¿Qué ha pasado? Meses de protestas callejeras y un éxodo masivo hacia el norte, a pesar de la campaña sostenida de EE. UU. para impedir la llegada de migrantes centroamericanos, ilustran el alcance de la desesperación que reina en Honduras frente a los líderes políticos, la violencia y extorsión de las pandillas, y los altos niveles de pobreza y desigualdad.

¿Por qué importa? La represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en un contexto de extrema polarización política que se remonta al golpe de 2009, alimentada por escándalos en torno a los supuestos vínculos del partido gobernante con redes criminales, podría incitar nuevos disturbios violentos. La obsesión de Washington por contener los flujos migratorios en la región está agravando una situación ya de por sí deteriorada.

¿Qué se debería hacer? Con apoyo de EE. UU. y otros donantes, el gobierno hondureño debería implementar reformas electorales y anticorrupción y otorgar mayores facultades de investigación al poder judicial y la policía, evitar las respuestas de mano dura a los disturbios civiles, y financiar programas que aborden las urgentes necesidades humanitarias a la vez que reducen la violencia, un motor clave de la migración.

En una región problemática, Honduras se destaca por sus convulsiones políticas, la presencia letal de las pandillas, y la huida desesperada de su gente. Un aliado clave de EE. UU. en Centroamérica, a pesar de las tensiones recientes, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández afronta un profundo malestar popular. Existe un alto grado de insatisfacción hacia los líderes políticos, acusados de gobernar de forma unipartidista desde el golpe de 2009 y en colusión con el crimen organizado. Seis de cada diez hondureños viven en situación de pobreza mientras que el crimen violento prospera, generando una de las peores tasas de homicidios de América Latina. Los reclamos políticos, económicos y de seguridad han provocado protestas masivas en los últimos años, y son responsables del enorme aumento en el número de migrantes y refugiados hondureños que se dirigen hacia el norte. Pero la represión de las protestas por parte del gobierno y el trato severo hacia los migrantes centroamericanos impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump podrían agravar la inestabilidad y profundizar la crisis humanitaria y de seguridad de la región. Con el apoyo de EE. UU. y otros donantes, Tegucigalpa debería centrarse en reformas y programas que a la larga puedan hacer que la huida sea una opción menos atractiva.

Gobernada desde 2014 por el presidente Hernández, Honduras ha experimentado una acumulación constante de poder en manos del gobernante Partido Nacional, y políticas de seguridad cada vez más duras. Ha habido algunos avances positivos durante el periodo de los nacionalistas en el poder. Las iniciativas para depurar las fuerzas policiales corruptas, implementar medidas de mano dura y extraditar a narcotraficantes han desarticulado a los carteles y supuestamente han reducido la tasa de homicidios a la mitad tras los máximos históricos alcanzados hace ocho años.

Pero estos cambios no han traído estabilidad. Varias olas de protestas postelectorales sacudieron al país a finales de 2017, seguidas de otras oleadas de disturbios en 2019, cuando el gobierno anunció sus planes para implementar unas polémicas reformas a la salud y la educación. El descontento popular ha impulsado un incremento de la emigración. Entre octubre de 2018 y finales de agosto de 2019, las patrullas fronterizas estadounidenses detuvieron a más de 240 000 hondureños mientras intentaban cruzar a EE. UU. desde México (aproximadamente el 2,5 por ciento de la población de Honduras).

Los motivos de esta desafección son varios. Para empezar, Honduras continúa sufriendo el tóxico legado político y público del golpe de Estado de junio de 2009, en el que el izquierdista Manuel Zelaya fue destituido y exiliado al extranjero, supuestamente por haber buscado la reelección y por haberse acercado demasiado a la Venezuela de Hugo Chávez. El conservador Partido Nacional ha gobernado el país de forma ininterrumpida desde entonces, designando a sus simpatizantes en las instituciones estatales y judiciales y abusando supuestamente de su poder mediante la corrupción y la colusión con el crimen. Zelaya, que volvió a Honduras en 2011, se ha alzado como la principal figura opositora, explotando la insatisfacción generalizada con las instituciones públicas y la desigualdad de una sociedad en la que tan solo el 20 por ciento de las personas ganan un mísero salario mínimo. Zelaya ha alentado a los hondureños a tomar las calles, entre otras ocasiones tras las reñidas elecciones de noviembre de 2017, cuando los disturbios masivos fueron reprimidos por la policía, dejando al menos veintitrés muertos, principalmente manifestantes. Después de que un tribunal estadounidense condenara por narcotráfico al hermano del presidente en octubre de 2019, Zelaya y otros líderes opositores convocaron manifestaciones masivas hasta que renunciara el presidente.

Una segunda causa radica en el submundo criminal de Honduras. Más allá de la reducción en la tasa de homicidios (que se ha ralentizado en 2019) y el desmantelamiento de los carteles de la droga –especialmente en núcleos del narcotráfico como la segunda ciudad del país, San Pedro Sula, y a lo largo de la costa atlántica– las pandillas callejeras y las redes de extorsión siguen ejerciendo un fuerte control sobre las comunidades hondureñas. La tasa de homicidios sigue siendo persistentemente elevada (el año pasado, Honduras ocupó el tercer puesto entre los países latinoamericanos en cuanto a violencia letal, detrás de Venezuela y El Salvador), mientras que el éxodo a causa de la violencia explica entre el 20 y el 40 por ciento de la emigración del país. Las denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, la supuesta colusión de estas con organizaciones criminales y las elevadas tasas de impunidad por delitos graves alimentan la frustración popular con las instituciones estatales y permiten que las pandillas y otras organizaciones criminales usen la violencia para afianzar su control sobre las comunidades, con efectos nocivos especialmente para mujeres y niños.

Honduras se enfrenta ante un mayor riesgo de disturbios y emigración en los próximos años, a menos que el gobierno y sus socios internacionales encuentren la forma de empezar a abordar los problemas que están empujando a tantos hondureños a huir del país. Las soluciones a corto plazo enfocadas en los síntomas más que en las causas del malestar (como la represión de los manifestantes por parte de Tegucigalpa o las presiones de Washington para obligar a los países de la región a acoger a migrantes bajo acuerdos de cooperación en materia de asilo, los llamados acuerdos de “Tercer País Seguro”) agravarán las causas de la inestabilidad. En este sentido, la suspensión por parte de EE. UU. de la ayuda que podría haber asistido a Honduras a abordar las miserables condiciones que fomentan la migración, revocada solo parcialmente para permitir que continúe la asistencia en materia de seguridad, es cruel y contraproducente.

Si bien no hay una solución inmediata para los muchos desafíos a los que se enfrenta Honduras, el gobierno y sus aliados sin duda podrían tomar medidas para empezar a avanzar hacia la seguridad y un mejor gobierno. Con el apoyo de EE. UU. y otros donantes, Tegucigalpa podría partir de los acuerdos alcanzados bajo los auspicios de la ONU para reducir las tensiones políticas, centrándose en particular en implementar las reformas políticas y electorales que se discutieron en el diálogo patrocinado por la ONU que tuvo lugar el año pasado. Esas mismas partes deberían apoyar un nuevo mandato para la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada en conjunto con la Organización de los Estados Americanos (OEA) para enjuiciar casos de corrupción de alto nivel. Por su parte, el gobierno debería alejarse de la militarización de la seguridad pública y avanzar hacia el fortalecimiento de las investigaciones judiciales y policiales. Asimismo, el gobierno estadounidense debería reanudar la ayuda, prestando especial atención a aquellos programas que puedan abordar condiciones como el hambre, que inducen a los hondureños a huir, reconociendo que si Washington quiere un futuro en el que los migrantes no se aglomeren en sus fronteras cada año, tendrá que invertir más en ello.

Bogotá/Bruselas/Tegucigalpa, 25 de octubre de 2019

Honduras es una de las naciones más pobres y violentas de América Latina. Incluso después de años de disminución de las tasas de homicidio, en 2018 fue uno de los tres países más letales de la región, con una tasa anual de 40 homicidios por cada 100 000 habitantes^[fn]En 2018, tan solo Venezuela y El Salvador registraron tasas de violencia letal más elevada en América Latina, según cifras recolectadas por Insight Crime. Como se analiza más adelante en la Sección III, la cifra de 40 homicidios por cada 100 000 habitantes representa un descenso comparado con la tasa de 86,5 por cada 100 000 de 2011, aunque la disminución parece haberse ralentizado (e incluso revertido) en 2019. “Insight Crime’s 2018 Homicide Round-Up”, Insight Crime, 22 de enero de 2019.Hide Footnote . Sufre de niveles extremadamente elevados de desigualdad, y más del 60 por ciento de sus 9,1 millones de habitantes vive en situación de pobreza^[fn]En 2017, el coeficiente de Gini estaba en torno al 0,5, por detrás tan solo de Brasil en América Latina. “El Banco Mundial en Honduras”, Banco Mundial, disponible en: https://botfly/2UdSxSi. El coeficiente de Gini mide la distribución de los ingresos en una escala de 0, que representa una distribución de los ingresos totalmente equitativa, a 1, donde una persona tiene todos los ingresos.Hide Footnote .

El país también tiene una trayectoria llena de altibajos en cuanto a la gobernanza democrática. Tras casi dos décadas de gobierno militar y una breve guerra con su vecino El Salvador en 1969, Honduras volvió a la democracia en 1981 bajo un sistema bipartidista, aunque las fuerzas armadas siguieron ejerciendo una influencia considerable sobre la formulación de políticas^[fn]Mario Posas, Honduras: Una democracia en proceso, Colección Visión de País, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2003, pp. 9-10.Hide Footnote . Con el apoyo del gobierno y los militares, Honduras se convirtió en el centro de las operaciones de contrainsurgencia de EE. UU. en la vecina Nicaragua en los años 80^[fn]Malcolm Byrne y Peter Kornbluh, The Iran-Contra Affair: The Making of a Scandal, 1983-1988, (Ann Arbor, 1990).Hide Footnote .

En 2009, una crisis constitucional seguida de un golpe de Estado volcó el orden político que había prevalecido en Honduras durante casi tres décadas. El derrocamiento y exilio del entonces presidente Manuel Zelaya en junio de 2009 siguieron a sus esfuerzos por aferrarse al poder en un segundo mandato, lo que iba en contra de la constitución, y además reflejaron la alarma entre la clase política mayoritariamente conservadora ante su alineamiento con el presidente venezolano Hugo Chávez. Las tensiones escalaron entre Zelaya y su propio Partido Liberal de centroizquierda, el cual colaboró con la Corte Suprema, los militares y el opositor Partido Nacional para apartarlo del poder y establecer un gobierno interino que convocó unas nuevas elecciones^[fn]“Para que los hechos no se repitan: Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación”, Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Julio de 2011.Hide Footnote . Un acuerdo entre el expresidente Porfirio Lobo del Partido Nacional, partido que ha gobernado de forma ininterrumpida desde el golpe, y la OEA permitió que Zelaya volviera a Honduras dos años después^[fn]El acuerdo también permitió a Honduras reincorporarse a la OEA tras haber sido expulsado después del golpe. “Para que los hechos no se repitan”, op. cit.Hide Footnote . Zelaya posteriormente fundó el partido de izquierda Libertad y Refundación, conocido como Libre, desplazando a los liberales, internamente divididos, como el principal grupo opositor^[fn]Entrevista de Crisis Group, asesor del Partido Liberal, Tegucigalpa, 20 de abril de 2018.Hide Footnote .

Desde el golpe, la política en Honduras ha estado dominada por dos tendencias. Por un lado, el Partido Nacional, liderado por el presidente Juan Orlando Hernández desde 2014, ha prácticamente eliminado los controles y contrapesos sobre el poder estatal, al ejercer una influencia cada vez mayor sobre el poder judicial y las instituciones electorales y nombrar a aliados íntimos en cargos públicos de alto nivel. Por el otro, el Partido Libre de Zelaya y algunos liberales han jugado un doble juego, intensificando sus críticas sobre las medidas del partido gobernante, al que califican de autoritario, a la vez que negocian a escondidas acuerdos que les otorguen mayor poder y puestos en instituciones gubernamentales clave^[fn]Entrevistas de Crisis Group, analistas políticos y sociedad civil, Tegucigalpa, 4-8 de marzo de 2019.Hide Footnote .

El efecto neto ha sido intensificar la polarización, aumentar la desconfianza del público en las élites políticas y alimentar las recurrentes oleadas de disturbios. Esto se hizo plenamente visible tras las elecciones de 2017, cuando los temores de juego sucio en las urnas, entre otras cuestiones, desataron la indignación pública y un mes de protestas que dejaron un saldo de 23 muertos y 1351 detenidos^[fn]Comentario de Crisis Group, “¿Mienten las cifras oficiales? Desconfianza y control militar tras disputadas elecciones en Honduras”, 4 de diciembre de 2017.Hide Footnote . Los manifestantes también tomaron las calles entre abril y junio de 2019, cuando los gremios de salud y educación se movilizaron por temor a que las reformas promulgadas por el Congreso de Honduras derivaran en privatización y despidos masivos en estos sectores^[fn]Crisis Group, “La represión fomenta la inestabilidad en Honduras mientras la protesta continúa”, 2 de julio de 2019.Hide Footnote . Estas protestas a menudo se han convertido en vehículos para expresar sentimientos hostiles al gobierno y exigir la renuncia del presidente Hernández, un llamado que ha cobrado fuerza tras la condena del hermano del presidente por narcotráfico en un tribunal estadounidense^[fn]“Hondureños exigen renuncia del presidente por supuestos vínculos con el narco”, Reuters, 9 de octubre de 2019. “Honduras President’s Brother Convicted in Drug-Conspiracy Case”, The Wall Street Journal, 18 de octubre de 2019.Hide Footnote .

Las redes criminales han explotado la debilidad de las instituciones de gobierno de Honduras y las brechas en su arquitectura de seguridad. Carteles del narcotráfico y pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Barrio 18 manejan redes de extorsión en las zonas urbanas empobrecidas del país y han convertido las zonas rurales de la costa Caribe en centros de tránsito para el narcotráfico en la región^[fn]Para más sobre estas cuestiones, véase Informe de Crisis Group sobre América Latina N°52, Corredor de violencia: la frontera entre Guatemala y Honduras, 4 de junio de 2014; e Informe de Crisis Group sobre América Latina N°62, El salario del miedo: maras, violencia y extorsión en Centroamérica, 6 de abril de 2017.Hide Footnote . Si bien la desesperación económica sigue siendo el principal motivo por el cual los hondureños huyen del país, y a pesar de los muy publicitados logros del gobierno en cuanto a la reducción de la tasa de homicidios y los avances contra el crimen organizado, la inseguridad sigue siendo un importante motor de la emigración. La falta de fe en las instituciones nacionales también contribuye al éxodo^[fn]Entrevistas de Crisis Group, solicitantes de asilo y trabajadores humanitarios, Tegucigalpa, 20-23 de febrero de 2018. “Atlas de la migración en los países del norte de Centroamérica”, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 12 de diciembre de 2018. “Sondeo de opinión pública 2018”, ERIC-SJ, abril de 2019.Hide Footnote .

A diez años del golpe de 2009, este informe describe los desafíos políticos y de seguridad más apremiantes para Honduras, cómo estos impulsan la migración y cómo la respuesta del socio extranjero más poderoso del país –EE. UU.– amenaza con sumir al país y a la región aún más en la crisis, y analiza algunas medidas que podrían comenzar a revertir estas tendencias negativas. Está basado en más de 100 entrevistas realizadas en Tegucigalpa y San Pedro Sula durante los últimos dos años con políticos de alto nivel, expertos en seguridad, magistrados, ONGs, solicitantes de asilo, trabajadores humanitarios, diplomáticos y académicos, entre otros.

Diez años después, el golpe de junio de 2009 aún eclipsa el diario vivir de la política en Honduras. “Desde 2009, hay dos bandos en Honduras: uno que apoya el golpe y otro que ve en el gobierno de [el presidente] Hernández a una especie de dictadura blanda”, dijo un líder de la sociedad civil^[fn]Entrevista de Crisis Group, líder de la sociedad civil, Tegucigalpa, 21 de junio de 2017.Hide Footnote .

