icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
Las horas más oscuras: Cortes de energía elevan la temperatura en Venezuela
Las horas más oscuras: Cortes de energía elevan la temperatura en Venezuela
Un giro en Caracas: ¿Hora de descongelar las relaciones entre Venezuela y EE. UU.?
Un giro en Caracas: ¿Hora de descongelar las relaciones entre Venezuela y EE. UU.?
A general view of the city during a second day of blackout in Caracas Mario Bello

Las horas más oscuras: Cortes de energía elevan la temperatura en Venezuela

Los paralizantes apagones en todo Venezuela son un sombrío augurio de lo que vendrá cuando se apliquen las sanciones petroleras de los Estados Unidos y se profundice la crisis del país. Todos los interesados ​​en poner fin al sufrimiento de los venezolanos deben insistir en una transición negociada que conduzca a un acuerdo de poder compartido.

El jueves 7 de marzo, alrededor de las cinco de la tarde, las luces se apagaron en Venezuela. En un par de horas, a medida que descendía la noche tropical, alrededor del 90 por ciento del país quedó sumido en la oscuridad por una falla masiva del sistema de generación y transmisión de electricidad, administrado por la empresa estatal Corpoelec.

Los venezolanos, especialmente los que viven fuera de la capital, Caracas, ya se han acostumbrado a apagones prolongados. El ministro de electricidad, un general del ejército, prometió que éste se arreglaría en "tres horas". Pero pronto quedó claro que se trataba de una emergencia nacional, que anunciaba una nueva fase más crítica de la prolongada crisis del país. En una parte de Caracas, las luces se encendieron después de 22 horas, pero pronto se apagaron de nuevo. El segundo corte de energía duró 32 horas. Después de 100 horas, muchas partes del país aún no estaban recibiendo energía, y una semana después de que se apagaran las luces, el servicio aún no se ha restaurado por completo.

La vida diaria prácticamente se paralizó mientras la gente luchaba por obtener bienes y servicios básicos. La deteriorada infraestructura inmediatamente comenzó a fallar. Los suministros de agua se secaron cuando las bombas dejaron de funcionar. La mitad de los hospitales del país no tienen generadores de respaldo: los recién nacidos ya no pueden mantenerse seguros en las incubadoras (muchos de ellos se reportaron muertos), el 95% de las máquinas de diálisis dejaron de operar y pacientes con necesidades tan diversas como oxígeno e insulina se enfrentaron a interrupciones potencialmente mortales de sus tratamientos.  Largas filas se formaron fuera de las pocas gasolineras que aún bombeaban gasolina y las autopistas se llenaron de vehículos estacionados en los pocos lugares donde había señal de teléfono móvil. Los habitantes desesperados de algunos barrios de Caracas comenzaron a recolectar agua del río Guaire, una alcantarilla abierta que atraviesa la capital. En el noroccidente, en la ciudad de Maracaibo, la furia pública por la falta de energía degeneró en un saqueo masivo que afectó a unas 500 empresas.

La información también fue efectivamente bloqueada. El gobierno suministró noticias limitadas y pocos medios de comunicación independientes han sobrevivido a las restricciones económicas, el acoso y la censura del estado. Las redes sociales y los sitios de noticias en línea hicieron esfuerzos heroicos, pero sin electricidad ni conexión a datos, la mayoría de la gente tenía que confiar en rumores y especulación.

En una economía ya devastada e hiperinflacionaria, el dólar estadounidense se convirtió en la moneda principal. Un cartón de huevos podría costar US$ 4; un camión cisterna de agua, si era posible conseguirlo, US$ 150. Los billetes de bolívares son casi inútiles y extremadamente difíciles de obtener, pero los pagos con tarjeta se limitaron a aquellas tiendas con un generador. Los militares establecieron el control sobre los pocos lugares en Caracas donde un camión puede tomar agua limpia, y solo aquellos que tenían conexiones pudieron beneficiarse.  Varias fotografías circularon en línea supuestamente mostrando la entrega de agua a las casas de funcionarios prominentes.

Lo que está claro es que cuando las sanciones existentes y las que vengan en el futuro surtan efecto, las condiciones de vida en Venezuela empeorarán.

¿Una conspiración internacional?

El gobierno de inmediato denominó la situación como un "sabotaje", como lo ha hecho prácticamente con todos los grandes apagones anteriores, de los cuales ha habido docenas. A medida que las horas se extendían a días sin energía eléctrica, la culpabilidad se hizo más específica. El presidente Nicolás Maduro dijo que se debía a una combinación de guerra cibernética, un "ataque electromagnético" y un sabotaje directo de una subestación eléctrica, todo realizado por los Estados Unidos o la oposición nacional. Los expertos tenían una explicación más mundana: un incendio por debajo de las líneas eléctricas descuidadas supuestamente sobrecalentó los cables de transmisión, lo que provocó que los generadores hidroeléctricos que suministran más del 80 por ciento de la energía del país fallaran. Las centrales térmicas que podrían compensar el déficit operan a una fracción de su capacidad debido a años de negligencia y mala gestión. Los partidarios del gobierno argumentan que la dependencia de la red nacional en unas pocas fuentes hidroeléctricas se remonta al período anterior a la toma de posesión del fallecido presidente Hugo Chávez.

