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Cómo responder a la emergencia humanitaria en Venezuela
Cómo responder a la emergencia humanitaria en Venezuela
Venezuela: una oportunidad que no se puede desaprovechar
Venezuela: una oportunidad que no se puede desaprovechar
People line up to try to buy toilet paper and diapers outside a pharmacy in Caracas, Venezuela, on 16 May 2016. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Cómo responder a la emergencia humanitaria en Venezuela

Los números cuentan la desalentadora historia de una Venezuela que continúa deslizándose hacia la debacle socioeconómica. Con 1,6 millones de personas huyendo del país desde 2015, los donantes internacionales deben intensificar su ayuda a los países vecinos, mientras que las partes interesadas afinan la presión para una apertura política en Caracas y se preparan para el peor de los escenarios. 

La celebración por parte de Colombia de una reunión sobre Venezuela el 25 de septiembre constituye una importante oportunidad para llamar la atención sobre la gravedad de la crisis en el país, el sufrimiento de su gente y la carga que impone en sus vecinos. Es también una oportunidad para acordar las líneas generales de una respuesta política y humanitaria. La reunión debería enfocarse en alcanzar un consenso internacional sobre cómo abordar la migración masiva de venezolanos, cómo impulsar al gobierno hacia un compromiso político y cómo prepararse para los cambios repentinos producidos por la profundización de la crisis del país.

Los hechos y los números cuentan la historia. La economía venezolana se ha reducido prácticamente a la mitad desde que el Presidente Nicolás Maduro llegó al poder en 2013, principalmente debido a malos manejos económicos y el posterior colapso en la producción del petróleo. A finales de 2017, la economía entró en una espiral hiperinflacionaria, con los precios aumentando actualmente en un 200 por ciento por mes. Dependiente de las importaciones y a falta de una divisa fuerte, el país enfrenta una aguda escasez de alimentos, medicamentos y otros bienes vitales. Muchos medicamentos esenciales han desaparecido de las farmacias, mientras que otros registran una escasez del 85-90 por ciento. El servicio público de salud ha colapsado, mientras que el suministro de servicios públicos como agua, electricidad y gas sufre de unas interrupciones prolongadas. Pese a que enfermedades como la malaria, sarampión, difteria y tuberculosis se encontraban prácticamente erradicadas, epidemias de éstas actualmente afectan a partes extendidas del país y amenazan con expandirse a los países vecinos.

Hasta el 90 por ciento de los venezolanos viven en la pobreza y más de un tercio no tiene los medios para comer tres veces al día. Miles buscan su comida en la basura. En los últimos tres años, de acuerdo a cifras de la Organización Internacional para la Migraciones, casi 1,6 millones han huido del país, desencadenando una enorme crisis humanitaria y ejerciendo una aguda presión en los servicios sociales y mercado laborales de los países receptores, especialmente Colombia, Ecuador y Perú, así como en Roraima, un estado al norte de Brasil.

Mientras tanto, el gobierno venezolano se encuentra en un estado de total negación. Dice que la crisis es una invención de los medios extranjeros, culpa a las sanciones financieras impuestas por EE.UU. en agosto de 2017 por la escasez y se rehúsa a permitir la entrada de ayuda humanitaria.

El país está también envuelto en una crisis política. En las elecciones de 2016, la oposición tomó el control de la Asamblea Nacional, pero desde entonces el gobierno ha bloqueado sus esfuerzos de alcanzar un cambio político pacífico. El gobierno ha aprovechado su control sobre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial para reprimir las protestas y encarcelar, exiliar o vetar a los opositores. La mayoría de la oposición boicoteó las elecciones presidenciales del 20 de mayo y el resultado de éstas fue rechazado por los EE.UU. la Unión Europea y los catorce países latinoamericanos y del Caribe que pertenecen al Grupo de Lima, cuyos líderes apoyaron las negociaciones entre el gobierno y la oposición hasta enero de este año.

