Los incendios y la tala rampante en la Amazonía han despertado la preocupación mundial por el futuro de la selva tropical más grande del mundo, la cual desempeña un papel vital en la contención del cambio climático al absorber el dióxido de carbono producido por la quema de combustibles fósiles. Lo que puede pasar desapercibido en el debate internacional es que el crimen organizado es uno de los principales motores de esta destrucción ambiental. Detener la actividad de los grupos ilícitos en la región es indispensable, no sólo por la degradación ambiental que estas organizaciones producen, sino por el creciente peligro que representan para las comunidades de la región.

Los niveles de violencia en la Amazonía son altos, incluso para los estándares de América Latina y el Caribe, una región que, con sólo el 8 por ciento de la población mundial, representa el 29 por ciento de los homicidios en todo el mundo. Las tasas de homicidio en la Amazonía, superan los promedios regionales. Esta violencia se produce en zonas rurales y pequeñas ciudades que suelen estar fuera del radar de los gobiernos nacionales y por ello es con frecuencia ignorada.

Dentro de la Amazonía, los territorios que son escenario de talas y explotaciones mineras legales e ilegales, cultivos de coca y narcotráfico enfrentan los peores daños ecológicos y la mayor violencia. Estas áreas a menudo coinciden con las tierras ancestrales de los pueblos indígenas, quienes históricamente han desempeñado un papel crucial en la protección de la selva tropical. Por ello, no sorprende que las redes criminales que saquean la riqueza de la Amazonía hayan convertido a los activistas ambientales en sus principales objetivos militares. En 2022, uno de cada cinco asesinatos de defensores ambientales y del territorio a nivel mundial tuvo lugar en la Amazonía, siendo Colombia y Brasil los dos países más peligrosos para quienes desarrollan esta labor.

La relación entre la creciente crisis climática y la delincuencia violenta finalmente está recibiendo la atención que merece. La 28ª cumbre climática de la ONU, o COP28, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, incluye a la “paz” en su agenda por primera vez en la historia de este encuentro. Al examinar la interacción entre la violencia y el clima en diferentes partes de la inmensa selva tropical (la cuenca del Amazonas abarca tanto territorio como la India y la Unión Europea juntas), los Estados y socios extranjeros pueden comenzar a identificar formas para protegerla y a las personas que la habitan. En tres partes de la Amazonía, como se detalla a continuación, la interacción entre el crimen y la explotación ambiental se hace patente.

Putumayo, Colombia: proteger a los defensores indígenas

El conflicto, la paz y el medio ambiente a menudo se entrelazan en Colombia, donde los recursos naturales sirven como base para el desarrollo económico pero también financian a guerrillas y criminales. Los grupos armados obtienen dinero tanto con negocios legales como la ganadería y la extracción de petróleo como con la minería ilegal de oro y los cultivos de coca. Instigadas por una corrupción generalizada, estas operaciones extractivas han causado un evidente deterioro ambiental. En una declaración de junio de 2019, el organismo de justicia transicional de Colombia reconoció puntualmente al medio ambiente como una “víctima silenciosa” de los prolongados conflictos armados del país.

Hay pocos lugares en la Amazonía tan violentos como el Putumayo, situado en las estribaciones de los Andes, en la frontera con Ecuador y Perú, y donde nacen muchos afluentes del Amazonas. Desde 2020 se han producido al menos 21 masacres, es decir, asesinatos colectivos con tres o más víctimas, entre las cuales se encuentran civiles, soldados y miembros de grupos armados. La violencia es en parte un subproducto de los cultivos de coca y el tráfico de cocaína, pilares de la región desde hace décadas. El narcotráfico también causa daños ambientales: los cultivadores arrasan bosques para las plantaciones de coca y abren improvisados caminos a través de la selva para establecer nuevas parcelas. Los productos químicos utilizados en los laboratorios de cocaína se vierten en los arroyos y en el suelo. El robo de petróleo crudo de los oleoductos en las zonas rurales del Putumayo (empleado en laboratorios como ingrediente en el procesamiento de la coca) causa derrames, que en ocasiones contaminan gravemente las fuentes de agua de las que depende la población local.

Un líder social dijo a Crisis Group que los grupos armados obligan a los campesinos reacios a cultivar coca, amenazando con hacerle daño a quien se resista. “El motor de la violencia es el tema del narcotráfico”, dijo un líder campesino del Putumayo. Entre 1985 y 2011, en medio del conflicto interno colombiano, la región fue escenario de más de 8000 muertes y 2000 desapariciones forzadas entre su población de 300 000 habitantes.

