aún más.

Una seria preocupación es la incursión del Cartel de Jalisco Nueva Generación, como parte de su brutal impulso expansionista a nivel nacional^[fn]Este cartel se está expandiendo en los estados de Baja California Norte, Michoacán, Veracruz, Jalisco, Morelos y Guanajuato, entre otros.Hide Footnote . La Tierra Caliente recibió los ataques de este cartel en el 2019. Ha sido lugar de feroces batallas entre Jalisco y una alianza que incluye a Los Viagras, La Familia Michoacana y lo que queda de los Caballeros Templarios. Un miembro de alto rango de un grupo involucrado dijo que las partes están luchando en Guerrero, al igual que en Michoacán, por un corredor de contrabando hacia el norte que atraviesa ambos estados^[fn]Entrevista de Crisis Group, Ciudad de México, enero de 2020.Hide Footnote .

El costo humano crece, con residentes locales en la mira de las alianzas en conflicto por tener lazos económicos o sociales con sus enemigos^[fn]Para una descripción general de los ataques contra civiles, ver Falko Ernst, “La guerra criminal mexicana de mil cabezas”, comentario de Crisis Group, 3 de junio de 2019.Hide Footnote . En Guerrero, esta escalada ha provocado numerosas desapariciones y casos de desplazamiento interno, con un grupo atacando y quemando parcialmente asentamientos asociados con el que consideran su rival^[fn]Hasta la fecha, no existe un estudio exhaustivo sobre el verdadero alcance del desplazamiento interno en México. Según una ONG, al 31 de diciembre de 2018, había 338 000 desplazados internos “como resultado de conflictos y violencia” en México, con 11 000 casos nuevos registrados en el 2018. Ver “Country Data Mexico”, Internal Displacement Monitoring Centre, 2019. El Centro dice que el “estimado… está muy por debajo del número real”. Ver “Violencia en México desplazó a 380 mil personas en 10 años: IDMC”, Informador, 23 de julio de 2019. Basándose en la “Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública” (2011-2017) anual del INEGI, la Secretaría de Gobernación de México (SEGOB) y una ONG mexicana citan un total de 8,7 millones de personas “que tuvieron que cambiar su residencia para protegerse del crimen”, o más de un millón por año. El total para Guerrero fue 255 274. “Entre la invisibilidad y el abandono: un acercamiento cuantitativo al desplazamiento interno forzado en México”, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, febrero de 2019; “La violencia como causa de desplazamiento interno forzado. Aproximaciones a su análisis en México”, SEGOB, marzo de 2019. Si bien la mayoría de los desplazamientos siguen un patrón “gota a gota” (individuos o pequeños grupos huyendo), últimamente se han registrado más incidentes de desplazamiento masivo (mayor a 50 personas) en Guerrero que en cualquier otro estado, con siete en 2016 y 2017 y trece en el 2018. En total, tales incidentes desplazaron a 5056 personas tan solo en el 2018. Ver “Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México”, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, mayo de 2019. Los incidentes de desplazamiento masivo continúan, particularmente en Tierra Caliente, incluido el desplazamiento de 400 personas alrededor del 18 de noviembre de 2019 y 800 personas alrededor del 20 de enero de 2020. Ver “Alcalde de Zirándaro denuncia ingobernabilidad y desplazados por pugna entre narco”, Proceso, 19 de noviembre de 2019; “Huyen 800 pobladores de Guerrero por combates entre narcos”, La Jornada, 16 de enero de 2020.Hide Footnote . Una mujer que creció en la región y ahora vive en una ciudad cercana dijo que había tenido que refugiarse con su familia “después de que tuvieran que irse en un tipo de éxodo con sus vecinos, dejando atrás su casa, negocios, escuelas, sus vidas. El lugar se ha convertido en un infierno”. Su lugar de nacimiento, dijo, “se ha convertido en un pueblo fantasma”^[fn]Intercambio de mensajes de texto de Crisis Group, 31 de enero de 2020.Hide Footnote .    

En el 2019, el Cartel de Jalisco también comenzó a ingresar a la región norte de Guerrero, que conecta Tierra Caliente al oeste y al norte, a través del estado de Morelos y hacia Ciudad de México^[fn]“Amagan con narcomantas de una ola de violencia en Iguala y Taxco”, Proceso, 20 de octubre de 2019.Hide Footnote . 

De forma paralela, policías comunitarias y los grupos de autodefensa han proliferado para unirse a la gama de actores armados en Guerrero. El crecimiento de tales grupos, que datan de 1995, ha coincidido con la incapacidad del Estado para proteger a los ciudadanos de la creciente devastación criminal. La policía comunitaria se funda en el derecho constitucional de los pueblos indígenas de autogobierno parcial y autonomía en la administración de justicia^[fn]“Para entender a la Policía Comunitaria de Guerrero”, Nexos, 4 de junio de 2018.Hide Footnote . Sin embargo, estas y otras manifestaciones de autodefensa se han extendido mucho más allá de sus competencias legales y territoriales originales^[fn]“A Mexican town wages its own war on drugs”, The New Yorker, 27 de noviembre de 2017.Hide Footnote .

Se ha vuelto cada vez más difícil trazar una línea divisoria clara entre los grupos de autodefensa legales e ilegales. En enero de 2020, por ejemplo, Guerrero apareció en los titulares internacionales después de que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), un grupo indígena de autodefensa, presentara niños reclutas entre los seis y quince años de edad a los medios de comunicación. La semana anterior, el grupo criminal Los Ardillos presuntamente emboscó y asesinó a diez músicos indígenas^[fn]“Los niños soldados de Guerrero: nueva señal de la descomposición por la violencia en México”, El País, 22 de enero de 2020.Hide Footnote . Algunos de los niños habían perdido a sus padres en el ataque. La reacción pública al reclutamiento de niños osciló entre la comprensión y la indignación, pero mucho sugiere que varias de las llamadas autodefensas se han desviado de su meta original de proteger a los ciudadanos. Acusaciones en este sentido por parte de medios de comunicación, residentes locales, funcionarios estatales y ONG van desde el abuso de poder y las detenciones arbitrarias, hasta la colusión con grupos criminales y servir como fachadas para intereses ilícitos^[fn]El gobierno del estado de Guerrero arrestó a Nestora Salgado, excomandante de otro conglomerado de grupos de autodefensa, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), y a un senador del partido dirigente, por cargos de secuestro y homicidio entre el 2013 y el 2016. Salgado denunció su encarcelamiento como persecución. Finalmente, un tribunal desestimó los cargos en su contra, aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México determinó que la policía comunitaria bajo su mando había violado los derechos humanos de detenidos. Ver “A Mexican town wages its own war on drugs”, op. cit.; “8 claves sobre el caso Nestora Salgado”, Animal Político, 28 de mayo de 2018. FUPCEG está acusado de actuar como una fachada para un grupo criminal. Ver “Los nuevos jefes de la sierra de Guerrero”, Excelsior, 4 de noviembre de 2019. Otro grupo de autodefensas, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) fue acusada de hacer un pacto con el grupo criminal Los Dumbos antes de entrar en conflicto con este en 2019. Ver “Historia de una policía que se alió con el crimen: Xaltianguis”, Amapola Periodismo, 18 de noviembre de 2019. Un líder de autodefensas se jactó de que su grupo se había vuelto tan fuerte que podía imponerle términos a La Familia Michoacana, con quien dijo tener un “entendimiento”. Entrevista de Crisis Group, líder de autodefensas, Guerrero, mayo de 2019.Hide Footnote . Los grupos de autodefensas llaman criminales a sus rivales, lo que lleva a enfrentamientos abiertos en Guerrero que se tornan violentos^[fn]En 2015, el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) se separó de UPOEG. Los enfrentamientos abiertos entre los dos se han convertido en el principal motor de conflictos letales en las afueras de Acapulco desde entonces. Ver “Historia de una policía que se alió con el crimen: Xaltianguis”, op. cit.; “Enfrentamiento entre grupos de autodefensa deja seis muertos en Guerrero”, Proceso, 19 de junio de 2019.Hide Footnote .

Observadores de larga data en el estado dijeron que conglomerados rivales ahora pueden movilizar a muchos más combatientes en un área más amplia. También expresaron su preocupación por el cambio de tácticas, que en gran medida han mutado para asemejarse a las operaciones paramilitares^[fn]Entrevistas de Crisis Group, Guerrero, mayo, junio y septiembre de 2019.Hide Footnote . 

Al mismo tiempo, muchos grupos armados ilegales en Guerrero, y ya no solo las autodefensas, se han apropiado de historias que los muestran como motivados principalmente por la necesidad de defenderse a sí mismos y a sus comunidades del ataque externo o la subversión interna^[fn]Investigaciones de Crisis Group han encontrado que líderes, así como sicarios de grupos criminales en Michoacán, repiten historias similares. Ver Falko Ernst, “The Life and Death of a Mexican Hitman”, comentario de Crisis Group, 17 de octubre de 2018.Hide Footnote .

Un líder del FUPCEG (una llamada autodefensa que hace parte de una alianza que, según informes, opera en 762 comunidades de 39 municipios de la sierra de Guerrero y la costa norte, y que se compone de más de 10 000 miembros), dijo que se vio obligado a tomar las armas después de que miembros de su familia fueran objeto de secuestros^[fn]Salvador Alanís, el coordinador de FUPCEG, dijo a periodistas en marzo de 2019 que comandaba a “más de 11 000” combatientes. Ver “Autodefensas de Tlacotepec anuncian incursiones armadas en Chilpancingo”, Proceso, 21 de marzo de 2019. La dirección del grupo dijo que el número era “más de 10 000”, pero dejó abierto si eso se refería al grupo en sí o a la alianza de la que forma parte, e incluye grupos criminales. Entrevista de Crisis Group, Filo de Caballos, mayo de 2019.Hide Footnote . Él actualmente opera desde un pueblo en la montaña con casas simples de madera y concreto, que sirve como un centro operativo en los límites del territorio bajo control del rival criminal del FUPCEG, el Cartel del Sur. Resaltó su pasado como un exitoso productor de tomate. “¿Crees que yo elegí estar en un lugar como este, durmiendo en la tierra y comiendo fríjoles y huevos todo el tiempo?”, preguntó. “Claro que no. ¿Y crees que quiero tener que enseñarles a estos hombres [señala a los guardias armados alrededor] a matar? No. Pero esto aquí no es por voluntad. Es algo que he tenido que hacer”^[fn]Entrevista de Crisis Group, Filo de Caballos, mayo de 2019.Hide Footnote .

