¿Qué hay de nuevo?  El número de mujeres activas en las organizaciones criminales mexicanas ha aumentado de manera constante en los últimos años. A menudo, las mujeres consideran que unirse a grupos delictivos es una forma para protegerse de la violencia de género y adquirir el poder y el respeto de los que carecen en el resto de la sociedad.

¿Por qué importa?  Los grupos criminales están alimentando la ola de violencia en México. El hecho de que un mayor número de mujeres se unan a sus filas refuerza el control de estos grupos sobre las comunidades y aumenta su capacidad para causar daño. La participación de mujeres en las bandas expone a sus hijos e hijas a nuevas amenazas de violencia y reclutamiento, lo que podría prolongar la crisis de seguridad del país.

¿Qué se debe hacer?  Las instituciones estatales y la sociedad civil de México deben trabajar conjuntamente para promover alternativas al crimen organizado para las jóvenes. Idealmente, las iniciativas generarían oportunidades para que las mujeres puedan salir de estos grupos. Los programas de formación laboral para mujeres encarceladas y en centros de rehabilitación para el abuso de drogas también son esenciales.

Intensos relatos personales, informes de medios y el análisis de datos de la encuesta de población privada de la libertad permiten concluir cada vez más mujeres mexicanas se están uniendo a grupos criminales. A menudo provenientes de entornos pobres y familias rotas, las jóvenes que resultan delinquiendo con estos grupos afirman haber llegado a la delincuencia a través de sus parejas o conexiones que forjaron en puntos de venta y consumo de drogas. Los jefes criminales tienden a valorar a las mujeres porque les parecen competentes, por su respeto a la jerarquía y su habilidad para evadir la atención de la policía. La presencia de mujeres en los grupos ilegales ha fortalecido a estas organizaciones. También ha arraigado más profundamente la delincuencia en el tejido social mexicano y en las familias. Para disuadir a las mujeres y a los menores de dedicarse al crimen será necesario que el Estado y las organizaciones no gubernamentales proporcionen vías alternas para subsistir a través de iniciativas en cárceles, centros de rehabilitación y escuelas, entre otras.

El ascenso de las mujeres al interior de los grupos criminales mexicanos es una sorprendente desviación de la forma en la que tradicionalmente se han relacionado con estas organizaciones. Durante mucho tiempo, las mujeres y sus cuerpos han sido objetivo militar. Cuando los grupos criminales se enfrentan por territorio, es común que recurran a los feminicidios y las “desapariciones” de mujeres (es decir, asesinarlas y deshacerse de sus restos), en parte para demostrar su dominio sobre la zona. Los crímenes contra las mujeres tradicionalmente han aumentado en áreas donde las organizaciones ilegales se disputan el control: en la década de 1990 hubo masacres en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez y, más recientemente las ha habido en Zacatecas, Puebla, Veracruz, el Estado de México y otros lugares donde los grupos delictivos se pelean por el poder.

Pero un número cada vez mayor de mujeres se sienten atraídas por las ventajas que pueden obtener al unirse a una organización criminal. La violencia de género abunda en México, y la reparación judicial es prácticamente nula. Las jóvenes entrevistadas para este informe sufrieron de forma casi uniforme abusos en sus hogares y comunidades. La mayoría señaló que el respaldo de los grupos criminales y el estatus que adquieren dentro de ellos les ofrece protección, reconocimiento e incluso dignidad, además, por supuesto, de ingresos.

Las mujeres suelen caer en la delincuencia a través de conexiones personales. Relaciones románticas con hombres jóvenes involucrados en organizaciones criminales, particularmente como narcomenudistas, jefe de plaza y sicarios, exponen a las mujeres a encuentros con figuras de alto rango en grupos ilegales que pueden llegar a valorar sus habilidades sociales y financieras. Por otra parte, encuentros casuales en torno al consumo de droga pueden conducir a invitaciones para realizar tareas específicas y relativamente menores. Por ejemplo, transportar drogas, servir de vigías o cobrar extorsiones.

También puede haber oportunidades para ascender a puestos más altos en las organizaciones. Las mujeres pueden convertirse en ladronas de coches: las entrevistadas dijeron que se trata de un trabajo bien remunerado y flexible que puede combinarse con el cuidado de los niños. Otras han llegado a ser vendedoras de droga, supervisoras de redes locales de distribución de drogas o sicarias. Al igual que los hombres, entre más alto asciende una mujer en los rangos, más preparada debe estar para torturar, asesinar e infligir otras formas de violencia.

La creciente incorporación de mujeres a los grupos criminales mexicanos tiene consecuencias de gran alcance. El reclutamiento sistemático de mujeres ha resultado en organizaciones criminales más fuertes y más arraigadas en las comunidades donde operan. Muchas luchan por desvincularse de estos grupos sin provocar represalias violentas. Dado que las mujeres mexicanas suelen desempeñar roles tradicionales como cuidadoras primarias, su participación también tiene un impacto multigeneracional. Cada vez hay más mujeres encarceladas por sus vínculos con la delincuencia; cuando las madres terminan tras las rejas, es más probable que sus hijos adopten una vida delictiva, especialmente cuando carecen de cuidadores alternativos. En otros casos, los hijos ven el estatus y los salarios que sus madres obtienen trabajando en organizaciones criminales y siguen sus pasos.

Para evitar que las mujeres se enlisten en grupos criminales, y alentar a quienes ya están involucradas a que se salgan, será necesario comprender cómo se recluta a las mujeres y los desafíos que enfrentan cuando intentan establecer una vida fuera del crimen. Impulsar programas de desmovilización debe ser una prioridad. Para tener éxito, los proyectos deben estar en sintonía con las condiciones del mercado laboral y ofrecer un apoyo integral.

Mayor formación laboral, opciones educativas y atención psicosocial son esenciales para las mujeres encarceladas y consumidoras de drogas, así como apoyo para la reintegración de las que han salido recientemente de prisión. Garantizar la existencia de programas en las comunidades afectadas por la violencia para que las mujeres adquieran habilidades laborales y realicen actividades de ocio (lo que puede ayudarlas a adquirir un sentido de valor y pertenencia) también podría ayudar a prevenir el reclutamiento criminal. Estas iniciativas podrían inspirarse en otras similares que han tenido éxito en América Latina, como el programa de Colombia para la reintegración de combatientes desmovilizados de grupos guerrilleros.

El Estado federal mexicano ya ha creado un impresionante conjunto de instituciones, programas y políticas de apoyo a los derechos de las mujeres, incluido un Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Sin embargo, es necesario ampliarlos y adaptarlos a las necesidades locales para abordar los factores que llevan a las mujeres a formar parte de las organizaciones delictivas y ofrecer una salida viable a las que deseen desvincularse de ellas. Es posible que las mujeres aún no hayan roto el dominio de los hombres en las cumbres del poder criminal. Pero su rápida incorporación a las filas es una señal sumamente alarmante de cómo el crimen se ha entrelazado en comunidades de todo México. Abordar las causas y los efectos del reclutamiento de mujeres y sus hijos e hijas debe ser parte de los esfuerzos para ayudar al país a frenar la implacable violencia de las últimas décadas.

Si bien las organizaciones criminales de México son frecuentemente retratadas como grupos de hombres en constante lucha entre sí, las mujeres están cada vez más involucradas en la violencia[1]. A menudo, son objetivos militares. Las tasas de homicidio han disminuido en el país en los últimos cuatro años, pero los feminicidios y otros ataques en contra de mujeres continúan aumentando y rara vez son juzgados[2]. Además, miembros de las fuerzas militares y policiales mexicanas suelen someter a las mujeres a violencia sexual[3]. Como es de esperarse, existe una correlación entre la intensidad del conflicto en determinada zona y el nivel de violencia de género. Las tasas de feminicidios y desapariciones de mujeres son más elevadas en lugares donde los grupos criminales luchan por el control territorial o se enfrentan a las fuerzas del Estado[4]. Para empeorar las cosas, el sistema de justicia tiende a ser implacable cuando las mujeres arremeten contra sus agresores en actos de legítima defensa[5].

Dicho esto, las mujeres han dejado de ser simples blancos de violencia por parte de grupos criminales; cada vez más, también son responsables de delitos. Las entrevistas realizadas por Crisis Group con mujeres encarceladas y en centros de tratamiento para el abuso de sustancias en México, sumadas a otros trabajos realizados en el país en los últimos años, sugieren que las mujeres se están uniendo cada vez más a las organizaciones criminales mexicanas. La proporción de mujeres acusadas de delitos relacionados con el crimen organizado aumentó del 5,4 por ciento en 2017 al 7,5 por ciento en 2021[6]. Aunque es posible que muchas de las mujeres acusadas de pertenecer a grupos criminales sean inocentes, los datos etnográficos recopilados por Crisis Group para este informe y el análisis de expertos respaldan la tesis de que las mujeres están cada vez más involucradas en estos grupos[7].