El gobierno no ha argumentado que el apagón fue una consecuencia de las severas sanciones que los Estados Unidos impusieron a Venezuela a fines de enero. Estas medidas, que impiden que el gobierno de Maduro se beneficie de las ventas de petróleo que anteriormente constituían su principal fuente de ingresos, se diseñaron para forzar la renuncia de Maduro para que Juan Guaidó, a quien Washington y docenas de sus aliados reconocen como el legítimo presidente interino, pudiera tomar el poder. Todavía no está claro si tendrán éxito en esta empresa; lo que está claro es que cuando las sanciones existentes y las que vengan en el futuro surtan efecto, las condiciones de vida en Venezuela empeorarán. El propósito declarado es estrangular financieramente al gobierno, y sin duda empeorarán una crisis que ya ha provocado que más de tres millones de personas emigren.

Una profunda crisis de liderazgo

El inexorable empeoramiento de la crisis humanitaria de Venezuela y el declive de sus servicios públicos bajo una política de intensificación de las sanciones de los Estados Unidos, que hasta el momento no ha logrado su objetivo principal de destituir al gobierno, hace que una solución política sea más imperativa que nunca. Pero hasta ahora ni el gobierno ni la oposición respaldada por los Estados Unidos muestran una voluntad pública de negociar una transición.

El gobierno espera que, a la oposición, que obtuvo enormes logros bajo el liderazgo de Guaidó a principios de año, se le esté acabando la gasolina. Maduro y sus aliados se enorgullecen del hecho de que la intervención militar de los Estados Unidos parece poco probable en esta etapa, debido en parte a la negativa de otros países del hemisferio a contemplarla. Y sus denuncias de sabotaje dirigidas contra la oposición están configurando una narrativa política que retrata a sus enemigos como empeñados en eliminar al gobierno sin importar el costo para el público. Una vez más, amenaza con procesar a Guaidó, desafiando las amenazas de Washington y sus aliados de consecuencias no especificas pero graves. Estados Unidos cerró su embajada y anunció que la presencia continua de sus diplomáticos era una "restricción" en su política, y que los gobiernos de Europa y América Latina están considerando medidas similares. Una razón es que les preocupa la seguridad de sus diplomáticos; ahora que los EE. UU. se han retirado, sienten que pueden ser objeto de represalias.

Mientras, la oposición insiste en su plan de tres partes para un nuevo gobierno: poner fin a la “usurpación” del poder por parte de Maduro, formar un gobierno de transición y eventualmente (quizás luego de nueve a doce meses) llevar a cabo nuevas elecciones bajo un sistema electoral reformado. Sin embargo, el plan está estancado en el primer punto, ya que Maduro no da señales de renunciar y Guaidó y sus partidarios en los EE. UU. y América Latina tampoco muestran señales de cambiar su insistencia en que lo haga.

A menos que las fuerzas armadas retiren su apoyo al presidente, lo más probable es que Maduro se mantenga en el poder. La lealtad del alto mando militar a él, ha confundido las expectativas de la oposición un tanto ingenuas sobre una rápida ruptura en las fuerzas armadas. Sin una división fundamental en el chavismo, las sanciones arriesgan con prolongar e intensificar la agonía de la población y dar un nuevo estímulo a la crisis migratoria que está agotando los recursos de los países vecinos, sobre todo de Colombia, lo que puede ser desestabilizante.

En privado, los políticos de la oposición y sus aliados extranjeros están empezando a contemplar otro camino, como supuestamente lo están haciendo también algunos oficiales del gobierno. La oposición insiste en que su objetivo principal es llevar a cabo elecciones libres y justas, pero los EE. UU. y sus aliados venezolanos dicen que estas no se pueden realizar con Maduro aún en el poder. Fuentes cercanas al gobierno sugieren que unas elecciones anticipadas bajo autoridades reformadas y con total observación internacional sería un resultado aceptable. Pero estipulan que un acuerdo en este tema no puede parecer como el resultado de la presión internacional, mucho menos de EE. UU., sobre Maduro. El gobierno también demandaría que se permita la participación de un candidato chavista en las elecciones, y que, si él o ella ganara, su victoria sea respetada por todos los países y partidos. Finalmente, exigen que las sanciones sean levantadas antes de las elecciones para que sus posibilidades no se vean significativamente mermadas.

