Report / Latin America & Caribbean 26 Junio 2012 3 minutes

Elecciones en Venezuela: peligrosas incertidumbres

Resumen ejecutivo

La incertidumbre por la salud del Presidente Hugo Chávez exacerba la fragilidad de Venezuela en el período previo a la elección presidencial de octubre. En medio de una profunda polarización, su enfermedad extiende una sombra sobre la campaña, mientras que la estabilidad del país, incluso después de las elecciones, está amenazada por el carácter personalizado de su gobierno, las débiles instituciones y los altos niveles de violencia criminal. Cualquier violación abierta de las reglas constitucionales requeriría, probablemente, el apoyo del Ejército, del que ni siquiera el presidente puede estar seguro; además, los países más importantes de la región mirarían una acción de esta naturaleza con recelo. Pero con tanto en juego, una agitación, e incluso una crisis política violenta, continúan siendo posibilidades peligrosas. Todos los líderes políticos venezolanos deberían condenar la violencia y comprometerse públicamente a respetar la Constitución, independientemente de lo que vaya a suceder. Los países socios de Venezuela en la región deben presionar por una adecuada observación internacional y señalar claramente que no apoyarán acciones por fuera del marco constitucional.

Los próximos meses podrían convertirse en los más difíciles para el Presidente Hugo Chávez. La oposición se ha unido en apoyo de un candidato presidencial. Al igual que Chávez, su joven contendiente, Henrique Capriles, nunca ha perdido una elección. Su moderación, muy alejada de las tácticas anteriores de la oposición, bien podría tener impacto entre los votantes aún indecisos o en el voto independiente. Además, a pesar de que el espacio político durante los gobiernos de Chávez se ha estrechado, será difícil manipular el resultado de las elecciones en Venezuela. La oposición ha ganado anteriormente y en las últimas elecciones parlamentarias de 2010 su participación en la votación igualó a la del partido en el poder.

Pero una contienda presidencial en contra del actual presidente es algo diferente. En condiciones normales, Chávez posiblemente ganaría. Es un candidato muy bueno en campaña y todavía goza de fuertes lazos emocionales con muchos venezolanos, especialmente entre los más pobres. También cuenta con instituciones leales y la poderosa maquinaria mediática del Estado. Además, usa abiertamente los fondos públicos para los fines de la campaña, en particular al entregar beneficios mediante programas sociales. Hasta los partidarios de la oposición admiten que competir con un Chávez sano sería prácticamente imposible.

No obstante, el presidente enfrenta no solo a Capriles, sino también a un cáncer que podría suponer una amenaza más grave para su gobierno. Solo sus médicos y sus familiares cercanos conocen el pronóstico; sin embargo, la enfermedad ya le ha demandado ausencias prolongadas por tratamientos en Cuba y, por lo tanto, le ha impedido participar plenamente en la campaña. Su partido, sin mecanismo claro de sucesión ni heredero aparente –sin duda, ninguno que pueda derrotar fácilmente a Capriles– está nervioso. El chavismo estaría en problemas sin Chávez. Un buen grupo de los que lo rodean tiene mucho que perder y, si bien el partido mantiene la unidad frente al público, abundan las especulaciones sobre peleas internas y disputas por influencia. El recientemente nombrado Consejo de Estado, que agrupa a importantes asesores presidenciales, podría convertirse en un mecanismo a través del cual se negocie la sucesión si se deteriora aún más la salud de Chávez. A pesar del mensaje, su creación no parece calmar los nervios.

La enfermedad del presidente amenaza no solo a su partido, sino también a la votación de octubre e, incluso, a la estabilidad del país. Su Gobierno es altamente personalizado, el poder se concentra en su despacho y los pesos y contrapesos se han debilitado constantemente. Las instituciones no están preparadas para manejar una transición o contener un conflicto. La política está polarizada y la sociedad, dividida. La proliferación de armas y de grupos armados favorables al Gobierno genera oportunidades para la violencia. De hecho, hay chispas que ya se encendieron durante la campaña: a comienzos de marzo hubo disparos en un evento de campaña de la oposición en Cotiza, un suburbio de Caracas. La agresiva retórica del presidente hace poco por desalentar dichos incidentes.

Muchos en Venezuela, incluida la oposición, destacan que un quiebre total del orden es poco factible. Chávez siempre ha adjudicado su legitimidad a las urnas y promete aceptar el resultado en octubre. Es probable que las autoridades electorales se resistan a ser manipuladas por el Gobierno, más que otras instituciones. La oposición promete que no habrá cacería de brujas si gana y, si pierde, muy posiblemente no tendrá el aliento para una pelea, particularmente si la votación es limpia. Muchos ciudadanos están cansados de la confrontación. Si bien los generales son leales al presidente, con el ministro de defensa bajo sospecha de vínculos con el tráfico de drogas, los oficiales de rango medio y bajo de las Fuerzas Armadas no los acompañarían necesariamente en una abierta violación de la Constitución. Los países más importantes de la región no aprobarían una toma violenta del poder ni aceptarían que Venezuela pase de ser una democracia defectuosa a una nación con confrontaciones civiles o una dictadura.

