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Cómo responder a la emergencia humanitaria en Venezuela
Cómo responder a la emergencia humanitaria en Venezuela
Recoger los platos rotos luego del frustrado levantamiento en Venezuela
Recoger los platos rotos luego del frustrado levantamiento en Venezuela
People line up to try to buy toilet paper and diapers outside a pharmacy in Caracas, Venezuela, on 16 May 2016. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Cómo responder a la emergencia humanitaria en Venezuela

Los números cuentan la desalentadora historia de una Venezuela que continúa deslizándose hacia la debacle socioeconómica. Con 1,6 millones de personas huyendo del país desde 2015, los donantes internacionales deben intensificar su ayuda a los países vecinos, mientras que las partes interesadas afinan la presión para una apertura política en Caracas y se preparan para el peor de los escenarios. 

La celebración por parte de Colombia de una reunión sobre Venezuela el 25 de septiembre constituye una importante oportunidad para llamar la atención sobre la gravedad de la crisis en el país, el sufrimiento de su gente y la carga que impone en sus vecinos. Es también una oportunidad para acordar las líneas generales de una respuesta política y humanitaria. La reunión debería enfocarse en alcanzar un consenso internacional sobre cómo abordar la migración masiva de venezolanos, cómo impulsar al gobierno hacia un compromiso político y cómo prepararse para los cambios repentinos producidos por la profundización de la crisis del país.

Los hechos y los números cuentan la historia. La economía venezolana se ha reducido prácticamente a la mitad desde que el Presidente Nicolás Maduro llegó al poder en 2013, principalmente debido a malos manejos económicos y el posterior colapso en la producción del petróleo. A finales de 2017, la economía entró en una espiral hiperinflacionaria, con los precios aumentando actualmente en un 200 por ciento por mes. Dependiente de las importaciones y a falta de una divisa fuerte, el país enfrenta una aguda escasez de alimentos, medicamentos y otros bienes vitales. Muchos medicamentos esenciales han desaparecido de las farmacias, mientras que otros registran una escasez del 85-90 por ciento. El servicio público de salud ha colapsado, mientras que el suministro de servicios públicos como agua, electricidad y gas sufre de unas interrupciones prolongadas. Pese a que enfermedades como la malaria, sarampión, difteria y tuberculosis se encontraban prácticamente erradicadas, epidemias de éstas actualmente afectan a partes extendidas del país y amenazan con expandirse a los países vecinos.

Hasta el 90 por ciento de los venezolanos viven en la pobreza y más de un tercio no tiene los medios para comer tres veces al día. Miles buscan su comida en la basura. En los últimos tres años, de acuerdo a cifras de la Organización Internacional para la Migraciones, casi 1,6 millones han huido del país, desencadenando una enorme crisis humanitaria y ejerciendo una aguda presión en los servicios sociales y mercado laborales de los países receptores, especialmente Colombia, Ecuador y Perú, así como en Roraima, un estado al norte de Brasil.

Mientras tanto, el gobierno venezolano se encuentra en un estado de total negación. Dice que la crisis es una invención de los medios extranjeros, culpa a las sanciones financieras impuestas por EE.UU. en agosto de 2017 por la escasez y se rehúsa a permitir la entrada de ayuda humanitaria.

El país está también envuelto en una crisis política. En las elecciones de 2016, la oposición tomó el control de la Asamblea Nacional, pero desde entonces el gobierno ha bloqueado sus esfuerzos de alcanzar un cambio político pacífico. El gobierno ha aprovechado su control sobre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial para reprimir las protestas y encarcelar, exiliar o vetar a los opositores. La mayoría de la oposición boicoteó las elecciones presidenciales del 20 de mayo y el resultado de éstas fue rechazado por los EE.UU. la Unión Europea y los catorce países latinoamericanos y del Caribe que pertenecen al Grupo de Lima, cuyos líderes apoyaron las negociaciones entre el gobierno y la oposición hasta enero de este año.

