icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
Venezuela: una oportunidad que no se puede desaprovechar
Venezuela: una oportunidad que no se puede desaprovechar
Briefing 31 / Latin America & Caribbean

Venezuela: inercia peligrosa

Panorama General

Tras varios meses de violentos enfrentamientos entre manifestantes de la oposición, fuerzas de seguridad y civiles armados que dejaron un saldo de más de 40 muertos, las calles de las principales ciudades de Venezuela vuelven a estar relativamente tranquilas. La oposición exige la liberación de docenas de activistas encarcelados durante los disturbios, y el cese de la amenaza de enjuicimianto para más de 2.000. No se han abordado las causas subyacentes, ni se han escuchado los llamados a restaurar la autonomía e independencia del sistema judicial y otras instituciones clave. El nivel de vida continúa deteriorándose debido a la recesión económica; el crimen y la violenciua continúan batiendo records, y los conflictos laborales y las protestas por la mala calidad de los servicios públicos reciben a menudo un trato muy severo. Se necesita un mayor esfuerzo internacional para volver a llevar a las partes a la mesa de negociación, y es probable que tarde o temprano la alternativa al diálogo sean nuevos brotes de violencia.

Las negociaciones entre el gobierno y los líderes de la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), facilitadas por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el Vaticano, se suspendieron en mayo de 2014, cuando la MUD anunció que había decidido “congelar” su participación, citando la represión de las protestas estudiantiles. Las divisiones internas a las que se enfrentan la MUD –cuyo secretario ejecutivo y secretario ejecutivo adjunto dimitieron recientemente– y el partido gobernante, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), han tornado aún más complicado volver a llevar a las partes a la mesa de negociación. Los ministros de relaciones exteriores  de UNASUR encargados de acompañar el proceso (de Brasil, Colombia y Ecuador) no han mantenido reuniones formales con las partes desde poco después de la suspensión de las negociaciones.

Sigue siendo importante que la comunidad internacional juegue un papel en facilitar el diálogo político, y sugiera vías para llegar a acuerdos sobre las cuestiones pendientes. El reciente nombramiento de un nuevo secretario general de la UNASUR debería dar un nuevo impulso al proceso. Por su parte, esta organización regional se beneficiaría enormemente del apoyo técnico y político del sistema de Naciones Unidas, que cuenta con mucha más experiencia en el asesoramiento sobre políticas públicas y reformas legales y ya brindó su apoyo a Venezuela en 2002. Inicialmente, esta ayuda podría centrarse, por ejemplo, en reforzar la capacidad de la UNASUR para producir análisis y recomendaciones sobre políticas, y más adelante en ayudar a diseñar un marco creíble para las negociaciones. Esto beneficiaría a ambas partes, y a la sociedad venezolana en general. La oposición requiere claramente de un observador imparcial que sea capaz de ofrecer garantías, mientras que al gobierno le convendría incorporar a actores internacionales creíbles, como la UNASUR, a las negociaciones para conseguir más apoyo en algunas de las difíciles decisiones a las que se enfrenta.

La más urgente de las tareas pendientes es terminar de nombrar a miembros respetados e independientes en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y otros organismos constitucionales autónomos del  estado – un proceso que recibió un impulso en la primera ronda de negociaciones, pero que ahora amenaza con estancarse. Con el deterioro de la popularidad del gobierno a raíz de la crisis, la necesidad de contar con instituciones autónomas capaces de cumplir sus mandatos constitucionales es cada vez más crítica.

Como ha sostenido Crisis Group desde mayo, la comunidad internacional –en particular UNASUR, pero también el sistema de Naciones Unidas– debe:

  • presionar a ambas partes para que acuerden un cronograma conciso y viable, y un mecanismo confiable, para nombrar a nuevos miembros de las principales instituciones del Estado de Derecho;
     
  • instar al gobierno a liberar a las personas detenidas por su participación en manifestaciones políticas no violentas;
     
  • llamar a la oposición a reafirmar y cumplir su compromiso de recurrir exclusivamente a vías constitucionales; y
     
  • redoblar, a través de la UNASUR y con la ayuda del sistema de Naciones Unidas, los esfuerzos para ayudar a Venezuela a superar su actual polarización en aras de promover la democracia, los derechos humanos y la estabilidad en un país aún sumido en la crisis.

Caracas/Bogota/Bruselas, 23 de septiembre de 2014

The president of the National Assembly, Jorge Rodriguez (C-top) swears in the new authorities of the National Electoral Council (CNE), during a special session at the National Assembly, in Caracas. 4 May 2021. Federico PARRA / AFP

Venezuela: una oportunidad que no se puede desaprovechar

A series of gestures from Caracas suggests that President Nicolás Maduro’s government might be more willing to negotiate with rivals and enact partial reforms. Washington should respond in kind with phased sanctions relief and diplomatic gestures that can be reversed if Venezuela backslides.

