Briefing / Latin America & Caribbean 16 Mayo 2013 4 minutes

Venezuela: una casa dividida

Panorama general

La muerte del presidente Hugo Chávez, víctima de cáncer, el 5 de marzo, precipitó la celebración de elecciones apenas 40 días después, en las que el sucesor que él mismo designó, Nicolás Maduro, ganó por un margen de menos del 1,5% contra Henrique Capriles, de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Sin embargo, el estrecho margen y la impugnación de la votación crean dudas sobre la sostenibilidad del nuevo gobierno. Un país ya profundamente polarizado aparece ahora dividido en dos mitades casi idénticas y al parecer irreconciliables. Falta todavía aclarar la validez del resultado de los comicios y restaurar la independencia plena de las autoridades electorales, judiciales y demás instituciones fundamentales. No obstante, para abordar la crisis de gobernabilidad y lograr que Venezuela haga frente a los serios problemas económicos y sociales que padece, el diálogo nacional debe prevalecer sobre la confrontación y el consenso debe primar sobre la violencia partidista.

Con unas instituciones debilitadas por la política de cooptación a la que recurrió el gobierno de Chávez, es posible que, en últimas, la MUD no tenga muchas opciones prácticas a nivel jurídico interno, con lo cual, en opinión de la oposición, no tendría más remedio que adoptar una política de manifestaciones callejeras pacíficas y otras modalidades de presión política, incluido el llamado a la opinión pública internacional. Cuando el discurso político asume la forma de la protesta callejera en gran escala, siempre existe el riesgo de violencia. Ya ha habido varios muertos y numerosos heridos, a menudo en circunstancias confusas, hecho que el gobierno parece empeñado en explotar a fin de desacreditar a la oposición.

El vacío de poder que produjo la muerte de Chávez es una fuente potencial de inestabilidad. El régimen no puede reemplazar la autoridad personal del caudillo sobre su movimiento político, las fuerzas armadas y la burocracia estatal, por lo menos en el corto plazo. Este vacío es particularmente grave porque el país está al borde de una recesión económica, sufre de un enorme déficit del sector público, padece una creciente escasez de productos básicos y tiene una de las tasas de inflación más altas del mundo.

Un régimen político altamente personalizado ha sido reemplazado por una agrupación imprevisible de grupos e incluso de intereses particulares. Tanto el régimen como la oposición están pagando el costo de haber desmantelado elementos importantes propios de la democracia y del Estado de Derecho durante los últimos catorce años. Venezuela está insuficientemente preparada para la transición después de Chávez y necesita reconstruir con urgencia su tejido social y político. Es preciso centrar los esfuerzos inmediatos en impedir que la polarización extrema degenere en violencia política y en impulsar firmemente un entendimiento básico sobre la manera de coexistir sin Chávez.

Un comportamiento miope de cualquiera de las partes podría precipitar al país en una crisis económica y política de la cual sería muy difícil recuperarse. Es alentador observar que los líderes de la oposición han hecho hincapié en el uso de formas no violentas de disenso. También ha habido indicios de que algunos miembros del gobierno entienden la necesidad del diálogo y el consenso, aunque esto no se ha traducido todavía en acciones concretas. Lo ideal sería que Maduro nombrara a algunas figuras de la oposición en su gobierno, aunque para esto es necesario que quienes están en capacidad de lograrlo, de ambos lados, inicien desde ya el diálogo y promuevan el consenso.

La mayor parte de la comunidad internacional, en particular los socios regionales y vecinos, han tendido a mirar hacia otro lado cuando se trata de evaluar la democracia y la situación de derechos humanos en Venezuela. Esto tiene que cambiar. La inestabilidad podría, como mínimo, debilitar el consenso regional en torno a las normas democráticas. Las organizaciones multilaterales como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), y las potencias regionales, como Brasil, necesitan dejar en claro que no van a tolerar que se sigan menoscabando el Estado de Derecho y los valores democráticos.

Con el fin de impedir el aumento imprevisible de la polarización y la violencia política:

El gobierno y la oposición deben expresar el compromiso público de utilizar medios pacíficos para solucionar la crisis política, advirtiendo a sus partidarios que la violencia –y la retórica de confrontación que podría incitar su uso– no están permitidas, y que quienes recurran a ella serán sancionados plenamente de acuerdo a la ley.
El gobierno debe reconocer que la marcada división del electorado requiere la construcción de un consenso antes que una agenda partidista. Debe tender puentes que conduzcan al diálogo con la oposición, el sector privado y la sociedad civil con el objeto de reducir las tensiones y encontrar un terreno común. La Iglesia católica, los socios regionales y la comunidad internacional en general deben apoyar este acercamiento y estar listos, si se les pide, a proporcionar mediación en el momento apropiado.
Para despejar el camino hacia el diálogo, se deben aclarar las dudas respecto a las elecciones. La sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia debe abordar plenamente y con transparencia todas las denuncias de violencia, intimidación e irregularidades, de ser necesario ordenando una nueva votación en los lugares donde tales incidentes arrojen dudas razonables sobre los resultados. El gobierno debe dejar en claro que apoya esas medidas y, en caso de que se tomen, todas las partes deben reconocer de inmediato la validez de los comicios.
El gobierno debe ofrecer garantías para el ejercicio legítimo del derecho de protesta y de libertad de expresión, absteniéndose de lanzar amenazas e instaurar procesos legales contra los medios de comunicación independientes, y de tomar represalia contra los funcionarios públicos sospechosos de ser simpatizantes de la oposición. Además, las fuerzas armadas deben actuar conforme a la Constitución, que prohíbe su participación en la política partidista.
La comunidad internacional, en especial los vecinos como Brasil, así como la OEA y UNASUR deben alentar una solución pacífica de la crisis política y ofrecerse como facilitadores y mediadores.