Los factores que impulsan esta tendencia varían. En ocasiones, los grupos criminales ofrecen una forma de protección que el Estado y el sistema judicial no logran proporcionar. En ciertos casos, unirse a un grupo armado puede ser una estrategia de supervivencia y un medio para ejercer poder en entornos donde la violencia de género abunda[8]. Cualquiera sea la causa precisa que lleva a las mujeres a la delincuencia, el creciente protagonismo de ellas en las actividades ilegales podría tener enormes repercusiones en la sociedad mexicana, en particular a la luz de las normas machistas que han configurado durante mucho tiempo la división de labores entre hombres y mujeres en el trabajo remunerado, la vida familiar y la crianza de los hijos.[9]

Este informe explora las motivaciones que han llevado a las mujeres mexicanas a integrarse a organizaciones criminales; las implicaciones para ellas y sus comunidades, e ideas sobre cómo detener y revertir la aparente tendencia en el reclutamiento de mujeres. El informe se basa en trabajo de campo realizado en Ciudad de México, Zacatecas, Morelos, Sonora y Baja California entre julio de 2022 y junio de 2023. Crisis Group organizó nueve talleres con 70 mujeres encarceladas o en centros de rehabilitación por abuso de drogas (conocidos en México como anexos), y realizó catorce entrevistas con mujeres que pertenecen o pertenecieron a grupos criminales, así como 27 entrevistas con hombres y mujeres pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, activistas por los derechos de las mujeres, personal penitenciario, defensores públicos, periodistas, expertos en violencia criminal y autoridades locales y federales.

No hay datos oficiales sobre la presencia de mujeres en grupos criminales organizados, pero los medios de comunicación indican que representan entre el 5 y el 8 por ciento del personal activo de estos grupos[1]. Al igual que los hombres, ocupan diversas posiciones. Algunas se involucran en actividades ilegales de bajo nivel únicamente como medio de subsistencia, mientras que otras ascienden a puestos más altos en las jerarquías criminales. Todas deben cumplir códigos de conducta específicos y respetar las cadenas de mando[2].

La encuesta nacional de población privada de la libertad de México da algunas pistas sobre los antecedentes de las mujeres que sentenciadas por delitos relacionados con delincuencia organizada[3]. La mayoría de las mujeres condenadas por delitos relacionados con el crimen organizado (el 66 por ciento) tienen al menos un hijo y la mitad ganaba menos de $275 dólares al mes, una suma menor al salario mínimo, antes de ingresar a prisión[4]. Según datos de la encuesta, el 13 por ciento de estas mujeres quedaron huérfanas cuando eran niñas y casi una de cada cinco afirmó haber sufrido abusos físicos, sexuales y/o emocionales por parte de un familiar durante su infancia[5].

Muchas de las involucradas con grupos criminales entrevistadas para este informe compartían estas características. La participación en el crimen organizado forma parte de un contínuum de violencias al que ellas y sus comunidades han estado expuestas. Más de la mitad de las mujeres activas y retiradas de grupos criminales entrevistadas para este informe habían experimentado violencia física en su infancia, y siete eran sobrevivientes de violencia sexual. Comenzaron su participación en grupos delictivos siendo adolescentes, empezaron a consumir sustancias ilícitas entre los doce y trece años, y la mayoría había tenido a su primer hijo antes de los dieciocho[6].

Según una experta, la mayoría de las reclusas que han estado involucradas en organizaciones criminales afirman que se encontraban en un estado de extrema soledad y exclusión social desde muy temprano en sus vidas. Sentían que sus familias no las habían protegido[7]. Una de las mujeres reflexionó sobre su problemática adolescencia en los siguientes términos: “De mi infancia sólo recuerdo estar siempre con miedo y el dolor. … La vida siempre fue dura para mí. Yo era el saco de boxeo de mi mamá y de mis hermanos, porque era la más chica y no podía defenderme. Siempre me pegaban por todo, me echaban la culpa de las cosas, por lo mismo era una niña muy muy tímida, casi no hablaba y los profesores pensaba que tenía algún problema mental”[8].

Para muchas de las mujeres que hablaron con Crisis Group, la vida criminal es un medio de autodefensa y una forma de evitar ser victimizada. Algunas mujeres, especialmente las más jóvenes, recurren a la delincuencia como una ruta no sólo para sobrevivir en comunidades plagadas de violencia y comportamientos amenazantes, sino también para adquirir cierto grado de autonomía e incluso la percepción de dignidad. Una entrevistada mencionó:

Desde muy morrilla entendí que tienes de dos, o te haces cabrona o te lleva la chingada y no es así como que digas ‘Ay, voy a ser malandra’, pero te das cuenta que no puedes andar en la pendeja, que si quieres vivir tienes que saber cómo defenderte y saber con quién te juntas y una cosa lleva a la otra, y terminas así[9].

El creciente protagonismo de las mujeres en el crimen organizado ha demostrado ser a su vez una ventaja para los grupos ilegales. Entre más gente hay dispuesta a enlistarse, es más fácil para los líderes criminales reponer sus filas ante las constantes pérdidas causadas por encarcelamientos, asesinatos o la desaparición de sus tropas. La participación de mujeres también ha ayudado a estas organizaciones a sobrellevar la creciente militarización del país por parte del presidente Andrés Manuel López Obra­dor para combatir el crimen[10]. Un reciente estudio estima que las organizaciones criminales mexicanas reclutan aproximadamente 7000 miembros al año[11]. La diversificación de los portafolios criminales usualmente significa que las organizaciones ilegales dependen de una gama más amplia de perfiles ocupacionales, lo que ofrece más oportunidades para las mujeres reclutadas. Estudios han documentado la particular importancia de las mujeres en actividades ilícitas como la trata de personas y el lavado de dinero[12].

Las entrevistas de Crisis Group sugieren que las mujeres en México llegan al crimen organizado por dos rutas principales: parejas románticas involucradas en actividades ilícitas o conexiones que forjan en lugares de tráfico y consumo de drogas en comunidades empobrecidas. Estas vías no se excluyen mutuamente y a menudo se refuerzan entre sí, llevando a las mujeres y a sus hijos a la órbita de los grupos criminales que dominan los barrios en los que viven.

Muchas mujeres exintegrantes de grupos ilegales dijeron que iniciaron sus carreras criminales a través de sus parejas. Cuando sus parejas resultaron encarceladas, las mujeres se involucraron más en las redes criminales, en gran parte porque podían ocupar los puestos ahora vacantes de sus parejas si lograban demostrar las habilidades necesarias[1]. Varias de las mujeres dijeron que apreciaban la oportunidad de ascender en la jerarquía de las organizaciones. Algunas llegaron a disfrutar de la sensación de ser buenas para las tareas que les asignaban. Una de las entrevistadas contó a Crisis Group cómo la empatía ante el sufrimiento de su pareja la llevó al grupo criminal:

Mi pareja era tendero, pero como le ponía bien machín al cristal, nunca le daban las cuentas. Siempre estaba debiendo, entonces lo tableaban a cada rato y me daba mucha lástima porque le dejaban su piel toda abierta. Yo siempre lo curaba y empecé a ayudarle a despachar. Nunca tuve problemas, siempre tenía las cuentas bien, nunca era de faltarme dinero, ni nada. Pero él se fue volviendo más baquetón, porque sabía que yo estaba a cargo. Hasta que el patrón se enteró y cuando este vato [el novio] cayó a la cárcel me dijo [el jefe], ‘pues si quieres apoyar a tu vato, sigue chambeándole que al cabo ya le sabes’. Y así empecé, primero más por el temor, como obligada se podría decir, pero ya después si me gustó[2].

Las mujeres a menudo acompañan a sus parejas mientras venden o distribuyen drogas, cobran dinero de actividades criminales, roban automóviles y patrullan zonas bajo influencia criminal. Estas actividades les ofrecen a las mujeres acceso a redes de confianza. Ellas desarrollan habilidades específicas y se sienten cómodas en torno a las actividades ilegales, lo que permite su eventual incorporación al grupo criminal y su participación en operaciones cotidianas. Las figuras de autoridad en las organizaciones criminales, generalmente hombres, evalúan el carácter y las habilidades de las posibles reclutas durante encuentros casuales. A partir de estos primeros encuentros, se puede pedir a las mujeres que realicen tareas que se ajusten a las capacidades que los líderes del grupo han percibido, con mayor frecuencia cuando sus parejas resultan encarceladas[3].

El contacto continuo con integrantes de grupos criminales afecta los valores de las personas y las predispone a considerar el crimen como una forma legítima de ganarse la vida[4]. Su disposición a infringir la ley puede haber surgido de los entornos sociales en los que crecieron, a menudo impregnados de brutalidad y adversidades. “Vivimos en universos distintos”, dijo el psicólogo de una prisión en el norte de México que ha estado a cargo de los programas psicosociales de esa cárcel durante los últimos quince años. “Lo que tú o yo consideramos que es bueno o es malo es diferente para ellos porque han tenido experiencias de vida muy muy difíciles, de mucha violencia de todo tipo y entonces tienen otros valores, otra forma de ver la vida”[5].

