Las candidaturas excluidas ensombrecen los comicios guatemaltecos

¿Qué está en juego en las elecciones de Guatemala?

El 25 de junio, los cerca de 10 millones de guatemaltecos habilitados para votar elegirán a un nuevo presidente y vicepresidente, así como a 160 diputados y cientos de alcaldes. Si ninguno de los 23 candidatos presidenciales recibe más del 50 por ciento de los votos, un resultado que actualmente parece improbable, se llevará a cabo una segunda vuelta el 27 de agosto. El nuevo presidente se posesionará a principios de 2024.  

La mayoría de los guatemaltecos clama por un nuevo liderazgo. La Constitución le prohíbe al actual presidente, el conservador Alejandro Giammattei, presentarse a la reelección, pero, de cualquier forma, a la mayor parte de los votantes les alegra su salida. Tres cuartas partes de la población califica su mandato, que coincidió con el pico de la pandemia de COVID-19, como inadecuado. Sin embargo, la mayoría de votantes no ven las próximas elecciones como una oportunidad para lograr un cambio significativo. Existe la percepción generalizada de que las élites políticas y empresariales han manipulado el sistema judicial para excluir de las elecciones a los políticos que pueden representar una amenaza para sus intereses. Al mismo tiempo, se ha permitido que políticos con vínculos de larga data con los poderosos del país sigan en la contienda electoral a pesar de haber infringido las normas de elegibilidad, como ser parientes de dirigentes que llegaron al poder por la fuerza. Como resultado, muchos guatemaltecos muestran desinterés por los comicios: un sondeo realizado en mayo encontró que el 45 por ciento de los encuestados no votaría por ningún candidato y una gran parte desaprueba la mayoría de las instituciones estatales del país.

Este amplio descontento tiene raíces profundas. Guatemala, el país más poblado y diverso de Centroamérica, es uno de los más desiguales del hemisferio. En 2020, el 59 por ciento de la población vivía en la pobreza, una tasa que llegó a casi el 80 por ciento entre la numerosa población indígena del país. El país tiene el nivel más bajo de recaudación de impuestos en América Latina: apenas el 12 por ciento del PIB, aproximadamente la mitad del promedio regional. La falta de oportunidades económicas y la arraigada discriminación contra la comunidad indígena llevan a decenas de miles de guatemaltecos a emigrar cada año.

Fiscales exiliados, analistas y muchos ciudadanos guatemaltecos creen que las enquistadas élites del país blindan su poder no sólo limitando quién llega al poder, sino también repeliendo las iniciativas para erradicar la corrupción y la impunidad. Puntualmente, miembros de la clase dirigente guatemalteca le declararon la guerra a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de la ONU (CICIG), establecida en 2007, alegando que violaba la soberanía nacional. Sin embargo, el 70 por ciento de la población aprobó el trabajo de la comisión. En el apogeo de su influencia, la comisión dirigió la imputación y posterior detención en 2015 del entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti por cargos de fraude y cohecho (cada uno ha sido condenado desde entonces a 16 años de prisión). Cuatro años más tarde, el expresidente Jimmy Morales, cuyos familiares habían sido objeto de investigación por parte de la CICIG por fraude, ordenó su cierre.

Giammattei ha reprimido aún más a las personas que trabajan para hacer de Guatemala una sociedad más justa. Durante su administración, 35 exfuncionarios judiciales y 22 periodistas se han exiliado debido al hostigamiento, amenazas de muerte y persecución judicial. La actual fiscal general, Consuelo Porras, figura en la lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU., que incluye a personas de Centroamérica identificadas como corruptas y antidemocráticas por el gobierno estadounidense. Porras está presuntamente implicada en la obstrucción de investigaciones por corrupción mediante el traslado o el despido de fiscales. El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, quien también figura en la lista Engel, ha pretendido judicializar a Leily Santizo, exfuncionaria de alto rango de la CICIG, y presentó cargos penales contra José Rubén Zamora, presidente del periódico de investigación más importante de Guatemala, elPeriódico. El diario se vio obligado a cerrar, y Zamora fue condenado recientemente a seis años de prisión.

Lo más probable es que el nuevo presidente se abstenga de enfrentar la arraigada corrupción; en el peor de los casos, podría incluso intensificar la persecución política del pequeño número de disidentes que quedan. Ninguno de los principales candidatos presidenciales se ha pronunciado a favor de la CICIG. 

¿Quiénes son los favoritos y qué intereses representan?

