Drama en la frontera (II): tensión e incertidumbre en San Antonio, Venezuela

Ha pasado un mes desde que Venezuela cerró el transitado cruce fronterizo entre San Antonio del Táchira y la vecina ciudad de Cúcuta, en Colombia. Desde entonces, 1.600 colombianos han sido deportados sumariamente y al menos otros 19.000 han huido aterrorizados de Venezuela. La tensión entre ambos países se ha disparado. El 21 de septiembre, el presidente venezolano Nicolás Maduro y el presidente colombiano Juan Manuel Santos celebraron una reunión sobre la crisis, moderada por sus pares de Uruguay y Ecuador, en la que acordaron la “progresiva normalización” de la situación. Sin embargo, según Maduro la frontera permanecerá cerrada de seis meses a un año más.

Antes de la reunión en Quito, nuestro analista senior para los Andes Phil Gunson viajó al lado venezolano de la frontera con Colombia para analizar el impacto del cierre y el clima en San Antonio.

Este núcleo comercial habitualmente ajetreado se ha visto duramente afectado por la interrupción del comercio entre los dos países. Fue aquí donde, el pasado 22 de agosto, Venezuela cerró inicialmente la frontera y declaró el estado de emergencia en cuatro municipios. Desde entonces, la medida ha sido ampliada hacia el norte de Táchira, al estado Zulia, hacia el este, al estado Apure y, tras la reunión entre Maduro y Santos, hacia el sur, al estado Amazonas, afectando a casi 30 municipios y alrededor de un millón de personas. Según Maduro, fue necesario tomar estas drásticas medidas para combatir a los paramilitares y contrabandistas colombianos, una versión que Colombia cuestionó en una serie de intercambios verbales cada vez más duros y agresivos.

Para un análisis paralelo de los trastornos que las acciones de Venezuela han ocasionado del lado colombiano de la frontera, lea aquí el informe sobre el terreno de nuestro director del programa para América Latina y el Caribe Javier Ciurlizza.

Vivir en un estado de emergencia

Desde mucho antes de llegar a la frontera, es evidente que algo no marcha bien. La estrecha ruta que serpentea a lo largo de más de 40 kilómetros a través de las boscosas montañas que separan la capital del estado de San Cristóbal a San Antonio está casi vacía. Los puestos de control de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que antes sumaban hasta 90 minutos a la duración del viaje, ahora apenas lo interrumpen. Sin embargo, el cierre de la frontera parece haber logrado uno de sus objetivo, al menos por ahora. Con la aparente drástica reducción del contrabando de gasolina, los suministros parecen haber vuelto a la normalidad y ya no es necesario hacer fila durante horas solo para llenar el tanque de combustible.

No se puede decir lo mismo de los alimentos y otros suministros básicos. Una semana después de decretar el cierre “indefinido” de la frontera con Colombia, el presidente Maduro declaró que “se  acabaron las colas [para obtener productos básicos] del lado venezolano, y no ha habido homicidios en una semana”. Pero cuando yo estuve allí, a las 9 de la mañana ya había docenas de personas haciendo cola fuera del supermercado Cosmos, en el centro de la ciudad, para obtener pollo y aceite de cocina. Al mediodía, el ejército había acordonado la cuadra, y diez soldados con rifles automáticos controlaban una cola de unas 150 personas, que más tarde se duplicó en tamaño.

En la cercana Plaza Bolívar, una mujer mayor agitaba enojada una bolsa de plástico con alimentos. “Te obligan a comprar estos ‘combos’”, decía. “Cuatro artículos, y yo solo tenía dinero para tres. Si no compras las sardinas, solo te venden un litro de aceite de cocina en lugar de dos”. El precio de una caja de 30 huevos se ha duplicado a más de 1.000 bolívares. Antes del cierre de la frontera, costaba 500 o 600 bolívares (menos de un dólar a la tasa de cambio del mercado negro, o casi 10 dólares a la tasa oficial). El arroz, que sigue siendo casi imposible de conseguir, es hasta diez veces más caro que antes.

José Rozo, ex presidente de Fedecámaras Táchira, la sede local de la principal asociación de gremios empresariales de Venezuela, afirma que el cierre de la frontera ha sido “nefasto”. Anteriormente, dice, la gente tenía la opción de comprar en Colombia aquellos alimentos, medicamentos, artículos de higiene personal, repuestos para autos y otros artículos que eran difíciles de conseguir en Venezuela. “Era más caro, pero se conseguían”. Ahora esa vía se ha cerrado.

La actividad comercial de este lado de la frontera ha disminuido notablemente. En tiempos más normales, hasta 10.000 colombianos cruzaban la frontera cada día para trabajar en Venezuela. Muchos comercios están cerrados, y aquellos que están abiertos venden pocos productos. El sector industrial se ha visto duramente golpeado. En esta época del año, dice Rozo, “los compradores mayoristas del centro [de Venezuela] estarían viniendo a la frontera a comprar productos textiles. Pero los pantalones están a medio terminar. O bien hay trabajadores pero no hay cierres, o hay cierres pero no trabajadores”.