Tres estrategias a seguir son:

  • Medidas inmediatas para hacer frente a las crisis migratoria y humanitaria: Aquellos países que están soportando el peso de la crisis migratoria necesitan apoyo adicional y urgente de los donantes. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que solamente Colombia necesita $1,6 mil millones al año para lidiar con el flujo migratorio desde Venezuela, mucho más que los cerca de $50 millones suministrados por los EE.UU. y la UE este año.  Este apoyo debe ser canalizado a través de mecanismos internacionales debidamente coordinados, incluyendo las oficinas del nuevo enviado de la ONU para la crisis migratoria venezolana, y recurrir a mecanismos de financiación mancomunada bajo la supervisión del Banco Mundial y el BID. A su vez, los países latinoamericanos que reciben venezolanos deberían asegurar que los migrantes tengan acceso a servicios públicos y a programas de integración social y económica. También deberían honrar las promesas realizadas en la reciente cumbre latinoamericana en Quito de no cerrar sus fronteras o pedir documentos de viaje imposibles de obtener a los migrantes, tal como Perú y Ecuador amenazaron con hacer en agosto. Los donantes extranjeros deberían fortalecer y apoyar a grupos de la sociedad civil que brinden ayuda humanitaria dentro de Venezuela, mientras que los países latinoamericanos y europeos, al igual que las organizaciones internacionales, deben continuar insistiendo ante el Presidente Maduro que esa ayuda no es una herramienta de influencia extranjera sino una manera de prevenir un sufrimiento humano mayor.
     
  • Presionar  el progreso político: Será necesario ejercer presión sobre el gobierno de Maduro para lograr cambios. Las sanciones pueden ser una de las herramientas. Mientras que EE.UU., Canadá, y la Unión Europea han impuesto algunas medidas restrictivas, sería más efectivo que los gobiernos latinoamericanos aplicarán sanciones específicas, como prohibición de viajes y congelamiento de activos, por ejemplo, a oficiales venezolanos de alto nivel. Estas sanciones deben combinarse con señales claras de que serán progresivamente levantadas en respuesta a los pasos que el gobierno realice para entablar negociaciones sustantivas con la oposición y relajar el hostigamiento a los líderes y partidos de la oposición. Las sanciones regionales casi no tienen precedentes y enviarían una señal más fuerte que las impuestas por América del Norte y la UE.

    Algunos pasos que deben evitarse incluyen sanciones que puedan ocasionar un mayor daño público al afectar a sectores estratégicos de la economía como es la industria petrolera (por ejemplo, al prohibir la exportación de petróleo venezolano a los EE.UU.) o infligir mayor sufrimiento a la población por otros medios. Lo mismo aplica para medidas más extremas. Durante las últimas semanas, han circulado rumores que sugieren que el presidente de EE.UU. se habría unido a algunas figuras en la oposición venezolana al contemplar  la idea de la intervención militar, una posición que también encontró un apoyo tácito en una reciente declaración pública del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. La solución a la crisis de Venezuela no está ni debe pasar por ese escenario, el cual, de realizarse, ciertamente resultaría desastroso, y el cual por el solo hecho de ser sugerido, sirve para reforzar la sensación de asedio del gobierno venezolano. Con la intervención militar se corre el riesgo de sumir al país en una mayor inestabilidad y conflictos de baja intensidad debido a la abundancia de armas ilegales y la presencia de grupos armados violentos no estatales, así como a la falta de consenso sobre quién debería dirigir un supuesto gobierno de transición.

    Solo una transición negociada, que probablemente implique alguna forma de garantía para altos funcionarios en el gobierno de Maduro, hacia la restauración de políticas de gobierno más inclusivas y representativas, la reintroducción de controles constitucionales y la estabilización de la economía, ofrece la esperanza de una solución viable y sostenible.

    China podría jugar un papel importante, dada su considerable influencia sobre Venezuela. Aunque continúa siendo cercano al gobierno de Maduro, sus intereses estarían mejor resguardados por una transición estable que respete sus inversiones y la deuda pendiente de pago de Venezuela con Beijing, estimada en $ 20 mil millones.
     
