Un drama fronterizo. Crónica desde Cúcuta, Colombia
Un drama fronterizo. Crónica desde Cúcuta, Colombia
Border Drama (II): Tension and Uncertainty in San Antonio, Venezuela
Border Drama (II): Tension and Uncertainty in San Antonio, Venezuela

Un drama fronterizo. Crónica desde Cúcuta, Colombia

El 22 de agosto pasado, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó el cierre del cruce fronterizo con Colombia ubicado entre las ciudades de Cúcuta y San Antonio de Táchira. En los días siguientes, más de mil colombianos fueron deportados sumariamente y entregados en el Puente Internacional Simón Bolívar. Las deportaciones se produjeron con un despliegue de seguridad inusitado y en varios casos se habrían producido violaciones de los derechos humanos. A la fecha, más de 20,000 personas (la mayor parte de ellos colombianos) han cruzado la frontera por temor a nuevas deportaciones y abusos. Casi 4,000 de ellas permanecen en albergues temporales en Cúcuta y alrededores.

Nuestro director para América Latina y el Caribe, Javier Ciurlizza, estuvo en Cúcuta y Villa del Rosario, visitó varios albergues y se acercó a la línea fronteriza. En medio de una crisis que no encuentra solución hasta el momento, esta crónica ofrece un relato del drama humano que está detrás de la confrontación política.

Regresando de un intento frustrado de cruzar la frontera.

Los albergues

Rogelio(*) llevaba 40 años en Venezuela, adonde se fue buscando un mejor futuro después de haber prestado servicio militar en Colombia. En su hablado aún paisa, revoloteado con frases venezolanas, me cuenta que “la guardia” (Guardia Nacional Bolivariana) los convocó un día en su barrio y les pidió agresivamente documentos. El suyo era una de las millones de cédulas que Hugo Chávez ordenó extender a los colombianos para que votaran. Esos documentos reconocían por 14 años la residencia y expiraban el próximo noviembre. A la guardia no le importó, la rompieron y luego de qué el reclamara recibió como respuesta un “peinillazo” (machetazo) que iba directo a su cara, pero que él evitó con el brazo. Todavía muestras los estragos del ataque.

Rogelio es uno de las 370 personas ubicadas en el Hotel “Unión Junior”, a pocos metros del centro de atención y el puesto de mando unificado montado al lado del Puente Internacional “Simón Bolívar”, en el barrio La Parada del municipio de Villa del Rosario, departamento de Norte de Santander, en territorio colombiano. Esta ubicado muy cerca de la frontera colombo venezolana, cerrada desde el 22 de agosto. El administrador del hotel, Joaquín, me cuenta orgulloso que por fin le encontraron utilidad a un hotel que decaía con el tiempo, mostrándome las 55 carpas que tiene instaladas al lado del lobby.

Oficial de la Unidad de Control de Riesgos del Ejército inspecciona una de las tiendas ubicadas en el Albergue “Senderos de Paz”, administrado por el Ejército Nacional de Colombia y que, a 8 de septiembre de 2015, daba hospedaje a 162 personas.

Este albergue es uno de los 23 que han sido habilitados para recibir a 3,760 personas que han solicitado un lugar donde dormir. Muchos de ellos vienen sin nada. Llevan una semana y empieza la incertidumbre sobre que va a pasar con ellos después de que, como me lo dice una señora cargando dos bebés, “se cansen de nosotros”.

La respuesta del gobierno colombiano, hay que decirlo, ha sido buena considerando lo súbito de la emergencia y los ingentes recursos que se necesitaron. Especialmente después de la visita y discurso del Presidente Santos en Cúcuta, el flujo de alojados ha aumentado al igual que la capacidad de las instituciones. Como lo explica con orgullo el Coronel Jesús Gómez, que coordina el albergue “Senderos de Paz”, “aquí todos pusimos el hombro”. Pero advierte, además, que “temporal es temporal… máximo un mes”.

La unidad militar a cargo del albergue “Senderos de Paz” tiene experiencia humanitaria en Haití.

