La polarización en Bolivia y el riesgo del conflicto
La polarización en Bolivia y el riesgo del conflicto
Bolivia’s Landslide Lays to Rest the Fears of Fraud
Bolivia’s Landslide Lays to Rest the Fears of Fraud

La polarización en Bolivia y el riesgo del conflicto

El pasado fin de semana, la cumbre de la joven Comunidad Sudamericana de Naciones realizada en Cochabamba, no pudo ocultar, entre los llamados a la unidad de los pueblos, la polarización extrema que está viviendo el país anfitrión. Después de casi un año de gobierno, el presidente boliviano Evo Morales enfrenta una agravación de las tensiones sociales que podrían desembocar en acciones violentas y en la posible desintegración del país. Para evitarlo, Morales y sus aliados, así como los partidos de oposición y los comités cívicos de los departamentos del oriente boliviano deben entablar un diálogo de manera inmediata.

Después de tomar medidas populares como la nacionalización de los hidrocarburos el pasado 1 de mayo, su gobierno se encuentra presionado por los militantes del partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), los movimientos sociales, sindicatos y miembros de su propio gobierno para continuar con las reformas socio económicas profundas prometidas en la campaña presidencial. Dentro de la agenda pendiente figuran la reconducción de la reforma agraria mediante una nueva ley expedida el 28 de noviembre y la redacción de una nueva Constitución en la Asamblea Constituyente (AC). En ambos casos, el gobierno de Morales y el MAS se han apresurado a tomar decisiones sin la construcción de consensos previos con la oposición y los movimientos cívicos del oriente.

Estos dos últimos parecen estar determinados a no ceder en estos temas clave, acusando al Gobierno de querer poner freno a las autonomías departamentales que fueron votadas afirmativamente, vía referéndum el 2 de julio, por las poblaciones de los departamentos orientales de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija. Según éstos, la nueva ley agraria pone en peligro la viabilidad de la agroindustria —motor del desarrollo regional—; en relación con la AC, ellos rechazan la imposición por parte del MAS de la mayoría absoluta (50% más uno) para la toma de decisiones —a excepción de tres temas que serán escogidos por la oposición y la aprobación del texto final que se aprobarán por dos tercios— y piden el respeto del voto de dos tercios para todo el texto, de acuerdo con la ley de convocatoria para la AC.

Además, seis de los nueve recién electos prefectos departamentales (todos en la oposición), cortaron relaciones con el presidente Morales el 18 de noviembre, después de que el Gobierno impulsara un proyecto de ley que permitiría a un congreso liderado por el MAS revocar su mandato.

Hay una diferencia enorme entre las posiciones de ambas partes. El Gobierno argumenta que las protestas son contrarias a la democracia y que el deseo de la mayoría de la población debe ser respetado. A su vez, la oposición y los movimientos cívicos del oriente culpan a Morales y al MAS de querer imponer a cualquier costo un proyecto político étnico, radical y revanchista que no representa la realidad diversa del país. Esto, sumado al temor de ganaderos y agricultores del oriente de que la nueva ley de reforma agraria será usada para expropiar sus tierras, hace pensar en que el uso de la violencia no puede ser descartado.

El Gobierno ha apoyado movilizaciones masivas de movimientos sociales e indígenas para presionar a la oposición. Los delegados en la AC del partido Unidad Nacional (UN) de Samuel Doria iniciaron una huelga de hambre en demanda por los dos tercios, la cual ha sido engrosada por miles de personas en todo el país. Protestas y marchas han sido organizadas en La Paz y Sucre, sede de la AC.

Más preocupante, sin embargo, han sido las erupciones de violencia de los últimos días, a raíz de las marchas de protesta organizadas en Santa Cruz. Estaciones de televisión, edificios de gobierno, asociaciones y las ONG que apoyan las demandas de campesinos sin tierra, han sido atacados en La Paz y Santa Cruz. El 8 de diciembre, las tensiones alcanzaron un nuevo clímax cuando los comités cívicos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz dieron un ultimátum al Gobierno, anunciando la declaración de autonomías departamentales de facto el 15 de diciembre si no accede a sus peticiones.

