¿Qué hay de nuevo? Los líderes sociales en Colombia enfrentan una creciente ola de ataques en su lucha por los derechos de las comunidades afectadas por el conflicto. La violencia dirigida contra estos activistas ha aumentado a pesar de los compromisos establecidos en el acuerdo de paz de 2016 para proteger a la sociedad civil. El COVID-19 ha exacerbado la inseguridad para estos líderes ya que grupos armados han explotado las restricciones a la movilidad para consolidar su control. 

¿Por qué importa? Los líderes sociales se encuentran entre los defensores más fervientes del acuerdo de paz y de las víctimas del conflicto. Los ataques en su contra debilitan el acuerdo de 2016 y a su base de apoyo popular, y dejan en evidencia las graves deficiencias del Estado para proteger a las comunidades de las acciones de los violentos. 

¿Qué se debería hacer? El gobierno debe garantizar que quienes lleven a cabo ataques enfrenten consecuencias judiciales y priorizar la seguridad de las comunidades, particularmente al ejecutar operaciones militares. Debería ampliar los programas de desmovilización para grupos armados, y a largo plazo, llevar a cabo reformas rurales para reducir el alcance de las economías ilícitas.

El acuerdo de paz de 2016 entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado colombiano prometía una nueva era, pero quienes están en la primera línea del conflicto continúan esperando su llegada. Activistas locales, comúnmente conocidos como líderes sociales, se han convertido en los promotores más fervientes del acuerdo, defendiendo los derechos humanos, el acceso a la tierra y el desarrollo económico en sus comunidades. Sin embargo, aunque el acuerdo les ofrece protección, muchos de estos líderes ahora viven con miedo. Desde el 2016, al menos 415 han sido asesinados y cientos más han sido víctimas de hostigamientos ​​o desplazamientos forzados. Para muchos otros, el precio de su seguridad es su silencio. Las restricciones a la movilidad impuestas por el gobierno como medida para contener la pandemia de COVID-19 son desatendidas por grupos armados no estatales, que las han aprovechado para expandir su control, incrementando aún más la violencia. Si no se toman medidas urgentes para aliviar la desesperada situación económica en las zonas rurales, fortalecer los mecanismos para judicializar a los responsables y modificar el enfoque combativo y a menudo contraproducente del gobierno hacia la seguridad interna, el gran esfuerzo por crear una paz duradera en Colombia podría verse despojado de su base de apoyo más importante.

Los asesinatos de líderes sociales son en sí una tragedia, pero también resaltan la fragilidad del acuerdo de paz y la gama de saboteadores que enfrenta. La gran mayoría de los asesinatos ocurren en áreas históricamente afectadas por el conflicto, como Antioquia, Cauca y Chocó. Las cifras de la fiscalía sugieren que más del 59 por ciento de los asesinatos pueden ser atribuidos a grupos armados conocidos, el 39 por ciento a personas o bandas desconocidas y el 2 por ciento a oficiales militares. El acuerdo de 2016 motivó a los líderes sociales a continuar promoviendo los intereses sus comunidades y denunciando abusos, pero ahora han resultado en la mira de los grupos armados. Los asesinatos y las amenazas también transmiten mensajes a la población: permanezca en silencio, abandone su territorio, no defienda ciertos derechos o manténgase dentro de las fronteras invisibles demarcadas por los grupos armados.

Entre los posibles autores de estos crímenes sobresalen los disidentes de las desmovilizadas FARC, combatientes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y varios grupos criminales, algunos de ellos reencarnaciones de grupos paramilitares disueltos. En muchos casos, estos grupos rivales ven a los líderes sociales como obstáculos para sus negocios ilícitos (en particular la producción de coca y el tráfico de cocaína) o para sus estrategias de obtener la lealtad de las comunidades a la fuerza. Otros asesinatos apuntan al papel de intereses oscuros en el Estado, negocios locales o las fuerzas armadas. Algunos líderes sociales que presentan denuncias tras recibir amenazas de muerte temen que los funcionarios que deben protegerlos estén aliados con los delincuentes. A otros les preocupa que los esquemas de seguridad los conviertan en objetivos más obvios. Casi todos expresan su frustración al tener que navegar por el denso laberinto de la burocracia estatal para buscar ayuda.

Dos gobiernos sucesivos (el primero liderado por el expresidente Juan Manuel Santos y el actual por el presidente Iván Duque) han luchado por contener el aumento de violencia, un asunto con tanta importancia política que ocupó un lugar destacado en la lista de reclamos durante las protestas masivas que paralizaron muchas ciudades colombianas a finales de 2019. El núcleo de la respuesta del presidente Duque ha sido ofrecer protección física, como vehículos blindados y escoltas a las personas en riesgo, mientras utiliza a la fuerza militar para combatir a los grupos armados que presuntamente llevan a cabo la mayoría de estos asesinatos. Casi 5000 líderes sociales se benefician de estos esquemas de protección, que, sin duda han salvado vidas. Sin embargo, los agentes de seguridad del Estado a menudo requieren que los líderes bajo su protección se muden a áreas urbanas y abandonen sus comunidades, lo que en la práctica acaba con su papel de liderazgo local.

Aún más grave es que el gobierno aún no ha hecho un diagnóstico adecuado de los problemas socioeconómicos que están detrás de estos ataques. El gobierno de Duque está convencido de que acabar con los negocios ilícitos y debilitar militarmente a los grupos armados es lo que les permitirá a los líderes sociales vivir y trabajar en paz. Pero un considerable número de activistas señalan que incrementar la erradicación forzada de cultivos de coca e intensificar las operaciones militares contra los grupos ilegales en realidad empeora las condiciones de los líderes sociales y pone en peligro a las comunidades en esta etapa del posconflicto. Ningún grupo armado en Colombia actualmente es lo suficientemente poderoso como para enfrentarse militarmente al Estado; cuando sus intereses se ven amenazados, estos grupos toman represalias contra las comunidades, y en particular contra los líderes que se oponen abiertamente a su dominio. 

La pandemia de COVID-19 amplifica la urgencia de la situación. Durante casi seis meses, Colombia restringió los viajes internos para limitar la propagación del virus, dejando aisladas a muchas comunidades remotas. Los grupos armados se han aprovechado de la distracción del gobierno para reforzar su control sobre el territorio, imponiendo estrictos controles sociales, como toques de queda, bajo la apariencia de cuarentenas, controlando la distribución de alimentos y amenazando a cualquiera que se pudiera considerar contagioso.

Incluso en medio de estos problemas, el gobierno podría encontrar un mejor enfoque de prevención y mitigación. Las reformas rurales establecidas en el acuerdo de paz de 2016 establecen el mejor camino a largo plazo para poner fin a la violencia, al fomentar alternativas económicas lícitas para los agricultores. A corto plazo, el gobierno debe evaluar alternativas para proteger colectivamente a grupos y comunidades, además de continuar protegiendo a los individuos. El Estado también debe ampliar el número de instituciones estatales aptas para recibir denuncias de amenazas contra líderes. Deber incrementar la judicialización de estos crímenes, incluidas las redes de apoyo y de complicidad en las que operan los delincuentes, algunas de las cuales pueden llegar a permear el Estado. El ejército colombiano debe considerar las posibles repercusiones contra civiles antes de desplegar operaciones en contra de grupos armados. Por último, aunque el gobierno ha logrado avances en la creación de rutas adicionales para la desmovilización, es necesario hacer mucho más para ofrecer incentivos a los grupos armados para que depongan sus armas.

La violencia focalizada en las periferias rurales o urbanas de Colombia no es nada nuevo. Pero tras un acuerdo de paz histórico, las amenazas y los ataques diarios que enfrentan los activistas sociales están erosionando la posibilidad de que el país pueda pasar la página del conflicto. Proteger a estos líderes, contener a sus enemigos y garantizar la seguridad de sus comunidades debe ser un pilar de la política de seguridad y la primera línea de defensa.

Bogotá/Nueva York/Bruselas, 6 de octubre de 2020

La violencia letal contra los líderes sociales es la falencia más notoria en la lucha de Colombia por implementar el acuerdo de paz de 2016. Como figuras prominentes y voceros en sus territorios, los líderes se encuentran entre los más firmes defensores del acuerdo que desmovilizó a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y aspiraba a traer paz, seguridad y equidad a las zonas rurales asoladas por el conflicto interno. Pero amenazas y asesinatos selectivos han pretendido acabar con estos propósitos: al menos 415 líderes sociales han sido asesinados desde enero de 2016^[fn]“Informe sobre victimización a personas defensoras de derechos humanos”, Fiscalía General, 2 de septiembre de 2020. Hide Footnote . Durante la pandemia de COVID-19, en el aislamiento nacional que duró desde el 25 de marzo hasta el 1 de septiembre, este número parece haber aumentado a un ritmo aún más acelerado. El gobierno confirmó once asesinatos, con otros 27 casos por verificar, entre el 1 de abril y el 30 de junio^[fn]“Informe de homicidios: contra líderes sociales y defensores/as de Derechos Humanos en Colombia”, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, 1 de abril-30 de junio de 2020, p. 40.Hide Footnote . Organizaciones de la sociedad civil, por su parte, documentan un aumento del 85 por ciento en los homicidios de líderes sociales durante el primer semestre de 2020, en comparación con el mismo período en 2019^[fn]“Se incrementa la letalidad de la violencia contra líderes sociales, políticos, y comunales durante el primer semestre de 2020 MOE”, Misión de Observación Electoral, 22 de septiembre de 2020.Hide Footnote .

Estigmatizados durante décadas de conflicto armado en el país, tanto por los grupos armados como en ocasiones por las fuerzas de seguridad del Estado, a los representantes políticos, sociales y sindicales de Colombia se les prometió un futuro radicalmente mejor después del acuerdo de paz. El acuerdo, forjado a lo largo de cuatro años de conversaciones entre las FARC y representantes del gobierno en Cuba, reconoció que los activistas que alertan sobre injusticias sociales y se movilizan para remediarlas se han enfrentado al estigma mortal (y en gran parte infundado) de estar asociados con las guerrillas de izquierda^[fn]Daniel Pécaut, “Una lucha armada al servicio del statu quo social y político”, en Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas,  Contribución al Entendimiento del Conflicto Armado en Colombia, 2015, pp. 48-49.Hide Footnote . En respuesta, el acuerdo prometía condiciones seguras para los activistas sociales y “el ejercicio de la oposición política”^[fn]El segundo punto del acuerdo de paz aborda la reforma política, incluidas las garantías para los opositores políticos y las organizaciones sociales. El punto 2.1.1.1 discute las garantías para “el ejercicio de la oposición política”. El punto 2.1.2.2 presenta “[g]arantías de seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos defensores y defensoras de derechos humanos”, mientras que el punto 2.2.1 ofrece “[g]arantías para los movimientos y organizaciones sociales”. En conjunto, estos componentes tenían como objetivo poner fin al uso de la violencia como arma política con una combinación de mejores alertas tempranas, protección, monitoreo e investigación de delitos. “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, noviembre de 2016.Hide Footnote . También se comprometió a fomentar el desarrollo de áreas rurales empobrecidas mediante la ampliación de los servicios e instituciones estatales^[fn]Ibid. El primer punto del acuerdo de paz aborda la reforma rural integral, incluidos compromisos para mejorar el acceso a la tierra, seguridad, garantías de derechos humanos, participación local, seguridad alimentaria, desarrollo sostenible y la disponibilidad de servicios públicos.Hide Footnote .

Sin embargo, la violencia contra estos líderes se ha intensificado en muchas de las áreas que deberían haber recibido una mayor inversión pública y atención después del acuerdo de paz^[fn]Ver Gráfico 3 en p. 7 a continuación.Hide Footnote . Los agresores han asesinado a cientos de activistas que convencieron a sus comunidades de respaldar el acuerdo de paz y ayudar en su implementación, o que hicieron campaña contra poderosos intereses legales o ilegales, por la restitución de tierras, los derechos de las víctimas, la autonomía étnica y el ambiente: todas estas políticas reafirmadas en el acuerdo de 2016^[fn]La legislación y fallos legales anteriores abordaron una serie de cuestiones estructurales citadas en el acuerdo de paz. Por ejemplo, la Ley 1448 de 2011, o “Ley de Víctimas”, estableció derechos para quienes se vieron afectados por el conflicto. Mientras tanto, el artículo 329 de la constitución colombiana de 1991 consagra el derecho a la autonomía indígena en los territorios designados.Hide Footnote . Estos asesinatos selectivos a menudo tienen como efecto silenciar a la comunidad y garantizar su sumisión, ya sea a favor de un grupo armado o de los intereses mencionados anteriormente, los cuales históricamente han utilizado tácticas similares para aplacar la resistencia^[fn]Francisco Gutiérrez-Sanín y Jenniffer Vargas Reina, “Agrarian elite participation in Colombia’s civil war”, Journal of Agrarian Change, vol. 7 No. 4 (2017), p. 744.Hide Footnote .

Francisco Gutiérrez-Sanín y Jenniffer Vargas Reina, “Agrarian elite participation in Colombia’s civil war”, Journal of Agrarian Change, vol. 7 No. 4 (2017), p. 744.

Una cosa sí cambió con el acuerdo: para la opinión pública, lejos de ser vistos como un elemento lamentable pero inevitable de una conflagración más amplia, los asesinatos de líderes comunitarios son ahora un parámetro revelador del éxito o fracaso del acuerdo de paz. Cientos de asesinatos de líderes sociales han dejado en evidencia que la violencia sigue siendo la herramienta predilecta para coaccionar a las comunidades pobres. La presión popular sobre el gobierno para proteger a los activistas ha sido implacable, y tuvo eco en las protestas masivas en Colombia a fines del 2019^[fn]Los manifestantes citaron los asesinatos de líderes sociales como una de sus muchas quejas durante las protestas que colapsaron las principales ciudades de Colombia de manera intermitente desde el 21 de noviembre hasta fines de 2019. “Paro nacional: el rechazo a los asesinatos de líderes sociales”, El Espectador, 21 de febrero de 2020.Hide Footnote . Una de las primeras acciones del presidente Iván Duque al asumir el cargo en 2018 fue firmar un “Pacto por la Vida” con la Procuraduría General, prometiendo una respuesta estatal ágil y más efectiva^[fn]El pacto prometía, entre otras cosas, reformar y agilizar los programas de protección, trabajar más de cerca con las comunidades, mejorar las investigaciones de los delitos y trabajar a partir de los mecanismos del acuerdo de paz para abordar las causas fundamentales de la violencia. “Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos”, 23 de agosto de 2018. Hide Footnote .

Pero la extrema polarización política de Colombia conduce a que tanto los diagnósticos como las soluciones propuestas para el problema sean objeto de feroces disputas. Los conservadores, incluido el gobierno de Duque, ven todas las formas de violencia no estatal como resultado de la ilegalidad generalizada^[fn]Informe de Crisis Group sobre América Latina N°63, Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz, 19 de octubre de 2017; comentario de Crisis Group Reformas cruciales languidecen mientras Colombia busca consolidar la paz, 19 de julio de 2019; y, “Reformas cruciales languidecen mientras Colombia busca consolidar la paz”, Crisis Group EU Watch List 2019 – Segunda actualización, 17 de julio de 2019.Hide Footnote . Duque ha desplegado a las fuerzas armadas (que durante décadas han mantenido el monopolio de la seguridad interna) a zonas conflictivas con el objetivo de acabar con la economía de las drogas a través de diversos mecanismos, incluida la erradicación forzosa de cultivos de coca y ataques a grupos armados involucrados en el narcotráfico^[fn]Entrevistas y correspondencia de Crisis Group, oficial militar colombiano, marzo, abril y mayo de 2020. Colombia ha aumentado el número de equipos de erradicación manual forzada de 32 a casi 100, con el objetivo de llegar a 150. Declaraciones de la viceministra de Defensa Diana Abaunza en una conferencia, Instituto de Ciencia Política, Bogotá, 2 de diciembre de 2019.Hide Footnote . Para la oposición y gran parte de la sociedad civil, sin embargo, los asesinatos son fruto del fracaso del gobierno en el cumplimiento del acuerdo de paz, debido tanto a su resistencia inicial al acuerdo (que no ha sido superada), y a la persistencia de organizaciones de línea paramilitar con presuntos nexos con las fuerzas de seguridad^[fn]Entrevista de Crisis Group, asesor de senador de la oposición, Bogotá, enero de 2020. Hide Footnote . Desde este punto de vista, la estrategia oficial va en contravía: el gobierno debe mejorar las condiciones socioeconómicas subyacentes en las zonas rurales que conducen a la población a dedicarse a actividades ilícitas para sobrevivir, y apoyar los mecanismos de autoprotección existentes, tales como la guardia indígena, un cuerpo de vigilancia desarmado y administrado localmente que protege territorios indígenas. 

Este informe se basa en más de 90 entrevistas con líderes sociales, altos funcionarios gubernamentales y militares, autoridades y pobladores locales, y personal de grupos de la sociedad civil y organizaciones internacionales de monitoreo. Crisis Group hizo trabajo de campo en Bogotá, Cauca, Córdoba y Soacha antes y durante marzo de 2020, así como de forma remota en el Amazonas, Antioquia y Guaviare luego de la cuarentena nacional por el COVID-19. 