Para las mujeres, las relaciones íntimas con miembros de grupos criminales refuerzan aún más su asimilación de lo que algunos académicos han llamado “lógica empresarial criminal”, un proceso que ayuda a las posibles reclutas a racionalizar las actividades ilegales y violentas como aceptables[6]. Las parejas románticas sirven como los primeros entrenadores de las mujeres para los puestos que ocuparán más adelante, a menudo compartiendo casualmente detalles de sus responsabilidades a lo largo del tiempo[7]. En consecuencia, los papeles iniciales de las mujeres en sus carreras criminales suelen coincidir con los de sus parejas. Una mujer describió así su iniciación en un grupo criminal:

Él [su novio] era sicario y me enseñó a disparar. Al principio me dejaba jugar con su arma, sostenerla. Era como un juego. Me dejaba tomarme fotos [sosteniendo el arma]. Después me preguntó si quería aprender a disparar … y me fue enseñando. Me regaló una escuadra y le gustaba que la llevara siempre en mi cartera. Y así, le fui agarrando gusto a las armas. Aprendí todo, a limpiarlas, desarmarlas, todo. … Un día, me llevó a un rancho, dizque a una carne asada y ahí vi como quemaban vivos a unos vatos. … Yo quería cerrar los ojos, pero él me obligó a ver. … Me decía que tenía que volverme fuerte si quería estar con él. … Cuando el chivo me llamó, fue por eso, porque sabía que yo conocía el jale y era buena con los fierros[8].

En muchos casos, involucrarse en actividades delictivas ocurre naturalmente como parte de una relación romántica. Es común que la pareja le pida ayudar con tareas como transportar sustancias ilícitas o armas, alquilar una casa o recolectar dinero. Las mujeres acceden como lo harían con otras peticiones más mundanas[9]. En otros casos, sin embargo, las mujeres se ven coaccionadas o engañadas para participar en actividades ilegales. A quienes tienen dificultades para subsistir les puede resultar especialmente difícil rechazar las propuestas para realizar actos delictivos. Los miembros de grupos criminales también pueden manipular hábilmente a las mujeres para que se unan a sus filas, particularmente cuando reconocen que la mujer en cuestión tiene habilidades valiosas. Según una mujer que continúa activa en un grupo criminal:

[El jefe] me dijo que era muy buena trabajadora, que le gustaba cómo trataba a mis clientes y que siempre le daba lo que era [la cantidad correcta de dinero], sin excusas, que se podía confiar en mí y que eso era difícil de encontrar entre tantos adictos y chapulines [traidores]. Nunca me trató mal. Siempre fue muy respetuoso, nunca fue grosero ni amenazante. Él es un caballero en toda la palabra, y eso me hizo sentir especial. También la verdad es que necesitaba el dinero, porque había dejado de trabajar. Cuando mi marido entró en la cárcel, tuve que llevarle muchas cosas y no tenía de dónde sacar dinero[10].

Las entrevistas de Crisis Group con mujeres retiradas y que continúan activas en grupos criminales revelaron que los vínculos emocionales de las mujeres con sus hijos y parejas pueden hacerlas particularmente susceptibles a ser reclutadas por estos grupos[11]. Los roles de género tradicionales de las mujeres, especialmente sus responsabilidades hacia sus hijos, también pueden hacer que les resulte más difícil alejarse de los grupos criminales. En el caso de las mujeres entrevistadas por Crisis Group, como se señala más adelante, dejar a sus hijos para huir de las garras criminales sólo es posible si cuentan con una red de apoyo, lo cual es poco común. Por el contrario, los hombres suelen depender de las mujeres para criar a sus hijos; como resultado, pueden huir más fácilmente de los grupos criminales[12].

Muchos adolescentes y personas jóvenes (tanto hombres como mujeres) usuarias de drogas son presa fácil de las organizaciones criminales[1]. Los riesgos que conlleva la compra y el consumo de sustancias ilícitas son significativos, y las mujeres usuarias encuentran en estas redes criminales cierto grado de protección, incluida la posibilidad de tomar represalias físicas contra quienes las agreden o victimizan[2]. Estas mismas organizaciones ilegales también pueden convertirse en una fuente de ingresos, ya que se invita a las personas usuarias –hombres y mujeres– a convertirse en vigías, robar o empezar a vender o transportar drogas o armas de fuego[3].

Los grupos criminales reclutan nuevos miembros en lugares donde se venden, compran y consumen drogas ilícitas. Muchos de las y los jóvenes (en su mayoría menores de quince años) que frecuentan estos lugares enfrentan no sólo dificultades económicas, sino también la falta de acceso a servicios públicos o al apoyo de comunidades que a menudo viven la erosión de las redes de confianza y solidaridad[4]. En estas condiciones, los grupos armados no sólo ofrecen ingresos estables, sino también estatus y poder[5].

En ocasiones las reclutas son sobrevivientes de violencia de género, lo que las hace aún más vulnerables. Una joven contó a Crisis Group que fue abandonada por su padre, mantenía una relación distante con su madre y fue abusada sexualmente por un tío. A los once años, pasaba la mayor parte del día en la calle, donde se sentía más segura que en su casa. Un traficante de drogas se le acercó al enterarse de que quería un teléfono móvil y le pidió que vendiera varios gramos de metafentamina a cambio del móvil[6]. Demostró ser una buena vendedora y recibió el teléfono prometido. A los quince años, recolectaba dinero en varios puntos de venta de drogas; a los diecinueve, estaba a cargo de cinco puntos de venta de droga en su barrio[7].

El sentido de comunidad y pertenencia que proporcionan los grupos criminales es muy valorado por las niñas y mujeres jóvenes que tienen conexiones limitadas con sus familias u otras redes sociales[8]. El abuso físico y emocional que a menudo marca su vida familiar y sus experiencias en las calles las hace sentir aisladas e impotentes. “Busqué no sentirme rara o que era una inútil como me decía mi mamá”, le dijo una joven a Crisis Group. “Era lo que más me gustaba de estar ahí en el cartel, el oír las historias de los chavos y darte cuenta que a nosotros nadie nos quiso nunca, y por eso, esa gente se vuelve tu familia, porque te entiende, porque conoce tus sueños, porque sientes que les importas”[9].

Las redes criminales también les ofrecen a las mujeres la posibilidad de vengarse. A pesar de enfrentar altos niveles de violencia sexual, las jóvenes tienen pocas expectativas de obtener acceso a la justicia o algún tipo de reparación judicial por los delitos cometidos en su contra[1]. Sin embargo, la proximidad a los grupos criminales a través del consumo de drogas les da a las mujeres un medio para saldar viejas cuentas[2].

Dos mujeres le contaron a Crisis Group que habían sido violadas por personas de su círculo social cercano hace más de diez años, cuando eran adolescentes. Estos crímenes ocurrieron cuando una de ellas consumía metanfetamina mientras que la otra, que estaba embarazada de seis meses en el momento de la violación, había dejado de consumir, pero aún mantenía una relación con su novio, un narcomenudista. Debido a su edad y al hecho de que pensaban que serían estigmatizadas por el sistema judicial, no denunciaron las violaciones a las autoridades[3]. En cambio, decidieron pedirles a unos sicarios que se vengaran de sus agresores. Las jóvenes pidieron estar presentes en el momento de la venganza, que incluyó la tortura y asesinato de los hombres y desaparecer sus cadáveres. A pesar de que nunca antes habían presenciado un acto tan violento, las jóvenes dijeron que su deseo de venganza les dio el “coraje” para presenciar la tortura infligida a sus atacantes. Poco después recibieron ofertas para unirse a una unidad de sicarios que trabajaban para un grupo local y, finalmente, asumieron cargos dentro de la organización criminal que se había vengado en su nombre[4].

La creciente participación de las mujeres en el crimen organizado ha resultado en mayores tasas de reclutamiento de su prole. Las encuestas muestran que las mujeres asumen abrumadoramente las tareas de cuidado en los hogares mexicanos[1]. A medida que más mujeres se involucran en la delincuencia, su creciente participación en grupos ilegales puede fomentar un ciclo intergeneracional de crimen y violencia[2]. En algunos casos, los hijos de las mujeres que quieren abandonar el grupo criminal son reclutados como medio para castigarlas[3]. En otros casos, especialmente cuando las mujeres son encarceladas y no hay adultos que puedan cuidar adecuadamente de estas infancias, los hijos gravitan hacia estos grupos criminales para sobrevivir[4]. Una mujer reflexionó con dolor sobre cómo su hijo había terminado en un grupo criminal en un esfuerzo equivocado por ayudarla.

Cuando caí [a la cárcel], mi hijo menor tenía diez años …. Cuando venían a visitarme yo no tenía nada que darles. … Veíamos a las otras familias comiendo en las mesas de al lado y nosotros no teníamos ni una soda para compartir. Un día vino a visitarme muy contento y me enseñó que tenía $300 [$15 dólares] para comprarme lo que quisiera. Y entonces empecé a llorar, y le pregunté, ‘¿qué hiciste hijo?’. Él simplemente me abrazó y me dijo ‘lo que tenía que hacer para comprarte una comida en este lugar’. … Fue entonces cuando supe que había empezado a trabajar como sicario, tenía catorce años[5].