La industria ha seguido expandiéndose (en 2022, la superficie total de tierra dedicada al cultivo de coca en Putumayo aumentó un 70 por ciento) y ahora hay nuevas fuentes de violencia. Gran parte de los combates en el Putumayo actualmente son el resultado de batallas por el control territorial entre dos grupos criminales que surgieron tras el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y el grupo guerrillero más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Uno de los grupos es Comandos de la Frontera, que comenzó a operar en la zona en 2020. El otro es el Frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central, una facción disidente de las FARC que se negó a firmar el acuerdo de 2016. En su afán por imponer su dominio en el Putumayo, estos grupos se atacan entre sí y a cualquier persona de la que sospechen que esté brindando servicios, refugio o información al enemigo.

Durante décadas, los grupos criminales del Putumayo han atacado a grupos indígenas que se manifiestan en defensa del medio ambiente. En 2009, esta violencia llegó a tal punto que la Corte Constitucional colombiana manifestó que los Siona, una de las etnias de la zona, estaban “en alto riesgo de desaparición como pueblo”. Casi una década después, la situación sólo había empeorado. En 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado colombiano que tomara medidas para salvaguardar las vidas de los indígenas, incluidos esfuerzos para eliminar las minas antipersona en el territorio Siona.

Grupos de la sociedad civil afirman que el gobierno colombiano ha hecho muy poco al respecto. Según el observatorio de derechos humanos Indepaz, en 2021 y 2022, al menos 95 líderes indígenas fueron asesinados en Colombia, cinco de ellos en Putumayo. Enfrentamientos entre los Comandos de la Frontera y el Frente Carolina Ramírez en septiembre desplazaron a casi 500 indígenas. Además, más de mil familias quedaron confinadas en sus hogares y poblaciones.

Los grupos criminales también se aprovechan de la industria petrolera legal del Putumayo. Con frecuencia extorsionan a las empresas petroleras y atacan a sus operadores y proveedores de servicios, así como a los gobiernos locales que reciben regalías de la explotación de crudo. Según líderes comunitarios en Putumayo, los grupos armados ahora dependen de la industria petrolera para obtener ingresos hasta tal punto que han ordenado a los pobladores locales que acallen cualquier protesta contra las empresas.

El Putumayo se está convirtiendo en un botín aún mayor a medida que los grupos criminales intentan ampliar sus operaciones fuera de Colombia hacia Ecuador, un centro de exportación de drogas, y establecer nuevas rutas hacia Europa a través de Brasil. La cocaína se envía a puertos ecuatorianos y a través del río Putumayo directamente a compradores en Brasil. Los ríos se han convertido en “autopistas para el narcotráfico”, afirmó un líder indígena. Sucumbíos, una provincia en el norte de Ecuador, es ahora un imán para los grupos armados colombianos, informó una fuente local. Comandos de la Frontera en particular ha instalado campamentos en Sucumbíos y está reclutando nuevos miembros en Ecuador, así como en Perú.

Madre de Dios, Perú: La búsqueda del oro

Otra región amazónica muy afectada por el crimen organizado es el departamento de Madre de Dios en Perú, fronterizo con Bolivia y Brasil. Este departamento ha sido durante mucho tiempo hogar de pueblos indígenas como los Harakbut y más recientemente ha llegado a convertirse en sede de asentamientos de buscadores ilegales de oro y narcotraficantes. Las personas involucradas en actividades ilícitas comenzaron a establecerse en la zona en el siglo XX: Madre de Dios es el departamento menos poblado de Perú, y la combinación de sus recursos naturales con la débil presencia estatal lo convirtieron en un imán para caucheros, madereros y mineros de oro al margen de la economía legal.