El Ejército organizó carpas, colchonetas, comida, servicios sanitarios y recreación en menos de 24 horas para 162 personas, a las que tienen marchando en disciplina. Igual hizo la Policía a través de su unidad que normalmente se dedica a emergencias como salvar a pilotos de parapente que se quedan enredados en los árboles. El albergue regentado por la Policía está en el coliseo de la Universidad Francisco de Paula Santander. A los estudiantes no les molesta, y algunos acuden a actividades recreativas con los niños. Pero otros expresan su temor de que esta situación está aumentando los asaltos y agresiones en los alrededores. Otros albergues son coordinados por la Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil y las autoridades locales. Todo el esfuerzo es coordinado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

En lo que todos coinciden es que si bien por ahora ha sido posible desplegar recursos para atender a estas personas, la situación sería mucho más dramática si es que el flujo de alojados aumenta súbitamente. En realidad, solo un quince por ciento de todas las personas registradas originalmente en Migración Colombia están en albergues. Muchas más (alrededor de 20,000 en total) están esperando que se concrete el apoyo ofrecido por el gobierno de 750,000 pesos colombianos (250 dólares) para arrendar algo por tres meses, han viajado a otras ciudades colombianas, o simplemente esperan la oportunidad para regresar.

Una tarde en el puente internacional Simón Bolívar. Un grupo de estudiantes se apresta a regresar a Venezuela luego de una jornada en Cúcuta. Se estima que más de 15.000 venezolanos estudian en el lado colombiano.

El cruce fronterizo

El Puente Internacional Simón Bolívar amanece cerrado, con una fila de personas pugnando por pasar de Colombia a Venezuela. Es el primer día que las autoridades venezolanas permiten que estudiantes vengan a territorio colombiano a recobrar clases (la mayor calidad educativa atrae a muchos estudiantes venezolanos a este lado de la frontera). Aprovechando el ambiente un poco más flexible, intento cruzar el puente hacia Venezuela. Lo había hecho muchas veces porque además, y por una norma que nadie logra explicar, todos (colombianos o no) podemos ir hasta allá sin necesidad de controles.

Los funcionarios colombianos me advierten que “eso cambia todos los días” y que es mejor que vaya caminando hasta la mitad del puente y que le pregunte a la guardia. Paso sin problemas el control policial colombiano y me sumo a un pequeño grupo de personas que acelera el paso. Cuando llego, la guardia venezolana hace pasar rápidamente a sus conciudadanos y pregunta por mi nacionalidad. Responden luego “peruanos hoy no pasan”. Intento preguntar porqué pero soy desalojado rápidamente y juzgo prudente devolverme sobre mis pasos. A mi regreso, varios policías colombianos me rodean para preguntarme que como me fue. Me dicen que lo intente más tarde, que seguro puedo entrar. Al parecer soy una especie de conejillo de indias para ellos.

Alrededor y en el puente decenas de mototaxistas y personas de a pié ofrecen llevarte a San Antonio Táchira (Venezuela) por 20,000 pesos colombianos (7 dólares). Cuando pregunto que cómo es eso, simplemente se encogen de hombros y dicen que es un “viaje seguro” y que el único riesgo es agregar otros 20,000 pesos (que no se me ocurra usar bolívares venezolanos) para pagarle a la guardia. Estos son las decenas de pasos informales que existen a lo largo de una frontera que la separa un río cuyas aguas nunca llegan a las rodillas.

Los chequeos fronterizos en la frontera del laso colombiano son rutinarios. Luego, las personas deben caminar 500 metros que separan este punto del control a cargo de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, donde hay una revisión exhaustiva de docum

La vida en la frontera

El punto fronterizo distribuido entre las ciudades de Cúcuta y San Antonio está densamente poblado y con una fuerte actividad comercial. Cruzar la frontera es en estos lugares un eufemismo, porque desde siempre la gente vive y comercia en lado y lado. Siempre ha sido así. Dependiendo de la calidad de bienes y servicios, colombianos y venezolanos han transitado de un lado al otro por esas tierras sin hacerle mucho caso a la demarcación fronteriza.

