El nuevo gobierno de Guatemala resiste el socavamiento a la transición

Traducido del inglés

La investidura de los sorpresivos ganadores de la carrera presidencial de Guatemala en 2023 ocurrió el 15 de enero, después de haber sido acosados durante meses por las autoridades judiciales que buscaban impedir que asumieran sus cargos. Probablemente será un mandato turbulento para el recién nombrado presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera. Arévalo es un sociólogo de tendencia izquierdista moderada y exdiplomático. También es el hijo de Juan José Arévalo, quien fue el primer presidente democráticamente electo del país. Arévalo y Herrera cuentan con un apoyo sólido y abiertamente expresado por parte del electorado guatemalteco, lo cual los llevó a una abrumadora victoria sobre la candidatura del establecimiento político, la cual estuvo encabezada por la ex primera dama Sandra Torres. Además, la UE (UE) y sus Estados miembros, los EE. UU. y numerosas naciones latinoamericanas han celebrado su ascenso al poder. Sin embargo, miembros de la élite política y empresarial de Guatemala, desde las sombras, han adelantado una campaña postelectoral para obstaculizar la victoria de Arévalo.

Esa campaña generó reacciones adversas considerables, tanto a nivel nacional como internacional y hasta el momento ha sido infructuosa, pero también sugiere que la oposición al nuevo gobierno será intensa e inescrupulosa. Como mínimo, esta resistencia intentará obstaculizar las reformas del nuevo gobierno; pero en el peor de los casos, podría amenazar la permanencia de Arévalo en el poder. Los futuros desafíos que enfrente el gobierno de Arévalo en un país altamente desigual, con una democracia defectuosa y grupos criminales bien establecidos, podrían poner en peligro la estabilidad y seguridad de Guatemala.

En estas circunstancias, la UE y sus Estados miembros deben:

• En conjunto con los EE. UU. y otros actores internacionales, seguir aplicando sanciones dirigidas contra individuos y grupos que buscan derrocar al gobierno democráticamente electo con argumentos engañosos.

• Apoyar al gobierno de Arévalo en su esfuerzo por reducir la corrupción mediante el fortalecimiento de la transparencia y la digitalización de los sistemas de gestión estatales.

• Continuar la cooperación bilateral y regional, incluyendo la provisión de asistencia técnica para fortalecer la aplicación de la ley de manera efectiva y humanitaria.

• Respaldar la creación de un Ministerio para los Pueblos Indígenas con el objetivo de contrarrestar la discriminación y la desigualdad de larga data.

El Ministerio Público de Guatemala, que fue el centro de una iniciativa respaldada por la ONU para combatir la corrupción e impunidad, estuvo al frente de los intentos por evitar que Arévalo asumiera el cargo. Bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras y con el respaldo del Tribunal Supremo Electoral y la Corte Constitucional, esta oficina ya había prohibido la participación de tres candidatos presidenciales más en la campaña de 2023, basándose en gran medida en cargos infundados. Es probable que no hayan atacado a Arévalo y a su partido Semilla al principio de la carrera porque las encuestas de opinión sugerían que obtendría pocos votos.

Pero después del sorprendente gran desempeño de Arévalo en la primera vuelta de las elecciones en junio de 2023 y su victoria absoluta en la segunda vuelta dos meses después, estuvo en la mira de importantes miembros de la élite política y económica de Guatemala, conocida coloquialmente como el “Pacto de corruptos” el “pacto de los políticamente corruptos”. El Pacto claramente prefería a Torres , quien fue arrestada en 2019 acusada de violar las leyes de financiamiento de campañas en su carrera presidencial de 2015, pero fue absuelta en 2022 después de que un juez determinara que no había suficientes pruebas para ir a juicio. Después de la votación de junio, los fiscales inventaron una serie de pretextos débiles para intentar anular los resultados electorales, desmantelar Semilla y despojar al presidente electo de su inmunidad. Como respuesta hubo una ola de protestas, impulsada primero por jóvenes urbanos y luego potenciada por la gran comunidad indígena del país, que, atraída por el mensaje de reforma de Arévalo, salió a las calles. Se desencadenó una huelga nacional y los abogados de Semilla presentaron apelaciones en los tribunales más altos del país para evitar que el Ministerio Público implementara lo que Arévalo describió como un “golpe de estado en cámara lenta”.

