icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Youtube
Cómo responder a la emergencia humanitaria en Venezuela
Cómo responder a la emergencia humanitaria en Venezuela
Maduro encuentra una "nueva oposición" para negociar
Maduro encuentra una "nueva oposición" para negociar
People line up to try to buy toilet paper and diapers outside a pharmacy in Caracas, Venezuela, on 16 May 2016. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Cómo responder a la emergencia humanitaria en Venezuela

Los números cuentan la desalentadora historia de una Venezuela que continúa deslizándose hacia la debacle socioeconómica. Con 1,6 millones de personas huyendo del país desde 2015, los donantes internacionales deben intensificar su ayuda a los países vecinos, mientras que las partes interesadas afinan la presión para una apertura política en Caracas y se preparan para el peor de los escenarios. 

La celebración por parte de Colombia de una reunión sobre Venezuela el 25 de septiembre constituye una importante oportunidad para llamar la atención sobre la gravedad de la crisis en el país, el sufrimiento de su gente y la carga que impone en sus vecinos. Es también una oportunidad para acordar las líneas generales de una respuesta política y humanitaria. La reunión debería enfocarse en alcanzar un consenso internacional sobre cómo abordar la migración masiva de venezolanos, cómo impulsar al gobierno hacia un compromiso político y cómo prepararse para los cambios repentinos producidos por la profundización de la crisis del país.

Los hechos y los números cuentan la historia. La economía venezolana se ha reducido prácticamente a la mitad desde que el Presidente Nicolás Maduro llegó al poder en 2013, principalmente debido a malos manejos económicos y el posterior colapso en la producción del petróleo. A finales de 2017, la economía entró en una espiral hiperinflacionaria, con los precios aumentando actualmente en un 200 por ciento por mes. Dependiente de las importaciones y a falta de una divisa fuerte, el país enfrenta una aguda escasez de alimentos, medicamentos y otros bienes vitales. Muchos medicamentos esenciales han desaparecido de las farmacias, mientras que otros registran una escasez del 85-90 por ciento. El servicio público de salud ha colapsado, mientras que el suministro de servicios públicos como agua, electricidad y gas sufre de unas interrupciones prolongadas. Pese a que enfermedades como la malaria, sarampión, difteria y tuberculosis se encontraban prácticamente erradicadas, epidemias de éstas actualmente afectan a partes extendidas del país y amenazan con expandirse a los países vecinos.

Hasta el 90 por ciento de los venezolanos viven en la pobreza y más de un tercio no tiene los medios para comer tres veces al día. Miles buscan su comida en la basura. En los últimos tres años, de acuerdo a cifras de la Organización Internacional para la Migraciones, casi 1,6 millones han huido del país, desencadenando una enorme crisis humanitaria y ejerciendo una aguda presión en los servicios sociales y mercado laborales de los países receptores, especialmente Colombia, Ecuador y Perú, así como en Roraima, un estado al norte de Brasil.

Mientras tanto, el gobierno venezolano se encuentra en un estado de total negación. Dice que la crisis es una invención de los medios extranjeros, culpa a las sanciones financieras impuestas por EE.UU. en agosto de 2017 por la escasez y se rehúsa a permitir la entrada de ayuda humanitaria.

El país está también envuelto en una crisis política. En las elecciones de 2016, la oposición tomó el control de la Asamblea Nacional, pero desde entonces el gobierno ha bloqueado sus esfuerzos de alcanzar un cambio político pacífico. El gobierno ha aprovechado su control sobre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial para reprimir las protestas y encarcelar, exiliar o vetar a los opositores. La mayoría de la oposición boicoteó las elecciones presidenciales del 20 de mayo y el resultado de éstas fue rechazado por los EE.UU. la Unión Europea y los catorce países latinoamericanos y del Caribe que pertenecen al Grupo de Lima, cuyos líderes apoyaron las negociaciones entre el gobierno y la oposición hasta enero de este año.

Tres estrategias a seguir son:

  • Medidas inmediatas para hacer frente a las crisis migratoria y humanitaria: Aquellos países que están soportando el peso de la crisis migratoria necesitan apoyo adicional y urgente de los donantes. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que solamente Colombia necesita $1,6 mil millones al año para lidiar con el flujo migratorio desde Venezuela, mucho más que los cerca de $50 millones suministrados por los EE.UU. y la UE este año.  Este apoyo debe ser canalizado a través de mecanismos internacionales debidamente coordinados, incluyendo las oficinas del nuevo enviado de la ONU para la crisis migratoria venezolana, y recurrir a mecanismos de financiación mancomunada bajo la supervisión del Banco Mundial y el BID. A su vez, los países latinoamericanos que reciben venezolanos deberían asegurar que los migrantes tengan acceso a servicios públicos y a programas de integración social y económica. También deberían honrar las promesas realizadas en la reciente cumbre latinoamericana en Quito de no cerrar sus fronteras o pedir documentos de viaje imposibles de obtener a los migrantes, tal como Perú y Ecuador amenazaron con hacer en agosto. Los donantes extranjeros deberían fortalecer y apoyar a grupos de la sociedad civil que brinden ayuda humanitaria dentro de Venezuela, mientras que los países latinoamericanos y europeos, al igual que las organizaciones internacionales, deben continuar insistiendo ante el Presidente Maduro que esa ayuda no es una herramienta de influencia extranjera sino una manera de prevenir un sufrimiento humano mayor.
     
  • Presionar  el progreso político: Será necesario ejercer presión sobre el gobierno de Maduro para lograr cambios. Las sanciones pueden ser una de las herramientas. Mientras que EE.UU., Canadá, y la Unión Europea han impuesto algunas medidas restrictivas, sería más efectivo que los gobiernos latinoamericanos aplicarán sanciones específicas, como prohibición de viajes y congelamiento de activos, por ejemplo, a oficiales venezolanos de alto nivel. Estas sanciones deben combinarse con señales claras de que serán progresivamente levantadas en respuesta a los pasos que el gobierno realice para entablar negociaciones sustantivas con la oposición y relajar el hostigamiento a los líderes y partidos de la oposición. Las sanciones regionales casi no tienen precedentes y enviarían una señal más fuerte que las impuestas por América del Norte y la UE.

    Algunos pasos que deben evitarse incluyen sanciones que puedan ocasionar un mayor daño público al afectar a sectores estratégicos de la economía como es la industria petrolera (por ejemplo, al prohibir la exportación de petróleo venezolano a los EE.UU.) o infligir mayor sufrimiento a la población por otros medios. Lo mismo aplica para medidas más extremas. Durante las últimas semanas, han circulado rumores que sugieren que el presidente de EE.UU. se habría unido a algunas figuras en la oposición venezolana al contemplar  la idea de la intervención militar, una posición que también encontró un apoyo tácito en una reciente declaración pública del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. La solución a la crisis de Venezuela no está ni debe pasar por ese escenario, el cual, de realizarse, ciertamente resultaría desastroso, y el cual por el solo hecho de ser sugerido, sirve para reforzar la sensación de asedio del gobierno venezolano. Con la intervención militar se corre el riesgo de sumir al país en una mayor inestabilidad y conflictos de baja intensidad debido a la abundancia de armas ilegales y la presencia de grupos armados violentos no estatales, así como a la falta de consenso sobre quién debería dirigir un supuesto gobierno de transición.

    Solo una transición negociada, que probablemente implique alguna forma de garantía para altos funcionarios en el gobierno de Maduro, hacia la restauración de políticas de gobierno más inclusivas y representativas, la reintroducción de controles constitucionales y la estabilización de la economía, ofrece la esperanza de una solución viable y sostenible.

    China podría jugar un papel importante, dada su considerable influencia sobre Venezuela. Aunque continúa siendo cercano al gobierno de Maduro, sus intereses estarían mejor resguardados por una transición estable que respete sus inversiones y la deuda pendiente de pago de Venezuela con Beijing, estimada en $ 20 mil millones.
     
  • Preparación para el peor de los escenarios: Aun si siguen los dos caminos anteriores, los gobiernos latinoamericanos y otros socios internacionales deben estar preparados para ajustarse a un cambio político repentino en Caracas, probablemente como resultado de las tensiones entre las facciones del gobierno, que pueden llevar a un cambio en el liderazgo. La aparición de un liderazgo más conciliador en Venezuela brindaría una oportunidad a los poderes extranjeros de reanudar su compromiso con la negociación política y la estabilización económica. Por otro lado, una división más traumática o una ruptura en la coalición gobernante podrían exacerbar la crisis económica y humanitaria. En este caso, los países de la región y los donantes deben estar preparados para incrementar su ayuda a los vecinos afectados y presionar a los aliados de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU para que reconozcan la amenaza a la paz y la seguridad internacional que genera esta crisis.
Venezuelan Foreign Minister Jorge Arreaza looks at opposition member Javier Bertucci during the signing of the dialogue agreement between the government and the opposition in Caracas,18 September 2019. AFP/Matias Delacroix
Q&A / Latin America & Caribbean

Maduro encuentra una "nueva oposición" para negociar

Talks to resolve Venezuela’s impasse collapsed on 15 September only for the government to announce a deal – with a different set of opponents. In this Q&A, Crisis Group Senior Andes Analyst Phil Gunson explains what these developments mean for the country’s political and socio-economic crisis.

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

¿Qué ocurrió? 

El 15 de septiembre, el presidente de la Asamblea Nacional y líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, anunció que se retiraba de las negociaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Barbados. El gobierno había suspendido su propia participación hacía más de un mes, luego de que Washington anunciara nuevas sanciones. Según el anuncio de la oposición, "el mecanismo de Barbados se agotó". En cuestión de horas, el gobierno reveló que había estado negociando en paralelo con un grupo de pequeños partidos de oposición que no estaban involucrados en los diálogos de Barbados. Los miembros de este grupo, denominado Mesa Nacional de Diálogo, anunciaron de inmediato un acuerdo para que los legisladores del gobierno vuelvan a ocupar sus escaños en la Asamblea Nacional, la cual habían boicoteado desde mediados de 2017, solicitando también la liberación de un número indeterminado de presos políticos y una disminución del control del gobierno sobre la autoridad electoral. El acuerdo habla a su vez de un posible programa de intercambio de "petróleo por alimentos" para aliviar la crisis humanitaria de Venezuela.

¿Por qué se rompieron los diálogos de Barbados, y podrían reiniciarse?

Según el Presidente Maduro, la oposición no cumplió su promesa de persuadir al gobierno de EE. UU. para que aliviara las sanciones. Según Guaidó, a quien los EE. UU., la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea y numerosos países latinoamericanos reconocen como presidente interino legítimo, el gobierno tuvo la culpa, porque nunca respondió a una propuesta detallada por parte de la oposición. Las condiciones claves presentadas por el equipo negociador de Guaidó fueron que tanto él como Maduro se apartaran, para llevar a cabo elecciones libres y justas en un plazo de nueve meses bajo supervisión internacional. Mientras tanto, un Consejo de Gobierno de transición, compuesto por representantes del chavismo (el movimiento creado por el predecesor de Maduro, Hugo Chávez), y la oposición, así como las fuerzas armadas, manejarían el país. El gobierno noruego, que aún auspiciaba el diálogo después de que se trasladara de Oslo a Barbados, ha indicado que seguirá estando disponible si las partes deciden regresar a la mesa. Maduro ha dicho que el gobierno lo hará si surge la oportunidad. Incluso la oposición parece solamente haber descartado el formato aplicado al diálogo en Barbados, y no las negociaciones en general. Sin embargo, probablemente sea necesario rediseñar el proceso, quizás para abarcar un mayor espectro de actores venezolanos y extranjeros.

¿Quién participa en la Mesa Nacional de Diálogo? 

Hasta el momento, cinco partidos pequeños han firmado el acuerdo con el gobierno. Solo dos tienen representación parlamentaria. Estos son Avanzada Progresista, dirigido por Henri Falcón, anteriormente chavista y gobernador del estado Lara, quien rompió con el gobierno en 2007; y Cambiemos, liderado por Timoteo Zambrano, exnegociador de la oposición, cercano al expresidente español (y una vez mediador en la crisis venezolana) José Luis Rodríguez Zapatero. Entre ambos partidos suman ocho asientos de los 167 de la Asamblea. La principal alianza opositora expulsó a Falcón y Zambrano en los últimos años, al primero por participar en las elecciones presidenciales de mayo de 2018 a pesar de la negativa del gobierno ante las demandas de la oposición por igualdad de condiciones, y al segundo por no estar de acuerdo en 2016 con la decisión del Mercosur de tomar medidas punitivas contra Venezuela. Falcón obtuvo un 21 por ciento frente al 68 por ciento de Maduro en las elecciones del año pasado, pero se negó a aceptar el resultado, diciendo que el gobierno había violado la ley electoral.