El diálogo entre ambas partes debe comenzar inmediatamente, con una declaración pública de ambas partes condenando los actos de violencia. El Gobierno debe dejar de usar el discurso anticruceño para conseguir apoyo de los pueblos indígenas empobrecidos. Los comités cívicos del oriente deben dejar de blandir amenazas secesionistas para defender sus posiciones políticas.

Segundo, un mediador internacional debería ser invitado por las partes con el fin de buscar un desbloqueo del enfrentamiento en la Asamblea Constituyente.

Tercero, la comunidad internacional deberá ayudar al gobierno Morales para que el organismo a cargo de llevar a cabo la reforma agraria mejore su capacidad institucional en la prevención y manejo de conflictos que surjan de las disputas relacionadas con la expropiación y redistribución de tierras.

Si el presidente Morales y sus oponentes no avanzan en esa dirección, la población del país más pobre de Suramérica será quien sufra las consecuencias de una nueva fase de violencia e inestabilidad.

Supporters of the Movement to Socialism party (MAS) attend a rally a day after nationwide election in El Alto, Bolivia, 19 October 2020. REUTERS/Ueslei Marcelino

El contundente resultado de las elecciones bolivianas pone fin a los temores de fraude

En un giro sorprendente, los votantes bolivianos le devolvieron el poder al partido del expresidente Evo Morales un año después de su salida. El nuevo gobierno debería aprovechar este significativo mandato para sanar las heridas en casa y construir puentes ideológicos en la región.

Un año después de que una disputada elección sumiera a Bolivia en una profunda incertidumbre política y social, la contundente victoria de Luis Arce ha devuelto al poder al derrocado Movimiento al Socialismo (MAS) y le ha asegurado el regreso a un gobierno impulsado por un incuestionable respaldo mayoritario. Las autoridades electorales, decididas a no dejar repetir las sospechas de juego sucio de las elecciones de 2019, procedieron el 18 de octubre a paso lento en el conteo oficial de votos. Pero la escala de la victoria de Arce se hizo evidente pocas horas después del cierre de los puestos de votación, a través de conteos rápidos y actualizaciones informales del conteo de votos. Mensajes de felicitación de un espectro político intensamente dividido, incluidos los de la presidenta interina Jeanine Áñez y Carlos Mesa, el candidato de centro que compitió contra Arce, parecieron confirmar una transición pacífica del poder a un nuevo gobierno, poniendo fin a un período traumático marcado por violencia, una política tóxica y la llegada del COVID-19. 

El crédito por la transparencia de las elecciones se lo merecen sus organizadores. Pero el resultado fue un rechazo al año del gobierno interino de Áñez, acusado por sus opositores de haber permitido, en venganza, una toma del Estado por parte de políticos de piel blanca y de extrema derecha, y de perseguir a sus críticos y despreciar los intereses de los pueblos indígenas. También fue una señal de que el MAS tiene una base de apoyo firme e independiente de Evo Morales, su líder y presidente de Bolivia entre el 2006 y 2019. El triunfo preliminar de Arce con el 54 por ciento de los votos, así como la extraordinaria participación del 87 por ciento en las elecciones del 18 de octubre, le dan derecho al nuevo gobierno a reclamar una legitimidad democrática indiscutible, incluso si los quiebres políticos fundamentales del país y los detonantes del conflicto permanecen presentes. El presidente electo hereda un país con divisiones regionales, étnicas y de clase; una economía que se tambalea hacia una contracción que se espera sea del 6,2 por ciento en 2020; y un movimiento político de masas que, después de gobernar Bolivia durante catorce años antes del interludio de Áñez, enfrenta tensiones internas y rivalidades entre facciones.

Unas elecciones pacíficas en contra todo pronóstico

Las elecciones del 20 de octubre de 2019 fueron declaradas nulas después de que la ONU, la Unión Europea y la Iglesia Católica intervinieran para buscar una salida a la violencia postelectoral que dejó más de 30 muertos. Las repercusiones de esa debacle, y las implacables tensiones políticas desde entonces, tuvieron un fuerte impacto en esta nueva jornada electoral. Los bolivianos están profundamente divididos y defienden interpretaciones radicalmente diferentes de lo sucedido en el 2019: o hubo un golpe contra Morales promovido por fuerzas de oposición que magnificaron simples anomalías electorales con el apoyo de una Organización de los Estados Americanos intervencionista; o hubo un intento por parte del MAS de perpetrar un fraude masivo para asegurar que Morales se mantuviera en el poder. Esa polarización solo creció cuando el gobierno interino de Áñez lideró lo que se ha descrito como una “ola de persecución política” contra miembros del MAS y líderes de movimientos populares afiliados históricamente al partido de izquierda. Mientras tanto, el gobierno interino se mantuvo al margen a medida que ataques racistas poco disimulados de sus aliados se volvían comunes.

