El gobierno del presidente Nicolás Maduro se aferra al poder en Venezuela, reforzando su control autoritario sobre la política y la sociedad del país, incluso ante una oposición cada vez más rígida y respaldada por un creciente número de países. Lo hace en nombre del chavismo, el movimiento de ideología populista de izquierda propagada por el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, pero al hacerlo, ha generado un desorden creciente en las instituciones estatales y una catástrofe económica nacional.

La batalla entre el gobierno y la oposición se intensificó en enero de 2019, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se proclamó como presidente interino, argumentando que la reelección de Maduro el año anterior no era válida. Como resultado, durante más de un año, Venezuela ha tenido dos líderes que afirman ser su legítimo presidente, al igual que dos asambleas y dos tribunales supremos^[fn]El 21 de julio de 2017, en medio de protestas masivas contra el gobierno de Maduro, la Asamblea Nacional controlada por la oposición juramentó un Tribunal Supremo de Justicia paralelo, ya que percibían al Tribunal oficial como sesgado. En los últimos días de 2015, cuando la Asamblea Nacional estaba todavía controlada por chavistas, esta había nombrado a varios jueces partidarios del gobierno. La Asamblea Nacional declaró nulos esos nombramientos en 2017 y procedió a juramentar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. La reacción de Maduro fue rápida; llamó a los nuevos jueces criminales y ordenó su arresto “uno por uno”. Tres jueces fueron detenidos y el resto huyó al extranjero. El gobierno de Maduro ha utilizado continuamente al Tribunal Supremo de Justicia para socavar la autoridad del parlamento a través de varios fallos. Los miembros de la nueva Asamblea Nacional Constituyente, todos los cuales son partidarios del gobierno, fueron elegidos en julio de 2017. Pedro Pablo Peñalosa, “3 magistrados detenidos y 30 en la clandestinidad: así va la cacería de Nicolás Maduro contra los jueces nombrados por el Parlamento”, Univision, 25 de julio de 2018; Jennifer McCoy, “Venezuela’s controversial new Constituent Assembly, explained”, Washington Post, 1 de agosto de 2017. Ver también informe breve de Crisis Group sobre América Latina N°36, Poder sin el pueblo: evitando el colapso de Venezuela, 19 de junio de 2017.Hide Footnote . La medida del gobierno a principios de enero de 2020 para tomar el control de la Asamblea Nacional solo ha servido para fragmentar aún más las instituciones del país^[fn]El 5 de enero, el gobierno de Maduro y las fuerzas de seguridad del Estado impidieron que Guaidó y otros legisladores de la oposición ingresaran al recinto de la Asamblea Nacional y participaran en la votación anual de la nueva presidencia de la Asamblea. Los diputados chavistas, junto con algunos ex diputados de la oposición, participaron en una votación simulada que no cumplió con los procedimientos establecidos y declararon a Luis Parra como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Parra es un ex diputado de la oposición, acusado de corrupción en relación con los programas de alimentos del gobierno. Guaidó y la mayoría de los diputados de la Asamblea celebraron una votación paralela ese mismo día, en la que Guaidó fue reelegido presidente de la Asamblea. El gobierno de Maduro y algunos de sus aliados internacionales (aunque no todos) reconocen a Parra como líder de la Asamblea. Al mismo tiempo, 58 países, incluidos los EE. UU. y la mayor parte de América del Sur, continúan reconociendo a Guaidó como líder de la Asamblea y presidente interino de Venezuela. Ana Vanessa Herrero y Julie Turkewitz, “Venezuela’s National Assembly opens for business: scuffles, tear gas and doused lights”, The New York Times, 7 de enero de 2020. Ver también declaración de Crisis Group, “La toma del Parlamento profundiza la crisis venezolana”, 7 de enero de 2020.Hide Footnote . Mientras tanto, EE. UU. ha impuesto sanciones drásticas, dirigidas entre otras cosas a la comercialización de petróleo, agravando así el fuerte declive de la economía venezolana que se ha venido dando desde el 2013 debido a la caída de los precios del petróleo, la mala gestión del gobierno y la corrupción. A pesar de los esfuerzos recientes para eliminar controles estatales ineficientes y dolarizar la economía, gran parte de la población sufre cortes regulares del suministro de electricidad y agua, mientras que el hambre abunda y el sistema de salud pública está en ruinas^[fn]En marzo de 2019, Venezuela sufrió un apagón eléctrico en todo el país que duró 50 horas, seguido de cortes de servicio recurrentes en todo el país. En varias zonas del país, el gobierno ahora aplica un programa de racionamiento eléctrico que suspende el suministro por muchas horas. Phil Gunson, "Las horas más oscuras: cortes de energía elevan la temperatura en Venezuela", comentario de Crisis Group, 15 de marzo de 2019. En cuanto a los problemas en el servicio de salud, así como la inseguridad alimentaria, ver "Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, Mark Lowcock: Declaración sobre la situación humanitaria en Venezuela", Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, 6 de noviembre de 2019. Sobre el reciente desmonte de políticas económicas y su impacto, ver Ryan Dube, Juan Forero y Kejal Vyas, “Maduro gives economy a freer hand to keep his grip on Venezuela”, Wall Street Journal, 30 de enero de 2020.Hide Footnote . Ciertos servicios públicos aún operan, incluidas las oficinas principales de la burocracia estatal, el transporte urbano, la recolección de residuos y los servicios de emergencia de la policía y los bomberos, aunque con múltiples problemas y déficits.

El Estado central continúa supervisando el control territorial, la aplicación de la ley y el orden público. Financia, supervisa y nombra a los jefes de las fuerzas armadas y otros servicios de seguridad, y considera la lealtad de los militares como un asunto supremamente serio^[fn]Informe breve de Crisis Group sobre América Latina N°39, El enigma militar de Venezuela, 16 de septiembre de 2019.Hide Footnote . Pero la capacidad del gobierno en Caracas para llevar a cabo estas funciones también va en declive. Las fuerzas de seguridad no han logrado contener los niveles extremadamente altos de violencia en Venezuela y han sido acusados de numerosas violaciones a los derechos humanos^[fn]El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó en julio del año pasado que el aparato de seguridad de Venezuela es responsable de una serie de delitos políticos y de otro tipo. "Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of Human Rights in the Bolivarian Republic of Venezuela", 4 de julio de 2019.Hide Footnote . Al mismo tiempo, la crisis política y económica ha servido para, por una parte, debilitar a las fuerzas de seguridad (que deben sobrevivir con escasos recursos mientras luchan contra las deserciones y las tensiones internas), y por otra, fortalecer a los grupos armados no estatales, que han crecido en tamaño, o han aumentado el volumen de sus operaciones en el país gracias al auge de los negocios ilícitos, de la mano con el colapso de la economía formal^[fn]Se estima que 1500 oficiales militares venezolanos desertaron hacia Colombia y Brasil durante e inmediatamente después de los esfuerzos respaldados por Guaidó y sus aliados internacionales el 23 de febrero de 2019 para llevar ayuda humanitaria al país. Informes recientes sugieren que el comando militar está alarmado por la alta tasa de deserción en curso. “Militares desertores en Colombia, entre el olvido y el engaño”, France 24, 5 de junio de 2019. “Ante la alarmante deserción, el ministro de Defensa de Venezuela ordenó convencer a los soldados de regresar ‘como sea’”, Infobae, 20 de enero de 2020.Hide Footnote .

El resultado es un realineamiento de la seguridad interna del país, ya que los grupos armados irregulares han reemplazado parcialmente al aparato de seguridad del Estado en los estados sureños de Bolívar y Amazonas, así como en ciertos otros entornos rurales y urbanos, especialmente a lo largo de las fronteras. Las fuerzas estatales venezolanas no son obsoletas ni irrelevantes. Su apoyo a Maduro las convierte en la columna vertebral de la situación actual y los hará decisivos en cualquier transición^[fn]Informe breve de Crisis Group sobre América Latina N°39, El enigma militar de Venezuela, op. cit.Hide Footnote . Pero a medida que su poder operacional y su presencia territorial se desvanecen, están formando alianzas inestables o tolerando el surgimiento de grupos armados no estatales, que emergen como versiones crudas de los servicios estatales y aseguran a los locales alguna forma de sustento.