A pesar de su reputación por tener fuertes medidas de conservación ambiental, con aproximadamente la mitad de su territorio designado como áreas protegidas, Madre de Dios ha experimentado rápidos cambios en la última década. En 2010, el Estado terminó la construcción del último tramo de la Carretera Interoceánica, que conecta la zona con Brasil y abre la selva a más mineros de oro con maquinaria pesada. Junto con el aumento de los precios del oro en el nuevo milenio, la nueva carretera cambió la realidad de Madre de Dios para siempre. La población de la zona aumentó de aproximadamente 30 000 habitantes en 1981 a más de 140 000 en 2017, impulsada en gran medida por la bonanza del oro, que también es la principal causa de deforestación en la región. Se estima que entre 2021 y 2022 se talaron unas 18 000 hectáreas de bosques como resultado de la extracción de oro en el sur de la Amazonía peruana, y que la mayor parte de esta deforestación tuvo lugar en Madre de Dios. La búsqueda de oro también ha llevado al uso generalizado de mercurio, que contamina el suelo y representa una gran amenaza para la salud pública. Los aproximadamente 50 000 mineros de oro de Madre de Dios vierten alrededor de 180 toneladas métricas de mercurio al año.

Madre de Dios también está experimentando un fuerte aumento de la producción de coca. Aunque en Colombia se cultiva más coca que en cualquier otro país, la mayor parte de la coca cultivada en la cuenca del Amazonas proviene de Perú. Madre de Dios estaba casi libre de la planta antes de la pandemia de COVID-19, que algunos consideran distrajo al Estado de implementar estrategias de seguridad, pero experimentó un aumento del 274 por ciento en los cultivos de coca entre 2021 y 2022, y también se han detectado allí varios laboratorios de pasta base de cocaína. Según un funcionario estatal, el narcotráfico y la producción de pasta base de cocaína son algunas de las razones por las que el grupo criminal brasileño Comando Vermelho ha comenzado a operar en la zona.

Al igual que otros focos criminales en la Amazonía, Madre de Dios también se ha convertido en un lugar violento. Desde 2017, la región ha tenido la tasa de homicidios más alta del Perú. Defensores ambientales locales y un funcionario estatal atribuyen directamente los asesinatos a la expansión de la minería ilegal, que no sólo genera guerras territoriales entre los mineros sino que también atrae a criminales de otros lugares que compiten por los mejores yacimientos de oro y buscan extorsionar a los mineros. Fuentes locales describen los asentamientos mineros como “una zona liberada, [donde] no hay control del Estado” y denuncian la impunidad de los mineros ilegales y la inacción de la policía.

Los mineros a menudo atacan o amenazan a los indígenas y a los defensores ambientales que denuncian actividades ilícitas a las autoridades estatales. Un defensor ambiental en Madre de Dios describió a Crisis Group cómo apenas logró sobrevivir un atentado contra su vida después de que hombres armados lo siguieron hasta su casa. Dicho esto, entre las víctimas también hay mineros y miembros de grupos criminales, muchos de fuera de la región. Varios cadáveres han “desaparecido” en las minas, dijo un funcionario estatal, quien agregó que las autoridades han encontrado evidencia de cuerpos quemados. Para protegerse, los empresarios de la minería han recurrido a contratar guardias de seguridad armados, lo que ha provocado nuevas oleadas de asesinatos en las poblaciones mineras cuando estos se enfrentan con las bandas locales.

Ante la llegada de buscadores de oro, en su mayoría hombres, miles de mujeres, incluidas niñas, han sido traficadas a Madre de Dios. Son sometidas a explotación sexual en los llamados prostibares, un término peruano para referirse a los burdeles. En 2019, más de 1200 policías y comandos militares realizaron una redada en la ciudad minera de La Pampa, en la cual expulsaron a unos 6000 mineros, realizaron decenas de arrestos y rescataron a más de 50 mujeres de situaciones de explotación sexual. Pero estas esporádicas operaciones han hecho poco para erradicar la minería ilegal. En 2022, los mineros organizaron protestas en respuesta a otra ofensiva estatal, que desembocaron en enfrentamientos con la policía y dejaron un muerto y una docena de heridos.

Itaituba, Brasil y sus alrededores: una minería “todos contra todos”

El municipio de Itaituba en Brasil también vivió una fiebre del oro después de que la dictadura militar construyera la Carretera Transamazónica en la década de 1970. Como la carretera atravesaba la selva tropical y muchas de las tierras circundantes no tenían dueños formales, los buscadores invadieron la región, transformándola en un centro de extracción de oro a principios de la década de 1980. Décadas de exploración han cobrado un alto precio al medio ambiente. A pesar de formar parte de la cuenca protegida del Tapajós, la deforestación en Itaituba se ha triplicado tan sólo en los últimos cinco años. En febrero de 2023, el estado brasileño de Pará declaró una “emergencia ambiental” en quince municipios, incluido Itaituba, para abordar los delitos ambientales generalizados. Imágenes satelitales muestran vastas extensiones áridas en la zona, lo que indica no sólo la eliminación de la cubierta arbórea sino también la contaminación del suelo con mercurio. Esto ha puesto en peligro el bienestar de los indígenas que viven en Itaituba: muestras de cabello y sangre tomadas en esta comunidad evidencian niveles de mercurio que superan con creces los estándares de salud.

