Lidiando con las repercusiones del magnicidio en Haití

¿Cuál es el estatus de la investigación del asesinato del presidente Moïse?

Las circunstancias detrás del asesinato del presidente Jovenel Moïse aún no están claras y abundan teorías contradictorias sobre los posibles culpables. Según la Policía Nacional de Haití, un escuadrón de 28 mercenarios llevó a cabo el asesinato en la madrugada del 7 de julio. La policía abatió a tres presuntos sospechosos y arrestó a otros veinte, incluyendo dieciocho exmilitares colombianos y dos haitiano-estadounidenses. Cinco todavía no han sido encontrados. Las autoridades en Haití capturaron a Christian Emmanuel Sanon, un médico con residencia habitual en Florida, y lo acusaron de planear el asesinato a través de una empresa de seguridad con sede en Miami. El 13 de julio, la policía emitió órdenes de captura (que incluyen cargos por “asesinato y robo a mano armada”) contra el exsenador John Joël Joseph, opositor del partido Tèt Kale de Moïse, el empresario Rodolphe Jaar y Joseph Félix Badio, un exfuncionario de la Unidad Anticorrupción del país que fue despedido recientemente. El 15 de julio, la policía haitiana detuvo al jefe de la seguridad presidencial. Las autoridades también arrestaron a otros tres oficiales locales de seguridad y le prohibieron a varios otros salir del país. Los procedimientos contra los señalados aún están en curso.

Sin embargo, todas estas acciones no parecen haber disipado por completo el escepticismo de la población haitiana respecto a la versión oficial de lo ocurrido el 7 de julio. Algunos observadores se preguntan por qué no hay pruebas de que las fuerzas de seguridad, encargadas de proteger la residencia presidencial, no resistieron el ataque en el que únicamente murió Moïse y su esposa resultó gravemente herida. También parece sospechoso que los dieciocho colombianos detenidos por las autoridades haitianas (varios de los cuales afirmaron, según declaraciones de sus familiares, haber sido contratados para proteger al presidente en medio de una ola de violencia de pandillas en Puerto Príncipe) fueran capturados tan fácilmente en las casas donde se alojaron durante el mes que precedió al asesinato, aparentemente sin estar preparados para la posibilidad de que fueran encontrados.

Mientras los gobiernos de EE.UU. y Colombia enviaron funcionarios policiales a Puerto Príncipe para ayudar con la investigación, medios de comunicación y funcionarios de seguridad colombianos especularon sobre la posible participación del primer ministro interino Claude Joseph, lo cual fue negado posteriormente por el jefe de la policía colombiana. La investigación sigue en curso.

¿Cuáles eran los antecedentes de Moïse y por qué su presidencia fue tan controversial?

Antes de iniciar su carrera política, Jovenel Moïse era un exportador de plátano que llegó a ser secretario general de la Cámara de Comercio de Port-de-Paix, una ciudad en el noroeste de Haití. Desarrolló vínculos estrechos con el expresidente Michel Martelly, quien estaba en el poder cuando Moïse pareció ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales en octubre de 2015. La participación en las elecciones fue baja, ya que solo 1.5 millones (de un total de 5.8 millones) de votantes registrados acudieron a las urnas para elegir entre un grupo de 54 candidatos, una demostración de la fragmentación política en el país. Pero aunque algunos observadores internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), consideraron que el resultado de la primera vuelta era consistente con la votación observada, los adversarios de Moïse no reconocieron los resultados, afirmando que se encontraban viciados por manipulación de votos y conteos fraudulentos. La disputa, a su vez, provocó disturbios en las calles y varios aplazamientos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En mayo de 2016, una comisión formada por el entonces presidente interino Jocelerme Privert para verificar los resultados de las elecciones de 2015 recomendó que se realizaran nuevamente tras encontrar evidencia de un “fraude sistemático”. En noviembre de ese año, Moïse ganó una nueva primera vuelta, en la que solo participaron 1.12 millones de personas, equivalente al 18 por ciento de los votantes registrados. En esta ocasión Moïse obtuvo más del 50 por ciento de los votos, descartando la necesidad de una segunda vuelta y asumió el cargo en febrero de 2017.