No existe una definición plenamente consensuada sobre quien es un líder social, y la controversia gira en torno a qué tan amplia debería ser esta categoría. Los debates políticos sobre los ataques contra líderes a menudo replican la disputa sobre el alcance de la categoría. El gobierno de Duque estableció 23 subcategorías de liderazgo social elegibles para protección^[fn]“Informe de homicidios contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos 2016-2019”, Consejería Presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales, noviembre de 2019.Hide Footnote . De acuerdo con este enfoque, se podrían considerar como líderes sociales a miembros de los consejos comunitarios locales, así como defensores de causas como los derechos humanos, la autonomía étnica, la protección ambiental y la reforma rural, entre otros. Sin embargo, algunos representantes del gobierno argumentan que demasiados ciudadanos son considerados como líderes sociales, restándole significado a la categoría y aumentando la cantidad de personas elegibles para recibir protección^[fn]“En Colombia, se podrían tener 60 000 líderes solo incluyendo a los miembros de las [Juntas de Acción Comunal]. ... Es muy difícil proteger a estas personas en áreas complejas y de difícil acceso”. Entrevista de Crisis Group, funcionario del Ministerio del Interior, Bogotá, marzo de 2020.Hide Footnote . La Fiscalía General, que es responsable de investigar los delitos contra líderes sociales, prefiere una definición más limitada que incluye solo a los defensores de derechos humanos, por ejemplo, aquellos que abogan por lo estipulado en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU de 1999^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario, Fiscalía General, Bogotá, noviembre de 2019. Hide Footnote . Usando estos parámetros, el gobierno insiste en que los homicidios de líderes cayeron en un 25 por ciento en 2019 en comparación con el 2018^[fn]“Presidente Duque reiteró que detrás de los asesinatos de líderes sociales están el narcotráfico, la extracción ilegal de minerales y los grupos armados organizados”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 9 de enero de 2020. Hide Footnote .

Otros organismos, como la Defensoría del Pueblo (responsable de supervisar los derechos civiles y humanos en Colombia) adoptan definiciones más amplias^[fn]Entrevistas de Crisis Group, funcionarios, Defensoría del Pueblo, Bogotá, enero de 2020.Hide Footnote . Los parámetros que usan las organizaciones de la sociedad civil también varían mucho, ya que tienden a considerar el reconocimiento de la comunidad para decidir quién puede ser considerado como líder. Según estas definiciones alternativas, la violencia contra líderes es mayor a la que indican las estadísticas oficiales^[fn]En 2019, la organización de la sociedad civil Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó 250 asesinatos de líderes sociales. El gobierno, en contraste, cita la cifra de 107 muertos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, aunque la ONU reconoce que esta cifra es una subestimación. Ver “Con 250 asesinatos, termina un difícil año para los líderes sociales”, El Tiempo, 30 de diciembre de 2019; y “Al menos 555 líderes sociales fueron asesinados en Colombia desde 2016”, EFE, 16 de enero de 2020. Hide Footnote . Organismos gubernamentales y de la sociedad civil también están en desacuerdo sobre si incluir en sus cifras, y cómo, los casos de violencia que tengan móviles no relacionados con ataques en respuesta a la defensa de los derechos humanos, como por ejemplo deudas personales o presuntas disputas locales. Este problema está lejos de ser resuelto, porque muchos líderes operan en áreas dominadas por grupos armados y/o economías ilícitas. Un ejemplo en el que categorizar el móvil de la violencia resultaría complejo sería un ataque contra un líder social que también es cocalero y defensor de los derechos de los productores. 

Las diferentes definiciones generan claras variaciones en la cifra total de muertes, como se ilustra en el Gráfico 1 a continuación, aunque la tendencia de violencia es en gran medida las mismas: las tasas aumentaron entre 2016 y 2018, con una ligera caída en el 2019.

Se han registrado asesinatos de líderes sociales en 29 de los 32 departamentos de Colombia. Solo tres regiones, Antioquia, Cauca y Norte de Santander, representan más de la mitad de estos asesinatos^[fn]Datos de los informes anuales del Programa Somos Defensores.Hide Footnote . Los incidentes violentos se concentran en lugares donde opera más de un grupo armado y luchan por el control, a lo largo de corredores clave para el narcotráfico y en áreas ricas en recursos naturales^[fn]En términos generales, la coca que se cultiva en el interior de Colombia se trafica al exterior por una de tres rutas: desde departamentos en el sur como Caquetá y Putumayo hacia la costa del Pacífico; desde Antioquia y el sur de Córdoba hasta el Atlántico, el Pacífico o la frontera con Venezuela; y desde el Meta y Guaviare a través de la frontera hacia Venezuela. Los tres departamentos más afectados por la violencia contra líderes sociales se ubican en esas rutas de tráfico: Cauca sobre la costa del Pacífico, Antioquia en el centro y Norte de Santander en la frontera oriental. Los tres departamentos también son sitios importantes para la minería y la extracción de recursos naturales. Informe de Crisis Group, Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz, op. cit.Hide Footnote . En este sentido, la violencia es una continuación, más que un distanciamiento del pasado: muchos asesinatos tienen lugar en áreas que históricamente han sido escenarios de los niveles más álgidos del conflicto^[fn]Este análisis es compartido por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos: “Los escenarios de riesgo se concentran en lugares donde hay presencia de uno o varios grupos armados ilegales, sea que coexistan o que estén en medio de disputas por el control territorial, así como en territorios donde se implementan las estrategias de reducción de cultivos de uso ilícito como la erradicación forzosa y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Adicionalmente, el reclamo de acceso a tierras y la defensa por el territorio también se configuran como un escenario de riesgo”. “Vigésimo séptimo informe del secretario general al consejo permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA)”, Organización de los Estados Americanos, 30 de octubre de 2019.Hide Footnote . El mapa en el Gráfico 2 a continuación muestra que la distribución de la violencia se alinea estrechamente con los 170 municipios designados en el acuerdo de paz para Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en el posconflicto: el 60 por ciento de los asesinatos ocurrieron solo en estas áreas^[fn]La correlación entre los asesinatos de líderes sociales y los municipios de los PDET, muchos de los cuales anteriormente estaban bajo el control de las FARC, concuerda con los hallazgos que muestran que la implementación del acuerdo de paz aumentó los asesinatos de líderes sociales en los antiguos bastiones de las FARC. Ver Mouno Prem, Andrés F. Rivera, Dario A. Romero y Juan F. Vargas, “Killing Social Leaders for Territorial Control: The Unintended Consequences of Peace”, documento de trabajo, Universidad del Rosario, 2018.Hide Footnote . Estos municipios fueron seleccionados por sus niveles extremos de pobreza, alto impacto histórico del conflicto, capacidad institucional débil y presencia de actividad económica ilícita.

Los ataques contra líderes sociales tienen un impacto más profundo que el crimen cotidiano. Resaltan una intolerancia en contra de aquellos que alzan la voz, un antagonismo hacia las causas o comunidades específicas que representan los líderes, una intención de aterrorizar o todas las anteriores. Los ataques contra líderes sociales representan una forma de presión sobre la comunidad, los agresores son conscientes de que un homicidio selectivo simboliza y reafirma su poder de coerción local. Una lideresa de mujeres del Chocó explicó: “Cuando un líder es amenazado, es una amenaza para toda la comunidad. Toda la comunidad se siente desprotegida”^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, lideresa social, junio de 2020.Hide Footnote .

La importancia política de estos crímenes se debe, al menos en parte, a la historia de asesinatos a lo largo del conflicto colombiano, incluidos líderes sociales, pero también políticos (del gobierno y de la oposición), dirigentes sindicales, periodistas y representantes de los trabajadores rurales. Durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, la democracia colombiana operó bajo un sistema bipartidista que garantizaba la alternancia de poder entre liberales y conservadores^[fn]El pacto se formalizó en 1956, luego de ocho años de violencia provocada por el asesinato en 1948 del candidato presidencial liberal Jorge Eliécer Gaitán.Hide Footnote . El llamado Frente Nacional, un acuerdo bipartidista, efectivamente puso fin a la guerra civil entre liberales y conservadores conocida como La Violencia (1948-1958) pero dio paso a un statu quo excluyente cuya supervivencia dependía de evitar el surgimiento de una oposición fuera de estos dos partidos^[fn]Para una historia de la oposición política en Colombia, ver Juan Fernando Londoño O., Oposición Política en Colombia (Bogotá, 2016), pp. 51-92. Hide Footnote . Tanto los gobiernos liberales como los conservadores apoyaron duras políticas en contra de cualquiera que pretendiera subvertir este orden. Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) surgieron en este contexto en 1964, motivados en cierta forma por la certeza de que solo podrían acceder al poder derrocando todo el sistema político^[fn]Daniel Pécaut, Guerra Contra la Sociedad (Bogotá, 2001).Hide Footnote .

Desde la década de 1970 hasta la de 1990, activistas cívicos y grupos políticos de izquierda también se convirtieron en objetivos del complejo de seguridad del Estado. Los gobiernos recurrieron a la violencia para reprimir nuevos movimientos, autorizaron la represión militar de las protestas y estigmatizaron las expresiones de pensamientos políticos divergentes. Las guerrillas de izquierda adoptaron como estrategia la “combinación de todas las formas de lucha”, con el objetivo de asociarse con movimientos sociales y la oposición política democrática^[fn]Un buen ejemplo fue el movimiento guerrillero urbano M-19 que surgió en 1974 e inspiró a otras insurgencias a emular su modus operandi. Los miembros del M-19 “buscaron que sus militantes no asumieran una visión ‘aparatista’ (es decir, centrada en el aparato, en la organización armada), sino que estuvieran vinculados con los sectores populares y estudiantiles”. Otty Patiño Hormanza, Vera Grabe Loewenherz y Mauricio García-Durán, “El camino del M-19 de la lucha armada a la democracia: una búsqueda de cómo hacer política en sintonía con el país”, De La Insurgencia a la Democracia (Bogotá, 2009), p. 51.Hide Footnote . Valiéndose de esta ambigüedad como pretexto, funcionarios estatales y cuasi estatales llevaron a cabo ataques deliberados contra la sociedad civil, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales entre 1985 y 1993 de al menos 3122 miembros del partido político Unión Patriótica, conformado por simpatizantes de las FARC^[fn]El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia documentó 4153 víctimas de la Unión Patriótica, entre éstas, 3122 fueron víctimas de asesinato selectivo, 544 lo fueron de desaparición forzada. “Todo pasó frente a nuestros ojos: El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002”, Centro Nacional de Memoria Histórica, agosto de 2018. Hide Footnote . Periodistas, defensores de pequeños agricultores y líderes sindicales enfrentaron una avalancha de violencia similar, en gran parte proveniente de grupos paramilitares con oscuros lazos con las fuerzas militares^[fn]En confesiones luego de la desmovilización, grupos paramilitares organizados bajo las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entregaron al sistema de justicia una “lista del terror”: un archivo en Excel que detallaba quién fue asesinado y cómo. "¡Basta Ya!”, Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p 43, y “La lista del holocausto paramilitar en Norte de Santander”, Verdad Abierta, 22 de julio de 2014.Hide Footnote . El sistema político colombiano comenzó a abrirse a la oposición solo después de la adopción de una nueva constitución en 1991, y la violencia contra políticos, periodistas y líderes sindicales ha disminuido desde principios de la década del 2000.

Los asesinatos de líderes sociales son la excepción a esta tendencia a la baja. Expertos en conflictos comenzaron a hacerle seguimiento a esta categoría de asesinatos alrededor de 2009, aunque el tema había atraído atención jurídica desde antes^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario, Defensoría del Pueblo, abril de 2020. Somos Defensores fue la primera organización de la sociedad civil en rastrear sistemáticamente la violencia contra líderes sociales, comenzando con su informe anual de 2009. “Sistema de información sobre agresiones a defensores y defensoras de Derechos Humanos en Colombia: Informe 2009”, Programa Somos Defensores, 2010.  Hide Footnote . Entre 1998 y 2011, una serie de fallos de la Corte Suprema, en gran parte resultado de tutelas, establecieron la responsabilidad del Estado de proteger a los líderes de determinadas comunidades, etnias y grupos de víctimas^[fn]“Esta es la línea jurisprudencial que protege a líderes sociales en contextos de violencia generalizada”, Ámbito Jurídico, 15 de enero de 2019.Hide Footnote . La Ley de Víctimas de 2011 creó las primeras instituciones estatales encargadas de atender a poblaciones designadas como en riesgo de conflicto, mientras que el acuerdo de paz de 2016 fue el primero en precisar la responsabilidad del Estado de proteger a los líderes sociales. El acuerdo estipula que el Estado brindará seguridad y garantías políticas a las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, incluyendo mecanismos para prevenir la violencia, proteger a las personas en riesgo y hacer seguimiento a los casos^[fn]Ver punto 2.1.2.2 del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, op. cit. Hide Footnote . Fallos judiciales posteriores relacionados con líderes sociales han confirmado la responsabilidad del Estado de cumplir con estos compromisos^[fn]El 10 de diciembre de 2019, diez líderes sociales presentaron una tutela ante la Corte Constitucional argumentando que la violencia contra líderes sociales violaba derechos y responsabilidades establecidos en el acuerdo de paz de 2016. “El Derecho a Defender Derechos: Representantes de movimientos sociales y organizaciones de DDHH presentamos tutela para exigir protección de nuestros líderes sociales”, DeJusticia, 10 de diciembre de 2019.Hide Footnote .

Al reconocer formalmente su importancia para la democracia colombiana por primera vez, el acuerdo de paz también alentó a muchos líderes a trabajar de manera más abierta^[fn]“El acuerdo generó una mayor tolerancia a la movilización social. Antes, esto no se toleraba”. Entrevista de Crisis Group, funcionario, Defensoría del Pueblo, Montería, octubre de 2019.Hide Footnote . Campañas de medios de comunicación colombianos, la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría destacaron el trabajo de los defensores de las comunidades locales^[fn]La Procuraduría lidera una campaña, Lidera la Vida, con el objetivo de eliminar el estigma y crear conciencia sobre el liderazgo social. Varios medios de prensa colombianos han publicado secciones o ediciones especiales para destacar el trabajo de los líderes sociales desde 2016.Hide Footnote . En 2016, las tasas de violencia contra líderes sociales disminuyeron en diversas áreas. Sin embargo, en 2017, volvieron a aumentar, especialmente en zonas rurales^[fn]La Fiscalía General informa que el 66 por ciento de los homicidios se producen en zonas rurales, mientras que el 34 por ciento en zonas urbanas. “Informe sobre victimización a personas defensoras de derechos humanos”, op. cit. Hide Footnote . De acuerdo con los perfiles de los líderes asesinados, la mayor parte de ataques registrados desde 2016 estuvieron dirigidos contra personas que apoyan abiertamente el acuerdo de paz y están involucradas en su implementación; los que rechazan la actividad de los grupos armados; aquellos que se oponen a determinados intereses económicos, tanto legales como ilegales; y aquellos que abogan por grupos étnicos, mujeres o la comunidad LGBT^[fn]“La paz ha motivado a los líderes a participar y se han movilizado. Entonces, ahora vemos líderes, víctimas, campesinos, afrocolombianos, todos. Pero esto está teniendo el efecto contrario: la falta de garantías para ellos significa que enfrentan amenazas”. Entrevista de Crisis Group, representante de la sociedad civil, Bogotá, octubre de 2019. Ver también “Personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 6 de diciembre de 2019, p. 18.Hide Footnote .

“Peace has encouraged leaders to participate, and they have mobilised. So, we see now leaders, victims, campesinos, Afro-Colombians, everybody. But this is having the reverse effect – the lack of guarantees for them means they face threats”. Crisis Group interview, civil society representative, Bogotá, October 2019. See also “Personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia”, Inter-American Commission on Human Rights, 6 December 2019, p. 18.Hide Footnote

Hoy en día, la violencia contra líderes sociales adopta diversas formas, algunas más visibles que otras. Los asesinatos son a menudo el último eslabón de una larga cadena de hostigamiento y presión, que un líder social describió desesperadamente como el “pan de cada día”^[fn]Entrevista de Crisis Group, líderes comunitarios, Soacha, febrero de 2020.Hide Footnote . Las amenazas a menudo llegan por correo electrónico o mensajes de texto de fuentes anónimas. Por ejemplo, un líder puede recibir un mensaje en el que le dicen que tiene cierto número de días para salir del área o se atiene a que lo maten. Cada vez más los grupos armados designan también a individuos o categorías de personas como objetivo militar en panfletos que distribuyen en papel o en línea^[fn]Por ejemplo, en Soacha, 22 personas fueron individualizadas como objetivo militar en panfletos distribuidos entre enero y principios de marzo de 2020. Entrevista de Crisis Group, funcionario del gobierno local, Soacha, marzo de 2020. Hide Footnote . 

Las amenazas también difieren según quien sea el objetivo y por qué. Las mujeres son más vulnerables de recibir amenazas de violencia sexual, y de que sus hijos o familiares sean acosados^[fn]Entrevistas de Crisis Group, líderes sociales, Santander de Quilichao, febrero de 2020. Hide Footnote . Líderes de la comunidad LGBT informan que reciben mensajes que sugieren la necesidad de una “limpieza social”, una clara referencia a intensiones violentas o incluso letales en su contra^[fn]Entrevista de Crisis Group, líder social, Soacha, febrero de 2020. Hide Footnote . Además de las amenazas de ataques físicos, los líderes sociales se pueden enfrentar al desplazamiento forzado, a menudo a través de una táctica conocida como “gota a gota”. Un líder del Bajo Cauca, una región que incluye el norte de Antioquia y el sur de Córdoba, explicó:

Los grupos armados matan personas y el mensaje es claro: salgan de este territorio. Llegan y tal vez matan a alguien, pero todos se quedan. Entonces, regresan entre diez y quince días después, matan a otra persona y queman su casa. El mensaje es que la población debe salir del territorio^[fn]Entrevista de Crisis Group, líder social, Montería, octubre de 2019. Hide Footnote .

