La implacable represión a la oposición política por parte del gobierno nicaragüense ha convertido las elecciones de noviembre en un potencial foco de tensión y ha deteriorado considerablemente las relaciones entre el presidente Daniel Ortega y otras naciones latinoamericanas, EE. UU. y la Unión Europea. A principios de 2021, casi tres años después de que las fuerzas de seguridad nicaragüenses respondieran a las protestas masivas con violencia (más de 300 personas, la mayoría de ellas manifestantes, murieron en los disturbios), Ortega parecía haber consolidado su control del poder a pesar de la pandemia y reafirmado su supremacía política sobre una oposición débil y fragmentada. Aun así, el gobierno ha demostrado no estar dispuesto a asumir el riesgo de enfrentarse a un desafío electoral, optando en cambio por la mano dura. En los últimos meses, la represión estatal en Nicaragua ha alcanzado niveles que no se veían en América Latina desde el final de las dictaduras de la región en la década de 1980, con la detención de al menos 37 opositores de alto nivel, incluidos siete aspirantes presidenciales, y obligando a muchos otros a exiliarse. El gobierno también ha inhabilitado a los partidos que podrían haber endorsado a los políticos de oposición.

Estas medidas draconianas han vuelto a poner a Nicaragua en el centro de atención internacional y en el radar de la UE, pero hasta ahora las potencias externas no han concebido una respuesta concertada capaz de influir en Managua. Tampoco es probable que lo logren. Hasta la fecha, ni las medidas punitivas de los gobiernos occidentales ni los esfuerzos más diplomáticos de Estados latinoamericanos de izquierda como México y Argentina han logrado convencer a Ortega, quien ha reaccionado con furia ante lo que percibe como una injerencia. A medida que se acerca el día de las elecciones, parece cada vez más probable que Ortega obtenga la victoria en una elección amañada, generando las condiciones propicias para que se incremente la inestabilidad, la crisis humanitaria y la emigración, y sentando un peligroso precedente en una región que está experimentando un giro hacia un mayor autoritarismo.

En este contexto, la UE le ha pedido a Ortega que detenga su espiral autocrática e impuso sanciones individuales a ocho de sus aliados, elevando el total de sancionados desde 2018 a catorce. El gobierno de Nicaragua ha respondido con contundencia. Los Estados miembros que han criticado abiertamente a Ortega han sido condenados públicamente por funcionarios nicaragüenses o han recibido amenazas privadas de que Managua expulsaría a sus embajadores. El Parlamento Europeo le ha pedido a la UE que incremente la presión sobre Ortega, incluso suspendiendo a Nicaragua de su acuerdo de asociación con Centroamérica, que establece una zona de libre comercio con la región.

Con el objetivo de mitigar los riesgos de represión, mayor inestabilidad, aislamiento diplomático y un éxodo de migrantes nicaragüenses, la UE y sus Estados miembros deben diseñar un enfoque secuenciado que contemple los siguientes pasos:

• Continuar presionando al gobierno para que deje de arrestar a sus opositores, libere a los presos políticos y cumpla con ciertos estándares electorales básicos, como permitir que la oposición haga campaña, la observación electoral por parte de la sociedad civil y la cobertura libre del proceso por parte de la prensa, con miras a reconstruir las relaciones con los países europeos. La UE también debe ponerse en contacto con los gobiernos que aún tienen canales de comunicación con Ortega en un esfuerzo por hacerle llegar este mensaje.
   
• Trabajar con EE. UU., Canadá y otros gobiernos regionales en una respuesta coordinada a nivel bilateral y multilateral en caso de que se lleven a cabo unas elecciones cuestionables, lo cual podría incluir ampliar las sanciones específicas y medidas disciplinarias por parte de la Organización de los Estados Americanos, siempre que éstas sean calibradas para mitigar su impacto humanitario.
   
• En coordinación con EE. UU., Canadá y otros gobiernos regionales, elaborar una hoja de ruta que incluya condiciones claras para levantar las sanciones y restablecer relaciones de trabajo con el gobierno de Ortega. La hoja de ruta debe incluir la reanudación de diálogos con las fuerzas de oposición sobre cuestiones humanitarias y electorales, así como un marco general para una futura convivencia política.
   
• Intensificar la ayuda humanitaria y el apoyo técnico a los países vecinos que enfrentan un aumento en la llegada de migrantes y refugiados nicaragüenses, al igual que el apoyo a las agencias humanitarias que actúan de enlace con autoridades migratorias, albergues y los sistemas de procesamiento en esos países.