Los principales contendientes forman parte del panorama político y diplomático de Guatemala desde hace mucho tiempo. La favorita inicialmente era Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, condenado a 80 años de prisión en mayo de 2013 por crímenes de lesa humanidad y genocidio del pueblo Ixil, solo para que la Corte de Constitucionalidad posteriormente anulara la sentencia (él murió en 2018). Exdiputada, Ríos describe a los integrantes de su partido como “liberales clásicos” y a sí misma como una cristiana devota. Sandra Torres, exprimera dama, es conocida por su programa “bolsa solidaria” que, entre otras cosas, proporcionaba transferencias en efectivo a las madres para que enviaran a sus hijos a la escuela. Ahora promete reducir los impuestos sobre los productos alimenticios básicos e impulsar programas sociales. Fue detenida en 2019 acusada de infringir las leyes de financiación electoral en su campaña presidencial de 2015, pero fue absuelta en 2022 después de que un juez dictaminara que no había pruebas suficientes para proceder con el juicio. Edmond Mulet, quien ha sido diputado, embajador y diplomático de alto nivel de la ONU, ha prometido dotar a los estudiantes de equipos electrónicos y reducir el costo de los medicamentos. Todos los candidatos prometen enfrentar la corrupción, pero sin recurrir a la ONU.

Si bien los principales candidatos pueden afirmar tener una amplia experiencia política y administrativa, los medios guatemaltecos han descubierto figuras de dudosa reputación, incluidas personas previamente procesadas por la CICIG, en sus listas de candidatos a la vicepresidencia, al Congreso y a gobiernos locales. Esto no debería ser una sorpresa: las conexiones entre capital privado e intereses criminales con funcionarios electos han sido durante mucho tiempo un emblema de la política guatemalteca. De hecho, investigar ese nexo fue una de las prioridades de la CICIG antes de su cierre.

Entre las piezas más manipulables del sistema político están sus partidos, 27 de los cuales están registrados para presentarse a las elecciones de 2023. Desde que Guatemala volvió a la democracia en 1985 han proliferado los partidos pequeños, a menudo de corta duración. Algunos de estos pequeños partidos están afiliados entre sí; otros surgieron de rupturas al interior de otros partidos, y otros incluso han establecido alianzas ad hoc únicamente para las próximas elecciones. Los propios partidos tienden a ser creaciones frágiles, a menudo conformados por poco más que un líder al que se unen familiares y colaboradores; el cambio entre partidos, una práctica conocida como transfuguismo, se ha convertido en un elemento básico de la vida política guatemalteca, ya que los diputados u otros funcionarios electos buscan mejores y más lucrativas oportunidades. Alrededor del 78 por ciento de los diputados buscan la reelección bajo banderas distintas de aquellas con las que fueron elegidos.

Todavía existen auténticas fuerzas de oposición. Bernardo Arévalo, hijo del primer presidente guatemalteco elegido democráticamente, participa en las elecciones presidenciales como líder del Movimiento Semilla. Ha presentado un plan de reformas detallado y presupuestado, pero tiene pocas esperanzas de llegar a la segunda vuelta, según las encuestas de opinión. Otros candidatos también expresan su oposición frontal a las élites gobernantes, aunque ninguno se ha perfilado hasta ahora como posible vencedor en las urnas.

¿Serán unas elecciones libres y justas; qué riesgos hay de disturbios?

 Esta elección se perfila como la más controversial de las últimas décadas en Guatemala. El hecho de que a tres destacados candidatos se les prohibiera postularse ha llevado a amplios sectores de la opinión pública a considerar que la contienda está amañada.

El primero de los aspirantes en recibir la estocada fue Roberto Arzú: las autoridades electorales le prohibieron postularse en febrero luego de que el empresario y primogénito del expresidente guatemalteco Álvaro Arzú fuera acusado de iniciar su campaña antes de lo permitido. Respondió alegando que le negaron el derecho a presentarse porque le quitaría votos a Ríos. Sin embargo, su apelación fracasó y el 25 de mayo la Corte de Constitucionalidad lo excluyó oficialmente de la contienda.