Crisis Group interview, social leader, Montería, October 2019. Hide Footnote

Desde el acuerdo de paz, las manifestaciones de violencia más alarmantes en Colombia han estado ligadas cada vez más a una serie de disputas locales, que incluyen enfrentamientos por el botín de negocios ilícitos y por el control de las comunidades que representan un obstáculo para ciertos intereses políticos y económicos.

Los patrones de violencia contra líderes sociales revelan lo que puede ser el pecado original de la implementación del acuerdo de paz: el Estado no logró llenar el vacío de poder dejado por las FARC al deponer sus armas y abandonar sus antiguos bastiones territoriales, a pesar de la persistente presencia militar estatal en muchas de estas mismas áreas. En cambio, un conflicto fue reemplazado por otro cuando grupos armados nuevos o existentes empezaron a competir agresivamente por el control de las porciones más valiosas de las economías ilícitas y las comunidades cercanas^[fn]Informe de Crisis Group, Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz, op. cit.Hide Footnote .

Crisis Group Report, Colombia’s Armed Groups Battle for the Spoils of Peace, op. cit.Hide Footnote

La incapacidad del Estado para controlar el territorio donde operaban las extintas FARC ha creado un nuevo universo de riesgos para los líderes sociales que se encuentran en medio del fuego cruzado entre grupos armados rivales. En 2016, el ELN tenía cada vez menos miembros, confinado a sus bastiones históricos en Arauca y Norte de Santander (a lo largo de la frontera con Venezuela), sur de Bolívar y norte de Antioquia, sur de Cauca y partes del Chocó. Desde entonces, ha crecido significativamente en tamaño y capacidad, y ha ampliado su huella geográfica, garantizando su presencia a lo largo de toda la costa del Pacífico y gran parte de la frontera venezolana, así como en nuevas áreas de Córdoba, Antioquia, la costa Atlántica y dentro de la propia Venezuela^[fn]Informe de Crisis Group sobre América Latina N°68, La paz que falta: el nuevo gobierno de Colombia y la última de sus guerrillas, 12 de julio de 2018; y N°73, El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela, 28 de febrero de 2019. Ver también “¿Qué hacer con el ELN? Opciones para no cerrar la puerta a una salida negociada”, Fundación Ideas para la Paz, enero de 2020.Hide Footnote . Según informes, el ELN cuenta con un mayor acceso a armamento de alta calidad y ha mejorado sus capacidades operativas: “El ELN de hoy es muy diferente del ELN de antes. Están fortaleciendo sus estructuras militares como una verdadera resistencia guerrillera”^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario MAPP/OEA, febrero y agosto de 2020.Hide Footnote .

Mientras tanto, al menos dos docenas de grupos disidentes de las FARC operan actualmente en 132 municipios, aunque con una coherencia ideológica limitada y conexiones volátiles entre ellos^[fn]Un documento militar filtrado sugiere que las facciones disidentes de las FARC operan en 132 de los 1103 municipios de Colombia con 2600 miembros armados. “Disidencias de las Farc duplican su número de hombres en solo 12 meses”, El Tiempo, 31 de mayo de 2020. Hide Footnote . A pesar de su nombre, la mayoría de los miembros de las disidencias no son excombatientes de las FARC, sino nuevos reclutas que se han unido en los últimos dos años. Uno de los pocos líderes guerrilleros prominentes que se ha retirado del acuerdo, el exnegociador de paz de las FARC Iván Márquez, ha intentado sin mucho éxito unificar algunas facciones a través de una ideología insurgente renovada y una mejor coordinación operativa^[fn]La gran mayoría de los excombatientes de las FARC desmovilizados (todos menos 765 de 13 202) no han vuelto a las armas. Es probable que muchos de los llamados disidentes sean nuevos reclutas, ocasionalmente dirigidos por exoficiales de nivel medio de las FARC. Entrevista de Crisis Group, excombatiente de las FARC, Cali, febrero de 2020. “Tres años de la reincorporación de las FARC: desafíos y propuestas”, Fundación Ideas para la Paz, diciembre de 2019. Sobre la facción de Márquez, ver informe breve de Crisis Group N°40, Reducir las secuelas de la nueva facción guerrillera en la frontera de Colombia, 20 de septiembre de 2019.Hide Footnote .

Las facciones disidentes de las FARC y el ELN compiten por control territorial y mercados con grupos narcotraficantes que surgieron de y operan con los métodos de organizaciones paramilitares que se desmovilizaron entre 2003 y 2006^[fn]Se desmovilizaron aproximadamente 38 frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que representan a más de 30 000 personas. Sin embargo, importantes redes criminales vinculadas a antiguas estructuras paramilitares continuaron operando bajo un nuevo mando o con miembros de las AUC que retomaron las armas. “Retorno a la legalidad o reincidencia de excombatientes en Colombia”, Fundación Ideas para la Paz, 2014. “ARN en cifras”, Agencia para la Reincorporación y la Normalización, abril de 2019. Hide Footnote . En la región central de Colombia, el norte de la costa Atlántica y en el Chocó en la costa Pacífica, el cartel Gaitanista ejerce control sobre una serie de rutas clave del narcotráfico^[fn]Adicionalmente, los Caparros son una facción disidente violenta de las AGC con presencia principalmente en el Bajo Cauca. En el noreste del país, el Ejército Popular de Liberación (EPL) lucha contra el ELN por mercados y territorios clave. Dos grupos locales, los Contadores y La Mafia, ejercen control en Nariño y Putumayo, respectivamente.Hide Footnote . Si bien, pactos de conveniencia entre estos innumerables grupos son posibles, en última instancia, cada uno busca controlar los lucrativos negocios de la coca, marihuana, minería ilegal, extorsión y trata de personas, entre otros.

En consonancia con esta fragmentación de los grupos armados colombianos, los datos de investigaciones judiciales adelantadas (ver Gráfico 4) sugieren que una amplia gama de grupos es responsable de los asesinatos de líderes sociales. La Fiscalía General informa que a junio de 2020, en los 201 casos que cree haber resuelto, aproximadamente el 59 por ciento de los responsables estaban vinculados a grupos armados; otro 39 por ciento se trataba de personas sin afiliación o pertenecientes a grupos desconocidos; mientras que el 2 por ciento se trataba de personal militar^[fn]“Informe sobre victimización a personas defensoras de derechos humanos”, op. cit.Hide Footnote . Las fiscalías seccionales atribuyen la mayoría de los asesinatos cometidos por grupos armados a facciones disidentes de las FARC y bandas armadas locales sin presencia nacional.

Dos versiones encontradas sobre la razón por la que los líderes sociales son asesinados en tal cantidad han dominado la arena política en Colombia, con importantes consecuencias para las políticas públicas. Altos funcionarios de la administración Duque insisten en que los líderes sociales son asesinados en medio de sangrientas disputas criminales y el ambiente de violencia que éstas promueven^[fn]“La mayor cantidad de amenazas y asesinatos de líderes sociales provienen de esos grupos armados organizados, que se han seguido nutriendo del narcotráfico y de la extracción ilegal de minerales”. Citado de “Presidente Duque enfatiza que crímenes contra líderes sociales se deben a ataques de grupos armados organizados”, comunicado de prensa, Presidencia de Colombia, 9 de marzo de 2020. Hide Footnote . Los ataques contra líderes sociales evidencian que a Colombia todavía le cuesta trabajo controlar las acciones criminales. En palabras de un senador del partido de gobierno, “estos no son crímenes políticos, son crímenes criminales”^[fn]Entrevista de Crisis Group, senador, Centro Democrático, Bogotá, enero de 2020.Hide Footnote . Funcionarios de seguridad de la administración Duque señalan que los homicidios son el resultado de disputas personales, un señalamiento que no es nuevo^[fn]Entrevistas de Crisis Group, alto funcionario de seguridad, oficial de policía, febrero de 2020. Hide Footnote . Un ministro de defensa del gobierno del expresidente Santos afirmó que la “inmensa mayoría” de los asesinatos fueron por “líos de faldas”^[fn]“Asesinatos de líderes son por ‘líos de faldas’: ministro de Defensa”, El Espectador, 17 de diciembre de 2017.Hide Footnote .*

“Asesinatos de líderes son por ‘líos de faldas’: ministro de Defensa”, El Espectador, 17 December 2017.Hide Footnote

Existe amplia evidencia que indica que la violencia se emplea extensamente con fines ilícitos en Colombia, que se ha normalizado en determinados contextos y que en general queda impune. Como explicó un líder juvenil que trabaja para prevenir el reclutamiento de grupos armados en la zona urbana de Soacha: “Vivimos en círculos de miseria donde todos estamos expuestos a la violencia. La mentalidad en Colombia es que siempre se mata a los líderes o a los que no están de acuerdo con uno”^[fn]Entrevista de Crisis Group, líder juvenil, Soacha, enero de 2020. Hide Footnote . En áreas azotadas durante mucho tiempo por el conflicto, los políticos esperan que haya violencia y la describen como inevitable^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario del gobierno local, Soacha, marzo de 2020. Hide Footnote . Para quienes recurren a ella, la violencia es barata. Pueden contratar a un asesino por unos pocos dólares, quien no necesita siquiera tener un arma, ya que puede alquilar una fácilmente por 24 horas^[fn]Entrevista de Crisis Group, observador internacional de derechos humanos, Bogotá, marzo de 2020. Hide Footnote . Incluso si el asesino es arrestado, la impunidad prevalece: solo un puñado de autores intelectuales han sido juzgados desde 2016^[fn]Desde 2016, 61 personas han ido a prisión por su papel en homicidios de líderes sociales. En el momento de redactar este informe, otros 79 se enfrentan a procesos judiciales. “Informe sobre victimización a personas defensoras de derechos humanos”, Fiscalía General, op. cit. Hide Footnote .

Sin embargo, el hecho de que la violencia y la ilegalidad permeen partes de Colombia no explica por sí solo por qué los líderes sociales en particular han sido asesinados en cifras tan alarmantes. La respuesta, según organizaciones de la sociedad civil y miembros de la oposición política, es que estos asesinatos tienen como objetivo enviar un mensaje político. Si bien no hay evidencia de un plan unificado para acabar con los líderes sociales, existe una lógica común a esta violencia: los líderes sociales como grupo están asociados con el cumplimiento del acuerdo de paz, los derechos étnicos e indígenas, la distribución de tierras y otros temas que resultan políticamente inconvenientes para grupos armados y, en ocasiones, para diversos intereses económicos o de seguridad. Incluso si los responsables varían, es difícil ignorar la relación entre los casos, dado el probable objetivo compartido al asesinar a estos líderes de base: silenciar a los defensores de causas que incomodan a los poderes locales^[fn]Gabriel Rojas Andrade, “El homicidio de líderes sociales es un fenómeno sistemático y macrocriminal”, Cero Setenta, 15 de enero de 2015.Hide Footnote .

No es de extrañar que los activistas comunitarios y los miembros electos de juntas de acción comunal estén particularmente expuestos a la violencia^[fn]Datos de los informes anuales del Programa Somos Defensores.Hide Footnote . Este tipo de líderes luchan por el bienestar de sus comunidades en maneras que pueden entrar en conflicto con los proyectos económicos o políticos de intereses poderosos: “Debido al papel que desempeñan en los vecindarios, los líderes comunitarios son las primeras personas a las que los grupos armados intentan silenciar, comprándolos o callándolos”^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario de una organización humanitaria, septiembre de 2020. Hide Footnote . Muchos de los asesinados trabajaban en temas relacionados con el legado y la persistencia del conflicto armado y la implementación del acuerdo de paz en sus localidades, mientras que otros luchaban por el acceso de los residentes a servicios vitales, derechos territoriales y la protección ambiental. También han sido asesinados defensores de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

Las dos explicaciones de los ataques a líderes sociales coinciden al reconocer que los asesinatos son el resultado de disputas focalizadas localmente con ciertas características comunes importantes. Pero en donde difieren es que el gobierno se enfoca en los móviles criminales de los asesinos, y no en el activismo político de las víctimas. Esta diferencia de enfoque genera argumentos marcadamente diferentes sobre cómo debería responder el Estado. Si bien el gobierno se ha concentrado en brindar esquemas de protección a las personas y atacar a los grupos armados a través de operaciones militares, los líderes sociales y muchas organizaciones de la sociedad civil exigen cambios en las políticas públicas que aborden en primer lugar las razones por las que, en su opinión, los líderes son blanco de ataques. En especial, señalan la necesidad de la plena implementación del acuerdo de paz y la creación de condiciones en las que los líderes puedan hablar en nombre de sus comunidades sin temor a represalias violentas^[fn]“El acuerdo de paz tiene una ruta que puede ser una ruta efectiva para reducir la violencia, pero el gobierno claramente no está convencido… y están inventando todo tipo de caminos diferentes. La ruta del gobierno es solo protección. Pero es mucho más complicado. Se trata de transformar el territorio, fortalecer la institucionalidad, acercar al Estado y al pueblo”. Entrevista telefónica de Crisis Group, destacado líder de la sociedad civil, abril de 2020.Hide Footnote .

Existe un vínculo claro entre los esfuerzos de sustitución de cultivos de coca por otros cultivos y los ataques a líderes de la comunidad cocalera. El acuerdo de 2016 buscó desmantelar la economía de las drogas y ofrecer alternativas para las decenas de miles de cultivadores de coca a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Ante promesas de pagos directos y apoyo para medios de vida alternativos, 99 000 familias acordaron erradicar voluntariamente sus cultivos de coca; según el gobierno, el 95 por ciento de ellos cumplieron y no han replantado^[fn]“Informe No. 19, Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS”, Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, 4 de febrero de 2020. Hide Footnote . Como parte central del plan, acorde a lo ampliamente ideado en el acuerdo de paz, se encuentran los aliados locales que incorporan a los agricultores y difunden información sobre el programa^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionarios del programa de sustitución del gobierno, Bogotá y Montería, octubre de 2019. La sustitución cultivos de coca se aborda en el punto 4.1 del acuerdo de paz de 2016. “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, op. cit.Hide Footnote . 

Estos activistas empezaron a ser reconocidos por sus vecinos, pero también por los grupos armados que buscaban el control de la economía de la coca^[fn]La regulación de la economía de la coca fue una fuente vital de financiamiento para la insurgencia de las FARC desde la década de 1980 en adelante y ayuda a explicar cómo el grupo pudo ejercer un control social y económico significativo en las áreas rurales. “Informe especial: Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo”, Defensoría del Pueblo, septiembre de 2018; Informe de Crisis Group, Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz, op. cit.Hide Footnote . En el Bajo Cauca, por ejemplo, el grupo disidente de las FARC Frente 18 instruyó a los residentes a no cooperar con el programa de sustitución. Los Gaitanistas le pidieron a los agricultores que se inscribieran, pero exigieron un porcentaje de la ayuda gubernamental recibida^[fn]Entrevistas de Crisis Group, funcionario, Defensoría del Pueblo, Montería, octubre de 2019; observador de la sociedad civil, abril de 2020. Hide Footnote . A fines de 2016, las asociaciones de productores de coca en Montelíbano y Tierralta ya denunciaban amenazas y hostigamiento. En enero de 2017 fue asesinado el primer defensor local del programa de sustitución del gobierno: José Yimer Cartagena, director de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario, Defensoría del Pueblo, Montería, octubre de 2019. “José Yimer Cartagena murió creyendo firmemente en el Acuerdo de Paz”, Verdad Abierta, 17 de diciembre de 2018. Hide Footnote . El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una organización de la sociedad civil, registró 36 muertes de líderes que abogaban por la sustitución de cultivos entre la firma del acuerdo y fines de 2019^[fn]“Informe especial sobre agresiones a personas defensoras de los derechos humanos y de los acuerdos de paz”, Indepaz, Marcha Patriótica y Cumbre Agraria, 28 de febrero de 2020, p. 15.Hide Footnote .

Al darse cuenta de los riesgos, el programa eliminó gradualmente las reuniones públicas con los líderes comunitarios después de que Duque asumió el cargo en 2018, y buscó alternativas que evitaran llamar la atención sobre los beneficiarios^[fn]Entrevistas de Crisis Group, funcionario senior del programa de sustitución del gobierno, Bogotá, octubre de 2019; asesor de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Bogotá, octubre de 2019. La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación supervisa la protección de líderes comunitarios inscritos en el programa de sustitución de cultivos, así como de los combatientes desmovilizados de las FARC.Hide Footnote . Sin embargo, persisten algunos riesgos. Grupos armados en Putumayo, Bajo Cauca, Cauca y departamentos de la costa Atlántica aprovecharon el aislamiento nacional por el COVID-19 para atacar a los defensores los derechos de los cultivadores de coca y de la sustitución de cultivos^[fn]Al menos cinco defensores fueron asesinados y varios más se han visto obligados a abandonar sus comunidades durante el aislamiento obligatorio de 2020. Marco Rivadeneira, un conocido defensor de la sustitución de cultivos y el proceso de paz en Puerto Asís, Putumayo, fue asesinado el 19 de marzo. A principios de junio fueron asesinados dos cofundadores de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba; ambos habían sido beneficiarios del programa de sustitución. El 29 de agosto, un líder de sustitución de cultivos de coca y excombatiente de las FARC, Jorge Iván Ramos, fue asesinado en Santa Rosa, Bolívar. Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario de derechos humanos, Programa Somos Defensores, abril de 2020. Sara Lopera, “El Covid no paró la guerra en Bajo Cauca y sur de Córdoba, pero sí la sustitución”, La Silla Vacía, 8 de junio de 2020. Hide Footnote . 