Aunque ahora parezca difícil, un acuerdo inicial sobre unas futuras elecciones podría allanar el camino para una serie de negociaciones públicas más amplias sobre el futuro político y acuerdos económicos en Venezuela, suavizando así la probable animosidad que sienta el lado perdedor en las elecciones. Estos diálogos también servirían para persuadir a altos oficiales militares que los intereses de las fuerzas armadas en su conjunto y sus prospectos económicos personales serán protegidos adecuadamente. El ejército como institución es vital para la transición, sobre todo debido a la proliferación en las últimas dos décadas de grupos armados de todo tipo, desde bandas criminales hasta guerrilleros colombianos y paramilitares progubernamentales (los llamados "colectivos"), que han empezado a dividir el país en feudos semiautónomos.

Una transición genuina incluiría la formación de una administración interina en la que la oposición, lideres progubernamentales, las fuerzas armadas y los gremios estén representados.

Una transición genuina incluiría la formación de una administración interina en la que la oposición, lideres progubernamentales, las fuerzas armadas y los gremios estén representados. Estaría a cargo de aliviar la crisis humanitaria y estabilizar la economía mientras las sanciones son levantadas progresivamente, y el país se prepara para tener elecciones libres. La Asamblea Nacional liderada por la oposición ha empezado a elaborar un marco legal para la transición, aunque continua insistiendo en que Guaidó debería tener el poder ejecutivo en espera de las elecciones. En cualquier caso, se necesita hacer mucho más, especialmente para explicar el futuro papel de los militares, la metodología para formar un gabinete interino y las garantías genuinas para el liderazgo saliente de que el chavismo seguirá siendo una parte integral del panorama político de Venezuela. Los gobiernos extranjeros y los organismos internacionales tienen un papel vital que desempeñar para llevar a las dos partes a la mesa y actuar como garantes de cualquier acuerdo.

Cómo los poderes extranjeros pueden apoyar una transición pacífica

Cualquier acuerdo para compartir el poder será extremadamente difícil de vender para los políticos de ambos lados. Uno y otro han hecho creer a sus simpatizantes que existe una solución en la que “el ganador se lo lleva todo”. Dar marcha atrás a esta posición puede causar serias disputas internas, permitiendo potencialmente al ala dura de ambos lados quebrantar la transición. Los aliados extranjeros de Maduro y Guaidó deben ayudar siendo claros en que no contemplarán ni el mantenimiento del status quo ni una intervención militar externa. En el mejor de los casos, Washington, Moscú y Pekín llegarían a un acuerdo sobre cómo la crisis debe solucionarse, -una hazaña difícil dadas las tenciones entre ellos y su distintos intereses políticos y económicos en Venezuela. La Unión Europea y su recientemente formado Grupo de Contacto tienen un rol que jugar en este proceso, así como en la elaboración de un camino hacia las negociaciones internas.

Ninguno de los involucrados, incluyendo aquellos que comienzan a ver lo inevitable de tal plan, tiene la ilusión de que este camino será fácil. Implicará muchas decisiones extremadamente difíciles y desagradables para todos los involucrados, así como concesiones sobre convicciones muy arraigadas, que solo es probable que hagan si están convencidos de que las alternativas son mucho peores. Los cortes de energía han demostrado que las perspectivas para Venezuela son extremadamente sombrías si no hay negociaciones. Todos los involucrados que tengan interés en evitar más violencia y sufrimiento en el país deben apostar decididamente al diálogo.

American and Venezuelan flags are seen as members of the Venezuelan community react after the Biden administration said it would grant temporary protected status to Venezuelan migrants living in the United States, in Doral, Florida, U.S. March 9 2021. REUTERS/Marco Bello

Un giro en Caracas: ¿Hora de descongelar las relaciones entre Venezuela y EE. UU.?

High-ranking U.S. officials made a surprise trip to Venezuela’s capital, hinting at efforts to improve bilateral relations and end the standoff between the Maduro government and its opponents. The backdrop is Russia’s invasion of Ukraine, which just might be changing strategic calculations an ocean away.  

Después de finalizado este comentario, el principal negociador del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, anunció que el proceso de México había 'cumplido su misión' y que el gobierno ya no aceptaría más 'tutelaje' internacional.