Como se discute con mayor detalle a continuación, la presión nacional e internacional parece haber marcado la diferencia, y los esfuerzos por detener el traspaso de poder resultaron infructuosos. Sin embargo, todas las señales apuntan a una batalla cuesta arriba para el gobierno de Arévalo, especialmente en su búsqueda de emprender acciones firmes para frenar la corrupción, lo cual muchos miembros del Pacto ven como una amenaza personal. Semilla tampoco está especialmente bien posicionada para participar en la política desde el poder. Es el tercer partido más grande en el Congreso, con 23 de 160 escaños. Sus oponentes políticos conforman los dos bloques más grandes. Aunque habrá una renovación en el poder judicial en octubre de 2024, con nuevos jueces programados para la Corte Suprema, está previsto que Porras permanezca en el cargo hasta 2026. Mientras tanto, el expresidente Alejandro Giammattei ha sido notablemente reacio a condenar las artimañas legales que estuvieron destinadas a evitar que Arévalo llegara al poder, sugiriendo que esta campaña tenía, y podría seguir teniendo, al menos el consentimiento tácito de importantes líderes políticos y empresariales.

El principal antagonista de Arévalo a lo largo del ciclo electoral fue la fiscal general Porras. Nombrada en 2018, Porras tiene fuertes vínculos con elementos antirreforma dentro y fuera del Estado, y un historial de trabajar para proteger a los poderosos de la corrupción. Sus aliados políticos incluyen al expresidente Jimmy Morales, quien ordenó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, que saliera del país en 2019, así como al expresidente Giammattei. Desde 2019, investigaciones criminales, amenazas de muerte por parte de redes ilícitas y la falta de protección policial han obligado a alrededor de 100 periodistas y reformistas anticorrupción guatemaltecos a abandonar el país. Otros, que optaron por quedarse, como José Rubén Zamora, un destacado periodista, han sido encarcelados bajo acusaciones sin fundamento. Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil han advertido que el Ministerio Público ha estado “desestimando sistemáticamente” denuncias de corrupción.

La interferencia del Ministerio Público en las elecciones de 2023 se suma a los esfuerzos previos del “Pacto de corruptos” por mantener un control firme sobre la gobernabilidad de Guatemala. El Pacto se beneficia de la corrupción endémica en Guatemala y se ha esforzado por mantener a los partidos políticos reformistas fuera del poder. En la medida en que avanzaba la campaña, Porras trabajó con Rafael Curruchiche, director de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, para impedir la participación de tres candidatos presidenciales y disolver un partido, y más adelante, para tratar de negarle la presidencia a Arévalo.

Porras y Curruchiche han defendido sus acciones, incluyendo los casos legales contra Semilla, en términos aparentemente nobles. Durante un allanamiento a las autoridades electorales, en busca de pruebas de supuestos votos fraudulentos, Curruchiche declaró que su oficina estaba llevando a cabo “una operación de rescate de la democracia y la soberanía de este país que ha sido mancillada por la Organización de los Estados Americanos, la UE y gobiernos extranjeros”. Sin embargo, estos argumentos atrajeron poco apoyo tanto en el país como en el extranjero. En una encuesta realizada antes de las elecciones de 2023, el 85,5 por ciento de los guatemaltecos afirmaron que no confiaban en Porras, mientras que solo el 31,5 por ciento confiaban en el Ministerio Público como institución.