En términos casi idénticos, el líder del Cartel del Sur, afirmó que agresiones contra su familia lo obligaron a establecer un grupo armado para defenderse. “Comencé a trabajar la amapola [sic] alrededor del ’98. Nada más estaba trabajando. Normal. Pero entonces, hace unos ocho años, comenzó todo eso de los carteles. Los Zetas entraron a nuestro estado. Fue entonces cuando comenzó la guerra. Empezaron a cortar cabezas. Ya no tenía nada que ver con el narco de antes. Fue terrorismo”. Afirmó que su área de operación (las montañas en Chichihualco y sus alrededores), clave para la producción de amapola en Guerrero, se vio envuelta en un conflicto entre grupos rivales, con los residentes locales sometidos a nuevos y más severos abusos criminales. “[Los Rojos] comenzaron a instalarse aquí. Al entrar [al pueblo], te preguntaban, con quién estabas. Y luego empezaron a secuestrar personas y pedirles dinero a los negocios. Sabías, pero no decías nada. Ves el arma y te quedas callado”.

El líder dijo que continuaron presionándolo después de pagar un rescate de 700 000 pesos (entonces alrededor de $54 000 dólares) por la liberación de familiares secuestrados. A eso le siguió una emboscada, en la que un miembro de su familia fue asesinado, y él y otros resultaron heridos, lo que lo llevó a tomar las armas^[fn]En ese punto de la entrevista, el líder se levantó la camisa, exponiendo cicatrices en su pecho supuestamente de heridas de bala.Hide Footnote .

No quería broncas [problemas]. Pero tuve que empezar a defenderme. Yo, un hermano y ocho amigos del trabajo empezamos a organizarnos. Conseguimos unas armas y fuimos al pueblo. A tirarles [a Los Rojos]. Y los sacamos de mi pueblo. Y luego todo empezó a crecer, la gente se unió a nosotros porque sabían que ya los estábamos enfrentado^[fn]Entrevista de Crisis Group, Chichihualco, septiembre de 2019. En contraste con la descripción del líder de los orígenes del Cartel del Sur como una forma de defenderse de Los Rojos, un exmiembro de alto rango del grupo dijo que “todos eran parte de la misma [estructura]” antes de que surgieran “diferencias” sobre el liderazgo y sobre “lo que estaba permitido hacer para ganar dinero”, es decir, si la extorsión y otras prácticas abusivas eran aceptables y en qué medida. Entrevistas de Crisis Group, Guerrero, mayo y junio de 2019. Además, según informes de los medios, los líderes de los dos grupos están vinculados por lazos familiares. “‘Señor de la I’ a la conquista del centro de Guerrero”, La Silla Rota, 11 de junio de 2017; “El origen del sanguinario ‘Cártel del Sur’”, La Silla Rota, 2 de octubre de 2019.Hide Footnote .     

Las organizaciones criminales y algunos de los grupos de autodefensas de Guerrero no solo se parecen en sus orígenes, sino también en sus formas de operar^[fn]Hay grandes diferencias entre las autodefensas en Guerrero. Segmentos del primer conglomerado de autodefensas, la CRAC-PC, continúan administrando justicia comunitaria. La expansión geográfica de la CRAC-PC le implicó incluir comunidades no indígenas, así como organizaciones dispersas como el FUSDEG, que en gran medida dejó de lado la justicia comunitaria. Mientras tanto, grupos como la CRAC-PF, una facción indígena la CRAC-PC, son generalmente más pasivos, se centran en defender a las poblaciones y los territorios indígenas y cuentan con armas más ligeras como rifles de caza. Otros, como el FUPCEG, son mucho más expansionistas y militarmente más sofisticados y agresivos. Ver María Teresa Sierra, “Policías comunitarias y campos sociales minados en México: construyendo seguridad en contextos de violencia extrema”, Revista sobre acesso á justiça e direitos nas Américas, vol. 2, no. 2 (2018); Pantoja, “La permanente crisis de Guerrero”, op. cit.Hide Footnote . Algunas autodefensas usan el mismo tipo de armas que sus contrapartes criminales, entrenan células para hacer cumplir sus órdenes, contratan a exmilitares y emplean tácticas de batalla similares^[fn]Entrevistas de Crisis Group, Guerrero, mayo, junio y septiembre de 2019. El líder del grupo de autodefensa afirmó, por ejemplo, que su grupo ha contratado oficiales navales “desertores”. Exmilitares llevan mucho tiempo proporcionando experiencia en combate a los grupos armados no estatales de México. Ver “‘The training stays with you’: The elite Mexican soldiers recruited by cartels”, The Guardian, 10 de febrero de 2018. Sobre el uso por parte del FUPCEG de armas de alto calibre fabricadas en EE. UU., ver “Mexicans are killing each other at record rates. The U.S. provides the guns”, Los Angeles Times, 6 de octubre de 2019.Hide Footnote . También han desplegado la violencia con fines de propaganda, incluido el desmembramiento de cuerpos de enemigos en cámara para su publicación en redes sociales^[fn]Por ejemplo, en un video que un periodista local mostró a Crisis Group, tres hombres identificables por sus brazaletes rojos como miembros del FUPCEG clavaban repetidamente sus bayonetas, montadas en rifles semiautomáticos, en un cadáver, haciéndole cortes.Hide Footnote . En una entrevista de Crisis Group, un líder de autodefensas admitió estos paralelos, argumentando: “Desafortunadamente, tuvimos que ponernos así, así de extremos y agresivos, para responder a nuestros enemigos”. Describió patrones crecientes de violencia, en los que sus combatientes dejaron de lado los rifles de caza para portar armas más pesadas, incluidos rifles semiautomáticos, y adoptaron métodos similares a los insurgentes, como el uso de coches bomba^[fn]Entrevista de Crisis Group, Filo de Caballos, Guerrero, mayo de 2019. El líder del grupo de autodefensa dijo que había contratado a un “oficial desertor de la marina para que nos muestre” cómo fabricar y usar coches bomba. En abril de 2019, un coche bomba explotó en Xaltianguis, a las afueras de Acapulco, frente a las instalaciones de UPOEG. El FUPCEG está luchando por el control de la ciudad. “La explosión del coche bomba en Xaltianguis, Guerrero, fue planeada, asegura la policía comunitaria”, Sin Embargo, 4 de abril de 2019.Hide Footnote .

La actual generación de autodefensas se ha convertido en meta-organizaciones, conformadas por muchos grupos más pequeños que tienen presencia en cientos de comunidades y al mando de miles de miembros armados. Esta expansión desafía la tendencia hacia la fragmentación entre los grupos armados ilegales de México. En cuanto a la evolución del conflicto en Guerrero, también implica una nueva fase, a medida que las autodefensas adquieren un alcance operativo y una sofisticación estratégica que supera la de la mayoría de los grupos criminales.

Un incidente que ejemplifica estos cambios es la invasión a Filo de Caballos. Situado a 80 km de Chilpancingo, este pueblo en las montañas se encuentra en medio de una importante región cultivadora de amapola y productora de heroína. Debe su valor estratégico a la carretera llena de curvas que lo conecta con la capital del estado, una de las pocas rutas pavimentadas que conecta a las tierras bajas con las tierras altas, y que resulta vital para la exportación de drogas ilícitas y llegar a las minas de oro^[fn]Entrevistas de Crisis Group, Guerrero, mayo, junio y septiembre de 2019. “En la Sierra, la disputa para controlar corredor donde habrá una mina”, El Sol de Chilpancingo, 13 de noviembre de 2018.Hide Footnote . Las hostilidades allí entre el Cartel del Sur y una alianza del FUPCEG y el llamado Cartel de la Sierra, otro grupo anteriormente vinculado a Beltrán Leyva y Los Rojos, se intensificaron a partir del 2017, contaron los antiguos residentes, hasta llegar a su clímax el 11 de noviembre de 2018^[fn]Entrevistas de Crisis Group, Guerrero, mayo, junio y septiembre de 2019. Según diversas fuentes, el FUPCEG y el Cartel de la Sierra son una misma organización, con el FUPCEG actuando como el componente de autodefensa. El Cartel de la Sierra está encabezado por Onésimo Marquina Chapa, alias Necho, a quien un líder del Cartel del Sur identificó como un archienemigo, en referencia a presuntas traiciones del pasado. A fines del 2019, el Cartel de la Sierra se fusionó con el fragmento de los Guerreros Unidos encabezado por Gildardo López Astudillo, alias El Cabo Gil, principal sospechoso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa quien fue liberado de la cárcel en septiembre de 2019, y con el fragmento de Los Rojos encabezado por Cándido Nava Millán, alias El Japo. “Liberan a ‘El Gil’ acusado de ordenar la desaparición de los 43”, Proceso, 3 de septiembre de 2019; “Los nuevos jefes de la sierra de Guerrero”, Excelsior, 4 de noviembre de 2019.Hide Footnote .

Según un hombre que vivía en Filo de Caballos, ese día, alrededor del mediodía, comenzó una invasión.

Eran unos 3000 [hombres]. Primero escuchamos disparos en las afueras [del pueblo] y pensamos que era más de lo mismo. Pero luego se sintieron más cerca y entraron en la comunidad. Los balazos duraron hasta las 7 [pm]. Las balas volaban por todas partes, impactando el portón [del frente de nuestra tienda]. Estuve tirado al piso todo el rato que duraba. Ni siquiera me atreví a levantarme para ir al baño^[fn]Entrevista de Crisis Group, Guerrero, mayo de 2019.Hide Footnote .

Cuando Crisis Group visitó el pueblo seis meses después, las casas estaban llenas de agujeros de bala y cartuchos de fusiles semiautomáticos en la calle aún narraban la intensidad de la batalla.

En total, según informantes locales, organizaciones de derechos humanos e informes de prensa, la batalla del 11 de noviembre de 2018 desplazó a 1600 personas de Filo de Caballos y poblaciones vecinas. Temían resultar atrapados en el fuego cruzado o que los invasores los atacaran posteriormente por su asociación con el Cartel del Sur. Los desplazados descendieron de la montaña a Chichihualco, un lugar supuestamente más seguro^[fn]Entrevistas de Crisis Group, Guerrero, mayo, junio, septiembre de 2019. Ver también “En Guerrero huele a miedo, mil 600 huyen de Filo de Caballos por violencia”, El Universal, 14 de noviembre de 2018.Hide Footnote . Desde entonces han recibido amenazas para evitar su regreso, de acuerdo con activistas de derechos humanos y algunos de los desplazados^[fn]Entrevistas de Crisis Group, Guerrero, mayo, junio y septiembre de 2019.Hide Footnote . Un portavoz y organizador de los desplazados dijo que huyó a los EE. UU. con su familia en busca de asilo. “Nos convertimos en un problema para el gobierno [estatal] porque denunciaba la complicidad del gobierno en todo esto. Recibí varias llamadas diciéndome que si amaba a mi familia, más me valía callarme o enfrentar las consecuencias”^[fn]Intercambio de mensajes de texto de Crisis Group, octubre de 2019.Hide Footnote . Como se señaló anteriormente, el desplazamiento forzado es la consecuencia habitual de la competencia territorial entre grupos armados ilegales en Guerrero, al igual que en otras partes de México.