Los menores también pueden percibir que su madre infractora es una fuerza poderosa en su red de pares y vecinos, y los líderes de estos grupos criminales pueden aprovechar estas percepciones para reclutarlos. Algunas mujeres dijeron a Crisis Group que los jefes criminales se acercaban a sus hijos con historias sobre el papel de ellas en el grupo como una estratagema para alentar a los menores a involucrarse en el crimen[6].

También existen otros riesgos: las y los menores que quedan desprotegidos después de que sus madres se unen a grupos criminales o van a la cárcel a menudo se acercan a los grupos criminales como mecanismo de autoconservación. Suelen ser víctimas de acoso escolar y excluidos y, con frecuencia, no obtienen buenos resultados en la escuela, si es que asisten[7]. Algunos también son estigmatizados y discriminados en sus barrios y escuelas por tener una madre que es delincuente, especialmente quienes se quedan sin un cuidador principal[8]. Muchos de estas niñas y niños van de casa en casa y están expuestos a la crueldad y el abandono[9]. Expertos afirman que muchos de los menores que se quedan sin sus cuidadores debido a la participación de éstos en el crimen organizado están traumatizados. Una experta dijo a Crisis Group:

En el albergue, había un niño al que le habían asesinado a su mamá y a su papá porque estaban involucrados en el narco, tenía unos diez años. Estuvo un tiempo entre casas de familiares, pero nadie se quería hacer cargo porque era un niño difícil, muy agresivo, con problemas. En el albergue todo el tiempo jugaba a ser sicario, su papá era sicario. Él cargaba una medallita de la santa muerte que era de su mamá, un día peleando con otro niño este le tiró la medalla y ese niño se puso a llorar como nunca habíamos visto. Entendimos que esa medalla era todo lo que le quedaba de sus padres, que como fuera, lo cuidaban y lo querían. Como él hay muchos niños aquí, que vemos con tristeza que es muy probable que siga los pasos de sus padres, porque no hay quien los guíe por otro camino posible[10].

En los pocos casos en los que las mujeres tienen apoyo de la familia extensa, pueden enviar a sus hijos a otra ciudad o incluso al exterior, principalmente a EE. UU, con el fin de protegerlos del reclutamiento criminal. Las mujeres que disponen de más recursos económicos pueden decidir comenzar una nueva vida en un lugar donde nadie las conozca, dejando atrás a sus familias. Sin embargo, el miedo a ser encontradas siempre está presente y puede impedirles desarrollar nuevas redes sociales. En ocasiones, la soledad lleva a las mujeres a regresar a sus hogares. Cuando lo hacen, es sólo cuestión de tiempo para que ellas y sus hijos sean absorbidos nuevamente por el grupo criminal[11].

La participación de las mujeres en el crimen organizado y su impacto en el reclutamiento de menores ha desgarrado el tejido social en muchas comunidades mexicanas. En general, el número de niños y adolescentes en organizaciones criminales ha aumentado considerablemente durante la última década. Entre 2019 y 2022, las detenciones de personas menores de 18 años acusadas de homicidios, lesiones personales y delitos contra la salud aumentaron un 16 por ciento. Por su parte, las detenciones de personas de entre 19 y 25 años aumentaron un 65 por ciento[12]. Aproximadamente 250 000 menores concentrados en varias regiones de México estaban en riesgo de ser reclutados por grupos armados en 2022[13]. Expertos han señalado que la creciente dependencia intergeneracional del crimen está contribuyendo al recrudecimiento del conflicto armado en algunas zonas de México[14]

Se pueden encontrar mujeres en puestos a lo largo de toda la jerarquía de los grupos criminales mexicanos. A medida que adquieren habilidades valiosas en el mundo del crimen, las mujeres empiezan a escalar posiciones[1]. A aquellas con buenas habilidades administrativas y logísticas las pueden designar para que mantengan inventarios de armas y drogas y coordinen ataques contra grupos rivales, secuestros y extorsiones.

También hay ciertas percepciones sobre las mujeres que en este contexto se traducen en ventajas operativas que pueden ayudarlas a avanzar[2]. Algunas le dijeron a Crisis Group que los grupos criminales consideran que a las mujeres se les facilita pasar desapercibidas, ser más observadoras y pacientes y mantenerse fuera del radar de la policía y el ejército. En esencia, los grupos están explotando los estereotipos de género que hacen que se sospeche menos de las mujeres que de los hombres a la hora de cometer delitos. Muchas de las mujeres con las que habló Crisis Group habían sido reconocidas por sus jefes criminales por su disciplina y sentido de responsabilidad. Sus jefes las felicitaron por cumplir las tareas asignadas y su meticuloso manejo del dinero, las drogas y las armas. Los hombres a cargo también las aplaudieron por no tomar dinero que no les pertenecía[3].

Las mujeres entrevistadas por Crisis Group ocupaban cinco principales puestos dentro de los grupos criminales organizados: ladronas de autos, tenderas (administradoras de expendios de droga), checadoras (supervisoras), sicarias, jefas de grupo y, en raras ocasiones, jefas de plaza que dirigen la logística de los secuestros, extorsiones y el tráfico de migrantes[4]. Aunque las personas entrevistadas afirmaron que no hay puestos dentro de los grupos criminales reservados exclusivamente para hombres, todas las mujeres señalaron que tenían supervisores masculinos y dijeron no tener conocimiento de ninguna mujer en los niveles más altos de estas organizaciones[5].

Algunas mujeres señalaron que habían trabajado transportando drogas o armas antes de pasar a formar parte de la propia estructura criminal. Llevar a cabo estas tareas puede entenderse como parte de una serie de pruebas que las entrevistadas debían superar para incorporarse al grupo. Los trabajos no eran vistos como puestos formales en la organización.

Algunas de las mujeres entrevistadas por Crisis Group destacaron que uno de los aspectos más atractivos del robo de automóviles era que por lo general no implicaba violencia. Los jefes envían especificaciones precisas sobre el coche que quieren, el cual debe entregarse en el momento y lugar solicitados. El trabajo es bien remunerado y tiene horarios flexibles, lo que les permite realizar labores domésticas y cuidar a sus familiares. “Yo estaba todo el día con mis niños, era una ama de casa normal y ya en la noche, los acostaba a dormir y era cuando salía a trabajar”, dijo una mujer dedicada al robo de autos. “Regresaba siempre antes de que se despertaran. Por eso me cuidaba mucho, porque si me detenían, mis hijos iban a estar solos y eso me daba mucho pendiente”[1]. Otra dijo: “Al principio tenía mucho miedo de trabajar para un cártel. … Luego vi que sólo tenía que ser hábil e inteligente, que la mayoría de las veces ni siquiera tenía que agarrar un coche cuando había alguien dentro, sino simplemente tomarlo de la calle, así que se convirtió en algo fácil”[2].

Las ladronas de autos deben tener la destreza manual necesaria para abrir las puertas de los coches y mover los vehículos, así como la capacidad de engañar a los conductores cuando roban vehículos ocupados, lo que a veces resulta más fácil cuando las personas al volante usan aplicaciones de transporte. Los estereotipos de género les facilitan a las mujeres que roban autos pasar desapercibidas ante la policía e incluso ante los espectadores, reduciendo la necesidad de recurrir a la violencia para robar el coche[3]. Los grupos criminales también instan a las mujeres a coquetear si las detienen agentes de policía varones o en los puestos de control militares para distraer al personal de seguridad y poder escapar[4].

Las tenderas están a cargo de la venta minorista de drogas en un área designada, y a menudo trabajan en turnos de doce horas. Reciben su inventario de estupefacientes, lo venden y entregan el dinero a sus jefes al final del turno. Esta tarea no implica necesariamente un puesto permanente en el grupo criminal, pero a menudo es una puerta de entrada a la organización para aquellas que demuestran las cualidades necesarias. A la mayoría de las tenderas se les paga en proporción al volumen de ventas y se les permite fijar sus propios precios (y así ampliar sus márgenes de ganancia), siempre y cuando entreguen la cantidad exacta de dinero esperada al final de su turno[1].

Según algunas de las mujeres con las que habló Crisis Group, los supervisores masculinos a menudo ven a las mujeres a través de estereotipos de género tradicionales y las asocian con responsabilidad y cuidado. Por ejemplo, las entrevistadas dijeron repetidamente que las mujeres a cargo de las tiendas consumen drogas tanto como los hombres, pero en general se percibe que son más disciplinadas en la gestión de recursos y cuentas y respetan un código de conducta con sus clientes. Además, estas mujeres dijeron que cumplían con un código moral personal: aseguraron no vender drogas a niños, no engañar a los clientes sobre la cantidad o calidad de las sustancias vendidas y vestirse discretamente para evitar que los clientes coqueteen con ellas[2].

Las entrevistadas dijeron que son conscientes de las expectativas que los hombres, tanto sus superiores como sus clientes, tienen respecto del comportamiento de las mujeres y se esfuerzan por no desvirtuar estos estereotipos. Dicen que las tenderas deben ser serias con sus clientes, pero educadas y no demasiado estrictas. Deben ser claras y directas a la hora de detener las insinuaciones románticas de los hombres con los que interactúan, pero no agresivas. Deben mostrar respeto por sus superiores, por ejemplo, siempre pidiendo permiso para empezar a vender nuevas drogas, presentándoles siempre a sus parejas románticas y pidiendo permiso antes de llevarlos a la tienda, y nunca comprar drogas a la competencia[3].