Esta intensa actividad económica y cotidiana ha llevado naturalmente a que numerosas familias sean genuinamente binacionales, con cédulas de los dos países. Durante muchos años, el flujo fue de colombianos a Venezuela. No hay certeza de cuantos hay, y las cifran oscilan entre 2 y 6 millones. Pero quizás el número de cédulas que concedió el gobierno venezolano entre 2002 y 2009 nos da cuenta de la dimensión de la población colombiana en esas tierras: más 700,000 documentos fueron entregados para que pudieran votar, y muchos de ellos lo hicieron reiteradamente por Hugo Chávez. Esos documentos ahora no sirven ni como papel mojado.

Regresando de un intento frustrado de cruzar la frontera.

Vadeando el río

Ese es el caso de Pacho (*), que ofrece mostrarme un cruce fronterizo que él mismo usa todos los fines de semana para irse de Cúcuta a ver a su esposa, que vive en San Cristóbal (Venezuela). Pacho dice que “Chávez era inteligente y yo lo apoyé, como muchos colombianos”. Pero ahora está “decepcionado” y solo quiere ver a Maduro caer.

Mientras charlamos de política, me lleva en un viejo taxi con placas de Cúcuta hacia unos caseríos en las afueras de la ciudad. Paramos un momento para mirar unas ladrilleras en donde, según Pacho, el paramilitar “Hernán”, incineraba a sus víctimas. Estas tierras fueron fuerte del “bloque fronteras” de la AUC, comandados por “Gato”, que aterrorizaron a la población y que compraron a muchas autoridades locales. El impacto del paramilitarismo fue atroz en todo el departamento, dejando huella en la persistencia de grupos que sucedieron a los grandes capos paramilitares.

En el camino recogemos un panfleto distribuido por el “Clan Usuga” – un grupo criminal que es considerada una amenaza a la seguridad por el gobierno colombiano- en el que declara “objetivo militar” a una serie de personas que supuestamente pertenecen a otros grupos, como “Los Rastrojos”. “Están por todas partes, pero ahora no se dejan ver mucho por la presencia policial y militar”, me dice Pacho.

Cuando llegamos al cruce, aparcamos el taxi al lado del camino, en donde hay algunos jóvenes que se ofrecen a traer “pimpinas” del otro lado. Los bidones de plástico llevan gasolina venezolana. Pero son muy pocos.

El puesto de control migratorio colombiano Simón Bolívar ha sido convertido en un centro de atención a los deportados y retornados.

On the way we pick up a pamphlet distributed by the “Usuga clan” – a criminal organisation considered a security threat by the Colombian government – in which a number of individuals belonging to rival groups such as “Los Rastrojos” are declared to be “military targets”. “[The gangs] are all over the place,” says Pacho, “but nowadays they are less visible on account of the military and police presence”.

When we reach the border crossing we park the taxi beside the road at a point where some youths are offering to bring pimpinas from the other side. These are plastic jerrycans containing Venezuelan petrol. But there are few of them.

The closing of the border has deprived thousands of people who depend on the pimpina trade of their daily bread, I am told by the Bishop of Cúcuta, Monsignor Ochoa. The impact of an indefinite closure is likely to be devastating for these families and for many others who are desperately dependent on the cross-border trade. In a city like Cúcuta with serious problems of poverty and poor public services, this could create an explosive situation.

Militares culminan las instalaciones del albergue “Senderos de Paz”.

El cierre de la frontera ha dejado sin fuente de empleo a miles de personas que dependen de las pimpinas para sobrevivir, me dice el Obispo de Cúcuta, Monseñor Ochoa. El impacto de un cierre continuo puede ser devastador para esas familias y muchas otras que dependen con desesperación del comercio fronterizo. En una ciudad con graves problemas de pobreza y de carencia de servicios como Cúcuta, esto puede ser explosivo.