El 4 de mayo, la Asamblea Nacional, el parlamento subordinado al ejecutivo, designó un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), en el cual dos de los cinco miembros principales son de la oposición. Éste es quizás el más significativo de una serie de gestos hechos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en las últimas dos semanas. Aunque nada sugiere que Maduro esté listo para hacer concesiones que puedan amenazar su permanencia en el poder, sus acciones recientes sí dan indicios de querer negociar y podrían ofrecen una rara oportunidad para atenuar una crisis que tiene a la economía venezolana de rodillas y provocó la peor emergencia humanitaria de América Latina. Para asegurar que esta oportunidad, aunque pequeña, no sea desaprovechada, son necesarios algunos actos recíprocos por parte de los poderes extranjeros que se oponen a Maduro. Washington está bien posicionado para hacer unos gestos recíprocos comparables, al ofrecer suspender algunas de las fuertes sanciones que ha impuesto e iniciando contactos diplomáticos de bajo perfil para evaluar las posibilidades de un mayor progreso. 

Estas acciones representan respuestas parciales a las demandas de EE. UU.

El nombramiento de los nuevos rectores del CNE fue precedido de otras acciones. El primero fue el 19 de abril, cuando Venezuela finalmente firmó el muy esperado acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en el cual le da acceso para que atienda la grave y creciente crisis de desnutrición infantil del país. El segundo ocurrió el 30 de abril, cuando el gobierno le concedió arresto domiciliario a seis ejecutivos petroleros de la corporación Citgo con sede en Houston, cinco de los cuales tienen ciudadanía estadounidense. Un día después, el fiscal general del país, Tarek William Saab, tomó el tercer paso al anunciar la imputación de cargos a tres oficiales de bajo rango, acusados de estar involucrados en tres asesinatos políticos de alto perfil en los que el gobierno había negado hasta ahora tener cualquier responsabilidad. Estas acciones representan respuestas parciales a las demandas de EE. UU. y otros aliados internacionales del movimiento de oposición liderado por el expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien desde 2019 ha reclamado la “presidencia interina” del país. 

Los cambios en el CNE han sido la concesión más importante hasta ahora. La dominación chavista del Consejo ha sido crucial en la campaña gubernamental para eliminar cualquier amenaza electoral. Fue lo que en últimas llevó al enfrentamiento con Guaidó y ocasionó el exilio de muchas otras figuras de la oposición. Los partidos de la oposición en su mayoría boicotearon las elecciones parlamentarias de comienzos de diciembre de 2020, al igual que las elecciones presidenciales de 2018, y el pequeño número de partidos que sí participó (algunos de ellos esencialmente apéndices del gobierno) obtuvieron solo veinte de los 277 escaños en la Asamblea. Aún hoy en día las condiciones para que la oposición participe son prácticamente imposibles. Incluso con la designación de los nuevos rectores, el campo de juego electoral se mantiene fuertemente sesgado a favor de Maduro. A pesar de esto, permitir la designación de una autoridad electoral más equilibrada marca un paso tentativo hacia el restablecimiento de la contienda política. 

Una mayor representación de la oposición en el CNE puede traer beneficios para Maduro. En primer lugar, las elecciones de este año, previstas para diciembre, son locales y regionales, por lo que el presidente tiene menos en juego. También puede presentar el acuerdo del CNE a sus propios partidarios como un reconocimiento de la oposición de las instituciones del gobierno y como estrategia para reducir el aislamiento internacional. 

Las noticias del reformado consejo electoral han dividido las filas de la oposición. Incluso antes de que Maduro anunciara la nueva composición del CNE, la alianza encabezada por Guaidó ya la había rechazado por ilegítima. Su postura no ha cambiado desde entonces, incluso a pesar de las sólidas credenciales de los dos nuevos rectores de la oposición. Uno es un político experimentado y exvicepresidente de la Asamblea, el otro un ingeniero de sistemas cuyo papel como experto en elecciones de la oposición fue tan importante que estuvo encarcelado por seis meses en 2017. La alianza de la oposición sostiene que el parlamento liderado por Guaidó, del cual algunos integrantes continúan reuniéndose, es el único órgano facultado para designar un nuevo CNE. El propio Guaidó, quien es reconocido por Washington como el presidente legítimo del país, condenó la designación en Twitter, diciendo que tendrá como consecuencia “arrastrar a Venezuela a un desastre mayor”. 

Otros tienen una opinión diferente. El más prominente es Henrique Capriles, quien ha sido dos veces candidato presidencial y quien antes de las elecciones de diciembre adelantó algunos esfuerzos infructuosos, respaldados por la Unión Europea (UE), para negociar condiciones que le permitieran a su partido participar. Junto con otros políticos de la oposición, algunos de los cuales prefieren por ahora permanecer en el anonimato, rechazan el enfoque de “todo o nada” de Guaidó y su partido, Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López desde el exilio y que ha promovido sin éxito la salida inmediata de Maduro. El apoyo al nuevo consejo electoral también es fuerte entre los políticos regionales y municipales y los militantes de los partidos, en especial los de estados y municipios controlados por la oposición, que temen caer en el olvido si se mantiene la política de boicotear las elecciones. Es un asunto que amenaza con dividir a varios partidos, e incluso podría llevar a una ruptura formal de la coalición opositora, lo que también favorecería al gobierno.

La sociedad civil venezolana, que emerge cada vez más como una fuerza significativa y autónoma.