Las tenderas son supervisadas por checadoras, que distribuyen la droga en los puntos de venta y se aseguran de que las tiendas entreguen la cantidad correcta de dinero. También verifican que los tenderos vendan únicamente los productos de su grupo criminal y no rebajen la cantidad o calidad de las drogas[1]. Dado que distribuyen grandes cantidades de dinero y drogas en los vecindarios y más allá (sin mencionar que funcionan como puente entre los jefes de células y los tenderos), las checadoras son personal de confianza dentro de la organización[2].

Existen múltiples caminos para convertirse en checadora. A veces, los jefes de células designan como supervisores a personas que conocen fuera del mundo criminal, incluidas amigas de la infancia, parejas o familiares. Incluso con estas conexiones personales, la confianza entre las checadoras y el jefe debe alimentarse de forma constante, principalmente mediante demostraciones de lealtad. Otras comenzaron como tenderas y fueron promovidas por su lealtad al jefe de célula o al jefe de plaza[3]. Se espera que las checadoras informen de cualquier irregularidad observada en las tiendas, se mantengan alejadas de los tenderos y eviten demasiado contacto con éstos en ausencia del jefe de la célula local para no despertar sospechas[4].

Las checadoras también reconocen que mantener una buena comunicación y confianza con sus jefes las fortalece a la hora de tratar con los tenderos, que a menudo se muestran desconcertados cuando las mujeres ocupan puestos de poder dentro de la organización. “Sabemos que a los hombres no les gusta el que una mujer llegue a mandar”, dijo una checadora. “El primer día que yo llegué a la conecta a pedir que me enseñaran el jale, me cerraron la puerta en la cara. … Arre pues, hice una llamada y en chinga, salieron con la cola entre las patas. ‘No … ay disculpe, es que no sabíamos’. Y quieras o no, eso te da acá power, te pavoneas”[5].

Como ocurre con el robo de coches, la supervisión no es muy exigente en términos de tiempo, lo que permite a las mujeres dedicar tiempo a sus hijos y otras tareas de cuidado. Las checadoras tienen responsabilidades al comienzo del día, cuando distribuyen drogas ilícitas en sus distintos puntos de venta, y al final del día, cuando cobran el dinero de las ventas. Ocasionalmente, las checadoras también transportan armas de un lugar a otro. Si las cuentas no cuadran, las checadoras deben informar inmediatamente de la anomalía al jefe de célula, pero usualmente no son responsables de imponer o ejecutar sanciones[6].

El papel de checadoras también atrae a las mujeres por otras razones. En el ámbito del crimen organizado, las mujeres a menudo aspiran a un puesto de supervisión porque es menos probable que las personas que desempeñan esas funciones llamen la atención de las autoridades. Se desplazan y no permanecen en un mismo lugar, por lo que pueden evitar llamar la atención. Sorprendentemente, ninguna de las mujeres entrevistadas por Crisis Group fue encarcelada mientras se desempeñaba como checadora. En encuentros con la fuerza pública o el ejército, las mujeres que cumplían esta función se ponían rápidamente en contacto con el jefe, quien tomaba las medidas necesarias para asegurar su liberación, incluso coordinándose con agentes de policía en la nómina de los grupos[1]. La estrecha relación que mantienen las checadoras con los jefes de células, junto con la información valiosa que conocen, las hace indispensables para un grupo criminal. Una de las entrevistadas, viuda de un excomandante de Los Zetas, trabajó para la organización durante más de diez años en diversos puestos, incluido el de checadora. Ella explicó las ventajas de este puesto de la siguiente manera.

De todos los jales que tuve que hacer, el que más me gustó fue el de checadora, porque me lo podía tomar más relax. Era cosa de entregar y recoger y tan tan ya está, ¿me entiende? Nadie se metía conmigo por mi esposo, porque él era el jefe de la plaza, entonces me trataban con mucho respeto todos los plebes …. Una vez si me tocó que nos pararan en un control de la policía, pero fue sólo cuestión de llamar y nos dejaron pasar, porque en ese momento la plaza [el territorio] era nuestra y estaba todo arreglado[2].

Independientemente del género, los sicarios, junto con los jefes de células y jefes de plaza, desempeñan las funciones más violentas en los grupos criminales, entre ellas asesinar y deshacerse de los cadáveres para impedir su identificación. Reciben entrenamiento en el manejo de armas; desmembramiento y eliminación de cuerpos, y tácticas de escape ante la presencia de grupos enemigos o fuerzas de seguridad. En ocasiones, el trabajo implica asistir a campos de entrenamiento dirigidos por grupos criminales. En otros casos, las reclutas adquieren las habilidades a través de entrenamientos informales con sus parejas o amigos cercanos[1]. Los jefes de células o tenientes reclutan directamente a sicarios, les asignan tareas, les proporcionan armas y les pagan por su trabajo. Todas estas responsabilidades requieren altos niveles de confianza y comunicación; la discreción y la ejecución eficaz de las tareas son cualidades muy valoradas[2].

Varias sicarias dijeron a Crisis Group que los retrógrados estereotipos de género pueden tanto prepararlas para ser asesinas como permitirles escapar de la atención de las autoridades estatales. Las normas patriarcales que le imponen a las mujeres, tales como ser calladas y sumisas, siguen presentes en muchos sectores de la sociedad mexicana. Dado que muchas mujeres en México son educadas para pasar desapercibidas, les resulta fácil no llamar la atención[3]. Además, su género puede facilitarles el acceso a sus víctimas, que suelen ser hombres. Las personas pueden bajar la guardia con las mujeres porque no se espera que sean asesinas. En algunos casos, explotar su “feminidad” les da acceso a las víctimas de una manera que no está al alcance de los hombres[4].

En las entrevistas, las sicarias parecían dispuestas a racionalizar su letal labor. Se presentaban a sí mismas como agentes de venganza, describiendo a sus objetivos militares como hombres asociados con facciones criminales famosas por su violencia y atroz maltrato a las mujeres[5]. Insistieron de manera unánime en sus diferencias con los sicarios masculinos, subrayando que no infligían daño ni mataban a personas inocentes, incluidos menores. La justificación predominante para sus actos violentos era haberse visto obligadas a elegir entre preservar su propia vida o la de su víctima[6].

Algunas mujeres también actúan como coordinadoras logísticas de secuestros, extorsiones y tráfico de migrantes. Estos delitos requieren planificación, tal como localizar a la persona que va a ser secuestrada y decidir cuándo y dónde se debe ejecutar el secuestro, alquilar la casa donde se mantendrá, cobrar dinero de extorsión y transportar migrantes de un estado a otro. A los grupos criminales les gusta emplear mujeres para cumplir estas funciones porque generan menos escrutinio cuando alquilan una casa o un rancho, y pueden actuar como guías o escoltas para grupos de migrantes sin llamar la atención de las autoridades[7].

Algunas mujeres llegan a ser jefas de grupo (coordinadoras de células). Las entrevistadas para este informe describieron el puesto de forma similar. Dirigían grupos de diez a veinte personas; se encargaban de reclutar a nuevos miembros; controlaban quién portaba armas; determinaban las sanciones adecuadas para las personas que infringían las normas internas de la organización, y lanzaban ataques contra grupos rivales dentro de determinada zona geográfica. Las jefas de grupo también suelen participar en otros delitos como secuestros, torturas y “desapariciones”. Operan bajo las órdenes de los tenientes o jefes de plaza, que por lo general son hombres[1].

Las mujeres que hablaron con Crisis Group explicaron que ser jefas de grupo era un papel exigente, y que tenían que estar disponibles las 24 horas del día y convivir con otros miembros del grupo criminal. Residían juntos en casas seguras donde se guardaban armas, dinero y drogas. Siempre tenían que estar en guardia, lo que exigía permanecer alerta durante largos periodos. Como resultado, las personas que desempeñan estas funciones suelen recurrir a estimulantes y son propensas al abuso de sustancias. Dejar sola la casa o tomarse días libres no era fácil. “Si quería visitar a mi hija un día”, dijo una jefa de grupo, “tenía que pedir permiso como con dos semanas de anticipación, porque tenía que dejar con alguien de confianza la casa mientras yo no estaba”[2].

El nivel de compromiso que se requiere de los coordinadores de células se traduce en renunciar al contacto regular con sus familias. Aunque sacrificar el contacto familiar frecuente es un requisito para esta posición independientemente del género, el papel de muchas mujeres en el cuidado de menores o adultos mayores significa que deben buscar alternativas con su familia extensa. En algunos casos, las coordinadoras de células perdieron por completo el contacto con sus hijos cuando la relación con su familia se volvió tensa[3]. Las mujeres con las que habló Crisis Group mencionaron repetidamente que renunciar al contacto regular con sus hijos era una de las partes más difíciles de ser coordinadora de célula. Se justificaba únicamente por el salario que ganaban, que les permitía proporcionar todo lo que su prole pedía[4].