Luego de una caminata entre campos de arroz recién cortados, llegamos con Pacho hasta el Río Táchira. El ambiente es relajado y casi uno pudiera pensar que la gente está de paseo. Una familia cruza con su hija dormida y se prepara a trepar una loma con una rudimentaria escalera. Arriba está “la pavimentada”: una carretera venezolana por donde pasan busetas que llevan a la gente a San Antonio o San Cristóbal. Otros se ofrecen como voluntarios para cargar a los que no se quieren mojar, por 3,000 pesos (1 dólar).

Este cruce, ubicado mirando al pueblo venezolano de Llanojorge y conectado con Juan Frío en Colombia, se suma a decenas de otros puntos por donde la gente puede transitar normalmente, casi sin problemas. La frontera para ellos sigue abierta y la guardia y el ejército venezolano solo aparece de vez en cuando para pedir papeles. El temor es para los colombianos con la famosa cédula de Chávez, o que no tienen documentos. El terror es por la creciente agresividad con la que son tratados del otro lado.

El albergue más grande en la ciudad de Cúcuta se encuentra en el Coliseo de la Universidad Francisco de Paula Santander. Es coordinado por la Unidad de Gestión de Desastres de la Policía Nacional, y atiende a unas 380 personas.

Los dramas fronterizos

La xenofobia, mal ocasional en la frontera en los últimos años, parece que se ha acentuado. Nos falta saber como ha reaccionado la población fronteriza del lado venezolano a las medidas draconianas impuestas por el gobierno desde Caracas, pero desde hace años viene larvada la percepción para muchos de que la presencia colombiana trae también a grupos ilegales. La extorsión y los tráficos, con las simultáneas disputas por plazas y por rutas, parece disparada. Pero esa xenofobia no es atributo solo de un lado. En Cúcuta hay voces que reclaman la deportación y el cierre. “Desde hace años ellos dependen más de nosotros que nosotros de ellos”, dice un comerciante de repuestos de autos. Frente a la escasez generalizada en Venezuela, el cierre de la frontera hace aún más difícil y costoso para los que viven al otro lado aprovisionarse de bienes que dejaron de circular hace mucho tiempo en mercados oficiales.

El comercio legal ha disminuido a niveles históricos, producto de la falta de pago y la exigencia de muchos empresarios colombianos de cancelaciones por adelantado. Solo 600 millones de dólares representó las exportaciones colombianas a Venezuela en el último año, que es poco menos del 4% del total de esas exportaciones. La decreciente importancia de este comercio no puede ser malinterpretada como que ese mercado es prescindible. Colombia no tiene con que reemplazarlo, habida cuenta de la continuidad territorial y los bajos costos que implica poner bienes en la frontera.

Una gran cantidad de niños pasa el tiempo de activiades recreativas.

Pero la vida continúa en la frontera. Los pequeños comerciantes y contrabandistas se las arreglan como pueden para continuar el flujo de bienes y personas del uno al otro lado. Es imposible cerrar una frontera tan porosa, amplia e integrada. Muchos, como un funcionario de la cámara binacional de comercio, confían que la realidad se imponga y señalan que este es un problema político que no tiene que ver con la gente.

Sin embargo, los efectos si se sienten. En los retornados que viven días de incertidumbre. En los niños y jóvenes que tienen que ir a la escuela en medio de hombres armados hasta los dientes. En las familias separadas que buscan con desesperación la reunificación.

Algunos analistas locales me explican que esta situación no es nueva; que las deportaciones son usuales (suman 90,000 en 30 años, de acuerdo al Centro de Atención al Migrante que depende de la Iglesia). Pero esta vez el ánimo es diferente, y muchos se están preparando para una espera que presumen será más larga y problemática.