Aunque los mineros llevan 40 años excavando en busca de oro en Itaituba, fue durante el gobierno del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022) cuando la actividad se convirtió en una batalla campal. Bolsonaro, que proviene de una familia de buscadores de oro, prometió a los mineros “carta blanca”. Para atraer a más exploradores a la región, recortó la financiación para las agencias estatales encargadas del control ambiental y la protección de los pueblos indígenas. Un policía que trabajaba en la zona explicó que, si bien el gobierno no hizo cambios legislativos significativos, los mineros sabían que “podían hacer lo que quisieran”. En 2022, Bolsonaro vetó la asignación presupuestaria para regular y demarcar territorios indígenas.

Desde entonces, el número de minas ilegales ha aumentado en territorios indígenas, y los mineros violentos a menudo amenazan a los líderes locales que se oponen públicamente a sus actividades. Como las tierras no están tituladas, las bandas mineras luchan entre sí por el control territorial. La lenta implementación de la demarcación ha permitido que los mineros invadan las tierras de los pueblos indígenas. Entre 2010 y 2020, la minería en territorios indígenas de Brasil aumentó casi un 500 por ciento.

Consideremos el destino de los Mundurukú, un pueblo indígena que vive en Itaituba y otros municipios de Pará. Imágenes satelitales muestran casi dos docenas de pistas de aterrizaje clandestinas en tierras Mundurukú, desde donde mineros ilegales sacan oro y drogas de la Amazonía. Los Mundurukú están en riesgo constante de sufrir ataques violentos, principalmente por parte de los mineros de oro: 22 de sus líderes han recibido amenazas. En el municipio de Jacareacanga, también en el estado de Pará, mineros ilegales quemaron la casa de un líder comunitario Mundurukú como represalia por una ofensiva estatal contra la minería ilegal que había comenzado dos días antes. Representantes indígenas dicen que la policía local es cómplice del crimen organizado. “Ellos van al garimpo [minas] … a recoger su parte del oro”, dijo uno. También ha crecido la agroindustria, como ranchos ganaderos y plantaciones de soya, contribuyendo a la rápida deforestación y poniendo en aún mayor riesgo a las comunidades nativas.

A pesar de que hay inversiones estatales y corporativas, la Amazonía brasileña a menudo se parece al salvaje Oeste, como eran conocidos durante las luchas sin ley por metales preciosos del siglo XIX los territorios occidentales de Norteamérica (en principio administrados por EE. UU., pero a menudo duramente disputados entre colonos blancos y pueblos indígenas). Los mineros suelen tener armas y no temen usarlas. “Las cosas se resuelven sin intervención del Estado”, dijo un abogado de Itaituba. Durante su presidencia, Bolsonaro firmó decretos que facilitaron la compra legal de armas. Los registros de armas de fuego en la Amazonía brasileña aumentaron en un 91 por ciento entre 2019 y 2022. “Hay una relación [entre la violencia y] la presencia de recursos naturales”, dijo un oficial de policía federal que trabaja en la región. Las disputas sobre la propiedad del oro a menudo son resueltas por individuos que se toman la justicia por su propia mano. “No tendríamos este tipo de problemas si la policía estuviera presente en los asentamientos mineros, pero como no es así, las peleas resultan en muertes”, dijo el oficial.

Las organizaciones delictivas se han expandido a otras actividades lucrativas. La extracción ilícita de oro a menudo financia una cascada de delitos asociados, entre ellos la trata de personas, el trabajo forzoso y la explotación sexual de mujeres y menores. La conexión entre la minería ilegal y el tráfico de drogas se ha profundizado, ya que las ganancias de la cocaína se lavan a través de inversiones en la extracción de oro. También existen múltiples vías para que el oro extraído ilegalmente ingrese en la cadena de suministro legal mediante el uso de documentos falsificados.