Una inesperada visita a Caracas de una delegación estadounidense, la de más alto rango que ha ido al país en más de cinco años, ha abierto la posibilidad de que se reanuden los esfuerzos para resolver la prolongada crisis política y humanitaria de Venezuela. Mientras tanto, una ráfaga de declaraciones de ambas partes ha sembrado la idea de que las relaciones entre Venezuela y EE. UU. podrían reactivarse. Fue EE. UU. quien tomó la iniciativa, revirtiendo repentinamente su negativa a hablar directamente con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, tres años después de haber cerrado su embajada en Venezuela y cortado lazos diplomáticos. La iniciativa fue aún más sorprendente a la luz del abierto apoyo de Maduro a Rusia tras su invasión a Ucrania. Sin embargo, precisamente los acontecimientos en Europa Oriental son los que parecen haber desencadenado el cambio de postura de Washington: la decisión de la administración Biden de prohibir las importaciones de petróleo y gas de Rusia en represalia por el asalto a Ucrania significa que debe encontrar fuentes alternativas. Sin embargo, más allá de la cuestión del acceso a combustible, la importancia de esta parcial distensión para el conflicto en Venezuela y para la política de EE. UU. en América Latina sigue siendo difícil de calcular.

La delegación que visitó Venezuela los días 5 y 6 de marzo, encabezada por Juan González, del Consejo de Seguridad Nacional (el principal asesor de la Casa Blanca para América Latina) también incluyó a Roger Carstens, enviado especial para asuntos de rehenes, quien ha estado buscando la liberación de varios ciudadanos estadounidenses, que Washington considera están injustamente encarcelados en Venezuela. En lo que se percibe como una medida esperanzadora para generar confianza, el gobierno de Maduro liberó a dos de los cautivos como resultado de la reunión.

La administración Biden le ha restado importancia a la cuestión del suministro de petróleo, insistiendo en que el viaje estaba planeado hace meses y que el tema de las importaciones de combustible “no es una conversación activa en este momento”. Pero no cabe duda de que la cuestión energética está detrás de su decisión de reiniciar el diálogo con un gobierno al que ha aislado desde enero de 2019. Las mayores reservas conocidas de hidrocarburos del hemisferio occidental se encuentran en el subsuelo venezolano y bajo sus aguas costeras. Pero hay un problema: las sanciones de EE. UU. prohíben las importaciones desde Venezuela y amenazan con graves consecuencias a los terceros que las faciliten. Las sanciones, sumadas a años de mala gestión y corrupción, han contribuido a la ruina de la que fuera una prospera industria petrolera; Venezuela ahora produce solo una fracción de los más de tres millones de barriles diarios que llegó a producir y no será fácil aumentar sus exportaciones rápidamente.

La repentina visita de EE. UU. a Caracas ha desencadenado dos procesos paralelos. Por una parte, conversaciones para determinar si el petróleo venezolano puede comenzar a fluir nuevamente hacia las refinerías estadounidenses y cómo hacerlo parecen estar en marcha. Por otra parte, el gobierno de Maduro y la oposición venezolana evalúan la nueva configuración diplomática para determinar qué forma pueden tomar las negociaciones sobre un acuerdo político y humanitario. Mientras tanto, los gobiernos latinoamericanos, incluidos los de Cuba y Nicaragua, se preguntan junto con sus aliados extranjeros qué significará para la región en su conjunto la aparente nueva disposición de Washington a relacionarse con lo que percibe como un gobierno hostil.

Una relación fluida

Fueron empresas estadounidenses las que desarrollaron la industria petrolera venezolana hace un siglo, lo que convirtió al país por un tiempo en el principal exportador mundial. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Washington actuó rápidamente para garantizar acceso continuo a la producción venezolana, lo que fue esencial para el esfuerzo de los aliados en la guerra. El petróleo es el pilar de la economía venezolana y su mercado natural es el de EE. UU., siempre ávido de energía. Pero la relación comenzó a deteriorarse en 1998, con la elección del presidente Hugo Chávez, quien intentó liberar a Venezuela de lo que percibía como una relación neocolonial con “el imperio”. Entre sus cambios de políticas, reorientó las exportaciones de petróleo hacia el mercado asiático y en particular hacia China. Al mismo tiempo, EE. UU. estaba desarrollando su industria de yacimientos no convencionales, estimulado por los mismos altos precios del petróleo que ayudaron a mantener la popularidad de Chávez incluso mientras debilitó las instituciones democráticas de Venezuela. Debido a estos dos factores, la ruptura de las relaciones fue menos traumática para el mercado estadounidense de lo que habría podido ser unas décadas atrás.

Venezuela ... ha visto caer su producción de petróleo de cerca de 3,4 millones de barriles por día a principios de siglo a menos de una cuarta parte de esa cifra en la actualidad.

Venezuela, sin embargo, ha visto caer su producción de petróleo de cerca de 3,4 millones de barriles por día a principios de siglo a menos de una cuarta parte de esa cifra en la actualidad. Incluso cuando los precios empezaron a subir aceleradamente, el país estaba mal equipado para aprovecharlo: a pesar de que la extracción de su crudo cuesta poco, éste se vende con un gran descuento debido a las sanciones y su baja calidad, y el transporte a Asia implica unos gastos de transporte mucho mayores que si se vendiera a las refinerías de la Costa del Golfo de EE. UU. La infraestructura del país, incluidas no solo las refinerías y los oleoductos sino también las carreteras y las redes eléctricas, se encuentra en un grave estado de deterioro. Sumamente endeudada y en mora, excluida de los principales mercados financieros del mundo y asolada por la delincuencia y un gobierno muy partidista y a menudo corrupto, Venezuela no puede reunir el capital requerido para llevar a cabo las mejoras que necesita.