Haití ya pasaba por un mal momento cuando Moïse asumió la presidencia. Según algunas cifras, era el país más pobre del hemisferio occidental, sufría una desigualdad socioeconómica extrema acompañada por brotes de violencia política, instituciones débiles y altos niveles de impunidad. También continuaba enfrentando los efectos del terremoto devastador de 2010, que se estima acabó con la vida de más de 200.000 personas. Pero durante el mandato de Moïse, los problemas de Haití empeoraron. Bajo su administración, el país experimentó disturbios políticos y sociales en medio de una profunda crisis económica, el aumento de la inseguridad, la corrupción, un mal manejo de la pandemia y el resurgimiento de la violencia a manos de pandillas. Moïse también estuvo implicado en un escándalo de gran magnitud. En mayo de 2019, la Corte Superior de Cuentas de Haití entregó un informe al Senado en el que se alegaba que el presidente, entre otras figuras políticas, estuvo involucrado en la malversación de más de $2 mil millones obtenidos a través de un acuerdo financiero por medio del cual Venezuela proporcionaba financiación para que Haití y otros países compraran crudo en condiciones preferentes. Se suponía que las ganancias obtenidas de la venta del petróleo subsidiado a empresas privadas estarían destinadas a financiar inversiones en proyectos de infraestructura de gran escala, pero estos proyectos nunca se realizaron.

Los oponentes del presidente Moïse aumentaron en número y fuerza a medida que intentó expandir sus poderes presidenciales en varios frentes. Comenzó a gobernar por decreto en enero de 2020, después de que su gobierno decidiera no celebrar las elecciones parlamentarias programadas para octubre de 2019, alegando “razones de seguridad”. La decisión efectivamente acabó con el parlamento. Los mandatos de veinte senadores concluyeron, dejando al Senado con sólo diez miembros electos, lo cual les impidió formar quórum. En la cámara baja, todos los diputados se retiraron al finalizar su mandato. Moïse también reafirmó su control a nivel local designando directamente a los alcaldes y concejales locales en ausencia de elecciones. Además de estas medidas, en febrero de 2021, Moïse propuso un referéndum (criticado meses después por funcionarios de EE.UU. y la UE) con el que pretendía eliminar las salvaguardias constitucionales introducidas para restringir el poder presidencial después de que el dictador Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier fuera derrocado en la década de 1980.

De igual manera, Moïse enfrentó protestas masivas después de que partes de la oposición, grupos de la sociedad civil y el Consejo Superior de la Magistratura de Haití determinaran que su mandato de cinco años había llegado a su fin a principios de 2021. Moïse argumentó que le correspondía una prórroga de un año, hasta el 7 de febrero de 2022, dado el retraso que se presentó para su toma de posesión. Su posición fue respaldada por la Secretaría de la ONU, el Secretario General de la OEA y el gobierno estadounidense, pero se encontró con un enorme rechazo dentro de Haití. El 7 de febrero, la oposición intentó instalar un gobierno paralelo, lo que provocó la detención de veinte personas, entre ellas un juez de la Corte Suprema. Moïse calificó la crisis como un “intento de golpe de Estado” y se aferró al poder, a pesar de las recurrentes manifestaciones masivas pidiendo su renuncia.

¿Quién está actualmente a cargo del país?

Tras el asesinato de Moïse, había poca claridad respecto al orden legal de sucesión. Claude Joseph, primer ministro en funciones, se autoproclamó presidente interino y declaró que la policía tenía la situación bajo control. Sin embargo, de acuerdo con la Constitución de 1987, si la presidencia queda vacante, el presidente de la Corte Suprema debe asumir el cargo (revisiones posteriores a esa Constitución alteraron la línea de sucesión, pero los críticos cuestionan su validez). Sin embargo, después de que el presidente de la Corte Supreme muriera de COVID-19 en junio, no había certeza sobre quién era el juez de mayor rango del país.

Para complicar aún más las cosas, días antes de su muerte, Moïse había designado a Ariel Henry como su nuevo y séptimo primer ministro. Henry, un neurocirujano que coordinó la respuesta de Haití a la epidemia de cólera en 2010 y se desempeñó como ministro del Interior durante la presidencia de Martelly en 2015, no había asumido el cargo cuando ocurrió el asesinato. El 7 de julio, también se declaró presidente interino y le pidió a Joseph que volviera al cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Sin embargo, también expresó su compromiso con el diálogo político e incluso el 11 de julio se unió a la reunión de Joseph con una delegación del gobierno de EE. UU.