Guerrero a menudo se presenta como un ejemplo emblemático de cómo los grupos no estatales han forjado feudos que compiten con el Estado, o ante su supuesta ausencia^[fn]Ver, por ejemplo, George Grayson, Mexico, Narco-Violence and a Failed State (Nueva York, 2010).Hide Footnote . Pero las investigaciones judiciales llevadas a cabo después de la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de escuela normal rural de Ayotzinapa indican que la línea que separa a los grupos estatales y armados en Guerrero es mínima o inexistente. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso muestra los “extremos a los que la asociación entre agentes estatales y el crimen organizado puede llegar”^[fn]“Corrupción y Derechos Humanos”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos, 6 de diciembre de 2019, p. 47. Un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que investigó el caso en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, revela que la noche del 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de Ayotzinapa tomaron cinco autobuses privados para transportar a sus compañeros a una marcha de protesta conmemorativa en la Ciudad de México el 2 de octubre. (Tal “toma” de vehículos de pasajeros es una práctica común entre los estudiantes mexicanos, particularmente con el propósito de participar en protestas. “50 years after a student massacre, Mexico reflects on democracy”, The New York Times, 1 de octubre de 2018.) Una serie de acciones represivas se llevaron a cabo durante las próximas cuatro a cinco horas, las cuales incluyeron a la policía disparando a estudiantes; deteniendo y torturando a estudiantes; ejecutando extrajudicialmente a seis estudiantes, incluidos dos que recibieron disparos desde una distancia menor a 15 cm; asesinando a cuatro miembros de un equipo de fútbol, a quienes aparentemente confundieron con estudiantes; atacando a 80 personas que se movilizaban en apoyo de los estudiantes; y colaborando con Los Guerreros Unidos en la desaparición de los 43 estudiantes. “Informe Ayotzinapa II”, op. cit.Hide Footnote . Una investigación especial ordenada por la Comisión concluyó que, dada la diversidad de funcionarios estatales y de seguridad involucrados, debe haber “un nivel de coordinación central”^[fn]“Informe Ayotzinapa I, Resumen”, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos, 2015.Hide Footnote . El informe de los investigadores resalta la participación del grupo criminal Los Guerreros Unidos, que tenía “amplios lazos con la policía municipal”^[fn]“Informe Ayotzinapa II”, op. cit. Miembros de Los Guerreros Unidos bajo arresto han hecho declaraciones contradictorias sobre si ellos o funcionarios estatales dieron las órdenes y llevaron a cabo las desapariciones. Las autoridades obtuvieron muchos de estos testimonios al menos en parte bajo tortura. Ver “Doble injusticia – Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, marzo de 2018.Hide Footnote .  

La constante cobertura de esta desaparición masiva por parte de medios de comunicación generó esperanza entre los activistas locales de la sociedad civil y los periodistas de que, como uno de ellos lo dijo, “toda la cloaca [de complicidad entre el crimen y el Estado] finalmente se destaparía”^[fn]Entrevista de Crisis Group, Chilpancingo, mayo de 2019.Hide Footnote . Pero los organismos estatales presuntamente han entorpecido el caso con esfuerzos para manipular la verdad y engañar a las familias de las víctimas^[fn]Una versión no publicada del informe del Grupo Interdisciplinario nombra a varios funcionarios estatales a quienes se debe interrogar para lograr algún tipo de claridad sobre los eventos. Entrevista de Crisis Group, Ciudad de México, abril de 2019.Hide Footnote . Un informe del 2018 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México dijo que las autoridades federales han obstruido la justicia al no seguir posibles líneas de investigación o interrogar a personas de interés, así como al torturar a sospechosos^[fn]“Doble injusticia”, op. cit.; Ximena Suárez-Enríquez, “La nueva Comisión de Investigación para el caso Ayotzinapa”, Washington Office on Latin America, 28 de junio de 2018. En septiembre de 2019, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, acusó a Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República entre el 2012 y el 2015, de intentar encubrir el caso, cometer tortura y plantar pruebas falsas. Ver “Liberan a 24 personas más ligadas al caso Ayotzinapa; quedan sólo 65 detenidos de 142”, Proceso, 15 de septiembre de 2019. En enero de 2020, Encinas dijo que se citaría a Murillo Karam para declarar sobre estas acusaciones. Ver “Por caso Ayotzinapa, llamarán a declarar a Jesús Murillo Karam”, UnoTV, 21 de enero de 2020.Hide Footnote . En octubre de 2019, las autoridades habían liberado a 78 de 142 sospechosos por falta de pruebas, incluido el hombre que era jefe de Los Guerreros Unidos en el momento de los incidentes^[fn]“Juez libera a otros 3 ligados a caso Ayotzinapa, dice Encinas”, op. cit.Hide Footnote . Persisten las preocupaciones sobre la proximidad del crimen organizado al Estado en Guerrero.

Guerrero tiene uno de los niveles más altos de corrupción oficial en México, incluso dentro de las fuerzas de seguridad, y el grado más bajo de adhesión al Estado de derecho^[fn]“Índice de Estado de Derecho en México 2018”, World Justice Project, 2018; “Índice Mexicano de Corrupción y Calidad Gubernamental”, México Social, 2019; “Encuesta interna a miembros de COPARMEX, enero-febrero 2019”, Confederación Patronal de la República Mexicana, 2019.Hide Footnote . Las malas condiciones laborales de la policía los hacen particularmente vulnerables a la corrupción. La policía federal en el estado trabaja en promedio 81,4 horas por semana, mientras que la policía estatal trabaja 93,7 horas, aunque el salario mensual promedio para toda la policía es de aproximadamente $500 dólares. En una encuesta realizada a oficiales de la policía de Guerrero, el 82,7 por ciento dijo que sus superiores mostraban un comportamiento “inapropiado o ilegal”, incluidos actos de agresión contra ciudadanos y recibir sobornos, mientras que el 88,1 por ciento dijo lo mismo de sus compañeros en la fuerza. La policía, además, está mal capacitada: el 32 por ciento de los oficiales de Guerrero a fines de 2018 no habían recibido ningún tipo de capacitación^[fn]“Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial”, INEGI, 12 de noviembre de 2018. “Violencia en Guerrero: síntoma de la debilidad institucional”, México Evalúa, 12 de diciembre de 2018.Hide Footnote . Además, Guerrero tiene un déficit de policías: el estado tiene o,9 oficiales de policía por cada 1000 habitantes, una proporción de la mitad de lo que el gobierno federal de México define como el “estándar mínimo” de presencia policial^[fn]“Modelo óptimo de la función policial”, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 30 de junio de 2019.Hide Footnote .

Los policías de Guerrero arriesgan sus vidas (26 oficiales fueron asesinados en el estado en el 2019, la quinta cifra más alta en todo el país), pero muchos también son fuente de violencia y cómplices del crimen organizado^[fn]Un total de 446 policías fueron asesinados en todo el país, estableciendo un nuevo récord. Ver “Registro de policías asesinados 2019”, Causa en Común, 2020. Los escándalos recientes que afectan a la policía en Guerrero incluyen el desarme y la investigación de toda la fuerza municipal de Acapulco por parte de las autoridades federales “por existir sospechas de probable infiltración de grupos delictivos en la misma” y su “nula actuación… para enfrentar el fenómeno delictivo”. Dos comandantes fueron arrestados por cargos de homicidio y el ejército descubrió que 71 armas faltaban en el arsenal de la policía. “México: desarman e investigan a toda la policía de Acapulco por supuestos vínculos con el narcotráfico”, BBC Mundo, 26 de septiembre de 2018; “Dan formal prisión a mandos de SSP de Acapulco detenidos”, Milenio, 2 de octubre de 2018.Hide Footnote . Un habitante de una ciudad mediana que dijo haber sido víctima de extorsión por parte de la policía local dijo que “la pregunta no es si la policía es corrupta o no … sino quién [qué fuerza policial] trabaja con quién [qué grupo criminal]”. Describió una constelación de grupos criminales que buscan socios entre las autoridades, que también se encuentran divididas internamente; es un escenario en el que “la policía municipal trabaja para un [grupo], la [policía] estatal para otro y la [policía] federal para otro”^[fn]Entrevista de Crisis Group, Guerrero, junio de 2019.Hide Footnote . La policía municipal se asegura de que los propietarios de negocios locales cumplan con las demandas de extorsión de los delincuentes, afirmó un joven que está escondido. Mostró una cicatriz en la parte inferior de su pierna derecha, que según él provenía de una bala de la policía que lo alcanzó cuando escapaba de una redada policial en el negocio de su padre. Su padre se había negado a pagar dinero por protección^[fn]Entrevista de Crisis Group, Guerrero, junio de 2019.Hide Footnote .

En una importante ciudad de Guerrero, testigos presenciales dijeron a Crisis Group que la policía municipal secuestró a una joven delante de ellos, presuntamente siguiendo órdenes del líder local de una organización criminal. Un miembro de la familia contó que dicho líder había coqueteado con ella, diciéndole que “la quería como su novia”, pero ella lo rechazó. Una noche, dijeron, mostrándole a Crisis Group los agujeros de bala en las paredes internas y externas de su casa, ocho policías municipales entraron a la fuerza y se llevaron a la mujer mientras sus hijos observaban^[fn]Entrevistas de Crisis Group, Guerrero, junio de 2019. Un miembro de la familia presente en la escena dijo: “Traté de esconderla detrás de la cama [en una habitación trasera] y evitar que entraran, pero uno de ellos me golpeó con la culata de su rifle, dejándome en el suelo. Entraron y se la llevaron”.Hide Footnote . La familia de la víctima dijo que confrontaron personalmente a la policía y al líder criminal, con la madre de la mujer rogándole a este por información y recibiendo amenazas de muerte en respuesta. Aún se desconoce el paradero de la mujer^[fn]Entrevistas de Crisis Group, Guerrero, junio de 2019.Hide Footnote .

En general, desde el 2014 hasta el 2018, 544 desapariciones forzadas, es decir, desapariciones que involucraron la participación de funcionarios estatales u oficiales de seguridad, se registraron en Guerrero, más que en cualquier otro lugar del país^[fn]“Guerrero, con al menos”, op. cit.Hide Footnote . 