Este informe examina los principales grupos armados no estatales en Venezuela, evalúa sus relaciones con funcionarios gubernamentales y élites políticas, y explora cómo sus actividades y alianzas podrían afectar una posible salida a la crisis venezolana^[fn]Este informe no considera el caso de Hezbolá, la milicia chiíta libanesa cuya presunta presencia en Venezuela se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los EE. UU., Colombia y la oposición venezolana, como se pudo ver en la conferencia ministerial de lucha contra el terrorismo de enero en Bogotá. “Duque denunció presencia de células de Hezbolá en Venezuela”, El Tiempo, 20 de enero de 2020. Aunque la evidencia que vincula al grupo con el peor ataque terrorista de América Latina, el ataque a la AMIA en Buenos Aires en 1994, sigue siendo muy fuerte, la supuesta presencia de Hezbolá en Venezuela y sus alrededores parece estar basada en gran medida en avistamientos de personas relacionadas con la organización. Ver “La evidencia que se llevó Pompeo de los nexos de Maduro y Hezbolá”, El Tiempo, 26 de enero de 2020. Crisis Group hasta ahora no ha encontrado evidencia de que el grupo tenga una presencia armada organizada en Venezuela.Hide Footnote . También señala cómo los negociadores de ambas partes en futuras conversaciones podrían tratar de manejar la amenaza que representan estos grupos para una eventual transición. El informe está basado en  la cobertura continua de Crisis Group de las crisis socioeconómica y política de Venezuela en los últimos cinco años^[fn]Ver, además de publicaciones previamente citadas, informes breves de Crisis Group sobre América Latina N°33, Venezuela: Un desastre evitable, 30 de julio de 2015; 35, Venezuela: al borde del precipicio, 24 de junio de 2016; y 37, hunger Venezuela: Hunger by Default, 23 de noviembre de 2017; así como los informes de Crisis Group sobre América Latina N°65, Cómo detener la onda expansiva de la crisis en Venezuela, 21 de marzo de 2018; y 73, El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela, 28 de febrero de 2019.Hide Footnote .

Los grupos armados irregulares tienen una larga historia en Venezuela^[fn]Movimientos guerrilleros bajo la influencia de Cuba operaron en Venezuela a lo largo de la década de 1960, intentando derrocar a los gobiernos democráticamente elegidos del país. Para una descripción favorable de las guerrillas en Venezuela, ver Pedro Pablo Linárez, Lucha Armada en Venezuela, Universidad Bolivariana de Venezuela, 2006. La frontera de Venezuela de 2200 km con Colombia es vulnerable, lo que permite que las guerrillas colombianas crucen de un lado a otro, al menos desde la década de 1980. El conflicto entre la guerrilla colombiana y los paramilitares también se extendió a Venezuela a partir de la década de 1990. Socorro Ramírez, “Colombia y sus vecinos”, Nueva Sociedad, no. 192, julio-agosto de 2004.Hide Footnote . Pero en los últimos años su presencia ha adquirido un carácter significativamente diferente. En teoría, los grupos armados no estatales, aunque no son enemigos directos del Estado como las insurgencias, buscan un cierto grado de autonomía de las instituciones estatales y la política formal. Sin embargo, en Venezuela, como en otros países latinoamericanos, la relación entre los grupos armados y el sector público está lejos de ser clara. Muchos grupos irregulares tienen relaciones directas e intereses comunes con partes del Estado, que los apoyan o influyen ya sea en privado o abiertamente^[fn]Ciertos grupos de milicias y paramilitares, especialmente en Colombia, áreas urbanas de Brasil y en el Triángulo Norte de América Central, han sido vinculados al Estado. Ulrich Schneckener, "Fragile Statehood, Armed Non-State Actors and Security Governance", en Alan Bryden y Marina Caparini (eds.), Private Actors and Security Governance (Ginebra, 2006). Algunos académicos sostienen que para algunos gobiernos la existencia de grupos armados no estatales es un "chivo expiatorio conveniente" que sirve para distraer al público de otros problemas y afianzar el status quo social. Dennis Rodgers y Robert Muggah, "Gangs as Non-State Armed Groups: The Central American Case”, Contemporary Security Policy, vol. 30, no. 2 (2019), pp. 301-317. Con respecto a las definiciones de grupos armados no estatales en Venezuela, ver PROVEA, “Colectivo, Paramilitar, Parapolicial”, s/d.Hide Footnote . Para algunos funcionarios estatales o políticos, estos grupos en la sombra resultan atractivos porque pueden generar ingresos a través de sus actividades ilícitas y al mismo tiempo cumplir fines políticos, por ejemplo, intimidando ciudadanos para asegurar votos. La creciente evidencia y testimonios de primera mano indican que tales relaciones se están volviendo más comunes en Venezuela, aunque el panorama político altamente polarizado del país ha dado lugar a acusaciones mutuas de complicidad en la conducta criminal, no siempre con fundamento en hechos reales^[fn]El gobierno de Maduro ha hecho afirmaciones sin fundamento de que paramilitares colombianos financiados por la oposición venezolana han planeado asesinarlo docenas de veces. Ver, por ejemplo, “Venezuela arrests Colombians over Maduro assassination plot”, BBC, 10 de junio de 2013. Mientras tanto, la evidencia presentada por el gobierno colombiano ante la ONU por el presunto apoyo del gobierno venezolano a guerrillas colombianas fue cuestionado cuando se comprobó que varias fotos habían sido tomadas fuera de Venezuela. “Gobierno enviará a ONU versión ‘actualizada’ del dossier contra Maduro”, El Tiempo, 1 de octubre de 2019.Hide Footnote .

Las guerrillas en Venezuela hoy son en gran medida trasplantes de la vecina Colombia, aunque también reclutan miembros locales que superan en número a los colombianos en ciertas áreas.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantuvieron una presencia limitada en Venezuela mucho antes de que Chávez asumiera la presidencia en 1999^[fn]Por ejemplo, en 1995 ocho soldados venezolanos murieron después de un ataque guerrillero en la frontera con Colombia. En ese momento, las guerrillas colombianas tenían bases dentro de Venezuela y estaban involucradas en secuestros y otras actividades ilegales en suelo venezolano. Ludmila Vinogradoff, “Mueren ocho ‘marines’ venezolanos en un ataque de la guerrilla colombiana”, El País, 27 de febrero de 1995.Hide Footnote . En general, Chávez toleró sus actividades, declarando ya en 1999 que su gobierno sería neutral en relación con el conflicto armado colombiano. En ocasiones, incluso expresó su apoyo activo a las posturas políticas de extrema izquierda de la guerrilla^[fn]Miguel Goncalves, "Conditional Convenience: Venezuelan Support for FARC since Hugo Chávez”, The Yale Review of International Studies, enero de 2014. Ver también “The FARC Files: Venezuela, Ecuador and the Secret Archive of ‘Raul Reyes’”, International Institute for Strategic Studies, 2011.Hide Footnote . Sin embargo, los lazos entre Chávez y las guerrillas se deterioraron durante los últimos años de su presidencia cuando mejoraron sus relaciones con el gobierno colombiano del expresidente Juan Manuel Santos. Venezuela jugó un papel activo en las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano que comenzaron en 2012. Durante al menos sus primeros cuatro años, la administración de Maduro continuó la línea adoptada por Chávez, apoyando la conclusión de las negociaciones de paz y absteniéndose de expresar abiertamente apoyo a la guerrilla^[fn]Para una idea general del papel del gobierno venezolano en el proceso de paz colombiano, ver David Smilde y Dimitris Pantoulas, “The Venezuelan Crisis, Regional Dynamics and the Colombian Peace Process”, Norwegian Centre for Conflict Resolution, 2016.Hide Footnote .