Tentados por las masivas ganancias del oro, grupos como el Primeiro Comando da Capital de São Paulo, el grupo criminal más grande de Brasil, ahora están presentes en Itaituba y están utilizando la minería ilegal para lavar las ganancias del narcotráfico. Según un oficial de la policía brasileña, esta organización recauda un porcentaje de determinadas operaciones mineras en la Amazonía y al mismo tiempo financia proyectos de minería ilegal.

Recomendaciones

Mitigar el cambio climático dependerá en parte de la conservación y restauración de ecosistemas, como la selva amazónica, que desempeña un papel vital a nivel global en la absorción del carbono que la humanidad arroja a la atmósfera. La Amazonía se encuentra actualmente bajo amenaza directa del crimen organizado, que ha evolucionado hasta tener un amplio portafolio, a menudo reinvirtiendo las ganancias en empresas que causan daños ambientales. La corrupción de la policía y los tribunales locales por parte de estos mismos grupos dificulta la conservación eficaz de los bosques y la judicialización de quienes atacan a activistas indígenas y defensores del territorio. En consecuencia, las autoridades nacionales de toda la Amazonía deben intensificar sus esfuerzos para combatir a la delincuencia y la degradación y violencia que provoca, investigando y juzgando a los grupos ilegales, ofreciendo a las poblaciones locales alternativas a la economía ilícita y deteniendo las amenazas contra el medio ambiente y quienes participan activamente en su defensa.

Un esfuerzo coordinado regionalmente, tal vez a través de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), marcaría un gran paso adelante. Una conferencia organizada por la OTCA en agosto de 2023, con delegaciones de ocho países amazónicos, emitió una declaración en la que los firmantes se comprometían a “promover el intercambio de información y la cooperación policial y de inteligencia, para combatir las actividades ilegales y delitos ambientales que afectan a la región amazónica”. La declaración final proponía la creación de un centro regional de cooperación policial en Manaos, Brasil, en el corazón de la selva tropical. Sin duda, una mayor cooperación policial regional es bienvenida, pero las autoridades deben asegurarse de coordinar con los representantes de las comunidades locales, particularmente los grupos indígenas, que tienen la información más precisa sobre lo que está sucediendo en el terreno.

Brasil y Colombia, con gobiernos progresistas que aún se encuentran en la primera mitad de sus mandatos, han reducido sus tasas de deforestación en 2023. Ambos aspiran a eliminar la deforestación para 2030. Estas dos administraciones también han ideado nuevos y prometedores planes para iniciativas como proporcionar ayuda financiera a las comunidades locales para la conservación de los bosques y la erradicación de la minería ilegal de oro. Pero existe una necesidad apremiante de mejorar la coordinación entre los gobiernos regionales, que a menudo ha fracasado debido a la desconfianza mutua. Los grupos de la sociedad civil también deben participar en el monitoreo de violentos invasores de tierras que llevan a cabo actividades económicas ilegales. Sólo un esfuerzo colectivo que involucre a múltiples socios, junto con una mayor financiación de gobiernos extranjeros comprometidos con la conservación de la selva tropical, puede evitar que la Amazonía alcance un punto más bajo de destrucción ecológica. Con este fin, Brasil propone en la COP28 la creación de un fondo para la conservación de los bosques tropicales.

Otras propuestas también podrían ayudar a detener la explotación criminal de la Amazonía. Grupos indígenas están abogando por un proceso acelerado para la adjudicación de títulos colectivos de tierras, lo que les otorgaría más derechos territoriales y una posición legal más sólida para detener la tala y la minería ilegal, y la violencia que pueden implicar. Las iniciativas de desarrollo rural podrían ofrecer a las comunidades alternativas sostenibles a las actividades ilícitas que perjudican el medio ambiente. Medidas para garantizar la trazabilidad de las materias primas de la Amazonía, como auditorías de terceros, informes de transparencia de las empresas y la divulgación de la cadena de suministro, también podrían ayudar a evitar la infiltración de oro ilegal en la cadena de suministro legal. Por su parte, los esfuerzos de las fuerzas de seguridad deben centrarse en los flujos de dinero ilícito y en los financiadores de los delitos ambientales.

Los Emiratos Árabes Unidos, anfitriones de la COP28, aspiran en hacer del encuentro “la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático más inclusiva hasta la fecha”. Dado que pueblos indígenas y representantes de comunidades de todo el mundo, incluida la Amazonía, han viajado a Dubái, es una oportunidad única para que los responsables de la toma de decisiones al más alto nivel reconozcan las amenazas ambientales que estas comunidades experimentan en carne propia. Estas personas, que viven en la primera línea del cambio climático, se encuentran entre las mejor posicionadas para ayudar a proteger los ecosistemas más críticos del planeta. Pero para ello necesitan ayuda urgente.