Nada de esto será fácil, en gran parte porque existe una peligrosa brecha entre la insistencia del régimen de que la oposición debe primero reconocer los resultados de las elecciones como condición previa para aceptarla como una fuerza política con la cual negociar y la insistencia entendible de la oposición de que solo puede aceptar los resultados luego de una revisión plena y transparente que demuestre que ninguna de las irregularidades denunciadas alteró el resultado definitivo. A fin de evitar lo peor, los moderados (o pragmáticos) de ambos lados necesitan encontrar una vía para cerrar esa brecha.

Caracas/Bogotá/Bruselas, 16 de mayo de 2013

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I. Overview

The death from cancer on 5 March of President Hugo Chávez triggered a snap presidential election just 40 days later that his anointed successor, Nicolás Maduro, won by a margin of less than 1.5 per cent over Henrique Capriles of the Democratic Unity (MUD) alliance. But the tight result and legal challenges to the validity of the vote cast a shadow over the sustainability of the new administration. A country already deeply polarised is now clearly divided into two almost equal halves that appear irreconcilable. The validity of the election result remains to be clarified and the full independence of the electoral authorities, judiciary, and other key institutions restored. But to address the governance crisis and allow Venezuela to tackle its serious economic and social problems, national dialogue must prevail over confrontation and consensus over partisan violence.

With institutions weakened by the Chávez government’s long-term policy of presidential co-optation, the MUD may ultimately have little practical recourse at the domestic legal level, leaving – it believes – few options but a policy of peaceful street demonstrations and other forms of political pressure, including appeal to international public opinion. When political discourse takes the form of large-scale street protest, there is always a risk of violence. There have already been several deaths and numerous injuries, often in confused circumstances, that the government seems keen to exploit so as to discredit the opposition.

The power vacuum produced by Chávez’s death is a fundamental source of potential instability. His personal authority over his movement, the armed forces and the state bureaucracy is irreplaceable for the regime, certainly in the short term. This vacuum is particularly grave because the country is on the brink of a recession, has a large public-sector deficit and suffers from a growing scarcity of basic goods and one of the world’s highest inflation rates.

An extremely personalised political regime has been replaced by an unpredictable collection of group and even individual interests. The costs of having dismantled important elements of democracy and the rule of law over the past fourteen years are being paid by both the regime and the political opposition. Venezuela is ill-prepared for the post-Chávez transition and urgently needs to reconstruct its social and political fabric. The immediate efforts need to focus on avoiding escalation of extreme polarisation into political violence, complemented by a strong push for a basic understanding on how to coexist without Chávez.

Short-sighted behaviour by either side could propel the country into a political and economic crisis from which it would be difficult to recover. It is encouraging that the opposition leadership has emphasised non-violent forms of dissent. There have also been indications from the government that some of its members understand the need for dialogue and consensus, though this has not yet been followed by corresponding actions. Ideally Maduro would appoint some opposition figures to his government, but at the very least those in position to do so on both sides need to initiate dialogue and consensus building now.

Most of the international community, particularly regional partners and neighbours, have tended to look the other way when assessing democracy and human rights in Venezuela. This must change. Instability would at the least further undermine the regional consensus on democratic norms. Multilateral organisations, such as the Union of South American Nations (UNASUR) and the Organisation of American States (OAS), and regional powers, such as Brazil, need to make clear that they will not tolerate further destruction of the rule of law and democratic values.

To avoid unpredictable escalation of the polarisation and political violence:

Government and opposition must express commitment publicly to peaceful means of resolving the political crisis, instructing followers that violence – and confrontational rhetoric that could incite violence – is not permissible, and those who engage in it will be treated in full accordance with the law.
The government should recognise that the sharp division of the electorate necessitates consensus building, not a partisan agenda. It should build bridges to the opposition, the private sector and civil society, conducting a dialogue to reduce tensions and find common ground. The Catholic Church, regional partners and the international community in general should support this approach and be ready, if asked, to provide mediation at an appropriate point.
To clear the way for dialogue, doubts surrounding the election must be clarified. The Supreme Court’s electoral chamber should deal fully and transparently with all complaints of violence, intimidation and irregularities, if necessary ordering a re-vote in centres where such incidents cast substantial doubt on the original. The government should make clear that it supports such measures, and, if they are taken, all sides should immediately recognise the election’s validity.
The government should provide guarantees for lawful exercise of the right to protest and freedom of expression, abstaining from threats and legal proceedings against the independent media and reprisals against public employees suspected of opposition sympathies; and the armed forces must act fully within the constitution, which prohibits their participation in partisan politics.
The international community, in particular neighbours such as Brazil, the OAS and UNASUR, should encourage a non-violent solution of the political crisis and offer themselves as facilitators and mediators.

None of this will be easy, not least because there is a potentially dangerous gulf between the regime’s insistence that the election result be recognised as a condition for accepting the opposition as a force with which to do business and the opposition’s understandable insistence that it can accept the election result only after a full and transparent review shows that any irregularities that occurred did not alter the final outcome. If the worst is to be avoided, the moderates (or pragmatists) on both sides need to find a way to bridge that chasm.

Caracas/Bogotá/Brussels, 16 May 2013