Sin embargo, desde 2017, la creciente inestabilidad política venezolana y la profundización de la crisis económica, combinadas con el surgimiento y la expansión de grupos armados en Colombia tras el fin de la insurgencia de las FARC, han impulsado la presencia de guerrillas en Venezuela^[fn]Sobre estas condiciones cambiantes en Venezuela y Colombia en 2017, ver el informe de Crisis Group sobre América Latina N° 63, Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz, 19 de octubre de 2017; y el informe breve, Poder sin el pueblo: evitando el colapso de Venezuela, op. cit.Hide Footnote . La guerrilla colombiana del ELN y disidentes de las FARC que rechazaron el proceso de paz utilizan a Venezuela como un refugio seguro y una fuente de ingresos a través de actividades ilícitas. Su presencia se ha extendido hasta el interior, con informes que sugieren que operan en al menos trece de los veinticuatro estados de Venezuela, aunque el corazón de su actividad sigue siendo los estados de Bolívar y Amazonas en el sur de Venezuela y las regiones de Apure y Táchira, contiguas a la frontera colombiana^[fn]Sobre Bolívar y Amazonas, ver informe de Crisis Group, El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela, op. cit. Un informe reciente indica que disidencias de las FARC controlan municipios en el estado de Apure y participan en la prestación de servicios de salud y escolares allí. Sebastiana Barráez, “Elorza, el pueblo venezolano controlado por las FARC: 'El comandante Lucas es el amo del lugar'”, Infobae, 13 de abril de 2019. Ver también “‘The Guerrillas Are the Police’: Social Control and Abuses by Armed Groups in Colombia’s Arauca Province and Venezuela’s Apure State”, Human Rights Watch, enero 2020.Hide Footnote . Además de las actividades tradicionales de estos grupos como el tráfico de drogas, extorsión y contrabando, ahora están muy involucrados en la extracción ilegal de oro y otros minerales, de los cuales se cree que obtienen la mayor parte de sus ingresos. Según fuentes cercanas a estos grupos, tanto las disidencias de las FARC como el ELN obtienen más de la mitad de sus ingresos de la minería ilegal dentro de Venezuela y Colombia^[fn]Informe de Crisis Group, El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela, op. cit, p. 6.Hide Footnote .

La presencia de estos grupos en suelo venezolano, a menudo operando con la complicidad de autoridades corruptas, ha provocado un incremento en las tensiones entre Venezuela y Colombia, cargado de amenazas de represalias militares. Bogotá insiste en que Caracas y la guerrilla están actuando en concierto, una afirmación que ha cobrado mayor relevancia desde que varios comandantes de las FARC anunciaron que retomarían las armas a finales de agosto de 2019, desde un lugar que según altos funcionarios colombianos se encontraba en Venezuela^[fn]Informe breve de Crisis Group sobre América Latina N°40, Reducir las secuelas de la nueva facción guerrillera en la frontera de Colombia, 20 de septiembre de 2019.Hide Footnote . El presidente colombiano, Iván Duque, dijo a la Asamblea General de la ONU que tenía “pruebas fehacientes y contundentes que demuestran el apoyo de Nicolás Maduro a grupos armados ilegales en Venezuela”, aunque posteriormente se descubrió que algunas de las fotografías del archivo que entregó habían sido tomadas en Colombia, no en Venezuela^[fn]“Colombia’s Duque tells U.N. that dossier proves Maduro supports terrorists”, Reuters, 25 de septiembre de 2019. Tras la declaración de la nueva facción de las FARC el 29 de agosto y en respuesta a la percibida agresión venezolana, el gobierno colombiano presionó fuertemente para lograr la activación del Tratado de Río el 23 de septiembre, también conocido como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un pacto de defensa mutua.Hide Footnote . Los líderes de la oposición venezolana han usado un lenguaje similar al referirse a los grupos guerrilleros como terroristas que trabajan de la mano con el gobierno de Maduro^[fn]“Acuerdo en rechazo a la presencia y expansión de grupos narcoterroristas en el territorio nacional”, Asamblea Nacional de Venezuela, 3 de septiembre de 2019.Hide Footnote . Pero nadie ha presentado pruebas incontrovertibles de lazos estrechos entre altos funcionarios en Caracas y la guerrilla.

Las actividades de las guerrillas y grupos disidentes en toda Venezuela los ponen el contacto cercano con funcionarios estatales y residentes locales, a la vez que desencadenan enfrentamientos violentos con otros grupos que compiten por conseguir ingresos ilícitos. En sus operaciones mineras, los grupos guerrilleros subcontratan a otros grupos armados para controlar a los mineros y a la empobrecida población local, a veces a través de la coerción, pero otras veces ofreciéndoles oportunidades de trabajo y productos básicos^[fn]Según informes de medios, en algunas partes del país, el ELN está ayudando a distribuir paquetes de alimentos gubernamentales, conocidos como CLAP. “Las evidencias de la alianza del Eln con Maduro”, El Tiempo, 20 de mayo de 2019.Hide Footnote . Para transportar y exportar el oro, los guerrilleros dependen de la cooperación de las fuerzas de seguridad estatales y de las redes de tráfico, lo que resulta en recortes considerables a sus ingresos^[fn]Informe de Crisis Group, El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela, op. cit.Hide Footnote . Sin embargo, la evidencia también sugiere que la relación entre el ejército venezolano y las guerrillas colombianas se puede marchitar rápidamente: según informes, tropas venezolanas asesinaron a dos disidentes de las FARC en la frontera contigua al estado de Zulia en julio de 2019, y por otra parte las guerrillas del ELN se enfrentaron con la Guardia Nacional de Venezuela en el estado de Bolívar a finales de noviembre de 2018, asesinando a tres guardias^[fn]Sobre el asesinato de disidentes de las FARC, ver Caleb Zuleta, "El Ejército de Maduro también mata a guerrilleros ex-FARC", Alnavío, 31 de julio de 2019. Sobre los enfrentamientos entre el ELN y la Guardia Nacional, ver Bram Ebus, "Una creciente marea de asesinatos en la zona minera del sur de Venezuela”, comentario de Crisis Group, 12 de noviembre de 2018. Según informes, el comandante del ELN involucrado en esos enfrentamientos fue detenido con numerosos privilegios en los cuarteles de Fuerte Tiuna en Caracas. Sebastiana Barráez, "Oficiales venezolanos toman café y oyen vallenatos con un jefe del ELN que mató a tres sargentos de la Guardia Nacional", Infobae, 1 de septiembre de 2019. Según informes, las fuerzas de seguridad venezolanas mataron a otro comandante del ELN en el estado Zulia en noviembre. Sebastiana Barráez, “Muerte en una discoteca del Zulia: cómo cayó un comandante del ELN por el disparo de un policía venezolano”, Infobae, 6 de noviembre de 2019.Hide Footnote .

Los denominados colectivos son asociaciones civiles que en algunos casos funcionan como grupos parapoliciales y que han ganado importancia a medida que el conflicto político venezolano se ha intensificado. Tanto los opositores de los colectivos, como sus defensores, tienden a atribuirles una importancia casi sobrenatural, pero sin duda se han convertido en la columna vertebral del chavismo mediante el control coercitivo de las protestas callejeras y su influencia sobre comunidades de bajos recursos^[fn]Un escritor dice que los colectivos son "organizaciones sociales revolucionarias [que] representan la columna vertebral del proceso bolivariano" y están a la "vanguardia de la lucha por un nuevo tipo de Estado". George Ciccariello-Maher, “Collective Panic in Venezuela”, Jacobin, junio de 2014. Por el contrario, otros dicen que los colectivos "tienen luz verde para matar a cualquier persona que se muestre en contra del régimen de Maduro". Pachi Valencia, “Licencia para matar: Los colectivos armados en Venezuela siembran terror en el país”, La Gran Época, 25 de junio de 2019.Hide Footnote . Sin embargo, su relación con el gobierno central y las instituciones estatales está lejos de ser armoniosa.

En Venezuela, el término colectivo se ha referido tradicionalmente a una organización local con una ideología de izquierda que busca, en teoría, servir al bien común de sus miembros y del público en general. En la práctica, las opiniones sobre lo que estos grupos representan actualmente difieren notablemente. Los partidarios del chavismo hacen énfasis en sus raíces comunitarias y su compromiso con el bienestar de los locales como características definitorias. Argumentan que estos organismos funcionan como auditores sociales que monitorean el progreso de lo que Chávez llamó la revolución bolivariana, apoyando y ayudando a ejecutar políticas gubernamentales a nivel de vecindario^[fn]Para una descripción de los colectivos, ver Daniel García Marco, “Qué son los colectivos y cómo operan para “defender la revolución bolivariana” en Venezuela”, BBC, 7 de julio de 2017.Hide Footnote .

