Tres razones sobre la importancia del acuerdo sobre reforma rural en Colombia

Después de seis meses de negociaciones en La Habana, representantes del gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron el 26 de mayo un gran avance en su intento por terminar cinco décadas de violentas confrontaciones. Un comunicado conjunto anunció la suscripción de un acuerdo titulado “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral” como el “inicio de transformaciones radicales” en zonas rurales. El comunicado también anunció que ambas partes habían llegado a un consenso sobre un conjunto de medidas que incluyen la titulación de propiedades, el acceso a la tierra y la creación de un mecanismo para resolver los conflictos sobre el uso de la tierra, entre otras.

Con las negociaciones operando bajo la regla de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, lo más probable es que el contenido de este compromiso se mantenga bajo reserva hasta que exista un acuerdo sobre los seis puntos de la agenda. En consecuencia, ambas partes señalaron de manera explícita que su contenido podría ser ajustado en su relación con los otros puntos. Sin el acuerdo en su totalidad, es difícil decir si éste, en última instancia, proporcionará las herramientas necesarias para hacer frente al profundo problema del conflicto en el campo. Por ejemplo, sólo uno de cada dos campesinos poseen títulos y la propiedad rural está distribuida de manera sumamente desigual. En 2009, el coeficiente de Gini de la distribución de las tierras en Colombia se mantuvo en 0.86, uno de los peores en el mundo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

No obstante, el anuncio es significativo debido al menos a tres razones:

1. El acuerdo es un estímulo necesario para las conversaciones de paz, que sufrían del creciente temor de que la falta de progreso visible estaba lentamente descarrilando el proceso. Después de seis meses de retórica positiva de ambos lados, demostrar la capacidad para producir resultados concretos crea un impulso clave para la credibilidad de los equipos negociadores y la legitimidad política de los diálogos. Así como lo enfatizó el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Sergio Jaramillo, ésta es la primera vez que las negociaciones con las FARC (las cuales se han producido de forma intermitente durante una buena parte de las últimas tres décadas) han dado lugar a un entendimiento concreto sobre una cuestión política sustancial. El acuerdo también contradice a los detractores de las negociaciones de paz, que han pronosticado desde hace tiempo que los diálogos colapsarían eventualmente debido a la escasez de resultados. Será mucho más difícil para ellos ahora continuar con su alegato de que las FARC están contentas de negociar, pero en realidad reacias a llegar a un acuerdo de paz.
    
2. La reforma rural no es un problema menor -está en el corazón del conflicto colombiano. Las FARC han argumentado por mucho tiempo que su rebelión fue provocada –y se justifica aún ahora– por los injustos patrones de tenencia de tierras que han obligado a las comunidades campesinas a la marginación política, social y económica. Si bien esta postura no justifica el alcance de la violencia de las FARC y los graves crímenes internacionales que han cometido en el transcurso de su insurgencia, existe un consenso cada vez mayor de que la violencia en el campo colombiano tiene relación con la desigualdad en el campo, así como con un modelo fallido de desarrollo rural. Existen otras fuentes y causas de la violencia en Colombia, pero llegar a un acuerdo con las FARC sobre el desarrollo rural aborda uno de los aspectos más profundos del conflicto.Concluir con éxito las discusiones sobre la reforma rural también tendrá un impacto positivo en la siguiente etapa de las negociaciones. Desde la perspectiva de las FARC, la mejor garantía para la implementación de esta reforma es que ellos tengan un papel que jugar en ella. Esto prepara el escenario para el siguiente punto en la agenda que ambas partes comenzarán a negociar en junio: la participación política. La transición de las FARC en un actor político democrático será tanto controversial (puesto que muchos colombianos ven a las guerrillas como criminales) como legalmente compleja (puesto que las normas constitucionales actuales plantean dudas acerca de la elegibilidad de los dirigentes de las FARC). También es un tema muy sensible para las FARC, dada la experiencia catastrófica de la Unión Patriótica (UP), un partido político establecido como parte del proceso de paz en la década de 1980 que se extinguió debido a la violencia dirigida contra sus miembros. Pero el acuerdo sobre la reforma rural le ha dado a las guerrillas, por primera vez, una participación real en el futuro de una Colombia postconflicto, aumentando las posibilidades de que se llegue a un acuerdo sobre la reintegración política.En términos más generales, el acuerdo eleva los costos de una ruptura de las negociaciones tanto para el gobierno como para las FARC. Esto hace que sea más probable que las conversaciones se aceleren y de que se llegue a un acuerdo antes de que las campañas electorales de 2014 creen un entorno más desafiante. El gobierno de Santos sabe que un posible fracaso sería probablemente muy costoso para sus aspiraciones en las elecciones del próximo año. Este acuerdo parcial también debe aumentar el compromiso de las FARC con las negociaciones. En la actualidad las guerrillas no tienen sólo algo que ganar de manera hipotética al dialogar con el gobierno; por primera vez, si las negociaciones colapsan, también tienen algo que perder, de mucho valor para ellos.
    
3. Finalmente, el acuerdo sobre la reforma rural hace de la justicia transicional la cuestión que decidirá el éxito o fracaso de las negociaciones. Con el tema del desarrollo rural fuera, el éxito a largo plazo de las negociaciones será probablemente definido por el tipo de acuerdo al que ambas partes lleguen sobre asuntos de justicia transicional, como el mandato de una comisión de la verdad, la responsabilidad judicial por graves crímenes internacionales cometidos tanto por las fuerzas estatales como por las guerrillas, las reparaciones, y un plan creíble para una reforma institucional que prevenga una reaparición de la violencia en el futuro. Todos estos asuntos son muy controvertidos, pero, como se explicará en un futuro informe de Crisis Group, ambos lados tendrán que reunir la voluntad para ponerse de acuerdo sobre un modelo sólido y holístico de justicia transicional que defienda de manera inequívoca los derechos de todas las víctimas. Sólo entonces las negociaciones tendrán una oportunidad para ofrecer la paz duradera que Colombia se ha merecido por tanto tiempo.