La incapacidad de la policía para proteger a los ciudadanos tiene sus raíces en sus malas condiciones de trabajo: la institución no cuenta con suficiente personal, no está preparada, tiene menos armas que los criminales y está mal pagada^[fn]Entrevista de Crisis Group, exoficial de policía estatal, Guerrero, junio de 2019. Sucesivos gobiernos mexicanos han luchado sin éxito con la reforma policial. Daniel Sabet, Police Reform in Mexico: Informal Politics and the Challenge of Institutional Change (Stanford, 2012); “Mexico’s Police: Many Reforms, Little Progress”, Washington Office on Latin America, mayo de 2014.Hide Footnote . Estas condiciones, dijo un exoficial de policía de Guerrero, significan que en lugar de atacar a grupos criminales y arriesgar sus vidas y las de sus familias, los comandantes de la policía habitualmente entran a “pláticas” con líderes criminales. “Básicamente, cuando llegas a una nueva zona, buscas llegar a algún acuerdo”, dijo, indicando un quid pro quo: “tú [el líder criminal] me dejas hacer mi chamba [trabajo], y yo te dejo hacer tu chamba … así no nos metemos en broncas [problemas]”^[fn]Sobre arreglos entre criminales y el Estado, ver informe de Crisis Group, Construcción de paz en México: los dilemas de seguridad que enfrenta el gobierno de López Obrador, op. cit.Hide Footnote . Otro oficial activo de la policía estatal describió la presión de los superiores para que los pagos de protección se pasen a través de la cadena de mando, incentivando la corrupción y la colusión policiaca-criminal. Además, agregó, los oficiales de policía tienen “muchas oportunidades” para asumir roles dentro de los grupos criminales^[fn]Entrevista de Crisis Group, Guerrero, junio de 2019.Hide Footnote .

Un arreglo entre la policía y el crimen organizado puede generar cierto grado de estabilidad y disminuir la violencia. En tales casos, dijo el exoficial de policía, se deja de lado el “principio de rotación”, destinado a frenar la colusión limitando la permanencia de agentes en una localidad determinada para que no puedan establecer lazos personales con los delincuentes^[fn]Entrevista de Crisis Group, México, abril de 2019.Hide Footnote . Así, los pactos entre la policía y los delincuentes son recompensados^[fn]Entrevista de Crisis Group, Guerrero, junio de 2019.Hide Footnote . Pero los arreglos no suelen ser duraderos. La competencia criminal en un área determinada se extiende a la lucha por el acceso o control sobre la policía, lo que genera ataques contra los que colaboran con grupos rivales. Esa es una razón por la cual la policía continúa siendo asesinada en México; negarse a cooperar con el crimen organizado es otra.

Un exoficial de seguridad federal de alto rango señaló la existencia de acuerdos similares entre las fuerzas federales y grupos criminales en el estado. Afirmando que “el ejército está cuidando los cultivos [de amapola] en Guerrero”, dijo que ambas partes se dedicaron a la “delimitación de espacios”, con ciertos campos de amapola “entregados” esporádicamente para la erradicación. “Es un juego publicitario. Tienes que dar algo a la policía, a las Fuerzas Armadas, para darles buena imagen”, dijo^[fn]Entrevista de Crisis Group, mayo de 2018. Sobre la continuidad histórica de la corrupción y la colusión en las Fuerzas Armadas mexicanas, ver Astorga, Seguridad, traficantes y militares, op. cit. Las acusaciones de complicidad militar con el crimen organizado son comunes, aunque los representantes de alto nivel de las administraciones anteriores las han desestimado en repetidas ocasiones. En enero de 2020, López Obrador habló del ejército mexicano como una de las “instituciones menos penetradas por la corrupción” del país, y dijo que se limpiaría gradualmente, sin especificar cómo. Ver “Sedena, entre las menos penetradas por la corrupción: AMLO”, La Razón, 10 de enero de 2020.Hide Footnote .

El grado en que los intereses criminales han inclinado la aplicación de la ley a su favor se expresa más claramente en la tasa de impunidad de homicidios del 96 por ciento en Guerrero, así como en la probabilidad del 0,2 por ciento de que las autoridades resuelvan determinado delito.

Los grupos de víctimas hacen valientes esfuerzos para reducir la impunidad, como en el caso de Ayotzinapa y otros. Han organizado protestas, bloqueos y conferencias de prensa en su clamor por reparación judicial. Crisis Group asistió a una reunión en la que un grupo de víctimas ad hoc formado por personas desplazadas de Filo de Caballos y sus alrededores discutió con una organización local de derechos humanos cómo aumentar la presión sobre el gobierno federal^[fn]Las víctimas desean que el Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Alejandro Encinas, cumpla su promesa de desplegar fuerzas federales para evitar que el FUPCEG se tome Chichihualco, donde permanecen la mayoría de desplazados. Encinas hizo esta promesa luego de un campamento de protesta de 39 días frente al Palacio Presidencial en la Ciudad de México. El FUPCEG ha amenazado con tomarse Chichihualco a menos de que el gobierno estatal de Guerrero arreste al líder del Cartel del Sur. “Civiles anuncian incursión armada en Chichihualco, contra el Cartel del Sur”, El Sol de Chilpancingo, 12 de octubre 2019. El área donde se desplegarían las fuerzas federales ha sido escenario de enfrentamientos recurrentes entre los grupos y de un incremento en los desplazados. “Al menos 800 nuevos desplazados en El Naranjo, Guerrero, por choque de grupos armados”, Proceso, 1 de julio de 2019; “Una balacera de 8 horas, quema de automóviles y corte de energía eléctrica: el violento ataque desatado en la Sierra de Guerrero”, Infobae, 29 de diciembre de 2019.Hide Footnote . Los asistentes deliberaron sobre tomarse las casetas de peaje en la carretera entre Chilpancingo y Ciudad de México, como un medio de protesta y una forma de recaudar dinero para su campaña^[fn]La toma temporal de estaciones de peaje es una práctica común entre las organizaciones sociales mexicanas. En la primera mitad del 2019, 161 de estos casos se registraron en una estación de peaje situada en una carretera que sale de la Ciudad de México hacia Cuernavaca (Morelos) y Chilpancingo.Hide Footnote .

Grupos en busca de personas desaparecidas, compuestos predominantemente por madres que buscan a sus hijos y conocidos como colectivos de búsqueda emplean métodos similares a los de otros grupos de víctimas. Gracias al conocimiento legal acumulado y la presión aplicada por el colectivo en el caso de la mujer desaparecida que se mencionó anteriormente, el gobierno federal asumió jurisdicción en la investigación, lo que generó esperanza de lograr una investigación adecuada. Sin embargo, la familia dijo que no se han hecho avances: ni el líder criminal ni los policías presuntamente involucrados han sido interrogados o importunados de manera alguna hasta la fecha^[fn]La ley mexicana distingue entre jurisdicciones locales y federales, la última de las cuales se ocupa del crimen organizado y estatal. A pesar de las bajas tasas federales para resolver desapariciones, el colectivo en cuestión dijo que estar atascado en los sistemas judiciales a nivel estatal garantizaba “ningún tipo de progreso”. Entrevista de Crisis Group, Guerrero, junio de 2019.Hide Footnote . En el 2019, según datos de Fiscalía General de la República, solo el 0,29 por ciento de los casos de desaparición forzada (cuatro de 1363) se han enviado a jueces^[fn]“FGR esclarece menos del 1% de casos desapariciones forzadas, tortura y delitos contra migrantes”, Animal Político, 28 de enero de 2020.Hide Footnote . Un agente de campo federal que trabajaba en desapariciones en Guerrero dijo que “nada ha cambiado en [su] trabajo” bajo la administración de López Obrador hasta el momento^[fn]Entrevista de Crisis Group, Guerrero, junio de 2019.Hide Footnote .

La impunidad persiste en gran medida porque las campañas de las víctimas, aunque sean audaces o tácticamente creativas, palidecen en comparación con el poder financiero y coercitivo que puede desplegar el crimen organizado. Los grupos criminales están perfectamente dispuestos a arremeter contra los funcionarios estatales que intentan hacer cumplir la ley y contra cualquiera que se resista a su dominio. Intimidan tanto a los activistas contra la injusticia como a cualquiera que amenace con revelar actos delictivos o casos de complicidad entre el Estado y grupos criminales. Las organizaciones criminales asesinaron a cinco activistas de derechos humanos y ambientales tan solo en el 2019^[fn]“México: Más de 30 defensores de Derechos Humanos y activistas asesinados en 2019”, Avispa Midia, 8 de enero de 2020.Hide Footnote . Los periodistas también están en la mira: desde el 2000, 24 han sido asesinados en Guerrero, el quinto número más alto en todo el país^[fn]Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. “Casi 150 periodistas asesinados en 19 años en México, 13 en gobierno de AMLO, impunidad total ante los crímenes”, Plumas Libres, 4 de enero de 2020.Hide Footnote . La más reciente víctima fue Víctor Fernando Álvarez, un periodista de Acapulco quien fue descabezado en abril del 2020 después de que recibiera amenazas de un grupo criminal local^[fn]“Hallan la cabeza de un periodista mexicano asesinado en Acapulco”, El Mundo, 12 de abril de 2020.Hide Footnote .

La violencia se ha convertido en la herramienta mediante la cual los grupos criminales de Guerrero intimidan al Estado cuando el soborno resulta insuficiente. Amenazas de ataques se han vuelto parte de las negociaciones con el Estado, mientras que las relaciones corruptas se han vuelto más volátiles, perdiendo gran parte de su poder para moderar el comportamiento criminal. En el pasado, un aparato estatal relativamente cohesivo logró acuerdos duraderos con algunos grupos criminales; hoy, en Guerrero y otros estados de México se dan múltiples vínculos entre el Estado y la delincuencia^[fn]Ríos, “Why Did Mexico Become So Violent?”, op. cit.Hide Footnote . Las raíces de esta transformación se encuentran en la fragmentación del crimen organizado, junto con un fenómeno paralelo en el Estado, en el que la competencia partidista y la alternancia en el gobierno dificultan la estabilidad de los lazos entre el Estado y el crimen.