Jugando con unos niños en un albergue, le pregunto a María (*) de 12 años, que quisiera para su cumpleaños – que era al día siguiente – y me responde rotundo: “que me dejen estar con mis dos papás y que la vida sea normal”. María vive con su abuela en el albergue y llegaron huyendo desde un barrio en los alrededores de San Antonio. Sus padres se quedaron porque tienen miedo de ser deportados. “Yo puedo salir con esto”, agrega otro niño sacando su cédula venezolana, “pero adonde voy a ir pues. Aquí no conozco a nadie”.

Difícilmente se pueden ver paramilitares y criminales en los rostros cansados de los retornados. Es más difícil aún culpar a las poblaciones de ambos lados de la frontera por vivir en un área en donde contrabandear lo hace todo el mundo. Estos son los claros perdedores de una disputa binacional que amenaza con convertirse en una bomba de tiempo.

 

 

Todas las imágenes © CRISIS GROUP/Javier Ciurlizza

(*) Los nombres han sido cambiados.

Drama en la frontera (II): tensión e incertidumbre en San Antonio, Venezuela

Ha pasado un mes desde que Venezuela cerró el transitado cruce fronterizo entre San Antonio del Táchira y la vecina ciudad de Cúcuta, en Colombia. Desde entonces, 1.600 colombianos han sido deportados sumariamente y al menos otros 19.000 han huido aterrorizados de Venezuela. La tensión entre ambos países se ha disparado. El 21 de septiembre, el presidente venezolano Nicolás Maduro y el presidente colombiano Juan Manuel Santos celebraron una reunión sobre la crisis, moderada por sus pares de Uruguay y Ecuador, en la que acordaron la “progresiva normalización” de la situación. Sin embargo, según Maduro la frontera permanecerá cerrada de seis meses a un año más.

Antes de la reunión en Quito, nuestro analista senior para los Andes Phil Gunson viajó al lado venezolano de la frontera con Colombia para analizar el impacto del cierre y el clima en San Antonio.

Este núcleo comercial habitualmente ajetreado se ha visto duramente afectado por la interrupción del comercio entre los dos países. Fue aquí donde, el pasado 22 de agosto, Venezuela cerró inicialmente la frontera y declaró el estado de emergencia en cuatro municipios. Desde entonces, la medida ha sido ampliada hacia el norte de Táchira, al estado Zulia, hacia el este, al estado Apure y, tras la reunión entre Maduro y Santos, hacia el sur, al estado Amazonas, afectando a casi 30 municipios y alrededor de un millón de personas. Según Maduro, fue necesario tomar estas drásticas medidas para combatir a los paramilitares y contrabandistas colombianos, una versión que Colombia cuestionó en una serie de intercambios verbales cada vez más duros y agresivos.

Para un análisis paralelo de los trastornos que las acciones de Venezuela han ocasionado del lado colombiano de la frontera, lea aquí el informe sobre el terreno de nuestro director del programa para América Latina y el Caribe Javier Ciurlizza.

Desde el cierre de la frontera, no hay cola en las estaciones de servicio. CRISIS GROUP/Phil Gunson

Vivir en un estado de emergencia

Desde mucho antes de llegar a la frontera, es evidente que algo no marcha bien. La estrecha ruta que serpentea a lo largo de más de 40 kilómetros a través de las boscosas montañas que separan la capital del estado de San Cristóbal a San Antonio está casi vacía. Los puestos de control de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que antes sumaban hasta 90 minutos a la duración del viaje, ahora apenas lo interrumpen. Sin embargo, el cierre de la frontera parece haber logrado uno de sus objetivo, al menos por ahora. Con la aparente drástica reducción del contrabando de gasolina, los suministros parecen haber vuelto a la normalidad y ya no es necesario hacer fila durante horas solo para llenar el tanque de combustible.

No se puede decir lo mismo de los alimentos y otros suministros básicos. Una semana después de decretar el cierre “indefinido” de la frontera con Colombia, el presidente Maduro declaró que “se  acabaron las colas [para obtener productos básicos] del lado venezolano, y no ha habido homicidios en una semana”. Pero cuando yo estuve allí, a las 9 de la mañana ya había docenas de personas haciendo cola fuera del supermercado Cosmos, en el centro de la ciudad, para obtener pollo y aceite de cocina. Al mediodía, el ejército había acordonado la cuadra, y diez soldados con rifles automáticos controlaban una cola de unas 150 personas, que más tarde se duplicó en tamaño.