Sobre el papel, hay margen para un acuerdo rápido entre Caracas y Washington en el que este último conceda licencias a compañías petroleras extranjeras no solo para producir y exportar petróleo, sino también para recibir pagos de la compañía petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, sin levantar las sanciones. La petrolera Chevron, que ha estado presionando durante mucho tiempo por un acuerdo de este tipo, podría volver a operar bajo las reglas vigentes antes de abril de 2020, según las cuales no solo podía producir sino también exportar, con la gran diferencia de que ahora se le podría permitir enviar su petróleo a las refinerías de la Costa del Golfo de EE. UU., las cuales fueron diseñadas teniendo en cuenta las características del crudo venezolano.

En el corto plazo, Venezuela no puede aumentar su capacidad para compensar la pérdida de importaciones a EE. UU. desde Rusia, que en 2021 alcanzaban casi 700 000 barriles por día, de los cuales 200 000 barriles eran de crudo y el resto productos derivados del petróleo. Esto es casi tanto como el total de las exportaciones actuales de Venezuela. En un futuro inmediato, las exportaciones de Venezuela no harían mella en el precio mundial del crudo. Pero los analistas afirman que hay margen para que Chevron sume unos 120 000 barriles a la producción actual, posiblemente aumentando esa cifra a 240 000 en el transcurso de tres meses. Dependiendo de las condiciones, eso le podría permitir a Chevron recuperar parte de la enorme deuda que PDVSA tiene con esta compañía.

Romper el estancamiento político

Un acuerdo que se limite a establecer licencias para la industria petrolera, pero mantenga prácticamente intacta la disputa política de Venezuela no apaciguará a la oposición venezolana ni a los críticos estadounidenses de la distensión ni al gobierno de Maduro. De la resolución de esta disputa, que en 2019 vio a dos presidentes rivales disputarse el control del país, dependen tanto las aspiraciones de la oposición a unas elecciones libres y justas, como la anhelada recuperación económica y el retorno a la plena legitimidad internacional del gobierno venezolano.

El presidente Maduro fue reelegido en mayo de 2018 en lo que EE. UU. y muchos de sus aliados consideraron unas elecciones amañadas. Al año siguiente, el gobierno de Trump reconoció a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, como presidente interino de Venezuela e impuso vastas sanciones al gobierno de Maduro en un fallido intento por derrocarlo. Las sanciones siguen vigentes bajo la administración del presidente Joe Biden, aunque con la condición de que la Casa Blanca las aliviaría si Maduro toma medidas claras hacia unas elecciones libres y justas. Aunque a principios de 2021 se instaló una nueva legislatura, abrumadoramente dominada por leales al gobierno, y la popularidad de Guaidó ahora es tan baja como la de Maduro, Washington, junto con un puñado de aliados, aún reconoce al “gobierno interino” de la oposición. Biden está bajo una gran presión para mantener esta política por parte de poderosos actores en EE. UU., como el demócrata Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y líderes políticos de todo el espectro en el estado de Florida. Sin embargo, el reconocimiento de Guaidó como presidente parece cada vez más incierto ahora que altos representantes del gobierno de EE. UU., incluido el embajador James Story, acreditado ante la administración de Guaidó aunque con sede en la vecina Colombia, están tratando directamente con Maduro.

La economía se ha contraído en más de tres cuartas partes desde que Maduro llegó al poder hace casi una década .

Al mismo tiempo, a pesar de la retórica a favor de las políticas económicas estatistas favorecidas por su predecesor Chávez, Maduro se ha visto obligado por las circunstancias desesperadas y ha llevado a cabo una serie de caóticas reformas de mercado, tales como eliminar controles cambiarios y de precios, permitir que el dólar estadounidense circule libremente y devolver activos del Estado a manos privadas. Incluso la industria petrolera, un símbolo del nacionalismo venezolano, no está fuera de los límites. Pero la economía se ha contraído en más de tres cuartas partes desde que Maduro llegó al poder hace casi una década y el anémico crecimiento que ahora empieza a ver está lejos de ser una recuperación real.

De cara a las elecciones de 2024, y con la imperiosa necesidad de mejorar sus pésimos niveles de popularidad, Maduro está naturalmente inclinado a llegar a un acuerdo con EE. UU. que alivie las sanciones. Pero está mucho menos entusiasmado con la principal condición que Washington y la oposición mayoritaria venezolana han impuesto: que permita una contienda presidencial libre y justa. Acusados de todo, desde narcotráfico hasta crímenes de lesa humanidad, él y sus colaboradores más cercanos, como es de esperarse, temen las consecuencias de perder el poder, más allá del probable impacto para sus ingresos y fortunas.

