Report / Latin America & Caribbean 26 Marzo 2009 3 minutes

Poner fin al conflicto con las FARC en Colombia: Jugar la carta correcta

Resumen Ejecutivo

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la organización guerrillera más antigua de América Latina, afrontan una presión muy fuerte. Los casi siete años de presidencia de Uribe han afectado la capacidad y la moral del movimiento. Varios altos comandantes han sido capturados, muertos en combate, asesinados por sus propios hombres o han fallecido de causas naturales, como fue el caso de Manuel Marulanda, líder histórico de las FARC. Miles de guerrilleros rasos han desertado, reduciendo el pie de fuerza de la organización casi a la mitad, hasta quedar unos 10.000 en la actualidad. Sin embargo, bajo su nuevo líder, Alfonso Cano, las FARC han demostrado una cohesión interna renovada y una capacidad persistente de adaptarse a los cambios en el entorno de seguridad. El gobierno de Uribe sigue empeñado en implementar su enfoque militar de línea dura hasta que las FARC no tengan otra opción que negociar su capitulación, pero esta estrategia es problemática. El presidente Uribe debe continuar con la presión militar, pero debe enfatizar así mismo la búsqueda de una estrategia política capaz de instar a unas FARC debilitadas pero todavía intactas en buena medida a entablar conversaciones de paz. También se debe asignar prioridad al fortalecimiento del Estado de derecho, la protección de los derechos humanos y el incremento de la seguridad ciudadana.

Pese a la fuerte presión a que están sometidas, las FARC todavía tienen una extraordinaria capacidad de adaptación. Unidades claves y algunos miembros del comando central (el Secretariado) se han replegado a bastiones en la selva y las montañas, así como a países vecinos, para evadir la ofensiva del gobierno y recuperar fuerzas. La manera en que se han realizado últimamente las liberaciones de los rehenes y reubicaciones de tropa sugiere que Cano está logrando reafirmar su liderazgo. Las nuevas tácticas se basan fuertemente en las emboscadas y el uso indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales, de una manera que viola el derecho internacional humanitario. Si bien las estructuras de comando y control se han descentralizado a nivel táctico, el Secretariado de las FARC todavía tiene la capacidad de coordinar acciones en el país. Los ingresos todavía sustanciales derivados del narcotráfico permiten a los insurgentes continuar con la guerra, pero también han producido alianzas entre algunas unidades de las FARC y las numerosas organizaciones delictivas y los nuevos grupos armados ilegales (NGAI) de Colombia.

Los éxitos de la estrategia de seguridad del gobierno se deben en parte a la modernización y el incremento del personal de sus fuerzas de seguridad, con un sustancial apoyo técnico y financiero internacional, sobre todo de Estados Unidos. Quizá más importante aún ha sido el mejoramiento en la calidad y cantidad de la inteligencia estratégica, que ha permitido efectuar ataques aéreos de precisión para matar a comandantes rebeldes de alto rango y afectar las estructuras de comando y control. El gobierno también está realizando una agresiva campaña para debilitar la moral de los insurgentes e inducir las deserciones. Sin embargo, no se tiene claridad sobre si los esfuerzos de Uribe para fraccionar el movimiento producirán resultados positivos. Si la consecuencia fuera que pequeños grupos de las FARC terminen integrados al hampa criminal colombiana o incluso latinoamericana, la estrategia podría terminar siendo contraproducente.

Por otra parte, el gobierno de Uribe no ha complementado su estrategia de seguridad –la Política de Seguridad Democrática (PSD)– con una estrategia política igualmente rigurosa para poner fin al conflicto. Los esfuerzos por consolidar la presencia estatal y el Estado de derecho en todo el país carecen de visión a largo plazo y no bastan para fortalecer de manera sostenida las instituciones civiles a nivel local. Las políticas antinarcóticos han resultado ineficientes. El tráfico de drogas ocupa un lugar importante en las actividades de los grupos criminales organizados, las FARC, sectores del movimiento guerrillero más pequeño Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los NGAI, que incluyen a ex paramilitares y grupos rearmados de paramilitares que no se desmovilizaron. A las fuerzas de seguridad se les sigue asociando y responsabilizando de escándalos de corrupción y abusos serios contra los derechos humanos, y las autoridades todavía están lejos de poder garantizar la seguridad ciudadana en todo el país.