En marzo de 2023, la Corte de Constitucionalidad le prohibió a la aspirante presidencial Thelma Cabrera (líder maya y defensora de los derechos humanos que obtuvo el 10,4 por ciento de los votos en las elecciones de 2019) y a su compañero de fórmula Jordán Rodas (el exprocurador de los derechos humanos del país, que dirigió la campaña legal para impedir el cierre de la CICIG) registrar su candidatura. Su campaña proponía reavivar la lucha anticorrupción en los niveles más altos del gobierno y promover los derechos de los pueblos indígenas. El Tribunal Supremo Electoral declaró inválido el certificado de buena conducta de Rodas, un documento que deben presentar todos los candidatos, luego de que su sucesor como procurador de los derechos humanos alegara que el candidato había cometido una infracción administrativa. “Todo está cooptado”, respondió Rodas. “No hay ninguna institución hoy independiente que garantice la democracia en Guatemala”. Los candidatos apelaron la decisión ante la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad, además de buscar apoyo internacional, pero fue en vano.

Quizás la eliminación más inesperada fue la del acaudalado empresario Carlos Pineda, a quien se le prohibió postularse en mayo. En ese momento, lideraba las encuestas. Él y toda su lista de candidatos fueron excluidos de las elecciones luego de un amparo judicial que señalaba tres omisiones durante una asamblea del partido celebrada en 2022. El amparo fue solicitado por el partido de Manuel Baldizón, un excandidato presidencial que en 2018 fue declarado culpable en EE. UU. de lavado de dinero y pagó una condena de 21 meses de prisión.

La suerte que han corrido los candidatos excluidos es aún más sorprendente cuando se contrasta con el trato que han recibido otros aspirantes aparentemente favorecidos. El inciso c del artículo 186 de la Constitución del país le prohíbe a Ríos presentarse como candidata presidencial por ser hija del jefe de un golpe de Estado, motivo por el cual se le negó el derecho a postularse en las elecciones de 2019. Posteriormente, Ríos apeló con éxito este fallo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que se habían vulnerado sus derechos políticos individuales. En principio, a Romeo Estuardo Guerra Lemus, compañero de fórmula de Sandra Torres, también se le debería negar el derecho a presentarse como candidato a la vicepresidencia: el inciso f del artículo 186 de la Constitución prohíbe la postulación de ministros de cualquier religión o culto a la presidencia o vicepresidencia, lo cual lo inhabilita por desempeñarse como pastor evangélico.

Estas decisiones arbitrarias han llevado a muchos guatemaltecos a sospechar que el próximo presidente del país ya ha sido seleccionado en negociaciones entre bastidores, en las que poderosos grupos han decidido quién puede postularse y quién no. Una de las principales motivaciones de estas élites parece ser blindar sus intereses comerciales de posibles investigaciones judiciales. El excandidato Arzú sostiene que “un conglomerado que tiene cooptado el gobierno, los diputados, las cortes, el Tribunal Supremo Electoral. … Y que son parte también empresarios que quieren seguir con privilegios, monopolios, con abusos en sus sectores. Entonces realmente el presidente que ellos deciden apoyar para siendo el gerente de turno. … Lo que buscan es la impunidad”.

Sin importar las razones precisas detrás de las decisiones que han configurado el panorama electoral, la sensación de que el ganador ya ha sido seleccionado, o que los candidatos han pasado por alto las reglas sin ser sancionados, parece que llevará a una parte de la población guatemalteca a abstenerse de acudir a urnas. A medida que se acercan las elecciones, los candidatos presidenciales excluidos de la contienda han hecho un llamado a sus seguidores a “votar nulo”, dado que, si más del 50 por ciento de los votos resultan ser nulos, la elección debe repetirse. Sin embargo, analistas guatemaltecos señalan que es más probable que la gente simplemente se abstenga de votar en lugar de acudir a las urnas y anular su voto.

A diferencia de otras partes de América Latina, la desconfianza generalizada en las instituciones estatales y la convicción de que el país está peor que tres años atrás puede generar apatía en lugar de protesta. Guatemala ha sufrido durante mucho tiempo una baja participación electoral, con muchos ciudadanos que argumentan que no reciben nada del Estado y albergan pocas expectativas de cambio. Estas elecciones podrían representar un regreso al statu quo del país, con elecciones intensamente competitivas recibidas con indiferencia por la población. Aun así, la violencia ha seguido asolando la contienda, con un aumento de los ataques a candidatos, simpatizantes y trabajadores de los partidos a medida que se acerca la jornada electoral. El centro de estudios guatemalteco Diálogos señala que 15 personas involucradas en las distintas campañas electorales, incluidos conductores y voluntarios, fueron asesinadas entre enero y la primera quincena de junio. El 14 de junio, el candidato presidencial Edmond Mulet anunció que se habían escuchado disparos en la sede de su partido en Chimaltenango, acompañados de una nota amenazante. Tres días después, un candidato del partido de Torres fue asesinado a tiros.