Tres estrategias a seguir son:

  • Medidas inmediatas para hacer frente a las crisis migratoria y humanitaria: Aquellos países que están soportando el peso de la crisis migratoria necesitan apoyo adicional y urgente de los donantes. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que solamente Colombia necesita $1,6 mil millones al año para lidiar con el flujo migratorio desde Venezuela, mucho más que los cerca de $50 millones suministrados por los EE.UU. y la UE este año.  Este apoyo debe ser canalizado a través de mecanismos internacionales debidamente coordinados, incluyendo las oficinas del nuevo enviado de la ONU para la crisis migratoria venezolana, y recurrir a mecanismos de financiación mancomunada bajo la supervisión del Banco Mundial y el BID. A su vez, los países latinoamericanos que reciben venezolanos deberían asegurar que los migrantes tengan acceso a servicios públicos y a programas de integración social y económica. También deberían honrar las promesas realizadas en la reciente cumbre latinoamericana en Quito de no cerrar sus fronteras o pedir documentos de viaje imposibles de obtener a los migrantes, tal como Perú y Ecuador amenazaron con hacer en agosto. Los donantes extranjeros deberían fortalecer y apoyar a grupos de la sociedad civil que brinden ayuda humanitaria dentro de Venezuela, mientras que los países latinoamericanos y europeos, al igual que las organizaciones internacionales, deben continuar insistiendo ante el Presidente Maduro que esa ayuda no es una herramienta de influencia extranjera sino una manera de prevenir un sufrimiento humano mayor.
     
  • Presionar  el progreso político: Será necesario ejercer presión sobre el gobierno de Maduro para lograr cambios. Las sanciones pueden ser una de las herramientas. Mientras que EE.UU., Canadá, y la Unión Europea han impuesto algunas medidas restrictivas, sería más efectivo que los gobiernos latinoamericanos aplicarán sanciones específicas, como prohibición de viajes y congelamiento de activos, por ejemplo, a oficiales venezolanos de alto nivel. Estas sanciones deben combinarse con señales claras de que serán progresivamente levantadas en respuesta a los pasos que el gobierno realice para entablar negociaciones sustantivas con la oposición y relajar el hostigamiento a los líderes y partidos de la oposición. Las sanciones regionales casi no tienen precedentes y enviarían una señal más fuerte que las impuestas por América del Norte y la UE.

    Algunos pasos que deben evitarse incluyen sanciones que puedan ocasionar un mayor daño público al afectar a sectores estratégicos de la economía como es la industria petrolera (por ejemplo, al prohibir la exportación de petróleo venezolano a los EE.UU.) o infligir mayor sufrimiento a la población por otros medios. Lo mismo aplica para medidas más extremas. Durante las últimas semanas, han circulado rumores que sugieren que el presidente de EE.UU. se habría unido a algunas figuras en la oposición venezolana al contemplar  la idea de la intervención militar, una posición que también encontró un apoyo tácito en una reciente declaración pública del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. La solución a la crisis de Venezuela no está ni debe pasar por ese escenario, el cual, de realizarse, ciertamente resultaría desastroso, y el cual por el solo hecho de ser sugerido, sirve para reforzar la sensación de asedio del gobierno venezolano. Con la intervención militar se corre el riesgo de sumir al país en una mayor inestabilidad y conflictos de baja intensidad debido a la abundancia de armas ilegales y la presencia de grupos armados violentos no estatales, así como a la falta de consenso sobre quién debería dirigir un supuesto gobierno de transición.

    Solo una transición negociada, que probablemente implique alguna forma de garantía para altos funcionarios en el gobierno de Maduro, hacia la restauración de políticas de gobierno más inclusivas y representativas, la reintroducción de controles constitucionales y la estabilización de la economía, ofrece la esperanza de una solución viable y sostenible.

    China podría jugar un papel importante, dada su considerable influencia sobre Venezuela. Aunque continúa siendo cercano al gobierno de Maduro, sus intereses estarían mejor resguardados por una transición estable que respete sus inversiones y la deuda pendiente de pago de Venezuela con Beijing, estimada en $ 20 mil millones.
     