El bloque a favor del golpe está representado en el Congreso de Honduras por los partidos Nacional y Liberal, que dirigieron el derrocamiento de Zelaya y continúan apoyándolo. Sus justificaciones incluyen, entre otras cosas, el alineamiento de Zelaya con Venezuela, lo cual las élites políticas tradicionalmente conservadoras temían que pudiera ser un primer paso hacia el socialismo en Honduras, y sus aparentes maniobras para buscar un segundo mandato en el poder, en aquel entonces prohibido por la constitución^[fn]Entrevistas de Crisis Group, analista político, Tegucigalpa, marzo de 2018. A fin de crear una vía legal para buscar la reelección, Zelaya propuso un referéndum sobre la creación de una Asamblea Constituyente que tuviera el poder de enmendar la constitución y eliminar la prohibición de reelección presidencial contemplada en su artículo 239. Como se analiza a continuación, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema se opuso a esta iniciativa en aquel momento, pero posteriormente derogó la prohibición de la reelección en 2015.Hide Footnote . Esta facción se ha visto alentada, tanto a nivel nacional como internacional, por el apoyo de EE. UU. que, a pesar de que la administración Obama desaprobó el golpe, reconoció los resultados de las posteriores elecciones que instalaron al Partido Nacional en el poder en noviembre de 2009 y que ha resultado fundamental para la restauración paulatina de la posición global de Honduras^[fn]Inicialmente, EE. UU. cortó el apoyo financiero al país (al igual que la UE) y revocó los visados de los líderes del golpe. Sin embargo, con el tiempo reconoció el resultado de las elecciones de noviembre, aunque dijo que el Congreso de Honduras debía votar sobre la reinstauración del depuesto presidente Manuel Zelaya y formar un gobierno de unidad nacional. Estas medidas nunca se tomaron. “EU to warn Honduras of further sanctions over coup”, Reuters, 10 de septiembre de 2009. “US Prepares Further Sanctions Against Honduras Coup Leaders”, Voice of America, 2 de noviembre de 2009. “La OEA suspende la pertenencia de Honduras a la institución”, Comunicado de la OEA, 5 de julio de 2009. “U.S. recognizes Honduras vote with caveats”, Reuters, 29 de noviembre de 2009.Hide Footnote . Hasta el reciente cambio de actitud del presidente Trump hacia Tegucigalpa por su presunto fracaso en poner freno a los flujos migratorios, Washington ha apoyado firmemente a las administraciones hondureñas posteriores al golpe^[fn]En una entrevista realizada el 16 de julio de 2019, el presidente Trump afirmó que EE. UU. no enviaría más dinero a Guatemala y Honduras porque “no estaban haciendo nada para nosotros [EE. UU.], estaban formando caravanas y las estaban enviando hacia aquí”. En octubre revirtió parcialmente la decisión tras la firma de acuerdos de cooperación con estos países. “Trump claims Honduras and Guatemala are sending ‘hardened criminals’ in caravans”, Washington Examiner, 16 de julio de 2019. “U.S. restores aid to Central America after reaching migration deals”, Reuters, 16 de octubre de 2019.Hide Footnote .

Del otro lado del espectro político está el izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), encabezado por el expresidente Zelaya^[fn]En las elecciones generales de 2017, los nacionalistas obtuvieron 61 escaños en el Congreso (de un total de 128), Libre obuvo 30, mientras que los liberales sufrieron una derrota histórica con tan solo 26 escaños.Hide Footnote . Los simpatizantes de Libre, liderados por Zelaya, siguen viendo al gobierno del Partido Nacional como el producto de una transferencia ilegítima de poder, argumentando que Zelaya (en sus propias palabras) “fue despojado violentamente del cargo presidencial”, y afirman que están trabajando para restaurar la gobernabilidad democrática^[fn]Entrevista de Crisis Group, Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras, Tegucigalpa, 14 de diciembre de 2017.Hide Footnote .

Sin embargo, las raíces de las divisiones políticas en Honduras van más allá del golpe, y están ligadas también a ideologías, valores y bases de apoyo contrapuestos. El gobernante Partido Nacional proclama que defiende valores conservadores y cristianos^[fn]El presidente Hernández es miembro activo de una iglesia evangélica cristiana, y a menudo menciona la Biblia en sus discursos. “International Religious Freedom Report for 2017”, Departamento de Estado de EE.UU., 29 de mayo de 2018. Entrevistas de Crisis Group, analistas políticos, Tegucigalpa, marzo-abril de 2018.Hide Footnote . Su base de apoyo se encuentra principalmente en la capital Tegucigalpa, un bastión tradicionalmente conservador, así como las empobrecidas zonas agrícolas del sur y el sureste del país, donde el partido hace un amplio uso del clientelismo para mantener la lealtad de los votantes^[fn]La Misión de Observación Electoral de la UE en 2017 señaló el uso intensamente partidista de los programas sociales del gobierno en un esfuerzo por obtener apoyo para el Partido Nacional. Misión de Observación Electoral de la UE en Honduras 2017, Informe Final, 6 de marzo de 2018, p. 10. Entrevistas de Crisis Group, miembros de la oposición y analistas políticos, Tegucigalpa, 9-10 de noviembre de 2017. Para una distribución geográfica del apoyo a los nacionalistas, véase el mapa de los resultados de las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017. Resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral de Honduras.Hide Footnote .

Las políticas económicas que favorecen el comercio con EE. UU. y los proyectos de infraestructura patrocinados por el Estado han asegurado a los nacionalistas un fuerte apoyo por parte del sector privado y una amplia cobertura en los principales medios, cuyos dueños son los más importantes empresarios de Honduras^[fn]La Misión de Observación Electoral de la UE para las elecciones de 2017 señaló “un profundo desequilibrio [en cuanto a la cobertura mediática] entre los diferentes candidatos, y a favor de Juan Orlando Hernández” en los meses previos a las elecciones. Entrevista de Crisis Group, líder de la sociedad civil, 21 de junio de 2018. Misión de Observación Electoral de la UE en Honduras 2017, Informe Final, 6 de marzo de 2018. p. 27.Hide Footnote . El crecimiento sostenido del PIB en los últimos años ha otorgado al presidente Hernández el apoyo de la comunidad empresarial; la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU estimó en julio que la economía crecería en un 3,5 por ciento este año, una de las tasas de crecimiento más elevadas de América Latina. Pero esta noticia positiva ha sido socavada por las recurrentes protestas y los escándalos de corrupción que han generado pérdidas económicas y el estancamiento de la inversión extranjera^[fn]Jorge Faraj, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, una importante asociación del sector privado con sede en la región más industrializada del país, afirmó el 1 de junio que la corrupción y la mala gestión habían dañado la economía de Honduras más que las recientes protestas. Entrevista telefónica de Crisis Group, analista político, 12 de junio de 2019. “Honduras pierde más con la conducción errónea del país: CCIC”, Criterio, 1 de junio de 2019. Para cifras sobre la inversión extranjera directa en Honduras, véase la página web de Trading Economics: https://bit.ly/2Iwfet1.
 Hide Footnote . Asimismo, algunos críticos sostienen que los sectores económicos de más rápido crecimiento (por ejemplo la banca, los sectores financiero y energético, y la tecnología de la información) tienen un impacto muy limitado en el desempleo y la elevadísima tasa de pobreza del país^[fn]Véase más sobre desempleo, desigualdad y pobreza en la Sección IV. “Informe de Cepal reafirma crecimiento económico, control de inflación y reducción de pobreza en Honduras”, Gobierno de la República de Honduras, 31 de julio de 2019. “Fosdeh: informe de crecimiento económico de Cepal no es más que una trampa”, Tiempo Digital, 1 de agosto de 2019.Hide Footnote .

Ideológicamente opuesto a los nacionalistas, el Partido Libre es joven, comprometido con temas de justicia social, y tiene estrechos vínculos con movimientos populares y sus partidarios en las asociaciones estudiantiles y feministas, algunas organizaciones de derechos humanos de base, y activistas ambientales^[fn]Entrevistas de Crisis Group, miembros de Libre y sociólogo, Tegucigalpa, abril de 2018. “Crisis post electoral en Honduras”, Perspectivas No. 1/2018, Informe de la Friedrich Ebert Stiftung, enero de 2018.Hide Footnote . El partido a menudo se ha alineado con los gobiernos de izquierda de la región en Nicaragua, Venezuela y Cuba, aunque su reciente apoyo a estos aliados ha sido más prudente a la luz de los conflictos políticos en los dos primeros países^[fn]Entrevista de Crisis Group, asesor de Libre, Tegucigalpa, 5 de marzo de 2019.Hide Footnote . La base de apoyo de Libre se encuentra en el centro y el norte de Honduras, especialmente alrededor del departamento de Cortés^[fn]Entrevistas de Crisis Group, miembros de Libre, Tegucigalpa y San Pedro Sula, abril de 2018.Hide Footnote .

Menos destacado que el Partido Nacional o Libre es el otrora poderoso Partido Liberal al que Zelaya pertenecía antes del golpe de 2009. Asolado por divisiones internas que lo debilitaron y lo apartaron de su papel histórico como el principal competidor del Partido Nacional, el Partido Liberal sigue siendo una fuerza de centroizquierda cuyo apoyo depende cada vez más de la popularidad de sus representantes locales^[fn]Las divisiones en el partido surgieron en torno al apoyo u oposición al golpe de 2009. Más recientemente, las fricciones entre el jefe del partido Luis Zelaya y su líder en el Congreso Carlos Flores también han contribuido al debilitamiento de los liberales. Zelaya ha sido criticado por el mal desempeño del partido en las recientes elecciones y por su manejo supuestamente autoritario de los asuntos del partido. Entrevistas de Crisis Group, miembros y asesores del partido Liberal, y analista político, Tegucigalpa y San Pedro Sula, abril de 2018 y 4 de marzo de 2019.Hide Footnote .

Casi una década en el gobierno y una sólida mayoría en el Congreso han permitido al Partido Nacional fortalecer su control de las principales instituciones del país. En 2012, cuando era presidente del Congreso, Hernández lideró con éxito una iniciativa para expulsar a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema después de que anularan una iniciativa en el ámbito de la seguridad lanzada por el expresidente Lobo^[fn]“Honduras: en riesgo de crisis institucional”, AFP, 12 de diciembre de 2012.Hide Footnote . En 2015, esa misma sala, para entonces copada por jueces cercanos al partido gobernante, dejó sin efecto un artículo constitucional que restringía el mandato presidencial a un solo periodo, sosteniendo que violaba los derechos humanos del candidato. Esto permitió al presidente Hernández presentarse como candidato para un segundo mandato en las elecciones de 2017^[fn]El fallo fue muy polémico dado que el expresidente Zelaya fue derrocado en 2009 por buscar un referéndum sobre más o menos la misma cuestión (la elegibilidad para un segundo mandato presidencial). Joaquín Mejía Rivera y Rafael Jerez Moreno, “La reelección presidencial en Honduras”, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), noviembre de 2018, pp. 83-84.Hide Footnote .

Los nacionalistas han instalado un influyente grupo de aliados políticos en todo el gobierno y el poder judicial a la vez que han cultivado una estrecha relación con los medios. Mauricio Oliva, presidente del Congreso, Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema, y David Matamoros, hasta hace poco presidente del ahora disuelto Tribunal Supremo Electoral, son todos supuestamente cercanos al presidente^[fn]Entrevista de Crisis Group, analista político, Tegucigalpa, 5 de abril de 2017.Hide Footnote . El efecto final ha sido una erosión de los controles y contrapesos sobre el poder ejecutivo. “No hay contrapesos en Honduras. El control [por parte del ejecutivo] sobre las instituciones del país está muy claro”, dijo un observador miembro de la comunidad diplomática^[fn]Entrevista de Crisis Group, diplomático, marzo de 2017.Hide Footnote .

Con menos acceso a los fondos públicos y una representación limitada en las principales instituciones del país, los partidos opositores han respondido de dos maneras. En público, han denunciado las medidas de consolidación del poder del partido gobernante como autoritarias, organizando manifestaciones para protestar contra la “dictadura” del presidente Hernández. A puerta cerrada, sin embargo, la mayoría de las discusiones entre los partidos se han centrado en lograr una mayor participación en el gobierno y los organismos judiciales, mientras que todos los partidos parecen compartir una falta de entusiasmo hacia la implementación de una legislación anticorrupción más dura, lo que tal vez refleje la preocupación de que todos tengan algo que perder si se impone un escrutinio más estricto en este ámbito^[fn]Un ejemplo de esas alianzas pragmáticas fue el pacto en mayo de 2017 entre los tres principales partidos, que retrasó la aprobación de la Ley Política Limpia propuesta por la MACCIH para controlar el financiamiento de campañas. Otro ejemplo es la elección del fiscal general Óscar Chinchilla en agosto de 2013, así como su reeleción en 2018. Representantes de la sociedad civil afirman que Chinchilla no está verdaderamente interesado en procesar los casos de corrupción debido a su cercanía a la élite gobernante. Entrevistas de Crisis Group, analistas y líderes de la sociedad civil, Tegucigalpa, marzo-abril de 2018. “Ley de política limpia, cuando se ignora la política en el combate anti-corrupción”, El Pulso, 30 de mayo de 2017. “Honduras AG Re-election: A Pyrrhic Victory for the Status Quo?”, Insight Crime, 3 de julio de 2018.Hide Footnote .

La erosión de los controles y contrapesos sobre el poder ejecutivo a lo largo de la última década (y en especial el debilitamiento del control judicial) ha abonado el terreno para la corrupción y la colusión estatal con actores involucrados en actividades ilegales en Honduras^[fn]Sarah Chayes, “When Corruption is the Operating System. The Case of Honduras”, Carnegie Endowment, 2017. Sobre el carácter del poder político, véase Marvin Barahona, “Elites, redes de poder y régimen político en Honduras”, ERIC-SJ, julio de 2018.Hide Footnote .

Los escándalos de corrupción han involucrado a políticos de todo rango, hasta llegar al presidente. En palabras de un magistrado de la MACCIH a Crisis Group, “la corrupción en Honduras ha sido normalizada, socializada e institucionalizada”^[fn]Entrevista de Crisis Group, magistrado de la MACCIH, Tegucigalpa, 5 de marzo de 2019.Hide Footnote . El caso más destacado data de 2015, cuando se vinculó a varios altos funcionarios del gobierno con el supuesto saqueo de $300 millones de dólares del Instituto Hondureño de Seguridad Social entre 2010 y 2014 para financiar sus lujosos estilos de vida^[fn]Algunas organizaciones de la sociedad civil han vinculado el desvío de recursos del sistema de salud a la erosión de la calidad de los servicios y medicamentos que proporciona. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia hizo esto mismo cuando afirmó en mayo de 2015 que 2800 personas habían muerto en el sistema de seguridad social de Honduras entre 2010 y 2014 debido a la falta de atención médica. Para más información, visite: http://www.saqueoihss.com/. Una reciente epidemia de dengue en el país, que causó unas 150 muertes, ha reavivado la preocupación popular por el mal uso de fondos del sistema de salud. “Sube a 144 la cifra de muertes por dengue grave en Honduras”, EFE, 30 de septiembre de 2019.Hide Footnote . En el transcurso de una investigación se descubrió que parte de los fondos malversados presuntamente habrían financiado la campaña presidencial de Hernández en 2013^[fn]“Presidente hondureño acepta que su campaña recibió dinero de corrupción”, EFE, 4 de junio de 2015.Hide Footnote . La noticia de estas acusaciones desencadenó protestas masivas (conocidas como el movimiento de los “indignados”), que se convirtieron en un foro para exigir la renuncia de Hernández. Hernández admitió haber recibido tres millones de lempiras ($150 000 dólares), cuyo origen dijo desconocer, e intentó aplacar la furia popular colaborando con la OEA para establecer la MACCIH – un mecanismo que, entre otras cosas, apoya a los fiscales estatales que investigan casos de corrupción^[fn]“Convenio entre la República de Honduras y la Secretaría General de la OEA”, 19 de enero de 2016.Hide Footnote .

Los políticos supuestamente también colaboran con el crimen organizado a todos los niveles del gobierno, comenzando por las bases. Las bandas criminales tienen una presencia territorial tan amplia que la vida política local exige la interacción entre funcionarios electos (o candidatos) y miembros de pandillas. “Logísticamente, es imposible no hablar con ellas [las pandillas] si quieres hacer campaña en sus barrios”, dijo un miembro del Partido Liberal en San Pedro Sula, aunque en público los principales partidos tienden a negar este tipo de conversaciones^[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro del Partido Liberal, San Pedro Sula, marzo de 2018.Hide Footnote .

En lo que respecta a si las pandillas tienen influencia, y en qué medida, en las elecciones, los relatos varían. Por un lado, representantes del Partido Nacional dijeron a Crisis Group que en las elecciones de 2017 las pandillas cooptaron a al menos “150 000 personas que vivían en bastiones del Partido Nacional en Tegucigalpa [para que votaran por sus rivales]”^[fn]Entrevista de Crisis Group, representantes del Partido Nacional, Tegucigalpa, 7 de marzo de 2019.Hide Footnote . Por otro lado, varios expertos en seguridad sostienen que ciertas pandillas han trabajado en favor del Partido Nacional^[fn]Entrevistas telefónicas de Crisis Group, expertos en seguridad, abril-junio de 2019.Hide Footnote . En cambio, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras “no hallaron evidencia” de la participación de las pandillas en el proceso electoral de 2017^[fn]Entrevista de Crisis Group, académico, Tegucigalpa, 6 de diciembre de 2018.Hide Footnote .

A lo largo de la última década, los más altos dirigentes del país han sido acusados de forma creíble de colaborar con grupos de narcotraficantes^[fn]“When Corruption is the Operating System”, op. cit. “Un pato llamado Honduras”, El País, 13 de julio de 2019.Hide Footnote . Según documentos presentados por fiscales estadounidenses en el juicio contra el narcotraficante Héctor Emilio Fernández (alias Don H), en 2005 el entonces presidente electo Zelaya supuestamente recibió $2 millones de dólares del capo del narcotráfico, aunque él niega dichas acusaciones^[fn]“Expresidente Manuel Zelaya niega haber recibido dinero de Don H”, La Prensa, 29 de julio de 2019.Hide Footnote . En 2017, el capo del narcotráfico Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los líderes del cartel de Los Cachiros que se entregaron a las autoridades estadounidenses en 2015, testificó que el grupo había hecho negocios con el gobernante Partido Nacional que incluían el financiamiento de las recientes campañas presidenciales^[fn]El temor de ser asesinados por traficantes rivales o detenidos por las autoridades hondureñas llevó a los hermanos Maradiaga, Devis Leonel y Javier Eriberto, a pactar con la DEA y entregarse. Gracias al testimonio de Devis Leonel, Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, fue condenado en septiembre de 2017 por participar en operaciones de narcotráfico junto con este cartel. Para el testimonio completo de Rivera Maradiaga, véase: https://bit.ly/2nnr0K3. “Fabio Lobo condenado a 24 años de cárcel”, VOA, 5 de septiembre de 2017.Hide Footnote . El expresidente nacionalista Porfirio Lobo siempre ha negado estas acusaciones^[fn]“Pepe Lobo niega vínculos con Los Cachiros: “Un asesino, un sicario, quiere poner en duda mi testimonio de vida”, El Heraldo, 24 de mayo de 2019.Hide Footnote .

El escándalo más reciente e incendiario se refiere a las acusaciones contra el presidente Hernández de haber recibido dinero del narcotráfico para consolidar su poder político. En noviembre de 2018, su hermano Juan Antonio fue detenido en EE. UU. y acusado de narcotráfico^[fn]“US charges Honduran president’s brother with drug conspiracy”, AP News, 26 de noviembre de 2018.Hide Footnote . El 18 de octubre de 2019 fue declarado culpable de cuatro cargos, incluido el de narcotráfico, y la sentencia se dictará a principios de 2020, aunque sus abogados sostienen que es inocente y han anunciado que apelarán la decisión^[fn]Tony Hernández fue declarado culpable de traficar alrededor de 200 000 kilos de cocaína a EE. UU. entre 2004 y 2018. Los otros cargos estaban relacionados con delitos de armas y con mentir a funcionarios estadounidenses. Podría pasar el resto de su vida en prisión. “Honduran president's brother guilty of drug smuggling”, BBC, 18 de octubre de 2019.Hide Footnote . En documentos judiciales, los fiscales estadounidenses alegaron que la campaña de Hernández de 2013 recibió $1,5 millones de dólares en financiamiento procedente del narcotráfico. Los fiscales y los testigos del juicio, en su mayoría narcotraficantes condenados que están colaborando con las autoridades estadounidenses, incluso alegaron que en plenas elecciones presidenciales de 2013, el ahora condenado capo del narcotráfico mexicano “El Chapo” entregó a Juan Antonio $1 millón de dólares para el presidente como pago por proteger a sus socios de negocios – incluidos los hermanos Valle y Alexander Ardón, el alcalde de la ciudad de El Paraíso^[fn]“‘El Chapo gave $1 million to Honduras leader’s brother, prosecutor says”, Los Angeles Times, 2 de octubre de 2019.Hide Footnote . Hernández ha negado rotundamente estas acusaciones, cuestionado la integridad de la acusación, y argumentado que se trata de una venganza de los carteles por sus duras políticas de seguridad, en colaboración con los partidos opositores en busca de ventajas políticas^[fn]“Presidente Hernández: ‘Mel, Nasralla y Luis Zelaya deben renunciar a ser voceros del narcotráfico’”, Televisión Nacional de Honduras, 6 de agosto de 2019. “Honduran president hobbled after being implicated in brother’s bribery conviction”, Reuters, 19 de octubre de 2019.Hide Footnote .

En este contexto, los fiscales hondureños y la MACCIH han colaborado estrechamente. Han adelantado unas trece investigaciones contra criminales de alto nivel, y han logrado la condena de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo, por fraude y apropiación indebida. (Bonilla se declaró inocente y sus abogados apelaron la decisión ante la Corte Suprema el 8 de octubre)^[fn]“Honduras ex-first lady bought jewellery with public funds”, BBC News, 5 de septiembre de 2019.Hide Footnote . En mayo de 2019, la MACCIH presentó cargos contra doce personas en un caso de lavado de dinero relacionado con fondos procedentes del narcotráfico^[fn]“Equipo UFECIC-MP/MACCIH-OEA presenta duodécimo caso de investigación penal integrada, denominado: ‘Narcopolítica’”, Comunicado de prensa de la OEA, 24 de mayo de 2019.Hide Footnote . Si bien no ha sido formalmente incluido en la lista, Lobo fue mencionado en el caso porque nombró a algunos de los acusados como directores de instituciones de infraestructura pública y les otorgó contratos multimillonarios. Posteriormente, Lobo acusó al jefe de la misión por difamación y presentó una denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos^[fn]“Pepe Lobo denuncia al vocero de la MACCIH ante el CONADEH”, Criterio, 4 de junio de 2019.Hide Footnote .

La misión ha ayudado a liderar la selección de un grupo de jueces anticorrupción dentro del poder judicial hondureño, la creación de una unidad especializada en el Ministerio Público para investigar casos de alto impacto, y el establecimiento de un observatorio civil de la justicia penal^[fn]La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) es el principal aliado de la MACCIH en el sistema judicial hondureño. Para más información sobre los logros y desafíos de la MACCIH, véase “Avances y Desafíos: Informe sobre los primeros dos años de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)”, CLALS Working Paper n. 18, junio de 2018.Hide Footnote . Asimismo, la MACCIH ha propuesto legislación que reforzaría las facultades de investigación del poder judicial. Un ejemplo de ello es la Ley de Colaboración Eficaz, que anima a los supuestos delincuentes a colaborar con las investigaciones y enjuiciamientos a cambio de sentencias más leves. La MACCIH presentó el primer proyecto de ley en 2017 y el más reciente en febrero de 2019, pero el Congreso ha encontrado la forma de demorar repetidamente la aprobación de la ley y muestra escaso interés en su promulgación^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, Pro Honduras Network, 17 de julio de 2019.Hide Footnote . Por otro lado, el Congreso recientemente aprobó una ley que restituye la inmunidad penal a todos los parlamentarios en relación a sus actividades legislativas^[fn]“Diputados hondureños aprueban la inmunidad parlamentaria”, La Prensa, 16 de octubre de 2019.Hide Footnote .

Más allá de ciertos logros, las unidades fiscales hondureñas que luchan contra el crimen y la corrupción aún enfrentan importantes desafíos. Uno de ellos es la falta de personal y recursos; algunos fiscales manejan entre 200 y 300 casos acumulados^[fn]Entrevista de Crisis Group, líder de la sociedad civil, Tegucigalpa, 7 de marzo de 2019. Entrevista telefónica de Crisis Group, Pro Honduras Network, 17 de julio de 2019.Hide Footnote . Otro es que las tensiones entre la sede central de la OEA y los funcionarios de la MACCIH en Tegucigalpa en torno a la gestión de la misión inicialmente dificultaron sus operaciones, aunque últimamente esto ha sido menos problemático^[fn]Las tensiones dentro de la comisión y entre su vocero, el ex primer ministro peruano Juan Jiménez Mayor y el secretario general de la OEA Luis Almagro, supuestamente provocaron la renuncia del primero en febrero de 2018. Desde entonces, la misión ha adoptado un perfil más bajo y ha realizado numerosas investigaciones bajo el liderazgo del fiscal brasileño Luiz Antonio Guimarães, quien fue su jefe hasta junio de 2019. Entrevistas de Crisis Group, diplomáticos, Tegucigalpa, febrero-marzo de 2018; representantes de la MACCIH, Tegucigalpa, 5 de marzo de 2019.Hide Footnote . Un desafío más es que, como era de esperar, los esfuerzos de la misión han provocado la hostilidad de ciertos sectores. El Congreso reaccionó con indignación después de que la misión iniciara una investigación sobre si más de 60 legisladores habían utilizado indebidamente fondos públicos asignados a ONGs locales en varias ocasiones^[fn]En respuesta, el Congreso aprobó un proyecto de ley en febrero de 2018 para restringir las facultades de investigación de la Fiscalía General. “La red de diputados corruptos en Honduras podría ser de 140 y no 60”, El País, 5 de febrero de 2018.Hide Footnote . Un grupo de legisladores también buscó un fallo de la Corte Suprema que dictara la inconstitucionalidad de la MACCIH. En mayo de 2018, la corte dictaminó que la misión era legal, pero cuestionó la constitucionalidad de la unidad especializada en la lucha contra la corrupción formada bajo sus auspicios^[fn]“Fallo de corte en Honduras puede minar organismo anticorrupción”, Insight Crime, 4 de junio de 2018.Hide Footnote .

Con el fin de su mandato previsto para principios de 2020, la MACCIH enfrenta un futuro incierto. El gobierno hondureño ha solicitado a la OEA que le proporcione una evaluación del desempeño de la MACCIH antes de tomar cualquier decisión, mientras que, en paralelo, ha propuesto la creación de un Observatorio Nacional Anticorrupción. Algunos representantes de la sociedad civil temen que esta iniciativa pueda estar destinada a desmantelar la MACCIH y remplazarla con un organismo más débil^[fn]Se supone que el observatorio se pondría en marcha en 2020, coincidiendo con el final del mandato de la MACCIH. Entrevista telefónica de Crisis Group, Pro Honduras Network, 17 de julio de 2019. “Honduras allana camino para crear Observatorio Nacional Anticorrupción”, La Tribuna, 11 de julio de 2019.Hide Footnote . Las actuales investigaciones vinculadas a miembros del Partido Nacional podrían disuadir al presidente Hernández de prorrogar su mandato, o convencerle de proponer al Congreso un proyecto de ley para reformar los objetivos de la misión (disminuyendo su capacidad de investigación y volviéndola menos amenazadora para las élites políticas) como condición para prorrogar su mandato^[fn]“Canciller hondureño solicita evaluar funcionamiento de la MACCIH”, La Prensa, 23 de julio de 2019.Hide Footnote .

Pese a sus reservas, los legisladores hondureños deberían redoblar los esfuerzos para luchar contra la corrupción, reconociendo que una opinión pública indignada está exigiendo avances, y que la negativa a responder podría tener consecuencias para la estabilidad del país (véase a continuación). Deberían aprobar la Ley de Colaboración Eficaz y asignar más recursos a las unidades judiciales nacionales anticorrupción, además de garantizar un nuevo mandato a la MACCIH sin debilitar sus facultades. EE. UU., que en los últimos años ha apoyado fuertemente a la MACCIH, debería aprovechar su considerable influencia sobre el gobierno hondureño para instar al gobierno de Honduras a que tome estas medidas.

Este contexto de intensa polarización política, escándalos de corrupción y criminales vinculados con altos funcionarios e instituciones públicas hondureñas han alimentado un descontento generalizado con las autoridades que ha estallado en manifestaciones masivas y violencia. Una encuesta publicada en abril de 2019 por un grupo de información hondureño registró tasas extremadamente bajas de aprobación de los políticos y funcionarios públicos: entre los encuestados, los partidos Nacional, Liberal y Libre tenían tasas de aprobación de entre el 15 y el 17,6 por ciento, y más del 80 por ciento desconfiaban de la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Electoral o el Congreso^[fn]“Sondeo de opinión pública 2018”, ERIC-SJ, abril de 2019.Hide Footnote . La tasa de aprobación del presidente Hernández ha caído al 38 por ciento, comparado con el 61 por ciento en 2017^[fn]“CID-Gallup: paz social es lo que más desean los hondureños”, La Prensa, 24 de septiembre de 2019.Hide Footnote . El eslogan “Fuera JOH” es una consigna habitual entre los opositores a su administración, pero además representa una frustración más profunda con la política en Honduras. Se trata, en palabras de un académico, de “un grito contra la corrupción, la impunidad, la inseguridad y todo lo que representa la política [hondureña]”^[fn]Entrevista de Crisis Group, académico, 21 de febrero de 2018.Hide Footnote .

La crisis postelectoral de 2017 demostró el alcance de la insatisfacción popular y puede haber marcado un punto de inflexión. La sensación de muchos hondureños de que las elecciones habían sido fraudulentas derivó en parte de la forma en la que surgieron los resultados. El Tribunal Supremo Electoral demoró varias horas el anuncio del primer conteo, en el cual el gobernante Partido Nacional estaba perdiendo por un pequeño margen. Pero la suerte de los candidatos cambió durante el conteo realizado durante la semana, y las autoridades electorales declararon la victoria de Hernández^[fn]Las inquietudes en torno a la influencia del Partido Nacional sobre el Tribunal Supremo Electoral, así como el fallo de 2015 de la Corte Suprema sobre la reelección alimentaron la controversia. El informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA fue muy crítico, y el secretario general Luis Almagro publicó un tuit el 17 de diciembre en el que exigía unas nuevas elecciones. No obstante, ni la UE, ni la OEA, ni la ONU hallaron evidencias de fraude, aunque la OEA sí cuestionó la integridad del proceso electoral. Entrevistas de Crisis Group, diplomáticos y legislador nacionalista, diciembre de 2017-abril de 2018. “Honduras Final Report General Elections 2017”, EU-EOM, 6 de marzo de 2018. “Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras”, 4 de diciembre de 2017. “TSE declara a Juan Orlando Hernández ganador de las elecciones en Honduras”, La Prensa, 18 de diciembre de 2017.Hide Footnote . La oposición proclamó que había habido fraude y convocó barricadas y protestas para protestar contra los resultados^[fn]Entrevistas de Crisis Group, observador electoral y miembros de Libre, Tegucigalpa y San Pedro Sula, diciembre de 2017-abril de 2018.Hide Footnote . La mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, pero algunas terminaron en enfrentamientos entre los manifestantes y la policía militar, así como saqueos y otros actos criminales. El gobierno, sacudido por la agitación, declaró un toque de queda de diez días^[fn]“¿Mienten las cifras oficiales?”, op. cit.Hide Footnote . Para mediados de enero de 2018, la violencia había dejado un saldo de 23 muertos y 1351 encarcelados. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos posteriormente denunció numerosas violaciones de los derechos humanos supuestamente cometidas por las fuerzas de seguridad^[fn]Entrevistas de Crisis Group, consultor del ACNUDH, abril de 2018. “Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras”, Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 12 de marzo de 2018, pp. 2-4.Hide Footnote .

