Briefing / Latin America & Caribbean 23 Septiembre 2014 2 minutes

Venezuela: inercia peligrosa

Panorama General

Tras varios meses de violentos enfrentamientos entre manifestantes de la oposición, fuerzas de seguridad y civiles armados que dejaron un saldo de más de 40 muertos, las calles de las principales ciudades de Venezuela vuelven a estar relativamente tranquilas. La oposición exige la liberación de docenas de activistas encarcelados durante los disturbios, y el cese de la amenaza de enjuicimianto para más de 2.000. No se han abordado las causas subyacentes, ni se han escuchado los llamados a restaurar la autonomía e independencia del sistema judicial y otras instituciones clave. El nivel de vida continúa deteriorándose debido a la recesión económica; el crimen y la violenciua continúan batiendo records, y los conflictos laborales y las protestas por la mala calidad de los servicios públicos reciben a menudo un trato muy severo. Se necesita un mayor esfuerzo internacional para volver a llevar a las partes a la mesa de negociación, y es probable que tarde o temprano la alternativa al diálogo sean nuevos brotes de violencia.

Las negociaciones entre el gobierno y los líderes de la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), facilitadas por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el Vaticano, se suspendieron en mayo de 2014, cuando la MUD anunció que había decidido “congelar” su participación, citando la represión de las protestas estudiantiles. Las divisiones internas a las que se enfrentan la MUD –cuyo secretario ejecutivo y secretario ejecutivo adjunto dimitieron recientemente– y el partido gobernante, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), han tornado aún más complicado volver a llevar a las partes a la mesa de negociación. Los ministros de relaciones exteriores de UNASUR encargados de acompañar el proceso (de Brasil, Colombia y Ecuador) no han mantenido reuniones formales con las partes desde poco después de la suspensión de las negociaciones.

Sigue siendo importante que la comunidad internacional juegue un papel en facilitar el diálogo político, y sugiera vías para llegar a acuerdos sobre las cuestiones pendientes. El reciente nombramiento de un nuevo secretario general de la UNASUR debería dar un nuevo impulso al proceso. Por su parte, esta organización regional se beneficiaría enormemente del apoyo técnico y político del sistema de Naciones Unidas, que cuenta con mucha más experiencia en el asesoramiento sobre políticas públicas y reformas legales y ya brindó su apoyo a Venezuela en 2002. Inicialmente, esta ayuda podría centrarse, por ejemplo, en reforzar la capacidad de la UNASUR para producir análisis y recomendaciones sobre políticas, y más adelante en ayudar a diseñar un marco creíble para las negociaciones. Esto beneficiaría a ambas partes, y a la sociedad venezolana en general. La oposición requiere claramente de un observador imparcial que sea capaz de ofrecer garantías, mientras que al gobierno le convendría incorporar a actores internacionales creíbles, como la UNASUR, a las negociaciones para conseguir más apoyo en algunas de las difíciles decisiones a las que se enfrenta.

La más urgente de las tareas pendientes es terminar de nombrar a miembros respetados e independientes en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y otros organismos constitucionales autónomos del estado – un proceso que recibió un impulso en la primera ronda de negociaciones, pero que ahora amenaza con estancarse. Con el deterioro de la popularidad del gobierno a raíz de la crisis, la necesidad de contar con instituciones autónomas capaces de cumplir sus mandatos constitucionales es cada vez más crítica.

Como ha sostenido Crisis Group desde mayo, la comunidad internacional –en particular UNASUR, pero también el sistema de Naciones Unidas– debe:

presionar a ambas partes para que acuerden un cronograma conciso y viable, y un mecanismo confiable, para nombrar a nuevos miembros de las principales instituciones del Estado de Derecho;
instar al gobierno a liberar a las personas detenidas por su participación en manifestaciones políticas no violentas;
llamar a la oposición a reafirmar y cumplir su compromiso de recurrir exclusivamente a vías constitucionales; y
redoblar, a través de la UNASUR y con la ayuda del sistema de Naciones Unidas, los esfuerzos para ayudar a Venezuela a superar su actual polarización en aras de promover la democracia, los derechos humanos y la estabilidad en un país aún sumido en la crisis.

Caracas/Bogota/Bruselas, 23 de septiembre de 2014

I. Overview

The streets of Venezuela’s major cities are now largely calm, following several months of violent clashes between opposition demonstrators, security forces and civilian gunmen that left more than 40 dead. The crisis, however, is not over. The opposition is demanding freedom for several dozen activists jailed during the unrest and an end to the threat of prosecution against more than 2,000. The underlying causes have not been addressed, and calls to restore autonomy and independence to the justice system and other key institutions have not been heeded. Living standards continue to decline due to economic recession; violent crime remains at record levels, and labour unrest and protests over poor-quality public services are often dealt with harshly. Greater international efforts are required to bring the sides back to the negotiating table, since the alternative to dialogue is likely to be further violence sooner or later.

Talks between the government and leaders of the opposition Democratic Unity (MUD) alliance, facilitated by the Union of South American Nations (UNASUR) and the Vatican broke down in May 2014, when the MUD announced a “freeze” on its participation, citing repression of student protesters. The internal dissent faced by the MUD – whose executive secretary and deputy executive secretary recently resigned – and the ruling United Socialist Party of Venezuela (PSUV) has further complicated returning the parties to negotiations. The UNASUR foreign ministers charged with accompanying the process (from Brazil, Colombia and Ecuador) have not formally met with them since shortly after the talks broke down.

It remains important for the international community to play a role in facilitating the political dialogue and to suggest avenues for agreement on pending tasks. The recent appointment of a new UNASUR Secretary General should provide a renewed impetus. Furthermore, this regional organisation would greatly benefit from technical and political support from the UN system, which has much greater experience of advising on public policies and legal reforms, as it did in Venezuela in 2002. This assistance might initially focus, for example, on reinforcing the capacity of UNASUR to produce analysis and policy recommendations and, at a later stage, on helping to design a credible framework for talks. Both sides, as well as Venezuelan society at large, would benefit. The opposition clearly requires an impartial observer, able to offer reassurances, while the government would benefit by bringing in credible external actors, such as UNASUR, to bolster it in some of the difficult decisions it faces.

The most urgent of the pending tasks is to complete the appointment of respected, independent figures to the Supreme Court (TSJ), the electoral authority (CNE) and other constitutionally autonomous state bodies – a process that received a boost from the initial round of talks but now threatens to become bogged down. With the government’s popularity suffering in the crisis, the need for autonomous institutions capable of fulfilling their constitutional roles is becoming ever more critical.

As Crisis Group has argued since May, the international community – particularly UNASUR but including also the UN system – needs to:

press both sides to agree on a concise, viable timeframe and a trustworthy mechanism for appointing new members of the key rule-of-law institutions;
urge the government to release those detained for non-violent political protest;
call on the opposition to reassert and act on its commitment to resort exclusively to constitutional channels; and
redouble, through UNASUR and with the assistance of the UN system, efforts to help Venezuela move beyond its current polarisation in order to promote democracy, human rights and stability in a country still very much in crisis.

Caracas/Bogotá/Brussels, 23 September 2014