Los promotores del programa de sustitución se enfrentan a una segunda ola de presión dentro de sus comunidades. El costoso programa de sustitución ha tenido dificultades para cumplir sus objetivos en la distribución de subsidios y apoyo técnico^[fn]“Ha habido frustración por el incumplimiento de nuestras promesas, pero estamos cumpliendo nuestras promesas, al ritmo que nos permiten los recursos”. Entrevista de Crisis Group, funcionario del programa de sustitución de cultivos, octubre de 2019. Cumplir con estos compromisos podría costarle al gobierno de $2,5 mil a $4,7 mil millones de dólares. “En qué va la sustitución de cultivos ilícitos: Principales avances, desafíos y propuestas para hacerles frente”, Fundación Ideas para la Paz, julio de 2017. Colombia depende casi por completo de recursos internos para financiar la sustitución de cultivos, ya que los principales donantes están cumpliendo con las sanciones estadounidenses que impiden la cooperación con excombatientes de las FARC. “Informe No. 19, Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS”, Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, 4 de febrero de 2020.Hide Footnote . Aproximadamente dos tercios de las familias que erradicaron voluntariamente sus cultivos de coca no han recibido apoyo para plantar cultivos alternativos o encontrar un medio de vida diferente, dejando a muchas devastadas económicamente. En el Cauca, donde gran parte de la economía rural depende de la coca, algunos líderes sociales que abogan por la sustitución han tenido que abandonar el territorio o detener su trabajo por temor a represalias tanto de los agricultores decepcionados como de los grupos armados^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionarios, organización de la sociedad civil de comunidad afrodescendiente, Santander de Quilichao, febrero de 2020.Hide Footnote . 

Crisis Group interview, officials, Afro-descendant community civil society organisation, Santander de Quilichao, February 2020.Hide Footnote

Los líderes sociales informan que reciben amenazas cuando ponen quejas relacionadas con grandes empresas comerciales y la explotación de recursos naturales. En el centro de estas amenazas se encuentran los conflictos por la propiedad de la tierra, que se concentra notoriamente en unas pocas manos en Colombia^[fn]El 60 por ciento de los propietarios de fincas en Colombia tenían pequeñas parcelas en 2010, pero estas tierras representaban solo el 3,7 por ciento del total de hectáreas dedicadas a la agricultura, mientras que las fincas más grandes pertenecientes a solo el 0,3 por ciento de los agricultores representaban el 29 por ciento del total de hectáreas en producción. Jean-Paul Faguet, Fabio Sánchez y Marta-Juanita Villaveces, “Perversion of Land Distribution by Landed Elites: Power, Inequality and Development in Colombia”, World Development, publicación pendiente.Hide Footnote . La desigualdad en la tenencia de la tierra fue un reclamo central de las FARC durante su época insurgente, y el acuerdo de paz describe un plan integral para la reforma rural^[fn]El punto 1.1 del acuerdo de paz aborda esfuerzos para democratizar el acceso a la tierra, incluso a través de un banco de tierras y la titulación de propiedades informales. “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, noviembre de 2016.Hide Footnote . Sin embargo, los esfuerzos para restituir la tierra despojada a sus legítimos propietarios y entregar títulos formales a pequeños agricultores, que empezaron desde antes de la firma del acuerdo, se han movido lentamente y rara vez han resultado en la restitución de tierras en cabeza poderosos intereses comerciales a comunidades empobrecidas^[fn]La Ley 1448 de 2011 creó un proceso de restitución de tierras que continúa al día hoy. “Estadísticas de Restitución”, Unidad de Restitución de Tierras, 31 de mayo de 2020. Hide Footnote . La Defensoría del Pueblo informó en 2019 que el 85 por ciento de las muertes de líderes sociales en áreas rurales se asociaron con esfuerzos por defender los derechos a la tierra y a personas vulnerables, mientras que al menos dos líderes sociales que luchaban por la restitución de tierras han sido asesinados en 2020^[fn]“Informe de Seguimiento: Alerta Temprana 026-18”, Defensoría del Pueblo, agosto de 2019, p. 25. Las dos víctimas son Luis Darío Rodríguez Narváez, afiliado a la Asociación Unión de Familias Desplazadas y Vulnerables de Tierralta, Córdoba, el 18 de enero de 2020; y Mario Chilhueso, miembro de la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores Agropecuarios de Buenos Aires, Cauca, el 19 de abril de 2020.Hide Footnote .

Múltiples conflictos de tierras giran en torno a grandes proyectos de infraestructura. A finales de la década de 1990 y 2000, agresiones por parte de paramilitares desplazaron o silenciaron a los críticos de proyectos de obras públicas e industrias extractivas^[fn]“Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia”, Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015. El estudio cita evidencia de la participación de paramilitares en el desplazamiento violento vinculado a proyectos de gran escala e industrias extractivas en el Urabá, Magdalena Medio, Montes de María, Andén Pacífico Sur y Catatumbo. Ver en particular las páginas 244, 255-256 y 298.Hide Footnote . Si bien las fuerzas paramilitares se han desmovilizado desde entonces, los líderes de grupos ambientalistas informan que la intimidación y la violencia persisten. Un área donde la tendencia se mantiene es Hidroituango, la gran central hidroeléctrica al norte de Antioquia. Al menos tres líderes sociales que defendieron los derechos de las víctimas de masacres cometidas por paramilitares en la zona y dieron a conocer el impacto ambiental de la hidroeléctrica fueron asesinados en 2018^[fn]Los tres son: Ana María Cortés Mena, que trabajó con las víctimas a través de la personería municipal de Cáceres; Hugo Albeiro George, quien trabajó con la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos; y Luis Alberto Torres, de la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia. “La muerte de Hugo y Luis, dos líderes que se enfrentaban a Hidroituango”, Semana Sostenible, 14 de mayo de 2018; “Las lideresas asesinadas tienen nombre”, Pares, 24 de julio de 2018. Astrid Torres Ramírez, “Colombia Nunca Más: Extractivismo – Graves violaciones a los derechos humanos. Caso Hidroituango: Una lucha por la memoria y contra la impunidad”, Corporación Jurídica Libertad, 2018, p. 36.Hide Footnote . La Defensoría del Pueblo ha informado que al menos cuatro grupos armados operan ahora en la zona, incluidos los Gaitanistas. Representantes de la sociedad civil dicen que los culpables han cambiado pero no los delitos: “Con cualquier resistencia, siempre hay represión o eliminación”^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, investigador de la sociedad civil, Antioquia, junio de 2020. Hide Footnote .

Crisis Group telephone interview, civil society investigator, Antioquia, June 2020.Hide Footnote

La violencia dirigida a los líderes sociales a menudo indica que intereses armados buscan imponer su autoridad en un lugar determinado eliminando las caras más reconocidas de la resistencia cívica. Este intento por silenciar a los contradictores, junto con la naturaleza cada vez más fracturada del conflicto, ayuda a explicar por qué las amenazas se dirigen con mayor frecuencia a figuras de bajo perfil con influencia limitada, a veces confinadas a un solo barrio o manzana^[fn]Como subconjunto de la categoría, los líderes comunitarios locales ocupan el segundo lugar de todos los líderes sociales asesinados entre 2017 y 2019, según Somos Defensores. Consulte el Gráfico 5 en la p. 14 arriba. Hide Footnote . Un excombatiente de las FARC que ahora critica a las facciones disidentes explicó su lógica binaria, en la que “el 100 por ciento de la gente” debe obedecer porque “de lo contrario representan una amenaza”^[fn]Entrevista de Crisis Group, excombatiente desmovilizado de las FARC, Cali, febrero de 2020. Hide Footnote . 

Los activistas comunitarios se encuentran a menudo entre las pocas personas dispuestas a rechazar la presión de los grupos armados. Esto es cierto en áreas remotas con poca presencia estatal, así como en barrios urbanos donde actores armados se aprovechan de las personas vulnerables para extorsionar, traficar productos y reclutar jóvenes. Soacha, al sur de Bogotá, base de asentamientos informales en expansión y una población significativa de desplazados internos víctimas del conflicto y migrantes, es una de esas áreas^[fn]Al menos 50 000 personas del millón que se estima habitan en Soacha han sido reconocidas oficialmente como víctimas del conflicto. Entrevista de Crisis Group, funcionario, alcaldía, Soacha, febrero de 2020.Hide Footnote . La mayor cantidad de amenazas a líderes sociales se han dado por denunciar el narcotráfico en las ollas (puntos de venta) de barrio que fomentan el consumo de basuco (el crack local) y marihuana, esta última usada para reclutar a jóvenes y niños^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario de la personería local, Soacha, febrero de 2020. Las bandas armadas inicialmente ofrecen a los estudiantes de la escuela marihuana gratis, pero luego exigen un pago o que el estudiante se gane la droga “en especie” a través de pequeñas tareas. Un líder social narró cómo le dispararon después de pedirle a una olla cercana que operara a puerta cerrada para que los niños no estuvieran expuestos. Desde entonces, este líder ha recibido numerosas amenazas de muerte. Entrevistas de Crisis Group, estudiantes de secundaria, líder social, Altos de Cazucá, enero y febrero de 2020. Hide Footnote .

Los defensores que se resisten o tratan de prevenir el reclutamiento de niños también son blanco de ataques^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario del Ministerio del Interior, Bogotá, marzo de 2020. Hide Footnote . Grupos armados de las zonas rurales y urbanas reclutan niños y, a veces, usan alimentos para que acepten pequeñas tareas como mensajeros. Un líder comunitario de Soacha, que dirige un programa extracurricular y de alimentación, y ha recibido numerosas amenazas de muerte, explicó: 

Los grupos armados están reclutando a los jóvenes y saben que aquí les estamos enseñando algo diferente. Entonces, soy una piedra en su zapato. Los que quieren asesinarme trabajan con bandas criminales, las grandes, entonces, ¿qué puedo hacer? Dicen que soy un sapo [informante]^[fn]Entrevista de Crisis Group, líder comunitario, Altos de Cazucá, enero y febrero de 2020.Hide Footnote .

Crisis Group interview, community leader, Altos de Cazucá, January and February 2020.Hide Footnote

Otros líderes sociales han resultado en riesgo por oponerse a las actividades económicas de grupos armados, por ejemplo, en comunidades ubicadas a lo largo de rutas clave para el tráfico de drogas y otros productos. Quizás el ejemplo más claro de resistencia local proviene de los líderes de la comunidad indígena Nasa en el norte del Cauca^[fn]Las definiciones gubernamentales clasifican a la mayoría de las autoridades y guardias indígenas como líderes sociales.Hide Footnote .

Los Nasa gozan de autonomía territorial reconocida por la Constitución de 1991 y su guardia indígena desarmada aprovechó la salida de las FARC como una oportunidad para fortalecer su propio control. Cuando las facciones disidentes de las FARC, el Ejército Popular de Liberación y otros grupos desconocidos comenzaron a aparecer a fines de 2017, la guardia instaló puestos de control para regular el movimiento, y luego detuvo a presuntos miembros de grupos armados^[fn]Entrevistas de Crisis Group, líderes de comunidades indígenas y miembros de la guardia indígena, Caloto y Santander de Quilichao, febrero de 2020.Hide Footnote .

La respuesta de los grupos armados fue rápida y violenta. En 2019, las autoridades indígenas reportaron cinco masacres y 87 homicidios en su territorio, incluidos numerosos asesinatos de líderes sociales y el atroz asesinato de la gobernadora indígena Cristina Bautista^[fn]“Informe de desarmonías territoriales zona norte del departamento del Cauca Colombia 2019”, Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca, 31 de diciembre de 2019. Hide Footnote . Un miembro de la guardia afirmó que la violencia se debió a la resistencia de los grupos indígenas: 

Empiezan a acosar y amenazar a la gente, y luego la gente se desplaza. Pero aquí, no nos movemos, luchamos. Después del 2017, nos convertimos en el ejército. Empezamos a capturar a uno, dos, cinco [miembros de grupos armados]. También surgieron amenazas y panfletos. Había diecisiete panfletos solo para mí como coordinador de nuestra guardia^[fn]Entrevista de Crisis Group, coordinador de la guardia indígena, Caloto, febrero de 2020. En 2019, la guardia indígena registró el hallazgo de 58 panfletos que amenazaban a su comunidad de seis grupos armados diferentes. La resistencia indígena del Cauca a los grupos armados es parte de una lucha histórica por la preservación de la tierra, la autonomía política y las tradiciones culturales. “Nuestra vida ha sido nuestra lucha”, Centro Nacional de Memoria Histórica, 2020. Hide Footnote .

La experiencia indígena en el norte del Cauca también es un ejemplo revelador de cómo la resistencia a los grupos armados a menudo conlleva a conflictos intracomunitarios. Muchos de los nuevos reclutas de las disidencias de las FARC desde 2016 son Nasa; otros Nasa están dispuestos a informar sobre las actividades de sus vecinos a los grupos armados a cambio de un pago o protección^[fn]Entrevistas de Crisis Group, guardia indígena, Caloto, febrero de 2020; líder de la comunidad indígena de Toribio, Santander de Quilichao, febrero de 2020.Hide Footnote . Estas tensiones, junto con la preocupación por el alto costo de resistir a los grupos armados, llevaron a la guardia indígena a comenzar a limitar los enfrentamientos con estos a fines de 2019^[fn]Entrevistas de Crisis Group, coordinadores de la guardia indígena y líderes comunitarios locales, Caloto, febrero de 2020. Hide Footnote .

Crisis Group interviews, indigenous guard coordinators and local community leaders, Caloto, February 2020.Hide Footnote

Los grupos armados que buscan establecerse como autoridades locales de facto han impuesto históricamente normas sociales que definen como regulaciones morales. La práctica persiste hoy, e incluso se ha intensificado, a medida que los grupos armados se esfuerzan por garantizar la obediencia de sus imposiciones a nivel local^[fn]En los primeros tres meses de 2020, la Defensoría del Pueblo reportó riesgo de "limpieza social" en al menos cuatro departamentos: Bolívar, Caquetá, Choco y Antioquia.Hide Footnote . Los grupos armados pueden acusar a sectores marginados o minoritarios de la sociedad de deslealtad o colaboración con enemigos^[fn]“Los grupos armados violentos buscan chivos expiatorios por el daño infligido en su contra y, de esa manera, castigan a grupos marginados, por ejemplo, por colaborar con el enemigo”. Annette Idler, Borderland Battles: Violence, Crime and Governance at the Edges of Colombia’s War (Oxford, 2019), p. 145. Hide Footnote . Imponen represalias, a menudo de forma violenta, describiéndolas como “limpieza social”, demostrando su capacidad de castigar a quienes no obedecen^[fn]“Grupos de personas encubiertas… asesinan a otras personas en estado de completa indefensión. Les disparan sin mediar palabra alguna, donde las encuentren, presos de la determinación de exterminar. Es una ‘limpieza’ —dicen quienes perpetran esos crímenes—, queriendo significar que se ocupan del acto de remover la inmundicia y la suciedad. Los cuerpos que yacen portan consigo una marca de identidad: habitar la calle, un oficio sexual, delinquir, ser joven popular…”. “Limpieza Social: Una Violencia Mal Nombrada”, Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 15.Hide Footnote . Los líderes sociales que representan a la comunidad LGBT y los derechos de las mujeres enfrentan una grave amenaza en este sentido. Como dijo un líder trans, “El trabajo que hacemos defendiendo los derechos de nuestra comunidad nos convierte en un objetivo”^[fn]Entrevista de Crisis Group, líder social de la comunidad trans, Soacha, marzo de 2020.Hide Footnote .

La intimidación de lideresas sociales, en particular de aquellas que promueven causas como los derechos de las víctimas de violencia sexual, es generalizada y a menudo ignorada. Las lideresas denuncian amenazas por sobresalir en sociedades donde los hombres suelen estar en una posición dominante: “Los disidentes de las FARC apoyan la idea de una ‘buena madre’, que significa estar en casa con su hijo, sin trabajar”^[fn]Entrevista de Crisis Group, líder de comunidad afrodescendiente, Santander de Quilichao, febrero de 2020. Hide Footnote . En lugar de amenazas de muerte, las lideresas pueden ser más propensas a recibir amenazas, por ejemplo contra sus hijos, destinadas a obligarlas a dejar su trabajo social y/o abandonar el área^[fn]Las mujeres representan el 15 por ciento de los líderes asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz. “Informe especial sobre agresiones a personas defensoras de los derechos humanos y de los acuerdos de paz”, op. cit., p. 16. Hide Footnote . En el municipio de El Carmen de Bolívar, por ejemplo, donde los Gaitanistas y las Águilas Negras en 2019 circularon panfletos advirtiendo sobre una “limpieza social”, las mujeres representaron solo dos de los 22 asesinatos en esa zona en 2019, pero recibieron la mayoría de las 136 amenazas reportadas^[fn]“Alerta Temprana 006-2020: El Carmen de Bolívar”, Defensoría del Pueblo, 2020. Tanto la policía colombiana como numerosos analistas consideran que el grupo Águilas Negras existe solo en el papel, como fachada de múltiples bandas criminales. Si bien las autoridades rara vez han rastreado panfletos de las Águilas Negras que resulten en actos de violencia posteriores, estos mensajes generan terror en las comunidades y, según informes, se han utilizado para favorecer intereses de la derecha. “Águilas Negras: el ‘genérico’ de las amenazas en Colombia”, El Tiempo, 20 de enero de 2020. Ariel Ávila, “¿Qué son las Águilas Negras?”, Fundación Paz y Reconciliación, 29 de diciembre de 2018.Hide Footnote . Varias lideresas también informan que funcionarios estatales se negaron a procesar sus denuncias sobre amenazas en su contra, argumentando que ellas eran las culpables por involucrarse con temas delicados^[fn]“Cuando denuncié las amenazas por primera vez, el [fiscal] me dijo que debía dejar de hacer el trabajo [abogar por las víctimas de violencia sexual], que adoptara un perfil bajo, y luego las amenazas cesarían”, entrevista de Crisis Group, lideresa que representa a víctimas de violencia sexual, Bogotá, noviembre de 2019. Otras dos mujeres relataron experiencias similares. Entrevistas de Crisis Group, lideresas sociales, Soacha, enero y marzo de 2020.Hide Footnote .