Estos trabajadores solían gastar parte de su salario en San Antonio. No solo almorzaban aquí – lo que generaba empleo para los venezolanos – sino que además compraban alimentos y otros bienes que eran mucho más baratos en San Antonio. La pérdida de estos clientes podría llevar a algunos comercios a la quiebra. A su vez, esto significa menos impuestos para el gobierno local y nacional. Aquellos involucrados de manera directa en el comercio transfronterizo se han visto aún más afectados. Se estima que, solo en San Antonio, hay unos 1.600 mototaxis, la mayoría de los cuales dependen de los viajes entre San Antonio y su ciudad hermana de Cúcuta, del lado colombiano de la frontera.

La historia de Elena

Uno de estos mototaxis pertenece a Julio (*), que vive en una pequeña y polvorienta aldea en las afueras de San Antonio, llamada El Saladito. El 22 de agosto, justo después de que el presidente Maduro declarara el estado de emergencia en la zona fronteriza, Julio y su esposa colombiana Elena (*) salieron de su casa a las 7 am. Los detuvo una patrulla de la Guardia Nacional y ella fue arrestada. “Nos dijeron que no nos preocupáramos”, dice Julio. “Que revisarían sus papeles, y si todo estaba en orden la liberarían”. Pero Elena, que estaba embarazada de cuatro meses, fue retenida todo el día en el cuartel de la GNB sin comida, agua, o acceso a un baño. Logró enviar algunos mensajes, pero cuando Julio acudió a protestar, un soldado le dijo que la Cruz Roja había visto a los detenidos y todo estaba bien.

A las 7.30 pm, Elena fue informada de que sería deportada. Fue trasladada al puesto fronterizo colombiano en el puente internacional y entregada con un sello en su pasaporte que decía “deportada”. Llevaba dieciséis años viviendo en Venezuela. Durante las siguientes dos semanas vivió con una cuñada en Cúcuta. “La semana pasada entré por la trocha (un cruce fronterizo ilegal que hay en la zona) y la traje de vuelta”, dice Julio. “Había perdido siete u ocho kilos. Ahora tiene que esconderse cada vez que pasa la Guardia”.

La Invasión

El barrio más duramente golpeado de San Antonio ha sido La Invasión, cuyos residentes son en su mayoría colombianos. Allí, la GNB arrestó a cientos de personas para ser deportadas, y marcó muchas casas para la demolición con una “D”. Parte del barrio ya ha sido derribado, y uno de sus perímetros es custodiado por tropas que llevan las boinas rojas de la Brigada de Infantería Paracaidista y portan fusiles automáticos Kalashnikov. “Este lugar estaba full de paramilitares [colombianos]”, dice el paracaidista que registra nuestro vehículo.

Unos minutos después de mi llegada, la Guardia Nacional y la policía lanzan otra redada. Cuento seis vehículos blindados, una veintena de Land Cruisers, más de 30 motocicletas y dos vehículos de transporte de tropas. En total, debe haber más de 300 hombres y algunas mujeres, todos ellos fuertemente armados. Detrás de ellos hay una camioneta pick-up de aspecto siniestro que transporta a miembros de la unidad de élite GAES, la fuerza antisecuestro y extorsión de la GNB. Los ocho hombres a bordo del vehículo llevan pasamontañas negros, o bandanas negras con una calavera blanca.

No está claro cuál es el objetivo exacto de esta demostración de fuerza. Los vecinos me advierten que no tome fotografías y que esconda mi cuaderno. “¿No sabe que estamos en estado de emergencia?” es la única respuesta que obtengo de un soldado de la Guardia Nacional cuando le pregunto de qué se trata todo esto.

Según la ministra de relaciones exteriores venezolana Delcy Rodríguez, La Invasión es “un asentamiento paramilitar  en una zona de seguridad”. No obstante, hay numerosos indicios de que el gobierno estaba brindando servicios públicos a los “paramilitares”. La empresa estatal Corpoelec había colocado postes eléctricos. Se iba a instalar alcantarillado público. Y un grupo de edificios recientemente terminados – inaugurados el año pasado por el gobernador del estado José Gregorio Vielma Mora – albergan las “misiones” del gobierno, sus programas sociales insignia.