Por otro lado, desde el punto de vista de la oposición, los colectivos constituyen unidades paramilitares oscuras, vinculadas al crimen organizado, que siguen órdenes del gobierno y usan armas y miedo para ejercer control social, principalmente en los barrios más pobres de Caracas y otras grandes ciudades^[fn]Ludmila Vinogradoff, “‘Brazo armado’ Venezuela: así son y operan los ‘colectivos’ chavistas, la cara más oscura del régimen”, Clarín, 5 de abril de 2019. Thomas Dangel, “Colectivos en Venezuela: de civiles a delincuentes”, Panama Post, 17 de mayo de 2019. Ronny Rodríguez Rosas, “Represión y colectivos para aplacar protestas en Caracas y el interior del país”, Efecto Cocuyo, 31 de marzo de 2019.Hide Footnote . Durante el gobierno de Chávez, miembros de los colectivos estuvieron involucrados en actos de acoso político cuando atacaron estaciones de televisión, organizaciones empresariales, misiones diplomáticas o a figuras opuestas al gobierno^[fn]Fabiola Sánchez, “Detienen a Lina Ron por ataque a Globovisión”, El Nuevo Herald, 4 de agosto de 2009. “Atacan misión del Vaticano en Venezuela”, VOA, 4 de febrero de 2009.Hide Footnote . La política extremadamente polarizada de Venezuela ha llevado a muchos en el campo de la oposición a despreciar cualquier expresión pública de apoyo al chavismo como el fruto de colectivos coercitivos, lo que provoca represalias violentas contra personas que no tienen vínculos con estos grupos^[fn]Entrevista de Crisis Group, científico social, 4 de abril de 2019.Hide Footnote .

Durante el gobierno de Maduro, los colectivos han tomado un papel más activo en “la defensa” de la revolución, y durante manifestaciones de la oposición en 2014 y 2017 participaron en actos violentos y criminales contra los manifestantes^[fn]Daniel Wallis, “Venezuela violence puts focus on militant ‘colectivo’ groups”, Reuters, 13 de febrero de 2014. Patricia Torres y Nicholas Casey, “Los colectivos venezolanos, las bandas de civiles armados que atacan a los manifestantes y defienden a Maduro”, The New York Times, 22 de abril de 2017.Hide Footnote . La reputación de colectivos como brutales ejecutores parapoliciales se ha visto reforzada durante el año pasado a raíz de los intentos de la oposición liderada por Guaidó por derrocar al gobierno de Maduro, quien ha respondido confiando en el poder de los colectivos para intimidar a los opositores y movilizar a los partidarios^[fn]A medida que aumentaba la presión sobre Maduro a principios de año, los colectivos organizaron varios eventos públicos en los que juraron defender la revolución bolivariana y a Maduro. “‘Colectivos armados’ llaman a defender revolución”, ANSA, 7 de enero de 2019.Hide Footnote . Tanto el 23 de febrero de 2019, cuando los opositores de Maduro intentaron forzar la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela desde Colombia y Brasil, y durante el fallido levantamiento cívico-militar de la oposición el 30 de abril, los colectivos jugaron un papel protagónico en los enfrentamientos callejeros. Testigos de los eventos de febrero en la frontera colombiana informan que los colectivos fueron más efectivos para disuadir los esfuerzos de los partidarios de Guaidó que las propias fuerzas de seguridad^[fn]Lucia Newman, “Venezuela: Who are the colectivos?”, Al Jazeera, 9 de mayo de 2019.Hide Footnote .

Más recientemente, partidarios del gobierno que portaban armas de fuego, rocas y palos impidieron violentamente que los diputados de la oposición ingresaran a la Asamblea Nacional, al tiempo que acosaban a los periodistas presentes^[fn]“Venezuela opposition says govt. loyalists fired at them”, AFP, 15 de enero de 2020. “Colectivo chavista negó haber agredido a periodistas cerca del Palacio Federal Legislativo”, El Nacional, 13 de enero de 2020.Hide Footnote . La prensa y la oposición llamaron a la turba colectivos, pero miembros reconocidos de estos grupos que estaban alrededor de la Asamblea Nacional en ese momento dijeron que no tenían nada que ver con la violencia. Sin embargo, representantes de los colectivos reconocen que llevan a cabo acciones conjuntas con las fuerzas de seguridad estatales para “preservar la paz”, y muchos miembros de colectivos también hacen parte de la milicia civil oficial venezolana, un complemento de las fuerzas armadas, que según el gobierno cuenta con más de 3,3 millones de integrantes^[fn]Sobre el tamaño de la milicia estatal reportado, el cual no se ha verificado de manera independiente, ver “Maduro despliega milicias en las calles de Venezuela para ‘garantizar la paz’”, EFE, 13 de noviembre de 2019. También sobre la milicia estatal, ver informe breve de Crisis Group, El enigma militar de Venezuela, op. cit.Hide Footnote .

Algunos colectivos tienen una relación directa con el gobierno. Pero no todos son iguales, y algunos se han mantenido relativamente independientes del gobierno central y desconfían de someterse al control político de lleno. Un grupo de colectivos, por ejemplo, ha mantenido una presencia continua en la política venezolana desde las décadas de los setenta y ochenta, años antes del surgimiento de Chávez. Miembros de estos grupos, tales como la Coordinadora Simón Bolívar en el barrio obrero 23 de Enero de Caracas, muestran claras inclinaciones de izquierda y están comprometidos a mejorar la vida comunitaria a través de mejores políticas públicas, actividades culturales y campañas contra la represión y el abuso policial^[fn]Juan Contreras, “Nacimiento de la Coordinadora Cultural Simón Bolívar en la Parroquia 23 de Enero”, Rebelión, 8 de febrero de 2008.Hide Footnote . Sin embargo, incluso estos grupos están cada vez más alineados con el gobierno de Maduro, argumentando que Venezuela está bajo el ataque de fuerzas imperialistas de toda la región^[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro de colectivo, Caracas, 18 de agosto de 2018.Hide Footnote .

Otros dos tipos de grupos que también son llamados colectivos muestran un interés mucho menor en la movilización social. Uno está formado por oportunistas y delincuentes que utilizan su supuesta afiliación al chavismo para ganar legitimidad y actuar con impunidad. El Frente 5 de Marzo, por ejemplo, es un colectivo con conocidos vínculos con las fuerzas de seguridad y la élite política chavista^[fn]Ronna Risquez, “Líder del Frente 5 de Marzo: ‘Los colectivos somos un mal necesario’”, Run Run, 24 de octubre de 2014.Hide Footnote . Sin embargo, su líder, junto con otros cuatro miembros del colectivo, fueron asesinados en una confrontación con la policía en 2014, lo que provocó una conmoción en el gobierno de Maduro y resultó en la destitución del general Miguel Rodríguez Torres, entonces ministro del Interior^[fn]Vanesa Moreno, “Lucha de poder causó la muerte de dos integrantes del Frente 5 de Marzo”, Efecto ,4 October 2014.a political class- as their members stated- and  forces is better. egion. aranty the country'nt (otherwise we wiCocuyo, 15 de diciembre de 2015. Para un análisis político del evento, ver también David Smilde y Hugo Pérez Hernáiz, “Removal of minister reveals tenuous state monopoly on violence”, VenezuelaBlog, 27 de octubre de 2014.Hide Footnote . Los grupos de este tipo se dedican principalmente a actividades ilegales, como la extorsión, pero también realizan un trabajo comunitario en las áreas donde operan para obtener el apoyo local y un grado de complicidad pública^[fn]“Colectivos se fortalecen con la anuencia del Estado”, PROVEA, 2 de abril de 2019.Hide Footnote . En muchas ocasiones, estos grupos están en conflicto con los colectivos más orientados políticamente, aunque en momentos de crisis se unen para defender la “revolución” y seguir las ordenes del gobierno.