Los disturbios se volvieron más frecuentes a partir de 2017. Como se señaló anteriormente, otra crisis estalló en abril de 2019 después de que el Congreso aprobara polémicas reformas a los sistemas de salud y educación, las cuales los trabajadores de dichos sectores temían que pudieran derivar en privatización y despidos masivos^[fn]“Honduras Congress stalls reforms after violent protests”, Reuters, 30 de abril de 2019.Hide Footnote . El esfuerzo del presidente Hernández para disminuir las tensiones demostró ser ineficaz. Pese al llamado del presidente a un diálogo nacional con los gremios de esos sectores y finalmente el retiro de los proyectos de ley a principios de junio, las protestas y huelgas siguieron durante meses, con algunas manifestaciones de tal magnitud que paralizaron las principales vías de transporte^[fn]“La represión fomenta la inestabilidad”, op. cit.Hide Footnote . El movimiento de protesta recibió otro impulso en mayo, cuando el gobierno publicó un nuevo código penal que penaliza la crítica pública contra los funcionarios, lo que provocó el temor de que las autoridades pudieran usar la ley para reprimir la expresión política y la libertad de asociación^[fn]Está previsto que el código entre en vigor en noviembre, y sigue siendo polémico en el país. El gobierno ha acordado enmendarlo en principio, pero aún no ha logrado avances significativos. “Estancada ha quedado la socialización de Código Penal de Honduras”, El Heraldo, 19 de julio de 2019.Hide Footnote . Como resultado se intensificaron los llamados a la renuncia de Hernández. Ante la creciente violencia de las protestas, Hernández desplegó al ejército por todo el país el 20 de junio. Entre abril y junio, los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad dejaron al menos seis muertos y 80 heridos^[fn]“Honduras: Exercising the right to protest has a high cost for those who dare take to the streets”, Amnesty International, 5 de julio de 2019.Hide Footnote .

Los alegatos sobre los vínculos de Hernández con redes del narcotráfico son otro de los motores de los disturbios actuales. Las acusaciones difundidas en agosto de 2019 de que en 2013 la campaña presidencial de Hernández se había beneficiado de fondos procedentes del narcotráfico provocó otra oleada de protestas, con nuevos pedidos de renuncia^[fn]“Thousands protest against Honduran president after drug link surfaces”, Reuters, 6 de agosto de 2019.Hide Footnote . Incluso antes de la condena del hermano de Hernández, líderes opositores como Manuel Zelaya, Luis Zelaya y Salvador Nasralla habían redoblado sus llamados a la renuncia del presidente y la celebración de unas nuevas elecciones. Los dos últimos pidieron conjuntamente una “insurrección” popular que comenzara el 9 de octubre, mientras que el primero (cuya capacidad de movilización es mayor) sugirió esperar hasta que finalizara el juicio^[fn]“Salvador Nasralla y Luis Zelaya llaman a la “insurrección” para sacar a JOH”, El Heraldo, 7 de octubre de 2019. “Hay que sacar a JOH y adelantar elecciones: Mel Zelaya”, Criterio, 7 de octubre de 2019.Hide Footnote . Después de que el jurado estadounidense declarara al hermano del presidente culpable, Manuel Zelaya aunó fuerzas con Nasralla y Luis Zelaya, y llamó a sus simpatizantes a protestar hasta que el presidente renunciara^[fn]“Manuel Zelaya, Salvador Nasralla y Luis Zelaya acuerdan crear una coalición”, La Prensa, 19 de octubre de 2019. “Hondureños salen a las calles para pedir la renuncia de su presidente”, El Periódico, 10 de octubre de 2019.Hide Footnote . Antes de alentar las protestas, los diputados de Libre anunciaron el 9 de octubre que buscarían el juicio político de Hernández, pero eso requeriría el apoyo de tres cuartas partes del Congreso, controlado por los nacionalistas, para iniciar las investigaciones, un apoyo con el que Libre no cuenta^[fn]“Libre buscará juicio político contra Juan Orlando Hernández”, El Heraldo, 9 de octubre de 2019. “Tomás Zambrano a Libre: “Propuesta de Juicio Político nunca pasará””, Proceso Digital, 9 de octubre de 2019.Hide Footnote .

El creciente tumulto ha tenido un costo para el presidente Hernández, tanto a nivel doméstico como internacional, poniendo en tela de juicio su reputación anterior de “hombre al mando” en círculos diplomáticos y otros. Hernández ha enfrentado cada vez más críticas de algunos de sus aliados tradicionales dentro de la Iglesia Católica, el sector privado, las fuerzas de seguridad y, en menor medida, el gobierno de EE. UU.^[fn]“La represión fomenta la inestabilidad”, op. cit.Hide Footnote  Si bien los nacionalistas en el Congreso por lo general han mantenido su apoyo al presidente, también han surgido fricciones con su propio partido: el 16 de julio el vicepresidente Ricardo Álvarez sugirió que la nueva ronda de elecciones presidenciales, prevista para 2021, se adelantara a 2020^[fn]“Ricardo Álvarez: ‘Recomiendo adelantar las elecciones para noviembre de 2020’”, Tiempo Digital, 16 de julio de 2019.Hide Footnote . La propuesta aún no ha ganado terreno dentro del Partido Nacional, que hasta ahora ha mantenido su apoyo al presidente incluso tras el veredicto del juicio contra su hermano.

El gobierno de EE. UU. sigue teniendo una enorme influencia en la administración de Hernández. “Si el embajador de EE. UU. simplemente publica un tuit crítico, eso tiene diez veces más impacto que si todos los [demás] embajadores condenan públicamente [al gobierno]”, explicó un diplomático^[fn]Entrevista de Crisis Group, diplomático, Tegucigalpa, 22 de febrero de 2017.Hide Footnote . Pero Washington ha emitido señales contradictorias acerca del alcance de su apoyo en los últimos años. Por un lado, a finales de 2017, mientras las fuerzas de seguridad hondureñas se enfrentaban a las manifestaciones contra el gobierno, el Departamento de Estado de EE. UU. certificaba los esfuerzos de Honduras en materia de derechos humanos y su lucha contra la corrupción, autorizando así la ayuda al país^[fn]“Exclusive: U.S. document certifies Honduras as supporting rights amid vote crisis”, Reuters, 4 de diciembre de 2017.Hide Footnote . Pero en 2019, Washington osciló entre un tono por lo general favorable, duras críticas contra Tegucigalpa por no estar haciendo lo suficiente para frenar la migración y –después de que los enfrentamientos entre manifestantes y la policía se tornaran letales en la primavera de 2019– llamados a convocar un diálogo y hacer rendir cuentas a los responsables de la violencia^[fn]“Declaración de la Embajada de EE. UU. en Honduras”, Embajada de EE. UU. en Honduras, 25 de junio de 2019. Sin embargo, en un tuit del 5 de agosto, el encargado de negocios interino Lawrence J. Gumbiner reiteró su apoyo a Hernández incluso después de que se hicieran públicos los expedientes de los fiscales en su contra. Véase el tuit en: https://bit.ly/2ZJBabo.Hide Footnote .

En Washington, a los funcionarios del Congreso les preocupa que EE. UU. no esté en la posición ideal para apoyar la estabilidad en Honduras, ya que el Departamento de Estado tiende a tratar a Tegucigalpa (donde el puesto de embajador actualmente se encuentra vacante) como un “lugar remoto y aislado”. Un funcionario dijo, “Necesitamos que vaya allí nuestro personal de mayor rango, el más dotado […] porque estas relaciones son de las más importantes en cuanto al impacto cotidiano en EE. UU. Las tratamos como si no importaran, pero sí importan”^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario del Congreso de EE. UU., Washington, D.C., septiembre de 2019. Véase también “Rubio Blocks Trump’s Honduras Envoy”, Foreign Policy, 6 de febrero de 2019. “The United States needs a career ambassador in Honduras”, The Hill, 19 de febrero de 2019.Hide Footnote .

En medio del caos postelectoral de 2017, varios organismos nacionales y potencias internacionales buscaron calmar las tensiones en Honduras. Con su líder debilitado y su prestigio internacional manchado, en diciembre de 2017 el Partido Nacional anunció su voluntad de participar en un “diálogo nacional” con sus opositores, y a principios de 2018 solicitó el apoyo técnico del secretario general de la ONU^[fn]Entrevistas de Crisis Group, Tegucigalpa, febrero-marzo de 2018.Hide Footnote . El coordinador local de la ONU, Igor Garafulic, lideró la iniciativa y decidió seguir adelante pese a que una misión exploratoria de la ONU había concluido en febrero de 2018 que “no había condiciones ni incentivos” para el diálogo^[fn]Garafulic justificó esto debido a la “necesidad de reducir las tensiones”. Entrevistas de Crisis Group, funcionarios de la ONU y diplomático, Tegucigalpa, 6 de diciembre de 2018 y 6 de marzo de 2019. “ONU recomienda a Honduras una serie de medidas para establecer un diálogo nacional”, Noticias ONU, 23 de febrero de 2018.Hide Footnote .

Con el apoyo de la embajada española, la ONU puso en marcha el diálogo en agosto de 2018, tras seis meses de “prediálogo”, destinado a alcanzar acuerdos entre los tres principales partidos del país^[fn]Las discusiones se centraron en la crisis electoral de 2017 y la reelección presidencial; derechos humanos; reforma constitucional y fortalecimiento del Estado; y reformas electorales. Entrevistas de Crisis Group, diplomáticos y funcionarios de la ONU, febrero-diciembre de 2018 y marzo de 2019. “Se inicia el Diálogo Político Nacional en Honduras con la colaboración de la ONU”, Noticias ONU, 28 de agosto de 2018.Hide Footnote . El proceso finalizó en diciembre de 2018 sin acuerdo, pero con 169 puntos de entendimiento no-vinculantes en torno a la rendición de cuentas, la reforma electoral y los derechos humanos, que fueron referidos al Congreso para su debate y aprobación^[fn]“Diálogo político: 169 acuerdos serán enviados al Congreso Nacional”, La Prensa, 12 de diciembre de 2018.Hide Footnote .

Incluso con estos puntos de consenso, el diálogo fue, a lo sumo, un éxito relativo con participación parcial. La oposición estuvo representada por Luis Zelaya, al frente de una facción de los divididos liberales, y Salvador Nasralla, un político independiente sin experiencia de negociación^[fn]Entrevista de Crisis Group, diplomático, Tegucigalpa, 5 de diciembre de 2018.Hide Footnote . Libre, el principal opositor, no asistió a una sola discusión y se negó a participar a pesar de varias invitaciones de la ONU, argumentando que el diálogo era un “truco” de Hernández para ganar tiempo mientras consolidaba su poder^[fn]Entrevistas de Crisis Group, miembros de Libre y funcionarios de la ONU, febrero de 2018.Hide Footnote . El Partido Nacional participó, pero criticó el proceso e insistió en que cualquier esfuerzo por mejorar la transparencia y la rendición de cuentas permanecería bajo su control^[fn]El 19 de marzo de 2018, el representante del gobierno en el diálogo Ebal Díaz publicó en Twitter: “[Nuestra] postura es que la mesa de diálogo no puede dar órdenes al Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, o ninguna otra institución”. Entrevistas de Crisis Group, diplomáticos, Tegucigalpa, febrero-diciembre de 2018.
 Hide Footnote . El jefe nacionalista del Congreso, Mauricio Oliva, supuestamente intentó socavar el diálogo invitando a la OEA a iniciar un estudio paralelo sobre las reformas electorales en septiembre de 2018^[fn]En julio de 2019, la OEA presentó sus propuestas de reforma a los partidos, excepto Libre, que no participó en la reunión como parte de su “insurrección legislativa”. La “insurrección” se remonta a mayo de 2019, cuando varios diputados de Libre en el Congreso dieron apoyo simbólico a las protestas callejeras que estaban teniendo lugar en aquel momento mediante acciones como la quema de la constitución y el lanzamiento de petardos durante las votaciones. Entrevistas de Crisis Group, diplomáticos y analistas, Tegucigalpa, 5-7 de diciembre de 2018. “OEA dará asesoría al Congreso para la reforma electoral en Honduras”, El Heraldo, 24 de septiembre de 2018. “Bancadas, a excepción de Libre, reciben documento entregado por OEA sobre reformas electorales”, Proceso Digital, 16 de julio de 2019.Hide Footnote . Los participantes tampoco quisieron o pudieron alcanzar un consenso sobre ciertas cuestiones clave, como si los presidentes pueden servir varios mandatos y si las elecciones presidenciales deberían incluir dos rondas de votaciones^[fn]Entrevistas de Crisis Group, representantes del Partido Nacional y diplomáticos, Tegucigalpa, 7 de marzo de 2019.
 Hide Footnote .

A pesar de sus fracasos, el diálogo ha sido un punto positivo en medio de un clima político cargado. En palabras de un líder de la sociedad civil, en cierta medida funcionó como un “mecanismo de descompresión” política, aunque no ha sido capaz de revertir la polarización que divide al país^[fn]Entrevista de Crisis Group, líder de la sociedad civil, Tegucigalpa, 7 de marzo de 2019.Hide Footnote . Demostró que los partidos políticos pueden llegar a un acuerdo sobre al menos algunos asuntos sensibles, y generó un interés político en las iniciativas de reforma^[fn]Algunos analistas han argumentado que el presidente Hernández, debilitado, ha transferido el poder al jefe del Congreso Mauricio Oliva, quien, a pesar de sus dudas iniciales, lideró los esfuerzos de los nacionalistas para alcanzar acuerdos con los liberales y el Partido Libre en el Congreso. Entrevista de Crisis Group, analistas políticos, Tegucigalpa, 4-7 de marzo de 2019.Hide Footnote .

Además, el diálogo produjo algunos resultados potencialmente significativos en torno a la reforma electoral. Para principios de 2019, legisladores de los partidos Liberal, Nacional y Libre habían acordado –conforme a las recomendaciones del diálogo– reformar el Tribunal Supremo Electoral, remplazándolo con dos nuevos organismos y (con el apoyo de la Unión Europea) digitalizar el sistema de identificación personal, ambas medidas destinadas a mejorar la integridad del sistema electoral^[fn]El motivo de la reforma es devolver la credibilidad a las instituciones electorales y prevenir futuras crisis postelectorales. El Tribunal Supremo Electoral será sustituido por dos nuevos organismos: el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Estos dos organismos se encargarán respectivamente de supervisar la gestión de los ciclos electorales y solucionar las controversias relacionadas con las elecciones. Entrevistas de Crisis Group, diplomático y analista político, Tegucigalpa, 4-6 de marzo de 2019.Hide Footnote . A mediados de septiembre, el Congreso nombró a los miembros de los nuevos organismos, distribuyendo los puestos de manera uniforme entre los representantes de los principales partidos del país^[fn]“Juramentos en el legislativo: asumen funcionarios del CNE, TJE y RNP”, La Prensa, 10 de septiembre de 2019.Hide Footnote .

Los legisladores hondureños ahora deberían trabajar para aprobar las reformas electorales acordadas en el proceso de diálogo nacional. Si bien Hernández está llegando a la mitad de su mandato, los partidos políticos ya están empezando a centrarse en las elecciones primarias. Estas pronto comenzarán a ocupar la atención de los legisladores y paralizar el ya de por sí frágil proceso legislativo^[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro de Libre, Tegucigalpa, 5 de marzo de 2019.Hide Footnote . Por su parte, la oposición debería además redoblar los esfuerzos por promulgar reformas electorales en lugar de insistir en que Hernández renuncie de inmediato, lo que podría forzar unas elecciones anticipadas. Unas elecciones adelantadas, realizadas a falta de una clara legislación reguladora de los nuevos órganos electorales y con un proceso de reforma incompleto probablemente no puedan prevenir disputas electorales como las que provocaron el caos postelectoral de 2017. Los aliados internacionales deberían además insistir en la importancia de implementar reformas electorales fundamentales –especialmente la digitalización del registro de votantes– para evitar nuevos disturbios tras unas futuras elecciones.