Sin embargo, para muchas coordinadoras de células, la distancia de sus familias valía la pena porque su poder dentro del grupo criminal se traducía en protección para sus familiares contra la delincuencia en general[1]. No obstante, las mujeres en estas posiciones de poder temen constantemente ser traicionadas. Con toda razón: si pierden la lealtad de su personal y de sus jefes, pueden ser asesinadas. Algunas mujeres en puestos de alto rango se esfuerzan por simpatizar con su equipo y cuidarlo bien, en gran medida por razones de autoconservación. Una exjefa de grupo dijo: “Me gustaba agasajarlos [a sus empleados], sobre todo después de un jale en el que se rifaron, teníamos albercada. Invitaba a unas amigas y les daba su pelota [un gramo de cocaína] a cada uno, para que estuvieran contentos, porque si ellos están contentos, yo estoy protegida, si no, voy valiendo verga”[2].

Todas las coordinadoras de células entrevistadas por Crisis Group manifestaron que, en comparación con los hombres en el mismo puesto, se consideraban más atentas y receptivas a las necesidades familiares de su personal. Ellas pagan facturas médicas, honorarios de abogados y gastos funerarios; prestan dinero para mejoras del hogar; ofrecen protección y apoyo financiero cuando sus empleados son asaltados o se involucran en peleas vecinales, y les ayudan a luchar por la custodia legal de sus hijos. También son conscientes de las dificultades que conlleva el trabajo, e intentan forjar lazos fuertes entre los miembros del grupo para ayudarles a afrontar el aislamiento de sus familias. “Aquí formamos como una familia entre malandros. … Era como una unión en que nos cuidamos entre todos”, explicó una jefa[3].

Las excoordinadoras de células y exjefas de sicarios entrevistadas para este informe se reunían semanalmente con el jefe de plaza del grupo criminal, donde le informaban sobre los desafíos que enfrentaban. Estos encuentros, donde el jefe (siempre un hombre) presidía la distribución de recompensas y castigos, eran cruciales para ganar estatus más allá de los confines del territorio de la célula.

Las posiciones de mayor jerarquía en una organización criminal exigen la disposición para utilizar violencia física, ya sea contra grupos rivales o como castigo para los miembros que transgreden las reglas internas del grupo[1]. Aunque tanto hombres como mujeres deben estar dispuestos a utilizar la violencia, esto puede tener particular importancia para el avance de las mujeres dentro del grupo, debido a los estereotipos de género y la necesidad de desvirtuarlos. En esencia, las mujeres deben demostrar que pueden llegar a ser tan violentas como los hombres con los que trabajan. Las mujeres en niveles superiores pueden sentirse obligadas a hacer una demostración de su autoridad transgrediendo las normas de género, incluso mediante amenazas y el uso violencia extrema[2]. Una jefa describió a Crisis Group cómo se valía de su disposición a emplear la violencia para enfrentar situaciones en las que sus subordinados varones desafiaban su autoridad.

Yo era la única mujer. Y eso no les gustaba. … Había veces que yo estaba allí y alguien decía, ‘¿Cómo que me vas a mandar tú?’. Y yo sin mente sacaba mi nueve y a la cabeza, ‘Oye, bájale de huevos. Aquí la patrona soy yo y si no te gusta mijo pues ábrase, como ve’. Y si no le bajaba, ahí mismo quedaba [le disparaba] y los otros se encargaban del cuerpo, porque al patrón no le gustaba que dejáramos bronca. Entonces ya sabían cómo era yo, por las buenas, muy buena, y por las malas, la peor[3].

Si quieren ascender en la jerarquía de un grupo criminal, las mujeres deben demostrar que pueden resistir el abuso físico al mismo nivel que cualquier recluta masculino. Mantenerse estoicas ante los castigos corporales es una forma de demostrar que aceptan las normas y los códigos de conducta del grupo, y de mostrar resistencia. Una de las mujeres reflexionó sobre su capacidad para soportar castigos en los siguientes términos.

El jefe de sicarios del patrón no me quería. … Siempre me quería poner mal con el patrón, le decía que estaba vendiendo droga de otro cartel y hacía que me torturaran, pero yo no le soltaba ni una lágrima. Llegó a secuestrar a mi niño, otra vez me dieron una madriza que me rompió la nariz y un brazo. … Nunca lloré, ni le rogué, yo era de aguantar sólo por mi orgullo. Es que pensaban que por ser mujer me iban a quebrar rápido, pero conmigo no y por eso el patrón me respetaba mucho. Cada vez que soportaba una tortura así, me daba más y más responsabilidad y así fue que llegué a ser su consejera y confidente[4].

Por supuesto, para algunas mujeres los costos y riesgos de trabajar para una organización criminal organizada (y mucho más de intentar ascender) eventualmente es demasiado. Pero encontrar una salida presenta sus propios desafíos.

Abandonar una organización criminal suele ser intrincado y, para muchas mujeres, ir a prisión es la única salida. Algunas reclutas entran al grupo con la promesa de que es un acuerdo temporal, pero los jefes criminales pueden tener algo distinto en mente, amenazando a las mujeres o a sus familias si intentan irse[1]. Algunas mujeres indicaron que la única forma de abandonar la organización es huir, cambiar de lugar de residencia e identidad; pero si tienen hijos, huir se hace más difícil[2]. Muchas de las mujeres con las que habló Crisis Group rechazaban la idea de huir sin su prole. “Yo vivo por mis hijos”, dijo una mujer encarcelada. “Ellos son mi razón, no soy nada sin ellos”[3]. Huir también requiere recursos económicos y sociales, de los que carecen la mayoría de las mujeres de los niveles inferiores de los grupos delictivos.

En realidad, huir parece más una fantasía que una realidad: ninguna de las mujeres entrevistadas había intentado hacerlo, y las que conocían que habían creado una nueva identidad en otra ciudad acabaron volviendo a casa[4]. En algunos casos, los líderes criminales asesinan a las mujeres que intentan huir de la organización. En otros casos, los jefes retienen a las mujeres estableciendo una cifra de dinero que deben reembolsar antes de que puedan abandonar el grupo. A menudo, cambian unilateralmente los términos del acuerdo. “El don me dijo que, si no cooperaba, yo iba a pagar y me dio mucho miedo”, dijo una mujer que fue jefa de una célula criminal durante más de diez años. “Me dijo que era sólo hasta que pagara lo que debía, según esto, $10 000 [$500 dólares], pero nunca me dejaron salir, siempre eran amenazas”[5].

En contraste, a veces los grupos deciden expulsar a las mujeres que consideran que ya no tienen valor. En estos casos, los miembros pueden entregar a la persona en cuestión a la policía o a las autoridades judiciales[1]. Muchas de las mujeres entrevistadas por Crisis Group dijeron que una vez que un grupo decide expulsar a uno de sus integrantes, se le tiende una trampa, a menudo en connivencia con la policía[2]. Esta amenaza tiene una gran repercusión sobre las madres de pequeños que carecen de apoyo familiar^[3]. Aunque los hombres también están sujetos a patrones de control e intimidación en los grupos criminales, el papel de las mujeres como madres y cuidadoras las hace particularmente vulnerables; si van a la cárcel, es posible que no haya nadie que se ocupe de sus hijos[4].

En la mayoría de los casos, los grupos criminales dan por hecho que sus integrantes han salido de sus filas tan pronto como ingresan a la cárcel, particularmente cuando ocupan posiciones inferiores, como el robo de autos. Si son arrestadas, las mujeres en estas posiciones a menudo cuentan con menos poder de negociación que sus homólogos masculinos. Debido a la naturaleza más limitada de su relación con los integrantes del grupo, es común que desconozcan las verdaderas identidades y el paradero de sus cómplices. Como resultado, tienen poca información para ofrecer al sistema judicial y, con frecuencia, reciben sentencias más duras que los hombres. Además, una vez encarceladas, suelen ser abandonadas por el grupo criminal[5]. La suerte que corran en el sistema judicial a menudo depende del dinero que tengan para contratar a un abogado privado[6]. Varias de las entrevistadas se sintieron desechadas por sus organizaciones, lo que les costó no sólo su fuente de ingresos y sus ahorros, sino también el estatus que alguna vez tuvieron. En estas circunstancias, las mujeres expresaron arrepentimiento por su pasado criminal y su voluntad de reparar a sus víctimas[7].

La investigación de Crisis Group también identificó otras formas en las que el encarcelamiento podría moldear la relación entre los integrantes de grupos criminales en prisión y sus organizaciones. Algunas mujeres mantuvieron sus vínculos con grupos criminales. Si eran consideradas activos importantes por la información que tenían y el tipo de actividad que realizaban, la organización continuaba pagando sus salarios y destinando recursos para facilitar su pronta liberación y lograr mejores condiciones de vida durante el tiempo que permanecían recluidas[8]. Estas mujeres tenían menos deseos de dejar la vida criminal, en parte porque sabían que sin el apoyo de los grupos criminales enfrentarían condiciones más duras y sentencias más largas. También les preocupaba profundamente dejar a sus hijos sin protección ni apoyo económico. “Es un callejón sin salida, estás entre la espada y la pared porque sabes que ellos no te van a hacer un favor sin pedir tu alma a cambio, pero también sabes que sin el apoyo de ellos te pudres en la cárcel y lo que es peor, tu familia sufre”, explicó una reclusa[9].