El 17 de julio, el “Core Group” de Estados y organizaciones internacionales que han estado discutiendo sobre la crisis de Haití en Nueva York (que incluye a Brasil, Canadá, la UE, Francia, Alemania, la OEA, España, la Secretaría de la ONU y los EE. UU.), pidió la formación de un gobierno de “consenso e inclusión”, e impulsó a Henry para que lo pusiera en marcha. El 18 de julio, Joseph le dijo a The Washington Post que dimitiría y le entregaría el poder a Henry, lo que hizo el 20 de julio.

¿Cuál es el panorama de seguridad en Haití?

Las condiciones de seguridad son desalentadoras. Sigue existiendo el riesgo inmediato de que se incremente la inestabilidad política y la violencia callejera de descontrole, en especial, si se llegara a comprobar la participación de influyentes figuras políticas en el asesinato del 7 de julio.

Pero la problemática de la seguridad del país va mucho más allá del asesinato de Moïse y sus repercusiones. Las violentas y poderosas pandillas de Haití, a menudo vinculadas con fuerzas políticas y empresariales, parecen estar creciendo en fuerza e influencia, lo que representa una gran amenaza para la seguridad y para la integridad de cualquier proceso electoral. Según un informe reciente de la ONU, en 2020 los secuestros aumentaron en un 200 por ciento con respecto al año anterior, mientras que los asesinatos aumentaron en un 20 por ciento y las violaciones reportadas en un 12 por ciento. UNICEF informó en junio que en Puerto Príncipe “se estima que hay 95 bandas armadas que controlan grandes territorios” que representan alrededor de un tercio de la capital, mientras que un informe del 1 de julio de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU indicó que la violencia de pandillas ha impedido la distribución de asistencia humanitaria, incluso obligando la cancelación de un programa de distribución de dinero en efectivo a más de 30.000 personas. El 26 de junio, el hospital de Médicos Sin Fronteras en la zona de Martissant de Puerto Príncipe tuvo que suspender sus operaciones al ser objeto de un ataque armado.

Es probable que el desarrollo de instituciones estatales y de seguridad eficaces para abordar estos desafíos siga siendo un objetivo difícil de alcanzar mientras los políticos  que sean electos y sus partidarios financien pandillas, y la fuerza policial y el aparato judicial sigan estando expuestos y sean demasiado débiles para hacer cumplir la ley. En diciembre de 2020, el Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo que “las pandillas armadas en Haití [están] reforzadas por un poder judicial que no procesa a los responsables de ataques contra civiles. Estas bandas, con el apoyo de algunos políticos haitianos, reprimen la disidencia política en los barrios de Puerto Príncipe que se sabe que participan en manifestaciones contra el gobierno”. Los abusos de los derechos humanos cometidos por la policía son un motivo adicional de preocupación.

¿Se llevarán a cabo elecciones este año, y deberían hacerse?

El 8 de julio, la oficina de Claude Joseph anunció que a pesar del asesinato, las elecciones se celebrarán en septiembre de 2021, una fecha fijada por el Consejo Electoral Provisional que Moïse nombró por decreto y que sin contar con un amplio respaldo político. Joseph prometió dialogar con los líderes de la oposición y otras partes interesadas para facilitar el proceso electoral. Sin embargo, no está claro si Ariel Henry se apegará al plan ahora que está en el cargo. Es probable que los funcionarios del gobierno de EE. UU. y del representante especial de la ONU así lo promuevan, ya que han dicho que esperan que Haití celebre elecciones presidenciales en septiembre.

