Report / Latin America & Caribbean 18 Diciembre 2009 3 minutes

Un posible tercer período de Uribe y la resolución del conflicto en Colombia

Resumen Ejecutivo

La decisión de modificar o no la constitución para que el presidente Álvaro Uribe pueda buscar su segunda reelección en mayo de 2010 influirá en los esfuerzos de Colombia por resolver su conflicto armado de cincuenta años y las crecientes tensiones con sus vecinos. Este asunto ha predominado en la política colombiana durante más de un año. La mayoría parece respaldar un tercer período, por considerar a Uribe el único político con la credibilidad y capacidad para mantener lo ganado en materia de seguridad y ampliar el bienestar económico después de agosto, una vez finalice su mandato. Sus partidarios creen que ha mostrado un fuerte liderazgo frente a la escalada de tensiones regionales, especialmente con Venezuela y Ecuador. No obstante, hay quienes temen que otro cambio en la constitución y cuatro años más de gobierno de Uribe debilitarían aún más las instituciones democráticas judiciales y legislativas, así como el sistema de pesos y contrapesos fundamentales. Advierten que el proceso para permitir una segunda reelección consecutiva está plagado de irregularidades y acusaciones de corrupción y que un tercer período podría traducirse en la continuación de una estrategia de seguridad demasiado limitada, enfocada en buscar la esquiva derrota militar definitiva de las FARC y el ELN.

Para permitir una segunda re-elección, se requiere una nueva enmienda constitucional aprobada vía referéndum. El 1 de septiembre de 2009 se aprobó una ley que rige dicho referéndum. La Corte Constitucional está revisando los procedimientos y constitucionalidad de esa ley y se cree que su decisión respecto a la posibilidad de que Uribe se postule o no para un tercer periodo se conocerá pocas semanas o días antes de las elecciones parlamentarias de marzo de 2010. De autorizarse el referéndum, para ser aprobado se requeriría la participación de una cuarta parte del electorado, compuesto por unos 29 millones de votantes, con una mayoría de votos a favor. Después de eso, Uribe tendría que ganar en la votación general. El presidente ha evitado discutir la posibilidad de un tercer mandato públicamente, pero ha insinuado su intención de postularse en 2010 para garantizar la continuación de su proyecto político, en particular la política de seguridad.

Después de más de siete años en el poder, incluida la reelección en 2006, gracias a una enmienda constitucional que le permitió postularse de nuevo, esa política bandera de Uribe orientada a derrotar a la guerrilla de las FARC y el ELN cuenta con el decidido apoyo de amplios sectores del país. Sin embargo, el entorno de seguridad está cambiando a medida que surgen nuevos grupos armados ilegales (NGAI), persisten algunos paramilitares, la insurgencia se adapta a las estrategias militares del gobierno, y los esfuerzos por combatir el narcotráfico que financia a la insurgencia y otros grupos armados muestran resultados parciales pero no definitivos. Así las cosas, el actual enfoque sobre seguridad necesita una revisión y ajuste por parte de quien sea que ocupe el despacho presidencial en los próximos cuatro años.

Uribe o cualquier presidente nuevo tendrá que diversificar la estrategia para cubrir aspectos no militares de la agenda de seguridad, incluyendo las causas estructurales del prolongado conflicto. Entre esos retos están los de combatir la marginación del sector rural con programas de desarrollo más eficientes, reforzar la protección de los derechos humanos y desarrollar un marco político para resolver el conflicto, así como el de reparar las maltrechas relaciones con Venezuela y Ecuador, caracterizadas en los últimos tiempos por preocupantes bravuconadas diplomáticas y discursos belicosos.

Los colombianos deben ser conscientes del potencial impacto de una presidencia de doce años sobre las estructuras institucionales que sostienen su democracia y además estar alerta a sus efectos sobre la política de seguridad nacional y la solución del conflicto. Un tercer periodo consecutivo aumentaría aún más los amplios poderes del presidente para nombrar, o influenciar el nombramiento, de los directores de instituciones de vigilancia y control. El debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos podría afectar los derechos de los ciudadanos y fomentar la corrupción administrativa. La confrontación y profunda desconfianza reinante entre el ejecutivo y la Corte Suprema amenazan con deslegitimar la acción del estado como un todo.