  • Preparación para el peor de los escenarios: Aun si siguen los dos caminos anteriores, los gobiernos latinoamericanos y otros socios internacionales deben estar preparados para ajustarse a un cambio político repentino en Caracas, probablemente como resultado de las tensiones entre las facciones del gobierno, que pueden llevar a un cambio en el liderazgo. La aparición de un liderazgo más conciliador en Venezuela brindaría una oportunidad a los poderes extranjeros de reanudar su compromiso con la negociación política y la estabilización económica. Por otro lado, una división más traumática o una ruptura en la coalición gobernante podrían exacerbar la crisis económica y humanitaria. En este caso, los países de la región y los donantes deben estar preparados para incrementar su ayuda a los vecinos afectados y presionar a los aliados de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU para que reconozcan la amenaza a la paz y la seguridad internacional que genera esta crisis.
The president of the National Assembly, Jorge Rodriguez (C-top) swears in the new authorities of the National Electoral Council (CNE), during a special session at the National Assembly, in Caracas. 4 May 2021. Federico PARRA / AFP

Venezuela: una oportunidad que no se puede desaprovechar

A series of gestures from Caracas suggests that President Nicolás Maduro’s government might be more willing to negotiate with rivals and enact partial reforms. Washington should respond in kind with phased sanctions relief and diplomatic gestures that can be reversed if Venezuela backslides.

El 4 de mayo, la Asamblea Nacional, el parlamento subordinado al ejecutivo, designó un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), en el cual dos de los cinco miembros principales son de la oposición. Éste es quizás el más significativo de una serie de gestos hechos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en las últimas dos semanas. Aunque nada sugiere que Maduro esté listo para hacer concesiones que puedan amenazar su permanencia en el poder, sus acciones recientes sí dan indicios de querer negociar y podrían ofrecen una rara oportunidad para atenuar una crisis que tiene a la economía venezolana de rodillas y provocó la peor emergencia humanitaria de América Latina. Para asegurar que esta oportunidad, aunque pequeña, no sea desaprovechada, son necesarios algunos actos recíprocos por parte de los poderes extranjeros que se oponen a Maduro. Washington está bien posicionado para hacer unos gestos recíprocos comparables, al ofrecer suspender algunas de las fuertes sanciones que ha impuesto e iniciando contactos diplomáticos de bajo perfil para evaluar las posibilidades de un mayor progreso. 

Estas acciones representan respuestas parciales a las demandas de EE. UU.

El nombramiento de los nuevos rectores del CNE fue precedido de otras acciones. El primero fue el 19 de abril, cuando Venezuela finalmente firmó el muy esperado acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en el cual le da acceso para que atienda la grave y creciente crisis de desnutrición infantil del país. El segundo ocurrió el 30 de abril, cuando el gobierno le concedió arresto domiciliario a seis ejecutivos petroleros de la corporación Citgo con sede en Houston, cinco de los cuales tienen ciudadanía estadounidense. Un día después, el fiscal general del país, Tarek William Saab, tomó el tercer paso al anunciar la imputación de cargos a tres oficiales de bajo rango, acusados de estar involucrados en tres asesinatos políticos de alto perfil en los que el gobierno había negado hasta ahora tener cualquier responsabilidad. Estas acciones representan respuestas parciales a las demandas de EE. UU. y otros aliados internacionales del movimiento de oposición liderado por el expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien desde 2019 ha reclamado la “presidencia interina” del país. 

Los cambios en el CNE han sido la concesión más importante hasta ahora. La dominación chavista del Consejo ha sido crucial en la campaña gubernamental para eliminar cualquier amenaza electoral. Fue lo que en últimas llevó al enfrentamiento con Guaidó y ocasionó el exilio de muchas otras figuras de la oposición. Los partidos de la oposición en su mayoría boicotearon las elecciones parlamentarias de comienzos de diciembre de 2020, al igual que las elecciones presidenciales de 2018, y el pequeño número de partidos que sí participó (algunos de ellos esencialmente apéndices del gobierno) obtuvieron solo veinte de los 277 escaños en la Asamblea. Aún hoy en día las condiciones para que la oposición participe son prácticamente imposibles. Incluso con la designación de los nuevos rectores, el campo de juego electoral se mantiene fuertemente sesgado a favor de Maduro. A pesar de esto, permitir la designación de una autoridad electoral más equilibrada marca un paso tentativo hacia el restablecimiento de la contienda política. 