Los escépticos cuestionan enérgicamente la conveniencia de llevar adelante el plan de elecciones en septiembre, argumentando que la situación en Haití es simplemente demasiado insegura para celebrar unas elecciones confiables. También sostienen que la élite política carece de la legitimidad necesaria para dirigir al país en crisis dados los desafíos que enfrentan, incluidos los crecientes vínculos entre políticos y pandillas. Para asumir esta tarea, algunos partidos de oposición y grupos de la sociedad civil han propuesto entregar las riendas a un gobierno de transición con credibilidad por un período de dos años o más. Bajo este escenario, las autoridades de transición pondrían en marcha reformas necesarias, como la aplicación de mecanismos de control y rendición de cuentas para la policía, la creación de un organismo que investigue y ayude a juzgar los casos de corrupción de alto nivel, y la dotación de equipamiento adecuado para los agentes. También sentarían las bases para las elecciones y se ocuparían de los problemas más acuciantes que afectan a Haití, como la  escasez de combustible y la necesidad de organizar una campaña de vacunación contra el COVID-19.

Si el país toma esta dirección, será especialmente importante que las autoridades que conduzcan la transición se mantengan dentro de su mandato de emergencia y respeten la integridad de las instituciones haitianas y el pluralismo político. Una vez en el cargo, cualquier gobierno de transición, así como los actores extranjeros, también deben prestar mucha atención a las opiniones de los grupos de la sociedad civil haitiana, muchos de los cuales se han organizado desde principios de 2021 en la Comisión de la Sociedad Civil Haitiana por la Búsqueda de una Solución Haitiana a la Crisis.

¿Actores externos intervendrán militarmente para estabilizar Haití?

Los actores externos han dejado claro su deseo de evitar cualquier intervención drástica en el país. Funcionarios estadounidenses rechazaron una solicitud de asistencia militar de Joseph. Su escepticismo sin duda está alimentado por el fracaso de las intervenciones militares previas que buscaban lograr mejoras estables en Haití. EE. UU. intervino en 1994 para restaurar a Jean-Bertrand Aristide en la presidencia y deponer a la junta militar que lo había derrocado, solo para regresar diez años después en medio de una rebelión liderada por pandillas para escoltar a Aristide al exilio en circunstancias polémicas. El 15 de julio, el presidente Joe Biden confirmó que “la idea de enviar fuerzas estadounidenses a Haití no está en la agenda en este momento”.

Tampoco parece probable que el Consejo de Seguridad de la ONU intensifique significativamente la presencia de la ONU en Haití. En 2017, la ONU concluyó una ambiciosa misión de estabilización en Haití (MINUSTAH) puesta en marcha en 2004, poco después de que Aristide abandonara el país, para abordar la inseguridad desenfrenada del país y las violaciones masivas de derechos humanos. Apoyándose en una significativa contribución militar brasileña, MINUSTAH consiguió en un primer momento estabilizar las zonas afectadas por las pandillas y reformar la policía. Pero la misión también estuvo plagada de acusaciones de que las tropas usaron excesivamente la fuerza, cometieron abusos sexuales y fueron responsables de la epidemia de cólera que se desató tras el terremoto de 2010. En 2016, la oficina del Secretario General reconoció el papel de la ONU en el brote de cólera.

La MINUSTAH fue eventualmente reemplazada en 2019 por la Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH), una misión política relativamente discreta, que se enfoca en asesorar y brindar asistencia limitada a las autoridades locales sobre cómo lograr la estabilidad política y reducir la violencia. El Consejo de Seguridad debatió en privado sobre Haití tras el asesinato de Moïse, pero no parece haber consenso sobre el fortalecimiento de la misión, ni siquiera dentro del “Core Group”. Algunos miembros del Consejo parecen atraídos por la idea de fortalecer la capacidad de la misión para prestar apoyo electoral antes de las elecciones previstas para septiembre, lo cual forma parte de su mandato, aunque dada su limitada capacidad, otros creen que la BINUH haría un mejor trabajo apoyando con intensos esfuerzos diplomáticos para reducir las diferencias entre las fuerzas políticas y sociales de Haití.

Si bien la prudencia internacional respecto a una posible intervención militar es recomendable, la asistencia externa será clave para ayudar a Haití a superar sus abrumadores desafíos en materia de seguridad. Es especialmente necesaria una asistencia focalizada para fortalecer la fuerza policial: expertos estiman que la fuerza enfrenta un déficit de al menos 21.000 agentes. La labor para aumentar el personal y la presencia territorial de la fuerza policial debe ir acompañada de esfuerzos continuos para darle forma a una fuerza más profesional, humana y respetable.