En la cercana Plaza Bolívar, una mujer mayor agitaba enojada una bolsa de plástico con alimentos. “Te obligan a comprar estos ‘combos’”, decía. “Cuatro artículos, y yo solo tenía dinero para tres. Si no compras las sardinas, solo te venden un litro de aceite de cocina en lugar de dos”. El precio de una caja de 30 huevos se ha duplicado a más de 1.000 bolívares. Antes del cierre de la frontera, costaba 500 o 600 bolívares (menos de un dólar a la tasa de cambio del mercado negro, o casi 10 dólares a la tasa oficial). El arroz, que sigue siendo casi imposible de conseguir, es hasta diez veces más caro que antes.

José Rozo, ex presidente de Fedecámaras Táchira, la sede local de la principal asociación de gremios empresariales de Venezuela, afirma que el cierre de la frontera ha sido “nefasto”. Anteriormente, dice, la gente tenía la opción de comprar en Colombia aquellos alimentos, medicamentos, artículos de higiene personal, repuestos para autos y otros artículos que eran difíciles de conseguir en Venezuela. “Era más caro, pero se conseguían”. Ahora esa vía se ha cerrado.

La actividad comercial de este lado de la frontera ha disminuido notablemente. En tiempos más normales, hasta 10.000 colombianos cruzaban la frontera cada día para trabajar en Venezuela. Muchos comercios están cerrados, y aquellos que están abiertos venden pocos productos. El sector industrial se ha visto duramente golpeado. En esta época del año, dice Rozo, “los compradores mayoristas del centro [de Venezuela] estarían viniendo a la frontera a comprar productos textiles. Pero los pantalones están a medio terminar. O bien hay trabajadores pero no hay cierres, o hay cierres pero no trabajadores”.

Estos trabajadores solían gastar parte de su salario en San Antonio. No solo almorzaban aquí – lo que generaba empleo para los venezolanos – sino que además compraban alimentos y otros bienes que eran mucho más baratos en San Antonio. La pérdida de estos clientes podría llevar a algunos comercios a la quiebra. A su vez, esto significa menos impuestos para el gobierno local y nacional. Aquellos involucrados de manera directa en el comercio transfronterizo se han visto aún más afectados. Se estima que, solo en San Antonio, hay unos 1.600 mototaxis, la mayoría de los cuales dependen de los viajes entre San Antonio y su ciudad hermana de Cúcuta, del lado colombiano de la frontera.

El “prostíbulo” local demolido que, según los vecinos locales, había cerrado hacía un tiempo. CRISIS GROUP/Phil Gunson

La historia de Elena

Uno de estos mototaxis pertenece a Julio (*), que vive en una pequeña y polvorienta aldea en las afueras de San Antonio, llamada El Saladito. El 22 de agosto, justo después de que el presidente Maduro declarara el estado de emergencia en la zona fronteriza, Julio y su esposa colombiana Elena (*) salieron de su casa a las 7 am. Los detuvo una patrulla de la Guardia Nacional y ella fue arrestada. “Nos dijeron que no nos preocupáramos”, dice Julio. “Que revisarían sus papeles, y si todo estaba en orden la liberarían”. Pero Elena, que estaba embarazada de cuatro meses, fue retenida todo el día en el cuartel de la GNB sin comida, agua, o acceso a un baño. Logró enviar algunos mensajes, pero cuando Julio acudió a protestar, un soldado le dijo que la Cruz Roja había visto a los detenidos y todo estaba bien.