Desde mediados de 2019, cuando finalizó la segunda ronda de conversaciones entre el gobierno de Ortega y la Alianza Cívica, una organización que agrupa a varios sectores de oposición, el tira y afloja entre el gobierno y la oposición se ha congelado. Sin embargo, la correlación de fuerzas entre ambos bandos se ha ido modificando progresivamente. A pesar de su terrible gestión inicial de la pandemia de COVID-19, la pareja gobernante formada por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, logró restablecer un firme control sobre el país a fines de 2020. Las luchas internas entre los dos principales bloques de la oposición, encabezados por la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, obstaculizaron los esfuerzos por crear un frente político cohesionado que pudiera hacer frente al gobierno. Mientras tanto, la mayoría de los gobiernos extranjeros comprometidos con Nicaragua se vieron absorbidos por sus propios problemas relacionados con la pandemia.

A pesar de ya venía actuando la mano dura, el gobierno recientemente ha tratado de acabar con cualquiera que pueda ser una competencia electoral. Consciente de lo que pasó en las elecciones de 1990, en las que los sandinistas dirigidos por Ortega sufrieron una sorpresiva derrota al final de una década de guerra civil, el gobierno ha puesto en marcha una descarada estrategia de coerción e intimidación. Entre finales de 2020 y principios de 2021, la Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas, tomó una serie de medidas para afianzar el poder del actual gobierno. Aprobó leyes con relación a agentes extranjeros, ciberdelitos y traición que ampliaron sus poderes. También extendió el período de detención preventiva de 48 horas a 90 días. A medida que avanzaba el 2021, designó nuevos magistrados partidarios del gobierno al Consejo Supremo Electoral.

Inicialmente, diversos observadores sugirieron que la nueva legislación sería poco más que una amenaza latente. Pero, a partir de fines de mayo, las autoridades judiciales procedieron a ordenar la detención de 37 figuras prominentes de la oposición, incluidos siete posibles candidatos presidenciales, por cargos de conspiración y traición, mientras que el Consejo Supremo Electoral despojó a tres partidos de su personería jurídica y la Asamblea Nacional hizo lo mismo con 45 organizaciones de la sociedad civil, incluidas seis ONG internacionales. El gobierno también ha arremetido contra la libertad de prensa: asociaciones de prensa han informado en privado de ataques contra al menos 98 reporteros en el primer semestre, incluidas 35 mujeres que también fueron víctimas de amenazas y acoso por motivos de género. Las mujeres y hombres detenidos estuvieron incomunicados durante meses, hasta que las autoridades finalmente permitieron breves visitas familiares a finales de agosto. El Estado llevó a cabo las audiencias en secreto y en ocasiones en ausencia de los abogados defensores, y los familiares han alegado que los detenidos son objeto de maltrato físico y psicológico. Según la ONU y organizaciones interamericanas de derechos humanos, las mujeres han sido particularmente victimizadas.

Con políticos, líderes empresariales, sandinistas disidentes y periodistas entre los detenidos, los grupos de oposición se encuentran en completo caos. La mayoría de sus líderes están en la cárcel o en el exilio, mientras que los cinco candidatos restantes que se presentarán contra Ortega en noviembre provienen de partidos que la mayoría de las fuerzas de oposición consideran son colaboradores del gobierno. Los pocos líderes de la oposición que permanecen en Nicaragua han guardado silencio y parecen incapaces de ponerse de acuerdo sobre si boicotear las elecciones o pedirles a sus simpatizantes que anulen las papeletas.

Con las medidas autoritarias de Ortega se corre el riesgo de avivar los agravios que están en el corazón de la irresuelta crisis del país. Con sólo la mitad del apoyo popular del que gozaba antes de 2018 (las encuestas muestran que sus índices de popularidad se mantienen estables en alrededor de un tercio de la población) y habiendo perjudicado, quizás irremediablemente, las relaciones con el sector privado y la Iglesia Católica tras la represión de las protestas masivas, Ortega está operando en un ambiente crecientemente hostil. Tres años consecutivos de recesión han hecho que una población que ya se encontraba dentro de las más pobres de América Latina enfrente una situación cada vez más precaria.