Si Colombia ha de poner fin al conflicto de casi medio siglo de duración con las FARC, el gobierno debe tomar medidas urgentes para:

mantener la presión militar pero emprender serios esfuerzos para complementarla con una estrategia para establecer negociaciones de paz con el todavía vigente Secretariado de las FARC, buscando evitar al mismo tiempo que facciones criminalizadas de las FARC ingresen a bandas del crimen organizado y grupos sucesores de los paramilitares;
mantener abiertas todas las opciones para la rápida liberación de los secuestrados que permanecen en poder de las FARC, incluso mediante un intercambio de rehenes por prisioneros. Las cifras y características de los prisioneros de las FARC que se liberen deben depender de la liberación definitiva de todos los secuestrados en poder del grupo guerrillero, incluidos los centenares de individuos víctimas de secuestro extorsivo, y de un acuerdo de los rebeldes de poner fin al secuestro;
renovar y vigorizar los esfuerzos por entablar conversaciones directas con el Secretariado de las FARC, al tiempo que considera una facilitación internacional por parte de gobiernos como el de Brasil y posiblemente el de Chile para establecer canales de comunicación y construir confianza; y
potenciar los esfuerzos para expandir el Estado de derecho en todo el país, mejorar decididamente la protección de los derechos humanos y fortalecer la seguridad ciudadana mediante la consolidación efectiva de una presencia estatal que responda por sus actos en todas las regiones de Colombia.

Bogotá/Bruselas, 26 de marzo de 2009

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Executive Summary

Latin America’s oldest guerrilla organisation, the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), is under severe stress. Close to seven years of the Uribe presidency have hurt the FARC’s capability and morale. Several top commanders have been captured, killed in combat, murdered by their own men, or died of natural causes, as in the case of Manuel Marulanda, the FARC’s historic leader. Thousands of foot soldiers have deserted, bringing the guerrillas’ troop strength down by almost half, to perhaps 10,000 today. Still, under its new leader, Alfonso Cano, the FARC has shown renewed internal cohesion and continued capacity to adapt to changes in the security environment. The Uribe government remains wedded to its hardline military approach until the FARC has no option but to negotiate surrender, but this strategy is problematic. President Uribe should keep military pressure up but emphasise devising a political strategy capable of drawing a weakened but still largely intact FARC into peace talks. Priority should also be on strengthening rule of law, protecting human rights and increasing citizen security.

Strong pressure notwithstanding, the FARC still has remarkable adaptive capacity. Key units and some members of the central command (the Secretariat) have withdrawn to strongholds in the jungle and mountains, as well as in neighbouring countries, to evade government offensives and regain strength. The way in which hostage releases and redeployments have been conducted recently suggests that Cano is having some success in reasserting leadership. New tactics rely heavily on ambushes and indiscriminate use of unconventional explosive devices, in a manner that violates international humanitarian law. While command-and-control structures have been decentralised at the tactical level, the FARC Secretariat remains capable of coordinating actions around the country. Still substantial income from drug trafficking enables the insurgents to continue the war but has also led to alliances between some FARC units and Colombia’s many organised criminal outfits and new illegal armed groups (NIAGs).

The successes of the government’s security strategy have resulted in part from the modernisation and growth of its security forces, aided by substantial international technical and financial support, in particular from the U.S. Perhaps even more important have been improvements in the quality and quantity of strategic intelligence, which have enabled precision air raids to kill important rebel commanders and disrupt command-and-control structures. The government is also carrying out an aggressive campaign to undermine rebel morale and induce defections. Still, it is unclear whether Uribe’s effort to splinter the movement will produce positive results. If small FARC groups were driven as a result into the Colombian or even Latin American criminal underworld, it could prove counterproductive.

Further, the Uribe administration has not matched its security strategy – the Democratic Security Policy (DSP) – with an equally rigorous political strategy for ending the conflict. Efforts to consolidate state presence and rule of law throughout the country lack long-term vision and are insufficient to strengthen sustainable civilian institutions at the local level. Counter-drug policies have proven ineffective. Drug trafficking is at the heart of the activities of the organised criminal groups, the FARC, parts of the smaller National Liberation Army (ELN) insurgency and NIAGs, which include rearmed former paramilitaries and paramilitary groups that did not demobilise. Security forces continue to be associated with and responsible for corruption scandals and serious human rights abuses, and the authorities are still a long way from guaranteeing citizen security countrywide.

If Colombia is to end the almost half-century-old FARC conflict, the government should take urgent steps to:

sustain military pressure but undertake serious efforts to complement it with a strategy for establishing peace negotiations with the still-functioning FARC Secretariat, while seeking to prevent criminalised FARC fragments from joining with organised criminal and paramilitary successor groups;
keep all options open for swiftly freeing the FARC’s remaining hostages, including in a hostages-for-prisoners swap. The numbers and character of any FARC prisoners released should depend on the ultimate release of all hostages in FARC captivity, including hundreds held for ransom, and a rebel agreement to end kidnapping;
renew and energise efforts to hold direct talks with the FARC Secretariat, while considering international facilitation by governments such as Brazil and possibly Chile to establish communication channels and build confidence; and
boost efforts to expand rule of law across the country, strongly improve protection of human rights and increase citizen security through effective consolidation of accountable state presence in Colombia’s regions.

Bogotá/Brussels, 26 March 2009