icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
COVID-19, Inequality and Protests in Colombia
COVID-19, Inequality and Protests in Colombia
Report 11 / Latin America & Caribbean

Guerra y droga en Colombia

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

Resumen Ejecutivo

La droga financia en buena medida al grupo insurgente de izquierda Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a los paramilitares de extrema derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), debido a lo cual forma parte integral del conflicto colombiano. Sin embargo, aunque el Estado tiene que confrontar con firmeza el narcotráfico, la afirmación del presidente Álvaro Uribe de que el conflicto enfrenta a una democracia contra unos meros "narcoterroristas" a quienes se debe combatir en una guerra frontal no hace justicia a la complejidad de una lucha que se desarrolla desde hace decenios. La lucha contra la droga y el narcotráfico es una condición necesaria pero no suficiente para que Colombia avance hacia la paz. La idea de que la política antinarcóticos y la política antiinsurgente son una misma cosa, mengua las posibilidades de éxito de ambas y obstaculiza la búsqueda de una paz sustentable.

Durante el gobierno de Uribe se han fumigado más cultivos ilícitos que en cualquier otra época en la historia de Colombia, y se ha reducido efectivamente el cultivo de coca de más de 100.000 hectáreas a fines del 2002 a cerca de 86.000 hectáreas a fines del 2003. La policía y el ejército han destruido cientos de pequeñas instalaciones para el procesamiento básico de la coca, así como laboratorios de cocaína más sofisticados. Sin embargo, el precio de la cocaína en las calles de los Estados Unidos no ha aumentado y los niveles de consumo siguen siendo altos, pese al incremento del 17 por ciento en los decomisos de cocaína en Europa y a un aumento sustancial en el consumo de cocaína en nuevos mercados como Brasil.

Es muy improbable que la fumigación aérea se mantenga a la par con la movilidad geográfica y la productividad cada vez mayor de los cultivos ilícitos. La interdicción de los cargamentos de droga y precursores químicos es muy difícil, en parte debido a la porosidad de las fronteras de Colombia, y los programas de desarrollo alternativo han sido insuficientes. Las finanzas de los grupos armados no parecen haber sufrido mucho daño, y todo parece indicar que pueden sostener la guerra durante años.

Aunque la lucha contra la droga es evidentemente crucial, la paz debe seguir siendo la prioridad política de Colombia. El grupo paramilitar AUC evolucionó de servir a los capos de la droga de la década de 1980 y comienzos de los noventa como pistoleros a sueldo, hasta convertirse en una federación nacional de bloques armados que controlan una porción cada vez mayor del negocio de la droga. Las AUC, que combatían a los grupos rebeldes Ejército de Liberación Nacional (ELN) y FARC y tenían algunos vínculos con agentes del Estado, cometieron crímenes atroces contra civiles a quienes estigmatizaron como partidarios de la guerrilla. A comienzos del 2005 y después de dieciocho meses de negociaciones, el gobierno de Uribe ha desmovilizado a cerca de 3.000 paramilitares, entre ellos al notorio Salvatore Mancuso, jefe de las AUC, quien ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos, junto con otros líderes paramilitares, por cargos de narcotráfico.

No obstante, las redes de droga de los paramilitares parecen seguir intactas, y el grueso de sus bienes ilícitos, sobre todo en los sectores rurales de Colombia, se ha visto muy poco afectado. El gobierno no ha podido establecer conversaciones de paz prometedoras con el ELN, que es el grupo insurgente con menos vínculos con el narcotráfico. Tampoco ha logrado debilitar significativamente a las FARC --cuyos nexos con la droga son bastante fuertes--, pese a la intensificación de los programas de seguridad y al lanzamiento de una gran ofensiva militar (Plan Patriota) desde 2003. Las FARC siguen teniendo una fuerte presencia en la mayor parte de las regiones productoras de coca y amapola y participan activamente, junto con las AUC y la nueva generación de pequeños carteles, o "baby cartels", en el negocio del narcotráfico.

El gobierno de Colombia tiene que revisar la relación entre su política antinarcóticos y su política de seguridad, y diseñar e implementar una estrategia de desarrollo amplia que incluya programas de desarrollo alternativo de mucho mayor alcance. La norma debe ser la erradicación voluntaria de cultivos, mientras que la erradicación forzada, en especial mediante fumigación aérea, debe ser una excepción restringida a grandes extensiones en donde no se afecte a los pequeños campesinos. El gobierno también debe renovar sus ofertas de cese de fuego y de conversaciones con los insurgentes con facilitación de la ONU, con miras a su desmovilización e integración política a nivel local y regional.

Las posibilidades de poner fin al conflicto armado en Colombia también aumentarían considerablemente si se lograra reducir la demanda creciente de drogas en los grandes centros de consumo de Estados Unidos y Europa, pues eso disminuiría el margen de utilidades de los grupos armados, así como de las organizaciones internacionales del narcotráfico. Para lograr esto, los gobiernos de Estados Unidos y Europa deben fortalecer la interdicción, así como el arresto y enjuiciamiento de narcotraficantes y lavadores de dinero. También es urgente que evalúen si las medidas de reducción de daños tienen potencial para reducir la demanda en los mercados delictivos de la cocaína y la heroína, y si se concluye que sí, implementar dichas medidas.

Bogotá/Bruselas, 27 de enero de 2005

COVID-19, Inequality and Protests in Colombia

This week on Hold Your Fire!, Richard Atwood and Naz Modirzadeh talk to Crisis Group experts Renata Segura and Beth Dickinson about protests across Colombia, the inequality and police violence that are motivating people to take to the streets, and prospects for reform.

This week on Hold Your Fire!, Richard Atwood and Naz Modirzadeh talk to Renata Segura, deputy program director for Latin America and the Carribean, and Beth Dickinson, senior analyst for Colombia, about the anti-government protests across Colombia. They discuss what the deadly unrest looks like, a controversial tax reform proposed in April that triggered protests and the blockades that have sprung up across the country’s cities, towns and villages. They unpack protesters’ demands, notably the role of the COVID-19 pandemic in aggravating already rife inequality, and how police crackdowns have further fuelled people’s anger. They also talk about how Colombian society views the protests, whether protesters’ demands are widely shared and how likely it is that President Ivan Duque’s government will take measures to address their grievances. They discuss the likelihood of similar protests elsewhere in Latin America, given that many other countries in the region suffer the same inequality, worsened by COVID, that has taken people to the streets in Colombia. 

Click here to listen on Apple Podcasts or Spotify.

For more information, explore Crisis Group’s analysis on our Colombia page.

Contributors

Interim President
atwoodr
Naz Modirzadeh
Board Member and Harvard Professor of International Law and Armed Conflicts
Senior Analyst, Colombia
dickinsonbeth
Deputy Program Director, Latin America and Caribbean
renaticas