La experiencia de las mujeres encarceladas también depende de que la prisión en la que están recluidas en efecto esté controlada por el Estado. Lo cual no se puede dar por hecho: una de cada tres prisiones en México está dirigida por grupos criminales, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos[10]. Expertos indican que en estos casos son los hombres, muchos de ellos encarcelados, quienes están a cargo de la prisión[11]. Como los pabellones de hombres y mujeres suelen estar unidos, las mujeres pueden ser llevadas a la sección de hombres durante fiestas y otros eventos sociales, donde son obligadas a realizar actos sexuales y de otro tipo como entretenimiento para los hombres. Por el contrario, la Comisión informó en 2015 que las mujeres que seguían recibiendo apoyo de grupos criminales mientras estaban encarceladas en ocasiones imponían una especie de gobernanza en las cárceles, distribuyendo alimentos, asignando tareas de limpieza, decidiendo quién podía recibir servicios educativos y/o aplicando sanciones como el confinamiento solitario prolongado[12]. En estos casos, ser parte del grupo criminal les proporcionaba a las mujeres el control de las condiciones en las que cumplían sus condenas.

Como ya se dijo, las mujeres entrevistadas por Crisis Group no señalaron exclusivamente la supervivencia económica como el motivo para unirse a organizaciones criminales. Más bien, algunas dijeron que lo hicieron para tomar control de sus vidas, vengarse, sentirse parte de una comunidad y luchar por su progreso personal. La sociedad mexicana se caracteriza por la injusticia sistémica, la impunidad generalizada, la extrema pobreza y la violencia de género generalizada[1]. La oportunidad que ofrecen los grupos criminales de obtener una mayor autonomía y, en algunos casos, de ejercer poder, resulta seductora.

Por lo tanto, los esfuerzos para disminuir la participación de las mujeres en el crimen organizado deben abordar las condiciones que han llevado a las mujeres a unirse a los grupos violentos. Existe cierta arquitectura institucional para hacerlo. La política de género de México está liderada por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), cuyo objetivo es promover la igualdad a través de la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas. México también cuenta con un Plan Nacional de Acción para el seguimiento de la Resolución 1325 2000 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad, que establece objetivos y actividades en defensa de los derechos humanos de las mujeres y niñas que viven en entornos de conflicto, y a favor de la participación de las mujeres en la paz y la seguridad[2]. El plan se lanzó con antelación al mandato de México en el Consejo de Seguridad de la ONU en 2020 como una forma de demostrar su respaldo al empoderamiento de las mujeres. Pero a pesar de este marco, señalan los críticos, los avances hacia la igualdad de género y la prevención de la violencia de género han sido lentos, debido a la dificultad para hacer operativo esos marcos en lo local[3].

Reconociendo las implicaciones que tiene esto tanto para las mujeres mismas como para sus familias y sus comunidades, el Estado mexicano debe cambiar de rumbo y tratar de manera más seria y sistemática la necesidad de abordar la participación de las mujeres en el crimen organizado. El gobierno puede hacerlo a través de esfuerzos más concertados para frenar los factores que impulsan a las mujeres hacia los estilos de vida criminales, y proporcionar salidas para las mujeres que forman parte de grupos criminales o están encarceladas debido a su afiliación con éstos, pero desean dejar atrás su pasado delictivo.

Como se mencionó anteriormente, el consumo de drogas suele ser la puerta de entrada de las mujeres a los grupos criminales. Exintegrantes de grupos criminales entrevistadas para este informe expresaron su voluntad de dejar la vida delictiva, así como su remordimiento por el daño que han causado a la sociedad. También mostraron un deseo de reparar el daño que causaron como integrantes de grupos criminales violentos. Sin embargo, las oportunidades laborales o servicios sociales para estas mujeres al salir de la cárcel son escasas. Tampoco existen muchos programas de apoyo psicológico que permitan a las mujeres procesar la violencia que han sufrido durante su tiempo en el crimen. Para aprovechar su anhelo de cambio, se debe ofrecer a las consumidoras de drogas en recuperación un mayor acceso a ese tipo de programas.

Es necesario ampliar la gama de servicios disponibles para las mujeres que consumen drogas, idealmente con el apoyo de donantes internacionales. El acceso a tratamientos para el uso problemático patrocinados por el Estado en México es muy limitado. La mayoría de estos programas implican un tratamiento obligatorio, que exige que las personas permanezcan confinadas durante al menos tres meses. A las mujeres les resulta difícil cumplir con este requisito debido a sus responsabilidades como cuidadoras y a la falta de apoyo social. Además, son escasos los servicios y programas diseñados para responder a las necesidades, experiencias y prioridades de las mujeres[1].

Las autoridades estatales, con el apoyo de los donantes, deben intentar crear centros comunitarios o centros de reinserción social donde las mujeres puedan recibir tratamiento para el abuso de sustancias sin tener que ser hospitalizadas, y donde puedan obtener otros servicios sociales como guarderías, atención médica general, apoyo de pares y formación laboral. La iniciativa de Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación, que pretende ayudar a las comunidades en zonas de alta violencia promoviendo los servicios públicos y oportunidades de ocio, además de crear empleos, podría colaborar con la Comisión Nacional Contra las Adicciones para crear estas instalaciones en barrios con altos niveles de delincuencia.

Las mujeres que han perpetrado actos de violencia también deben tener la oportunidad de enmendar los errores cometidos[1]. El gobierno podría fomentar su participación en iniciativas locales de consolidación de la paz. Un ejemplo destacado de este tipo de iniciativas es el proyecto ES.PE.RE, que se está llevando a cabo en varios estados del norte de México, incluidos Sinaloa y Sonora, así como en Colombia. Este programa anima a las personas participantes a reflexionar sobre las experiencias de conflictos armados o vidas delictivas en entornos grupales durante varios meses. El proyecto ha generado beneficios tangibles a las y los participantes, particularmente en términos de bienestar mental y desarrollo de objetivos personales. También ha promovido la participación de exreclusos en actividades económicas a nivel comunitario[2].

Algunas jóvenes dijeron a Crisis Group que querían unirse a los grupos criminales porque, por primera vez en sus vidas, se sentían escuchadas y valoradas. Centros, organizaciones o clubes comunitarios locales donde las mujeres jóvenes puedan participar de la misma manera que los hombres podrían ayudar a disuadirlas de ingresar a una red criminal. Warriors Zulu Nation, un proyecto dirigido por jóvenes en Honduras, ofrece un ejemplo de un enfoque exitoso para la consolidación de la paz en un entorno extremadamente violento[1]. Este programa ofrece a jóvenes grupos artísticos y deportivos basados en sus intereses, incluida la organización de competencias donde las y los participantes pueden desarrollar habilidades de liderazgo y obtener el reconocimiento de sus pares y otros miembros de la comunidad[2]. Estas iniciativas deben ser financiadas por el Estado, pero dirigidas por grupos de la sociedad civil, que suelen conocer mejor a las comunidades y tener más experiencia trabajando con jóvenes[3]. En el centro de estas iniciativas está el objetivo de dar a las mujeres jóvenes un mayor sentido de pertenencia, utilidad, capacidad y poder.

Parte del desafío será aumentar la participación de las mujeres en los programas comunitarios ya existentes. Representantes de ONG y autoridades locales coinciden en que las mujeres jóvenes participan menos que los hombres en estas iniciativas, en parte debido a limitaciones de tiempo y expectativas familiares. “Las chicas siempre están muy ocupadas”, dijo una trabajadora social de Ciudad Obregón, Sonora, “porque además de ir a la escuela, tienen que ayudar en la casa y a los padres no les gusta que sus hijas estén fuera de casa”[4]. Promover la participación de las jóvenes implicará convencer a sus padres para que les permitan unirse a estos programas, lo que podría requerir apoyo financiero del Estado. Su participación también depende de lo relevante que resulte el proyecto para la vida de las jóvenes. Algunos proyectos parecen demasiado moldeados por estereotipos de género; por ejemplo, la concepción de que las mujeres desean trabajar como peluqueras o hacer manualidades[5]. Expertos en el asunto le dijeron a Crisis Group que algunas mujeres estaban interesadas en educación financiera o formación en habilidades empresariales, pero éstas no eran parte de la oferta[6].

Las escuelas también podrían desempeñar un papel vital para ayudar a alejar a las niñas de los grupos criminales y reforzar su participación comunitaria[7]. Programas de tutorías en coordinación con ONG locales especializadas en prevención del delito han funcionado en algunas partes de EE. UU.[8]. Las escuelas también deben intentar coordinarse más estrechamente con otras instituciones públicas y grupos de la sociedad civil en sus localidades, especialmente a través de sus programas extracurriculares como medio de prevención de la violencia[9]. El Instituto Nacional de las Mujeres, en alianza con la iniciativa de Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación, también podría trabajar con la sociedad civil y organizaciones comunitarias, especialmente los grupos liderados por mujeres, en la formulación de iniciativas para la prevención de la delincuencia en las escuelas[10]. Para apoyar este proyecto, los donantes extranjeros podrían destinar fondos a proyectos dirigidos a niñas adolescentes.