Las dificultades para asegurar pactos estables entre criminales y políticos pueden generar aumentos repentinos de violencia. Un líder de FUPCEG, por ejemplo, declaró que contribuyó con una gran suma de dinero a la campaña de un alto funcionario del estado de Guerrero, pero al poco tiempo se enteró de que el funcionario les había pedido sumas similares a otros pesos pesados del estado^[fn]La ausencia de pruebas judiciales prohíbe la publicación del nombre del funcionario. Pero otros informantes locales, incluidos grupos criminales que compiten con el FUPCEG, les hicieron eco a las acusaciones. Entrevistas de Crisis Group, Guerrero, mayo, junio y septiembre de 2019.Hide Footnote . Como resultado, el líder de la autodefensa se encontró con obstáculos al pedir favores, incluso cuando le pidió al funcionario estatal en cuestión que retirara a la policía de Xaltianguis, la localidad a las afueras de Acapulco por la que compite el FUPCEG. “Le hablé al guey [hombre] y le dije: ¡Ábrete!”, recordó^[fn]“Ábrete” tiene una connotación de dominio sexual, es una de las frases más ofensivas en español mexicano.Hide Footnote . Dijo que el funcionario primero se negó y que, como consecuencia, “le puse [sic] cuatro bombas allí y dejamos explotar una”^[fn]Como se señaló anteriormente, los medios cubrieron ampliamente el atentado con coche bomba del FUSDEG en abril de 2019. Ver “La explosión del …”, op. cit.Hide Footnote . Si bien la explosión solo causó daños materiales, y nadie resultó herido, según el líder fue suficiente para lograr su objetivo: la policía estatal se retiró de la ciudad^[fn]Entrevista de Crisis Group, Filo de Caballos, mayo de 2019. La lucha por Xaltianguis, entre FUSDEG y UPOEG, continúa. “Los Dumbos cazan a familiares de las autodefensas del UPOEG en Xaltianguis”, Proceso, 9 de mayo de 2019.Hide Footnote . Las cosas se complican aún más en Guerrero por acuerdos locales entre grupos armados ilegales y las fuerzas de seguridad. En varios casos, políticos tales como alcaldes, que entre otras funciones dirigen la policía municipal, tienen vínculos de parentesco directo con miembros de grupos criminales locales^[fn]Los ejemplos incluyen el municipio de Iguala en el momento de la atrocidad de Ayotzinapa (“Los Pineda Villa, el clan fundador de la mafia guerrerense”, Proceso, 18 de octubre de 2014); la región de Montaña, donde hermanos de una familia encabezan el grupo criminal Los Ardillos, supuestamente detrás del asesinato de diez músicos indígenas, mientras que otro hermano es el expresidente del Congreso del estado y un destacado legislador estatal (“Quiénes diablos son Los Ardillos”, El Universal, 16 de noviembre de 2015); y el municipio de Tlacotepec, hogar tanto del Cartel de la Sierra como del FUPCEG, donde el presidente municipal es el cuñado del líder criminal Onésimo Marquina Chapa (“Ejecución de militares confronta a líderes de grupos delictivos en Guerrero”, Proceso, 15 de octubre de 2019). Abundan ejemplos adicionales.Hide Footnote .

A medida que múltiples grupos armados luchan por los favores de las fuerzas políticas rivales y los candidatos, las elecciones son un terreno fértil para la colusión y causa de violencia. El período previo a las elecciones federales de 2018 estableció un récord de asesinatos de funcionarios estatales o candidatos^[fn]“Séptimo informe de violencia política en México 2018”, Etellekt, 9 de julio de 2018.Hide Footnote . Un total de 32 asesinatos políticos tuvieron lugar en Guerrero, más que en cualquier otro estado de México^[fn]“Mexico Peace Index 2019”, Institute for Economics and Peace, abril de 2019, p. 22.Hide Footnote . Mientras tanto, miembros de la familia, cónyuges u otras personas cercanas a líderes criminales se posesionan en diversos cargos^[fn]Ver los lazos familiares mencionados anteriormente, así como “El crimen organizado condiciona la elección de muchos cargos locales en México”, The New York Times, 1 de julio de 2018.Hide Footnote . El control territorial por parte de grupos armados ilegales también se traduce en el control de bloques de votos, con votantes locales a menudo obligados a tomar la decisión “correcta”. Aquellos que buscan un cargo tienen un incentivo para hacer algún tipo de acuerdo con líderes criminales^[fn]Después del incidente de Ayotzinapa, el PRD, entonces en el poder a nivel municipal y estatal, admitió tales vínculos en un informe producido a instancias del partido. “Informe del PRD sobre el caso Abarca”, Centro de Estudios Políticos y de Seguridad Nacional, 6 de mayo de 2015. Ver también Brian Faughnan et al., “Subnational Electoral Contexts and Corruption in Mexico”, Journal of Politics in Latin America, vol. 6, no. 1 (2014).Hide Footnote .

Un operador político, que dijo haber estado negociando tales arreglos desde la década de 1970, agregó que esta práctica continúa en Guerrero a medida que se acercan las elecciones estatales de 2021: “Es lo mismo de siempre, también ahora con MORENA [el partido del presidente López Obrador]. Se trata de poder, de ganar, y la forma de hacerlo es llegar a un acuerdo con quién puede proporcionarte los votos. Lo único que ha cambiado es que, en aquel entonces, te sentabas en un lugar equis [normal] y te echabas tu Nescafé y ahora te sientas en un Starbucks”. Dado el territorio que ahora controlan, agregó, los conglomerados de grupos de autodefensas se han convertido en un elemento central de estos arreglos^[fn]Entrevista de Crisis Group, Chilpancingo, junio de 2019.Hide Footnote .

La expansión territorial de las autodefensas aumenta su influencia política y su poder electoral. Las autodefensas han intentado moldear grupos policiales comunitarios obedientes, que, según informantes locales con acceso al territorio en poder del FUPCEG, así como a miembros del grupo, sirven como su columna vertebral. Estos grupos se combinan con otros de menor escala, pero mejor entrenados y equipados: los sicarios, que encabezaron la invasión de Filo de Caballos^[fn]Entrevistas de Crisis Group, Guerrero, mayo, junio y septiembre de 2019. Ver también “Desplazados: vivir en vilo”, Amapola, 19 de agosto de 2019. Un líder del FUPCEG declaró en una entrevista con Crisis Group que aquellos que habían abandonado la comunidad lo habían hecho bajo la presión de su grupo. Él ha dicho repetidamente que los desplazados estaban involucrados en actividades ilegales del Cartel del Sur. “Se cumple un año de la ocupación del corredor Xochipala-Filo de Caballos”, Diario21, 11 de noviembre de 2019.Hide Footnote .

Se sigue el mismo patrón en la cooptación de estructuras políticas, en particular las asambleas comunitarias, que actúan como organismos gubernamentales semiautónomos encabezados por comisarios electos^[fn]Para una descripción general de las estructuras del gobierno local, ver René David Benítez Rivera, “La Policía Comunitaria: Experiencia de organización y lucha en la Montaña de Guerrero”, Política y Cultura, no. 44 (2015).Hide Footnote . El control sobre las estructuras políticas locales por parte de grupos armados ilegales no es un fenómeno nuevo en Guerrero, ni en México en general^[fn]El crimen organizado es bien conocido por buscar el control de las estructuras estatales municipales como parte de su búsqueda de territorio. Guillermo Trejo, “Municipios y crimen organizado en México”, El País, 20 de febrero de 2015.Hide Footnote . Lo que llama la atención ahora es la apariencia de legalidad dada al proceso. Un informante local que una vez formó parte de una asamblea comunitaria en el municipio de Leonardo Bravo dijo: “Se adhieren a procedimientos formales [en los que] los acuerdos se firman y todo se hace formalmente, pero realmente no existe otra opción”^[fn]Entrevista de Crisis Group, Ciudad de México, abril de 2019.Hide Footnote .

La evolución de la violencia en Guerrero subraya la escala de los desafíos que enfrenta el presidente López Obrador. Es, sin duda, “el más complejo” de los conflictos locales en México, según un experto en seguridad^[fn]Entrevista de Crisis Group, Raúl Benítez Manaut, Ciudad de México, 20 de febrero de 2020.Hide Footnote . No se puede concebir una solución rápida a su crisis perpetua. Pero el progreso que se pueda lograr hacia la mitigación de la violencia generaría lecciones valiosas para otras áreas problemáticas en todo el país.

Un aspecto crucial para cualquier progreso será reducir la impunidad y mejorar la protección de los ciudadanos, lo que a su vez requiere frenar la corrupción y la colusión entre crimen organizado y Estado, especialmente a través de mecanismos que generen transparencia y la rendición de cuentas en el sector público y las fuerzas de seguridad. El poder del crimen organizado para someter a funcionarios públicos a su voluntad se funda en los muy permeables límites que existen entre el Estado y grupos ilegales en todo México^[fn]Un ejemplo de alto nivel es Genaro García Luna, secretario de seguridad y arquitecto de la guerra contra las drogas bajo el expresidente Calderón. García Luna fue arrestado a fines de 2019 en los EE. UU., donde está siendo juzgado por corrupción y cargos de crimen organizado. Supuestamente aceptó millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa. Él se ha declarado inocente. “Architect of Mexico’s war on cartels is accused of taking bribes from one”, The New York Times, 10 de enero de 2020.Hide Footnote .

Hasta ahora, el presidente ha abordado la seguridad con un enfoque basado en tres pilares: poner fin a la dependencia de las dos administraciones anteriores del uso de la fuerza para combatir el crimen, eliminar la corrupción y abordar los factores económicos que estimulan el crimen. A menos de un año de haber iniciado su mandato, López Obrador declaró que “la guerra” y la corrupción oficial habían terminado^[fn]“Ya se acabó la corrupción y el ‘bandidaje oficial’: AMLO”, Milenio, 18 de noviembre de 2019. El 30 de enero de 2019, menos de dos meses después de iniciar su mandato, dijo: “Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz".Hide Footnote . Lanzó ambiciosos programas sociales y económicos para combatir las causas de fondo del crimen, y también anunció durante su campaña electoral medidas de justicia transicional para “pacificar” el país, incluidas amnistías. Sin embargo, persisten graves dudas sobre si el gobierno les ha dado continuidad a estas políticas y si, en cualquier caso, funcionarán.

Durante su campaña, López Obrador se presentó como un firme opositor de la política de seguridad militarizada, culpándola de los crecientes niveles de violencia en México y prometiendo sacar a las Fuerzas Armadas de las calles^[fn]“El Sabueso: ¿Promover reformas constitucionales? ¿Sacar al Ejército de las calles? AMLO se contradice”, Animal Político, 21 de noviembre de 2018.Hide Footnote . Sin embargo, para fines de 2019 había 62 954 soldados desplegados en todo México, en comparación con 54 980 durante el último año del mandato de su predecesor^[fn]“Alcanzan militares despliegue histórico”, Reforma, 9 de diciembre de 2019.Hide Footnote . Además, poco después de su victoria en las urnas, López Obrador anunció que crearía una Guardia Nacional equipada con recursos militares y operada principalmente por soldados. Consideró que este paso era necesario debido a la ineficacia y corrupción policial^[fn]“‘Rebelión de policías federales demostró que no estaban a la altura’, dice AMLO”, Animal Político, 8 de julio de 2019.Hide Footnote . En la inauguración oficial de la Guardia Nacional el 1 de julio de 2019, López Obrador la consideró central para la “cuarta transformación”, su proyecto “histórico” de reforma de México^[fn]López Obrador ha equiparado su presidencia a una “cuarta transformación” de México, siendo las tres primeras, en su lectura, la independencia de España en 1821, las reformas liberales del estado de 1861 (“La Reforma”) y la revolución de 1910-1920. “Versión estenográfica: Diálogo con pueblos indígenas, en Coatetelco, Morelos”, AMLO, 22 de noviembre de 2019.Hide Footnote . Dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal de México, la percepción es que “en términos de seguridad pública, todo lo que parece importarle [al presidente] es su proyecto de la Guardia Nacional”^[fn]Entrevista de Crisis Group, Ciudad de México, 2019.Hide Footnote .