Otro elemento importante en esta compleja ecuación es la sociedad civil venezolana, que emerge cada vez más como una fuerza significativa y autónoma, comprometida con una solución negociada para la prolongada crisis política del país. Cuatro de los quince miembros del CNE designados el 4 de mayo (los cinco rectores principales más diez miembros reservistas) fueron postulados por organizaciones de la sociedad civil vinculadas al recientemente inaugurado Foro Cívico, que incluye organizaciones no gubernamentales, sindicatos, la principal cámara empresarial, organizaciones profesionales y religiosas, entre otras. El Foro ha jugado un papel no solo en las negociaciones sobre el CNE sino en impulsar un acuerdo entre el gobierno y la oposición para importar vacunas para el COVID-19, buscar reformas económicas y establecer mecanismos para atender la crisis humanitaria. En términos generales, los líderes del Foro apoyan un enfoque más conciliatorio, en línea con lo promovido por Capriles y que busca áreas en las que pueda tener una interlocución con el gobierno para aliviar el sufrimiento de los venezolanos de a pie.

Sin embargo, la respuesta de Washington es la más esperada. Durante la administración del presidente Trump, EE. UU. promovió una política de “máxima presión” hacia Venezuela, bajo el supuesto de que la presión externa, particularmente en forma de drásticas sanciones económicas y financieras, y el aislamiento diplomático obligarían al gobierno de Maduro a dimitir y permitir elecciones libres. Ese enfoque falló. El presidente Joe Biden asumió el cargo comprometido con una postura más pragmática, pero por varias razones relacionadas en gran medida con la necesidad de prestar atención a otros asuntos urgentes, en particular la pandemia y la migración en la frontera sur de los EE. UU., poco más allá de la retórica ha cambiado hasta el momento. Washington le ha exigido “medidas concretas” a Maduro para considerar relajar las sanciones, y ahora debe decidir si las medidas recientes ameritan una respuesta recíproca.

Hasta ahora, todos los pasos del gobierno venezolano son tácticas políticas, provisionales y reversibles; y, de nuevo, no crean en sí mismas condiciones para adelantar elecciones creíbles ni amenazan de alguna forma la permanencia de Maduro en el poder. Sobre la cuestión clave de las condiciones electorales, la presencia de la oposición en el nuevo CNE es solo un primer paso, aunque uno prometedor. Se necesita mucho más. Los partidos de oposición, por ejemplo, la mayoría de los cuales tiene prohibido participar en elecciones y algunos de los cuales han visto sus nombres y activos transferidos a facciones minoritarias partidarias del gobierno, deben ser legalizados. Debe realizarse una auditoría exhaustiva del censo electoral. Más importante aún, el gobierno de Maduro tendrá además que reducir su aparato de represión estatal si desea convencer a EE. UU., la UE y a sus vecinos regionales de su buena fe.

Sin embargo, dado el estancamiento de la situación política de Venezuela y el terrible sufrimiento humanitario del país, las potencias extranjeras deberían responder y tratar de alentar cualquier señal de cambio. Crisis Group ha abogado por un levantamiento inmediato e incondicional de las sanciones que generan daños humanitarios, al igual que por un levantamiento progresivo de otras medidas punitivas en respuesta al restablecimiento gradual de los derechos civiles y políticos. La necesidad humanitaria más obvia y urgente es la restauración de permisos que le permitan a Venezuela intercambiar petróleo crudo por diésel, del cual hay una escasez crítica. El diésel es vital, entre otras cosas, para la producción y distribución de alimentos. Además, los EE.UU. pueden considerar renovar las licencias y levantar las sanciones que prohíben hoy en día ciertas actividades por parte de compañías petroleras estadounidenses y de otros países, con el entendimiento que estos pasos serán reversados si Caracas no toma más acciones en ese sentido. 

También es importante que Washington y Caracas establezcan canales de comunicación, ya sea directos o a través de terceros confiables, para que ambas partes puedan interpretar correctamente los movimientos de la otra. Habrá un costo político para la administración de Biden por cualquier medida que relaje la presión sobre Maduro, sin una ganancia inmediata probable. Existe una renuencia natural, y quizás creciente, por parte de los políticos de EE.UU. a provocar la hostilidad del lobby venezolano en su país. El gobierno de Maduro tendrá que entender eso, al igual que Washington tendrá que ser consciente de la dificultad que Maduro puede tener para promover cualquier acercamiento ante su propia coalición. Tener contacto le permitiría a cada parte sondear su camino con más confianza.

Lo peor que EE. UU. podría hacer en este momento es quedarse quieto y esperar más concesiones sin una acción correspondiente de su parte.

Lo peor que EE. UU. podría hacer en este momento es quedarse quieto y esperar más concesiones sin una acción correspondiente de su parte. Eso fortalecería a aquellos en el gobierno venezolano que argumentan que por mucho que concedan, Washington solo está interesado en derrocar a Maduro. Puede que el presidente venezolano no tenga intención de ir más allá, pero la única forma de averiguarlo es involucrarse en un proceso de cambio gradual y recíproco. La pelota está en la cancha de Washington.