“When I first reported threats, the [state prosecutor] told me that I should stop doing the work [advocating for victims of sexual violence], go low-profile, and then the threats would stop”, Crisis Group interview, leader representing victims of sexual violence, Bogotá, November 2019. Two other women reported similar experiences. Crisis Group interviews, social leaders, Soacha, January and March 2020.Hide Footnote

Las fuerzas armadas de Colombia están a cargo de la seguridad interna, como lo han estado durante casi 70 años^[fn]Desde principios de la década de 1960, y luego incrementándose con el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe en 2002, los militares han tenido la responsabilidad casi exclusiva de mantener el orden público en Colombia. Ver Francisco Leal Buitrago, “Una visión de la seguridad en Colombia,” Análisis Político, no. 73 (2011), p. 3-36.Hide Footnote . A pesar de que el conflicto colombiano ha evolucionado, el ejército ha mantenido su enfoque en operaciones tradicionales contra los grupos armados y la protección de los intereses económicos del Estado. Estos objetivos tienden a desplazar otras funciones, incluidas las de consolidación de la paz y enlace comunitario contempladas después del acuerdo de 2016^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático involucrado en la reforma militar, junio de 2020. El ejemplo más claro dirigido a las relaciones con los líderes sociales fue una iniciativa militar de 2016 llamada Fe en Colombia, destinada a expandir la presencia del Estado en las zonas rurales y mejorar la confianza de la comunidad. Rocío del Pilar Pachón Pinzón, “En el fortalecimiento de la gobernabilidad territorial”, Transformación Militar, no. 1 (2016), pp. 148-157.Hide Footnote . La resistencia al cambio dentro de las filas militares y el gobierno de Duque ha asegurado que las relaciones con las comunidades y los líderes sociales continúen siendo tensas.

El gobierno de Duque ve al narcotráfico y al crimen organizado como las causas fundamentales de los ataques contra líderes sociales^[fn]“Presidente Duque reiteró que detrás de los asesinatos de líderes sociales están el narcotráfico, la extracción ilegal de minerales y los grupos armados organizados”, op. cit. Hide Footnote . Este vínculo entre violencia y delincuencia es la base de la estrategia de seguridad del gobierno, conocida como “Paz con Legalidad”, que prioriza el desmantelamiento de negocios ilícitos y la lucha contra los grupos armados^[fn]“Paz con Legalidad”, Presidencia de Colombia, 2018. Esta estrategia de seguridad revive el argumento del expresidente Álvaro Uribe de que los grupos armados en Colombia no son organizaciones políticas sino operaciones criminales terroristas que requieren una respuesta militar. Hide Footnote . 

El gobierno no cree que hay un conflicto armado en el que se enfrenta a grupos armados políticos^[fn]“Colombia no tiene un conflicto armado. Lo que tenemos es un problema de violencia financiado por economías ilegales. ... Los grupos armados en Colombia no tienen un proyecto político”. Entrevista de Crisis Group, senador, partido Centro Democrático, Bogotá, enero de 2020.Hide Footnote . Numerosos funcionarios se han negado a describir la situación de seguridad como un conflicto armado, lo que ha resultado en controversias^[fn]Un ejemplo destacado es el director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ver “Colombia: las ambigüedades del director del Centro de Memoria sobre el conflicto armado”, France 24, 5 de febrero de 2020.Hide Footnote . En cambio, la administración ve a los grupos armados como actores criminales que presentan una amenaza a la seguridad y, como resultado, tiende a negarse a negociar con estos^[fn]El gobierno no ha descartado las conversaciones con el ELN, pero ha impuesto duras condiciones para iniciar el diálogo al tiempo que anima a los combatientes a desmovilizarse individualmente.Hide Footnote . Basado en esta concepción, después de que el ELN propusiera en julio negociar un alto al fuego humanitario bilateral, el gobierno dijo que el primer paso lo debería dar este grupo suspendiendo unilateralmente toda actividad armada y criminal^[fn]“Le proponemos al presidente Iván Duque pactar un cese el fuego bilateral por 90 días. Nuestra Delegación de Diálogos que se encuentra en La Habana [Cuba], está facultada para tramitar todos los detalles operativos”. Comunicado del ELN, 7 de julio de 2020. “El gobierno colombiano descarta la propuesta del ELN del cese al fuego bilateral”, EFE, 9 de julio de 2020.Hide Footnote . El gobierno de Duque procedió a poner en marcha un programa de sometimiento individual destinado a incentivar la deserción individual o de pequeños grupos de combatientes a cambio de sentencias judiciales más leves^[fn]“Decreto número 601 de 2020”, Presidencia de Colombia, 28 de abril de 2020. “Gobierno nacional firma Decreto 965 del 7 de julio de 2020 que crea una nueva ruta de Sometimiento Individual a la Justicia de integrantes de Grupos Armados Organizados”, comunicado de prensa, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 8 de julio de 2020.Hide Footnote . Más de 100 combatientes se han presentado al programa, algunos de los cuales se desmovilizaron después de ser detenidos por el ejército^[fn]Varias decenas de combatientes del ELN solicitaron desmovilizarse después de sufrir una dura derrota a manos de militares en el Cauca en mayo. Correspondencia de Crisis Group, oficial de seguridad, mayo de 2020. Al menos 71 combatientes se han presentado ante las autoridades en el Cauca, así como 58 en Antioquia. “En el Cauca operan 5 estructuras de disidencias de las Farc y 4 estructuras del ELN y las desmantelaremos ”, comunicado de prensa, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 27 de agosto de 2020. Hide Footnote .

Several dozen ELN fighters requested to demobilise after suffering heavy defeat at the military’s hands in Cauca in May. Crisis Group correspondence, security official, May 2020. At least 71 fighters have presented themselves to authorities in Cauca, as well as 58 in Antioquia. “En el Cauca operan 5 estructuras de disidencias de las Farc y 4 estructuras del ELN y las desmantelaremos ”, press release, High Commission for Peace, 27 August 2020. Hide Footnote

Que la administración Duque considere que la violencia de los grupos armados es simplemente una manifestación de criminalidad también le lleva a darle a las operaciones militares punitivas al menos la misma importancia que le da a las iniciativas de desarrollo rural; iniciativas que podrían responder a los reclamos políticos que explotan estos grupos. Aunque las operaciones militares rara vez son el único tipo de intervención gubernamental en las zonas afectadas por el conflicto, las fuerzas armadas suelen acompañar el despliegue de proyectos económicos y sociales, y el gobierno tiende a alinear estas iniciativas con sus prioridades de seguridad^[fn]Por ejemplo, el ejército se desplegará en muchas de las áreas previstas para la reforma rural en el acuerdo de paz. La iniciativa del presidente, Zonas Futuras, tiene como objetivo vincular estos programas de desarrollo con una presencia militar más fuerte para luchar mejor contra los grupos armados. “Decreto número 2278 de 2019”, Presidencia de Colombia, 16 de diciembre de 2019.Hide Footnote .

El gobierno considera que su estrategia es vital para reducir los asesinatos a largo plazo: “Si todos estamos de acuerdo en que queremos detener los asesinatos de líderes sociales, todos deberíamos estar de acuerdo en que necesitamos fortalecer al ejército. Las comunidades dicen que no quieren al ejército, pero luego las organizaciones criminales ganan. Necesitamos presencia militar”^[fn]Entrevista de Crisis Group, senador, partido Centro Democrático, Bogotá, enero de 2020.Hide Footnote . Luego de media docena de asesinatos en el Cauca a fines de 2019, por ejemplo, el presidente Duque ordenó el despliegue de 2500 soldados adicionales a la región para desmantelar grupos de las disidencias de las FARC^[fn]“Declaración del presidente Iván Duque al término del Consejo de Seguridad en el departamento del Cauca”, Presidencia de Colombia, 30 de octubre de 2019.Hide Footnote . También se desplegaron fuerzas en el Chocó en respuesta al aumento de la violencia, incluyendo la violencia contra líderes comunitarios, en 2019 y principios de 2020^[fn]“Ordené fortalecer presencia de la Fuerza Pública en la zona de Bojayá, Chocó, afirmó el presidente Duque”, Presidencia de Colombia, 2 de enero de 2020.Hide Footnote . Fuentes de seguridad informan que el ejército tiene como objetivo mostrar resultados cuantificables, como el número de comandantes clave muertos o capturados, cultivos ilícitos e insumos de drogas incautados y hectáreas de cultivos de coca erradicadas^[fn]Entrevistas de Crisis Group, fuente de seguridad, febrero, marzo y abril de 2020. El 18 de mayo de 2019, The New York Times reveló que el ejército había emitido una directiva para duplicar el número de combatientes muertos y capturados. “Colombia army’s new kill orders send chills down ranks”, The New York Times, 18 de mayo de 2019. Varios días después, el ejército revocó la directiva y el presidente Duque se comprometió a crear una comisión independiente para investigar la orden. “Colombia will review military orders amid human rights fears”, The New York Times, 25 de mayo de 2019.Hide Footnote .Crisis Group interviews, security source, February, March and April 2020. On 18 May 2019, The New York Times revealed that the military had issued a directive to double the number of killed and captured combatants. “Colombia army’s new kill orders send chills down ranks”, The New York Times, 18 May 2019. Several days later, the military revoked the directive and President Duque pledged to set up an independent commission to investigate the order. “Colombia will review military orders amid human rights fears”, The New York Times, 25 May 2019.Hide Footnote

Priorizar los enfrentamientos con grupos armados puede resultar sacrificando la protección de los líderes sociales y sus comunidades. Las operaciones militares a menudo no consideran los efectos sobre residentes locales. Algunas comunidades argumentan que tan solo la presencia de soldados los pone en riesgo directo. En el norte del Cauca, por ejemplo, miembros de la guardia indígena de las comunidades Nasa explicaron que las operaciones militares contribuyen a un clima hostil y pueden provocar un combate abierto, con civiles atrapados en el medio: “Cuando vienen los militares, hay más enfrentamientos con los grupos armados”^[fn]Entrevista de Crisis Group, líder de comunidad indígena, Caloto, febrero de 2020.Hide Footnote . Las comunidades en estos entornos consideran que los militares se enfocan no en su protección sino en eliminar a un oponente, independientemente de las consecuencias para la población^[fn]Otro ejemplo viene del Chocó. Desde 2017, autoridades locales y grupos de la sociedad civil han abogado por un alto al fuego humanitario entre el ejército y el ELN para reducir los combates, que han obligado a miles de personas a permanecer en sus hogares. “Propuesta de Acuerdo Humanitario ¡Ya! En el Chocó”, agosto 2017. Hide Footnote .

Además, los grupos armados en Colombia rara vez eligen enfrentarse directamente a la fuerza militar del Estado, considerablemente superior, o incluso con otros grupos irregulares en disputa. En cambio, ante las campañas de seguridad del Estado, dirigen su violencia contra líderes sociales y presuntos colaboradores, con el objetivo de mantener a la población sometida. Durante el aislamiento nacional por el COVID-19, el ejército ayudó en la evacuación de líderes sociales amenazados en territorios controlados por grupos armados en al menos tres ocasiones^[fn]Decenas de líderes sociales fueron evacuados en el Cauca en marzo y junio de 2020. “Evacúan a diez personas amenazadas por disidencias de las Farc en Suárez”, RCN, 26 de marzo de 2020; y “Evacúan a 38 personas amenazadas por grupos armados en Cauca”, RCN, 5 de junio de 2020. Hide Footnote . Pero algunos funcionarios de seguridad expresan su frustración ante los objetivos de su misión, dirigidos a la incautación de estupefacientes y a enfrentar grupos armados, lo que limita la posibilidad de generar confianza entre las comunidades y considerar los efectos colaterales que las ofensivas militares tienen en los residentes locales^[fn]Entrevista de Crisis Group, fuente de seguridad, febrero de 2020. Hide Footnote . 

La prevención de las comunidades hacia los militares se ve reforzada por la percepción de que las fuerzas armadas, bajo presión por obtener resultados, en ocasiones han recurrido a lo que se conoce como “falsos positivos”, la ejecución de civiles, incluidos líderes sociales, para hacerlos pasar como combatientes muertos en enfrentamientos, como fue el caso entre 2003 y 2008^[fn]Entre 2003 y 2008, el gobierno de Uribe ofreció incentivos que incluían beneficios salariales y laborales para que los soldados realizaran misiones de matar y capturar. La política provocó una gran cantidad de ejecuciones extrajudiciales. “Por ‘falsos positivos’ van 1.740 condenas”, El Tiempo, 18 de mayo de 2020.Hide Footnote . Aunque más de 1700 exmilitares han sido procesados y sentenciados por su participación en estos crímenes hace más de una década, las comunidades continúan denunciando presuntas ejecuciones por parte de las fuerzas armadas. El 1 de junio, las autoridades indígenas U’wa en Norte de Santander afirmaron que Joel Villamizar, asesinado por militares como presunto integrante del ELN, era en realidad un líder social local^[fn]La declaración de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa fue difundida por otras organizaciones comunitarias. “Comunicado a la opinión pública nacional e internacional”, tuit de Asociación Campesina del Catatumbo, @AscamcatOficia, 11:34 pm, 31 de mayo de 2020. Del mismo modo, miembros de la comunidad en Teorama, Catatumbo, tuvieron choques con los militares después de que soldados asesinaran a Salvador Jaimes Durán, de 22 años. La comunidad insistió en que era un líder local, mientras que los militares consideran que también pertenecía al ELN. “Investigan si líder social que murió en Teorama pertenecía al ELN”, Semana, 29 de junio de 2020. “Ejército responde a denuncias de asesinato de líder en Teorama”, El Tiempo, 27 de junio de 2020.Hide Footnote . Exfuncionarios del sector defensa también se refieren a un prejuicio generalizado en el ejército contra los líderes sociales que representan a comunidades que viven bajo la influencia de los grupos armados: “Existe un discurso de que los líderes sociales son guerrilleros, que están enredados con el narcotráfico”^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, exfuncionario de defensa, julio de 2020.Hide Footnote . 

Varios líderes sociales alegan que la retórica del gobierno en torno al acuerdo de paz de 2016 también los expone a un mayor peligro^[fn]“Mientras tanto, el proceso de paz ha sido deslegitimado y estigmatizado, y esto tiene graves consecuencias para los líderes que lo apoyan”. Entrevistas de Crisis Group, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Bogotá, enero de 2020. Hide Footnote . Duque llegó al cargo prometiendo enmendar lo que, según él, era un acuerdo defectuoso, demasiado indulgente con las FARC^[fn]Informe de Crisis Group sobre América Latina N°67, Reformas arriesgadas: el enfoque del gobierno de Duque hacia la paz en Colombia, 21 de junio de 2018.Hide Footnote . En ocasiones, declaraciones de altos funcionarios de parecen restar importancia a los riesgos que enfrentan los líderes, con lo cual han generado indignación por el aparente menosprecio del problema por parte de la administración^[fn]En un claro ejemplo, la ministra del Interior de Colombia, Alicia Arango, generó polémica al decir que en Colombia mueren más personas en casos de robo de teléfonos celulares que en represalias por defender los derechos humanos. “Persiste controversia alrededor de crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos”, El Espectador, 4 de marzo de 2020.Hide Footnote . A pesar de la atención pública y las protestas masivas de fines de 2019, los líderes sociales dicen que el daño en gran medida ya está hecho, ya que la actitud del gobierno le ha dado un velo político a las amenazas y violencia en su contra^[fn]“Este es uno de los peores momentos de la historia reciente para la confianza entre el Estado y las comunidades, y en particular los líderes sociales”. Entrevista telefónica de Crisis Group, figura destacada de la sociedad civil, abril de 2020. Hide Footnote .