La reciente ola de detenciones ha alimentado el descontento entre los adversarios de Ortega y puede aumentar la probabilidad de que se produzcan episodios de violencia política, que suelen aumentar en los años de elecciones. Urnas Abiertas, una organización de la sociedad civil que monitorea los procesos electorales, registró 1375 actos de violencia política, la mayoría de ellos de hostigamiento, entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de agosto de 2021. Aunque es poco probable que las protestas masivas resurjan en el corto plazo dado el clima altamente represivo, la violencia estatal y la desesperación económica podrían reavivar el “espíritu de protesta”, en palabras de un experto en seguridad nicaragüense. Una incertidumbre adicional es que, según informes, Ortega, que cumplirá 76 años en noviembre, ha estado sufriendo problemas de salud. Su repentina desaparición podría provocar disturbios si sus posibles sucesores tienen que competir por el poder, dado que no tiene un sucesor que cuente con suficiente apoyo en las filas sandinistas.

También es probable que la combinación de estrés económico y persecución política provoque la salida de más nicaragüenses. Después de tres años en los que el PIB de Nicaragua se ha contraído en más del 3 por ciento, el Banco Mundial había pronosticado que el país será el tercero con peor desempeño económico en el hemisferio occidental en 2021, después de Venezuela y Haití, aunque en su reciente actualización es más optimista. Una elección amañada solo terminaría aislando aún más al gobierno, alejando más a la inversión privada (que ya se ha desplomado en los últimos años) y obstaculizando el acceso de Managua a préstamos multilaterales, ya que es probable que EE. UU., la UE y otras partes interesadas voten en contra de su desembolso.

Estas condiciones, sumadas a una represión intensificada, ya están surtiendo efecto: más de 16 000 nicaragüenses solicitaron cita para pedir asilo en Costa Rica entre junio y agosto, marcando el inicio de una segunda ola de migración, según un funcionario de la ONU. Pero con el sistema migratorio de Costa Rica saturado desde 2018 y con un rezago de 89 000 solicitudes de asilo sin resolver, los nicaragüenses están optando cada vez más por otros destinos, en especial EE. UU. El número de nicaragüenses detenidos en la frontera sur de EE. UU. ha aumentado drásticamente en 2021, de 575 en enero a 13 391 en julio, cuando superó por primera vez en décadas la cifra de salvadoreños. Con 43 327 detenciones hasta el momento, muchas de ellas personas que viajan con sus familiares, se prevé que la oleada de nicaragüenses hacia la frontera de EE. UU. alcance un récord para el año fiscal 2021.

Los eventos en Nicaragua podrían tener una repercusión más allá de sus fronteras. Otros líderes políticos en Centroamérica pueden sentirse alentados a seguir los pasos de Ortega, particularmente si EE. UU. da prioridad a la cooperación en el control migratorio y antinarcóticos e impone pocos costos por el retroceso democrático. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ya ha estado concentrando el poder y socavando la independencia judicial del país; entre otras, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña (recientemente repleta de aliados políticos del presidente) revocó la prohibición constitucional que le impedía a los presidentes postularse a una reelección inmediata al finalizar su mandato. En Honduras, los ciudadanos también acudirán a las urnas pocas semanas después de las elecciones nicaragüenses para elegir al sucesor del presidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido citado en varias ocasiones como coconspirador en juicios por narcotráfico en las cortes de Nueva York, incluido uno que involucra a su hermano, condenado a cadena perpetua en marzo (Hernández ha negado todas las acusaciones de tener lazos con el narcotráfico). Aunque no se puede postular nuevamente y ha descartado públicamente hacerlo, los analistas hondureños temen que Hernández interfiera en las elecciones presidenciales, ya sea para imponer a su candidato preferido, Nasry Asfura, o para mantener el control de las instituciones estatales y judiciales.

En este contexto, la UE y sus Estados miembros, junto con otros actores externos con influencia en Managua, deben intensificar su involucramiento con Nicaragua. Si bien hay poco o nada que los actores externos pueden hacer para cambiar la estrategia electoral actual de Ortega, mantenerse al margen tampoco es una buena opción. Abstenerse de criticar la creciente represión o imponer costos si se amañan las elecciones enviaría una señal peligrosa y aumentaría el riesgo de que otros líderes latinoamericanos recurran a tácticas antidemocráticas desestabilizadoras en sus propios países. Aunque las sanciones específicas y los mensajes críticos que la UE ha desplegado hasta la fecha han provocado una respuesta enérgica de Managua, Bruselas no debe dar marcha atrás. Sin embargo, debe proceder cuidadosamente.