Según el gobierno mexicano, la Guardia Nacional servirá como el “instrumento primordial … en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, [y] la recuperación de la paz … en todo el país”^[fn]“Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”, Gobierno Federal Mexicano, 2019.Hide Footnote . Durante su primer año de operaciones, la Guardia Nacional no logró reclutar a los 92 000 oficiales previstos originalmente, enlistando solo 76 000^[fn]Solo uno de cada diez candidatos aprobó los exámenes para demostrar la ausencia de vínculos criminales y aptitud física. Con un objetivo declarado de 50 000 nuevos reclutas en 2020, la guardia llegaría a alcanzar posiblemente los 170 000. “Guardia Nacional se queda corta: no llegó a la cifra de elementos que tenía previstos para terminar 2019”, Animal Político, 7 de febrero de 2020; “Guardia Nacional, año uno con pocos resultados”, Reporte Índigo, 20 de febrero de 2020.Hide Footnote . Se ha desplegado en 150 de las 260 regiones donde se espera haga presencia, con sus 69 bases ubicadas en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, según López Obrador^[fn]Tal como está, la Guardia Nacional cuenta con 36 000 nuevos reclutas, y los demás transferidos del ejército, la marina y la policía federal. “Avanza fortalecimiento de la Guardia Nacional; concluye construcción de 69 instalaciones en tres estados para despliegue de elementos”, AMLO, 14 de febrero de 2020.Hide Footnote . Hasta ahora, estos despliegues no han logrado frenar la violencia en estas áreas^[fn]De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal mexicano, las tasas de homicidios en cada uno de estos estados aumentaron desde 2018.Hide Footnote . Bajo la presión de los EE. UU. para evitar que centroamericanos entren en su camino hacia el norte, México ha canalizado una parte significativa de los recursos de la Guardia Nacional para el control de migración^[fn]Se reporta que unos 25 000 agentes han sido asignados al control de fronteras. “México: débil despliegue de la Guardia Nacional”, Deutsche Welle, 21 de diciembre de 2019.Hide Footnote .

Críticos de la sociedad civil insisten en que la Guardia está profundizando la militarización de la seguridad pública a pesar de que está bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una autoridad civil^[fn]“México necesita una Guardia Nacional realmente civil”, The New York Times, 8 de agosto de 2019.Hide Footnote . El propio gobierno la define como similar a “un instituto armado de naturaleza militar” cuya estructura interna está “dotada de la disciplina, la jerarquía y el escalafón propios de las Fuerzas Armadas”^[fn]“Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”, op. cit., pp. 17-18.Hide Footnote . Aun así, López Obrador ha prometido en repetidas ocasiones que “nunca [usará] las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo”, y agregó que “se respetarán los derechos humanos y [ …] la Guardia Nacional va a ser como el ejército de paz [sic] de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”^[fn]“Nunca daré una orden al Ejército para reprimir al pueblo: AMLO”, Forbes, 2 de octubre de 2018. “La Guardia Nacional sería como los cascos azules de la ONU: AMLO”, La Jornada, 21 de febrero de 2019. En abril de 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmó un acuerdo con el gobierno mexicano estipulando que la Guardia Nacional recibiría capacitación en derechos humanos y estaría abierta al escrutinio de la ONU en asuntos de derechos humanos. “ONU capacitará a Guardia Nacional; Bachelet señala pendientes en seguridad”, Forbes, 9 de abril de 2019. Todavía no se han hecho públicas medidas concretas en este sentido, y el personal local de la ONU dice que “no ha habido actividad de este tipo” desde que se firmó el acuerdo. Entrevista de Crisis Group, Ciudad de México, 18 de enero de 2020.Hide Footnote .

La falta de transparencia sobre la participación de los militares en la seguridad pública se extiende al modelo operativo de la Guardia Nacional. Según un experto militar y de seguridad, “lo que está haciendo exactamente la Guardia Nacional sigue siendo un enigma”^[fn]Entrevista de Crisis Group, Raúl Benítez Manaut, Ciudad de México, 20 de febrero de 2020.Hide Footnote . En particular, no está claro cuál es la estrategia de la Guardia para reducir la violencia. Luego de la detención fallida de un líder criminal en Sinaloa en octubre de 2019, que resultó en el asedio del Cartel de Sinaloa a la ciudad de Culiacán, el gobierno se retractó de sus decisiones de no ir tras los capos y no desplegar a la Marina para este fin^[fn]Administraciones anteriores siguiendo la kingpin strategy utilizaron fuertemente a la marina en operaciones de capturar o matar. “Mexico, under U.S. pressure, adds muscle to fight against drug cartels”, Wall Street Journal, 7 de febrero de 2020. Al 21 de febrero de 2020, 30 sospechosos criminales habían sido extraditados a los EE. UU., lo que sugiere una colaboración bilateral renovada bajo la kingpin strategy. “Suspected Mexican cartel figure handed over to U.S. amid surge of extraditions”, Washington Post, 21 de febrero de 2020.Hide Footnote . En el mismo sentido, y en respuesta a agresiones de grupos criminales contra las Fuerzas Armadas, López Obrador ha dicho que estaban autorizados a reaccionar con una fuerza medida, aunque nunca “para matar a personas heridas, para masacrar … como antes”^[fn]“Responderán militares a agresiones, sin abuso de fuerza: AMLO”, La Jornada, 11 de septiembre de 2019.Hide Footnote .

Un total de 2500 oficiales de la Guardia Nacional fueron desplegados en Guerrero a mediados del 2019, y el gobernador del estado Héctor Astudillo destacó el papel de las Fuerzas Armadas en una reducción del 28 por ciento en los homicidios del 2018 al 2019^[fn]“Despliega gobierno 56 mil 191 elementos en apoyo a la Guardia Nacional”, El Universal, 13 de agosto de 2019. “Reconoce Astudillo labor del ejército en Guerrero”, Eje Central, 19 de febrero de 2020.Hide Footnote . Pero ni las instituciones de seguridad mexicanas, ni el gobierno del estado de Guerrero han señalado enfoques u operaciones novedosas como el origen de la disminución. Fuentes criminales en el área fronteriza Guerrero-Michoacán indican que “la presencia [de la Guardia Nacional] no ha hecho ninguna diferencia” para detener sus enfrentamientos^[fn]Intercambios de mensajes de texto de Crisis Group, noviembre de 2019 y febrero de 2020.Hide Footnote . Civiles en el municipio de Leonardo Bravo, donde la confrontación entre el Cartel del Sur y el FUPCEG desplazó a cientos, hablaron de patrullas esporádicas, pero de poca acción “contra los [grupos] armados que siguen aquí en nuestras tierras”^[fn]Intercambio de mensajes de texto de Crisis Group, febrero de 2020.Hide Footnote . Los líderes de grupos armados y observadores locales sugirieron que la creación de nuevas alianzas explica la reducción de la violencia, y que esta podría durar poco por ser susceptibles a rupturas continuas^[fn]Entrevistas de Crisis Group, Guerrero, mayo, junio y septiembre de 2019.Hide Footnote .

Por ley, las Fuerzas Armadas de México, incluidos los soldados actualmente incorporados a la Guardia Nacional, deben retirarse de las calles a mediados de 2024^[fn]La Ley de la Guardia Nacional, aprobada el 27 de mayo de 2019, permite que las Fuerzas Armadas permanezcan activas en tareas de seguridad pública durante cinco años adicionales.Hide Footnote . Pero para cumplir con este objetivo, el gobierno tendrá que fortalecer la policía civil a nivel estatal y municipal, ya que la Guardia Nacional, incluso si alcanza sus objetivos en términos de personal, no puede mantener el país seguro por sí sola. Un funcionario de seguridad de alto nivel dijo que la reforma policial “no es la prioridad del presidente”, sino algo que llegó a ser “tolerado por él” después de que algunos burócratas lo presionaran^[fn]Entrevista de Crisis Group, Ciudad de México, enero de 2019.Hide Footnote . Ahora existe un marco de reforma policial, el Modelo de Policía Nacional y Justicia Cívica, pero muchos dudan que logre tener éxito donde otras iniciativas anteriores han fallado, sobre todo en lo que respecta a los objetivos esenciales de fortalecer la supervisión civil externa de las fuerzas policiales y reforzar las medidas disciplinarias para los oficiales que violen la ley, invertir en la formación de policías capaces de llevar a la acción lo formulado en el Modelo y mitigar problemas fundamentales de coordinación entre policías y fiscales^[fn]Entrevista de Crisis Group, Juan Salgado, Ciudad de México, 25 de febrero de 2020. Para más información sobre el tema de la reforma policial, ver el informe de Crisis Group, Construcción de paz en México, op. cit.; Sabet, Police Reform in Mexico, op. cit.; “Mexico’s Police: Many Reforms, Little Progress”, op. cit.; “El incierto destino del Modelo Nacional de Policía”, México Evalúa, 18 de julio de 2019.Hide Footnote .

La lucha contra la corrupción y la creación de empleos para los jóvenes se encuentran en el corazón del plan a largo plazo de López Obrador para reducir los incentivos que llevan a participar en actividades delictivas. Con respecto al primero, el presidente afirma que su ejemplo personal y sus altos estándares éticos permearán a través del aparato estatal para lograr el efecto deseado. “Si el presidente no es corrupto”, dice, “ningún funcionario será corrupto”^[fn]“Minuto a minuto: Primer debate presidencial”, Debate, 22 de abril de 2018.Hide Footnote . López Obrador parece decidido a producir resultados rápidos en la lucha anticorrupción concentrando poderes discrecionales en sus propias manos Su objetivo, según un experto en derecho, no es establecer un sistema autónomo para combatir la corrupción, sino “limitar los peores abusos en el nivel más alto para poder redistribuir la riqueza y apoyar sus programas sociales”^[fn]Entrevista de Crisis Group, Jacobo Dayan, Ciudad de México, 13 de febrero de 2020.Hide Footnote . El propio López Obrador ha afirmado que, para combatir la corrupción es necesario “limpiar de arriba para abajo, como a las escaleras”^[fn]“Combatiremos la corrupción como se barren las escaleras: AMLO”, Televisa, 15 de diciembre de 2017.Hide Footnote .