El último tipo de colectivos consiste en unidades paramilitares o parapoliciales. Estos están directamente relacionados con el Estado y, a menudo, son creaciones de políticos o altos funcionarios del gobierno, que los utilizan como fuerzas de choque privadas. Instituciones estatales o determinados políticos los financian, y estos dedican su tiempo a trabajar en nombre de sus beneficiarios. La mano fuerte del chavismo, Diosdado Cabello, por ejemplo, tenía conocidos lazos con la difunta Lina Ron, reconocida líder de colectivos, mientras que los vínculos del exalcalde del municipio Libertador en Caracas y actual protector del estado fronterizo de Táchira, Freddy Bernal, con los colectivos también son evidentes^[fn]“Ud. lo vio – Lina Ron orgullosa de ser amiga de Diosdado Cabello”, extracto de video de Globovisión, 6 de septiembre de 2009. Para ver un obituario de Lina Ron que detalla sus actividades y las controversias a su alrededor, vea “Muere Lina Ron: el chavismo llora a la más polémica de sus “revolucionarias”, BBC Mundo, 5 de marzo de 2011. “Freddy Bernal confirma intervención de colectivos en operativo contra Oscar Pérez”, El Impulso, 15 de enero de 2018. “Freddy Bernal se reunió con colectivos en el puente Simón Bolívar”, El Nacional, 14 de abril de 2019.Hide Footnote . Estos colectivos no siempre tienen una base territorial y generalmente coexisten con los otros dos tipos de colectivos en eventos e iniciativas organizadas por el Estado. Un colectivo que tiene vínculos directos con funcionarios públicos y presuntamente ha participado en operaciones policiales es Tres Raíces, que opera en el barrio 23 de Enero. Sus miembros participaron en una operación conjunta con la unidad especial de policía FAES contra el oficial de policía renegado Óscar Pérez en 2018, como resultado de esta operación Pérez y el líder de Tres Raíces murieron^[fn]Lorena Meléndez, “Colectivo Tres Raíces: ‘Ha muerto el león más feroz del 23 de Enero’”, Run Run, 18 de enero de 2018.Hide Footnote .

Funcionarios estatales han intentado cooptar colectivos comunitarios en los últimos años con cierto éxito, convirtiendo a algunos de ellos en grupos paramilitares cada vez más combativos^[fn]Taylor Luke, “Maduro turns to violent ‘mercenary’ colectivos to maintain order”, PRI, 25 de abril de 2019.Hide Footnote . En una serie de entrevistas entre 2013 y 2018 con prominentes miembros de colectivos en Caracas, Crisis Group notó que la relativa autonomía de la que gozaban algunos de los colectivos había disminuido con los años. En 2013, el objetivo principal de estos grupos era luchar por el “Estado comunal” que consideraban el principal legado de Chávez, mientras que en 2015 los miembros indicaron que su objetivo primordial era garantizar alimentos y productos básicos a su comunidad en alianza con el Estado, y evitar cualquier “especulación del sector privado”. En 2018, muchos trabajaban como guardaespaldas de los funcionarios estatales, y en lugar de discutir el poder de la comunidad, hablaban mucho más sobre el “imperialismo” y su hostilidad hacia la oposición^[fn]Entrevistas de Crisis Group, diferentes líderes colectivos en Caracas, abril y mayo de 2013, noviembre de 2015 y septiembre de 2018.Hide Footnote .

Como resultado, los tres tipos de colectivos han desarrollado características similares. Todos están, en cierta medida, armados y se opusieron a políticas de desarme previamente promovidas por el gobierno para reducir la criminalidad con armas de fuego^[fn]En 2013, la Asamblea Nacional, entonces controlada por los chavistas, aprobó una ley de control de armas y desarme. Sin embargo, los colectivos eran reacios a entregar sus armas al Estado, argumentando que como "los vigilantes armados detrás de la revolución chavista" necesitan las armas, ya que la oposición podría desestabilizar al gobierno en cualquier momento. Entrevistas de Crisis Group, dos líderes colectivos, 23 de Enero, Caracas, 15 de agosto de 2013. La ley finalmente resultó ser un fracaso y desde entonces se han descartado los esfuerzos oficiales de desarme. James Bargent, “Disarmament Law in Venezuela Yields Near Zero Results”, Insight Crime, 18 de agosto de 2014.Hide Footnote . Además, todos obtienen poder local al exhibir sus conexiones con el Estado; usualmente operan bajo estrictos sistemas de comando vertical; y todos defienden la revolución y están dispuestos a recurrir a la violencia para este fin. Aun así, no es inusual que ocurran peleas entre diferentes colectivos que operan en la misma área. En uno de los incidentes más recientes, cinco miembros murieron en un enfrentamiento entre dos grupos en el barrio 23 de Enero^[fn]“Colectivos del 23 de Enero matan al hermano de Heyker Vásquez”, El Pitazo, 13 de enero de 2020.Hide Footnote .

Dicho esto, los colectivos no son necesariamente receptores pasivos de ordenes del gobierno. Diferentes facciones dentro del gobierno venezolano controlan distintos colectivos y, como resultado, los intereses de los grupos no siempre coinciden. En varias ocasiones, las fuerzas de seguridad han chocado abiertamente con los colectivos, obligando al gobierno a elegir que lado favorecer. En 2014, como se mencionó anteriormente, el exministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, fue despedido después de que la policía y miembros del colectivo 5 de Marzo tuvieran un enfrentamiento que resultó en la muerte de cinco líderes del grupo, después de que las autoridades los acusaran de actividades criminales^[fn]Uno de los asesinados, José Odreman, ofreció declaraciones a la prensa antes de los enfrentamientos con la policía en los que responsabilizaba a Rodríguez Torres de su posible destino. “Maduro reemplaza a controversial ministro del Interior y le da 15 días de ‘descanso’”, EFE, 24 de octubre de 2014.Hide Footnote . Los miembros del grupo y otras organizaciones exigieron el despido de Rodríguez Torres, exigencia que fue acatada por Maduro^[fn]“Sale Rodríguez Torres y lo sustituye Carmen Meléndez”, EFE, 24 de octubre de 2014. La relación entre Torres y Maduro se deterioró aún más, y en 2018 Torres fue arrestado por espionaje, conspiración e instigación a una rebelión militar. Hasta el día de hoy continua en prisión.Hide Footnote .

Cuatro años más tarde, las fricciones entre los altos mandos militares y los colectivos reaparecieron cuando el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, expresó indignación tras la aparición de un video en el que aparecían miembros de colectivos con armas, anunciando su disposición para usar la violencia en defensa del gobierno. “El Estado y el pueblo venezolano tienen y cuentan con una FANB cumpliendo constitucionalmente sus tareas”, afirmó, argumentando que no era necesario que grupos armados se unieran al gobierno^[fn]“Padrino López: Rechazamos grupos armados ‘que se hacen llamar colectivos’”, Aporrea, 2 de marzo de 2018.Hide Footnote . Los portavoces de los colectivos respondieron acusando a Padrino López de no haber entendido el vínculo “cívico-militar” en el corazón del chavismo, e insistiendo en que se habían convertido en parte del Estado venezolano y continuarían defendiendo la revolución bolivariana^[fn]“Colectivos: Padrino López no aguantó la presión de la derecha”, Noticiero Digital, 3 de marzo de 2018.Hide Footnote .

La relación entre Padrino López y los colectivos no parece haber mejorado mucho desde entonces, ya que el ministro declaró recientemente que las fuerzas armadas están obligadas a combatir a todos los grupos armados presentes en el país^[fn]Sebastiana Barráez, “Padrino López pretende desligarse de los colectivos chavistas y pidió a la Fuerza Armada actuar contra cualquier grupo violento”, Infobae, 6 de abril de 2019.Hide Footnote . Sin embargo, el respaldo explícito de Maduro a los colectivos y el papel central que juegan en contra de las protestas a favor de Guaidó limita cualquier acción de las fuerzas armadas en su contra^[fn]Daniel Lozano, “Nicolás Maduro: ‘El primer defensor de los colectivos soy yo’”, El Mundo, 4 de abril de 2019.Hide Footnote .