¿Volver a las negociaciones?

Seguir adelante con las conversaciones facilitadas por Noruega entre el gobierno y la oposición podría ser la clave para resolver estas diferencias. La primera serie de negociaciones se llevó a cabo entre mayo y agosto de 2019, con sesiones en Oslo y Barbados. El gobierno se retiró cuando la administración Trump endureció aún más las sanciones, y la oposición liderada por Guaidó declaró que el proceso se había “agotado” poco después. La oposición y algunos de sus aliados extranjeros procedieron a explorar opciones militares, y buscaron primero que los vecinos de Venezuela invocaran un tratado de defensa mutua. Cuando esa opción no prosperó, el equipo de Guaidó puso en marcha una tragicómica “invasión” de Venezuela por parte de un puñado de voluntarios y mercenarios mal equipados en mayo de 2020. Aun así, en el contexto de la creciente crisis humanitaria, el COVID-19 y señales del gobierno de Maduro de que podía estar dispuesto a hacer concesiones, las negociaciones se reiniciaron con un formato diferente en agosto de 2021 en Ciudad de México.

Las conversaciones de México se rigen por un memorando de entendimiento que compromete a las partes a buscar acuerdos en temas como derechos políticos y reforma electoral. Un acuerdo entre el gobierno y la oposición para discutir el uso de los fondos venezolanos congelados por EE. UU. para enfrentar la emergencia humanitaria del país parecía marcar un primer avance, aunque hasta la fecha no ha dado resultados tangibles. Sin embargo, estas conversaciones también fueron suspendidas cuando el gobierno venezolano se retiró en octubre una vez más, enfadado por la extradición, de Cabo Verde a EE. UU. de un aliado cercano de Maduro, el empresario colombiano Alex Saab, a quien EE. UU. ha acusado de lavado de activos.

Tras las conversaciones con la delegación de EE. UU. en Caracas, Maduro manifestó públicamente que estaba dispuesto a que sus representantes reanudaran las negociaciones, aunque no está claro si van a regresar a México y, de ser así, cuándo. Maduro tampoco mencionó a Saab cuando expresó su disposición para regresar, aunque probablemente no haya abandonado sus demandas en ese sentido. La oposición también ha reiterado su deseo de retomar las conversaciones y Washington ha insistido en la necesidad de un acuerdo integral que concluya en unas elecciones justas.

Se están llevando a cabo conversaciones para ultimar detalles. Una cuestión que habrá que resolver es la participación de Rusia, que fue designada desde el comienzo, junto con Países Bajos, como “acompañantes” del proceso. En las circunstancias actuales, el gobierno ruso difícilmente sería el apropiado para cumplir ese papel, por lo que habrá que encontrar un sustituto que resulte aceptable para ambas partes. Una cuestión aún más compleja es la composición de la delegación de la oposición, que al gobierno le gustaría ver ampliada para incluir partidos ajenos a la Plataforma Unitaria de la que hace parte Guaidó, incluidos los que participaron en las elecciones legislativas de 2020, las cuales fueron boicoteadas por la principal corriente de oposición. En su forma actual, la Plataforma está todo menos unida, y algunos expertos incluso han advertido sobre una posible división entre el partido de Guaidó, Voluntad Popular y los otros tres miembros principales de la coalición. Mientras tanto, las relaciones entre la Plataforma y otros partidos de la oposición están marcadas, en el mejor de los casos, por la sospecha mutua y, en muchos otros, por una abierta hostilidad. En múltiples casos, el gobierno ha usado su control del Tribunal Supremo para dividir a los partidos de oposición, al entregar sus símbolos y activos a una facción antagónica al liderazgo actual de la oposición.

Espacio para avanzar

Incluso si estas cuestiones pueden resolverse, es evidente que existe el riesgo de que, una vez más, las dos partes se embarquen en negociaciones en las que una o ambas se resistan a hacer las concesiones necesarias. La oposición parece dispuesta a negociar, pero sigue dividida sobre hasta dónde deben llegar sus concesiones hacia lo que muchos de sus líderes consideran un régimen dictatorial. El principal socio extranjero de la oposición, EE. UU., no ha cambiado formalmente su posición sobre el alivio de las sanciones. En febrero, EE. UU. emitió una declaración conjunta con otros diecinueve países y la UE diciendo, entre otras cosas, que cualquier levantamiento de sanciones requeriría un “progreso significativo” hacia elecciones libres y justas en el marco de las conversaciones de Ciudad de México.

El progreso hacia un acuerdo entre el gobierno y la oposición posiblemente sea difícil bajo estas condiciones, pero no imposible.