En términos generales, el gobierno y la oposición deberían aprovechar el diálogo del año pasado para aliviar las tensiones actuales y prevenir nuevos enfrentamientos violentos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. El gobierno debería participar en un diálogo sustantivo con los profesionales de la salud y la educación sobre cómo mejorar sus condiciones de trabajo. Además debería retrasar la entrada en vigor del nuevo código penal, seguir debatiendo sus contenidos con las partes interesadas, incluidas asociaciones de prensa, medios informativos, el sector privado, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción, y mostrarse dispuesto a rescindir aquellas partes del código que pudieran criminalizar la crítica y facilitar la corrupción y la impunidad^[fn]Estas incluyen la creación del “delito contra el honor” contra quienes expresen opiniones críticas o la reducción de las sentencias por ciertos delitos como el narcotráfico. “Nuevo Código Penal de Honduras: violación de libertades e impunidad, según organizaciones”, El Nuevo Herald, 3 de agosto de 2019.Hide Footnote . Por su parte, la oposición debería abstenerse de incitar a la población a organizar una “insurrección” y hacer un esfuerzo para que las protestas sigan siendo pacíficas.

Honduras ha apuntado a una combinación de mano dura en la política de seguridad y extradiciones para desmantelar los carteles de la droga y reducir las tasas de homicidios, pero la sostenibilidad de este enfoque es dudosa. La tendencia al descenso de la tasa de homicidios se ha revertido recientemente, mientras que la percepción de inseguridad de la población ha empeorado, lo que ha llevado a un gran número de civiles, muchos de los cuales sienten que están viviendo bajo el control de facto de grupos criminales, a huir.

La floreciente economía ilícita de Honduras tiene sus raíces, entre otras cosas, en la ubicación geográfica del país en las rutas del narcotráfico desde el sur hacia el norte de América, la debilidad de sus instituciones y sus insuficientes medidas de seguridad. Estos antiguos problemas se agravaron tras el golpe de 2009.

Los grupos de narcotraficantes, presentes en Honduras desde el apogeo del capo del narcotráfico Pablo Escobar en los años 80, explotaron la inestabilidad creada por el golpe para consolidar su presencia territorial^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, Pro Honduras Network, 17 de julio de 2019. “Honduras and Venezuela: coup and cocaine air bridge”, Insight Crime, 23 de mayo de 2018.Hide Footnote . Con el apoyo de los carteles mexicanos, los principales clanes de contrabando del país –Los Valle y Los Cachiros– establecieron el control sobre la frontera entre Honduras y Guatemala y la costa norte del Caribe respectivamente, habiendo cultivado su influencia política y el apoyo popular en dichas regiones^[fn]Estos grupos se convirtieron en una de las principales fuentes de empleo en muchas áreas rurales de Honduras y supuestamente negociaban las operaciones de narcotráfico con las autoridades locales y nacionales. Entrevista telefónica de Crisis Group, criminólogo, mayo de 2018. “The rise and fall of Los Cachiros cartel”, Revista Envío, marzo de 2015.
 Hide Footnote . El quiebre del sistema democrático, sus efectos corrosivos sobre las instituciones políticas y judiciales y el despliegue masivo de las fuerzas de seguridad para contener el malestar social que siguió al golpe –lo cual desvió la atención de dichas fuerzas del control de las actividades ilícitas– fomentaron la expansión de los carteles^[fn]Otros carteles menores se beneficiaron de la situación y expandieron sus actividades, incluso el Cartel del Atlántico, el Cartel del Valle de Sula, el Cartel del Sur, y el Cartel de Olancho. “Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean”, UNODC, septiembre de 2012, p. 44.Hide Footnote . Una evaluación anual realizada por EE. UU. de las actividades relacionadas con el narcotráfico identificó 75 vuelos que supuestamente habrían transportado cocaína a Honduras desde Venezuela en 2010, comparado con 54 en 2009 y 31 en 2008^[fn]“2011 International Narcotics Control Strategy Report”, Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EE. UU., Vol. I: Drug and Chemical Control, marzo de 2011.Hide Footnote .

Las disputas en torno a las rutas del narcotráfico pronto se tornaron violentas. En 2012, los principales grupos comenzaron un periodo de sangrientas batallas por el territorio. Las ciudades de San Pedro Sula y La Ceiba, consideradas estratégicas debido a su proximidad a las rutas del narcotráfico, registraron tasas de homicidio de 173 y 157 por cada 100 000 habitantes respectivamente en 2012 (un aumento del 41 por ciento desde 2009 en San Pedro Sula y del 35 por ciento en La Ceiba)^[fn]“Boletín Nacional Enero a Diciembre 2012 – Ed. No. 28”, Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras, enero de 2013.Hide Footnote . Incluso ahora, algunos de los municipios más violentos de Honduras están situados a lo largo de los principales corredores del narcotráfico del país^[fn]“Crimen en Honduras: un producto de la geografía”, El Pulso, 20 de junio de 2019.Hide Footnote .

Desde 2012, las autoridades han hecho un marcado esfuerzo por desmantelar los principales carteles de narcotraficantes de Honduras. Han capturado y extraditado a muchos de los líderes de los carteles para ser enjuiciados en EE. UU., lo que ha llevado a otros a entregarse a las autoridades estadounidenses. Pero si bien esto ha logrado en gran medida desmantelar los carteles, la actividad criminal relacionada con la droga no se ha reducido de forma significativa, e incluso (según las autoridades estadounidenses) se ha visto “revitalizada” en los últimos años^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, Pro Honduras Network, 17 de julio de 2019. “Carteles de Honduras reacomodan mando”, Proceso Digital, 31 de marzo de 2019.Hide Footnote . Según estimaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA), en 2017 hasta un 84 por ciento de la cocaína que llegó a su territorio pasó por la región del “Pacífico Oriental”, que incluye a Honduras como uno de los principales focos en Centroamérica; esta cifra representa un aumento frente al 76 por ciento en 2015^[fn]“2018 National Drug Threat Assessment”, Departamento de Justicia de EE. UU. – Administración para el Control de Drogas, octubre de 2018, p. 51.Hide Footnote . Las autoridades estadounidenses mantienen que las organizaciones narcotraficantes han “comenzado a transportar drogas en menores cantidades para evitar ser detectadas e interceptadas por las autoridades hondureñas”^[fn]“2019 International Narcotics Control Strategy Report”, Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EE. UU., Vol. I: Drug and Chemical Control, marzo de 2019.Hide Footnote .

Más allá de la cooperación en materia de extradición, EE. UU. ha proporcionado ayuda antinarcóticos en forma de entrenamiento, tecnología y equipamiento a las fuerzas de seguridad hondureñas. En ocasiones ha ido más lejos. Una serie de misiones de interdicción conducidas por la DEA en asociación con las autoridades hondureñas en 2012 resultaron en la muerte y lesiones de civiles inocentes. El caso más destacado fue una operación conducida por la DEA y agentes policiales hondureños en mayo de 2012 en el este de Honduras que dejó cuatro muertos, entre ellos dos mujeres y un joven de catorce años^[fn]“A Special Joint Review of Post-Incident Responses by the Department of State and DEA”, mayo de 2017.Hide Footnote .

Las bandas criminales también han prosperado en Honduras: en algún momento se estimó que el número de miembros de pandillas era el más elevado de la región, aunque El Salvador parece haber superado esta cifra desde entonces^[fn]Las estimaciones sobre el número de pandilleros en Honduras varían considerablemente y por lo general están basadas en información desactualizada. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras estimó que en 2012 había unos 12 000 miembros de pandillas en Honduras, comparado con 36 000 en 2007, pero las autoridades policiales hondureñas redujeron la cifra a unos 5000 a finales de 2018. En El Salvador actualmente hay unos 60 000 miembros de pandillas según las autoridades policiales. Véase “Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean”, op. cit., p. 29. “The Problem with Counting Gang Members in Honduras”, Insight Crime, 17 de febrero de 2016. Véase también Joana Mateo, “Street Gangs of Honduras”, en Thomas Bruneau, Lucía Dammert y Elizabeth Skinner (eds.), Maras. Gang Violence and Security in Central America (Austin, 2011). Informe de Crisis Group sobre América Latina N°64, Política y violencia perpetua en El Salvador, 19 de diciembre de 2017. “Miembros de maras y pandillas se reducen de 25,000 a 5,000”, El Heraldo, 24 de diciembre de 2018.Hide Footnote . Si bien se ha denunciado la presencia de pandillas en Honduras desde los años 70, los principales grupos se fueron arraigando en la década del 2000 tras la deportación masiva de delincuentes convictos de EE. UU. a Centroamérica^[fn]Véase, por ejemplo, “Street Gangs of Honduras”, op. cit.; “Gangs in Honduras”, Insight Crime y la Asociación Para una Sociedad Más Justa, 21 de abril de 2016; y “Maras y violencia. Estado del arte de las maras y pandillas en Honduras”, Friedricht-Ebert-Stiftung, 1 de noviembre de 2016.Hide Footnote . Las elevadas tasas de pobreza urbana, la ruptura de las unidades familiares provocada por la migración masiva a EE. UU., y un Estado de derecho débil y minado por la corrupción abonaron el terreno para la expansión de las pandillas en Honduras^[fn]“Street Gangs of Honduras”, op. cit.Hide Footnote . Grupos como la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Barrio 18 han proliferado a lo largo de las últimas dos décadas y son considerados en gran medida responsables de la astronómica tasa de homicidios de Honduras^[fn]“2018 International Narcotics Control Strategy Report”, Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EE. UU., Vol. I: Drug and Chemical Control, 17 de marzo de 2018, p. 184.Hide Footnote .

Una de las diferencias entre los dos grupos es que la Barrio 18 a menudo es asociada con redes de extorsión, mientras que la MS-13 supuestamente está más involucrada con el menudeo de drogas^[fn]“Gangs in Honduras”, op. cit.Hide Footnote . Ambas actividades generan elevados niveles de violencia en la lucha por el control territorial^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, experto en seguridad, 30 de abril de 2019.Hide Footnote . Entrevistas con autoridades locales en San Pedro Sula indican que, desde su perspectiva, la MS-13 parece usar la violencia armada de forma más moderada y selectiva, principalmente para mantener el control sobre actividades ilícitas y ampliar su alcance territorial. “Con estos tipos [los miembros de la MS-13], al menos se puede hablar”, dijo un veterano político^[fn]Entrevistas de Crisis Group, San Pedro Sula, 22-23 de marzo de 2018.Hide Footnote . Por su parte, la pandilla Barrio 18 parece más proclive a la violencia para intimidar a las comunidades bajo su dominio, ya sea en Honduras o en otros lugares de Centroamérica^[fn]Entrevistas de Crisis Group, trabajador humanitario y experto en seguridad, Tegucigalpa, 6-7 de marzo de 2019. Entrevista de Crisis Group, alto funcionario del gobierno guatemalteco, 5 de diciembre de 2017.Hide Footnote . Sin embargo, un estudio realizado en 2016 no halló ninguna diferencia estadística entre el número de homicidios en zonas controladas por la MS-13 y Barrio 18^[fn]“Gangs in Honduras”, op. cit.Hide Footnote .

Las dos principales pandillas han logrado absorber a muchos grupos durante las últimas décadas, pero también han surgido otros para desafiarlas. Tal es el caso de Los Chirizos, que en sus inicios se enfrentaron a la MS-13 en el centro de Tegucigalpa^[fn]“Honduras: Los Chirizos, banda heredera del “gato negro”, La Prensa, 22 de abril de 2015.Hide Footnote . Muchas otras pandillas han surgido en los barrios más pobres de San Pedro Sula, como Los Vatos Locos, Los Tercereños, La Ponce y Los Olanchanos, quienes están en constante disputa territorial entre ellos y dependen en gran medida de la extorsión de negocios locales^[fn]“Barrio pobre, barrio bravo: la violenta historia de Rivera Hernández, Honduras”, Insight Crime, 9 de diciembre de 2015. Alberto Arce, Novato en nota roja. Corresponsal en Tegucigalpa (Madrid, 2015).Hide Footnote . Estos grupos a menudo se confunden con redes de extorsión – es decir, células criminales más tradicionales que manipulan el miedo a las pandillas para coaccionar a las pequeñas y medianas empresas. “Ni siquiera sabes quién te está extorsionando”, dijo un experto en seguridad^[fn]Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad, Tegucigalpa, 8 de marzo de 2019.Hide Footnote . Según una encuesta realizada en 2017 por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, más de 32 000 empresas tuvieron que cesar sus actividades debido a la extorsión en los seis años anteriores^[fn]“La extorsión continúa atacando a comerciantes”, El Pulso, 26 de noviembre de 2018.Hide Footnote .

Honduras fue pionera regional en materia de políticas de mano dura, que se han convertido en la norma en Centroamérica durante las últimas dos décadas^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, experto en seguridad, 30 de abril de 2019.Hide Footnote . Su enfoque militarizado hacia las políticas de seguridad refleja, entre otras cosas, la influencia que las fuerzas armadas han ejercido históricamente en el diseño de las políticas públicas, el enfoque de los donantes extranjeros (en especial EE. UU.) en la ayuda en materia de seguridad y la debilidad de la policía civil a causa de la corrupción endémica^[fn]“Street Gangs of Honduras”, op. cit. Para el contexto de las primeras respuestas a la violencia de las pandillas en Centroamérica durante los 90, véase “El salario del miedo”, op. cit.Hide Footnote . Las mismas cuestiones que otorgaron excesivo peso al papel de los militares por lo general han impedido el desarrollo de una mayor capacidad fiscal y judicial^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, experto en seguridad, 30 de abril de 2019.Hide Footnote .

La estrategia de Honduras para lidiar con las pandillas ha sido bastante constante durante las últimas dos décadas. Bajo la administración de Ricardo Maduro (2002-2006), el país respondió al auge de las pandillas organizadas con un aumento de presencia policial en los barrios afectados, detenciones masivas de jóvenes y un enfoque de mano dura en la política de seguridad, que supuestamente incluyó la ejecución extrajudicial de jóvenes^[fn]“Honduras: Zero Tolerance … For Impunity: Extrajudicial Executions of Children and Youths since 1998”, Amnesty International, 2003. Entrevistas de Crisis Group, expertos en seguridad y criminólogos, Tegucigalpa, junio de 2017.Hide Footnote . Manuel Zelaya (2006-2009) prometió centrarse en brindar oportunidades económicas y medidas de prevención de la violencia. Pero poco de lo que prometió se materializó, y los esfuerzos en este sentido se evaporaron tras el golpe de 2009^[fn]Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad, Tegucigalpa, junio de 2017.Hide Footnote . El siguiente presidente, el nacionalista Porfirio Lobo (2010-2013), partidario de la pena de muerte, continuó con la línea dura del predecesor de Zelaya, y sin embargo hubo un repunte en los homicidios durante su mandato^[fn]En 2011, bajo la presidencia de Lobo, Honduras fue el país no en guerra más violento del mundo, con 86,47 homicidios por cada 100 000 habitantes. “Porfirio Lobo, el hombre del cambio”, El País, 1 de diciembre de 2009. Véanse los datos de la Policía Nacional sobre tasas de homicidio aquí: https://bit.ly/2NSBxic.Hide Footnote . Desde 2014, bajo la dirección del presidente Hernández, el Congreso ha fortalecido la legislación contra las pandillas y ha aumentado los presupuestos de seguridad y defensa en perjuicio del gasto social^[fn]El presupuesto de defensa ha aumentado constantemente durante los gobiernos nacionalistas, duplicándose en diez años hasta alcanzar el valor actual de 8,5 mil millones de lempiras ($348 millones de dólares). “En 4 mil millones de lempiras se aumentó gasto militar de Honduras en casi nueve años”, Tiempo Digital, 17 de diciembre de 2018.Hide Footnote .