A las 7.30 pm, Elena fue informada de que sería deportada. Fue trasladada al puesto fronterizo colombiano en el puente internacional y entregada con un sello en su pasaporte que decía “deportada”. Llevaba dieciséis años viviendo en Venezuela. Durante las siguientes dos semanas vivió con una cuñada en Cúcuta. “La semana pasada entré por la trocha (un cruce fronterizo ilegal que hay en la zona) y la traje de vuelta”, dice Julio. “Había perdido siete u ocho kilos. Ahora tiene que esconderse cada vez que pasa la Guardia”.

Ranchos en La Invasión, marcados para la demolición con una “D”. CRISIS GROUP/Phil Gunson

La Invasión

El barrio más duramente golpeado de San Antonio ha sido La Invasión, cuyos residentes son en su mayoría colombianos. Allí, la GNB arrestó a cientos de personas para ser deportadas, y marcó muchas casas para la demolición con una “D”. Parte del barrio ya ha sido derribado, y uno de sus perímetros es custodiado por tropas que llevan las boinas rojas de la Brigada de Infantería Paracaidista y portan fusiles automáticos Kalashnikov. “Este lugar estaba full de paramilitares [colombianos]”, dice el paracaidista que registra nuestro vehículo.

Unos minutos después de mi llegada, la Guardia Nacional y la policía lanzan otra redada. Cuento seis vehículos blindados, una veintena de Land Cruisers, más de 30 motocicletas y dos vehículos de transporte de tropas. En total, debe haber más de 300 hombres y algunas mujeres, todos ellos fuertemente armados. Detrás de ellos hay una camioneta pick-up de aspecto siniestro que transporta a miembros de la unidad de élite GAES, la fuerza antisecuestro y extorsión de la GNB. Los ocho hombres a bordo del vehículo llevan pasamontañas negros, o bandanas negras con una calavera blanca.

No está claro cuál es el objetivo exacto de esta demostración de fuerza. Los vecinos me advierten que no tome fotografías y que esconda mi cuaderno. “¿No sabe que estamos en estado de emergencia?” es la única respuesta que obtengo de un soldado de la Guardia Nacional cuando le pregunto de qué se trata todo esto.

Según la ministra de relaciones exteriores venezolana Delcy Rodríguez, La Invasión es “un asentamiento paramilitar  en una zona de seguridad”. No obstante, hay numerosos indicios de que el gobierno estaba brindando servicios públicos a los “paramilitares”. La empresa estatal Corpoelec había colocado postes eléctricos. Se iba a instalar alcantarillado público. Y un grupo de edificios recientemente terminados – inaugurados el año pasado por el gobernador del estado José Gregorio Vielma Mora – albergan las “misiones” del gobierno, sus programas sociales insignia.

Estos últimos se encuentran a menos de una cuadra del ahora derribado edificio que según el gobierno era una prostíbulo y una casa de contrabandistas. En una “calle” cercana – más bien un estrecho camino de tierra entre las casas – un grupo de residentes venezolanos están sentados tomando café mientras sus niños juegan a su alrededor. “¿Qué va a pasar con nosotros?” pregunta uno de ellos al concejal local del partido opositor Voluntad Popular (VP) José Luis Guerrero. Sus casas han sido marcadas con una D azul y están preocupados e indignados. “El gobernador dijo que las casas marcadas con una D era donde estaban las prostitutas”, dice una mujer. “¿Usted puede ver alguna prostituta aquí?” Nadie les ha informado si serán reubicados.

La Invasión está a unos cientos de metros del río Táchira que delimita la frontera. Una pareja que aparenta unos cincuenta años ha venido a intentar cruzar la frontera, pero la Guardia Nacional se lo ha impedido. El hombre dice que necesita medicamentos para su tío, que se encuentra hospitalizado. Ha negociado uno de los permisos especiales que se requieren para cruzar el puente internacional, pero tiene fecha para el siguiente día, el caso es urgente y no puede encontrar el medicamento que necesita en Venezuela. “El ejército está ahí abajo”, dice el guardia, señalando por encima de su hombro. “No podemos hacer nada”.