El progreso hacia un acuerdo entre el gobierno y la oposición posiblemente sea difícil bajo estas condiciones, pero no imposible. Probablemente se requieran dos concesiones por parte del gobierno de Maduro para lograr a un acuerdo. La primera consistiría en proporcionar las condiciones necesarias para una contienda electoral genuina en 2024, lo que podría incluir las reformas delineadas por la Misión de Observación de la UE durante las elecciones regionales de 2021, a cambio de un levantamiento progresivo de las sanciones. Para el gobierno, no se puede hablar de igualdad de condiciones a menos que se levanten las sanciones, al menos parcialmente. La segunda, y potencialmente más problemática, concesión se refiere a las garantías postelectorales. Como ha sostenido anteriormente Crisis Group, quienes resulten derrotados en las elecciones deben tener la certeza de que no serán perseguidos ni se les prohibirá participar en la política formal. Para dar esas garantías se requerirá un acuerdo mucho más amplio, que casi con certeza implicará una reforma constitucional y algún tipo de esquema de justicia transicional. Pero los funcionarios del gobierno también dejan claro que les causaría rechazo cualquier candidato presidencial de la oposición a quien perciban como una amenaza directa a los intereses del chavismo y sus partidarios. Expresan particular rechazo por Guaidó y su partido Voluntad Popular.

En cuanto a la oposición, su división fundamental siempre ha sido entre aquellos que no se conforman con nada menos que la pronta remoción del chavismo del poder y aquellos que están dispuestos a negociar alguna forma de convivencia política con Maduro y sus aliados que eventualmente permita una alternancia pacífica del poder determinada en las urnas. A pesar del evidente fracaso del ala más radical de la oposición, en alianza con la administración Trump, para lograr su objetivo a través de la “máxima presión”, esta facción sigue gozando de un estatus privilegiado en Washington. Una cuestión esencial es el peso que pueda tener la crisis global que actualmente enfrenta EE. UU. en los cálculos de Washington con respecto a su política hacia Venezuela, y los potenciales beneficios que la administración Biden perciba en un cambio de rumbo, en comparación con la reacción violenta del cabildeo venezolano en el Congreso y en Florida si las negociaciones siguen adelante.

El hemisferio occidental en el nuevo orden mundial

Más allá de la prolongada crisis de Venezuela, pero inherentemente ligada a ella, se encuentra la pregunta de cómo podrían evolucionar las relaciones entre EE. UU. y la región de América Latina y el Caribe en su conjunto como resultado del cambio tectónico en la geopolítica provocado por la guerra de Rusia en Ucrania. Es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas, pero algunos aspectos de la futura participación de EE. UU. en la región ya están saliendo a la luz.

Antes de la invasión de Rusia, muchos en el seno de la política exterior de EE. UU. consideraban que ni Moscú ni Beijing tenían nada que hacer plantando banderas en el hemisferio occidental. Miembros de la administración Trump hablaron abiertamente de revivir la Doctrina Monroe del siglo XIX, que definía a las Américas como una esfera de influencia de EE. UU. Durante la Guerra Fría, Washington ayudó a instalar y respaldar una serie de regímenes autoritarios y represivos cuyo rasgo común eran las banderas del anticomunismo. Sin embargo, desde la caída de la Unión Soviética, los países latinoamericanos han tenido en gran medida libertad para determinar tanto sus políticas internas como sus alianzas internacionales, mientras Washington, con poco éxito, ha intentado unir a la región principalmente a través del comercio y la adhesión a los principios de la democracia liberal. Muchos gobiernos emergentes, particularmente de izquierda, a menudo inspirados por el chavismo y la revolución cubana, han intentado ampliar sus relaciones aprovechando el nuevo mundo multipolar.

No sería práctico ni apropiado que EE. UU. intentara revivir un enfoque de “esferas de influencia” al estilo de la Guerra Fría en las relaciones con sus vecinos del sur.

No sería práctico ni apropiado que EE. UU. intentara revivir un enfoque de “esferas de influencia” al estilo de la Guerra Fría en las relaciones con sus vecinos del sur. De hecho, sería directamente contrario al argumento de que Ucrania debe ser libre de alinearse como decida.

Aun así, Washington bien puede calcular que tiene la oportunidad de sacar a Venezuela del control de Rusia en particular. El gobierno de Maduro se ha esforzado por reiterar que no tiene intención de reevaluar su orientación de política exterior. Sin embargo, en lugar de condenar esta postura, un enfoque sensato para la administración Biden sería dejar que los eventos sigan su curso y buscar, en la medida de lo posible, nuevas rutas para relacionarse con países que desconfían de la presencia regional de EE. UU. Una Rusia empobrecida y aislada no puede competir de manera efectiva en el mediano o largo plazo por la influencia en el hemisferio occidental. Al mismo tiempo, la decisión de Cuba y Nicaragua, aliados incondicionales de Caracas y amigos de larga data de Moscú, de abstenerse de votar la resolución de la Asamblea General de la ONU que condenaba la invasión rusa de Ucrania, en lugar de votar en contra, demostró que su aversión por el uso de la fuerza militar en contra de un Estado soberano impacta sus cálculos junto con sus relaciones con Moscú (Venezuela no pudo votar por no haber pagado sus cuotas de la ONU).