En el período inmediatamente anterior a las elecciones parlamentarias y presidenciales de marzo y mayo de 2010, el gobierno y otros actores institucionales y políticos deberían aunar esfuerzos para reducir la polarización e incertidumbre política. También necesitan asegurar la independencia y libre funcionamiento de las instituciones de supervisión y control y las electorales, incluyendo el fiscal, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el defensor del pueblo, el contralor general, la registraduría y la junta directiva del banco central. Además de preservar la separación de poderes entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial a fin de reducir la posibilidad de una acumulación de desmesurados poderes en el ejecutivo, es necesario respetar la independencia constitucional del nuevo fiscal.

Bogotá/Bruselas, Diciembre 18 de 2009

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Executive Summary

Colombia’s efforts to resolve its half-century armed conflict and growing tensions with neighbours will be shaped by the decision on whether to change the constitution to enable President Álvaro Uribe to seek a second re-election in May 2010. This issue has dominated Colombian politics for over a year. Most appear to back a third term, seeing Uribe as the only politician with the credibility and capacity to maintain security gains and broaden economic well-being after August, when his mandate ends. His supporters believe he has demonstrated strong leadership in times of escalating regional tensions, especially with Venezuela and Ecuador. Others fear another change in the constitution and four more years of Uribe’s rule will further weaken democratic judicial and legislative institutions and essential checks and balances. They warn that the process of enabling a second consecutive re-election has been plagued by irregularities and allegations of corruption and that a third term could result in continuation of a too narrow security strategy focused on elusive final military defeat of the insurgent FARC and ELN.

To enable Uribe’s second re-election, a new constitutional amendment must be approved by referendum. A law governing such a referendum was adopted on 1 September 2009. The Constitutional Court is reviewing the new law with respect to both procedures and constitutionality. Its decision whether Uribe can stand for a third term is expected to come only weeks or even days before the March 2010 legislative elections. If the referendum is authorised, passage requires participation by a quarter of the electorate of about 29 million voters and a majority of affirmative votes. Uribe would then have to win re-election in the general poll. The president has avoided publicly discussing a third term but has hinted at standing in 2010 to ensure continuation of his political project, in particular the security policy.

After more than seven years in power, including re-election in 2006 with the benefit of a constitutional amendment that allowed him to stand again, Uribe’s flagship security policy geared at defeating the insurgent FARC and ELN continues to be strongly supported by broad sectors in the country. However, the security environment is changing, as new illegal armed groups (NIAGs) emerge, some paramilitaries persist, the insurgents adapt to government military strategies, and efforts to combat drug trafficking that funds the insurgency and other armed groups achieve partial results but no breakthrough. Thus, the current security approach needs to be reviewed and adjusted by whomever sits in the presidential office for the next four years.

Uribe or any new president will need to broaden the strategy to address non-military aspects of the security agenda, including the root causes of the protracted conflict. These challenges include combating rural alienation through more effective development programs, strengthening the protection of human rights and developing a political framework for resolving the conflict. The new president must likewise repair battered relations with Venezuela and Ecuador, which have been characterised by worrying diplomatic stand-offs and sabre-rattling in recent times.

In addition to its effect on national security policy and conflict resolution, Colombians must be alert to the potential impact of a twelve-year presidency on the institutional structures that underpin their democracy. A third consecutive term would further increase the broad powers of the president to appoint – or influence the appointment of – the heads of supervisory and control institutions. Weakened checks and balances could affect citizens’ rights and encourage official corruption. Confrontation and deep distrust between the executive and the Supreme Court risk delegitimising state action as a whole.

In the run-up to the March and May 2010 congressional and presidential elections, the government and other institutional and political actors should work together to reduce political polarisation and uncertainty. They also need to ensure the independence and guarantee the full and free functioning of oversight and electoral institutions, including the public prosecutor, the National Electoral Council (CNE), the ombudsman, the comptroller general, the national registry office, and the central bank board. The separation of power among the executive, judiciary and legislative branches must be upheld so as to reduce the possibility of accumulation of excessive powers in the executive, and the constitutional independence of the new attorney general has to be respected.

Bogotá/Brussels, 18 December 2009