Los gobiernos e instituciones extranjeras, en particular los EE. UU. y la UE, inicialmente dudaron en actuar de forma decisiva cuando surgieron pruebas de que las elecciones estaban siendo manipuladas. Pero después de la votación de la primera vuelta, entraron en acción. La UE prolongó la estancia de su misión electoral, que más tarde emitió un informe contundente sobre la interferencia judicial en la votación. La UE, los EE. UU. y la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenaron a los fiscales por intentar revocar el estatus legal de Semilla en julio, después de que Arévalo ganara la votación de la primera vuelta, y por realizar allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral, confiscando unas urnas, en septiembre. La OEA llevó a cabo varias sesiones del Consejo Permanente para expresar su preocupación. Frank Mora, embajador de EE. UU. ante ese organismo, advirtió que Guatemala podría enfrentar consecuencias bajo la Carta Democrática Interamericana ante sus continuas amenazas a una transición pacífica.

Sin embargo, la mayor protesta internacional hasta la fecha ocurrió después de una votación el 30 de noviembre en el Congreso de Guatemala que despojó la inmunidad de cuatro de los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Temiendo que la votación fuera parte de una última jugada en el intento por reemplazarlos con personas que anularían los resultados de las elecciones, el 1 de diciembre, el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a Miguel Martínez, el aliado más cercano del expresidente Giammattei, en la llamada “lista Magnitsky”, lo que significó que sus propiedades y activos en EE. UU. quedaron congelados. El 11 de diciembre, Washington anunció que también revocaría las visas estadounidenses para 300 guatemaltecos, 100 de ellos diputados del Congreso. Al día siguiente, el Consejo Permanente de la OEA instruyó a su secretario general, Luis Almagro, que viajara a Guatemala para hablar con los gobiernos saliente y entrante sobre cómo asegurar una transición pacífica.

La UE tomó sus propias medidas. El 13 de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución conjunta instando el uso de sanciones personales, que prohibirían a Porras, Curruchiche y otros jefes del Ministerio Público viajar a Europa y congelarían sus activos. El 12 de enero, el Consejo de la UE aprobó una serie de medidas adicionales que podrían ser usadas contra personas o entidades que socaven la democracia en Guatemala. Como resultado, a estas personas podrían restringírseles sus viajes, congelarles sus activos y cortarles sus lazos económicos en Europa. Además, el alto representante de la UE, Josep Borrell, viajó a Guatemala por primera vez para asistir a la inauguración de Arévalo, lo cual buscaba mostrar el respaldo internacional a Arévalo y un compromiso de hacer frente a quienes buscan socavar el resultado electoral.

Esta reacción adversa a nivel nacional e internacional podría haber tenido un impacto. A mediados de diciembre de 2023, la Corte Constitucional dictaminó que todos los funcionarios electos debían posesionarse el 14 de enero, según lo planeado. Aun así, pocos días antes de que Arévalo asumiera el cargo, Curruchiche apeló la decisión. Entre rumores de que sus oponentes intentarían una última vez evitar que Arévalo asumiera el cargo, seis senadores demócratas de EE. UU. instaron a retirar la ayuda y aplicar sanciones diplomáticas y económicas si la entrega del poder no se realizaba según lo programado. El día de la toma de posesión, la saliente Comisión de Revisión de Credenciales en el Congreso solicitó documentación adicional en un último intento de evitar la toma de posesión de los diputados de Semilla y retrasó la ceremonia de inauguración de Arévalo por varias horas. Finalmente, Arévalo tomó posesión de la presidencia después de la medianoche del 15 de enero.

Con pocos aliados en los poderes legislativo y judicial, el nuevo gobierno podría enfrentar dificultades para avanzar en las ambiciosas reformas que ha prometido. Sus propuestas incluyen depurar el Estado de funcionarios corruptos y sentar las bases para un desarrollo equitativo. Sin embargo, la posición de Semilla en el Congreso es precaria. Por ahora, los representantes del partido en el Congreso han sido considerados “independientes” después de que los fiscales solicitaran la disolución del partido debido a presuntas firmas fraudulentas en el momento de su creación. Esta medida evita que Semilla lidere comités parlamentarios. Dicho esto, el hecho de que Arévalo y su partido hayan ganado de manera tan decisiva ha abierto la puerta para que obtengan influencia política y legislativa. Particularmente, 23 diputados de partidos rivales se unieron a la coalición legislativa de Semilla poco después de que Arévalo asumiera el cargo.