Hernández tiene un largo historial de recurrir a medidas militares para combatir el crimen^[fn]Durante su campaña de 2013, Hernández prometió que pondría “un soldado en cada esquina” para combatir la delincuencia. Entrevistas de Crisis Group, diplomáticos y académicos, Tegucigalpa, 2017-2018. “Honduras’ Post-Coup Militarization”, Council on Hemispheric Affairs, 5 de abril de 2017.Hide Footnote . En su anterior cargo como jefe del Congreso, apoyó firmemente a la Policía Militar del Orden Público, bajo el mando de la Secretaría de Defensa, y la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), una unidad militar dentro de la Policía Nacional entrenada con apoyo financiero de EE. UU.^[fn]“Juan Orlando Hernández promete crear Policía Militar”, El Heraldo, 18 de julio de 2013.Hide Footnote . En 2014, Hernández creó la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), una fuerza de tarea interagencial compuesta por personal militar, policial y judicial^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario estadounidense, Tegucigalpa, marzo de 2018.Hide Footnote . En 2018 también presionó para la transformación de la Fuerza Nacional Antiextorsión en una fuerza conjunta policial, militar y judicial dedicada a la lucha contra las pandillas^[fn]“Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas”, Presidencia de Honduras, Secretaría de Defensa Nacional, 28 de junio de 2018.Hide Footnote .

Independientemente de si la militarización de los esfuerzos contra las pandillas ha sido eficaz, lo cual se analiza a continuación, este enfoque ha tenido varias desventajas. Para empezar, las unidades militares involucradas en la seguridad pública se han visto implicadas en el uso excesivo o ilegítimo de la fuerza para lidiar con el activismo de la sociedad civil y la disidencia política^[fn]“Piden disolver la Policía Militar hondureña y denuncian el peligro de los presos políticos”, EFE, 27 de junio de 2019.Hide Footnote . La Policía Militar supuestamente asesinó a al menos trece manifestantes en los enfrentamientos postelectorales de 2017^[fn]Entrevistas de Crisis Group, defensores de los derechos humanos, Tegucigalpa, diciembre de 2017. “Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras”, op. cit.Hide Footnote . Un oficial de capacitación de la Policía Militar fue condenado en 2018 por reclutar a los sicarios responsables del notorio asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres en 2016^[fn]Según investigadores independientes, el asesinato de Cáceres involucró a una red mucho más amplia de culpables, incluidos funcionarios y empresarios. El 4 de julio de 2019, un sicario supuestamente involucrado en un primer intento de asesinar a Cáceres en 2015 fue hallado muerto en San Bartolo, Intibucá. “Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres”, Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, noviembre de 2017. “Sicario contratado para asesinar a Berta Cáceres aparece muerto”, Criterio, 6 de julio de 2019. “La hija de Berta Cáceres denuncia “colusión entre militares y empresarios” para asesinar a su madre”, El País, 10 de septiembre de 2019.Hide Footnote . En las comunidades controladas por las pandillas, los trabajadores humanitarios denuncian la presunta participación de las fuerzas de seguridad, que supuestamente están ahí para combatir al crimen organizado, en abusos contra los residentes^[fn]Entrevista de Crisis Group, trabajadores humanitarios, Tegucigalpa, 6 de marzo de 2019.Hide Footnote . Asimismo, esta dependencia de las fuerzas de seguridad puede impulsar la expansión de las pandillas en lo que los expertos denominan un “efecto cucaracha”: mientras su área se encuentra ocupada por esas fuerzas, algunos pandilleros buscan refugio y se asientan en otro lugar, instalando grupos locales antes de volver a sus antiguos territorios una vez que finalize la ocupación^[fn]Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad, Tegucigalpa, 8 de marzo de 2019. “Maras y pandillas expanden células en 30 municipios”, La Tribuna, 17 de junio de 2019.Hide Footnote .

La creciente participación de los militares en la seguridad pública ha ido en paralelo con una profunda crisis de la Policía Nacional de Honduras. Antes de que Hernández asumiera la presidencia, el gobierno hondureño había intentado reformar la Policía Nacional en al menos tres ocasiones para abordar su corrupción generalizada e ineficacia – generalmente en respuesta a escándalos relacionados con infiltración criminal, corrupción y abusos^[fn]“Purging and Transformation of the Honduran National Police Force”, Asociación para una Sociedad más Justa, noviembre de 2016, p. 3. En octubre de 2011, dos estudiantes universitarios, uno de ellos el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Julieta Castellanos, fueron asesinados por policías de servicio que intentaban robarles el coche. El escándalo obligó al entonces presidente Lobo a crear la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) para investigar la conducta de los oficiales, en noviembre de 2011, y una Comisión de Reforma del Sector Público (CRSP) en febrero de 2012. La CRSP fue disuelta en 2014, mientras que la DIECP evaluó a 8546 oficiales de policía a lo largo de cuatro años, pero tan solo destituyó a 227. David Dye, “Police Reform in Honduras: The Role of the Special Purge and Transformation Commission”, Wilson Center, 21 de junio de 2019. “Honduras student murders highlight crime concerns”, BBC News, 23 de noviembre de 2011.Hide Footnote . El intento más reciente fue provocado por un artículo publicado en The New York Times en abril de 2016, el cual afirmaba que, en 2009, algunos oficiales asesinaron al jefe de operaciones antinarcóticos de la Policía Nacional, Arístides González, en su viaje matutino al trabajo, pocos días después de la detención de doce oficiales bajo cargos de narcotráfico^[fn]“Tres generales y un cartel: violencia policial e impunidad en Honduras”, The New York Times, 15 de abril de 2016.Hide Footnote . El escándalo llevó a Hernández a crear una comisión especial para la reforma policial, lo que en sí mismo desencadenó una serie de despidos por corrupción y otras infracciones^[fn]Los tres policías de alto rango acusados del asesinato de González niegan las acusaciones y han sido suspendidos de la policía. “Purging and Transformation of the Honduran National Police Force”, Asociación para una Sociedad Más Justa, noviembre de 2016, p. 4. Entrevista de Crisis Group, líder de la sociedad civil, Tegucigalpa, 7 de marzo de 2019.Hide Footnote .

Estos esfuerzos de reforma han dado resultados mixtos. Por un lado, en algo más de tres años la comisión especial ha destituido a 5775 oficiales por corrupción y otros delitos, y ha diseñado nuevas leyes para garantizar mejores condiciones laborales, incluida una mejora de la capacitación y una mayor supervisión interna de los oficiales de policía^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, 12 de agosto de 2019.Hide Footnote . Por otro lado, tan solo 2100 de los oficiales destituidos fueron denunciados por la comisión e investigados por fiscales públicos por supuesta colusión con actividades ilegales, y hasta la fecha solo uno ha sido sentenciado^[fn]Entre ellos, 100 eran supuestamente miembros o afiliados de la MS-13. Entrevista de Crisis Group, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, 7 de marzo de 2019. Nazario S., “Pagar o morir”, The New York Times, 31 de julio de 2019.Hide Footnote . Asimismo, a los críticos de la reforma les preocupa que el proceso no haya sido suficientemente transparente y pueda estar en parte impulsado por motivaciones políticas – en particular el deseo de purgar a los detractores del gobierno a la fuerza^[fn]Entrevistas de Crisis Group, miembros de la sociedad civil, Tegucigalpa, diciembre de 2017 y marzo de 2019.Hide Footnote . Añaden que el hecho de que no se procese o no se proporcione empleo alternativo al personal destituido es particularmente preocupante dado que muchos fueron despedidos por supuestos vínculos con redes criminales^[fn]Entrevistas de Crisis Group, miembros de la sociedad civil, Tegucigalpa, diciembre de 2017 y marzo de 2019.Hide Footnote . En julio, el presidente Hernández anunció la creación de una unidad policial a cargo de investigar la supuesta participación de oficiales destituidos en actividades ilícitas^[fn]Hernández afirmó el 20 de junio que los oficiales destituidos habían sido responsables de la huelga de las fuerzas especiales de la policía durante las recientes protestas, aunque la huelga también estuvo motivada por la demanda de mejores condiciones laborales. “Honduran police end strike as protests demand president quit”, AP News, 21 de junio de 2019. “Crearán fuerza de élite para seguimiento a expolicías”, La Prensa, 19 de julio de 2019.Hide Footnote .

Honduras también ha tenido dificultades a la hora de manejar un sistema penitenciario peligrosamente superpoblado. La población carcelaria se disparó a finales de los 90 a consecuencia de las políticas de mano dura, que llevaron al encarcelamiento masivo de miembros de pandillas^[fn]La tasa de población carcelaria aumentó de 109 reclusos por cada 100 000 habitantes en 1992 a 184 por cada 100 000 en el 2000. World Prison Brief, página correspondiente a Honduras, disponible en: https://bit.ly/2CM6xsp.Hide Footnote . Al igual que sucedió en otros países de la región, las pandillas aprovecharon del hacinamiento, la escasa seguridad y la corrupción de los funcionarios para convertir las cárceles en sus centros de mando, desde donde supervisaban las actividades ilícitas en el exterior^[fn]“El salario del miedo”, op. cit.Hide Footnote . Centros penitenciarios como el de San Pedro Sula se volvieron símbolos del deterioro del sistema penitenciario a medida que cayeron bajo el dominio de los reclusos^[fn]“Where Chaos Reigns: Inside the San Pedro Sula Prison”, Insight Crime, 2 de febrero de 2017.Hide Footnote . Un incendio que arrasó la prisión de Comayagua en 2012, acabando con la vida de 382 personas, llamó la atención sobre la extrema miseria y abandono de los presos que reinaban en muchas cárceles^[fn]“Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Honduras”, ACNUDH, 19 de marzo de 2018. “Comayagua, la peor catástrofe penitenciaria en Latinoamérica”, El País, 15 de febrero de 2012.Hide Footnote . En los últimos años, el gobierno ha intentado abordar tanto la sobrepoblación como los problemas de seguridad, construyendo dos nuevas cárceles de máxima seguridad. Aun así, el número de presos durante el gobierno de Hernández ha superado la capacidad de estas nuevas instalaciones. En 2018 había 229 reclusos por cada 100 000 habitantes, y según grupos de derechos humanos las condiciones penitenciarias seguían siendo “deplorables”, especialmente para los menores de edad^[fn]World Prison Brief, página correspondiente a Honduras, disponible en: https://bit.ly/2CM6xsp. Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad, Tegucigalpa, 8 de marzo de 2019. Entrevista telefónica de Crisis Group, defensor de los derechos humanos, marzo de 2017.Hide Footnote .

Otro de los fracasos crónicos del sistema penitenciario hondureño es la falta de políticas de rehabilitación y reintegración^[fn]“Falta de control y rehabilitación facilita reyertas en cárceles”, La Tribuna, 17 de junio de 2019.Hide Footnote . La administración de Hernández se ha esforzado por implementar iniciativas destinadas a alejar a los jóvenes de las actividades delictivas (generalmente conocidas como programas de “prevención de la violencia”) con un éxito limitado^[fn]El impuesto de seguridad es una medida introducida 2011 que se impone a las empresas para ayudar a financiar las iniciativas de seguridad del país. En 2018, recolectó alrededor de $110 millones de dólares. Entrevistas de Crisis Group, expertos en seguridad, Tegucigalpa, 2017-2019.Hide Footnote . Ha creado una oficina ministerial especializada (aunque insuficientemente financiada) para supervisar la construcción de infraestructura para estas iniciativas (por ejemplo nuevos parques y “centros de alcance” que son esencialmente centros recreativos ubicados en zonas de elevada delincuencia) así como deportes y eventos culturales^[fn]La oficina recibió poco más del 0,5 por ciento del presupuesto nacional en 2018, y apenas el 2,5 por ciento de los ingresos del impuesto especial de seguridad, unos $2,5 millones de dólares, fue destinado a iniciativas de prevención. “Solo un 2.5% del “tasón” se destinó a la prevención”, La Prensa, 10 de febrero de 2019.Hide Footnote . Los funcionarios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) tienden a celebrar el éxito de estos centros de alcance, y existen algunas evidencias que los vincula a una disminución de los homicidios en algunos barrios de San Pedro Sula^[fn]Entrevista de Crisis Group, consultor de USAID, Tegucigalpa, marzo de 2017. “How the Most Dangerous Place on Earth Got Safer”, The New York Times, 11 de agosto de 2016.Hide Footnote .

Aun así, los logros en materia de seguridad de estos nuevos espacios públicos parecen un tanto superficiales: los críticos sostienen que deben ser custodiados por unidades militares todo el día, mientras que por la noche las pandillas retoman el control. Los locales se han quejado de que las iniciativas no corresponden a las necesidades de las comunidades, y los consultores que conocen bien estos proyectos sugieren que su dependencia del financiamiento de gobiernos extranjeros pone en peligro su sostenibilidad y perspectivas de impacto a largo plazo^[fn]Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad, Tegucigalpa, 8 de marzo de 2019. Entrevista de Crisis Group, experto en monitoreo y evaluación, junio de 2017.Hide Footnote .

El presidente Hernández se ha atribuido, y se le ha reconocido el mérito por su papel en la disminución de la tasa de homicidios en Honduras durante los últimos ocho años^[fn]“Amid corruption concerns, Gen. Kelly made allies in Honduras”, AP, 12 de abril de 2018.Hide Footnote . “Somos nosotros quienes hicimos posible este [modelo de reducción de los homicidios], algo que ahora se está estudiando como un éxito en el mundo”, dijo Hernández en un discurso pronunciado en marzo de 2018 en la ciudad norteña de La Ceiba^[fn]Desde 2011, la tasa anual de homicidios de la ciudad cayó de 173 a 44,7 por cada 100 000 habitantes. “Boletín Nacional Enero a Diciembre 2018 – Ed No 52”, Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, marzo de 2019. “Presidente Hernández: Reducción de violencia es logro de todos los hondureños”, Televisión Nacional de Honduras, 7 de marzo de 2018.Hide Footnote . Ese modelo se basó en parte en agresivas políticas de extradición que desarticularon a todos los principales carteles, particularmente en las regiones costeras y fronterizas que eran los principales centros de operaciones de estos grupos, combinadas con el refuerzo de la política de seguridad^[fn]Las tasas de homicidios en los departamentos con una mayor presencia de los carteles han experimentado un mayor descenso que en los otros, aunque siguen siendo las áreas más violentas. Entrevistas de Crisis Group, académicos y expertos en seguridad, 2017-2019. Véanse las cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras aquí: https://bit.ly/2xOSOwE. “Crimen en Honduras”, op. cit.Hide Footnote . El gobierno también reconoce el mérito de la creación en 2014 de 30 Observatorios Municipales de Convivencia y Seguridad Ciudadana (OMCSC) en proporcionar información local confiable y permitir intervenciones de seguridad hechas a medida, mejoradas por la reforma policial^[fn]Según la plataforma de información regional finaciada por EE. UU. y la ONU Infosegura, entre 2015 y 2018 los homicidios descendieron en un 34,1 por ciento en los municipios con presencia de los OMCSC, frente al 13,3 en los otros. Para más información visite la página web de Infosegura: https://bit.ly/2KG2CAp.Hide Footnote .

Pero si bien el descenso de la tasa de homicidios sin duda es un logro, debe considerarse en un contexto de seguridad más amplio en el que hay muchas tendencias no tan positivas. Incluso en el área de las estadísticas de homicidios hay muchas noticias aleccionadoras. Para empezar, la disminución de los homicidios se ha ralentizado desde 2016, y el número de homicidios incluso empezó a aumentar durante las protestas de este año. Actualmente Honduras parece encaminada a reproducir su tasa de 2018 de 40 homicidios por cada 100 000 habitantes, la cual, como se señaló anteriormente, la convirtió en el tercer país más peligroso de América Latina, por detrás de Venezuela y El Salvador^[fn]Véase la evolución mensual de los homicidios en la plataforma en línea de la Policía Nacional: https://bit.ly/31Zu6Zk. “Insight Crime’s 2018 Homicide Round-Up”, op. cit.Hide Footnote . Asimismo, la cifra anual de homicidios múltiples ascendió en un 32,3 por ciento en el año hasta agosto de 2019, según el Observatorio de la Violencia de Honduras^[fn]“Honduras registra 41 masacres en lo que va de 2019”, La Prensa, 8 de agosto de 2019.Hide Footnote .