Gráfico 1

El Gráfico 1 muestra la pérdida total anual de bosques en millones de hectáreas en todos los países de la Amazonía. Sólo incluye los departamentos que están dentro de la Amazonía. La cubierta forestal se basa en datos del año 2000. Los cálculos se basan en los datos de Hansen Global Forest Change con una resolución espacial de 30m de la Universidad de Maryland, a los que se accede a través del catálogo de datos de Google Earth. Los datos se procesan para ajustarse a la definición de bosque de la FAO, que es “una superficie de tierra de más de media hectárea, con árboles de altura superior a 5 metros y una cubierta forestal de más del 10%”. El área afectada por la deforestación se calcula por departamento, antes de ser agregada para cada país. Los datos se suavizan mediante la función loess de R.

Gráfico 2

El mapa muestra las tasas de homicidio (número de homicidios por cada cien mil habitantes) en los departamentos de la Amazonía para 2022. También se muestran las tasas de homicidio promedio a nivel nacional. Los cálculos se basan en datos de homicidios proporcionados por la Policía Nacional del Perú, la Policía Nacional de Colombia, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil y datos censales del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) y el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Gráfico 3 y 7

Los gráficos representan el porcentaje de la pérdida forestal acumulada desde 2001 en las dos áreas de interés, Putumayo, Colombia y Pará, Brasil (barras). La pérdida se compara con la pérdida forestal promedio en todos los demás departamentos de los respectivos países (líneas). Primero se procesan los datos de conformidad con la definición de bosque del Gráfico 1, luego se calcula el porcentaje de pérdida forestal comparando el área forestal anual con la cubierta forestal de referencia del año 2000.

% de pérdida forestal = Ai /A2000 * 100%

donde Ai denota el área de pérdida forestal en hectáreas en un año específico i, y A2000 el área de cubierta forestal en 2000. Luego se calcula el porcentaje acumulado de área forestal perdida desde 2001.

Gráfico 4

El mapa representa la superficie de cultivos de coca en 2022 por municipio según los datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la ONUDD en Colombia. Cuanto más oscuro sea el tono de verde, mayor es la superficie dedicada al cultivo de coca en un determinado municipio.

Gráfico 5

Este gráfico compara las tendencias en las tasas de homicidio entre 2010 y 2022 en los departamentos de Colombia con un área total dedicada al cultivo de coca por encima del promedio (50 por ciento superior) versus por debajo del promedio (50 por ciento inferior), según datos del SIMCI. Las tasas de homicidio (número de homicidios por cada cien mil habitantes) se calculan a partir de los datos de homicidios proporcionados por la Policía Nacional de Colombia y datos del censo del DANE.

Gráfico 6:

El gráfico muestra las tasas de homicidio (número de homicidios por cada cien mil habitantes) en Madre de Dios y el resto del país, con base en datos de homicidios de la Policía Nacional del Perú y datos de población del INEI.

Gráfico 8:

Este mapa representa la minería de oro en la Amazonía. Sin ningún procesamiento posterior de los datos. Fuente: Amazon Mining Watch.

Gráfico 9:

El gráfico muestra las tasas de homicidio (número de homicidios por cada cien mil habitantes) en Itaituba y el resto del país, con base en datos de homicidios del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil y datos de población del IBGE.

• Amazon Mining Watch. 2020. Zonas mineras detectadas.
• Datos censales, Colombia. DANE.
• Datos censales, Perú. INEI.
• Datos censales, Brasil. IBGE.
• Datos de cultivos de coca. 2023. SIMCI. ONUDD, oficina en Colombia.
• GADM. 2012. Base de datos de áreas administrativas globales.
• Datos de Hansen Global Forest Change. Hansen, M. C., P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C.O. Justicia y J.R.G. Townshend. 2013. “High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change”. Science 342.
• Datos de homicidios, Colombia. Policía Nacional de Colombia.
• Datos de homicidios, Perú. Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), Perú.
• Datos de homicidios, Brasil. Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, Prisiones y Drogas de Brasil (SINESP).
• Extracción de petróleo. 2023. Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia.