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Un drama fronterizo. Crónica desde Cúcuta, Colombia
Un drama fronterizo. Crónica desde Cúcuta, Colombia
Amistades peligrosas: las guerrillas colombianas en la frontera venezolana
Amistades peligrosas: las guerrillas colombianas en la frontera venezolana
Lunchtime at a shelter run by the Colombian Red Cross in a sports stadium in Villa del Rosario. CRISIS GROUP/Javier Ciurlizza

Un drama fronterizo. Crónica desde Cúcuta, Colombia

El 22 de agosto pasado, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó el cierre del cruce fronterizo con Colombia ubicado entre las ciudades de Cúcuta y San Antonio de Táchira. En los días siguientes, más de mil colombianos fueron deportados sumariamente y entregados en el Puente Internacional Simón Bolívar. Las deportaciones se produjeron con un despliegue de seguridad inusitado y en varios casos se habrían producido violaciones de los derechos humanos. A la fecha, más de 20,000 personas (la mayor parte de ellos colombianos) han cruzado la frontera por temor a nuevas deportaciones y abusos. Casi 4,000 de ellas permanecen en albergues temporales en Cúcuta y alrededores.

Nuestro director para América Latina y el Caribe, Javier Ciurlizza, estuvo en Cúcuta y Villa del Rosario, visitó varios albergues y se acercó a la línea fronteriza. En medio de una crisis que no encuentra solución hasta el momento, esta crónica ofrece un relato del drama humano que está detrás de la confrontación política.

Los albergues

Rogelio(*) llevaba 40 años en Venezuela, adonde se fue buscando un mejor futuro después de haber prestado servicio militar en Colombia. En su hablado aún paisa, revoloteado con frases venezolanas, me cuenta que “la guardia” (Guardia Nacional Bolivariana) los convocó un día en su barrio y les pidió agresivamente documentos. El suyo era una de las millones de cédulas que Hugo Chávez ordenó extender a los colombianos para que votaran. Esos documentos reconocían por 14 años la residencia y expiraban el próximo noviembre. A la guardia no le importó, la rompieron y luego de qué el reclamara recibió como respuesta un “peinillazo” (machetazo) que iba directo a su cara, pero que él evitó con el brazo. Todavía muestras los estragos del ataque.

Rogelio es uno de las 370 personas ubicadas en el Hotel “Unión Junior”, a pocos metros del centro de atención y el puesto de mando unificado montado al lado del Puente Internacional “Simón Bolívar”, en el barrio La Parada del municipio de Villa del Rosario, departamento de Norte de Santander, en territorio colombiano. Esta ubicado muy cerca de la frontera colombo venezolana, cerrada desde el 22 de agosto. El administrador del hotel, Joaquín, me cuenta orgulloso que por fin le encontraron utilidad a un hotel que decaía con el tiempo, mostrándome las 55 carpas que tiene instaladas al lado del lobby.

Oficial de la Unidad de Control de Riesgos del Ejército inspecciona una de las tiendas ubicadas en el Albergue “Senderos de Paz”, administrado por el Ejército Nacional de Colombia y que, a 8 de septiembre de 2015, daba hospedaje a 162 personas.

Este albergue es uno de los 23 que han sido habilitados para recibir a 3,760 personas que han solicitado un lugar donde dormir. Muchos de ellos vienen sin nada. Llevan una semana y empieza la incertidumbre sobre que va a pasar con ellos después de que, como me lo dice una señora cargando dos bebés, “se cansen de nosotros”.

La respuesta del gobierno colombiano, hay que decirlo, ha sido buena considerando lo súbito de la emergencia y los ingentes recursos que se necesitaron. Especialmente después de la visita y discurso del Presidente Santos en Cúcuta, el flujo de alojados ha aumentado al igual que la capacidad de las instituciones. Como lo explica con orgullo el Coronel Jesús Gómez, que coordina el albergue “Senderos de Paz”, “aquí todos pusimos el hombro”. Pero advierte, además, que “temporal es temporal… máximo un mes”.

La unidad militar a cargo del albergue “Senderos de Paz” tiene experiencia humanitaria en Haití.

El Ejército organizó carpas, colchonetas, comida, servicios sanitarios y recreación en menos de 24 horas para 162 personas, a las que tienen marchando en disciplina. Igual hizo la Policía a través de su unidad que normalmente se dedica a emergencias como salvar a pilotos de parapente que se quedan enredados en los árboles. El albergue regentado por la Policía está en el coliseo de la Universidad Francisco de Paula Santander. A los estudiantes no les molesta, y algunos acuden a actividades recreativas con los niños. Pero otros expresan su temor de que esta situación está aumentando los asaltos y agresiones en los alrededores. Otros albergues son coordinados por la Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil y las autoridades locales. Todo el esfuerzo es coordinado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

En lo que todos coinciden es que si bien por ahora ha sido posible desplegar recursos para atender a estas personas, la situación sería mucho más dramática si es que el flujo de alojados aumenta súbitamente. En realidad, solo un quince por ciento de todas las personas registradas originalmente en Migración Colombia están en albergues. Muchas más (alrededor de 20,000 en total) están esperando que se concrete el apoyo ofrecido por el gobierno de 750,000 pesos colombianos (250 dólares) para arrendar algo por tres meses, han viajado a otras ciudades colombianas, o simplemente esperan la oportunidad para regresar.

Una tarde en el puente internacional Simón Bolívar. Un grupo de estudiantes se apresta a regresar a Venezuela luego de una jornada en Cúcuta. Se estima que más de 15.000 venezolanos estudian en el lado colombiano.

El cruce fronterizo

El Puente Internacional Simón Bolívar amanece cerrado, con una fila de personas pugnando por pasar de Colombia a Venezuela. Es el primer día que las autoridades venezolanas permiten que estudiantes vengan a territorio colombiano a recobrar clases (la mayor calidad educativa atrae a muchos estudiantes venezolanos a este lado de la frontera). Aprovechando el ambiente un poco más flexible, intento cruzar el puente hacia Venezuela. Lo había hecho muchas veces porque además, y por una norma que nadie logra explicar, todos (colombianos o no) podemos ir hasta allá sin necesidad de controles.

Los funcionarios colombianos me advierten que “eso cambia todos los días” y que es mejor que vaya caminando hasta la mitad del puente y que le pregunte a la guardia. Paso sin problemas el control policial colombiano y me sumo a un pequeño grupo de personas que acelera el paso. Cuando llego, la guardia venezolana hace pasar rápidamente a sus conciudadanos y pregunta por mi nacionalidad. Responden luego “peruanos hoy no pasan”. Intento preguntar porqué pero soy desalojado rápidamente y juzgo prudente devolverme sobre mis pasos. A mi regreso, varios policías colombianos me rodean para preguntarme que como me fue. Me dicen que lo intente más tarde, que seguro puedo entrar. Al parecer soy una especie de conejillo de indias para ellos.

Alrededor y en el puente decenas de mototaxistas y personas de a pié ofrecen llevarte a San Antonio Táchira (Venezuela) por 20,000 pesos colombianos (7 dólares). Cuando pregunto que cómo es eso, simplemente se encogen de hombros y dicen que es un “viaje seguro” y que el único riesgo es agregar otros 20,000 pesos (que no se me ocurra usar bolívares venezolanos) para pagarle a la guardia. Estos son las decenas de pasos informales que existen a lo largo de una frontera que la separa un río cuyas aguas nunca llegan a las rodillas.

Los chequeos fronterizos en la frontera del laso colombiano son rutinarios. Luego, las personas deben caminar 500 metros que separan este punto del control a cargo de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, donde hay una revisión exhaustiva de docum

La vida en la frontera

El punto fronterizo distribuido entre las ciudades de Cúcuta y San Antonio está densamente poblado y con una fuerte actividad comercial. Cruzar la frontera es en estos lugares un eufemismo, porque desde siempre la gente vive y comercia en lado y lado. Siempre ha sido así. Dependiendo de la calidad de bienes y servicios, colombianos y venezolanos han transitado de un lado al otro por esas tierras sin hacerle mucho caso a la demarcación fronteriza.

Esta intensa actividad económica y cotidiana ha llevado naturalmente a que numerosas familias sean genuinamente binacionales, con cédulas de los dos países. Durante muchos años, el flujo fue de colombianos a Venezuela. No hay certeza de cuantos hay, y las cifran oscilan entre 2 y 6 millones. Pero quizás el número de cédulas que concedió el gobierno venezolano entre 2002 y 2009 nos da cuenta de la dimensión de la población colombiana en esas tierras: más 700,000 documentos fueron entregados para que pudieran votar, y muchos de ellos lo hicieron reiteradamente por Hugo Chávez. Esos documentos ahora no sirven ni como papel mojado.

Regresando de un intento frustrado de cruzar la frontera.

Vadeando el río

Ese es el caso de Pacho (*), que ofrece mostrarme un cruce fronterizo que él mismo usa todos los fines de semana para irse de Cúcuta a ver a su esposa, que vive en San Cristóbal (Venezuela). Pacho dice que “Chávez era inteligente y yo lo apoyé, como muchos colombianos”. Pero ahora está “decepcionado” y solo quiere ver a Maduro caer.

Mientras charlamos de política, me lleva en un viejo taxi con placas de Cúcuta hacia unos caseríos en las afueras de la ciudad. Paramos un momento para mirar unas ladrilleras en donde, según Pacho, el paramilitar “Hernán”, incineraba a sus víctimas. Estas tierras fueron fuerte del “bloque fronteras” de la AUC, comandados por “Gato”, que aterrorizaron a la población y que compraron a muchas autoridades locales. El impacto del paramilitarismo fue atroz en todo el departamento, dejando huella en la persistencia de grupos que sucedieron a los grandes capos paramilitares.

En el camino recogemos un panfleto distribuido por el “Clan Usuga” – un grupo criminal que es considerada una amenaza a la seguridad por el gobierno colombiano- en el que declara “objetivo militar” a una serie de personas que supuestamente pertenecen a otros grupos, como “Los Rastrojos”. “Están por todas partes, pero ahora no se dejan ver mucho por la presencia policial y militar”, me dice Pacho.

Cuando llegamos al cruce, aparcamos el taxi al lado del camino, en donde hay algunos jóvenes que se ofrecen a traer “pimpinas” del otro lado. Los bidones de plástico llevan gasolina venezolana. Pero son muy pocos.

El puesto de control migratorio colombiano Simón Bolívar ha sido convertido en un centro de atención a los deportados y retornados.
Militares culminan las instalaciones del albergue “Senderos de Paz”.

El cierre de la frontera ha dejado sin fuente de empleo a miles de personas que dependen de las pimpinas para sobrevivir, me dice el Obispo de Cúcuta, Monseñor Ochoa. El impacto de un cierre continuo puede ser devastador para esas familias y muchas otras que dependen con desesperación del comercio fronterizo. En una ciudad con graves problemas de pobreza y de carencia de servicios como Cúcuta, esto puede ser explosivo.

Luego de una caminata entre campos de arroz recién cortados, llegamos con Pacho hasta el Río Táchira. El ambiente es relajado y casi uno pudiera pensar que la gente está de paseo. Una familia cruza con su hija dormida y se prepara a trepar una loma con una rudimentaria escalera. Arriba está “la pavimentada”: una carretera venezolana por donde pasan busetas que llevan a la gente a San Antonio o San Cristóbal. Otros se ofrecen como voluntarios para cargar a los que no se quieren mojar, por 3,000 pesos (1 dólar).

Este cruce, ubicado mirando al pueblo venezolano de Llanojorge y conectado con Juan Frío en Colombia, se suma a decenas de otros puntos por donde la gente puede transitar normalmente, casi sin problemas. La frontera para ellos sigue abierta y la guardia y el ejército venezolano solo aparece de vez en cuando para pedir papeles. El temor es para los colombianos con la famosa cédula de Chávez, o que no tienen documentos. El terror es por la creciente agresividad con la que son tratados del otro lado.

El albergue más grande en la ciudad de Cúcuta se encuentra en el Coliseo de la Universidad Francisco de Paula Santander. Es coordinado por la Unidad de Gestión de Desastres de la Policía Nacional, y atiende a unas 380 personas.

Los dramas fronterizos

La xenofobia, mal ocasional en la frontera en los últimos años, parece que se ha acentuado. Nos falta saber como ha reaccionado la población fronteriza del lado venezolano a las medidas draconianas impuestas por el gobierno desde Caracas, pero desde hace años viene larvada la percepción para muchos de que la presencia colombiana trae también a grupos ilegales. La extorsión y los tráficos, con las simultáneas disputas por plazas y por rutas, parece disparada. Pero esa xenofobia no es atributo solo de un lado. En Cúcuta hay voces que reclaman la deportación y el cierre. “Desde hace años ellos dependen más de nosotros que nosotros de ellos”, dice un comerciante de repuestos de autos. Frente a la escasez generalizada en Venezuela, el cierre de la frontera hace aún más difícil y costoso para los que viven al otro lado aprovisionarse de bienes que dejaron de circular hace mucho tiempo en mercados oficiales.

El comercio legal ha disminuido a niveles históricos, producto de la falta de pago y la exigencia de muchos empresarios colombianos de cancelaciones por adelantado. Solo 600 millones de dólares representó las exportaciones colombianas a Venezuela en el último año, que es poco menos del 4% del total de esas exportaciones. La decreciente importancia de este comercio no puede ser malinterpretada como que ese mercado es prescindible. Colombia no tiene con que reemplazarlo, habida cuenta de la continuidad territorial y los bajos costos que implica poner bienes en la frontera.

Una gran cantidad de niños pasa el tiempo de activiades recreativas.

Pero la vida continúa en la frontera. Los pequeños comerciantes y contrabandistas se las arreglan como pueden para continuar el flujo de bienes y personas del uno al otro lado. Es imposible cerrar una frontera tan porosa, amplia e integrada. Muchos, como un funcionario de la cámara binacional de comercio, confían que la realidad se imponga y señalan que este es un problema político que no tiene que ver con la gente.

Sin embargo, los efectos si se sienten. En los retornados que viven días de incertidumbre. En los niños y jóvenes que tienen que ir a la escuela en medio de hombres armados hasta los dientes. En las familias separadas que buscan con desesperación la reunificación.

Algunos analistas locales me explican que esta situación no es nueva; que las deportaciones son usuales (suman 90,000 en 30 años, de acuerdo al Centro de Atención al Migrante que depende de la Iglesia). Pero esta vez el ánimo es diferente, y muchos se están preparando para una espera que presumen será más larga y problemática.

Jugando con unos niños en un albergue, le pregunto a María (*) de 12 años, que quisiera para su cumpleaños – que era al día siguiente – y me responde rotundo: “que me dejen estar con mis dos papás y que la vida sea normal”. María vive con su abuela en el albergue y llegaron huyendo desde un barrio en los alrededores de San Antonio. Sus padres se quedaron porque tienen miedo de ser deportados. “Yo puedo salir con esto”, agrega otro niño sacando su cédula venezolana, “pero adonde voy a ir pues. Aquí no conozco a nadie”.

Difícilmente se pueden ver paramilitares y criminales en los rostros cansados de los retornados. Es más difícil aún culpar a las poblaciones de ambos lados de la frontera por vivir en un área en donde contrabandear lo hace todo el mundo. Estos son los claros perdedores de una disputa binacional que amenaza con convertirse en una bomba de tiempo.

 

 

Todas las imágenes © CRISIS GROUP/Javier Ciurlizza

(*) Los nombres han sido cambiados.

A Colombian navy boat patrols the Arauca river while a Venezuelan navy boat remains anchored on the border between Colombia and Venezuela, as seen from Arauquita, Colombia 28 March 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez

Amistades peligrosas: las guerrillas colombianas en la frontera venezolana

In the jungle along the Colombian-Venezuelan frontier, guerrillas, criminals and shadowy state elements jostle for illicit profits. Venezuela’s campaign against one armed group has raised tensions. Bogotá and Caracas should temper their war of words and work to forestall an inadvertent bilateral escalation.

En las primeras horas del 21 de marzo, el ruido de los aviones de combate presagiaba que Venezuela se habría convertido en otro escenario del largo conflicto interno colombiano. Esa mañana, el ejército venezolano lanzó su primera operación a gran escala contra una facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) activa en Apure, un estado venezolano que bordea la frontera colombiana desde los Andes en el oeste, a lo largo del río Meta, y hasta el río Orinoco en el este. Esta acción dio inicio a una serie de enfrentamientos que hasta ahora han cobrado la vida de al menos ocho soldados venezolanos, con un número aún no determinado de bajas adicionales reportadas el fin de semana pasado, y nueve presuntos guerrilleros colombianos. Las relaciones entre los dos países, ya de por sí bastante mala, han empeorado a medida que los líderes de Bogotá y Caracas intercambian insultos y se culpan mutuamente por los civiles desplazados debido a los combates. Entre tanto, ambos envían refuerzos militares a los puestos fronterizos. Los hechos en Apure han estado en los titulares de prensa de ambos países, poniendo en evidencia lo que lleva sucediendo de manera más silenciosa en gran parte de la frontera: la guerrilla colombiana ha penetrado más profundamente en territorio venezolano.

Un cementerio en Puerto Inírida, Colombia, está visiblemente en decadencia. Puerto Inírida es una localidad de la Amazonia colombiana, cerca a Venezuela, que sirve de centro de tráfico de minerales que se extraen en el estado de Amazonas, Venezuela. 2018. Bram Ebus/InfoAmazonia

Los brotes de violencia han sido durante mucho tiempo la norma a lo largo de los 2200 kilómetros de la frontera entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, los últimos años han marcado una peligrosa escalada, involucrando más y más fuerzas rebeldes y militares, así como una serie de traficantes y criminales. De un lado de la frontera, Venezuela sufre la peor crisis económica y humanitaria de su historia. Del otro, Colombia enfrenta las secuelas de más de 50 años de conflicto que el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las FARC debía haber dado por terminado. Aunque las FARC se desmovilizaron gracias al proceso de paz, algunos de sus antiguos miembros ahora luchan como parte de grupos disidentes que se formaron después de la firma del acuerdo.

El flujo de refugiados y contrabando de Venezuela a Colombia ha seguido sin pausa; drogas y hombres armados cruzan en sentido contrario.

En marzo de 2020, Colombia y Venezuela cerraron sus fronteras debido a la pandemia de COVID-19. Pero en lugar de detener el tráfico fronterizo, el cierre fomentó el tráfico ilegal de mercancías y personas por los cruces ilegales que están bajo el control de grupos armados. El flujo de refugiados y contrabando de Venezuela a Colombia ha seguido sin pausa; drogas y hombres armados cruzan en sentido contrario. Los grupos rebeldes colombianos niegan tener combatientes en Venezuela, o les restan importancia a las cifras, como, hasta hace poco, lo hacía el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Caracas. Pero es innegable que las guerrillas están ahí y que sus filas crecen.

Para comprender mejor la dinámica entre las comunidades, los grupos armados y las autoridades estatales a lo largo de esta tensa frontera, que siempre están cambiando, Crisis Group visitó su extremo sur, donde queda el estado venezolano Amazonas. Adicionalmente, fuentes confiables han proporcionado a Crisis Group fotografías, videos y grabaciones de audio que confirman actividades tanto de disidentes de las FARC como de combatientes uniformados del Ejército de Liberación Nacional (ELN), otra guerrilla colombiana, en el estado Amazonas y otras partes de Venezuela.

Donde se encuentran el Meta y el Orinoco

Temprano en la mañana, los residentes de Puerto Carreño, un municipio en el departamento colombiano del Vichada, donde el río Meta se encuentra con el Orinoco, ofrecen baldes de pescado fresco. Hacia la orilla oriental del Orinoco, el sol nace sobre la densa línea de árboles de la selva amazónica venezolana. Se estima que 4300 migrantes y refugiados venezolanos se han asentado en el municipio, que tiene una población total de 20 000 habitantes. Algunos recorren la población en busca de desechos que puedan ser vendidos como reciclaje; otros se reúnen alrededor de los camiones mientras éstos descargan en un basurero cercano. Los cruces fronterizos del Orinoco están oficialmente cerrados. Los pobladores que cruzan la frontera suelen ser objeto de amenazas y extorsión, usualmente por parte de alguno de los grupos armados que se han establecido en la zona.

Donde se encuentran el Meta y el Orinoco

Temprano en la mañana, los residentes de Puerto Carreño, un municipio en el departamento colombiano del Vichada, donde el río Meta se encuentra con el Orinoco, ofrecen baldes de pescado fresco. Hacia la orilla oriental del Orinoco, el sol nace sobre la densa línea de árboles de la selva amazónica venezolana. Se estima que 4300 migrantes y refugiados venezolanos se han asentado en el municipio, que tiene una población total de 20 000 habitantes. Algunos recorren la población en busca de desechos que puedan ser vendidos como reciclaje; otros se reúnen alrededor de los camiones mientras éstos descargan en un basurero cercano. Los cruces fronterizos del Orinoco están oficialmente cerrados. Los pobladores que cruzan la frontera suelen ser objeto de amenazas y extorsión, usualmente por parte de alguno de los grupos armados que se han establecido en la zona.

Un pescador pasea por el río Orinoco en Puerto Carreño, Colombia. 2018. Bram Ebus/InfoAmazonia

Estos grupos incluyen a disidencias de las FARC, el ELN, el grupo delictivo local Los Puntilleros del Vichada y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un grupo sucesor de los paramilitares. Estas organizaciones hacen y deshacen alianzas entre sí, aunque con poco derramamiento de sangre, mientras luchan por el control del tráfico de drogas y otras economías ilegales.

Tanto Família do Norte como Comando Vermelho, grupos criminales brasileños, tienen intereses en el sureste de Venezuela y las zonas fronterizas de Colombia.

En Puerto Carreño, hay un batallón del ejército colombiano, una unidad de la Policía Nacional y una brigada naval que patrulla los ríos. Pero no son frecuentes los enfrentamientos entre la fuerza pública colombiana y los grupos armados. Algunas fuentes, incluidos algunos funcionarios locales, alegan que miembros corruptos del ejército colaboran con grupos armados no estatales, pero la mayoría dicen que las partes no tienen más que un entendimiento tácito destinado a prevenir la violencia. “Aquí, [los grupos armados no estatales] aprendieron a llevarse bien con la fuerza pública”, explicó un funcionario, argumentando que una violencia más abierta resulta en una mayor presencia de tropas, lo cual es malo para los negocios.

El silencio es fundamental para el lucrativo tráfico a través de los múltiples ríos más pequeños que pasan por el Vichada hacia el Orinoco y la frontera venezolana. Tanto Família do Norte como Comando Vermelho, grupos criminales brasileños, tienen intereses en el sureste de Venezuela y las zonas fronterizas de Colombia. Un funcionario local de los aparatos de seguridad afirma que Vichada es uno de los corredores más importantes para el comercio de cocaína y pasta de coca. Una parte importante de la producción de departamentos cocaleros como Guaviare, Meta, Caquetá y Cauca pasan por el Vichada hacia Venezuela.

Relaciones turbulentas con la población

Migrantes venezolanos en el lado colombiano del Orinoco dicen que la presencia de la guerrilla en su país, que se remonta varias décadas atrás, comenzó a incrementarse en 2016, cuando el acuerdo de paz de Colombia entró en vigencia y los excombatientes de las FARC vieron la oportunidad de conseguir dinero fácil a través de la minería ilegal de oro al otro lado de la frontera. Ahora, tanto los disidentes de las FARC como los combatientes del ELN circulan libremente por la Amazonía venezolana. Algunos de los rebeldes en el estado Amazonas viven en lugares fijos donde cultivan sus propios alimentos, crían su propio ganado y almacenan la carne en refrigeradores que han instalado. Otros permanecen en movimiento, haciendo solo pequeños campamentos temporales.  

En el material recibido por Crisis Group queda clara la difícil relación entre la guerrilla y la población. En un video, se puede ver a un combatiente de las disidencias de las FARC empuñando una ametralladora mientras se dirige a un grupo de indígenas que se ven inquietos. No deben temer a la guerrilla, afirma, la cual está en Venezuela para defenderla de mayores peligros que, según alega, acechan en Colombia. “El motivo de nuestra presencia es porque si algún soldado yanqui o colombiano pisa la frontera de la patria de [el héroe independentista sudamericano Simón] Bolívar, estaremos dispuestos a dar la vida”, dice. Los hombres indígenas lo miran con ira e incredulidad.

Una comisión conjunta de disidentes del ELN y las FARC visita una comunidad indígena en Amazonas, Venezuela. Courtesy, 2020.

Las comunidades indígenas que viven en las profundidades de la selva amazónica venezolana están en buena medida aisladas del mundo exterior. La desnutrición y enfermedades que serían tratables en otros lugares amenazan la existencia de algunos de estos pueblos. Las organizaciones no gubernamentales y las agencias de cooperación que intentan llegar a estas áreas se encuentran con restricciones a la movilidad por parte de las autoridades militares y grupos guerrilleros. Las conexiones de internet y telefónicas son intermitentes o inexistentes, y los cortes de energía son frecuentes. Además de esto, el país enfrenta una grave escasez de combustible, resultado del colapso de la industria petrolera y las sanciones estadounidenses, y el combustible venezolano que llega a Amazonas termina en manos de organismos estatales locales que lo venden a las minas de oro a precios inflados. También se trafica combustible a través de la frontera desde Colombia, en complicidad con la guerrilla, y termina en las mismas minas de oro. Prácticamente no hay combustible para nadie más.

En estas circunstancias, se podría pensar que la guerrilla colombiana trataría de ganarse a la población local ofreciendo servicios públicos, tratando de funcionar como una especie de gobierno en una región sin presencia gubernamental. Tanto las FARC como el ELN lo han hecho en Colombia, y ambos parecen querer aprovechar la crisis económica venezolana. “El socialismo ya no puede seguir dando y haciendo cosas”, les dice un comandante de las disidencias de las FARC a miembros de la comunidad indígena en el estado Amazonas, reflexionando sobre la reducción del apoyo estatal desde el auge petrolero del fallecido presidente Hugo Chávez. Representantes de las disidencias y del ELN afirman en varias grabaciones que ellos ayudan a las comunidades y les brindan seguridad.

Sin embargo, la investigación de Crisis Group ha encontrado que tales esfuerzos para proveer servicios en el sur de Venezuela rara vez se llevan a cabo de una manera que genere afecto entre los pobladores, aunque, como se señala a continuación, las unidades del ELN parecen esforzarse más que las disidencias de las FARC. En algunos pueblos, la guerrilla les paga a los maestros de escuela, pero también intenta decidir qué se incluye en el programa educativo. En ocasiones, pagan por el transporte de enfermos a centros médicos, pero en otras ocasiones, cobran por dejar pasar embarcaciones o vehículos a través de sus puestos de control. Casi todo tiene un precio.