Los cambios en las prácticas extorsivas pueden haber desempeñado un papel en el descenso de las tasas. Algunos estudios sugieren la posibilidad de que la MS-13 esté abandonando esta práctica, al menos en las comunidades que controla, lo que podría explicar el descenso en la violencia empleada como parte de este negocio ilícito^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, experto en seguridad, 30 de abril de 2019. Douglas Farah y Kathryn Babineau, “The Evolution of MS-13 in El Salvador and Honduras”, Center for Complex Operations (CCO) at the National Defense University, PRISM Vol. 7, No. 1, 2017.Hide Footnote . Según este análisis, la decisión de retirarse de la extorsión habría sido posible gracias a la creciente participación de la pandilla en el negocio más lucrativo del narcotráfico, y tendría el propósito de desarrollar una base de apoyo leal en las comunidades^[fn]Ibid.Hide Footnote . Por el contrario, otros observadores locales afirman que de hecho el negocio de la extorsión está prosperando y se está convirtiendo en un negocio más formal. Si esto fuera cierto, la disminución de los homicidios podría deberse a la creciente resignación pública frente a la extorsión y el pago generalizado de un “impuesto de guerra” a la pandilla que protege las vidas de quienes lo pagan^[fn]Entrevista de Crisis Group, sociólogo, Tegucigalpa, 5 de marzo de 2019. “Mareros extorsionan a través de “car wash”, La Tribuna, 16 de julio de 2019. “Honduras Drop in Homicides One Part of Complex Security Situation”, Insight Crime, 27 de junio de 2019.Hide Footnote .

A su vez, pese a los informes acerca de una disminución de los homicidios, muchos de los indicadores de seguridad de Honduras siguen reflejando tendencias preocupantes. Los indicadores de violencia de género siguen siendo muy elevados: Honduras registra la segunda tasa más elevada de femicidios de América Latina, con 5,8 asesinatos por cada 100 000 habitantes^[fn]“El Continuum de la violencia contra las mujeres en la región centroamericana”, Informe del PNUD, enero de 2017, p. 34. Para información sobre femicidios, véase la página web del Observatorio de Igualdad de Género: https://bit.ly/2DQ3nXe.Hide Footnote . Los crímenes de odio no han disminuido: 332 miembros de la comunidad LGBTI han sido asesinados desde 2009, 26 de ellos tan solo en los primeros nueve meses de 2019, un aumento frente a los 25 de todo 2018^[fn]Para cifras sobre delitos contra la comunidad LGBTI, véase Cattrachas, una organización nacional centrada en este tema, página web: https://bit.ly/31YEosP.Hide Footnote . Si bien está mejorando, la tasa de casos de homicidio no resueltos sigue estando en torno al 90 por ciento^[fn]“Segundo informe de Impunidad en Homicidios: Período de estudio 2010-2017”, Alianza por la Paz y la Justicia, 4 de junio de 2019.Hide Footnote . No ayuda el hecho de que las unidades de policía de investigación solo estén presentes en 16 de los 298 municipios del país^[fn]Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad, Tegucigalpa, 7 de marzo de 2019.Hide Footnote .

Por consiguiente, el descenso de los homicidios no ha llevado a una mejora en la percepción pública de la seguridad, al menos por lo que se ha podido medir en los últimos años. Un estudio reciente realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sugirió que el 42,8 por ciento de los participantes creían que la seguridad era el problema más urgente del país, y el 87,6 por ciento se sentían inseguros – un 16,8 por ciento más que en la anterior encuesta realizada en 2016^[fn]“Percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización en Honduras”, op. cit.Hide Footnote . A pesar de los esfuerzos de reforma, la desconfianza en las fuerzas de seguridad sigue siendo elevada. La encuesta de Latinobarómetro de 2018 indicó que tan solo el 33 por ciento de los entrevistados confiaban en la Policía Nacional, mientras que el 80,3 por ciento de los participantes en una encuesta realizada por la Universidad Nacional Autónoma en 2019 creían que las fuerzas de seguridad estaban involucradas en actos de corrupción^[fn]“Informe 2018”, Corporación Latinobarómetro, 9 de noviembre de 2018. “Percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización en Honduras”, Informe del IUDPAS-UNAH, febrero de 2019.Hide Footnote . “[La policía y las pandillas] son lo mismo. Si fuera a la policía, en minutos tendría a un pandillero delante de mi casa”, dijo un solicitante de asilo que decidió huir de su ciudad tras ser acosado por una pandilla local^[fn]Entrevista de Crisis Group, solicitante de asilo, Tegucigalpa, 22 de febrero de 2018.Hide Footnote .

Dado que las causas de la violencia de las pandillas en Honduras tienden a encontrarse en la extrema pobreza urbana, la impunidad y la falta de oportunidades económicas, las futuras políticas de seguridad deberían dar un giro hacia la prevención de la violencia, mayores facultades de investigación penal, y la rendición de cuentas por parte de las fuerzas de seguridad^[fn]“Street Gangs of Honduras”, op. cit.Hide Footnote . Un mayor nivel de inversión en las iniciativas de prevención de la violencia que parezcan más prometedoras y en programas eficaces de rehabilitación de los detenidos podría ser un buen comienzo. La reforma policial debería centrarse en dotar a las unidades de investigación de las competencias necesarias para combatir los elevados niveles de impunidad por delitos graves como los homicidios, fortalecer los mecanismos internos de rendición de cuentas para sancionar los abusos de autoridad, y brindar programas de reintegración para los oficiales destituidos. Las reformas apoyadas por la MACCIH, como la Ley de Colaboración Eficaz (que sigue estando paralizada en el Congreso) también darían un impulso a los fiscales hondureños en sus esfuerzos por reducir la impunidad.

Impulsados por la pobreza y la inseguridad, que se han visto agravadas en los últimos meses por la inestabilidad política, oleadas de hondureños siguen huyendo hacia el norte en busca de una vida más próspera y segura^[fn]Sofía Martínez, “Today’s Migrant Flow Is Different”, The Atlantic, 26 de junio de 2018. Informe de Crisis Group sobre América Latina N°57, “Presa fácil: violencia criminal y migración en Centroamérica”, 28 de julio de 2016.Hide Footnote . Las autoridades estadounidenses informaron que entre octubre de 2018 y agosto de 2019 detuvieron a más de 240 000 hondureños (el 2,5 por ciento de la población del país) que intentaban ingresar a EE. UU.^[fn]Para cifras de detenciones en la frontera sur estadounidense, véase la página web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos: https://bit.ly/2zWqtHC.Hide Footnote . De estos, 19 696 eran niños hondureños no acompañados, y 182 449 eran familias.

El principal motor de la emigración es la necesidad económica. El 69,5 por ciento de los hondureños entrevistados en una encuesta realizada por ERIC-SJ en 2018 señalaron la falta de ingresos como el principal motivo para abandonar el país^[fn]“Sondeo de opinión pública 2018”, ERIC-SJ, abril de 2019, p. 9.Hide Footnote . Según estimaciones del Banco Mundial, uno de cada cinco hondureños en las zonas rurales vive con menos de $1,90 dólares diarios. Tan solo el 20 por ciento de la población gana el salario mínimo de $369 dólares al mes, lo cual es muy inferior a los $540 dólares que el Banco Mundial estima ser el precio mensual de la canasta básica para alimentar a una familia^[fn]“El Banco Mundial en Honduras, Panorama General”, sitio del Banco Mundial. “Canasta básica de Honduras entre las más caras del mundo”, Criterio, 14 de julio de 2018.Hide Footnote . El cambio climático ha empeorado una situación ya de por sí crítica, contribuyendo a sequías que asolan el 40 por ciento del territorio, y afectando al sustento de 170 000 familias, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos^[fn]“Estudio de caracterización del Corredor Seco Centroamericano”, FAO, diciembre de 2012, p. 42. “Sequía afecta cada año más de 170,000 familias: CONADEH insta al gobierno ubicar crisis alimentaria como tema principal en su agenda”, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 18 de marzo de 2019.Hide Footnote .

Se suma a estas cuestiones económicas un profundo temor por la seguridad personal. Se estima que entre el 20 y el 40 por ciento de los hondureños que huyen del país lo hacen en parte para huir de la violencia^[fn]El 26,2 por cierto de los entrevistados en una encuesta realizada por ERIC-SJ en 2018 identificaron la violencia y la inseguridad, solas o en conjunto con la situación económica, como el principal motivo para emigrar. Una encuesta de 2017 realizada por Médicos Sin Fronteras reveló que casi el 40 por ciento de los entrevistados hondureños “abandonaron el país tras un asalto, amenaza, extorsión o un intento de reclutamiento forzoso”. “Sondeo de opinión pública 2018”, ERIC-SJ, abril de 2019, p. 16. “Forced to Flee Central America’s Northern Triangle: A neglected humanitarian crisis”, Médicos Sin Fronteras, mayo de 2017, p. 11.Hide Footnote . Según una encuesta reciente, casi uno de cada tres hondureños tiene un familiar o conocido que abandonó el país por este motivo^[fn]“Sondeo de opinión pública 2018”, op. cit., p. 16.Hide Footnote . El porcentaje de mujeres entre la población migrante es un posible indicador: las autoridades mexicanas reportaron una proporción de una mujer por cada tres hombres hondureños deportados en la primera mitad de 2019, mientras que en 2017 fue de una por cada cinco, lo que posiblemente refleje las elevadas tasas de abusos de género, incluidas las duras leyes antiaborto^[fn]Cifras sobre deportación de la Secretaría de Gobernación de México: https://bit.ly/2H4dqJl. Los artículos 126-128 y 132 del código penal hondureño sancionan el aborto en todos los casos, incluidos la violación y el incesto, y establecen penas de hasta seis años para las mujeres que lo practiquen y hasta diez años para quienes induzcan o ayuden a una mujer a abortar. “Life or Death Choices for Women Living Under Honduras’ Abortion Ban”, Human Rights Watch, 6 de junio de 2019.Hide Footnote . Los padres también pueden emigrar para proteger a sus hijos: una encuesta realizada por ACNUR en 2014 halló que el 44 por ciento de los niños que migraban de Honduras “estaban amenazados o habían sido víctimas de la violencia a manos de criminales armados”^[fn]La encuesta se basó en un muestreo de 98 niños. “Niños en Fuga”, ACNUR, 3 de marzo de 2014, p. 10.Hide Footnote . Otra explicación del creciente número de familias y niños que viajan hacia el norte es que los traficantes de personas supuestamente engañan a los migrantes convenciéndoles de que es más fácil obtener la condición de refugiado en EE. UU. si viajan con niños^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario de la OIM, 20 de agosto de 2019.Hide Footnote .

Por supuesto que los migrantes que huyen de Honduras no son una población aislada^[fn]“Forced to Flee Central America’s Northern Triangle: A neglected humanitarian crisis”, op. cit.Hide Footnote . Se unen a los flujos de otros países de la región – en especial Guatemala, El Salvador y México, que también huyen de la pobreza y la violencia. De los 740 000 ciudadanos de estos países detenidos por las autoridades estadounidenses en los once meses a partir de octubre de 2018, casi un tercio eran hondureños^[fn]Véase la página web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos: https://bit.ly/2zWqtHC.Hide Footnote .

Para la administración Trump, cuya agenda política está centrada en restringir la inmigración, reducir los flujos a través de la frontera sur se ha convertido en el objetivo que define su relación con los países centroamericanos. En nombre de este objetivo ha estado dispuesta a emplear formas de presión que otras administraciones más tradicionales habrían considerado excesivas (incluidos cortes a la ayuda humanitaria y al desarrollo y amenazas arancelarias) y ha demostrado ser ciega o indiferente ante la posibilidad de que sus políticas bien puedan, con el tiempo, empeorar la situación que están intentando abordar. Si bien la embajada estadounidense en Tegucigalpa ha sido una fuente de apoyo político para el gobierno de Hernández y en ocasiones una voz moderada durante los recientes disturbios públicos, la insistencia de Washington en las medidas para frenar la emigración se está imponiendo cada vez más a todos los demás mensajes.

La política migratoria de EE. UU. hacia Honduras consta de tres líneas que se traslapan. Una de ellas está relacionada con desmantelar o limitar los mecanismos mediante los cuales los hondureños pueden ingresar o permanecer legalmente en EE. UU. En mayo de 2018, el gobierno estadounidense dio a casi 81 000 hondureños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (en inglés, TPS) en EE. UU. hasta enero de 2020 para legalizar su situación migratoria, de lo contrario deberían abandonar el país (actualmente la orden se encuentra suspendida por orden judicial)^[fn]La administración ha apelado contra una orden emitida por un tribunal federal en octubre de 2018 que puso freno a los intentos de suspender la concesión del TPS a inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. A pesar de que los inmigrantes beneficiarios del TPS de Honduras y Nepal no fueron incluidos en ese litigio, en marzo de 2019 la administración acordó vincular el estatus de los beneficiarios del TPS hondureños y nepalíes en el resultado de la causa. “Honduras: Background and U.S. Relations”, op. cit. “Trump administration puts end of TPS on hold for Hondurans and Nepalis”, Vox, 12 de marzo de 2019.Hide Footnote . Más recientemente, en julio de 2019, la administración Trump propuso una serie de cambios al sistema de asilo que impedirían el acceso a los refugiados que viajan a EE. UU. a través de un tercer país^[fn]Pese a haber sido objeto de amplias críticas, la Corte Suprema de EE. UU. permitió que la administración siguiera implementando las medidas mientras seguía adelante el litigio. “Supreme Court Says Trump Can Bar Asylum Seekers While Legal Fight Continues”, The New York Times, 11 de septiembre de 2019.Hide Footnote . El 12 de agosto de 2019, la administración introdujo una nueva norma que afectaría a los inmigrantes más pobres al descalificar a aquellos solicitantes de visados temporales o permanentes que no reciban suficientes ingresos o reciban asistencia pública como ayuda social, cupones de alimentos, vivienda pública o Medicaid^[fn]La administración Trump finalmente emitió el decreto el 4 de octubre, que entraría en vigor el 3 de noviembre. “New Trump rule targets poor and could cut legal immigration in half, advocates say”, Reuters, 12 de agosto de 2019. “Trump’s order will deny visas to immigrants who lack health-care coverage”, Washington Post, 4 de octubre de 2019.Hide Footnote .

Una segunda línea de la política migratoria de EE. UU. en relación con Honduras se refiere a la denegación de la entrada y la deportación. A fin de sellar la frontera a los centroamericanos y otros migrantes, la administración ha desplegado a más de 6000 soldados para patrullar la frontera con México^[fn]“Pentagon to deploy additional 2,100 troops to U.S.-Mexico border”, op. cit.Hide Footnote . Asimismo ha obligado a México a aplicar medidas de seguridad más duras en su frontera sur como parte de un acuerdo alcanzado a fuerza de amenazas de aumentos arancelarios^[fn]“Mexico’s Crackdown at Its Southern Border, Prompted by Trump, Scares Migrants from Crossing”, The New York Times, 24 de junio de 2019.Hide Footnote . Además, tanto EE. UU. como México están deportando a cada vez más centroamericanos. Entre ellos deportaron a 75 279 hondureños en 2018 y 90 109 al 11 de octubre de 2019^[fn] . La avalancha de retornados (especialmente niños), ha supuesto una enorme presión para los centros encargados de brindarles asistencia que, aunque mejorados, aún tienen limitaciones^[fn] .

Finalmente, la administración Trump ha logrado presionar a sus vecinos del sur para que firmen acuerdos en los que se comprometen a acorralar a los migrantes que busquen asilo en EE. UU. Ha buscado acuerdos de cooperación en materia de asilo con México y los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) conforme a los cuales las contrapartes prometen recibir a migrantes que hayan solicitado asilo en EE. UU. y procesar sus casos. El 26 de julio el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se comprometió a firmar uno de estos acuerdos después de que EE. UU. amenazara con imponer restricciones de viaje a los guatemaltecos que visitaran EE. UU., así como tarifas y tasas sobre las remesas^[fn]El 12 de agosto, el presidente electo Alejandro Giammattei afirmó que el acuerdo deberá ser ratificado por los órganos legislativos de EE. UU. y Guatemala. El 40 por ciento de las exportaciones de Guatemala van a EE. UU., y las remesas constituyen el 12 por ciento del PIB. “Trump’s Safe Third Country Agreement with Guatemala Is a Lie”, Foreign Policy, 30 de julio de 2019. “Guatemala’s next president says ‘safe third country’ deal needs two congress ratifications”, Reuters, 12 de agosto de 2019.Hide Footnote . El Salvador y Honduras firmaron acuerdos similares en septiembre^[fn]“US signs asylum deal with Honduras, the latest in a string of agreements with Central America”, CNN, 25 de septiembre de 2019.Hide Footnote . México hasta ahora se ha negado a firmar un acuerdo de este tipo, pero se ha unido a un protocolo que supone medidas similares^[fn]“Mexico says no to safe third-country asylum discussion with U.S.”, Reuters, 22 de julio de 2019. El protocolo (que según defensores de derechos constituye una amenaza para la seguridad de los solicitantes de asilo que se ven obligados a esperar en ciudades fronterizas extremadamente peligrosas, como Ciudad Juárez) fue anunciado en enero de 2019 por la entonces secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen M. Nielsen.Hide Footnote .