Sin embargo, la enfermedad de Chávez lleva a Venezuela hacia un terreno desconocido e impredecible. No solo está en juego su gobierno, sino también un modelo de estado que muchos venezolanos perciben como favorable para sus intereses. Un posible escenario consistiría en el intento, por parte del partido en el poder, de suprimir los resultados en caso de que éstos no les sean favorables, incluso recurriendo a la violencia y usándola como pretexto para retener el poder por medios extraordinarios. Otro posible escenario consistiría en retrasar la votación si es que la salud de Chávez se deteriora sensiblemente, utilizando con dicho fin al poder judicial, y de esa manera ganar tiempo para elegir un candidato sustituto. En cualquiera de estos dos escenarios, se podrían generar protestas de la oposición y entrar en confrontación abierta con los partidarios del Gobierno.

Por lo tanto, no se puede descartar la posibilidad de disturbios si se considera que el estado de derecho es débil y las instituciones demasiado dependientes como para servir de mediadores creíbles. Los líderes políticos, especialmente el presidente, deben moderar su retórica y condenar todo acto de violencia. La Constitución de Venezuela, promulgada por el mismo Chávez, establece reglas para todo tipo de contingencia y todos los líderes políticos, autoridades y las Fuerzas Armadas deben comprometerse públicamente a cumplir sus disposiciones.

Caracas/Bogotá/Bruselas, 26 de junio de 2012

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Executive Summary

Uncertainty over President Hugo Chávez’s health adds to Venezuela’s fragility in the run-up to October’s presidential election. Amid deep polarisation, his illness overshadows the campaign, while the personalised nature of his rule, weakened institutions, and high levels of criminal violence bode ill for stability even beyond the polls. Brazen violation of the constitution would probably require army support, which not even the president can bank on; regional powers, too, would eye such action warily. But with much at stake, upheaval, even a violent political crisis, remain dangerous possibilities. Political leaders should condemn violence and pledge publicly to respect the constitution – whatever lies ahead. Venezuela’s partners in the region should press for international observation and signal clearly they will not condone unconstitutional acts.

The coming months could prove to be Hugo Chávez’s toughest yet. The opposition is united behind a presidential candidate. Its youthful contender, Henrique Capriles – like Chávez – has never lost an election. His moderation, a far cry from opposition tactics of the past, should resonate with swing voters. Moreover, elections in Venezuela, despite Chávez’s narrowing of political space, are not easy to rig. The opposition has won before and in the most recent, the 2010 parliamentary elections, its share of the popular vote matched that of the ruling party.

But a presidential contest against Chávez is a different matter. Under normal conditions, he would likely win. He is a formidable campaigner and still enjoys strong emotional ties to many Venezuelans, especially his poor base. He also has loyal institutions and a powerful state media machine, and openly uses the public purse for campaign purposes, notably by dispensing largesse through social welfare programs. Even opposition loyalists admit a healthy Chávez in full campaign swing would be almost unbeatable.

However, the president faces not only Capriles, but also cancer, which could pose a graver threat to his reign. Only his doctors and close family know the prognosis, but the illness has already required extended absences for treatments in Cuba and has thus far kept him off the campaign trail. The ruling party, with no clear succession mechanism or obvious heir – certainly none that could easily defeat Capriles – is jittery: Chavismo would be in trouble without Chávez. Many around him have much to lose, and while the party maintains public unity, speculation about infighting and jostling for influence behind the scenes is rife. The recently-appointed Council of State, a body of top presidential advisers, could possibly become a mechanism through which to negotiate succession if Chávez’s health fails, but its creation does not appear to have calmed nerves.

The president’s sickness threatens not only his party but also October’s vote and even the country’s stability. His rule is highly personalised, with power concentrated in his office and checks and balances steadily eroded. Institutions are ill-equipped to manage a transition or contain conflict. Politics are polarised, society divided. The proliferation of weapons and of pro-government armed groups offers opportunities for stoking violence. Indeed, sparks have already hit the campaign; shots were fired at an opposition rally in Cotiza, a Caracas suburb in early March. The president’s fiery rhetoric does little to discourage such incidents.

Many in Venezuela, including in the Capriles camp, stress a major breakdown of order is unlikely. Chávez has always rooted his legitimacy in the ballot box and promises to accept the result in October. The electoral authorities are, perhaps, more resistant to his meddling than other institutions. The opposition swears there will be no witch hunts if it wins; if it loses, it appears to have little stomach for a fight, particularly if the vote is clean. Many citizens are tired of confrontation. While senior generals are loyal to the president, with the defence minister suspected of ties to drug-trafficking, the armed forces’ middle and lower ranks would not necessarily follow them into blatant violations of the constitution. Nor would regional powers condone a power grab or welcome Venezuela’s slide from flawed democracy into turmoil or dictatorship.

But Chávez’s illness takes Venezuela onto unknown – and unpredictable – terrain. At stake is not only his rule but also a model of governance that many Venezuelans perceive to serve their interests. One scenario, were the president or a late stand-in defeated, would see the ruling party seek to force the electoral authorities to suppress results or itself stir up violence as a pretext to retain power by extraordinary means. A second, especially if the president’s health should decline rapidly, would have it delay the vote – perhaps through a decision by the partisan judiciary – in order to buy time to select and drum up support for a replacement. Either scenario could stimulate opposition protests and escalating confrontation with government loyalists.

The prospect of upheaval thus cannot be discounted. Political leaders, especially the president, should tone down their rhetoric and condemn any violence. Venezuela’s constitution, passed by Chávez himself, provides for all contingencies, and all political leaders, authorities and the armed forces should pledge publicly to adhere to it.

Caracas/Bogotá/Brussels, 26 June 2012