Al mismo tiempo, las guerrillas también intentan comprar influencias. Pequeñas delegaciones de las disidencias han visitado veredas a lo largo de Amazonas, prometiendo autos, motos y “maletas de dinero” a los líderes indígenas que respalden su presencia. Algunos pobladores manifestaron que han visto a miembros de un grupo defensor de derechos indígena en vehículos nuevos. “Algunas comunidades cedieron, porque las compraron”, dice un líder indígena de Amazonas. “Compran la conciencia de las personas”. La fuente se queja de que algunos líderes guerrilleros a veces invitan a muchachas del pueblo para embriagarlas en sus campamentos. Colaboradores locales, o milicianos, reciben alrededor de $8 dólares por día por entregar información y realizar tareas.

Muchos dicen que estos intentos de cooptar y aprovecharse de la población local han resultado enfrentando a las comunidades entre sí, debido a las acaloradas disputas sobre las actividades de la guerrilla. Algunos líderes comunitarios están molestos por estos problemas sociales, así como por el daño cultural y ambiental que estos grupos causan con su presencia y la extracción ilegal de oro. Algunos líderes se dejan deslumbrar por las ofertas materiales y ceden, mientras otros se niegan. “Nosotros no nos dejamos convencer” dijo un líder indígena. “Les dijimos, ¿para qué ustedes tienen que resguardarnos cuando ya tenemos el ejército nacional, la guardia nacional? No queremos otra gente extraña por nuestra comunidad, y armados mucho menos, no estamos acostumbrados a ver personas así”.

Los guerrilleros usan cada vez más sus propios uniformes, exhiben armas, aparecen en público junto a funcionarios del gobierno y se asocian con las autoridades estatales de cualquier manera posible.

Mientras tanto, los guerrilleros usan cada vez más sus propios uniformes, exhiben armas, aparecen en público junto a funcionarios del gobierno y se asocian con las autoridades estatales de cualquier manera posible. En un video, un hombre que se presenta como miembro de las FARC, pero viste con una gorra y camisa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, le habla a una multitud indígena. En otra grabación de audio, un comandante de las disidencias dice: “Nosotros somos los jefes operativos de los territorios, pero tenemos jefes superiores y tenemos que consultar también con el gobierno. Con el gobierno, comenzando con gobernación, alcaldía y los jefes de los pueblos indígenas de Amazonas con el PSUV”.

Varias fuentes indígenas dicen que la guerrilla del ELN es más respetuosa con los pobladores locales que las disidencias de las FARC y las fuerzas armadas. Según informes, extorsionan menos que las disidencias e impiden que las violentas bandas mineras del vecino estado Bolívar, llamadas sindicatos, entren en Amazonas. Hay casos en los que grupos indígenas han exigido que la guerrilla se abstenga de ingresar a su territorio: el ELN ha respetado la exigencia y las disidencias no. Según informes, el ELN también ha implementado algo de orden público, aunque de manera cruda y sumaria, que incluye ejecuciones, tanto en las minas como en la capital del estado, Puerto Ayacucho. A pesar de la brutalidad, algunos pobladores lo aprueban; le atribuyen a la “limpieza social” del ELN, como se conoce comúnmente la práctica, haber reducido drásticamente la tasa de criminalidad de la población. “Puerto Ayacucho estaba sufriendo una terrible ola de criminalidad”, explica un exagente de inteligencia venezolano. “Cuando empezó la limpieza, la gente incluso les había pedido que actuaran”.

Algunos indígenas se han rebelado contra la guerrilla. En 2020, según fuentes locales, cientos de personas, algunos portando arcos y flechas, increparon a un grupo de disidencias de las FARC. Le dijeron a un comandante: “¿Cómo pueden venir aquí a imponer sus normas, si ni siquiera pueden arreglar su propio país?” Otros indígenas han amenazado con retirar equipos de minería y bloquear el acceso a los ríos.

Colaboración y conflicto

Existe evidencia de colaboración entre las guerrillas colombianas y las autoridades venezolanas. Los medios colombianos que simpatizan con el gobierno mencionan regularmente informes de inteligencia sobre presuntas actividades guerrilleras en suelo venezolano y tienden a afirmar que las altas esferas del Estado venezolano protegen a los grupos armados, aunque estos reportajes están moldeados por la hostilidad de Bogotá hacia Caracas. Un video en manos de Crisis Group muestra a un comandante explicándole a pobladores locales que Venezuela necesita “amigos” y que las disidencias de las FARC y el ELN están allí para ayudar al gobierno de Maduro. Un informe reciente de Crisis Group sobre la frontera encontró que las autoridades venezolanas de hecho han dependido del ELN para reforzar su control sobre áreas fronterizas sensibles en los últimos dos años, lo que sugiere que puede haber un respaldo gubernamental de alto nivel a ese grupo.

Sin embargo, las relaciones entre los grupos armados y el Estado venezolano están lejos de ser sencillas. Los enfrentamientos entre las guerrillas colombianas y las fuerzas venezolanas no escasean. En 2018, el ELN mató a tres soldados y sufrió pérdidas indeterminadas en un tiroteo luego de que la Guardia Nacional venezolana detuviera a un comandante guerrillero llamado Luis Felipe Ortega Bernal, también conocido como Garganta. El mayor número de víctimas en estos enfrentamientos se registró en septiembre de 2020 en Apure, cuando al menos quince rebeldes y cuatro soldados murieron en un tiroteo entre disidentes de las FARC y el ejército venezolano. Los combates de Apure que iniciaron en marzo, han resultado en el desplazamiento de unas 6000 personas, quienes han cruzado la frontera hacia Colombia.