  • Preparación para el peor de los escenarios: Aun si siguen los dos caminos anteriores, los gobiernos latinoamericanos y otros socios internacionales deben estar preparados para ajustarse a un cambio político repentino en Caracas, probablemente como resultado de las tensiones entre las facciones del gobierno, que pueden llevar a un cambio en el liderazgo. La aparición de un liderazgo más conciliador en Venezuela brindaría una oportunidad a los poderes extranjeros de reanudar su compromiso con la negociación política y la estabilización económica. Por otro lado, una división más traumática o una ruptura en la coalición gobernante podrían exacerbar la crisis económica y humanitaria. En este caso, los países de la región y los donantes deben estar preparados para incrementar su ayuda a los vecinos afectados y presionar a los aliados de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU para que reconozcan la amenaza a la paz y la seguridad internacional que genera esta crisis.
An opposition demonstrator waves a Venezuelan national flag during clashes with soldiers loyal to Venezuelan President Nicolas Maduro April 30 2019 Federico PARRA / AFP

Recoger los platos rotos luego del frustrado levantamiento en Venezuela

 A failed uprising by Venezuelan National Assembly Chair Juan Guaidó has emboldened President Nicolás Maduro and deepened the country's political deadlock. However difficult, outside actors should continue to press the two sides to form a transitional cabinet, stabilise Venezuela’s economy and hold elections.

Los hechos que sacudieron a Caracas el 30 de abril continúan envueltos en misterio, pero su impacto inmediato parece ser claro: polarizar aún más el pulso político y aumentar la posibilidad de una escalada violenta nacional o internacional. Los hechos empezaron con el dramático anuncio de los líderes de la oposición diciendo que el país entraba a la “fase final” de lo que llaman la “Operación Libertad”, dirigida a derrocar al presidente Nicolás Maduro. Posteriormente declararon que el esfuerzo contaba con el apoyo de militares de alto rango. Sin embargo desembocó en una revuelta fácil de someter y pobremente concebida que dejó al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, a sus aliados regionales y a los EE. UU. malparados. Maduro y sus aliados nacionales y extranjeros bien pueden sentirse empoderados y animados, con pocos incentivos para dialogar con una oposición desorganizada e ineficaz.

Ese sería un error de cálculo. Las fuerzas de seguridad sometieron fácilmente el alzamiento, pero el hecho que siguiera a una serie de esfuerzos que se vienen presentando desde principio de año para aislar, desestabilizar y dividir al gobierno resalta no solo la inhabilidad de la oposición de expulsar a Maduro sino también la impotencia del gobierno para sofocar a sus enemigos políticos. Aunque los diálogos entre dos partes profundamente polarizadas y sus respectivos aliados extranjeros parezcan poco probables, el estancamiento en el que se encuentran, el alto costo que sufre el pueblo venezolano y el riesgo de un escalada violenta nacional o internacional hacen que la estabilidad del país siga dependiendo de un acuerdo negociado.

Oficiales norteamericanos también han sugerido, sin ofrecer pruebas, que varios altos oficiales habían prometido desertar, pero no lo hicieron.

La naturaleza caótica del levantamiento tiene varias posibles explicaciones. La oposición adelantó un día los planes (ya había manifestaciones masivas programadas para el 1° de mayo), perjudicando sus posibilidades. Oficiales norteamericanos también han sugerido, sin ofrecer pruebas, que varios altos oficiales habían prometido desertar, pero no lo hicieron. La claridad sobre la razón real tendrá que esperar.

Para Maduro y sus aliados, entre los cuales EE. UU. destacó a Cuba pero también a Rusia, este fue un giro de eventos triunfal. Al final, las manifestaciones fueron pequeñas y fácilmente dispersadas por las fuerzas de seguridad. Además, se hizo evidente casi en seguida que solo algunos soldados de bajo rango se habían separado del gobierno. Al llegar el final del día, el prisionero político más famoso del país, Leopoldo López, quien había salido de su arresto domiciliario para liderar las protestas, fue obligado a buscar refugio en la residencia del Embajador español. Maduro, quien permaneció detrás de bambalinas durante toda la jornada, apareció para declarar la victoria y burlarse de las declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo, quien afirmó que él había estado listo para irse al exilio, siendo disuadido por el gobierno ruso.

Pero los problemas que han plagado el gobierno están lejos de ser resueltos. A pesar de su fracaso, Guaidó continúa siendo el presidente legítimo del país a los ojos de varias docenas de países, incluyendo a EE. UU., la mayoría de los países de América Latina y de los estados miembros de la UE. Su estatura bien puede disminuirse debido al triste resultado, pero ha logrado unir a la fraccionada oposición y galvanizar el apoyo popular. A pesar de su éxito, Maduro aún enfrenta el aislamiento diplomático, una economía colapsada y un régimen de sanciones que ha limitado severamente la habilidad de Venezuela de exportar su menguante producción de petróleo, de la que dependen casi todas sus ganancias en moneda extranjera. Tras años de declive económico, más de un décimo de su población ha huido del país y la ONU estima que 7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria.