Estos últimos se encuentran a menos de una cuadra del ahora derribado edificio que según el gobierno era una prostíbulo y una casa de contrabandistas. En una “calle” cercana – más bien un estrecho camino de tierra entre las casas – un grupo de residentes venezolanos están sentados tomando café mientras sus niños juegan a su alrededor. “¿Qué va a pasar con nosotros?” pregunta uno de ellos al concejal local del partido opositor Voluntad Popular (VP) José Luis Guerrero. Sus casas han sido marcadas con una D azul y están preocupados e indignados. “El gobernador dijo que las casas marcadas con una D era donde estaban las prostitutas”, dice una mujer. “¿Usted puede ver alguna prostituta aquí?” Nadie les ha informado si serán reubicados.

La Invasión está a unos cientos de metros del río Táchira que delimita la frontera. Una pareja que aparenta unos cincuenta años ha venido a intentar cruzar la frontera, pero la Guardia Nacional se lo ha impedido. El hombre dice que necesita medicamentos para su tío, que se encuentra hospitalizado. Ha negociado uno de los permisos especiales que se requieren para cruzar el puente internacional, pero tiene fecha para el siguiente día, el caso es urgente y no puede encontrar el medicamento que necesita en Venezuela. “El ejército está ahí abajo”, dice el guardia, señalando por encima de su hombro. “No podemos hacer nada”.

Llanojorge

Más recientemente, Llanojorge, un barrio situado en una pequeña colina al sur de San Antonio, también fue allanado. Pero aquí, al contrario de lo que se esperaba, no hubo deportaciones masivas. Algunos habitantes dicen que el despliegue de fuerzas de seguridad al menos ha obligado a las bandas criminales locales a pasar a la clandestinidad por el momento. Pero denuncian abusos por parte de la Guardia Nacional. “¿No le robaron dinero a mi sobrino el otro día?” dice José (*), de 65 años, que vive a solo 20 minutos a pie de Colombia por un cruce fronterizo informal. “No dices nada porque de lo contrario te llevan preso”.

En cuanto a si el cierre de la frontera ha mejorado las condiciones de vida, como asegura el gobierno, José desconfía. “Hay un Mercal [supermercado del gobierno] aquí en Llanojorge”, dice. “Pero no hay nada que valga la pena comprar. Si quieres un kilo de leche en polvo, hay una cola de dos cuadras”. Dice que votó por Maduro en las elecciones presidenciales de 2013, pero solo porque lo habían amenazado con que perdería su trabajo de recolector de basura si no lo hacía.

“Si esto [el cierre de la frontera] continúa”, dice, “se levanta el pueblo. Ya hay rumores”. Muchos partidarios del gobierno también están descontentos. Antonio (*), el presidente de un consejo comunal, se queja de que, si bien el gobierno dice hablar en su nombre, “nunca vienen aquí a hablar con el pueblo”.

Temor por el futuro

Según Fedecámaras Táchira, la asociación de gremios empresariales, el cierre de la frontera está costando $3 millones de dólares al día. La cifra real probablemente sea mucho más elevada, ya que gran parte de la economía local es informal. El contrabando continúa, aunque por ahora a mucha menor escala. Es cierto que parte del contrabando está en manos de ex paramilitares colombianos, conocidos localmente como “paracos”, que en su día lucharon contra las guerrillas de izquierda en Colombia. Pero ya no tienen una agenda ideológica. Hoy en día solo les interesa el dinero, y son pocos los observadores que creen seriamente que están buscando derrocar a Maduro, como afirma el presidente.

Esta nueva tensión entre Venezuela y Colombia trae consigo el riesgo de una escalada y de un éxodo mucho mayor de lo que se ha visto hasta ahora. Pero dentro de Venezuela, una de las amenazas más inmediatas es a la integridad de las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre. La libertad de movimiento y de reunión ha sido suspendida a lo largo de la frontera de Zulia a Apure. Recientemente, el general a cargo de la zona de emergencia en esta región emitió una resolución que prohibía “las aglomeraciones”.

En teoría, estas prohibiciones no se aplican a las reuniones electorales, pero la campaña en sí solo dura tres semanas. Fuera de ese periodo, el gobierno puede impedir fácilmente que la oposición celebre actos. Por sí mismo, el estado de emergencia no revertirá la ventaja de 20 puntos que los sondeos otorgan a la oposición. Pero sin duda hará que sea más difícil convertir esa ventaja en votos, y por tanto en escaños parlamentarios. Si esa es la intención, el estado de emergencia en San Antonio del Táchira – y el resto de la frontera – podría seguir vigente hasta el próximo año.

Todo esto pone el dedo en la llaga de los estados fronterizos de Venezuela. Si el antecesor de Maduro, Hugo Chávez, no hubiera retirado a Venezuela del Pacto Andino en 2006, arruinando el proceso de integración económica de Colombia y Venezuela, es posible que los planes para crear una Zona de Integración Fronteriza (ZIF) hubieran avanzado, lo que hubiera traído desarrollo y modernización a una zona que ambos gobiernos han desatendido durante demasiado tiempo. Una década después, las consecuencias de ese abandono son más evidentes que nunca.