Algunos observadores señalan que estos países son inseguros, no cuentan con la capacidad de procesamiento necesaria para manejar el flujo de solicitantes de asilo, y es probable que los migrantes se asienten precisamente en las áreas pobres de las que su propia gente está huyendo^[fn]90 000 hondureños y salvadoreños solicitaron asilo en todo el mundo tan solo en 2018. En 2018, las autoridades guatemaltecas respondieron a 262 solicitudes. Entrevistas de Crisis Group, trabajador humanitario, Bogotá, 13 de junio de 2019; y funcionario de la OIM, 20 de agosto de 2019. Crisis Group Report, La frontera sur de México, op. cit. “La exorbitante cifra de solicitudes de asilo que tendría que soportar Guatemala de convertirse en tercer país seguro”, Prensa Libre, 26 de julio de 2019.Hide Footnote . En cuanto a México, los medios informan que los tiempos de espera para los más de 40 000 migrantes bajo el protocolo de protección son extremadamente largos, y se exponen a violaciones, secuestros y asesinatos mientras esperan en peligrosas ciudades fronterizas^[fn]“Trump’s ‘Migrant Protection Protocols’ hurt the people they’re supposed to help”, Washington Post, 18 de julio de 2019. “How the U.S. Asylum System Is Keeping Migrants at Risk in Mexico”, The New Yorker, 1 de octubre de 2019. “Number of Migrants Waiting at the U.S. Border Rises to 40,000”, Time, 8 de agosto de 2019.Hide Footnote .

A pesar de que las políticas estadounidenses están aumentando la presión sobre sus vecinos del sur y niegan a sus ciudadanos más vulnerables la válvula de escape que les brindaría una política migratoria más generosa, la administración Trump además ha recortado la ayuda a la región. En marzo de 2019, el presidente Trump anunció que toda la ayuda a los tres países del Triángulo Norte, incluidos gran parte de los $182 millones de dólares en fondos no utilizados destinados a Honduras en 2017, sería congelada debido a su supuesto fracaso en frenar la emigración^[fn]Elisabeth Malkin, “Trump Turns U.S. Policy in Central America on Its Head”, The New York Times, 30 de marzo de 2019. Para un análisis detallado de la ayuda de EE. UU. a Honduras, véase la página web del programa “Monitoring U.S. Assistance to Central America” de Washington Office on Latin America (WOLA), disponible en: https://bit.ly/2CbTiSi.Hide Footnote . Un total de $432 millones de dólares en proyectos y subsidios previamente aprobados fueron restablecidos en junio, pero el 16 de julio Trump anunció que EE. UU. no desembolsaría más ayuda a Honduras y Guatemala^[fn]El 15 de julio, la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, votó a favor de suspender los recortes de Trump, pero en el Senado, liderado por los republicanos, aún no han acordado esta medida. Si lo hicieran, el acuerdo se convertiría en ley incluso si Trump lo vetara siempre y cuando ambas cámaras rechacen el veto por una mayoría de más de dos tercios.Hide Footnote . Ese mismo día su administración supuestamente desvió $41,9 millones de dólares en ayuda humanitaria destinada a esos dos países a apoyar a la oposición venezolana^[fn]“Trump administration plans to divert $40 million in aid to Venezuela’s opposition”, Reuters, 16 de julio de 2019.Hide Footnote . Las organizaciones de la sociedad civil en Honduras que reciben apoyo de USAID, que han proporcionado servicios a las víctimas del crimen y a los retornados, además de monitorear la corrupción y las reformas, temen que puedan perder todo el financiamiento de EE. UU.^[fn]“USAID suspende ayuda económica de ONGs en Honduras”, Criterio, 2 de julio de 2019.Hide Footnote .

Washington ha demostrado estar dispuesta a reconsiderar su decisión, al menos en parte, después de que los gobiernos centroamericanos firmaran los acuerdos de migración. El 16 de octubre, el presidente Trump elogió el compromiso de los gobiernos centroamericanos y prometió restablecer parte de la ayuda, centrada en la seguridad. No dio más información, pero una fuente anónima consultada por el Washington Post afirma que el monto de ayuda restablecida rondaría los $143 millones de dólares^[fn]“U.S. restores aid to Central America after reaching migration deals”, Reuters, 16 de octubre de 2019.Hide Footnote .

La política estadounidense en Honduras durante la administración Trump ha estado impulsada cada vez más por la hostilidad de la administración hacia la inmigración, pero también ha sido moldeada por una actitud mezquina hacia la ayuda exterior que es relacionada con una agenda política centrada en los asuntos domésticos^[fn]“What ‘America First’ means for US foreign aid”, Brookings, 27 de julio de 2017.Hide Footnote . Si bien el Congreso por lo general ha puesto un freno a los esfuerzos de la administración para cortar la ayuda exterior, no está claro si podrá resucitar el financiamiento de EE. UU. a Honduras. Esto podría depender de si surge un paladín republicano que empuje a la Casa Blanca hacia el tipo de programas de desarrollo y consolidación institucional que el gobierno tradicionalmente ha visto como una inversión en la paz y prosperidad en Centroamérica y un amortiguador contra las fuerzas que impulsan la migración.

Cualquier esfuerzo del Congreso por presionar a la administración para que restablezca el financiamiento se verá obstaculizado por desafíos técnicos y políticos. A nivel técnico, en los últimos años la legislación sobre el financiamiento a los países de la región ha autorizado al Poder Ejecutivo a gastar “hasta” el monto designado, lo que deja a la Casa Blanca y el Departamento de Estado un margen para gastar a niveles inferiores al límite sin técnicamente contravenir las normas contra la “retención de fondos”^[fn]Entrevistas de Crisis Group, funcionarios del Congreso, Washington, septiembre de 2019. La retención de fondos se da cuando el gobierno estadounidense no gasta fondos asignados por el Congreso de EE. UU.Hide Footnote . Si bien algunos congresistas han hablado sobre la inclusión de un lenguaje más “directivo” que exija a la administración gastar un monto definitivo en el próximo proyecto de ley de financiamiento, es improbable que esto sea aprobado por el Senado, controlado por los aliados republicanos del presidente^[fn]Entrevistas de Crisis Group, funcionarios del Congreso, Washington, septiembre de 2019.Hide Footnote .

Una mejor manera de restablecer algo de la ayuda sería que un miembro del Congreso que tenga influencia política en Washington presione por ello. Sin embargo, hasta la fecha los republicanos que tienen este tipo de influencia no han dado señales claras de estar dispuestos a hacerlo. Sin descartar la posibilidad de que el senador por Florida, Marco Rubio (quien tradicionalmente se ha mostrado interesado en la política regional), o alguien similar pudiera presionar para que se restablezcan algunos programas, algunos funcionarios advirtieron que, si bien en el pasado los republicanos en el Congreso han secundado las inversiones institucionales a largo plazo, dudan de su eficacia^[fn]Entrevistas de Crisis Group, funcionarios del Congreso, Washington, septiembre de 2019 (teniendo en cuenta que los republicanos tienden a asociar este tipo de programas con la construcción de la nación).Hide Footnote .

De hecho, a los miembros de ambos partidos en EE. UU. les preocupa que las inversiones anteriores en Honduras y los demás países del Triángulo Norte no hayan dado muchos resultados, pero parece haber mayor apoyo hacia el restablecimiento de la ayuda entre los congresistas demócratas^[fn]Ibid.Hide Footnote . Algunos consideran que cortar la ayuda extranjera de EE. UU. ante las enormes dificultades que enfrentan los hondureños es cruel y contraproducente, particularmente en el caso de programas que buscan abordar las causas específicas de la migración^[fn]Entrevistas de Crisis Group, funcionarios del Congreso, Washington, septiembre de 2019.Hide Footnote . Además sugirieron que los programas que las abordan directamente (por ejemplo mediante el apoyo al alivio del hambre), podrían ser los más prometedores y atractivos para obtener el apoyo de ambos partidos en el Congreso^[fn]Ibid.Hide Footnote .

Las organizaciones y gobiernos que tradicionalmente han trabajado con EE. UU. para brindar apoyo a Honduras deberían alentar a Washington a reanudar la ayuda más allá del ámbito de la seguridad. Hasta entonces, deberían ayudar a llenar las brechas de financiamiento generadas por la suspensión de ayuda de EE. UU. En particular, la UE y al OEA deberían seguir ofreciendo apoyo a las reformas institucionales y ayuda humanitaria. La OEA debería centrarse en el desarrollo de capacidades en el área de reforma electoral y presionar por un nuevo mandato para la MACCIH. La UE también debería seguir priorizando el apoyo a la reforma electoral, en particular la digitalización del registro electoral, y presionar por la rendición de cuentas por supuestas violaciones de los derechos humanos en la respuesta estatal a las protestas. Sin embargo, suspender el Acuerdo de Asociación entre la UE y Honduras, como han propuesto algunos miembros del Parlamento Europeo, no sería una respuesta constructiva a la represión del gobierno contra los manifestantes a principios de este año, ya que simplemente agravaría las dificultades económicas del país^[fn]La UE es el segundo mayor socio comercial de Honduras. Alrededor del 16 por ciento de las exportaciones de Honduras, valoradas en casi $1,5 mil millones de dólares, se destinan a países de la UE. “Eurodiputados piden cancelar ayuda a Honduras e investigar acusaciones contra JOH”, Criterio, 7 de agosto de 2019. Para cifras comerciales, véase la página web del Observatorio de la Complejidad Económica: https://bit.ly/2IDJPpn.Hide Footnote .

Los eventos de junio de 2009 consolidaron el estatus de Honduras como uno de los países más inestables de la región. Una crisis política no resuelta ha dejado como legado una oposición dividida, cada vez más combativa, y un partido gobernante que ha acumulado un poder casi ilimitado sobre la totalidad del Estado y el poder judicial durante la última década. Los organismos judiciales y electorales del país han perdido gran parte de su legitimidad; la corrupción se ha arraigado más profundamente en muchas instituciones públicas; y los grupos criminales han prosperado. La pobreza sigue siendo elevada, mientras que los beneficios del crecimiento económico están repartidos de manera desigual.

El malestar político, el crimen violento y el aumento de la emigración son el precio que está pagando Honduras. Las protestas postelectorales de finales de 2017 y la ola de disturbios en torno a las reformas de salud y educación a principios de este año son las muestras más visibles de la desafección política de los últimos años, mientras que la condena del hermano del presidente por narcotráfico bien podría generar nuevos disturbios. Pero es la incesante emigración de hondureños hacia el norte lo que muestra la profundidad de la desesperación pública. El éxodo de cerca del 3 por ciento de la población nacional desde fines del año pasado y su viaje a la frontera mexicana pese a la retórica intimidatoria de la Casa Blanca debería servir como advertencia de que el aumento de los controles fronterizos y migratorios podría desplazar la migración, pero no logrará frenarla.

Aunque pueda resultar difícil cambiar radicalmente los patrones migratorios en un futuro próximo, el país podría comenzar a resolver sus principales dilemas institucionales y de seguridad y mejorar la forma en que se gobierna, allanando el terreno para una mayor estabilidad a largo plazo. Los esfuerzos incipientes de reforma fomentados en las negociaciones lideradas por la ONU ofrecen un punto de partida. La misión anticorrupción respaldada por la OEA, la MACCIH, ha hecho un buen trabajo y, si se renueva, está preparada para hacer más. Pero el apoyo y estímulo de los donantes será importante para que este país debilitado, mal gobernado y de recursos insuficientes logre avances significativos en el abordaje de los desafíos profundamente arraigados que enfrenta. EE. UU., tradicionalmente el mayor donante y socio más poderoso del país, tiene un papel especialmente importante que desempeñar.

La cuestión es si lo hará, o si por el contrario cometerá el error de seguir convirtiendo las relaciones bilaterales en una transacción sobre el control migratorio. Honduras necesita ayuda urgente para abordar algunas de las causas de su malestar público y para brindar mayor seguridad y oportunidades económicas a sus potenciales migrantes y refugiados. La obsesión con los resultados a corto plazo solo logrará agravar las condiciones que hacen de Honduras un hogar inhóspito.

Bogotá/Bruselas/Tegucigalpa, 25 de octubre de 2019

Las entrevistas de Crisis Group con hondureños que han huido de sus hogares demuestran que las pandillas se han convertido en la autoridad de facto en muchos barrios. Estos testimonios ilustran como las pandillas ejercen el control sobre las personas que viven en sus áreas de influencia mediante abusos físicos y sexuales, obligando a los residentes afectados a huir.

Rosa, 32 años: Un día, mi hija de 14 años no volvió de la escuela. La busqué por todas partes, desesperada por encontrarla. Finalmente, fui a un lugar donde los pandilleros suelen “hacer desaparecer” a la gente, y allí estaba. Por suerte, conocía a uno de ellos porque vendo tortillas en el mercado, así que dejó ir a mi hija. Huimos de inmediato, ¡quién sabe si eso podría volver a suceder!

Luisa, 51 años: Vi a las pandillas asesinar a mi hijo y a mi madre en la misma semana. Mi hijo fue asesinado porque se negó a pagar renta [pagos de extorsión]. Tenía 21 años. Mi madre fue asesinada porque el marero vino a mi casa y creyó que era yo. Cuando cierro los ojos, aún puedo ver las entrañas de mi hijo esparcidas por todo el piso. Quiero irme de Honduras sea como sea. ¿Qué puede ser peor que esto?

Rodolfo, 34 años: Soy padre de cinco hijos, y solía vivir en una comunidad controlada por la MS-13. Estos tipos [los pandilleros] son muy ruidosos, y estaban haciendo fiestas todo el tiempo al lado de mi casa. Mi mamá está enferma y no podía dormir, así que un día fui a hablar con ellos, y les dije que fueran respetuosos en el barrio. Me golpearon hasta dejarme ensangrentado, y al día siguiente un grupo de ellos vinieron en sus motocicletas haciendo círculos y disparando sus armas afuera de mi casa. Cuando vi eso, supe que era una señal para que nos fuéramos.

Fuente: Entrevistas de Crisis Group, solicitantes de asilo, Tegucigalpa, 2018. Los nombres se han cambiado.

Tabla 1: Detenciones en la frontera suroeste de EE. UU. por país y tipo
Adultos solos/Menores extranjeros no acompañados/Unidad familiar (2019 = hasta agosto)

Tabla 2: Hondureños retornados de cualquier país, enero de 2015 a 11 de octubre de 2019

Gráfico 1: Hondureños retornados de cualquier país por mes,
enero de 2015 a septiembre de 2019

Mapas comparativos de las tasas de homicidio por departamento 2011 y 2018

Gráfico 2: Cifras comparativas de número de homicidios en Honduras por mes, enero a 21 de octubre de 2018 y 2019

Gráfico 3: Tasas de homicidios 2007 a 2018 en El Salvador, Guatemala y Honduras

Fuente 2007-2017: Policía Nacional de Nicaragua, estadísticas anuales, 2007-2017 (por año); Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Dirección de Información y Análisis, número total de homicidios 2007-2017 (por año); Secretaría de Seguridad de la Policía Nacional de Honduras, Departamento de Estadística – Dirección de Planificación, Procedimientos Operativos y Mejora Constante, diciembre de 2018; tuit del Ministerio de Gobernación de Guatemala, “Comparación histórica de homicidios por cada 100 000 habitantes”, 31 de agosto de 2018, Viceministerio de Paz de Costa Rica, Observatorio de la Violencia, tablas y gráficos.