Los paramilitares de derecha, para usar la terminología del gobierno de Maduro, son unidades de combate ilegales que generalmente actúan en nombre de gobiernos extranjeros y en colaboración con la oposición venezolana. Al igual que con las guerrillas, los paramilitares supuestamente son importados de Colombia, donde estuvieron involucrados durante años tanto en la extrema violencia contrainsurgente, como en el crimen organizado, incluido el narcotráfico. Durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe, el gobierno comenzó a negociar su desmovilización en 2003, concluyendo con un acuerdo en 2006. Pero algunos de los paramilitares no estaban muy comprometidos con este proceso de paz, lo que dio lugar a una segunda ola de criminalidad^[fn]Con respecto a los paramilitares en Colombia y su desmantelamiento como resultado del proceso de paz 2003-2006 en el gobierno de Uribe, ver el informe breve de Crisis Group sobre América Latina N° 8, Desmovilizar a los paramilitares en Colombia: ¿una meta viable?, 5 de agosto de 2004; Douglas Porch y María José Rasmussen, “Demobilization of Paramilitaries in Colombia: Transformation or Transition?”, Studies in Conflict and Terrorism, vol. 31, no. 6 (2008), pp. 520-540.Hide Footnote . Sus presuntas actividades en Venezuela incluyen delitos como amenazas, extorsión y secuestros de campesinos y terratenientes, así como intimidación a partidarios y líderes chavistas^[fn]Eligio Rojas, “Denuncian asesinato de seis militantes chavistas”, Últimas Noticias, 28 de julio de 2019.Hide Footnote . Si bien los miembros principales de estos grupos son colombianos, informes recientes indican que han tratado de reclutar nuevos miembros entre los migrantes venezolanos^[fn]Murphy Helen and Luis Jaime Acosta, “Exclusive: Colombian armed groups recruiting desperate Venezuelans, army says”, Reuters, 20 de junio de 2019.Hide Footnote .

El gobierno de Maduro ha puesto gran énfasis en el papel desempeñado por las unidades paramilitares colombianas de derecha en su país, y ha dicho que hay cinco grupos que participan en diversas actividades ilegales que son toleradas por las fuerzas armadas colombianas a lo largo de la frontera^[fn]“En la frontera con Venezuela existen 5 grupos paramilitares: Bernal”, Panorama, 13 de agosto de 2019.Hide Footnote . Los militares venezolanos informan, no siempre de manera veraz, que han sufrido bajas por ataques paramilitares en sus puestos cerca de la frontera^[fn]Por ejemplo, el ataque de noviembre de 2018 atribuido por el ejército venezolano a paramilitares colombianos fue de hecho obra del ELN. “Mueren 3 militares venezolanos tras ataque de grupo irregular”, Telesur, 4 de noviembre de 2018.Hide Footnote . Han anunciado repetidamente el arresto de paramilitares que supuestamente buscan desestabilizar a Venezuela^[fn]En 2015, el gobierno de Maduro cerró la frontera con Colombia después de que hombres armados hirieran a tres militares venezolanos. Maduro dijo que paramilitares colombianos estaban detrás del ataque. David Smilde, “Venezuelan government blames Colombian paramilitaries for violence, contraband and protests”, Venezuelablog, 24 de agosto de 2015. El gobierno de Maduro dijo que tan solo en 2019 había capturado a 83 paramilitares en Táchira, un estado fronterizo con Colombia. “Gobierno venezolano asesta otro golpe a la banda paramilitar La Línea”, VTV, 8 de noviembre de 2019. También ver “Venezuela: six farmers killed by Colombian paramilitary”, Telesur, 30 de julio de 2019.Hide Footnote .

La oposición venezolana niega cualquier conexión con grupos paramilitares de derecha, lo cual está en duda después de la publicación de fotografías comprometedoras que muestran a Juan Guaidó con dos paramilitares colombianos. La foto fue tomada cuando viajaba a Colombia a través de un cruce ilegal, conocido como trocha, en medio de los esfuerzos organizados el 23 de febrero de 2019 para llevar ayuda humanitaria a Venezuela, y para asistir a un concierto en respaldo a dicha ayuda^[fn]“Venezuela's Guaidó pictured with members of Colombian gang”, The Guardian, 14 de septiembre de 2019.Hide Footnote . Guaidó afirmó que no conocía la identidad de los paramilitares, y dijo que muchas personas se tomaron fotos con él ese día^[fn]“Guaidó niega que grupo criminal Los Rastrojos lo ayudara a cruzar la frontera con Colombia”, CNN, 13 de septiembre de 2019.Hide Footnote .

Venezuela es uno de los países más peligrosos del mundo si se le juzga por su tasa de homicidios, una de las más altas de América Latina^[fn]Venezuela durante muchos años tuvo una de las tasas de asesinatos más altas del mundo, con datos oficiales que la ubican constantemente entre los cinco países más peligrosos. Oficialmente, en 2016, la tasa de homicidios fue de 56 por cada 100 000 habitantes, y en 2015, 58. Los datos extraoficiales informaron tasas significativamente más altas, con tasas de homicidios de más de 80 por cada 100 000 habitantes. Sin embargo, desde 2017, las tasas de asesinatos han disminuido, con el 2019 siendo el menos violento en años. Extraoficialmente, en 2019 la tasa de homicidios fue de 60 por cada 100 000 habitantes, mientras que el gobierno de Maduro afirma que fue de 20 (el gobierno no incluye los asesinatos causados por las fuerzas de seguridad del Estado). Ver Mayela Armas, “Venezuela murder rate dips, partly due to migration: monitoring group”, Reuters, 27 de diciembre de 2018. Ludmila Vinogradoff, “Informe 2019: con más de 16.000 asesinatos, Venezuela se mantiene como uno de los países más violentos del mundo”, Clarín, 27 de diciembre de 2019. “Venezuela reduce 36,3% tasa de criminalidad en ocho principales delitos durante 2019”, Xinhua, 29 de diciembre de 2019. Para un estudio global que muestra la exposición de Venezuela a altos niveles de violencia homicida, consulte Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Global Study on Homicide, 2019.Hide Footnote . Una gama de grupos criminales de diferentes tamaños y estructuras se dedican al robo, secuestro, fraude, chantaje, sicariato o al comercio ilegal, especialmente de armas y drogas, y a la trata de personas (en especial de niños y mujeres)^[fn]Para una descripción general de las dinámicas y actividades criminales en Venezuela, ver Roberto Briceño-León y Alberto Camardiel (eds.), Delito organizado, mercados ilegales y democracia en Venezuela (Caracas, 2015).Hide Footnote . La policía informa que más de 100 grupos criminales venezolanos operan en todo el país, divididos en tres principales tipos de organizaciones ilícitas: pranes (jefes criminales en el sistema penitenciario venezolano), megabandas y sindicatos^[fn]La policía venezolana en 2019 informó que 110 grupos criminales operan en dieciocho de los veinticuatro estados del país. Rosibel Cristina González, “110 bandas criminales tienen secuestrada a Venezuela”, El Nacional, 7 de septiembre de 2019.Hide Footnote . A pesar de sus actividades criminales, en algunas zonas estos grupos han reemplazado al Estado al proporcionar una precario sistema de  ley y orden^[fn]En una reciente protesta contra las operaciones policiales en Petare, un suburbio pobre y densamente poblado de Caracas, los residentes afirmaron que "El hampa nos protege, las FAES nos matan". Carlos d’Hoy, “Excesos del FAES provocan protesta en Petare”, El Universal, 10 de junio de 2019.Hide Footnote .

Los pranes son los jefes de los grupos criminales que generalmente se dedican al tráfico de drogas y la extorsión, operando desde el extremadamente violento sistema penitenciario venezolano^[fn]En un incidente reciente en una cárcel al occidente de Venezuela, 29 prisioneros fueron asesinados y 19 policías heridos en enfrentamientos. “Venezuelan prison clashes leave 29 inmates dead”, BBC, 25 de mayo de 2019. Las cárceles en Venezuela están sobrepobladas; estimaciones dicen que el país tiene 46 675 prisioneros, mientras que la capacidad carcelaria es de 20 776. Ver Claudia Smolansky, “En 20 años de chavismo más de 7000 personas murieron en cárceles venezolanas”, Crónica Uno, 2 de abril de 2019. “Venezuela prisons ‘beyond monstrous’, UN warns, highlighting plight of Colombian detainees”, UN News, 9 de octubre de 2018. Simón Romero, “Where prisoners can do anything, except leave”, The New York Times, 3 de junio de 2011.Hide Footnote . En muchos casos, los pranes controlan las cárceles donde se encuentran, y tienden a sentirse más seguros tras las rejas^[fn]“¿Quién era el Conejo, el homenajeado con disparos al aire en una cárcel en Venezuela?”, BBC Mundo, 29 de enero de 2016.Hide Footnote . Políticas penitenciarias mal diseñadas durante los gobiernos de Chávez y Maduro, las cuales toleran el hacinamiento y acuerdos informales sobre quién ejerce el control sobre los reclusos, han fortalecido el papel de los pranes en las cárceles, dándoles un poder excepcional dentro de estas instituciones^[fn]Andrés Antillano, “Cuando los presos mandan: control informal dentro de la cárcel venezolana”, Espacio Abierto, vol. 24, no. 4 (2015). “La delegación del poder estatal: Los ‘pranes’”, Insight Crime, 20 de mayo de 2018.Hide Footnote .