Otro frente de batalla será inevitablemente en el sistema judicial. Porras ha dicho que no renunciará. Un factor en su postura podría ser el hecho de que fuera del cargo, perdería su propia inmunidad legal. También cuenta con respaldo judicial: aunque la Corte Constitucional declaró que los funcionarios electos en 2023 debían asumir sus cargos, también permitió que los fiscales continúen investigando a Semilla por una serie de presuntos delitos. Los fiscales ya han solicitado que se levante la inmunidad judicial de Arévalo para que puedan avanzar con una investigación penal en su contra, pero esta acción requiere luz verde por parte de la Corte Suprema, cuyos magistrados fueron elegidos por el Congreso en noviembre de 2023. Aun así, Arévalo no necesariamente tiene que convivir con Porras. Si ella es condenada por un delito cometido mientras era fiscal general, eso sería motivo de despido. Alternativamente, el Congreso podría reformar la ley que en la actualidad la protege de ser despedida. En cualquier caso, si Arévalo logra permanecer en el cargo, su gobierno eventualmente tendría la oportunidad de contribuir a la incorporación de nuevas caras en el sistema judicial, porque en 2026 se elegirán magistrados para la Corte Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, al igual que un nuevo fiscal general.

A pesar de estos obstáculos, el gobierno está decidido en avanzar con asuntos de centrales de preocupación pública. Habiendo surgido producto de un movimiento anticorrupción, Semilla buscará reavivar la campaña actualmente inactiva contra la corrupción, que Arévalo ha dicho que absorbe aproximadamente el 40 por ciento del presupuesto nacional destinado al desarrollo, la salud y la educación. La corrupción no solo ha desviado muchos de los ya escasos recursos para el gasto social (el recaudo de impuestos en Guatemala, que representa el 12 por ciento del PIB, es uno de los más bajos de América Latina), sino que también ha socavado la integridad de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial al fomentar la colusión entre funcionarios estatales y grupos criminales. Estos vínculos ilícitos, que fueron el centro de la campaña de la CICIG, siguen siendo motivo de preocupación, aunque Arévalo ha decidido que, por ahora, el énfasis debe centrarse en garantizar que los presupuestos estatales se gasten adecuadamente. Los planes del nuevo presidente incluyen la creación de una comisión autónoma contra la corrupción, que comenzará revisando posibles reformas para combatir este flagelo. 

El crimen, por su parte, está resuelto a captar la atención del público y, por lo tanto, del gobierno, como sucede en gran parte de América Central, aunque la tasa de homicidios en Guatemala continúa disminuyendo: se redujeron en un 4 por ciento en 2023 en comparación con el año anterior. Sin embargo, la violencia sigue siendo muy alta en ciertas áreas, especialmente en los departamentos de Escuintla, Zacapa, Izabal y Petén, donde se concentra el tráfico de drogas, mientras que sus efectos se sienten principalmente en segmentos particulares de la sociedad, en especial en los hombres jóvenes. Tras el éxito del país en reducir la violencia criminal de su pico máximo en 2009, el gobierno de Arévalo no tiene que reinventar la rueda. Las tácticas que han funcionado en Guatemala incluyen fuerzas especiales, que emplean a policías y fiscales seleccionados para identificar grupos criminales que operan en áreas violentas, investigar sus actividades ilícitas y emitir órdenes de arresto. El gobierno también ha propuesto aumentar el número de policías, construir una nueva prisión y desmantelar grupos criminales a través de mejores labores de inteligencia e investigaciones. Parte de este esfuerzo debería centrarse en combatir la extorsión, un delito que afecta a muchos guatemaltecos y que está coordinado en gran medida por jefes del crimen que están tras las rejas. 