“This is one of the worst moments in recent history for trust between the state and the communities – and particularly social leaders”. Crisis Group telephone interview, prominent civil society figure, April 2020.Hide Footnote

Existen numerosas denuncias de coordinación o complicidad entre las fuerzas armadas y grupos criminales en hechos de violencia contra líderes sociales. Si bien el Estado niega tal complicidad, la Procuraduría General anunció una investigación en julio de 2018 con el fin de descubrir cualquier irregularidad, afirmando: “Aquí ha habido casos de cooptación de los agentes del Estado por organizaciones criminales que están eliminando a los líderes sociales”^[fn]“Estamos indagando si hay agentes de la fuerza pública involucrados en asesinatos de los líderes sociales: Procurador”, Procuraduría General, 11 de julio de 2018. Hide Footnote . A septiembre de 2020, el Procurador General se encontraba investigando dieciocho actos de violencia contra líderes sociales presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas armadas, incluidos catorce homicidios^[fn]“Procuraduría revela investigaciones contra militares por asesinatos de líderes sociales”, RCN Radio, 22 de septiembre de 2020.Hide Footnote . Mientras tanto, grupos de la sociedad civil se retiraron del diálogo con el gobierno y pidieron a los ministros del interior y defensa que renunciaran en noviembre de 2019, alegando “participación directa de miembros de las fuerzas armadas” en el asesinato de líderes sociales, incluida la gobernadora indígena Cristina Bautista^[fn]“La Confluencia suspende su participación en el proceso de formulación de la Política Pública Integral de Respeto y Garantías para la labor de Defensa de los Derechos Humanos”, comunicado de prensa, Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, Plataforma Colombia de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Cumbre Agraria, 6 de noviembre de 2019. Ninguno reconoció estos llamados de la sociedad civil; tanto Duque como los militares han culpado a grupos armados del ataque. “Tras asesinato de cinco indígenas, presidente Duque instruye a Ministerio del Interior a realizar comité especial de DD.HH. con la gobernación y organizaciones indígenas”, CNN, 30 de octubre de 2019.Hide Footnote . 

Múltiples líderes sociales han informado haber experimentado un aumento en la violencia luego de denunciar vínculos entre grupos armados y miembros de las fuerzas de seguridad o del gobierno, por ejemplo en el municipio del Alto Baudó del Chocó, donde el ejército tiene una presencia significativa^[fn]“Confinamiento y muerte en el Alto Baudó, Chocó”, comunicado a la opinión pública, Diócesis de Istmina – Tadó, Quibdó y Apartadó, Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Mesa de Concertación y Diálogo de los Pueblos Indígenas de Chocó, Consejo Comunitario General del Río Baudó y Sus Afluentes, 23 de marzo de 2020. “La Armada Nacional, el Ejército, van a estar encima, de que no tengamos grupos armados que estén en el municipio de Bojayá tratando de sentirse al ancho de la seda”. “Palabras del Presidente de la República, Iván Duque Márquez, al inicio de la reunión con líderes sociales y autoridades étnicas de Bojayá, Chocó”, Presidencia de Colombia, 11 de enero de 2020. Hide Footnote . El destacado líder social Leyner Palacios le escribió y se reunió con el presidente Duque a principios de 2020 para discutir preocupaciones, incluida la aparente complicidad entre las fuerzas armadas y los Gaitanistas en la región^[fn]“La actuación de los grupos paramilitares de las AGC se realiza en connivencia con la Fuerza Pública… esto contradice la legitimidad de un gobierno que postula como principio de intervención la legalidad”. Leyner Palacios, “Carta al Presidente Iván Duque”, Bogotá, 8 de enero de 2020. Palacios, sobreviviente de una masacre perpetrada por las FARC con un cilindro bomba en 2002 que dejó 79 muertos, enfrentó recientemente un atentado contra su vida en el que uno de sus escoltas fue asesinado. “Asesinan en Cali al escolta del líder social Leyner Palacios”, Semana, 4 de marzo de 2020. El 23 de marzo de 2020, tres diócesis católicas del departamento acusaron a “algunas autoridades de gobierno y algunos miembros de la Fuerza Pública” de tener vínculos con grupos ilegales. “Confinamiento y muerte en Alto Baudó (Chocó)”, op. cit. En un comunicado posterior el 7 de junio la diócesis de Quibdó reiteró estas preocupaciones. Hide Footnote . El ejército ha negado estas acusaciones, mientras señala que se están llevando a cabo procedimientos disciplinarios dentro de sus filas^[fn]Informe de Crisis Group sobre América Latina N°76, Tranquilizar el Pacífico tormentoso: violencia y gobernanza en la costa de Colombia, 8 de agosto de 2019.Hide Footnote . 

Crisis Group Latin America Report N°76, Calming the Restless Pacific: Violence and Crime on Colombia’s Coast, 8 August 2019.Hide Footnote

Si bien resulta difícil establecer el alcance de los vínculos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados, la percepción de complicidad por sí sola es perjudicial para las relaciones entre la comunidad y los militares. El gobierno sostiene que proteger todo el vasto y a menudo infranqueable territorio de Colombia es imposible y que debe desplegar tropas ante todo en las áreas de mayor riesgo^[fn]“Colombia sees surge in mass killings despite historic peace deal”, The New York Times, 13 de septiembre de 2020.Hide Footnote . Sin embargo, figuras de la sociedad civil local en el Cauca y Chocó, así como observadores internacionales, informan que el ejército parece atacar a ciertos actores armados y no a otros. Si bien los militares han enfrentado al ELN en el Chocó, “los paramilitares [los Gaitanistas] han ido ganando mucho terreno [pero] no hemos visto ningún enfrentamiento entre los militares y los paramilitares”^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, lideresa de derechos de las mujeres del Chocó, junio de 2020. Un ejemplo adicional viene del sur del Cauca, donde la facción disidente de las FARC Frente Carlos Patiño ha realizado una campaña a lo largo del 2020 para desplazar al ELN. Residentes y observadores internacionales afirman que las operaciones militares en la zona se han dirigido de manera desproporcionada contra el ELN, lo que ha permitido la entrada de disidentes de las FARC. Entrevistas telefónicas de Crisis Group, líder social indígena en Toribío y observador internacional con sede en Popayán, agosto de 2020. Hide Footnote . Esta percepción no se limita al periodo del actual gobierno: en 2017 y 2018, comunidades del sur de Córdoba denunciaron la omisión militar cuando los Gaitanistas tomaron el control del territorio de las extintas FARC^[fn]“La forma en que estos grupos entraron da la impresión de que el gobierno fue cómplice, y que estuvo coordinado: los militares se fueron y de repente entraron los Gaitanistas”. Entrevista de Crisis Group, funcionario, Defensoría del Pueblo, octubre de 2019. En ese momento, el ejército se centró principalmente en asegurar las zonas de desmovilización de las FARC.Hide Footnote .

“The way that these groups entered gives the impression that the government was complicit, and that it was coordinated: the military left, and suddenly the Gaitanistas entered”. Crisis Group interview, official, Ombudsman, October 2019. At that time, the military focused heavily on securing demobilisation zones for the FARC.Hide Footnote

El brote de COVID-19 en Colombia no ha cambiado esencialmente estas condiciones, pero ha exacerbado los riesgos que enfrentan los líderes sociales. Las limitaciones a la movilidad como medida para mitigar la propagación del COVID-19 implica que los líderes permanezcan en lugares fijos, lo que los convierte en presas fáciles de posibles agresores^[fn]El 24 de marzo, primer día de cuarentena nacional, asaltantes desconocidos asesinaron a dos líderes indígenas de la comunidad Embera en el Valle del Cauca que compartían vivienda y cumplían con las medidas de aislamiento. Rodrigo Uprimny Yepes, “Líderes sociales en tiempos de coronavirus”, Dejusticia, 5 de abril de 2020. Hide Footnote . Los esquemas de seguridad de algunos líderes no han permanecido con ellos, dejándolos desprotegidos en casa^[fn]Entrevista de Crisis Group, diplomático, junio de 2020. Ver también tuit de Francia Márquez Mina, @FranciaMarquezM, lideresa social, 6:21 am, 29 de mayo de 2020. Hide Footnote . Las cuarentenas limitaron el acceso de los líderes a sus comunidades, así como su capacidad para reunirse con colegas para coordinar o responder a situaciones de riesgo^[fn]Entrevistas telefónicas de Crisis Group, personal de organizaciones de la sociedad civil, marzo y abril de 2020. Hide Footnote . Las prohibiciones de viajar también redujeron la información que sale de las áreas de difícil acceso, particularmente donde el servicio de telefonía móvil es deficiente o los grupos de la sociedad civil temen comunicarse electrónicamente^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario, Defensoría del Pueblo, abril de 2020. La ONU comparte estas preocupaciones. “Informe trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación en Colombia”, S/2020/603, 26 de junio de 2020. Hide Footnote .

Datos iniciales del aislamiento nacional confirman estos riesgos. Durante los primeros dos meses de aislamiento, los homicidios de líderes sociales aumentaron en un 53 por ciento, incluso cuando la tasa general de asesinatos a nivel nacional disminuyó en un 16 por ciento^[fn]“El conflicto armado y su impacto humanitario y ambiental: tendencias durante la pandemia”, Fundación Ideas para la Paz, 24 de mayo de 2020. Hide Footnote . Hasta ahora, la violencia contra líderes sociales en 2020 se ha concentrado en áreas históricamente expuestas a conflictos, como lo demuestra el mapa en el Gráfico 6.

La actividad de grupos armados durante la pandemia también está agravando la inseguridad de los líderes sociales. La crisis de salud les ofrece nuevas razones para imponer reglas a las comunidades bajo la apariencia de restricciones de cuarentena. En áreas sin una fuerte presencia estatal, la crisis ha complicado aún más la vida de quienes intentan llevar a cabo una actividad económica normal a la sombra de los grupos armados. Decenas de grupos armados regionales han emitido regulaciones que limitan el movimiento, incluidos toques de queda, puestos de control y restricciones en el suministro de alimentos y medicamentos^[fn]“Alerta Temprana 018-2020”, Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo, 30 de abril de 2020.Hide Footnote . Sin funcionarios de salud pública presentes para hacer cumplir las cuarentenas en el Bajo Cauca, los Gaitanistas han dado instrucciones a los líderes sociales para que se conviertan en las caras públicas de las medidas de aislamiento del grupo^[fn]Según informes, los Gaitanistas les han dicho a los líderes sociales que los “apoyarán” en campañas de salud pública y que deben informarles de cualquier incumplimiento. Correspondencia de Crisis Group, funcionario, Defensoría del Pueblo, julio de 2020. Hide Footnote . A lo largo de la frontera con Brasil, en el Amazonas, el departamento con una de las mayores tasas de contagio per cápita, “varios frentes disidentes de las FARC son los que hacen presencia y establecen las reglas de cuarentena, no el Estado”^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, académico con sede en Amazonas, junio de 2020. Hide Footnote . En algunos casos, los grupos armados han entregado alimentos o ayudas como una forma de reforzar la futura colaboración comunitaria^[fn]Entrevistas telefónicas de Crisis Group, líderes de la sociedad civil en Antioquia, abril de 2020. Hide Footnote . 

Varios grupos armados han aprovechado las medidas de aislamiento para ampliar o consolidar su control territorial. Disidentes de las FARC del Frente Carlos Patiño en el Cauca se movilizaron para apoderarse de un codiciado corredor de narcotráfico hacia el Pacífico^[fn]Correspondencia de Crisis Group, fuente de seguridad, abril de 2020. Hide Footnote . Otros dos frentes disidentes de las FARC en el norte del Cauca han llevado a cabo una serie de ataques contra combatientes desmovilizados, líderes sociales y personas acusadas de violar la cuarentena^[fn]“Alerta Temprana 018-2020”, op. cit.Hide Footnote . La violencia contra la comunidad Nasa en el Cauca ha contribuido a convertir a los activistas indígenas en la categoría de líderes sociales más amenazada este año, como se muestra a continuación. La crisis sanitaria, por su parte, ha sido usada para una supuesta “limpieza social”, con grupos armados acusando a líderes sociales que no cooperan de portar el coronavirus para presionarlos o desplazarlos^[fn]Al menos uno de estos casos se reportó en Córdoba en abril. Correspondencia de Crisis Group, líder de víctimas de Tierralta, abril de 2020. Personas infectadas, o que se cree que pueden estar infectadas, se han enfrentado al estigma, acoso y amenazas que van desde el ostracismo hasta el desplazamiento. Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario, Defensoría del Pueblo, abril de 2020. Hide Footnote . 

At least one such case was reported in Córdoba in April. Crisis Group correspondence, victims’ leader from Tierralta, April 2020. Infected individuals, or those believed to be infected, have faced stigma, harassment and threats ranging from ostracism to displacement. Crisis Group telephone interview, official, Ombudsman, April 2020.Hide Footnote

Al mismo tiempo, funcionarios del gobierno describieron el aislamiento como una oportunidad para redoblar los esfuerzos de las fuerzas armadas para la erradicación forzada de coca, lo cual ha agravado la inseguridad en ciertas comunidades^[fn]Correspondencia de Crisis Group, fuente de seguridad, abril de 2020; entrevista telefónica, alto funcionario, Presidencia de Colombia, abril de 2020. Hide Footnote . Si bien la erradicación en general no ha aumentado, los esfuerzos se han enfocado en las comunidades donde familias de agricultores están inscritas en programas de sustitución de cultivos y esperan el apoyo del gobierno^[fn]Estas incluyen el Bajo Cauca, Putumayo y Catatumbo. Entrevistas telefónicas de Crisis Group, líder senior de la sociedad civil, abril de 2020; investigador de la sociedad civil de Antioquia, junio de 2020. Juan Carlos Garzón, “La erradicación forzada no ha aumentado, pero los cultivadores la están pasando mal”, Fundación Ideas para la Paz, 1 de junio de 2020.Hide Footnote . Como resultado, la tensión social y la desconfianza hacia los militares han aumentado en las comunidades productoras de coca. Las asociaciones de agricultores han roto la cuarentena para impedir la entrada de erradicadores manuales a sus cultivos, argumentando que tales acciones los arruinarán^[fn]Por ejemplo, el 1 de julio, aproximadamente 500 cultivadores de coca impidieron que 40 miembros de las fuerzas armadas abandonaran el área donde realizaban tareas de erradicación forzosa de coca, en protesta contra la falta de medios de vida alternativos en San José de Micay, Cauca. “En Cauca, miembros del Ejército fueron retenidos por campesinos”, La Silla Vacía, 1 de julio de 2020.Hide Footnote . Grupos armados, a su vez, se han aprovechado de la alteración para atacar a los defensores de la erradicación voluntaria^[fn]“Las disidencias de Farc aliada con el narcotráfico cobra otra vida de dirigentes del Coordinador Nacional Agrario”, Asociación Nacional Campesina, Coordinador Nacional Agrario de Colombia, 17 de abril de 2020.Hide Footnote . Al menos cinco personas afiliadas al programa de sustitución del gobierno y líderes comunitarios cocaleros fueron asesinadas entre marzo y junio.

Es probable que algunas tendencias emergentes vayan más allá de la pandemia. Colombia espera ver una contracción económica significativa en 2020, que afectará de manera especial a pequeños agricultores y a trabajadores informales. Es probable que la financiación de organizaciones de la sociedad civil colapse, incluso cuando las comunidades exigen mayor apoyo de sus líderes^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario, Defensoría del Pueblo, abril de 2020. Hide Footnote . El número de víctimas de la pandemia agravará las presiones económicas y las debilidades institucionales que hacen que las comunidades sean vulnerables a los grupos armados: “La cuarentena ha exacerbado el desempleo y la pobreza, y ésta es una semilla para que los grupos armados crezcan, reclutando niños, comprando comunidades”^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario, organización de ayuda humanitaria, septiembre de 2020. Hide Footnote . Los pocos intentos de corregir la desigualdad a través del acuerdo de paz de 2016 se retrasan y corren el riesgo de quedar completamente en el aire ya que el COVID-19 abruma las finanzas estatales^[fn]El 22 de abril, representantes a la Cámara del Centro Democrático propusieron utilizar fondos del proceso de paz para enfrentar la pandemia, aunque desde entonces el gobierno ha dicho que no cambiaría el acuerdo. “Proponen usar fondos del proceso de paz para emergencia de coronavirus”, Semana, 23 de abril de 2020.Hide Footnote . 

On 22 April, congressional representatives from the Democratic Centre party proposed using peace process funding to address the pandemic, though the government has since said it would not change the agreement. “Proponen usar fondos del proceso de paz para emergencia de coronavirus”, Semana, 23 April 2020.Hide Footnote

El enfoque del gobierno colombiano para proteger a los líderes sociales se centra en brindar seguridad a las personas, y simultáneamente atacar a los grupos armados. La primera parte de este enfoque ciertamente ha salvado vidas. Sin embargo, la segunda ha demostrado ser ineficaz en interrumpir los ciclos de violencia y, de hecho, varios líderes sociales afirman que exacerba las amenazas a las que se enfrentan. En efecto, ambas intervenciones son temporales. Los esquemas de seguridad pueden evitar riesgos específicos, pero no a los grupos que los crean; mientras que las operaciones militares contra grupos armados pueden perjudicarlos, pero hacen poco para rediseñar el entorno en el que florece la violencia.

El acuerdo de paz de 2016 ofreció un camino para reducir los asesinatos. El acuerdo creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, integrada conjuntamente por el gobierno y la sociedad civil, para diseñar una política pública y criminal para el desmantelamiento de organizaciones que atentan contra líderes sociales, incluyendo los grupos armados y organizaciones criminales que surgieron de la pasada desmovilización de grupos paramilitares^[fn]“Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, op. cit., punto 3.4.3. Hide Footnote . El acuerdo también ofreció una hoja de ruta para abordar las desigualdades rurales que alimentan la economía ilícita y estimulan la violencia.