Otras figuras destacadas que apoyan el acuerdo son Claudio Fermín, un veterano socialdemócrata y aspirante presidencial de larga data que ahora dirige un partido llamado Soluciones para Venezuela, y Javier Bertucci, un pastor evangélico que también se enfrentó a Maduro en 2018. Las partes involucradas han expresado su apoyo a la aparentemente extinta iniciativa noruega, a la vez que han invitado a otras fuerzas de oposición a unirse a ellos. "Somos la nueva oposición", declaró Fermín.

¿Qué está tratando de lograr el gobierno?

Habiendo fracasado hasta el momento en su intento por lograr un alivio para las sanciones, el gobierno parece enfocado en conseguir estabilidad política interna. Las elecciones parlamentarias del próximo año, que probablemente sean adelantadas a marzo o abril (actualmente previstas para diciembre), son una oportunidad para que el chavismo recupere el control de la única rama del gobierno que sigue siendo independiente. Aunque las encuestas de opinión sugieren que más del 80 por ciento de los venezolanos desaprueban la gestión de Maduro, el gobierno puede recuperar el parlamento disuadiendo a los votantes de la oposición a que se presenten a las urnas y/o provocando que la oposición de Guaidó boicotee las elecciones. Celebrar elecciones, así sean controversiales, también ayuda a mantener el disentimiento dentro de sus propias filas bajo control, tanto entre civiles como militares. Al presentar al menos una fachada de pluralismo y legitimidad, promueve una narrativa para los partidarios nacionales y extranjeros según la cual el gobierno es víctima de una conspiración internacional instigada por traidores nacionales.

¿Ha comenzado la implementación del acuerdo? 

Los parlamentarios del gobierno no retomaron sus escaños el día después de que se anunció el acuerdo, y no está claro cuándo lo harán o qué otro efecto tendrá el acuerdo. Todos los actos de la Asamblea Nacional seguirán siendo oficialmente nulos y sin efecto a menos que la Corte Suprema declare que la legislatura ya no se encuentra en desacato. Un preso político, el vicepresidente de la Asamblea Edgar Zambrano, arrestado por su participación en el fallido levantamiento del 30 de abril contra el gobierno de Maduro, ha sido liberado y se espera que otros también sean liberados próximamente. Pero cerca de 500 permanecen en la cárcel, incluido otro diputado de la oposición y un importante colaborador de Guaidó. En total, una veintena de parlamentarios de oposición están en la cárcel, en el exilio, escondidos o en las instalaciones de misiones extranjeras. El gobierno no tiene la mayoría en el parlamento que le permita designar una nueva autoridad electoral, lo que significa que cualquier reforma quedaría en manos de la Corte Suprema controlada por el gobierno. Y un programa de intercambio de petróleo por alimentos, como ha señalado uno de sus principales defensores, requeriría el consentimiento de la oposición y sus aliados extranjeros.

¿Este desarrollo podría conducir a una resolución de la crisis?

No hay indicios de que el gobierno se esté moviendo hacia la salida de Maduro del poder, seguida de elecciones presidenciales realmente participativas bajo supervisión internacional, las condiciones que Guaidó y sus aliados extranjeros definen como sine qua non para levantar las sanciones. Es probable que el colapso de los diálogos auspiciados por Noruega incremente las sanciones, en lugar de disminuirlas, tanto por parte de la UE como de los vecinos latinoamericanos de Venezuela. A excepción de Panamá, estos últimos han evitado hasta ahora la imposición de sanciones, pero los signatarios del Tratado de Río de 1947 (también conocido como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un pacto de defensa regional de la era de la Guerra Fría), recientemente acordaron dar el primer paso para activarlo en el caso de Venezuela, lo que podría conducir a una postura más dura en la región. Pero si bien el nuevo acuerdo no aplacará a la oposición en cabeza de Guaidó y sus aliados extranjeros, ni resolverá la colosal crisis socioeconómica del país, este podría permitir que Maduro mantenga bajo control los desafíos internos si el gobierno logra forzar a sus oponentes más férreos al exilio, reemplazándolos con un repertorio de políticos más obedientes y alegando que ha restaurado la normalidad constitucional.