Briefing / Latin America & Caribbean 17 Abril 2002 3 minutes

Las elecciones parlamentarias del 10 de marzo en Colombia

Panorama General

El 10 de marzo de 2002, poco más de dos semanas después de la terminación del proceso de paz con la organización insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), los colombianos eligieron nueva Cámara de Representantes y Senado. A pesar de la creciente aprensión del electorado y del Gobierno acerca de la posible intervención violenta de las organizaciones guerrilleras y paramilitares, las elecciones se llevaron a cabo en ambiente de calma y orden relativos. En parte, esto se debió al despliegue, en gran escala, de fuerzas militares y de policía a lo largo y ancho del país con el fin de garantizar la seguridad de los votantes.

Colombia tiene una larga tradición electoral dominada por los Partidos Conservador y Liberal. La reforma constitucional de 1991 introdujo cambios formales importantes en el régimen electoral, como la elección de senadores por circunscripción nacional, regulaciones relativas a la financiación de partidos y campañas y el registro de candidatos. Sin embargo, estas medidas no lograron modificar las prácticas parlamentarias y estructuras políticas tradicionales. Todavía existen redes de mecenazgo, sobre todo a nivel departamental, y la representación en el Congreso es sesgada para favorecer los dos partidos tradicionales y los departamentos más densamente poblados. Aun cuando el espectro de las fuerzas políticas que participan en las elecciones se ha ampliado durante la década de los noventa, las elecciones del 10 de marzo muestran que los Partidos Liberal y Conservador continúan teniendo la fuerza para dominar el Congreso.

La novedad hoy en día tiene que ver con la escisión dentro del campo liberal, el relativo debilitamiento del Partido Conservador y el surgimiento de una cantidad de fuertes candidatos independientes. De un total de 102 escaños en el Senado, “los liberales oficialistas y disidentes” obtuvieron 28 y 27, respectivamente, seguidos por 13 y 12 obtenidos por “conservadores oficialistas y disidentes”.^[fn]Nótese que todos los resultados de las elecciones de marzo de 2002 presentados en este informe son preliminares, puesto que las cifras oficiales finales aún no han sido publicadas.Hide Footnote Sin embargo, la mayoría de los “grandes ganadores”, es decir, aquellos candidatos que obtuvieron el número más alto de votos, son independientes, como los izquierdistas Antonio Navarro Wolf y Carlos Gaviria, o Germán Vargas y quien fuera Ministro de Defensa, Rafael Pardo, seguidores del candidato “liberal disidente” a la Presidencia Álvaro Uribe Vélez. Parece que Uribe Vélez, quien claramente lidera las encuestas preelectorales, podrá contar con una gran mayoría en el Congreso si es elegido en la primera vuelta el 26 de mayo.^[fn]De acuerdo con las últimas encuestas preelectorales, Uribe Vélez va ganando con un 51 por ciento, seguido por el “liberal oficialista” Horacio Serpa con 29 por ciento. Cambio, 8-15 de abril de 2002, p. 23. Desde la adopción de la nueva Constitución en 1991, los candidatos presidenciales se han visto obligados a cortejar a los congresistas para obtener su apoyo en el período entre la primera y segunda vuelta. Teniendo en cuenta su liderazgo aparente, Uribe Vélez podría llegar a obtener la victoria en la primera vuelta y de este modo evitar esta práctica.Hide Footnote

En gran medida, las elecciones del 10 de marzo, efectivamente, no se salieron de lo usual. Esto es bueno y malo. Es alentador que la violencia y las amenazas hicieron poco para impedir el curso normal de los procesos democráticos en Colombia. Sin embargo, ni en la forma como los candidatos manejaron las elecciones ni en la respuesta de los votantes, se pudo detectar algo sustancial que hubiera apuntado a una nueva política del tipo que se podría esperar en medio de una emergencia nacional.