Si bien estas iniciativas aún están vigentes, han sido desplazadas por casi una docena de nuevos decretos y políticas que regulan la seguridad de los líderes sociales, las cuales excluyen en gran medida a la sociedad civil y las voces externas al gobierno^[fn]Desde 2015, varias partes del Estado colombiano han emitido seis decretos, dos directivas y tres documentos de política que rigen la respuesta a la seguridad de los líderes sociales. El Consejo Nacional de Política Económica y Social espera publicar un documento de política adicional. Hide Footnote . Hoy en día, la responsabilidad de la seguridad de los líderes sociales se distribuye entre varios comités que se traslapan, sin que haya uno específicamente a cargo. La iniciativa emblemática de Duque para reducir la violencia, el Plan de Acción Oportuna de 2018, destinado a aclarar los responsables de la protección, hasta ahora se ha limitado a agregar otra capa de burocracia^[fn]“Plan de Acción Oportuna para protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas”, Presidencia de Colombia, 19 de noviembre de 2018.Hide Footnote . Ahogado en reuniones y comités, el gobierno es lento para responder, e ineficaz para adaptarse a los cambios del conflicto interno, aunque ha empezado a escuchar estas preocupaciones, incluso a través de una “conversación nacional” con la sociedad civil, empresarios y autoridades locales, iniciada después de las protestas de noviembre de 2019^[fn]Participación de Crisis Group, Conversación Nacional de Colombia, Bogotá, 9 de marzo de 2020. Hide Footnote .

Crisis Group participation, Colombia National Conversation, Bogotá, 9 March 2020.Hide Footnote

El enfoque actual para prevenir la violencia se divide entre responder a amenazas específicas y mejorar las condiciones generales de seguridad. Las autoridades locales son legalmente las primeras que deben responder a las amenazas contra los líderes sociales^[fn]“Decreto número 2252 de 2017”, Ministerio del Interior, 29 de diciembre de 2017.Hide Footnote . Los gobernadores o alcaldes deben brindar medidas de protección de emergencia a las personas amenazadas y sus familias, tales como alojamiento temporal. En la práctica, estas respuestas rara vez son posibles. Los funcionarios locales carecen de recursos y pueden ser objeto de las mismas amenazas e intimidación que los líderes que están encargados de proteger, por parte de grupos armados o intereses económicos poderosos^[fn]Entrevista de Crisis Group, Defensor del Pueblo, Bogotá, enero de 2020. “Hablamos principalmente de municipios que no tienen ingresos tributarios, atendidos por personas que no están preparadas para la tarea administrativa que se les pide”. Entrevista de Crisis Group, funcionario, Ministerio del Interior, Bogotá, marzo de 2020.Hide Footnote . Una reacción inicial común ante las denuncias de amenazas es que agentes de la policía realicen patrullajes periódicos alrededor de la casa del líder denunciante, hasta que su caso pueda ser evaluado para una protección más permanente^[fn]“Tomamos medidas preventivas, por ejemplo, patrullajes policiales alrededor de la casa de una persona o tarjetas dando sugerencias para la autoprotección”. Entrevista de Crisis Group, funcionario, Policía Nacional, febrero de 2020. Hide Footnote . Si bien estas patrullas pretenden disuadir, múltiples líderes sociales informan que pueden hacer que el líder sea visto como un informante (sapo), lo que genera un riesgo adicional de represalias^[fn]Entrevista de Crisis Group, líder social, Soacha, enero y febrero de 2020.Hide Footnote . Las patrullas policiales también exponen y llaman la atención sobre la ubicación de la persona amenazada^[fn]Entrevista de Crisis Group, líder social de un refugio para mujeres, Soacha, enero de 2020. Hide Footnote .

Crisis Group interview, social leader for a women’s shelter, Soacha, January 2020.Hide Footnote

Las respuestas locales deben generar el apoyo de las autoridades nacionales, a saber, el Ministerio del Interior y el Comité de Coordinación del Plan de Acción Oportuna^[fn]“Comentarios a la Conversación Nacional”, Ministra del Interior, Alicia Arango, 9 de marzo de 2020. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos también compila estadísticas semanales sobre violencia para el presidente. “Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas”, Ministerio del Interior, 2018.Hide Footnote . Sin embargo, algunos asistentes dicen que las reuniones del Comité ofrecen poco seguimiento concreto^[fn]Entrevista de Crisis Group, asistente del Plan de Acción Oportuna, febrero de 2020. El enfoque del Plan en la protección a corto plazo fue el foco de un caso legal presentado por la sociedad civil ante la Corte Constitucional, que dictaminó en diciembre de 2019 que el gobierno no ha hecho lo suficiente para garantizar la protección de los líderes.Hide Footnote . Provocar una respuesta de alto nivel puede llevar semanas o meses, si es que ocurre. Los líderes señalan que presentar denuncias formales requiere mucho tiempo y a menudo exige el traslado de una oficina a otra. Denunciar amenazas también puede representar un peligro en sí mismo, ya que los grupos armados al acecho u otros agresores pueden tomar represalias contra la víctima por buscar ayuda^[fn]“En realidad, se puede revictimizar a las personas pidiéndoles que denuncien, porque nunca hay una investigación y de hecho se pueden poner en mayor riesgo”. Entrevista de Crisis Group, exfuncionario de la Defensoría del Pueblo, Bogotá, enero de 2020. Hide Footnote . En algunos casos, los líderes creen que miembros de las fuerzas de seguridad están involucrados en las amenazas en su contra, lo que representa un riesgo significativo al denunciar^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario, Defensoría del Pueblo, enero de 2020.Hide Footnote . Las mujeres enfrentan aún mayores obstáculos para denunciar la violencia sexual, que a menudo es invisible o incompresible para las autoridades. Como expresó una lideresa social: 

Para denunciar [una amenaza], una mujer debe primero superar su miedo, segundo tomar la decisión de denunciar y tercero encontrar y lograr acceder a los mecanismos judiciales para presentar una denuncia^[fn]Entrevista de Crisis Group, lideresa comunal, Soacha, febrero de 2020. Hide Footnote . 

Además, se supone que el gobierno debe responder a los riesgos generalizados que se informan a través del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Más del 90 por ciento de las alertas emitidas desde 2017 han incluido referencias específicas a líderes sociales amenazados^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario, Defensoría del Pueblo, abril de 2020. Además de las alertas territoriales relacionadas con los riesgos para líderes sociales, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta nacional advirtiendo sobre amenazas sistemáticas en 2018. “Alerta Temprana 026-18”, Defensoría del Pueblo, 28 de febrero de 2018; e “Informe de seguimiento Alerta Temprana 026-18”, Defensoría del Pueblo, agosto 2019. Hide Footnote . El Ministerio del Interior debe coordinar una respuesta cada vez que la Defensoría del Pueblo emita una alerta. Los funcionarios del ministerio, sin embargo, dicen que el personal está sobrecargado y no le puede hacer seguimiento a la gran cantidad de compromisos activos^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario, Ministerio del Interior, marzo de 2020. La Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas coordina el seguimiento a las alertas tempranas.Hide Footnote . 

Crisis Group interview, official, Interior Ministry, March 2020. The Inter-agency Commission for a Rapid Response to Early Warnings coordinates early warning follow-up.Hide Footnote

Los esquemas de protección, que van desde chalecos antibalas hasta vehículos blindados y escoltas, fueron inicialmente pensados como el último recurso para la protección de los líderes más amenazados. Pero a medida que el número de amenazados ha seguido aumentando y las autoridades no han podido investigar las amenazas lo suficientemente rápido como para frenarlas, el gobierno ha implementado miles de estos esquemas^[fn]Hasta noviembre de 2019, solo tres personas habían sido condenadas por el delito de amenazar a un líder social. Entrevista de Crisis Group, funcionario, Fiscalía General, noviembre de 2019.Hide Footnote . A mayo de 2020, 4966 líderes sociales contaban con esquemas de seguridad proporcionados por el Estado, lo que representa el 69 por ciento de todas las personas que cuentan con este tipo de esquemas en Colombia^[fn]“Intervención del director (e) Daniel Palacios en la Comisión Segunda de Cámara de Representantes”, Daniel Palacios, director encargado de la Unidad Nacional de Protección, video, YouTube, 19 de mayo de 2020. Más de 900 líderes tienen vehículos blindados, mientras que 4300 de los 6668 escoltas del Estado protegen a los líderes.Hide Footnote . Esta infraestructura funciona en muchos entornos, particularmente en áreas urbanas, aunque puede crear algunos riesgos nuevos y está lejos de ser infalible^[fn]Hay casos de asesinatos de personas bajo esquemas de protección, por ejemplo, el asesinato el 29 de septiembre de 2019 de Karina García, activista y candidata a la alcaldía del municipio de Suárez en el Cauca. García y otros cuatro líderes sociales fueron detenidos en la vía y baleados mientras conducían en un automóvil con su esquema de seguridad.Hide Footnote . Algunos líderes cobijados por estas medidas valoran la protección contra ataques, pero les preocupa que los convierta en un objetivo aún más visible. Como sugirió un líder indígena: “Cualquier automóvil de la [agencia de protección del gobierno] es ahora un objetivo militar [para los grupos armados]”^[fn]Entrevista de Crisis Group, coordinador de la guardia indígena, Caloto, febrero de 2020.Hide Footnote .

La Unidad Nacional de Protección es la responsable de asignar y administrar esquemas de protección, destinando gran parte de su presupuesto de $250 millones de dólares para la protección de líderes sociales. La policía, autoridades locales, la Defensoría del Pueblo o la ONU pueden recomendar casos a la unidad, la cual evalúa su mérito. Los estudios suelen llevar meses y los analistas de riesgos rara vez recomiendan una protección provisional de urgencia^[fn]“Intervención del director (e) Daniel Palacios en la Comisión Segunda de Cámara de Representantes”, op. cit. En 2019, el Estado reportó 333 solicitudes de protección de emergencia de tres meses, 253 de ellas para líderes sociales. Hide Footnote . Cada análisis de riesgo finalizado se presenta en una reunión semanal ante el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, el cual determina en hasta 350 casos por semana si se debe brindar protección y qué protección se debe brindar. Los esquemas de seguridad varían enormemente, desde un teléfono móvil o un curso de autoprotección, hasta un botón de pánico o un chaleco antibalas. Los líderes en riesgo pueden ser reubicados dentro de su región y recibir uno o más escoltas, mientras que los más amenazados son trasladados a la ciudad con vehículos blindados, un presupuesto para combustible y un ingreso básico^[fn]Estos estipendios suelen ser una proporción del salario mínimo nacional, por ejemplo, la mitad de un salario mínimo mensual o tres salarios mínimos mensuales. Entrevistas de Crisis Group, funcionarios, Policía Nacional, Bogotá, febrero de 2020. Hide Footnote .

These stipends are usually a proportion of the national minimum wage, for example half the minimum wage per month, or three times the minimum wage per month. Crisis Group interviews, officials, National Police, Bogotá, February 2020. Hide Footnote

Si bien los detalles de los esquemas de seguridad son confidenciales, los funcionarios familiarizados con el sistema indican que se solicita la reubicación de una proporción significativa de líderes bajo protección^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario involucrado en la evaluación de esquemas de seguridad para líderes sociales, Policía Nacional, Bogotá, febrero de 2020.Hide Footnote . En esos casos, la protección de un líder social puede minar los intereses de la comunidad. Para evitar tener que abandonar sus hogares y las causas que defienden, muchos líderes sociales se han abstenido de solicitar protección y han creado sus propias redes informales de coordinación y sistemas comunitarios de alerta temprana^[fn]Las lideresas, en particular, informan que prefieren operar sin esquemas de seguridad, en parte debido a que les preocupan los riesgos y el estigma social asociados a moverse con hombres desconocidos como escoltas. Entrevistas de Crisis Group, lideresas, Cauca y Soacha, enero y febrero de 2020. “Si obtenemos protección, ¿seremos más o menos capaces de hacer nuestro trabajo? Menos, seguro”. Entrevista de Crisis Group, defensora de los derechos de las mujeres, Soacha, enero de 2020.Hide Footnote .

El Ministerio del Interior también asignó protección colectiva a 34 grupos en 2019, a través de esquemas que reflejaban en gran medida las disposiciones de protección individual, por ejemplo, brindando a una organización de la sociedad civil un vehículo blindado o capacitación en autoprotección para su personal^[fn]Las decisiones se toman a través del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM Colectivo.Hide Footnote . Grupos no registrados como ONG enfrentan desafíos para cumplir con los requisitos establecidos para ser sujetos de protección, como contar con copias de denuncias que documenten amenazas pasadas contra el grupo^[fn]“Formulario Solicitudes de Protección Colectiva”, Unidad Nacional de Protección, 18 de mayo de 2020.Hide Footnote . La Unidad Nacional de Protección está involucrada en reformas destinadas a garantizar mayor asignación de esquemas de protección colectiva^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario, Ministerio del Interior, Bogotá, marzo de 2020.Hide Footnote . 

Crisis Group interview, official, Interior Ministry, Bogotá, March 2020. Hide Footnote

Crisis Group interview, official, Interior Ministry, Bogotá, March 2020. Hide Footnote

Hay consenso en todo el espectro político colombiano de que las investigaciones judiciales sobre la violencia contra líderes sociales se están quedando cortas^[fn]Entrevistas de Crisis Group, miembros del Senado y Cámara de Representantes del Centro Democrático, Polo Democrático, Partido Verde y Cambio Radical, Bogotá, 2019 y 2020.Hide Footnote . A pesar de ciertas mejoras, la impunidad prevalece para los responsables de estos crímenes. A fines de 2019, la Fiscalía General afirmó haber establecido la identidad de los agresores en el 55 por ciento de los crímenes contra defensores de derechos humanos^[fn]“Informe sobre victimización a personas defensoras de derechos humanos”, op. cit. Esta categoría incluye muchos (aunque no todos) los líderes sociales.Hide Footnote . En comparación con la estadística nacional para homicidios comunes (aproximadamente del 28 por ciento), esta tasa de identificación apunta a un progreso significativo. Aun así, pocos de esos casos han resultado en condenas, y menos aún en sentencias para los autores intelectuales, únicamente para quienes aprietan el gatillo por órdenes de otro^[fn]Un total de 61 personas han sido condenadas por su participación en estos crímenes desde 2016. Ibid., y entrevista de Crisis Group, Fiscalía General, Bogotá, noviembre de 2019.Hide Footnote .

La Fiscalía General reconoce los desafíos que enfrenta y está trabajando para mejorar su capacidad de individualizar a quienes ordenan los asesinatos. Una Unidad Especial de Investigación para defensores de derechos humanos, que ahora cuenta con más de 100 personas, ha tratado de adaptar su trabajo a estándares internacionales con el apoyo de la Unión Europea. Ha creado unidades de respuesta rápida que pueden desplegarse a las escenas de crímenes remotas desde Bogotá, y los investigadores son enviados cada vez más al terreno de forma permanente^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario, Fiscalía General, junio de 2020. “Informe sobre victimización a personas defensoras de derechos humanos”, op. cit.Hide Footnote . La unidad especial trabaja de manera coordinada con fiscales que investigan el crimen organizado, lo que le permite a los investigadores relacionar ataques contra defensores de derechos humanos u otros ciudadanos^[fn]“Directiva No. 0002”, Fiscalía General, 30 de noviembre de 2017. La mayoría de las investigaciones realizadas por la unidad provienen de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los fiscales requieren un nexo causal entre las labores en defensa de derechos humanos de la persona y los ataques en su contra. Los asesinatos de líderes por otras razones son investigados como homicidios comunes. Grupos de la sociedad civil dicen que esta práctica excluye casos que parecen ser disputas triviales, pero están vinculados al poder local y a estructuras criminales. Entrevistas de Crisis Group, funcionario, Fiscalía General, Bogotá, noviembre de 2019; funcionario internacional, Bogotá, marzo de 2020.Hide Footnote . La unidad ha iniciado once investigaciones destinadas a vincular casos de ataques contra líderes sociales con grupos armados específicos en determinado municipio o región. En los primeros seis meses de 2020 fueron detenidos tres delincuentes responsables de múltiples agresiones contra líderes sociales y seis presuntos Gaitanistas involucrados en asesinatos^[fn]“Proyectos de investigación”, Fiscalía General, 8 de julio de 2020. El 22 de febrero de 2020 fue capturado el narcotraficante José Albeiro Arrigui, alias “Contador”, quien, según informes, es responsable de asesinatos de líderes sociales en Nariño. El 10 de abril, el disidente de las FARC Abel Antonio Loaiza Quiñonez, alias “Azul”, fue arrestado por delitos similares en Putumayo. El 15 de julio, la Fiscalía General dijo que una investigación regional en Chocó sobre la muerte de Anquilleito Mecheche el 30 de marzo de 2019 dio lugar a la imputación de seis hombres. El 16 de julio, Domingo Ramos Cortés, alias “Hermes”, fue aprehendido en el Huila acusado de varios asesinatos de líderes sociales.Hide Footnote .

Sin embargo, la coordinación entre investigadores locales y nacionales no siempre es fluida, comunidades y observadores independientes señalan que los grupos armados han podido infiltrarse en algunas fiscalías locales^[fn]“Muchos grupos armados tienen personas en la fiscalía que les pasan información, por lo que investigar a alguien poderoso o a los autores intelectuales es muy difícil, cuando uno se enfrenta a alguien que cuenta con información interna y tiene un presupuesto mucho mayor que el suyo”. Entrevista de Crisis Group, miembro de una organización internacional, marzo de 2020.Hide Footnote . Una alta carga de casos limita las posibilidades: “La capacidad de los fiscales no puede igualar la velocidad de los homicidios en este país”^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario, Fiscalía General, Bogotá, noviembre de 2019. Una encuesta realizada en Chocó, Córdoba y Antioquia reveló que un solo investigador llegaba a manejar hasta 50 casos al año. “Cuellos de botella en la administración judicial: Un caso de estudio en la investigación y juzgamiento de crímenes contra derechos humanos”, Comisión Colombiana de Juristas, junio 2020.Hide Footnote .