Primero, Bruselas y los Estados miembros de la UE deben trabajar con EE. UU. y los socios regionales para priorizar las exigencias que harán antes de las elecciones. Deben continuar pidiéndole a Ortega que pare la represión contra la disidencia política, libere a los presos políticos, y permita el monitoreo de las elecciones por parte de periodistas nacionales y extranjeros y organizaciones de la sociedad civil. Deben trabajar a través de los pocos canales diplomáticos que les quedan y con las partes a las que Managua podría ser receptiva (incluido el Vaticano y gobiernos regionales amigos como Bolivia y Perú), para convencer a Ortega de que cumplir con los mínimos estándares electorales le ayudará a restablecer las relaciones de trabajo con socios extranjeros e instituciones financieras; y advertirle que, sin mejoras en estos ámbitos, responderán con firmeza, incluso con sanciones específicas adicionales, si hay denuncias creíbles de manipulación electoral. Imponer sanciones adicionales antes de las elecciones, por otra parte, podría alimentar la ira de Ortega y los ataques a la oposición en lugar de aplacarlos. Una vez que se hayan llevado a cabo las elecciones y él haya logrado sus objetivos, es probable que los cálculos del presidente sean diferentes y que las herramientas de presión resulten más útiles.

Mientras tanto, la UE debe trabajar con EE. UU. y otros para preparar una respuesta firme y coordinada si las elecciones (como es probable) no cumplen con los mínimos estándares internacionales. Esa respuesta debe incluir la ampliación del marco para la imposición de sanciones existente introducir medidas específicas contra personas, empresas e instituciones que contribuyeron significativamente a la represión relacionada con las elecciones. Adicionalmente, Bruselas y los Estados miembros deben explorar con la OEA la posibilidad de iniciar el proceso para la suspensión temporal de Nicaragua del sistema interamericano si se da la interrupción del orden democrático del país por parte de Ortega. Pero la UE y sus socios, incluido EE. UU., deben calibrar las medidas que adopten para mitigar su posible impacto humanitario, particularmente a la luz de la debilitada economía nicaragüense. En especial, deben abstenerse de expulsar a Nicaragua de los acuerdos de libre comercio, tal como el acuerdo de asociación de la UE y el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA), lo que afectaría gravemente a la economía del país, orientada a la exportación, y podría estimular la salida de migrantes a un ritmo aún mayor. Dado que un incremento en la migración parece inevitable, los donantes también deben aumentar su asistencia financiera y técnica, como la asesoría legal para los migrantes y la ayuda humanitaria a refugios en los países vecinos y organizaciones de la sociedad civil, así como a las agencias multilaterales que apoyan a las autoridades migratorias y a los migrantes y refugiados nicaragüenses.

Al mismo tiempo, la UE, EE. UU. y los países de la OEA deben elaborar una hoja de ruta sobre cómo Ortega puede revitalizar las relaciones diplomáticas en declive, incluida una eventual reintegración al sistema interamericano (en caso de que Nicaragua sea suspendida) y el levantamiento de sanciones. Los hitos que establezcan deben basarse en las exigencias realizadas por la UE al adoptar su marco para la imposición de sanciones en octubre de 2019, a saber: el cumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica en marzo de 2019, incluyendo el respeto a los derechos civiles y políticos y la liberación de los presos políticos; el regreso a Nicaragua de organismos internacionales para los derechos humanos, y la reanudación de las conversaciones con la oposición. Estos objetivos deben coordinarse con otros Estados interesados, y todos deben dejar claro que su objetivo es persuadir a Managua para que ponga fin a la represión y reanude las conversaciones con la oposición.

En cuanto a futuras negociaciones entre el gobierno y la oposición, estas deben tener como objetivo no solo enfrentar la emergencia humanitaria del país y lograr reformas electorales, sino también forjar un acuerdo de convivencia política que les permita a las dos partes comenzar a superar su enemistad. Las partes podrían decidir crear una comisión de la verdad con un mandato amplio que vaya más allá de los eventos de 2018, por ejemplo; dicho organismo tendría que garantizar una representación justa tanto del gobierno como de la oposición, así como de expertos internacionales entre sus miembros. Si se dan algunas señales de progreso en las negociaciones facilitadas por Noruega en México para sanar las profundas fracturas entre el gobierno venezolano y la oposición, Ortega podría estar tentado a considerar un proceso similar.