El presidente quiere seguir el enfoque de arriba hacia abajo en lugar de promover reformas esenciales para crear las instituciones fuertes y autónomas que los presidentes anteriores no lograron construir^[fn]Bajo Peña Nieto (2012-2018), México cayó 32 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional para ubicarse en el puesto 130 entre 180 naciones, o el cuarto más bajo en América Latina. Según el auditor Superior de la Federación mexicana, al menos 51 mil millones de pesos mexicanos ($2,7 mil millones de dólares) de recursos públicos no se han contabilizado. “Saqueo sin límites: documentaron despilfarro de Peña Nieto por más de 51,000 millones de pesos”, Infobae, 21 de febrero 2020.Hide Footnote . Por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción, creado por el expresidente Enrique Peña Nieto, pero nunca completamente implementado, no parece ser una prioridad para López Obrador^[fn]Gina Hinojosa y Maureen Meyer, “El futuro del Sistema Nacional de México: La lucha anticorrupción bajo el mandato del Presidente López Obrador”, Washington Office on Latin America, agosto de 2019.Hide Footnote . La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encargada de combatir el lavado de dinero y recuperar activos ilícitos, ciertamente ha intensificado sus actividades^[fn]La UIF bloqueó a 1371 sospechosos y embargó 12 074 cuentas por valor de cinco mil millones de pesos en 2019. “Comunicado UIF No. 011 UIF presenta informe anual”, Gobierno de México, 27 de diciembre de 2019; “Hacienda investigó a 124 mil personas por presunto lavado de dinero; solo bloqueó cuentas de 14”, Animal Político, 13 de diciembre de 2019.Hide Footnote . Pero los criterios por los cuales la UIF establece sus prioridades no están claros, y se le ha acusado de llevar a cabo investigaciones politizadas^[fn]Críticos dicen que la UIF presionó indebidamente a Eduardo Medina Mora, un juez de la Corte Suprema, a renunciar congelando sus cuentas bajo acusaciones de lavado de dinero, solo para desbloquearlas después de su renuncia. La UIF ha rechazado estas acusaciones. “Cuentas de Medina Mora se congelaron tras renuncia, no fue presión: UIF”, Expansión, 10 de octubre de 2019.Hide Footnote .

Críticos de la sociedad civil, la academia y medios de comunicación también coinciden sobre la supuesta falta de apoyo de López Obrador para el Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo encargado de garantizar elecciones libres y justas, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que informa sobre las transgresiones de funcionarios estatales^[fn]López Obrador ha dicho que el INE sirve solo como un “florero”, y los miembros del Consejo General lo han acusado de querer imponer comisionados, lo que ha negado. Ver “AMLO califica al INE de ‘florero’”, MVS Noticias, 20 de agosto de 2019. En el 2019, una autodenominada lealista de López Obrador fue nombrada como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y desde entonces ha sido criticada por hablar a favor de funcionarios estatales acusados de no enfrentar abusos contra los derechos humanos, incluso contra periodistas, migrantes y mujeres. “¿Han asesinado periodistas?, la frase de Rosario Piedra que indignó al gremio”, Expansión, 13 de noviembre de 2019; “Mujeres que piden respeto a sus derechos no deben portarse como criminales: Rosario Piedra”, Animal Político, 27 de noviembre de 2019; “Recriminan a presidenta de CNDH por no manifestarse por situación de migrantes”, Milenio, 22 de enero de 2020.Hide Footnote . El INE dijo que un recorte del 8,5 por ciento al presupuesto que había solicitado para el 2020 significaba “poner [en] riesgo las elecciones de 2021”, en las que los mexicanos elegirán quince gobernadores estatales, incluso el de Guerrero, y otros funcionarios^[fn]“Tras el recorte presupuestal, el INE se alista para operar ‘en el límite’”, Expansión, 25 de noviembre de 2019.Hide Footnote . De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2020 aprobado a fines de 2019 por la mayoría del partido gobernante, el presupuesto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos había pedido se redujo en un 1,9 por ciento^[fn]“Presupuesto para CNDH, con baja del 2% para 2020”, La Silla Rota, 21 de noviembre de 2019.Hide Footnote . El mismo proyecto también recorta el presupuesto que la Fiscalía General había solicitado en aproximadamente un 9 por ciento, con el gasto forense y de investigaciones del crimen organizado reducidas en particular^[fn]“FGR en 2020: menos dinero para investigación y servicios forenses; más para Fiscalía Anticorrupción”, Animal Político, 6 de enero de 2020.Hide Footnote . Estas asignaciones presupuestales, que podrían reducirse aún más a medida que la pandemia de COVID-19 golpea la economía mexicana, apuntan a la falta de compromiso de la administración López Obrador con las instituciones fuertes y autónomas necesarias para abordar la colusión estatal con el crimen organizado y la impunidad general en Guerrero a corto plazo.

Mientras tanto, el Estado trabaja en un programa destinado a canalizar recursos hacia áreas desfavorecidas para disminuir el atractivo del crimen. Este nuevo programa se extendería desde el presidente hasta funcionarios de bajo nivel en todas las regiones y revertiría la disminución del poder estatal resultado del giro neoliberal del país en la década de 1980^[fn]López Obrador ha calificado el “neoliberalismo” como la raíz de la mayoría de los problemas de México, incluida la inseguridad y la moral inestable, y prometió que el Estado liderará proyectos de infraestructura a gran escala, como la construcción de un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, una refinería y un tren turístico. Christopher Wilson, “Mexico’s Economic Competitiveness Strategy at a Geopolitical Inflection Point”, Brookings Institution, mayo de 2019. Sobre la salida del Estado mexicano de los espacios rurales y sus efectos sobre la seguridad, ver Peter Watt y Roberto Zepeda, Drug War: Mexico, Neoliberalism and Violence in the New Narcoeconomy (Londres, 2012).Hide Footnote . En cada estado o entidad federativa, los llamados superdelegados comandan delegados regionales, quienes a su vez coordinan a los servidores de la nación. Estos últimos son los soldados de la “cuarta transformación”: van de puerta en puerta tratando de forjar vínculos entre los ciudadanos y el Estado. Si bien admite que ha sido duro dar comienzo a este programa, en la medida en que “no ha sido fácil encontrar personas calificadas [para ocupar puestos locales]”, un miembro de rango medio en esta nueva estructura dijo que “el plan es que” los nuevos funcionarios “reemplacen a todos los demás liderazgos [sociales y políticos] locales”^[fn]Entrevista de Crisis Group, México, 2019.Hide Footnote . Este plan materializa la promesa abstracta de López Obrador de “rescatar espacios rurales”. Sería una profunda transformación de las operaciones del Estado mexicano^[fn]“Rescate del campo”, AMLO, 10 de abril de 2018; “Se impulsará el campo con apoyo a ‘los de abajo’: AMLO”, MVS Noticias, 11 de julio de 2019.Hide Footnote .

El presidente está invirtiendo una cantidad significativa de fondos y capital político en estos esfuerzos. El presupuesto del 2020 le asigna un total de 181,5 mil millones de pesos, o alrededor de $7,5 mil millones de dólares, a programas como Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro, destinados a reactivar las economías rurales y brindar a las jóvenes oportunidades para que el Estado, y no los grupos criminales, se ganen su confianza^[fn]“El presupuesto de 2020 y las prioridades de AMLO”, El Universal, 18 de noviembre de 2019.Hide Footnote . Como dijo López Obrador, dirigiéndose al crimen organizado: “Les vamos a ganar a los jóvenes”^[fn]“Les vamos a ganar a los jóvenes; AMLO a delincuencia organizada”, Tiempo, 31 de enero de 2020.Hide Footnote .

La evidencia sugiere que la desigualdad y la pobreza absoluta contribuyen a la criminalidad y al reclutamiento del crimen organizado^[fn]“Citizen Security with a Human Face: Evidence and Proposals for Latin America”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, noviembre de 2013. Bandy X. Lee, “Economic Correlates of Violent Death Rates in Forty Countries, 1962-2008: A Cross-Typological Analysis”, Aggression and Violent Behavior, vol. 19, no. 6 (noviembre de 2014).Hide Footnote . Sin embargo, los escépticos se preguntan si estos programas tendrán el impacto esperado. Funcionarios a cargo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en una localidad plagada de crímenes explicaron que, a cambio de recibir estipendios de 3748 pesos ($155 dólares), se espera que los jóvenes recojan basura, asistan a talleres de horneado de pizza o participen en otras actividades similares^[fn]Entrevista de Crisis Group, México, julio de 2019. Detalles del programa Jóvenes Construyendo el Futuro están disponibles en su página web.Hide Footnote . Los familiares de los participantes afirmaron que éstos seguían siendo miembros de grupos armados a pesar de participar en estos esquemas, y cuestionaron si los programas del gobierno podrían tener éxito para evitar que los jóvenes asuman o cumplan con sus papeles en las organizaciones criminales^[fn]Entrevista de Crisis Group, México, octubre de 2019. Alán López, “Jóvenes perdiendo su futuro”, Nexos, 17 de febrero de 2020.Hide Footnote .

Formuladas como políticas independientes, las iniciativas económicas emblemáticas de López Obrador no forman parte de un marco estratégico más amplio para la mitigación de conflictos. No está claro cómo los programas apoyarán los esfuerzos existentes policiacos y de prevención del delito existentes^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, David Ramírez, México Evalúa, 16 de abril de 2020.Hide Footnote . Según el funcionario mencionado anteriormente, todavía no hay pautas para coordinar las responsabilidades entre las fuerzas de seguridad y las estructuras burocráticas que ejecutan los programas^[fn]Entrevista de Crisis Group, México, 2019. El funcionario dijo que aún no estaba claro cómo debía coordinarse con la policía municipal.Hide Footnote . Además, los programas han avanzado hasta ahora sin una supervisión clara, aunque hay indicios de que son susceptibles de fraude^[fn]En 2019, en contra de los preceptos legales, los programas no tenían “reglas de operación”, que garanticen la supervisión y la rendición de cuentas del gasto público. El gobierno introdujo tales reglas para el 2020. “Presupuesto 2020 le pone reglas de operación a 13 programas ‘estrella’ de AMLO”, El Financiero, 25 de noviembre de 2019.Hide Footnote . Informantes locales, por ejemplo, dijeron que saben de empresas que reclutan jóvenes aprendices sin esperar que se presenten a trabajar, por lo que les cobran un tercio de sus estipendios^[fn]Entrevista de Crisis Group, Ciudad de México, septiembre de 2019.Hide Footnote . A fines de enero de 2020, la Secretaría de la Función Pública, a cargo de controlar el gasto federal había recibido 102 denuncias contra superdelegados por corrupción y nepotismo, entre otros cargos^[fn]“Suman 102 denuncias contra superdelegados federales: SFP”, El Economista, 23 de enero de 2020.Hide Footnote .