Una mayor representación de la oposición en el CNE puede traer beneficios para Maduro. En primer lugar, las elecciones de este año, previstas para diciembre, son locales y regionales, por lo que el presidente tiene menos en juego. También puede presentar el acuerdo del CNE a sus propios partidarios como un reconocimiento de la oposición de las instituciones del gobierno y como estrategia para reducir el aislamiento internacional. 

Las noticias del reformado consejo electoral han dividido las filas de la oposición. Incluso antes de que Maduro anunciara la nueva composición del CNE, la alianza encabezada por Guaidó ya la había rechazado por ilegítima. Su postura no ha cambiado desde entonces, incluso a pesar de las sólidas credenciales de los dos nuevos rectores de la oposición. Uno es un político experimentado y exvicepresidente de la Asamblea, el otro un ingeniero de sistemas cuyo papel como experto en elecciones de la oposición fue tan importante que estuvo encarcelado por seis meses en 2017. La alianza de la oposición sostiene que el parlamento liderado por Guaidó, del cual algunos integrantes continúan reuniéndose, es el único órgano facultado para designar un nuevo CNE. El propio Guaidó, quien es reconocido por Washington como el presidente legítimo del país, condenó la designación en Twitter, diciendo que tendrá como consecuencia “arrastrar a Venezuela a un desastre mayor”. 

Otros tienen una opinión diferente. El más prominente es Henrique Capriles, quien ha sido dos veces candidato presidencial y quien antes de las elecciones de diciembre adelantó algunos esfuerzos infructuosos, respaldados por la Unión Europea (UE), para negociar condiciones que le permitieran a su partido participar. Junto con otros políticos de la oposición, algunos de los cuales prefieren por ahora permanecer en el anonimato, rechazan el enfoque de “todo o nada” de Guaidó y su partido, Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López desde el exilio y que ha promovido sin éxito la salida inmediata de Maduro. El apoyo al nuevo consejo electoral también es fuerte entre los políticos regionales y municipales y los militantes de los partidos, en especial los de estados y municipios controlados por la oposición, que temen caer en el olvido si se mantiene la política de boicotear las elecciones. Es un asunto que amenaza con dividir a varios partidos, e incluso podría llevar a una ruptura formal de la coalición opositora, lo que también favorecería al gobierno.

La sociedad civil venezolana, que emerge cada vez más como una fuerza significativa y autónoma.

Otro elemento importante en esta compleja ecuación es la sociedad civil venezolana, que emerge cada vez más como una fuerza significativa y autónoma, comprometida con una solución negociada para la prolongada crisis política del país. Cuatro de los quince miembros del CNE designados el 4 de mayo (los cinco rectores principales más diez miembros reservistas) fueron postulados por organizaciones de la sociedad civil vinculadas al recientemente inaugurado Foro Cívico, que incluye organizaciones no gubernamentales, sindicatos, la principal cámara empresarial, organizaciones profesionales y religiosas, entre otras. El Foro ha jugado un papel no solo en las negociaciones sobre el CNE sino en impulsar un acuerdo entre el gobierno y la oposición para importar vacunas para el COVID-19, buscar reformas económicas y establecer mecanismos para atender la crisis humanitaria. En términos generales, los líderes del Foro apoyan un enfoque más conciliatorio, en línea con lo promovido por Capriles y que busca áreas en las que pueda tener una interlocución con el gobierno para aliviar el sufrimiento de los venezolanos de a pie.