Por último, EE. UU. tendrá la expectativa de que Arévalo mantenga la estrecha cooperación de Guatemala en los esfuerzos para controlar los flujos migratorios hacia el norte. Las deportaciones de guatemaltecos desde EE. UU. siguieron aumentando en 2023, lo que indica que los migrantes aún están siguiendo rutas ilegales peligrosas en lugar de esperar la aprobación formal a través de canales legales. Si bien este problema es de mayor preocupación inmediata para Washington que para Bruselas, la ayuda europea para abordar los factores impulsores de la migración sin duda sería bien recibida por sus socios en Guatemala y EE. UU.

Las estadísticas oficiales de Guatemala indican que entre enero y abril de 2023, la mayoría de los deportados provenían de los departamentos de Huehuetenango, Quiché, San Marcos y Quetzaltenango, así como de la metropolitana Ciudad de Guatemala; en los tres primeros departamentos mencionados es donde predomina la población indígena. La concentración de migrantes entre los indígenas no es una coincidencia. Se estima que alrededor del 80 por ciento de los indígenas de Guatemala viven por debajo de la línea de pobreza, en comparación con el 59 por ciento de la población general, mientras que las mujeres indígenas sufren altas tasas de analfabetismo y embarazo adolescente. La discriminación y el maltrato contra las comunidades indígenas de Guatemala han moldeado durante mucho tiempo la historia de la nación, pero representantes de estos grupos han brindado un sólido apoyo a Arévalo durante las protestas a su favor, mientras que el nuevo presidente ha prometido crear un Ministerio de Pueblos Indígenas para ayudar a abordar las arraigadas desigualdades.

La UE y sus Estados miembros han respaldado sin reservas a Arévalo después de su elección, advirtiendo que no tolerarían un golpe para impedir que asumiera el poder. Ahora que el nuevo gobierno ha asumido el cargo, Europa debe estar atenta al riesgo de continuos intentos judiciales para destituirlo a través de investigaciones infundadas y casos de juicio político. Debe estar lista para trabajar estrechamente con EE. UU. para ofrecer apoyo diplomático, advirtiendo o potencialmente adoptando sanciones contra las personas involucradas. La UE también debería estar preparada para ofrecer su apoyo a reformas que busquen cristalizar una mayor transparencia en el gobierno y seguridad para Guatemala, así como para responder a cualquier reacción adversa que esto pueda provocar.

Un apoyo concreto sería beneficioso en diversas áreas. La reciente renovación del programa regional EL PAcCTO, que une a la UE con naciones de América Latina y el Caribe en la lucha contra el crimen transnacional, es un desarrollo positivo. En cuanto al plan anticorrupción del gobierno, la UE podría ayudar al gobierno con planes para digitalizar los sistemas de gestión estatales y garantizar su transparencia. En el ámbito de la seguridad, la UE debería ofrecer asistencia técnica cuando sea apropiado, incluyendo planes para modernizar el sistema penitenciario y ejecutar programas de rehabilitación para los reclusos. Como lo han hecho anteriormente, especialmente a través del apoyo de España para una unidad dedicada a la investigación de asesinatos contra funcionarios policiales hace una década, la UE y sus Estados miembros también deberían respaldar la conformación de nuevas fuerzas especiales para investigar la corrupción, homicidios, extorsión y el lavado de dinero.

Si bien la migración a través de América Central y México seguirá siendo una preocupación principal para EE. UU., la UE y sus Estados miembros podrían trabajar para abordar la raíz del problema de seguridad, que impulsa a guatemaltecos pobres y, a menudo, indígenas, a embarcarse en peligrosos viajes hacia el norte. En particular, deberían ofrecer apoyo para la creación de un Ministerio para los Pueblos Indígenas, que estaría encargado de encontrar servicios y recursos para corregir la discriminación y la desigualdad de larga data en esas comunidades. En el mismo espíritu, la UE y sus Estados miembros deberían respaldar programas que fortalezcan la educación de las niñas indígenas.