En su forma actual, las iniciativas económicas parecen incapaces de reducir el control del crimen organizado en Guerrero. Es cuestionable, además, si estos esfuerzos son adecuados actualmente para absorber los choques asociados con el COVID-19, que se pronostica que afectará en mayor medida a los mexicanos más pobres, y potencialmente juegue a favor del crimen organizado. López Obrador ha incrementado su respaldo a los programas, asignándoles fondos adicionales como respuesta a la crisis económica del país^[fn]“AMLO enfrentará crisis de Covid-19 a través de programas sociales”, Aristegui Noticias, 5 de abril de 2020.Hide Footnote .  

López Obrador continúa siendo un presidente con un alto nivel de popularidad y más de cuatro años restantes en su mandato. Incluso si su prioridad ahora es abordar los efectos económicos y de salud de la pandemia, aún podría dar grandes pasos para revertir los extremos a los que ha llegado la violencia letal en Guerrero y en otros lugares de México^[fn]Según dos encuestas, sus tasas de aprobación cayeron de casi el 80 por ciento (marzo de 2019) al 57 y 59 por ciento (febrero de 2020), respectivamente. “La aprobación de AMLO registra una caída en picada en un año, revelan encuestas”, Expansión, 5 de marzo de 2020.Hide Footnote . Sin embargo, un requisito esencial es que su gobierno reconozca que las estrategias nacionales, ya sean las reformas institucionales fallidas de sus predecesores o el enfoque personalista y centralista de López Obrador, deben adaptarse a las particularidades de los conflictos regionales.

Abordar entornos afectados por conflictos como Guerrero requiere planes específicos que concentren los recursos en los lugares más violentos de México. Las intervenciones a corto plazo deben estar enfocadas en salvar vidas y aliviar las crisis humanitarias. En lugares problemáticos como Leonardo Bravo, un despliegue limitado de la Guardia Nacional, incluso puramente defensivo, podría frenar el desplazamiento. Prevenir violaciones a los derechos humanos durante estas posibles operaciones es de crítica importancia, y requiere una supervisión independiente y el tipo de apoyo a la Guardia previsto en el acuerdo antes mencionado entre el gobierno mexicano y la ONU, que aún no se ha traducido en acciones. Al mismo tiempo, organizaciones locales de víctimas, incluidas las que buscan personas desaparecidas, deberían recibir un mayor reconocimiento estatal, recursos y, sobre todo, protección física. Cooperar con las víctimas resaltaría el compromiso del gobierno federal con su causa, más allá del puñado de casos simbólicos que aparecen en los titulares. Los colectivos de víctimas han demostrado en el pasado un gran pragmatismo al colaborar con las fuerzas estatales para avanzar en sus causas.

En el mediano plazo, el gobierno debería centrarse en crear instituciones de seguridad creíbles que estén libres de corrupción en general y colusión con intereses privados, particularmente con grupos armados ilegales. Esta tarea requiere mecanismos externos e independientes de transparencia y rendición de cuentas que supervisen a las fuerzas de seguridad y colaboren estrechamente con otras agencias que investigan la colusión, especialmente entre funcionarios estatales, políticos y grupos criminales en el curso de las campañas electorales. La determinación del gobierno en romper estos vínculos definirá en gran medida sus posibilidades de lograr un progreso duradero. Las reformas pasadas fracasaron, en especial porque apuntaban a un cambio radical en todo el sistema y se diluyeron al encontrar resistencia. La prioridad inmediata debe ser construir enclaves de integridad dentro del estado, tales como fuerzas élite de tarea conjuntas de la Guardia Nacional, la policía y servicios de la Fiscalía que operen apoyando planes de intervención regional bajo estricta supervisión externa.

Impulsar el desarrollo económico lícito para permitir que pequeños agricultores y otros abandonen los negocios ilícitos y escapen de la órbita de los grupos criminales debería ser otra prioridad. La pendiente legalización de la marihuana ofrece una de esas oportunidades, pero solo si se diseña a favor de los trabajadores rurales locales en lugar de grandes intereses comerciales^[fn]Un modelo de legalización diseñado para beneficiar a las comunidades rurales tendría que limitar las licencias de producción a regiones seleccionadas, incluidas la Sierra de Guerrero, para evitar una disminución en los precios del mercado y garantizar que los ingresos potenciales sean lo suficientemente altos como para permitir que los residentes locales salgan de las economías ilícitas. La legalización también tendría que ser parte de una campaña de intervención regional más amplia, para evitar que los grupos criminales continúen gravando y perjudiquen las economías rurales. Ver “Ventajas de la legalización de la mariguana”, Proceso, 19 de octubre 2019.Hide Footnote . Del mismo modo, una gran inversión en el sector minero, bajo los auspicios de las autoridades estatales de Guerrero y del gobierno federal, podría fomentar el crecimiento económico en la región. Pero el gobierno tendría que vigilar que las minas nuevas o ampliadas no sigan sirviendo a los grupos armados ilegales como una fuente de ingresos a través de extorsiones, como ahora es el caso con las operaciones mineras existentes, y por lo tanto empeorarían los conflictos violentos. Mecanismos independientes de supervisión y rendición de cuentas para frenar la corrupción y la colusión del Estado como se expuso anteriormente son primordiales para este fin, al igual que garantías de protección para comunidades en áreas mineras a través del despliegue de fuerzas estatales, nuevamente bajo condiciones de estricta supervisión^[fn]“Aumentará 300% derrama de Clúster Minero de Guerrero”, Milenio, 12 de febrero de 2019; “Mexicans are killing each other at record rates. The U.S. provides the guns”, op. cit.Hide Footnote .         

Por último, el gobierno también debe apuntar a fomentar procesos locales de mediación entre actores armados no estatales en conflicto. Si bien su éxito está lejos de ser garantizado, mediadores, incluso de la Iglesia Católica, dijeron que han contribuido a reducir la violencia en ciertas áreas de Guerrero^[fn]Entrevista de Crisis Group, Guerrero, junio de 2019.Hide Footnote . Experiencias como estas deberían incluirse en una discusión más amplia sobre la mitigación de la violencia, particularmente la motivada por rencores personales y no simplemente por motivos económicos^[fn]Tanto los líderes del FUPCEG como los del Cartel del Sur manifestaron su disposición a participar en una mediación, por ejemplo, con un mediador internacional neutral. Entrevistas de Crisis Group, Guerrero, mayo, junio y septiembre de 2019.Hide Footnote . Lo mismo puede decirse de la justicia transicional y medidas de amnistía, que el gobierno federal debería reconsiderar apoyar como un medio para romper el ciclo del conflicto^[fn]López Obrador coqueteó con tales ideas antes de asumir el cargo. Entrevistas de Crisis Group, Daniela Malpica y Jacobo Dayan, expertos legales, Ciudad de México, 6 y 13 de febrero de 2020.Hide Footnote . Existe una clara oportunidad para poner en práctica este enfoque con los productores de amapola, que han resultado duramente afectados por la caída del mercado de la heroína y están buscando caminos hacia la legalidad. El gobierno debería aprovechar esta inusual oportunidad para debilitar los mercados criminales y legislar a favor de los pequeños agricultores^[fn]La legislación pendiente sobre la marihuana podría en principio beneficiar a estos agricultores. “Ventajas de la legalización de la mariguana”, Proceso, 19 de octubre de 2019; “Los grupos de presión frustran la regulación de la marihuana en México”, El País, 30 de octubre de 2019.Hide Footnote .

Hasta el momento, López Obrador se ha quedado corto en sus promesas de resultados inmediatos y radicales para frenar los niveles récord de violencia en México, y los próximos meses podrían resultar excepcionalmente desafiantes. Sus fieles partidarios lo absuelven, señalando la “herencia maldita” de los fracasos de sus predecesores^[fn]“‘La herencia maldita’ limita a AMLO para lograr todos sus proyectos: Solalinde”, Radio Fórmula, 2 de diciembre de 2019.Hide Footnote . No están del todo equivocados. Los problemas de seguridad de México (con sus causas subyacentes de debilidad estatal, corrupción y colusión entre funcionarios y delincuentes) tienen raíces muy profundas como para lograr una solución rápida. Tampoco se equivocan los partidarios del presidente al desear abordar el desempleo y la pobreza, o al distanciarse, aunque de manera inconsistente, del enfoque de mano dura defendido por gobiernos anteriores. Pero el nuevo enfoque es simplista a la luz de las complejidades de la violencia del país, y el gobierno señala a sus críticos como “enemigos políticos” y reaccionarios de derecha^[fn]Periodistas, organizaciones de víctimas, grupos de la sociedad civil, mujeres que protestan contra feminicidios y los organizadores de “caravanas” de migrantes centroamericanos han sido incluidos explícitamente en esta categoría. “El sesgo discursivo de AMLO hacia la sociedad civil”, Animal Político, 25 de febrero de 2019; “AMLO y la prensa mal portada”, The New York Times, 7 de agosto de 2019; “Acusa AMLO conducción política detrás de caravana migrante”, Razón, 14 de enero de 2020; “Reitera AMLO mano negra en la protesta”, La Jornada, 22 de febrero de 2020.Hide Footnote .

Guerrero ilustra como las nuevas políticas de López Obrador por sí solas resultan insuficientes para mitigar conflictos violentos. Como un referente de las tendencias delictivas en el país, el estado produce noticias alarmantes, sobre todo en lo que respecta a la continua multiplicación de conflictos locales entre grupos criminales en constante fragmentación, el surgimiento de grupos de autodefensa, la voracidad de la mayoría de las organizaciones criminales y el nivel de complicidad de las autoridades. El costo social, ya sea medido en asesinatos impunes, desapariciones o desplazamientos internos, podría aumentar, mientras que la pandemia de coronavirus puede llegar a desviar recursos de la seguridad pública y tentar a los grupos armados a expandirse aún más. Las hostilidades en Chichihualco y sus alrededores durante las primeras etapas de la pandemia han provocado desplazamientos y muertes adicionales, resaltando la importancia de que el gobierno mexicano balancee el control de enfermedades con sus tareas de seguridad existentes^[fn]“Desplazados en Guerrero: “Aquí el virus que está matando a la gente es la violencia””, Proceso, 25 de marzo de 2020.Hide Footnote .

Hasta la fecha, ni el gobierno estatal de Guerrero ni el gobierno federal han presentado un plan concreto para proteger a los ciudadanos, frenar la colusión estatal con intereses criminales y reducir la impunidad. En ausencia de tales pasos, Guerrero seguirá siendo el escenario de muchos de los peores horrores del país.

Ciudad de México/Bogotá/Bruselas, 4 de mayo de 2020

Este texto fue cambiado el 7 de mayo de 2020 para rectificar la versión original que, de manera incorrecta, decía: “No todos los policías actúan en complicidad con el crimen organizado, pero según funcionarios de la institución, más del 80 por ciento se involucran en actividades “ilegales””. En realidad, la cifra de 80 por ciento se refiere a la proporción de los funcionarios de la institución que dicen que sus compañeros están involucrados en actividades “ilegales”.