Sin embargo, la respuesta de Washington es la más esperada. Durante la administración del presidente Trump, EE. UU. promovió una política de “máxima presión” hacia Venezuela, bajo el supuesto de que la presión externa, particularmente en forma de drásticas sanciones económicas y financieras, y el aislamiento diplomático obligarían al gobierno de Maduro a dimitir y permitir elecciones libres. Ese enfoque falló. El presidente Joe Biden asumió el cargo comprometido con una postura más pragmática, pero por varias razones relacionadas en gran medida con la necesidad de prestar atención a otros asuntos urgentes, en particular la pandemia y la migración en la frontera sur de los EE. UU., poco más allá de la retórica ha cambiado hasta el momento. Washington le ha exigido “medidas concretas” a Maduro para considerar relajar las sanciones, y ahora debe decidir si las medidas recientes ameritan una respuesta recíproca.

Hasta ahora, todos los pasos del gobierno venezolano son tácticas políticas, provisionales y reversibles; y, de nuevo, no crean en sí mismas condiciones para adelantar elecciones creíbles ni amenazan de alguna forma la permanencia de Maduro en el poder. Sobre la cuestión clave de las condiciones electorales, la presencia de la oposición en el nuevo CNE es solo un primer paso, aunque uno prometedor. Se necesita mucho más. Los partidos de oposición, por ejemplo, la mayoría de los cuales tiene prohibido participar en elecciones y algunos de los cuales han visto sus nombres y activos transferidos a facciones minoritarias partidarias del gobierno, deben ser legalizados. Debe realizarse una auditoría exhaustiva del censo electoral. Más importante aún, el gobierno de Maduro tendrá además que reducir su aparato de represión estatal si desea convencer a EE. UU., la UE y a sus vecinos regionales de su buena fe.

Sin embargo, dado el estancamiento de la situación política de Venezuela y el terrible sufrimiento humanitario del país, las potencias extranjeras deberían responder y tratar de alentar cualquier señal de cambio. Crisis Group ha abogado por un levantamiento inmediato e incondicional de las sanciones que generan daños humanitarios, al igual que por un levantamiento progresivo de otras medidas punitivas en respuesta al restablecimiento gradual de los derechos civiles y políticos. La necesidad humanitaria más obvia y urgente es la restauración de permisos que le permitan a Venezuela intercambiar petróleo crudo por diésel, del cual hay una escasez crítica. El diésel es vital, entre otras cosas, para la producción y distribución de alimentos. Además, los EE.UU. pueden considerar renovar las licencias y levantar las sanciones que prohíben hoy en día ciertas actividades por parte de compañías petroleras estadounidenses y de otros países, con el entendimiento que estos pasos serán reversados si Caracas no toma más acciones en ese sentido. 

También es importante que Washington y Caracas establezcan canales de comunicación, ya sea directos o a través de terceros confiables, para que ambas partes puedan interpretar correctamente los movimientos de la otra. Habrá un costo político para la administración de Biden por cualquier medida que relaje la presión sobre Maduro, sin una ganancia inmediata probable. Existe una renuencia natural, y quizás creciente, por parte de los políticos de EE.UU. a provocar la hostilidad del lobby venezolano en su país. El gobierno de Maduro tendrá que entender eso, al igual que Washington tendrá que ser consciente de la dificultad que Maduro puede tener para promover cualquier acercamiento ante su propia coalición. Tener contacto le permitiría a cada parte sondear su camino con más confianza.

Lo peor que EE. UU. podría hacer en este momento es quedarse quieto y esperar más concesiones sin una acción correspondiente de su parte.

Lo peor que EE. UU. podría hacer en este momento es quedarse quieto y esperar más concesiones sin una acción correspondiente de su parte. Eso fortalecería a aquellos en el gobierno venezolano que argumentan que por mucho que concedan, Washington solo está interesado en derrocar a Maduro. Puede que el presidente venezolano no tenga intención de ir más allá, pero la única forma de averiguarlo es involucrarse en un proceso de cambio gradual y recíproco. La pelota está en la cancha de Washington.