La reacción de China ante la guerra y la forma en que se posiciona en Venezuela también tienen una gran importancia para la futura política de EE. UU. Beijing dio préstamos por doquier en Venezuela durante los años de Chávez y salió mal parada. Miles de millones de dólares fueron simplemente robados o desperdiciados en proyectos de infraestructura que nunca se completaron. El cálculo de China de que los enormes depósitos de petróleo de Venezuela serían la garantía de que el reembolso estaba asegurado resultó desacertado, sobre todo cuando la fuerte caída de los precios del crudo expuso la corrupción y mala gestión al interior de PDVSA. En teoría, las exportaciones de crudo de Venezuela a China compensarían la deuda, que ronda los $18 mil millones, pero ese esquema no está funcionando. Las concesiones de petróleo de China en Venezuela tampoco están generando ganancias. Para empeorar las cosas para Maduro, los descuentos que Rusia ahora está obligada a ofrecer para exportar su crudo, situado mucho más cerca de China, amenazan con dejar a Venezuela fuera del mercado chino.

Se han iniciado conversaciones entre el gobierno de Maduro y China sobre inversiones en la deteriorada infraestructura de Venezuela, incluida la industria eléctrica. Si es que llega a haber un acuerdo político en Venezuela y se levantan las sanciones, China estará en una buena posición para ayudar y beneficiarse de lo que será una larga y costosa recuperación económica. A Washington no le gustará mucho una participación china tan significativa, y tiene interés en moverse rápidamente para intentar aprovechar cualquier oportunidad en su lugar. Sin embargo, Beijing tiene una clara ventaja y, siempre que sus préstamos e inversiones pendientes estén garantizadas, no tendría ninguna razón de peso para oponerse a un acuerdo político entre el gobierno y la oposición.

Es hora de que la región en su conjunto haga oír su voz y ... adopte políticas comunes frente a problemas compartidos.

Por último, ya es hora de que la región en su conjunto haga oír su voz y, tras los devastadores efectos sanitarios y económicos del COVID-19 en América Latina, adopte políticas comunes frente a problemas compartidos. Un efecto nefasto de la hostilidad entre el chavismo y sus oponentes más radicales ha sido la intensa polarización de la política latinoamericana, entre la que destaca la ruptura de relaciones entre Venezuela y su vecina Colombia. Estas tensiones han descartado a la Organización de los Estados Americanos como foro para la resolución de disputas, mientras que los organismos creados aparentemente para sustituirla no han ofrecido ninguna alternativa eficaz. A medida que la región experimenta un mayor remezón político, se presenta una oportunidad para dejar atrás el resentimiento. Lo ideal sería que EE. UU. respaldara la creación de nuevos mecanismos multilaterales y respete la diversidad de opiniones que se presenten en ellos.

¿Qué sigue?

Las conversaciones directas entre Washington y Caracas podrían ofrecer una oportunidad para romper el estancamiento político que surgió en gran parte debido a la intransigencia de Maduro, pero también en parte por la renuencia de EE. UU. para avanzar hacia el alivio de las sanciones y su insistencia en que el “gobierno interino” de Guaidó es el único representante válido de la oposición venezolana. Empleada con sensatez, la influencia que tiene EE. UU. con respecto a las sanciones y, en particular, la posibilidad de que Venezuela reanude las exportaciones de petróleo al mercado estadounidense podría lograr avances en la resolución de la crisis política y humanitaria, potencialmente a través de la reanudación de las conversaciones de México.

Aunque se vislumbra un camino a seguir, está plagado de obstáculos. Un acuerdo sobre unas elecciones presidenciales creíbles en 2024 que asegure el consentimiento de todos los contendientes no está a la vuelta de la esquina. El camino de regreso a un Estado legítimo y funcional en Venezuela probablemente sea largo y lleno de dificultades. Pero la única forma de lograr un acuerdo político sostenible y aceptable para la mayoría de los venezolanos es a través de negociaciones respaldadas, o al menos no saboteadas, por los principales aliados internacionales tanto del gobierno como de la oposición, incluido en primer lugar EE. UU., pero también del lado del gobierno China, Cuba y, en un escenario ideal, por improbable que parezca actualmente, Rusia. De un lugar inesperado, puede haber surgido una oportunidad para poner en marcha ese proceso.