La campaña de Arce también logró captar un gran número de votantes indecisos, que llegó a sumar alrededor del 20 por ciento del electorado.

En las semanas previas a las elecciones de 2020, políticos de todo el espectro ideológico, incluido el ministro del interior del gobierno interino, manifestaron su preocupación por un posible fraude y amenazaron con movilizar a sus partidarios si percibían algún indicio de juego sucio. Salvador Romero, designado por Áñez como presidente del Tribunal Supremo Electoral en noviembre de 2019, intentó asegurar a todas las partes que, con el apoyo de socios internacionales, incluida una misión electoral de la UE, se habían resuelto muchos de los problemas que plagaron las elecciones anteriores. Romero estaba tan preocupado por la percepción de falta de transparencia que, en la noche del 17 de octubre, pocas horas antes de que comenzaran las votaciones, anunció la decisión de eliminar el sistema de conteo rápido y confiar exclusivamente en el lento conteo oficial. Sin embargo, resultó poco realista suponer que los bolivianos esperarían pacientemente durante días hasta que finalizara el conteo final. A última hora del 18 de octubre, cuando el tono de indignación aumentaba en las redes sociales sugiriendo un fraude inminente, se publicaron los resultados del conteo rápido y se declaró vencedor al candidato del MAS. 

Un “nuevo” MAS

Los bolivianos nunca sabrán con certeza cuántas personas realmente votaron por Evo Morales en el 2019, ya que persisten disputas sobre el conteo, y varias urnas y las oficinas electorales fueron quemadas en el caos postelectoral. Pero no parece haber duda de que muchos más salieron a respaldar a Arce. Muchos partidarios de vieja data del MAS le retiraron su apoyo al partido en el 2019 después de que Morales, habiendo perdido un referéndum en el 2016 para abolir los límites a la reelección, llenará el tribunal electoral con partidarios que le permitieron postularse para un cuarto mandato. Sin embargo, muchos de estos votantes descontentos quedaron desconcertados por lo que vieron como una élite minoritaria de ascendencia europea que intentaba deshacer los avances hacia la igualdad política y económica para los indígenas y los pobres conseguidos durante el mandato de Morales, en el que sigue siendo uno de los países más pobres de América Latina. El 18 de octubre, estos votantes aparentemente regresaron al movimiento de izquierda: resultados iniciales muestran que el apoyo de Arce fue entre seis y diez puntos más alto que el de Morales en 2019.

Esta victoria es el resultado de una eficaz campaña capaz de movilizar el “voto oculto”, una oposición débil y fragmentada, y la fuerza y ​​el poder organizativo de los movimientos sociales que históricamente han sido el motor del MAS. Mientras que la oposición se centró en movilizar el sentimiento anti-MAS, Arce enfocó su campaña en la economía, un tema que tuvo eco ya que Bolivia se hunde en una profunda recesión, en parte debido a las restricciones destinadas a limitar la propagación del COVID-19. Arce, quien lideró un crecimiento económico prolongado cuando fue ministro de Economía de Morales, prometió un regreso a tiempos mejores.

La campaña de Arce también logró captar un gran número de votantes indecisos, que llegó a sumar alrededor del 20 por ciento del electorado según encuestas, mientras que la persecución y el hostigamiento a los simpatizantes del MAS podrían haber llevado a miles de bolivianos a “ocultar” sus intenciones de voto. Estos factores ayudan a explicar por qué ninguna encuesta de opinión preelectoral logró predecir el margen de victoria de veinte puntos obtenido por Arce. Mesa, un moderado experiodista y expresidente, no pudo convencer suficientes votantes, mientras que Luis Fernando Camacho, quien contaba con el respaldo de la derecha radical (y se negó a retirarse para unificar el voto anti-MAS), dividió las fuerzas que buscaban mantener a Arce fuera del poder. Mientras tanto, las organizaciones indígenas, campesinas y laborales se reorganizaron rápidamente después del fiasco electoral del 2019 y en varias ocasiones hicieron gala de su poder en las calles.