Sin embargo, incluso si las cosas a veces se salen de control, la ira del gobierno de Maduro con los grupos guerrilleros no parece durar mucho. Según observadores locales, después de un tiempo en la cárcel en Caracas, Garganta fue liberado en diciembre de 2020 y nuevamente opera cerca de la frontera.

El ELN y las disidencias de las FARC estáninvolucradas en negocios ilícitos similares, tales como el tráfico de drogas yla minería ilegal de oro, y ambos trabajan con las autoridades venezolanaslocales y las fuerzas de seguridad, pero cada facción guerrillera maneja sus propiasrutas de tráfico y envíos de contrabando por separado.

¿Qué explica los cambios aparentemente repentinos de la colaboración con el Estado venezolano a la confrontación directa y viceversa? A lo largo del Orinoco, como en otras partes de la frontera, los vínculos entre grupos armados, funcionarios estatales y residentes son relaciones frágiles arraigadas en el interés propio. El ELN y las disidencias de las FARC están involucradas en negocios ilícitos similares, tales como el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro, y ambos trabajan con las autoridades venezolanas locales y las fuerzas de seguridad, pero cada facción guerrillera maneja sus propias rutas de tráfico y envíos de contrabando por separado. Las alianzas parecen depender más de las ganancias que de la ideología o la posición geopolítica. Como ha informado Crisis Group, hasta hace poco, grupos que surgieron de los paramilitares de derecha en Colombia, particularmente los Rastrojos, estaban actuando en complicidad con oficiales de seguridad venezolanos (formalmente simpatizantes del chavismo, el credo populista de izquierda del gobierno de Maduro) en el estado fronterizo de Táchira.

Dicho esto, el gobierno de Caracas interviene en la región fronteriza cuando siente que sus intereses estratégicos están en juego; por ejemplo, cuando las fuerzas de seguridad locales han formado vínculos con grupos armados de los que, por alguna razón, desconfía. Además, las disputas por dinero también pueden romper alianzas. Malentendidos, incursiones en territorios ajenos o la aparición de caras nuevas que intentan dejar su huella alterando entendimientos o dinámicas previas pueden fácilmente convertir la cooperación en una competencia violenta. La ofensiva militar venezolana en Apure, por ejemplo, parece ser el resultado de las crecientes tensiones entre el ejército y una facción de las disidencias de las FARC, el Frente Décimo, por la distribución de las ganancias ilícitas y el control territorial. Informes de fuentes locales, funcionarios judiciales y expertos en seguridad sugieren que el grupo disidente se volvió demasiado ambicioso, no hizo los pagos requeridos a los militares y se convirtió en una piedra en el zapato de otros grupos armados no estatales que cuentan con un mayor respaldo en Caracas.

Una diversidad de grupos armados

Los brotes de violencia también se deben en gran parte al alto número de grupos armados que compiten por obtener ganancias. Las guerrillas colombianas tienen una larga historia en Venezuela, con una presencia del ELN que se remonta a unos 40 años. Pero los grupos han crecido rápidamente en los últimos años. Un militante del ELN dijo que las guerrillas estaban involucradas en la minería en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela, desde al menos 2006. Ahora, el grupo opera en todos los estados del sur y, según varias fuentes, es la fuerza guerrillera más influyente en Amazonas.

En cuanto a las disidencias de las FARC, ahora están presentes en cada uno de los siete municipios del estado Amazonas. La facción disidente de las FARC dominante en el estado se denomina Acacio Medina, un grupo de alrededor de 280 disidentes y nuevos reclutas que continúan usando la retórica de las FARC para justificar su control territorial en partes de varios municipios. La Acacio Medina está representada por Jhon 40, su comandante de mayor rango, y Julián Chollo, quien dirige las operaciones en campo. Sus actividades se concentran en la minería ilegal de oro, el narcotráfico y la extorsión.

Una segunda facción disidente, Segunda Marquetalia, también ha empezado a enviar emisarios al estado Amazonas, aunque sigue siendo más notoria en Colombia. El grupo, que lleva el nombre del área donde inicialmente se formaron las FARC tras una ofensiva militar en 1964, fue anunciado hace dos años por Iván Márquez, un excomandante de alto rango de las FARC y exjefe negociador del acuerdo de paz de 2016. Además de intentar resucitar antiguos frentes de las FARC en Colombia, Segunda Marquetalia ha establecido alianzas con grupos con mayor influencia sobre el terreno en Venezuela. La facción Acacio Medina parece ser aliada de la Segunda Marquetalia, al igual que del Frente Primero, uno de los mayores grupos disidentes de las FARC, encabezado por alias Iván Mordisco, y ubicado principalmente en el sureste de Colombia. Según informes, la Acacio Medina proporciona logística y recursos para ambas facciones rebeldes. 

Un comerciante de coltán en Puerto Carreño, Colombia, muestra una pieza de este mineral negruzco que ha sido traficado a través de la frontera desde Venezuela. El coltán está compuesta por columbita y tantalita y se extrae ilegalmente en Venezuela. 2018. Bram Ebus/InfoAmazonia
Lo que agrupa a todas las facciones es la economía ilegal en auge en Amazonas y sus esfuerzos por beneficiarse de ella.