En efecto, es muy improbable que el nuevo Congreso tenga un impacto significativo en el problema más urgente de Colombia: la solución del conflicto armado interno de larga data. Las campañas electorales, históricamente, se han centrado en un candidato individual, que promete a sus votantes procurar el logro de sus intereses específicos y locales. Las de ahora no fueron diferentes. Solo unos pocos candidatos realizaron sus campañas sobre asuntos nacionales como la guerra y la paz y una amplia reforma política (por ejemplo una reforma radical del régimen electoral y del Congreso). La situación en que se encuentre el próximo Gobierno respecto a la paz y la guerra depende entonces de la elección presidencial, y frente al telón de los ataques de los insurgentes desde enero de 2002, la mayoría de los candidatos se han pronunciado fuertemente en favor de una política dura contra las FARC. La mayor influencia del poder legislativo en el futuro de la democracia colombiana, para bien o para mal, probablemente será determinada por el papel que eventualmente desempeñe en relación con las reformas profundas que requiere el sistema político, independientemente del curso que tome el conflicto armado. Pero este Congreso es, en gran medida, parte del viejo sistema.

Bogotá/Bruselas, 17 de abril de 2002

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I. Overview

On 10 March 2002, little more than two weeks after the end of the peace process with the insurgent Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC), Colombians elected a new House of Representatives and Senate. Despite heightened apprehension among the electorate and the government about violent interference by the guerrilla and paramilitary organisations, the polls took place in an atmosphere of relative calm and good order. In part this was due to the large-scale deployment of military and police forces across the country to guarantee voter security.

Colombia has a long electoral tradition dominated by two parties, Conservative and Liberal. The 1991 constitutional reform introduced important formal changes to the electoral regime, such as the nation-wide election of senators, regulations regarding party and campaign financing and the registration of candidates. However, these measures largely failed to modify traditional parliamentary practices and political structures. Patronage networks still exist on the departmental level, and representation in parliament is skewed to favour the two traditional parties and the most populous departments. Although the spectrum of political forces participating in elections has widened during the 1990s, the 10 March polls show that the Liberal and Conservative parties continue to have the strength to dominate parliament.

The novel situation today involves the split within the Liberal camp, the relative demise of the Conservative party and the rise of a number of strong independent candidates. Out of a total of 102 seats in the Senate, “official and dissident Liberals” obtained 28 and 27 respectively, followed by 13 and 12 won by “official and dissident Conservatives”.^[fn]Note that all results for the March 2002 elections presented in this briefing are preliminary since the final official figures have not yet been published.Hide Footnote However, most “big winners”, i.e. those candidates who obtained the highest number of votes, are independents such as left-wingers Antonio Navarro and Carlos Gaviria; or Germán Vargas and former Minister of Defence Rafael Pardo, who are close to the “dissident Liberal” presidential candidate Álvaro Uribe. It appears that Uribe, who clearly leads the pre-election polls, would be able to rely on a sound majority in parliament if elected in the first round on 26 May.^[fn]According to the latest pre-election polls, Uribe is leading with 51 per cent, followed by the “official Liberal” Horacio Serpa with 29 per cent. Cambio, 8-15 April 2002, p. 23. Since adoption of the new constitution in 1991, presidential candidates have been compelled to court parliamentarians for support in the period between the first and second rounds. Considering his apparent lead, Uribe might be able to score a first round victory and thus avoid this practice.Hide Footnote

Much about the 10 March elections was, in effect, business as usual. That is both good and bad. It is encouraging that violence and threats of violence did little to impede the normal flow of the country’s democratic processes. Neither in the way candidates approached the elections nor in voter response, however, was there much sense of new politics of the sort that a national emergency might be expected to evoke.

Indeed, the new parliament is unlikely to have a major direct impact on Colombia’s most pressing problem: solving the long-standing internal armed conflict. Electoral campaigns have historically been focused on the individual candidate, who promises his voters to tend to their specific, local interests. These were no different. Only a few candidates campaigned on national issues such as peace/war and comprehensive political reform (e.g. a radical overhaul of the electoral regime and parliament). The next government’s stance on peace or war thus depends on the presidential election, and against the backdrop of increased insurgent attacks since January 2002, the major candidates have all pronounced themselves strongly in favour of a tough policy vis-à-vis the FARC. The legislature's greater influence on the future of Colombian democracy, for good or ill, will probably be determined by the role it eventually plays with respect to the deep reforms the political system requires regardless of the immediate course of the armed conflict. But this is a parliament that is very much a part of the old system.

Bogotá/Brussels, 17 April 2002