Las megabandas son organizaciones jerárquicas, relativamente nuevas para la escena criminal venezolana. Se dedican al tráfico de drogas, la extorsión y al secuestro en todo el país, y cuentan con gran influencia en su propio territorio. Muchos de los líderes de estos grupos han pasado tiempo en la cárcel, por lo cual no es raro que trabajen en conjunto con los pranes desde la prisión^[fn]Antonio María Delgado, “Grandes bandas delictivas siembran terror en Venezuela”, El Nuevo Herald, 23 de julio de 2015.Hide Footnote .

Expertos criminales han detectado la existencia de entre doce y dieciséis megabandas, algunas con más de 300 miembros^[fn]“Megabandas en Venezuela”, El Nacional, 13 de mayo de 2016.Hide Footnote . Están fuertemente armadas y, teniendo en cuenta la amenaza que representan a través del control territorial, el gobierno ha tratado de combatirlos a través de operaciones policiales implacables, siendo la más significativa la Operación de Liberación y Protección del Pueblo entre 2015 y 2017^[fn]El nombre de estas operaciones policiales luego fue cambiado a Operación de Liberación Humanista del Pueblo.Hide Footnote . Si bien estas redadas masivas no lograron reducir el poder de las bandas, si resultaron en violaciones generalizadas de  derechos humanos dondequiera que se llevaron a cabo^[fn]Según un oficial de policía interrogado por investigadores, el hacinamiento en las cárceles persuadió a los funcionarios del gobierno de que una política criminal basada en el asesinato de presuntos delincuentes era preferible al encarcelamiento masivo. “Entonces empezamos a eliminar, eliminar, eliminar. Para limpiar la población, sobre todo las clases más pobres”. Verónica Zubillaga and Rebecca Hanson, “Los operativos militarizados en la era post-Chávez”, Nueva Sociedad, noviembre-diciembre 2018. También ver “OLP: The mask of official terror in Venezuela”, Connectas.org, 6 de octubre de 2017.Hide Footnote . Al mismo tiempo, el gobierno también ha favorecido selectivamente la creación de zonas de paz en Caracas, lo que implica pactos informales de no agresión entre las fuerzas de seguridad estatales y los grupos criminales en un intento por pacificar y eventualmente desmovilizar a estos últimos. La oposición ha descalificado la creación de estas zonas aduciendo que ofrecen impunidad a grupos criminales, a pesar de la evidencia que respalda los beneficios de los acuerdos de cese al fuego entre bandas en disputa, los cuales en ciertos casos han sido negociados por mujeres locales^[fn]Sobre los movimientos locales para la paz en Caracas, ver a Verónica Zubillaga, Manuel Llorens y John Souto, “Micropolitics in a Caracas Barrio: The Political Survival Strategies of Mothers in a Context of Armed Violence”, Latin America Research Review, vol. 54, no. 2 (2019), pp. 429-443. Para las críticas de la oposición a las "zonas de paz", ver “Parlamento venezolano investigará enfrentamientos en la Cota 905”, NTN24, 31 de julio de 2019.Hide Footnote .

Los sindicatos, por su parte, son grupos criminales que operan principalmente en el sur de Venezuela, y se ubican especialmente en el Arco Minero del Orinoco, una vasta región en el estado de Bolívar donde se implementó una iniciativa minera del gobierno, creada en 2016. Sus orígenes se encuentran en la industria de la construcción, pero desde que comenzó la crisis económica se han centrado en la minería ilegal y otras actividades ilícitas. Son capaces de desplegar una fuerza armada significativa, tienen presuntos vínculos con funcionarios estatales y compiten con otros grupos armados no estatales, en particular las guerrillas del ELN^[fn]Informe de Crisis Group, El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela, op. cit.Hide Footnote . Los sindicatos han logrado mayor autonomía del Estado a medida que se han vuelto más ricos y capaces de recurrir a sus propias redes de apoyo^[fn]Edgar López, “Una mafia disfrazada de sindicato está al mando del yacimiento de oro más grande de Venezuela”, Arcominerodelorinoco.com, 19 de septiembre de 2017.Hide Footnote . Pero en mayor medida que la guerrilla, sus relaciones con la población local   están marcadas por el irrespeto, los saqueos y las atrocidades, lo que ha resultado en que las comunidades indígenas creen o consideren la creación de “brigadas de seguridad” o grupos de autodefensa^[fn]Los grupos de autodefensa indígenas han surgido en respuesta a los esfuerzos de varios grupos (incluidos los militares) para controlar las minas de oro en el sur del país. María Antonieta Segovia, “Las autodefensas indígenas se levantan al sur de Venezuela”, Armando.info, 10 de octubre de 2015.Hide Footnote . Los sindicatos y sus conflictos con otros grupos armados son evidentes en uno de los lugares más peligrosos de Venezuela, el pueblo minero sudoriental de El Callao, donde los grupos de la sociedad civil calculan una tasa de asesinatos de más de 600 por cada 100 000 habitantes, aproximadamente cien veces la tasa de los EE. UU^[fn]Bladimir Martínez Ladera, “‘Sindicatos’ convirtieron en un ‘pueblo vaquero’ El Callao”, Nueva Prensa, 30 de mayo de 2019. En uno de los crímenes más recientes en El Callao, la activista política Rosalba "Mara" Valdez fue asesinada después de denunciar las relaciones entre grupos armados estatales y no estatales en el área. “De varios disparos asesinaron a exconcejal Rosalba Valdez en El Callao”, Tal Cual, 22 de diciembre de 2019.Hide Footnote .

Investigaciones judiciales, generalmente llevadas a cabo por fiscales de los EE. UU., así como informes de medios de comunicación, sugieren que varios altos funcionarios del gobierno tienen vínculos directos y participan en las ganancias del crimen organizado^[fn]El caso más notorio que sugiere vínculos entre los altos niveles del chavismo y el crimen organizado es el de los "narco-sobrinos". La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos arrestó a dos sobrinos de Cilia Flores, la esposa del presidente Maduro, por cargos de narcotráfico en Haití. Un tribunal de los EE. UU. los declaró culpables y los sentenció a dieciocho años de prisión. Brendan Pierson, “Nephews of Venezuela's first lady sentenced to 18 years in U.S. drug case”, Reuters, 14 de diciembre de 2017. Una investigación de Insight Crime informa que 123 funcionarios gubernamentales están involucrados en actividades criminales. “7 Reasons for Describing Venezuela as a ‘Mafia State’”, Insight Crime, 16 de mayo de 2019.Hide Footnote . Al mismo tiempo, las débiles y mal supervisadas instituciones estatales, la crisis económica y políticas públicas discrecionales han creado un ambiente permisivo para que la actividad criminal prospere, coexistiendo y suplantando a las instituciones estatales, sin depender necesariamente de una colusión a gran escala entre los dos^[fn]“El Estado y el delito organizado: exceso y vacío normativo”, en Briceño-León y Camardiel, op. cit.; John Polga-Hecimovich, “Organized Crime and the State in Venezuela under Chavismo”, en Bruce Bagley, Jorge Chabat y Jonathan Rosen (eds.), The Criminalization of States: The Relationship between States and Organized Crime (Londres, 2018).Hide Footnote . Informes recientes de las zonas rurales de Venezuela indican que la población local se ha visto reducida a vivir en “condiciones preindustriales”, ofreciendo a los grupos armados la oportunidad de suplantar a un estado cada vez más ausente. “Estos grupos a menudo se han encargado de hacer cumplir contratos comerciales, resolver delitos comunes e incluso resolver divorcios”, informan testigos^[fn]Anatoly Kurmanaev, “Rural Venezuela crumbles as president shores up the capital and his power”, The New York Times, 13 de enero de 2020.Hide Footnote .