Si bien el objetivo a largo plazo de México debe ser desmantelar los grupos criminales, en el corto plazo el Estado debe abrir caminos para promover la reintegración eficaz de las mujeres que abandonan los grupos mientras están en prisión. Una transición fluida de los programas de reinserción mientras las mujeres aún están en prisión a los programas de reintegración una vez que son liberadas contribuiría en gran medida a evitar que las mujeres que han pagado su condena vuelvan a delinquir[1].

En cuanto a lo que podría ayudar a persuadir a las mujeres y jóvenes en prisión a abandonar los grupos criminales, existen varios procesos internacionales que pueden proporcionar orientación[2]. Iniciativas en Los Ángeles y Vancouver podrían proporcionar modelos útiles[3]. El Programa de Intervención contra Pandillas Femeninas de Vancouver, por ejemplo, asocia a cada mujer con un trabajador social, que la acompaña a través de los pasos necesarios para dejar la vida delictiva y reintegrarse a la sociedad[4].

Los programas de reintegración más exitosos adoptan enfoques holísticos que combinan asistencia legal, atención médica física y mental, apoyo psicológico, educación y formación laboral, y servicios de recuperación del abuso de sustancias[5]. Estas iniciativas también demuestran la necesidad de proyectos de desarrollo a largo plazo en las comunidades donde las mujeres van a reintegrarse[6].

Los enfoques exitosos también tienden a requerir estrategias específicas que correspondan a los patrones locales de violencia criminal. Con ese fin, el Estado mexicano debe trabajar con los gobiernos municipales para poner en marcha proyectos piloto de reintegración que respondan a las dinámicas económicas, sociales y políticas de cada región relevante. El Estado también debe preparar a las mujeres encarceladas para hacer su eventual transición a la vida civil y fomentar su participación en los programas de desmovilización y reintegración que se ofrecen en las prisiones. Garantizar el acceso a servicios básicos en prisión, como atención médica, alimentos nutritivos y agua potable, así como educación y formación vocacional que se ajusten a las necesidades laborales de la región, deben ser elementos esenciales de un proceso de reinserción que comience antes de la liberación. Este proceso es clave para prevenir la reincidencia[1].

El gobierno mexicano podría aumentar el acceso a proyectos de educación y empleo para mujeres encarceladas, incluida educación financiera para quienes la necesiten. El empleo en prisión debe ir acompañado de derechos laborales garantizados, como salarios justos y horarios de trabajo regulares, para evitar que sean explotadas. Un buen ejemplo de este tipo de proyecto se puede encontrar en Aguascalientes (un estado en el centro de México) donde el gobierno local estableció un programa de empleo para hombres y mujeres en prisión, proporcionándoles formación para fabricar pelotas de béisbol en los talleres de la prisión. Como incentivo, el gobierno local otorgó becas a los hijos de los reclusos, mientras que a quienes cumplían su condena se les dio la oportunidad de trabajar en la fábrica después de su liberación como parte del proceso de reintegración[2].

Aunque la Ley Nacional de Ejecución Penal de México establece que todos los estados deben proporcionar servicios postpenales a los reclusos, pocos estados los ofrecen[3]. Por ejemplo, sólo ocho estados indicaron tener asignaciones presupuestarias para este tipo de proyectos, y ninguno de los proyectos fue diseñado para abordar las necesidades específicas de las mujeres expuestas en este informe[4]. Por lo tanto, estos programas requieren una regulación federal más estricta sobre cómo se dispone del presupuesto penitenciario, incluidos indicadores de gastos desglosados por género.

Al considerar modelos para la reintegración una vez que las mujeres salen de prisión, México podría seguir el ejemplo de la reintegración de combatientes desmovilizados en Colombia, que ha permitido a más de 28 000 excombatientes iniciar la transición a la vida civil[5]. Aunque concebidos en circunstancias muy diferentes, Colombia ha apuntado a través de estos esfuerzos a promover el empoderamiento de las mujeres mediante la creación de redes de apoyo entre pares, la promoción del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y la organización de campañas para la desestigmatización de las mujeres que participaron en grupos armados. Estos esfuerzos ofrecen un precedente potencialmente útil para México y podrían convertirse en parte del programa existente de cooperación en materia de seguridad entre Colombia y México. Colombia podría proporcionar asistencia técnica para el diseño de proyectos piloto de desmovilización y la implementación exitosa de estos programas[6].

El Instituto Nacional de las Mujeres debe crear una red de instituciones, incluyendo ONG locales, responsables del diseño, coordinación y supervisión de los programas de reinserción y reintegración[7]. Un posible enfoque se ha trazado en Canadá, donde el programa nacional Círculos de Apoyo y Responsabilidad ayuda a los exconvictos a reintegrarse a sus comunidades mediante la creación de “círculos” de voluntarios. Cada círculo apoya al exrecluso en la gestión de los retos cotidianos y garantiza que sea responsable de sus acciones. Este modelo ha reducido la reincidencia y ha ayudado a mantener seguras a las comunidades[8].

Los programas de formación y creación de empleo son una parte esencial de cualquier esfuerzo de desmovilización y se beneficiarían de una sólida colaboración entre los gobiernos federal y local, así como de alianzas con el sector privado. El Estado mexicano podría asociarse con organizaciones de la sociedad civil e industrias locales para identificar empleos que permitan una transición a una vida más estable después de salir de prisión. Estos proyectos podrían enfocarse en municipios con un alto número de mujeres encarceladas acusadas de pertenecer al crimen organizado, como Ciudad Obregón en Sonora.

México también podría organizar programas que establezcan grupos de apoyo dirigidos por profesionales para ayudar a las exreclusas con los desafíos que puedan enfrentar, como hacer frente a traumas derivados de la violencia, la estigmatización y la discriminación debido a su pasado. Este tipo de programas podrían combatir el aislamiento que estas mujeres pueden llegar a sentir y que puede tentarlas a volver a la delincuencia[1]. Para aquellas acusadas de delitos no violentos, México puede encontrar ideas útiles en el enfoque escandinavo de justicia restaurativa, que hace énfasis en la rehabilitación de los delincuentes a través de la reconciliación con las víctimas y la comunidad en general, ofreciendo mediación familiar y comunitaria, educación y formación laboral, asesoramiento y terapia, y oportunidades de vivienda y empleo[2].

En la última década, ha aumentado la participación de las mujeres en el ámbito tradicionalmente dominado por los hombres del crimen organizado mexicano, lo que refleja la cada vez más profunda infiltración de estos grupos en la sociedad. Las razones por las que hombres y mujeres se unen a los grupos criminales no son completamente distintas. La pobreza y la desigualdad son factores determinantes, pero también la búsqueda de reconocimiento y valoración. La incapacidad del Estado mexicano para acabar con la corrupción y las redes de colusión entre funcionarios estatales e intereses criminales también juegan un papel importante: cuando el sistema judicial parece estar irremediablemente infiltrado, más personas pueden verse atraídas hacia una vida delictiva. Dicho esto, algunos aspectos de la sociedad mexicana también hacen que la perspectiva de unirse a un grupo criminal sea cada vez más atractiva para las mujeres. Las normas y prácticas patriarcales que aún predominan en gran parte de la vida mexicana han llevado (quizás irónicamente) a algunas mujeres a buscar autonomía, poder y un sentido de comunidad en el crimen organizado, incluso mientras estas prácticas también moldean las experiencias de las mujeres al interior de estos grupos.

La creciente participación de las mujeres en la delincuencia es un problema, y no sólo para ellas. Causa graves daños a sus familias, especialmente a sus hijos. Tanto la normalización de la violencia entre su prole como la precariedad del cuidado infantil cuando las mujeres son encarceladas han contribuido a aumentar las tasas de reclutamiento criminal entre estos menores, empujando a las nuevas generaciones a un nuevo ciclo de violencia[1].

México lleva mucho tiempo en los titulares por las formas en que las mujeres son desaparecidas y asesinadas. Ahora debe actuar con decisión para evitar que más niñas y mujeres se vinculen a grupos criminales y apoyarlas cuando abandonen la vida criminal. Rehabilitar a las jóvenes en prisiones y centros de tratamiento para el abuso de sustancias, así como trabajar para prevenir su reclutamiento a través de iniciativas en escuelas y comunidades locales, será crucial para frenar su creciente participación en la delincuencia mexicana. Pero para lograr estos objetivos, el Estado, las empresas y la sociedad civil tendrán que encontrar formas para ofrecer alternativas económicas, protección y un sentido de dignidad que hasta ahora no han sido parte de la vida de muchas mujeres.

Ciudad de México/Bogotá/Washington/Bruselas, 28 de noviembre de 2023