Los casos que llegan a audiencias judiciales enfrentan desafíos adicionales. Investigadores afirman que los testigos pueden estar dispuestos a hablar con los fiscales, pero temen hacerlo en la corte, ya que a menudo no cuentan con suficiente protección contra posibles represalias^[fn]Este riesgo ha sido preocupante en la pandemia, ya que los fiscales locales envían testimonios sensibles a los jueces por vía electrónica. Entrevista telefónica de Crisis Group, oficial de seguridad, Antioquia, septiembre de 2020.Hide Footnote . Los jueces en las regiones de alto conflicto están sobrecargados y los defensores públicos para representar a los acusados escasean^[fn]En 2019, el presidente Duque anunció que su administración crearía un circuito especial de jueces para delitos contra líderes sociales con el fin de abordar algunos de estos desafíos. Sin embargo, el circuito propuesto aún no conoce casos. “Presidente Duque anuncia creación de cuerpo de jueces para la ‘rápida judicialización y condena ejemplarizante de los asesinos de nuestros líderes sociales’”, Presidencia de Colombia, 7 de mayo de 2019.Hide Footnote .

In 2019, President Duque announced that his administration would form a special circuit of judges for crimes against social leaders to address some of these challenges. The proposed circuit is not yet hearing cases, however. “Presidente Duque anuncia creación de cuerpo de jueces para la ‘rápida judicialización y condena ejemplarizante de los asesinos de nuestros líderes sociales’”, Colombian Presidency, 7 May 2019. Hide Footnote

La pandemia parece estar exacerbando los patrones de violencia contra líderes sociales. Muchos de los componentes clave del acuerdo de paz, como la reforma rural, la sustitución de cultivos de coca y el desarrollo económico comunitario, estaban retrasados incluso antes de que la emergencia sanitaria nacional presentara nuevos obstáculos. La recesión probablemente golpee primero a los más vulnerables, empeorando la desigualdad en riqueza y seguridad. El Estado debería destinar más de sus ya de por si escasos recursos a proteger a los líderes sociales y sus comunidades. Diplomáticos en Bogotá y en el Consejo de Seguridad de la ONU, así como legisladores extranjeros, han expresado repetidamente su preocupación por la difícil situación de los líderes sociales y su impacto en la paz en Colombia, pero sus críticas a la fecha no se han traducido en un cambio en la estrategia del gobierno^[fn]Ver, por ejemplo, representantes James P. McGovern y Mark Pocan, “Carta al secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo: Defensores de derechos humanos en tiempos de COVID”, 6 de julio de 2020.Hide Footnote .

See, for example, Representatives James P. McGovern and Mark Pocan, “Letter to US Secretary of State Mike Pompeo: Human Rights Defenders in the Time of COVID”, 6 July 2020. Hide Footnote

El acuerdo de paz de 2016 ofrece un paquete integral de reformas destinadas a poner fin al conflicto colombiano a largo plazo. La reforma rural es particularmente importante para romper la dependencia de los pequeños agricultores a la economía ilícita y reducir el control de los grupos armados sobre la comunidad. En palabras de un líder social, “no hay otro producto [que no sea la coca] que sea viable” en muchas áreas aisladas, sin vías de acceso ni compradores constantes de cultivos de uso lícitos^[fn]Entrevista de Crisis Group, líder social de comunidad afrodescendiente, Santander de Quilichao, febrero de 2020. Grupos armados de esta zona distribuyen semillas, pagan anticipadamente la cosecha y la recogen, reduciendo los costos de transporte para el productor.Hide Footnote . 

Varias iniciativas que ya están en marcha podrían ayudar en este proceso sin afectar el presupuesto. En agosto, Duque promulgó un proyecto de ley que le exige a todos los organismos estatales, desde el ejército hasta los hospitales públicos, que compren un cierto porcentaje de alimentos de los agricultores locales en el área donde operan^[fn]“Con sanción de Ley, pequeños campesinos se vinculan efectivamente a compras públicas de la Nación”, comunicado de prensa, Presidencia de Colombia, 6 de agosto de 2020.Hide Footnote . Si se cuenta con la logística necesaria para implementar estas disposiciones, los compradores estatales podrían generar un nuevo mercado garantizado para los productores locales que de otra manera enfrentan dificultades para generar ingresos lícitos. 

Otras reformas esenciales podrían estimular el crecimiento rural y el empleo en un momento en el que la economía del país se enfrenta a una fuerte contracción; por ejemplo, la construcción de carreteras para conectar a más agricultores con los mercados. Requerirles a los contratistas de estos proyectos que contraten mano de obra local podría estimular las oportunidades laborales legales. El acuerdo de paz también estableció un plan para redistribuir la tierra a favor de pequeños agricultores, lo cual es crucial para abordar las condiciones de pobreza y garantizar medios de vida para las comunidades rurales. Aunque el gobierno ha aumentado el área de tierra disponible para la redistribución, solo se ha distribuido una pequeña cantidad de parcelas^[fn]“En audiencia convocada por la Procuraduría el Gobierno asumió compromisos frente a la protección de los campesinos y el derecho a la tierra”, comunicado de prensa, Procuraduría General, 31 de julio de 2020.Hide Footnote .

“En audiencia convocada por la Procuraduría el Gobierno asumió compromisos frente a la protección de los campesinos y el derecho a la tierra”, press release, Inspector General’s Office, 31 July 2020. Hide Footnote

Para avanzar, tales reformas requerirían de la confianza y cooperación de líderes sociales y sus comunidades. Eso, a su vez, requiere que los líderes sociales consideren que el gobierno no ve la paz y el bienestar rural como algo secundario a otras metas económicas o de seguridad. Como se ha visto, las operaciones ofensivas contra grupos armados a menudo no tienen en cuenta el impacto que generan para la seguridad de la población, especialmente en las zonas periféricas y afectadas por conflictos. Las fuerzas de seguridad deben procurar que las operaciones militares no exacerben la violencia contra los residentes locales, en particular contra los líderes sociales^[fn]Los barrios urbanos problemáticos ofrecen un ejemplo de lo que se podría esperar de un cambio en la política de seguridad. En la actualidad, el ejército y la policía se concentran en interceptar drogas y detener a miembros de grupos armados. Funcionarios locales sugieren que, en cambio, trabajen para crear espacios seguros donde las comunidades puedan ejercer sus derechos y libertades, por ejemplo, desplegando una presencia visible en los parques para crear una sensación de seguridad y a lo largo de las carreteras para garantizar que sean accesibles. Entrevista de Crisis Group, funcionario del gobierno local, Soacha, marzo de 2020. Hide Footnote . Si los militares pueden dialogar de manera segura con las comunidades sobre sus necesidades de seguridad, deben hacerlo antes de emprender operaciones ofensivas. Cuando no puedan, debido a la presencia de un grupo armado que pueda tomar represalias contra los civiles por hablar con los militares, las fuerzas armadas deben tratar a la comunidad como si se tratara de un rehén, y evitar ataques que puedan generar represalias. 

 Sin abandonar el objetivo de desmantelar los grupos armados, Colombia debe ofrecer a sus miembros caminos realistas para la reincorporación a la vida civil a través de la desmovilización colectiva negociada. La reciente decisión de Colombia de permitir la desmovilización individual de combatientes de grupos armados y criminales es un paso en la dirección correcta, pero su éxito puede ser limitado, ya que puede resultar exponiendo a los desmovilizados a graves riesgos de seguridad y represalias por parte los grupos que abandonaron. La vasta experiencia de Colombia con la desmovilización durante las últimas dos décadas también sugiere que los programas enfocados en combatientes individuales tienen una mayor tasa de recaída, ya que dependen en gran medida de las motivaciones personales de los combatientes^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario senior, Agencia para la Reincorporación y la Normalización, octubre de 2019. Oliver Kaplan y Enzo Nussio, “Explaining Recidivism of Ex-combatants in Colombia”, Journal of Conflict Research, vol. 62, no. 1 (mayo de 2016), p. 64. Hide Footnote . La desmovilización colectiva debe estar disponible para todos los combatientes, como lo estuvo en su momento para los bloques paramilitares y luego para las FARC.

Mientras se afianzan estas reformas más profundas, la Unidad Nacional de Protección debe actualizar sus estrategias de protección, tanto para adaptarse a las realidades de la crisis de salud como para asegurar una mayor sostenibilidad a mediano plazo. 

Durante la pandemia y con la movilidad restringida, las comunidades tuvieron que actuar como la primera línea de defensa. El gobierno debería hacer más para apoyar sus actuales iniciativas. Los territorios indígenas y étnicos tienen sus propios guardias desarmados legitimados constitucionalmente^[fn]La constitución colombiana de 1991 estableció el principio de autonomía étnica, mediante el cual las comunidades indígenas y étnicas pueden desempeñar determinadas funciones de forma independiente, incluida la seguridad en las reservas indígenas y la educación en lenguas nativas con un plan de estudios culturalmente apropiado. Ver “Constitución Política de Colombia”, artículos 7, 68, 246 y 330.Hide Footnote . Algunos guardias han solicitado equipos de protección personal y sanitarios para poder continuar monitoreando los incidentes de violencia durante la crisis de salud^[fn]Correspondencia de Crisis Group, funcionario de la autoridad indígena Nasa, marzo de 2020. Hide Footnote . La Unidad Nacional de Protección podría acelerar el proceso permitiéndole a los líderes sociales postular a sus propios escoltas, a menudo miembros de la comunidad que no se verían afectados por las restricciones de movilidad relacionadas con el virus. Las autoridades también deben acelerar la evaluación destinada a proteger a más comunidades en riesgo. Los líderes sociales que trabajan en contra del reclutamiento por parte de grupos armados afirmaron que la protección en sus vecindarios requeriría espacios de recreación segura para los jóvenes después de la escuela^[fn]Entrevistas de Crisis Group, líder social, Soacha, febrero de 2020; líder social, Santander de Quilichao, febrero de 2020; miembro de organización internacional de observación, Cali, febrero de 2020.Hide Footnote . La protección colectiva también podría implicar el establecimiento de un protocolo de respuesta rápida para emergencias o la instalación de torres de telefonía celular para garantizar que las áreas rurales puedan comunicarse si se ven amenazadas^[fn]“La protección colectiva de los defensores del derecho a la tierra y el territorio en Colombia”, Protección International y Pensamiento y Acción Social, 2018.Hide Footnote . Tales iniciativas podrían salvar más vidas al tiempo que alivian la carga financiera y logística del sistema de protección individual.

Al mismo tiempo, el gobierno debería centrarse en mejorar el complejo proceso mediante el cual las victimas denuncian amenazas y violencia. Presentar una denuncia debe ser un proceso simple, que tome menos de un día y esté disponible a través de diversos interlocutores confiables. Por el momento, la falta de confianza entre las comunidades, por un lado, y la policía o los fiscales, por otro, limita la disposición a denunciar. La Fiscalía General y la policía deben permitir la radicación de denuncias a través de otras instituciones de confianza, incluida la Defensoría del Pueblo. Los organismos estatales también pueden considerar las denuncias recibidas a través de la ONU u otras organizaciones independientes, y permitir denuncias anónimas, como a veces lo hacen de manera ad hoc^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario, Policía Nacional, Bogotá, febrero de 2020. Una plataforma en línea lanzada para denuncias de delitos durante la pandemia es un paso en esta dirección, aunque muchas víctimas carecen de servicio de Internet. Ver “Comunicado”, Fiscalía General, 11 de mayo de 2020.Hide Footnote . Los fiscales también deben evaluar cómo mejorar la recepción de denuncias en las zonas rurales sin vías de acceso terrestre. Los líderes rurales amenazados en el Amazonas, por ejemplo, deben desplazarse a la capital para obtener apoyo, lo que a menudo requiere varios días y genera un alto costo en combustible para embarcaciones^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, académico en Amazonas, junio de 2020.Hide Footnote . 

Reforzar las personerías locales sería particularmente útil para facilitar la presentación de denuncias. Casi todas las capitales municipales tienen un personero cuya oficina se encarga de proteger los derechos humanos en el municipio, pero estos a menudo carecen de fondos y personal suficiente. Podrían formar un puente crucial entre las comunidades y las instituciones judiciales y de seguridad. En Soacha, por ejemplo, la personería intentó, con poco éxito, crear una ruta a través de la cual pudiera transmitir denuncias de delitos o acosos a la secretaría del gobierno local, luego a la Fiscalía General y a la Unidad Nacional de Protección^[fn]La ruta tuvo menos éxito de lo que esperaban los funcionarios, lo que estos atribuyen a un nivel de compromiso desigual entre las instituciones estatales. Entrevista de Crisis Group, funcionario senior, Personería de Soacha, febrero de 2020.Hide Footnote .

The route was less successful than officials hoped, which they attribute to an uneven level of commitment across state institutions. Crisis Group interview, senior official, Personería of Soacha, February 2020. Hide Footnote

La violencia contra líderes sociales persiste en parte porque los responsables la perciben como tolerada. Hasta que haya consecuencias por estos crímenes, es probable que continúen los asesinatos. Para quienes dan la orden, el asesinato es un delito de riesgo relativamente bajo que puede resultar muy favorable para silenciar a una comunidad o incluso provocar su salida de un terreno en disputa. Para los sicarios, el pago por un homicidio puede ser más atractivo que el riesgo de ser condenados por un delito a unos meses o años de cárcel.

Las investigaciones podrían beneficiarse de una presencia local más fuerte de la Fiscalía General, que tiene representantes en aproximadamente la mitad de todos los municipios. El fiscal general Francisco Barbosa Delgado se comprometió a expandir la presencia de la Fiscalía a 200 más de los 1103 municipios de Colombia al asumir su cargo en febrero^[fn]“Este es el discurso completo de Francisco Barbosa al posesionarse como fiscal”, El Heraldo, 13 de febrero de 2020. Hide Footnote . Pero estos esfuerzos se quedarán cortos si el enfoque de la justicia se limita únicamente a resolver asesinatos de líderes sociales sin vincularlos a un conjunto más amplio de delitos y al universo de complicidad que los rodea. Los culpables pueden ser responsables de otros asesinatos, amenazas o desplazamiento forzado que afectan a otros miembros de la comunidad, mientras que los políticos locales o las élites económicas pueden beneficiarse indirectamente del silenciamiento del activismo civil. La Fiscalía General ha comenzado a conectar múltiples delitos en algunas regiones, pero debería intentar implementar esta metodología de manera más amplia. Para hacerlo, tendrá que abordar la corrupción a nivel local entre sus fiscales y garantizar la protección física de los investigadores en caso de que se atrevan a hurgar más allá de la superficie de un caso.

El acuerdo de paz de Colombia estableció una serie de reformas que eliminarían las causas del conflicto. Para los líderes sociales, la implementación de este acuerdo se ha convertido tanto en una oportunidad única para transformar sus comunidades como en un enorme riesgo personal. Intereses arraigados, ya sean de grupos armados, empresarios criminales o determinadas élites empresariales o políticas, han tolerado durante décadas la violencia que preserva su posición. Al mismo tiempo, la constante violencia dirigida contra líderes comunitarios ha contribuido a deteriorar la confianza pública en la capacidad del gobierno para conseguir la paz. La pandemia del COVID-19 puede empeorar las cosas. Una emergencia sanitaria en las áreas afectadas por el conflicto en Colombia podría agudizar el sentimiento de abandono estatal, dejando a los activistas y líderes locales con la carga de guiar a sus comunidades con cada vez menos recursos a su disposición.

Si bien la administración de Duque ha dedicado una atención considerable a la protección de las personas en peligro, su estrategia en ocasiones ha expuesto a los líderes a un mayor peligro. Los esquemas de seguridad los convierten en objetivos inconfundibles. Las operaciones militares y policiales destinadas a acorralar y derrotar a los grupos armados, que en sí mismas son responsables de los asesinatos de muchos líderes sociales, pueden aumentar el antagonismo y la violencia dentro de las comunidades. La compleja burocracia, los casos judiciales sin fin, la dificultad para judicializar a los autores intelectuales y la corrupción institucional, todas fallas crónicas del Estado y el poder judicial colombiano, obstaculizan la efectividad de las respuestas del gobierno y refuerzan la percepción pública de que se está haciendo muy poco por proteger a las bases de la democracia.

Colombia tiene algo a su favor que no debe subestimarse: la voluntad a través del espectro político para poner fin a la violencia selectiva. A pesar de los distintos diagnósticos del problema, el gobierno, la oposición y la sociedad civil coinciden en que los asesinatos deben parar y que los líderes sociales son una parte esencial para consolidar la paz. Pero sin una respuesta más rápida y de mayor alcance que los proteja y les permita hacer su trabajo, los líderes sociales y la ciudadanía colombiana pueden perder la fe en el proceso de paz destinado a protegerlos.

Bogotá/Nueva York/Bruselas, 6 de octubre de 2020

* Esta cita fue modificada el 9 de octubre de 2020 para rectificar la versión original, la cual incorrectamente declaraba que el ministro había expresado que “la ‘inmensa mayoría’ de los asesinatos fueron por ‘líos de faldas’ ”.