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Las horas más oscuras: Cortes de energía elevan la temperatura en Venezuela
Las horas más oscuras: Cortes de energía elevan la temperatura en Venezuela
Venezuela: una oportunidad que no se puede desaprovechar
Venezuela: una oportunidad que no se puede desaprovechar
A general view of the city during a second day of blackout in Caracas Mario Bello

Las horas más oscuras: Cortes de energía elevan la temperatura en Venezuela

Los paralizantes apagones en todo Venezuela son un sombrío augurio de lo que vendrá cuando se apliquen las sanciones petroleras de los Estados Unidos y se profundice la crisis del país. Todos los interesados ​​en poner fin al sufrimiento de los venezolanos deben insistir en una transición negociada que conduzca a un acuerdo de poder compartido.

El jueves 7 de marzo, alrededor de las cinco de la tarde, las luces se apagaron en Venezuela. En un par de horas, a medida que descendía la noche tropical, alrededor del 90 por ciento del país quedó sumido en la oscuridad por una falla masiva del sistema de generación y transmisión de electricidad, administrado por la empresa estatal Corpoelec.

Los venezolanos, especialmente los que viven fuera de la capital, Caracas, ya se han acostumbrado a apagones prolongados. El ministro de electricidad, un general del ejército, prometió que éste se arreglaría en "tres horas". Pero pronto quedó claro que se trataba de una emergencia nacional, que anunciaba una nueva fase más crítica de la prolongada crisis del país. En una parte de Caracas, las luces se encendieron después de 22 horas, pero pronto se apagaron de nuevo. El segundo corte de energía duró 32 horas. Después de 100 horas, muchas partes del país aún no estaban recibiendo energía, y una semana después de que se apagaran las luces, el servicio aún no se ha restaurado por completo.

La vida diaria prácticamente se paralizó mientras la gente luchaba por obtener bienes y servicios básicos. La deteriorada infraestructura inmediatamente comenzó a fallar. Los suministros de agua se secaron cuando las bombas dejaron de funcionar. La mitad de los hospitales del país no tienen generadores de respaldo: los recién nacidos ya no pueden mantenerse seguros en las incubadoras (muchos de ellos se reportaron muertos), el 95% de las máquinas de diálisis dejaron de operar y pacientes con necesidades tan diversas como oxígeno e insulina se enfrentaron a interrupciones potencialmente mortales de sus tratamientos.  Largas filas se formaron fuera de las pocas gasolineras que aún bombeaban gasolina y las autopistas se llenaron de vehículos estacionados en los pocos lugares donde había señal de teléfono móvil. Los habitantes desesperados de algunos barrios de Caracas comenzaron a recolectar agua del río Guaire, una alcantarilla abierta que atraviesa la capital. En el noroccidente, en la ciudad de Maracaibo, la furia pública por la falta de energía degeneró en un saqueo masivo que afectó a unas 500 empresas.

La información también fue efectivamente bloqueada. El gobierno suministró noticias limitadas y pocos medios de comunicación independientes han sobrevivido a las restricciones económicas, el acoso y la censura del estado. Las redes sociales y los sitios de noticias en línea hicieron esfuerzos heroicos, pero sin electricidad ni conexión a datos, la mayoría de la gente tenía que confiar en rumores y especulación.

En una economía ya devastada e hiperinflacionaria, el dólar estadounidense se convirtió en la moneda principal. Un cartón de huevos podría costar US$ 4; un camión cisterna de agua, si era posible conseguirlo, US$ 150. Los billetes de bolívares son casi inútiles y extremadamente difíciles de obtener, pero los pagos con tarjeta se limitaron a aquellas tiendas con un generador. Los militares establecieron el control sobre los pocos lugares en Caracas donde un camión puede tomar agua limpia, y solo aquellos que tenían conexiones pudieron beneficiarse.  Varias fotografías circularon en línea supuestamente mostrando la entrega de agua a las casas de funcionarios prominentes.