Lo que agrupa a todas las facciones, lo que “las une”, en palabras de un miembro de las fuerzas de seguridad colombianas, es la economía ilegal en auge en Amazonas y sus esfuerzos por beneficiarse de ella. La región es un importante corredor para el narcotráfico hacia Brasil y en avionetas hacia Centroamérica, pero el oro es el mayor atractivo. La crisis económica venezolana ha hecho que el oro (al igual que el coltán en menor escala) sea muy atractivo ya que la hiperinflación está reduciendo el valor de la moneda nacional, el bolívar. Muchas familias han emigrado a distritos mineros. Los maestros los han seguido hacia los pueblos improvisados cerca de las minas, tanto para dar clases por unos 3,5 g de oro mensuales, como para buscar oro ellos mismos. La industria no regulada es óptima para ser explotada por quienes tienen armas y la voluntad de usarlas. “La guerrilla se aprovecha de esta situación crítica que atravesamos”, dijo un líder indígena de Amazonas.

Las guerrillas manejan algunas de las minas y cobran una especie de impuesto en oro de otras. El ELN, en particular, controla muchas de las cada vez más minas ilegales en territorio venezolano. En el parque nacional Yapacana, los sitios de extracción ilegal de oro ocupan más de 2200 hectáreas de tierra, causando enormes daños a ecosistemas frágiles. Las dragas abundan en los ríos, mientras que las excavadoras devoradoras de combustible desgarran la tierra, arrancando grandes cantidades de árboles y otra vegetación. Los pobladores informan que funcionarios estatales corruptos vuelan a Yapacana en helicópteros para recoger su tajada del oro que recolectan las guerrillas.

Puerto Carreño está rodeado de barrios habitados por refugiados venezolanos, entre los cuales se encuentran muchos indígenas. Este sector en particular está ubicado al lado de un vertedero de basura donde la gente busca materiales reciclables. 2021. CRISISGROUP/Bram Ebus

Un contrabandista venezolano, que asegura haber sido oficial del ejército, dice que ofrece oro de una mina en el municipio de Manapiare, en el este de Amazonas, para la venta en Puerto Carreño en el lado colombiano de la frontera. Explica que el ELN exige un porcentaje del oro extraído por los propietarios de equipos mineros, pero permite que los mineros indígenas de pequeña escala se queden con lo que encuentran. Él y otros venden pequeñas cantidades en Puerto Carreño a precios inferiores a los del mercado, pero los protocolos de pago son diferentes para quienes buscan cantidades que sobrepasen el kilogramo. “Entonces hay que llevar el dinero en efectivo a las minas para comprar oro”, dice. ¿Cómo se lleva el oro a Colombia? “En piñas”, sonríe.

Desconfianza mutua

En Caracas y Bogotá, los dos gobiernos parecen menos interesados en lo que hacen varios grupos armados a lo largo de la frontera que en intercambiar insultos para complacer a sus respectivas bases. A principios de 2019, en un momento de intensas tensiones políticas en Caracas, Venezuela y Colombia rompieron relaciones diplomáticas. En declaraciones ante la Asamblea General de la ONU ese mismo año, el presidente de Colombia, Iván Duque, declaró que tenía “pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia”. Tras la ofensiva en Apure, el gobierno de Duque ha insistido en que las autoridades venezolanas solo actúan de forma selectiva contra determinados grupos en su afán por “controlar el narcotráfico” en la zona.

Por su parte, líderes venezolanos han respondido que el objetivo de su ejército son grupos guerrilleros que forman parte de una campaña colombo-estadounidense para “crear las condiciones necesarias para justificar una intervención imperialista”. En una rueda de prensa, el presidente Maduro hizo acusaciones directas: “¡Han traído métodos sucios, asquerosos de la guerra colombiana a Venezuela y lo condeno!”

Los peligros reales (fricciones entre comunidades locales, violencia contra la población y la creciente crisis humanitaria) en Amazonas, Apure y en otros lugares a lo largo de la frontera siguen sin resolverse.

Si bien hay poco que sugiera que los grupos armados colombianos en Venezuela sean una conspiración imperialista o un instrumento chavista para atacar a Colombia, es probable que este cruce de insultos continúe mientras los dos países sigan escalando sus tensiones bilaterales. Mientras tanto, los peligros reales (fricciones entre comunidades locales, violencia contra la población y la creciente crisis humanitaria) en Amazonas, Apure y en otros lugares a lo largo de la frontera siguen sin resolverse. No solo es un problema para las comunidades que están siendo victimizadas, sino que crea una atmósfera de inseguridad donde los movimientos erráticos de bandas rebeldes fragmentadas, o una respuesta mal calculada de las fuerzas de seguridad, podrían llevar a los dos Estados a una confrontación mutua, puede que no por diseño, si no por un error de juicio o de cálculo. Ninguno de los dos países se vería beneficiado por el choque entre sus ejércitos, y mucho menos los pobladores empobrecidos que viven a lo largo de la frontera.

En este contexto, los llamados para establecer un canal de comunicación entre Bogotá y Caracas, potencialmente con apoyo multilateral, se han intensificado en al menos algunos flancos en las últimas semanas. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, le ha solicitado directamente al secretario general de la ONU que utilice sus “buenos oficios” para ayudar a crear un canal de comunicación con Colombia, una solicitud ante la cual Bogotá ha mostrado poco interés, mientras que un grupo de 60 organizaciones de la sociedad civil de ambos países han pedido que se designe un enviado de la ONU para la región fronteriza. La desconfianza entre los vecinos podría frustrar estos esfuerzos. Pero sin una vía de comunicación entre los dos gobiernos, incluso mientras se acusan mutuamente de patrocinar a grupos armados, cualquier concentración militar cerca de la frontera, estallido de violencia u ofensiva guerrillera podría malinterpretarse como un complot tramado por el vecino. El estancamiento por la falta de comunicación empieza a volverse más peligroso cada día; como dijo un indígena local cuando se le pregunto cómo veía el futuro: “está color de hormiga”.