Se avecinan tiempos difíciles 

Si bien el MAS recibirá el poder a principios de noviembre con un claro mandato popular, lo hará en un momento de profundas dificultades nacionales. La crisis económica y de salud provocada por la pandemia ya ha deshecho algunos de los logros contra la pobreza conseguidos durante la administración de Morales. El país sigue polarizado en cuestiones tales como el papel del Estado y la religión en la vida pública, políticas económicas y la autonomía de las regiones con mayorías no indígenas; esta última llevó al país al borde del conflicto en el 2008. Investigaciones judiciales sobre las represiones dirigidas por el gobierno interino a raíz de las elecciones del año pasado, incluidas dos masacres de manifestantes, podrían antagonizar aún más a los líderes de la oposición.

Mesa ha anunciado que liderará la oposición, y Arce puede esperar a unos rivales mejor preparados y más efectivos que las minorías que enfrentó Morales en el parlamento. Los resultados electorales para las curules de la Cámara y el Senado, también decididos el 18 de octubre, aún no son definitivos, pero el conteo rápido sugiere que, si bien el MAS conseguirá la mayoría, no mantendrá los dos tercios necesarios para sobrepasar las barreras parlamentarias o nombrar jueces a su gusto. En cambio, tendrá que negociar con la oposición. Mesa se mostró dispuesto a trabajar con el MAS “si el nuevo gobierno reconoce la voz de la oposición”; Camacho, en cambio, aún no ha concedido su derrota y criticó a las autoridades electorales. Reforzar el papel de las fuerzas de oposición será esencial para prevenir el tipo de ira pública que invadió al país después de las elecciones del 2019.

Arce parece ser consciente de la necesidad de tener un enfoque más conciliador y utilizó una retórica mediadora en su primera conferencia de prensa postelectoral, diciendo que el MAS había aprendido de sus errores. Nacido en una familia de clase media en La Paz, Arce tiene formación como economista, con una maestría de la Universidad de Warwick. Como ministro de Economía, implementó la nacionalización de las industrias de hidrocarburos, telecomunicaciones y minería en Bolivia, pero también observó una ortodoxia macroeconómica bastante estricta, con el beneplácito del sector privado.

Queda por ver qué papel desempeñará Morales en la administración de Arce.

Su partido, mientras tanto, sigue en la búsqueda de una nueva vida y propósito sin Morales, que se encuentra exiliado en Argentina. Las diferencias internas se hicieron claras en la elección del candidato del MAS: Morales personalmente seleccionó a Arce como candidato sobre David Choquehuanca, quien fue la primera opción de la base y terminó como compañero de fórmula de Arce. Pero si Morales fue lo suficientemente poderoso como para imponer a su candidato a principios del 2020, queda por ver qué papel desempeñará en la administración Arce. También persisten preguntas sobre su regreso a Bolivia, dado que tiene varios procesos judiciales pendientes en su contra. Horas después de la victoria de Arce algunos líderes del MAS sugirieron que el expresidente no debería regresar al país por ahora. Durante la ausencia de Morales, jóvenes activistas, como Andrónico Rodríguez, han emergido como nuevos posibles líderes.

El gobierno recién elegido en Bolivia confirma la atracción magnética que genera un movimiento progresista de masas en un país que ha sufrido algunas de las estratificaciones sociales más extremas de América Latina. El resultado también resalta la diversidad ideológica y política de una región que ahora cuenta con gobiernos de todos los matices, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. La victoria de Arce confirma esta heterogeneidad política, y debería llevar a las organizaciones regionales a esforzarse por construir coaliciones que abarquen todo el espectro político. Junto con la posible sanación de las heridas internas, el nuevo gobierno boliviano podría incluso sumarse a un grupo de gobiernos de izquierda elegidos democráticamente (de la mano de México y Argentina), que están dispuestos y en capacidad de negociar con todas las partes en conflicto para desactivar la crisis política y humanitaria más alarmante de la región en Venezuela.

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