Lo que está claro es que cuando las sanciones existentes y las que vengan en el futuro surtan efecto, las condiciones de vida en Venezuela empeorarán.

¿Una conspiración internacional?

El gobierno de inmediato denominó la situación como un "sabotaje", como lo ha hecho prácticamente con todos los grandes apagones anteriores, de los cuales ha habido docenas. A medida que las horas se extendían a días sin energía eléctrica, la culpabilidad se hizo más específica. El presidente Nicolás Maduro dijo que se debía a una combinación de guerra cibernética, un "ataque electromagnético" y un sabotaje directo de una subestación eléctrica, todo realizado por los Estados Unidos o la oposición nacional. Los expertos tenían una explicación más mundana: un incendio por debajo de las líneas eléctricas descuidadas supuestamente sobrecalentó los cables de transmisión, lo que provocó que los generadores hidroeléctricos que suministran más del 80 por ciento de la energía del país fallaran. Las centrales térmicas que podrían compensar el déficit operan a una fracción de su capacidad debido a años de negligencia y mala gestión. Los partidarios del gobierno argumentan que la dependencia de la red nacional en unas pocas fuentes hidroeléctricas se remonta al período anterior a la toma de posesión del fallecido presidente Hugo Chávez.

El gobierno no ha argumentado que el apagón fue una consecuencia de las severas sanciones que los Estados Unidos impusieron a Venezuela a fines de enero. Estas medidas, que impiden que el gobierno de Maduro se beneficie de las ventas de petróleo que anteriormente constituían su principal fuente de ingresos, se diseñaron para forzar la renuncia de Maduro para que Juan Guaidó, a quien Washington y docenas de sus aliados reconocen como el legítimo presidente interino, pudiera tomar el poder. Todavía no está claro si tendrán éxito en esta empresa; lo que está claro es que cuando las sanciones existentes y las que vengan en el futuro surtan efecto, las condiciones de vida en Venezuela empeorarán. El propósito declarado es estrangular financieramente al gobierno, y sin duda empeorarán una crisis que ya ha provocado que más de tres millones de personas emigren.

Una profunda crisis de liderazgo

El inexorable empeoramiento de la crisis humanitaria de Venezuela y el declive de sus servicios públicos bajo una política de intensificación de las sanciones de los Estados Unidos, que hasta el momento no ha logrado su objetivo principal de destituir al gobierno, hace que una solución política sea más imperativa que nunca. Pero hasta ahora ni el gobierno ni la oposición respaldada por los Estados Unidos muestran una voluntad pública de negociar una transición.

El gobierno espera que, a la oposición, que obtuvo enormes logros bajo el liderazgo de Guaidó a principios de año, se le esté acabando la gasolina. Maduro y sus aliados se enorgullecen del hecho de que la intervención militar de los Estados Unidos parece poco probable en esta etapa, debido en parte a la negativa de otros países del hemisferio a contemplarla. Y sus denuncias de sabotaje dirigidas contra la oposición están configurando una narrativa política que retrata a sus enemigos como empeñados en eliminar al gobierno sin importar el costo para el público. Una vez más, amenaza con procesar a Guaidó, desafiando las amenazas de Washington y sus aliados de consecuencias no especificas pero graves. Estados Unidos cerró su embajada y anunció que la presencia continua de sus diplomáticos era una "restricción" en su política, y que los gobiernos de Europa y América Latina están considerando medidas similares. Una razón es que les preocupa la seguridad de sus diplomáticos; ahora que los EE. UU. se han retirado, sienten que pueden ser objeto de represalias.

Mientras, la oposición insiste en su plan de tres partes para un nuevo gobierno: poner fin a la “usurpación” del poder por parte de Maduro, formar un gobierno de transición y eventualmente (quizás luego de nueve a doce meses) llevar a cabo nuevas elecciones bajo un sistema electoral reformado. Sin embargo, el plan está estancado en el primer punto, ya que Maduro no da señales de renunciar y Guaidó y sus partidarios en los EE. UU. y América Latina tampoco muestran señales de cambiar su insistencia en que lo haga.

A menos que las fuerzas armadas retiren su apoyo al presidente, lo más probable es que Maduro se mantenga en el poder. La lealtad del alto mando militar a él, ha confundido las expectativas de la oposición un tanto ingenuas sobre una rápida ruptura en las fuerzas armadas. Sin una división fundamental en el chavismo, las sanciones arriesgan con prolongar e intensificar la agonía de la población y dar un nuevo estímulo a la crisis migratoria que está agotando los recursos de los países vecinos, sobre todo de Colombia, lo que puede ser desestabilizante.

En privado, los políticos de la oposición y sus aliados extranjeros están empezando a contemplar otro camino, como supuestamente lo están haciendo también algunos oficiales del gobierno. La oposición insiste en que su objetivo principal es llevar a cabo elecciones libres y justas, pero los EE. UU. y sus aliados venezolanos dicen que estas no se pueden realizar con Maduro aún en el poder. Fuentes cercanas al gobierno sugieren que unas elecciones anticipadas bajo autoridades reformadas y con total observación internacional sería un resultado aceptable. Pero estipulan que un acuerdo en este tema no puede parecer como el resultado de la presión internacional, mucho menos de EE. UU., sobre Maduro. El gobierno también demandaría que se permita la participación de un candidato chavista en las elecciones, y que, si él o ella ganara, su victoria sea respetada por todos los países y partidos. Finalmente, exigen que las sanciones sean levantadas antes de las elecciones para que sus posibilidades no se vean significativamente mermadas.

Aunque ahora parezca difícil, un acuerdo inicial sobre unas futuras elecciones podría allanar el camino para una serie de negociaciones públicas más amplias sobre el futuro político y acuerdos económicos en Venezuela, suavizando así la probable animosidad que sienta el lado perdedor en las elecciones. Estos diálogos también servirían para persuadir a altos oficiales militares que los intereses de las fuerzas armadas en su conjunto y sus prospectos económicos personales serán protegidos adecuadamente. El ejército como institución es vital para la transición, sobre todo debido a la proliferación en las últimas dos décadas de grupos armados de todo tipo, desde bandas criminales hasta guerrilleros colombianos y paramilitares progubernamentales (los llamados "colectivos"), que han empezado a dividir el país en feudos semiautónomos.

Una transición genuina incluiría la formación de una administración interina en la que la oposición, lideres progubernamentales, las fuerzas armadas y los gremios estén representados.

Una transición genuina incluiría la formación de una administración interina en la que la oposición, lideres progubernamentales, las fuerzas armadas y los gremios estén representados. Estaría a cargo de aliviar la crisis humanitaria y estabilizar la economía mientras las sanciones son levantadas progresivamente, y el país se prepara para tener elecciones libres. La Asamblea Nacional liderada por la oposición ha empezado a elaborar un marco legal para la transición, aunque continua insistiendo en que Guaidó debería tener el poder ejecutivo en espera de las elecciones. En cualquier caso, se necesita hacer mucho más, especialmente para explicar el futuro papel de los militares, la metodología para formar un gabinete interino y las garantías genuinas para el liderazgo saliente de que el chavismo seguirá siendo una parte integral del panorama político de Venezuela. Los gobiernos extranjeros y los organismos internacionales tienen un papel vital que desempeñar para llevar a las dos partes a la mesa y actuar como garantes de cualquier acuerdo.

Cómo los poderes extranjeros pueden apoyar una transición pacífica

Cualquier acuerdo para compartir el poder será extremadamente difícil de vender para los políticos de ambos lados. Uno y otro han hecho creer a sus simpatizantes que existe una solución en la que “el ganador se lo lleva todo”. Dar marcha atrás a esta posición puede causar serias disputas internas, permitiendo potencialmente al ala dura de ambos lados quebrantar la transición. Los aliados extranjeros de Maduro y Guaidó deben ayudar siendo claros en que no contemplarán ni el mantenimiento del status quo ni una intervención militar externa. En el mejor de los casos, Washington, Moscú y Pekín llegarían a un acuerdo sobre cómo la crisis debe solucionarse, -una hazaña difícil dadas las tenciones entre ellos y su distintos intereses políticos y económicos en Venezuela. La Unión Europea y su recientemente formado Grupo de Contacto tienen un rol que jugar en este proceso, así como en la elaboración de un camino hacia las negociaciones internas.

Ninguno de los involucrados, incluyendo aquellos que comienzan a ver lo inevitable de tal plan, tiene la ilusión de que este camino será fácil. Implicará muchas decisiones extremadamente difíciles y desagradables para todos los involucrados, así como concesiones sobre convicciones muy arraigadas, que solo es probable que hagan si están convencidos de que las alternativas son mucho peores. Los cortes de energía han demostrado que las perspectivas para Venezuela son extremadamente sombrías si no hay negociaciones. Todos los involucrados que tengan interés en evitar más violencia y sufrimiento en el país deben apostar decididamente al diálogo.

The president of the National Assembly, Jorge Rodriguez (C-top) swears in the new authorities of the National Electoral Council (CNE), during a special session at the National Assembly, in Caracas. 4 May 2021. Federico PARRA / AFP

Venezuela: una oportunidad que no se puede desaprovechar

A series of gestures from Caracas suggests that President Nicolás Maduro’s government might be more willing to negotiate with rivals and enact partial reforms. Washington should respond in kind with phased sanctions relief and diplomatic gestures that can be reversed if Venezuela backslides.

El 4 de mayo, la Asamblea Nacional, el parlamento subordinado al ejecutivo, designó un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), en el cual dos de los cinco miembros principales son de la oposición. Éste es quizás el más significativo de una serie de gestos hechos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en las últimas dos semanas. Aunque nada sugiere que Maduro esté listo para hacer concesiones que puedan amenazar su permanencia en el poder, sus acciones recientes sí dan indicios de querer negociar y podrían ofrecen una rara oportunidad para atenuar una crisis que tiene a la economía venezolana de rodillas y provocó la peor emergencia humanitaria de América Latina. Para asegurar que esta oportunidad, aunque pequeña, no sea desaprovechada, son necesarios algunos actos recíprocos por parte de los poderes extranjeros que se oponen a Maduro. Washington está bien posicionado para hacer unos gestos recíprocos comparables, al ofrecer suspender algunas de las fuertes sanciones que ha impuesto e iniciando contactos diplomáticos de bajo perfil para evaluar las posibilidades de un mayor progreso. 

Estas acciones representan respuestas parciales a las demandas de EE. UU.

El nombramiento de los nuevos rectores del CNE fue precedido de otras acciones. El primero fue el 19 de abril, cuando Venezuela finalmente firmó el muy esperado acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en el cual le da acceso para que atienda la grave y creciente crisis de desnutrición infantil del país. El segundo ocurrió el 30 de abril, cuando el gobierno le concedió arresto domiciliario a seis ejecutivos petroleros de la corporación Citgo con sede en Houston, cinco de los cuales tienen ciudadanía estadounidense. Un día después, el fiscal general del país, Tarek William Saab, tomó el tercer paso al anunciar la imputación de cargos a tres oficiales de bajo rango, acusados de estar involucrados en tres asesinatos políticos de alto perfil en los que el gobierno había negado hasta ahora tener cualquier responsabilidad. Estas acciones representan respuestas parciales a las demandas de EE. UU. y otros aliados internacionales del movimiento de oposición liderado por el expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien desde 2019 ha reclamado la “presidencia interina” del país. 

Los cambios en el CNE han sido la concesión más importante hasta ahora. La dominación chavista del Consejo ha sido crucial en la campaña gubernamental para eliminar cualquier amenaza electoral. Fue lo que en últimas llevó al enfrentamiento con Guaidó y ocasionó el exilio de muchas otras figuras de la oposición. Los partidos de la oposición en su mayoría boicotearon las elecciones parlamentarias de comienzos de diciembre de 2020, al igual que las elecciones presidenciales de 2018, y el pequeño número de partidos que sí participó (algunos de ellos esencialmente apéndices del gobierno) obtuvieron solo veinte de los 277 escaños en la Asamblea. Aún hoy en día las condiciones para que la oposición participe son prácticamente imposibles. Incluso con la designación de los nuevos rectores, el campo de juego electoral se mantiene fuertemente sesgado a favor de Maduro. A pesar de esto, permitir la designación de una autoridad electoral más equilibrada marca un paso tentativo hacia el restablecimiento de la contienda política. 

Una mayor representación de la oposición en el CNE puede traer beneficios para Maduro. En primer lugar, las elecciones de este año, previstas para diciembre, son locales y regionales, por lo que el presidente tiene menos en juego. También puede presentar el acuerdo del CNE a sus propios partidarios como un reconocimiento de la oposición de las instituciones del gobierno y como estrategia para reducir el aislamiento internacional. 

Las noticias del reformado consejo electoral han dividido las filas de la oposición. Incluso antes de que Maduro anunciara la nueva composición del CNE, la alianza encabezada por Guaidó ya la había rechazado por ilegítima. Su postura no ha cambiado desde entonces, incluso a pesar de las sólidas credenciales de los dos nuevos rectores de la oposición. Uno es un político experimentado y exvicepresidente de la Asamblea, el otro un ingeniero de sistemas cuyo papel como experto en elecciones de la oposición fue tan importante que estuvo encarcelado por seis meses en 2017. La alianza de la oposición sostiene que el parlamento liderado por Guaidó, del cual algunos integrantes continúan reuniéndose, es el único órgano facultado para designar un nuevo CNE. El propio Guaidó, quien es reconocido por Washington como el presidente legítimo del país, condenó la designación en Twitter, diciendo que tendrá como consecuencia “arrastrar a Venezuela a un desastre mayor”. 

Otros tienen una opinión diferente. El más prominente es Henrique Capriles, quien ha sido dos veces candidato presidencial y quien antes de las elecciones de diciembre adelantó algunos esfuerzos infructuosos, respaldados por la Unión Europea (UE), para negociar condiciones que le permitieran a su partido participar. Junto con otros políticos de la oposición, algunos de los cuales prefieren por ahora permanecer en el anonimato, rechazan el enfoque de “todo o nada” de Guaidó y su partido, Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López desde el exilio y que ha promovido sin éxito la salida inmediata de Maduro. El apoyo al nuevo consejo electoral también es fuerte entre los políticos regionales y municipales y los militantes de los partidos, en especial los de estados y municipios controlados por la oposición, que temen caer en el olvido si se mantiene la política de boicotear las elecciones. Es un asunto que amenaza con dividir a varios partidos, e incluso podría llevar a una ruptura formal de la coalición opositora, lo que también favorecería al gobierno.

La sociedad civil venezolana, que emerge cada vez más como una fuerza significativa y autónoma.

Otro elemento importante en esta compleja ecuación es la sociedad civil venezolana, que emerge cada vez más como una fuerza significativa y autónoma, comprometida con una solución negociada para la prolongada crisis política del país. Cuatro de los quince miembros del CNE designados el 4 de mayo (los cinco rectores principales más diez miembros reservistas) fueron postulados por organizaciones de la sociedad civil vinculadas al recientemente inaugurado Foro Cívico, que incluye organizaciones no gubernamentales, sindicatos, la principal cámara empresarial, organizaciones profesionales y religiosas, entre otras. El Foro ha jugado un papel no solo en las negociaciones sobre el CNE sino en impulsar un acuerdo entre el gobierno y la oposición para importar vacunas para el COVID-19, buscar reformas económicas y establecer mecanismos para atender la crisis humanitaria. En términos generales, los líderes del Foro apoyan un enfoque más conciliatorio, en línea con lo promovido por Capriles y que busca áreas en las que pueda tener una interlocución con el gobierno para aliviar el sufrimiento de los venezolanos de a pie.

Sin embargo, la respuesta de Washington es la más esperada. Durante la administración del presidente Trump, EE. UU. promovió una política de “máxima presión” hacia Venezuela, bajo el supuesto de que la presión externa, particularmente en forma de drásticas sanciones económicas y financieras, y el aislamiento diplomático obligarían al gobierno de Maduro a dimitir y permitir elecciones libres. Ese enfoque falló. El presidente Joe Biden asumió el cargo comprometido con una postura más pragmática, pero por varias razones relacionadas en gran medida con la necesidad de prestar atención a otros asuntos urgentes, en particular la pandemia y la migración en la frontera sur de los EE. UU., poco más allá de la retórica ha cambiado hasta el momento. Washington le ha exigido “medidas concretas” a Maduro para considerar relajar las sanciones, y ahora debe decidir si las medidas recientes ameritan una respuesta recíproca.

Hasta ahora, todos los pasos del gobierno venezolano son tácticas políticas, provisionales y reversibles; y, de nuevo, no crean en sí mismas condiciones para adelantar elecciones creíbles ni amenazan de alguna forma la permanencia de Maduro en el poder. Sobre la cuestión clave de las condiciones electorales, la presencia de la oposición en el nuevo CNE es solo un primer paso, aunque uno prometedor. Se necesita mucho más. Los partidos de oposición, por ejemplo, la mayoría de los cuales tiene prohibido participar en elecciones y algunos de los cuales han visto sus nombres y activos transferidos a facciones minoritarias partidarias del gobierno, deben ser legalizados. Debe realizarse una auditoría exhaustiva del censo electoral. Más importante aún, el gobierno de Maduro tendrá además que reducir su aparato de represión estatal si desea convencer a EE. UU., la UE y a sus vecinos regionales de su buena fe.

Sin embargo, dado el estancamiento de la situación política de Venezuela y el terrible sufrimiento humanitario del país, las potencias extranjeras deberían responder y tratar de alentar cualquier señal de cambio. Crisis Group ha abogado por un levantamiento inmediato e incondicional de las sanciones que generan daños humanitarios, al igual que por un levantamiento progresivo de otras medidas punitivas en respuesta al restablecimiento gradual de los derechos civiles y políticos. La necesidad humanitaria más obvia y urgente es la restauración de permisos que le permitan a Venezuela intercambiar petróleo crudo por diésel, del cual hay una escasez crítica. El diésel es vital, entre otras cosas, para la producción y distribución de alimentos. Además, los EE.UU. pueden considerar renovar las licencias y levantar las sanciones que prohíben hoy en día ciertas actividades por parte de compañías petroleras estadounidenses y de otros países, con el entendimiento que estos pasos serán reversados si Caracas no toma más acciones en ese sentido. 

También es importante que Washington y Caracas establezcan canales de comunicación, ya sea directos o a través de terceros confiables, para que ambas partes puedan interpretar correctamente los movimientos de la otra. Habrá un costo político para la administración de Biden por cualquier medida que relaje la presión sobre Maduro, sin una ganancia inmediata probable. Existe una renuencia natural, y quizás creciente, por parte de los políticos de EE.UU. a provocar la hostilidad del lobby venezolano en su país. El gobierno de Maduro tendrá que entender eso, al igual que Washington tendrá que ser consciente de la dificultad que Maduro puede tener para promover cualquier acercamiento ante su propia coalición. Tener contacto le permitiría a cada parte sondear su camino con más confianza.

Lo peor que EE. UU. podría hacer en este momento es quedarse quieto y esperar más concesiones sin una acción correspondiente de su parte.

Lo peor que EE. UU. podría hacer en este momento es quedarse quieto y esperar más concesiones sin una acción correspondiente de su parte. Eso fortalecería a aquellos en el gobierno venezolano que argumentan que por mucho que concedan, Washington solo está interesado en derrocar a Maduro. Puede que el presidente venezolano no tenga intención de ir más allá, pero la única forma de averiguarlo es involucrarse en un proceso de cambio gradual y recíproco. La pelota está en la cancha de Washington.