La clara lección de los eventos del 30 de abril es que no puede haber una solución en la que el “ganador se lleva todo” en Venezuela. El gobierno permanece en control de las fuerzas de seguridad, la autoridad electoral y la corte suprema, pero no puede reparar la economía sin un acuerdo político que permita que las sanciones sean levantadas y que un competente equipo de tecnócratas empiecen a implementar un plan de recuperación. Tampoco puede silenciar el disenso público, excepto a través de la represión. La oposición aún puede contar con los devastadores efectos de las sanciones, la amenaza de la intervención militar de EE. UU. (hecha más expresa que nunca por el secretario Pompeo) y la creencia que las fuerzas armadas finalmente forzarán la salida de Maduro. Pero no hay evidencia de que las sanciones derribarán al gobierno, intentos repetidos de atraer a los militares han fallado, y la intervención armada externa aun es vista como una posibilidad remota que, si se emplea, casi con toda seguridad alimentaría una mayor inestabilidad al desencadenar un conflicto prolongado con grupos armados y milicias progubernamentales.

Como Crisis Group siempre ha argumentado, la mejor manera de avanzar radica en las negociaciones entre los chavistas y la oposición.

Como Crisis Group siempre ha argumentado, la mejor manera de avanzar radica en las  negociaciones entre los chavistas y la oposición. Es cierto que las rondas previas de conversaciones han dejado decepcionada a la oposición, muchos de cuyos miembros están convencidos de que el gobierno no tiene intención de comprometerse y que solo utiliza las conversaciones para comprar tiempo, ahondar las divisiones entre sus enemigos y dispersar las protestas masivas. Incluso los líderes opositores que en privado aceptan la necesidad de estos diálogos temen ser tildados de “colaboracionistas” por miembros del ala dura de sus partidos.

En otras palabras, dejados a sus propios medios, es poco probable que ambas partes lleguen a un acuerdo factible. La responsabilidad recae en los actores externos quienes, lamentablemente, han estado tan divididos como los venezolanos. Los países cercanos a Guaidó, aquellos que apoyan a Maduro y los que están en el medio deberían aprovechar este momento para dejar de lado cualquier posición maximalista y empujar a sus respectivos aliados a hacer concesiones. Eso requeriría que EE. UU. y sus aliados de América Latina descarten cualquier sugerencia de intervención militar y abandonen la demanda de que Maduro renuncie inmediatamente. Por otro lado, Rusia, China y Cuba deberían aceptar la necesidad de que Maduro inicie un proceso que lleve a unas elecciones presidenciales creíbles y monitoreadas internacionalmente. Requeriría además que todas las partes presionen por lo siguiente:

  • Formación de un gabinete de transición que incluya representantes del chavismo y la oposición, centrado en la estabilización económica, asistencia humanitaria, seguridad interna y reforma institucional; idealmente, ni Maduro ni Guaidó ocuparían la presidencia durante este periodo, aunque un acuerdo en este punto no puede ser una precondición para que las negociaciones comiencen;
  • Garantías para los militares en la forma de un marco claro para su futuro rol;
  • Elecciones presidenciales bajo una comisión electoral reformada y con observación internacional

El Grupo Internacional de Contacto liderado por la UE podría ayudar a impulsar este proceso a través de su diplomacia discreta.

Lo más probable es que Maduro sienta que ganó esta ronda y crea que tiene poca necesidad de hacer concesiones. La oposición, más débil que hace un par de meses, es posible que sea más cautelosa que nunca con las negociaciones. Si sus aliados externos apoyan estas posturas, nadie debería albergar esperanzas de una solución acordada entre las partes. Pero entonces, todos deberán estar preparados para vivir con un estancamiento más profundo, un costo humanitario creciente y una muy real posibilidad de confrontación armada interna o incluso una intervención militar externa. No debería ser una decisión difícil de tomar.