Gobiernos y líderes extranjeros han tomado nota. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la UE (que junto con la Organización de los Estados Americanos desplegará una misión de observación electoral en el país), han hecho un llamado por un proceso electoral competitivo, inclusivo y transparente. Líderes extranjeros han hecho un llamado similar, entre ellos la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, quien sostuvo una conversación telefónica con el presidente Giammattei en mayo. Esos esfuerzos, sin embargo, no parecen haber tenido mucho impacto, al menos en cuanto a qué candidatos presidenciales se les permitirá participar.

¿Cómo abordará la nueva administración las principales preocupaciones de los ciudadanos, incluida la seguridad? 

Los guatemaltecos señalan el alto costo de vida, el crimen, la inseguridad, la corrupción y el desempleo como sus principales preocupaciones. Mientras que los ciudadanos rurales están más preocupados por el estado de la economía, los habitantes de las ciudades dicen que enfrentar la inseguridad es su prioridad. Guatemala ha experimentado una reducción en los homicidios desde 2011, alcanzando su cifra más baja de muertes en 2020; durante ese período, su tasa de homicidios disminuyó de 46 homicidios por cada 100 000 habitantes a 17,3. Pero en 2021 y 2022 se presentaron aumentos en el número de asesinatos, concentrados en puntos críticos en los departamentos de El Progreso, Escuintla, San Marcos, Guatemala, Jutiapa e Izabal. 

Varios candidatos se han adherido a las políticas adoptadas por el presidente del vecino El Salvador, Bukele, quien ha sido adulado por grupos que cruzan el espectro político latinoamericano por librar una “guerra contra las pandillas” mediante el encarcelamiento masivo de presuntos delincuentes. Ríos ha propuesto lo que denomina Plan de Fortalecimiento, que se inspira en Bukele y en el Plan Colombia, la campaña de lucha contra el narcotráfico y la insurgencia en Colombia respaldada por EE. UU. que comenzó en 1998. Su plan pretende mejorar la gestión territorial y fronteriza, reforzar el control estatal de las cárceles y lograr una mayor transparencia en el gasto. Ha declarado que aplicaría la pena de muerte a quienes cometan delitos graves, en particular asesinatos y violaciones de menores, a pesar de que la pena capital está prohibida por el Pacto de San José, el cual fue suscrito por Guatemala. También ha dicho que aplicaría la “muerte civil” para quienes sean encontrados culpables de corrupción, principalmente impidiéndoles contratar con el Estado en el futuro.

Torres ha centrado su plan de seguridad en la reestructuración de la Policía Nacional Civil y en la instalación de más cámaras de vigilancia. También ha manifestado su respaldo a la pena de muerte para violadores y asesinos de menores, aunque en entrevistas posteriores ha reconocido que la pena capital no está permitida en Guatemala. Mulet, por su parte, ha esbozado el plan que denomina Seguridad total 24/7, destinado a desplegar policías y militares en 200 barrios, instalar más cámaras e impulsar la prevención local del delito. En teoría, los acuerdos de paz de 1996 prohibieron la participación de militares en la seguridad pública, pero, desde entonces, los soldados han asumido funciones policiales ocasionalmente.

Aunque el nuevo presidente intente seguir los pasos del presidente más popular de América Latina en el momento, es probable que la administración entrante tenga dificultades para conseguir el apoyo de la opinión pública. No le resultará fácil combatir la impunidad a un sistema judicial debilitado y en deuda con determinados intereses privados o criminales: siete de cada diez guatemaltecos consideran que pocas veces se aplica la ley a quienes cometen un delito. Es muy probable que los poderosos grupos empresariales impidan que el Estado aumente su recaudación de impuestos para mejorar los servicios públicos o programas sociales. Mientras tanto, Guatemala seguirá bajo presión de EE. UU. para que colabore en la prevención de la migración y el control de los flujos migratorios hacia el norte en su territorio. Es probable que esa carga aumente, ya que el país albergará uno de los dos Centros Regionales de Procesamiento de América Latina para personas que soliciten asilo en EE. UU. (Colombia albergará el otro). Unas elecciones que, según la opinión general, se celebran en un terreno de juego desigual, como mínimo darán a otros gobiernos de la región otro precedente de intromisión electoral. En el peor de los casos, pueden plantear serios desafíos para la legitimidad del próximo presidente de Guatemala.