Los grupos armados que operan en Venezuela tienen distintos objetivos, modus operandi, lealtades políticas y relaciones con el Estado. A medida que se intensifica el conflicto político, se aprovechan cada vez más de la ausencia o debilidad del Estado, obteniendo así poder y beneficios económicos que no abandonarán fácilmente, y representan un riesgo directo a la estabilidad a largo plazo del país. Adicionalmente, involucrarse con estos grupos como parte de un acuerdo político o una posible transición gubernamental plantea profundas preguntas de carácter ético y desafíos prácticos.

Aunque actualmente no hay negociaciones formales entre el gobierno y la oposición, las rondas anteriores se han centrado casi exclusivamente en acuerdos políticos e institucionales, dejando de lado casi por completo la discusión sobre cómo afrontar a los grupos armados y actores criminales. Las fuerzas venezolanas en disputa pueden estar evitando tocar el tema de los grupos debido al elevado costo político que acarrea abordar este asunto o porque no lo consideran urgente. Pero incluso si estos grupos armados no despiertan mayor preocupación en las fuerzas políticas, su crecimiento en un clima de colapso económico y estancamiento político, y su impacto en la seguridad futura del país, deberían ser incentivos para que ambas partes, y a sus respectivos aliados,  retomen una ruta hacia un resultado negociado. La amenaza que representan estos grupos también resalta la importancia de la participación de los altos mandos militares en cualquier negociación futura. La participación militar en futuras conversaciones es esencial para garantizar que ninguna facción de las fuerzas armadas sabotee una posible transición política, así como para diseñar y luego implementar una política a largo plazo dirigida a los grupos armados no estatales^[fn]Ver informe breve de Crisis Group, El enigma militar de Venezuela, op. cit.Hide Footnote .

El enfoque seleccionado deberá adaptarse a cada tipo de grupo. Tratar con las guerrillas colombianas o con las disidencias que operan en Venezuela requiere flexibilidad y cooperación regional. El Estado venezolano por sí solo no puede negociar con estos grupos sin arriesgarse a que se afiancen en el país y crear tensiones con Colombia. La alternativa óptima sería que los gobiernos y las fuerzas armadas de ambos países se embarcaran en nuevas negociaciones con el ELN con el fin de lograr su desmovilización definitiva, trabajando simultáneamente para persuadir a los disidentes de las FARC a dejar las armas a cambio de beneficios judiciales y la reintegración. Venezuela demostró en las conversaciones entre Colombia y las FARC que puede ayudar a poner fin a décadas de insurgencia si así lo desea. Si bien actualmente este tipo cooperación parece poco probable, dado el lamentable estado de las relaciones bilaterales, el interés compartido de los dos países en reducir la violencia a lo largo de las fronteras podría ayudar a influir en ambos gobiernos. Por ahora, los dos países podrían generar confianza al proponer un mecanismo de monitoreo fronterizo multilateral e independiente, posiblemente bajo el auspicio de la ONU, para prevenir y contener brotes de violencia.

En cuanto a los colectivos, las negociaciones también pueden ser una opción. No todos los colectivos son iguales, y un posible acuerdo político con el objetivo de pacificar el país, respetar la integridad del movimiento chavista y evitar la futura persecución política podría ser atractivo para estos grupos, especialmente si incluye disposiciones que enfaticen su identidad histórica y su misión como movimientos sociales para verificar los efectos de las políticas gubernamentales a nivel local. Tal enfoque podría atraer a los colectivos con mayor actividad política, y a aquellos orientados hacia la comunidad. Las ambiciones de algunos líderes de colectivos también pueden facilitar su incorporación a la vida política formal, siempre y cuando el sistema estatal y judicial pueda ofrecerles garantías de que no serán objeto de investigaciones criminales o represalias violentas.

Tratar con grupos netamente criminales, incluidos ciertos colectivos, así como las principales bandas y carteles, requerirá reconocer la limitación de recursos del Estado, así como un uso prudente de incentivos y castigos. Si bien las autoridades civiles deberían asumir la responsabilidad de evaluar las principales amenazas de seguridad, dependerá de las fuerzas armadas y la policía venezolana combatir y debilitar a estos grupos de distintas maneras. Medidas policiales netamente coercitivas y políticas de “mano dura” dirigidas a los grupos criminales más grandes y violentos probablemente no logren este objetivo, y de hecho podrían lograr todo lo contrario, a juzgar por experiencias anteriores en Venezuela y América Latina^[fn]Ver, por ejemplo, el informe de Crisis Group sobre América Latina N°64, Política y violencia perpetua en El Salvador, 19 de diciembre 2017; Ivan Briscoe y David Keseberg, “Only Connect: The Survival and Spread of Organized Crime in Latin America”, PRISM, vol. 8, no. 1 (febrero 2019); Ulrich Schneckener, “Dealing with Armed Non-State Actors in Peace-and State-Building, Types and Strategies”, en Transnational Terrorism, Organized Crime and Peace-Building (Londres, 2010).Hide Footnote . Teniendo en cuenta las normas que prohíben las amnistías para autores de ciertos delitos graves, así como la posible resistencia interna a un perdón de este tipo, las autoridades civiles y militares deben explorar la posibilidad de un trato diferenciado para aquellos dispuestos a entregar sus armas, incluida la reducción de penas de prisión para autores de delitos graves con la condición de que den una confesión honesta de sus actos y no retomen las armas^[fn]Por ejemplo, el acuerdo de paz colombiano de 2016 (aunque fue aplicado a una insurgencia armada y no a un grupo netamente criminal), permitió penas reducidas (no penitenciarias) por delitos graves como asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y secuestros siempre y cuando los excombatientes se comprometieran a contar la verdad, reparar a las víctimas y no volver al crimen. “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, 2016. Ver también el informe de Crisis Group sobre América Latina N°67, Reformas arriesgadas: el enfoque del gobierno de Duque hacia la paz en Colombia, 21 de junio de 2018.Hide Footnote . Los actores con motivaciones económicas pueden estar abiertos a considerar ofertas que les permitan conservar algunos de sus recursos a cambio de una vida pacífica y condenas reducidas^[fn]Según un académico de la construcción de paz, "al explorar el potencial de involucrar a grupos armados a través de cuestiones económicas, es esencial tener en cuenta que aquellos que se benefician de oportunidades económicas en tiempos de guerra pueden no querer perder estas fuentes de ingresos (y poder), simplemente por el bien de la paz". Achim Wennmann, “Getting Armed Groups to the Table: Peace Processes, the Political Economy of Conflict and the Mediated State”, Third World Quarterly, vol. 30, no. 6 (2009); Alex De Waal, “No money, no peace”, Foreign Policy, 2 de diciembre de 2015.Hide Footnote .

Los grupos armados se han extendido a toda Venezuela a medida que la conmoción política y la devastación económica han propiciado la complicidad o tolerancia de funcionarios estatales, y oportunidades para obtener ganancias ilícitas. La guerrilla colombiana y las disidencias también han aprovechado estas condiciones para entrar y salir del país por sus extensas fronteras, que permanecen en gran parte sin vigilancia. Aunque las fuerzas políticas venezolanas en disputa centran sus esfuerzos en la lucha por el poder de mando en Caracas, la expansión de grupos armados irregulares que en efecto gobiernan en poblaciones empobrecidas de áreas urbanas, rurales y fronterizas resalta el grave riesgo de que el enfrentamiento político pueda conducir a la fragmentación del territorio en numerosos enclaves administrados por capos criminales locales. Las dos partes en Venezuela, y sus aliados internacionales, deben reconocer que tal resultado no beneficia a ninguna de ellas, y se constituye como una razón poderosa para volver a la mesa de negociaciones.

Dicho esto, los desafíos planteados por estos grupos para la estabilidad del país durante y después de cualquier posible acuerdo político serán considerables. Cualquier esfuerzo para controlar las amenazas que representan los grupos armados después de llegar a un acuerdo probablemente coincidirá con un período en el que el Estado será frágil, la violencia abundante y la reconciliación apenas se estará gestando. Las negociaciones o acuerdos con estos grupos podrían representar un alto costo para el gobierno, dotar de legitimidad y protagonismo político a los actores armados, y demandar esfuerzo, tiempo y recursos considerables en un momento en que los tres serán escasos. Pero tratar a estos grupos como poco más que escombros criminales de la lucha política central (ya sea para ser ignorados o enfrentados sin descanso), podría dar lugar a un escenario de violencia que perduraría mucho mas allá de la crisis actual del país.

 Caracas/Bogotá/Bruselas, 20 de febrero de 2020