Evidencia de que el gobierno estaba regularizando la situación en La Invasión y brindando servicios públicos- en este caso alcantarillado. CRISIS GROUP/Phil Gunson

Llanojorge

Más recientemente, Llanojorge, un barrio situado en una pequeña colina al sur de San Antonio, también fue allanado. Pero aquí, al contrario de lo que se esperaba, no hubo deportaciones masivas. Algunos habitantes dicen que el despliegue de fuerzas de seguridad al menos ha obligado a las bandas criminales locales a pasar a la clandestinidad por el momento. Pero denuncian abusos por parte de la Guardia Nacional. “¿No le robaron dinero a mi sobrino el otro día?” dice José (*), de 65 años, que vive a solo 20 minutos a pie de Colombia por un cruce fronterizo informal. “No dices nada porque de lo contrario te llevan preso”.

En cuanto a si el cierre de la frontera ha mejorado las condiciones de vida, como asegura el gobierno, José desconfía. “Hay un Mercal [supermercado del gobierno] aquí en Llanojorge”, dice. “Pero no hay nada que valga la pena comprar. Si quieres un kilo de leche en polvo, hay una cola de dos cuadras”. Dice que votó por Maduro en las elecciones presidenciales de 2013, pero solo porque lo habían amenazado con que perdería su trabajo de recolector de basura si no lo hacía.

“Si esto [el cierre de la frontera] continúa”, dice, “se levanta el pueblo. Ya hay rumores”. Muchos partidarios del gobierno también están descontentos. Antonio (*), el presidente de un consejo comunal, se queja de que, si bien el gobierno dice hablar en su nombre, “nunca vienen aquí a hablar con el pueblo”.

Cruce fronterizo informal cerca de Llanojorge. Colombia está a 20 minutos a pie. CRISIS GROUP/Phil Gunson

Temor por el futuro

Según Fedecámaras Táchira, la asociación de gremios empresariales, el cierre de la frontera está costando $3 millones de dólares al día. La cifra real probablemente sea mucho más elevada, ya que gran parte de la economía local es informal. El contrabando continúa, aunque por ahora a mucha menor escala. Es cierto que parte del contrabando está en manos de ex paramilitares colombianos, conocidos localmente como “paracos”, que en su día lucharon contra las guerrillas de izquierda en Colombia. Pero ya no tienen una agenda ideológica. Hoy en día solo les interesa el dinero, y son pocos los observadores que creen seriamente que están buscando derrocar a Maduro, como afirma el presidente.

Esta nueva tensión entre Venezuela y Colombia trae consigo el riesgo de una escalada y de un éxodo mucho mayor de lo que se ha visto hasta ahora. Pero dentro de Venezuela, una de las amenazas más inmediatas es a la integridad de las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre. La libertad de movimiento y de reunión ha sido suspendida a lo largo de la frontera de Zulia a Apure. Recientemente, el general a cargo de la zona de emergencia en esta región emitió una resolución que prohibía “las aglomeraciones”.

En teoría, estas prohibiciones no se aplican a las reuniones electorales, pero la campaña en sí solo dura tres semanas. Fuera de ese periodo, el gobierno puede impedir fácilmente que la oposición celebre actos. Por sí mismo, el estado de emergencia no revertirá la ventaja de 20 puntos que los sondeos otorgan a la oposición. Pero sin duda hará que sea más difícil convertir esa ventaja en votos, y por tanto en escaños parlamentarios. Si esa es la intención, el estado de emergencia en San Antonio del Táchira – y el resto de la frontera – podría seguir vigente hasta el próximo año.

Todo esto pone el dedo en la llaga de los estados fronterizos de Venezuela. Si el antecesor de Maduro, Hugo Chávez, no hubiera retirado a Venezuela del Pacto Andino en 2006, arruinando el proceso de integración económica de Colombia y Venezuela, es posible que los planes para crear una Zona de Integración Fronteriza (ZIF) hubieran avanzado, lo que hubiera traído desarrollo y modernización a una zona que ambos gobiernos han desatendido durante demasiado tiempo. Una década después, las consecuencias de ese abandono son más evidentes que nunca.

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