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Trece días de riesgo: cómo manejar el caótico fin de la presidencia de Trump
Trece días de riesgo: cómo manejar el caótico fin de la presidencia de Trump
Supporters of US President Donald Trump protest outside the US Capitol on 6 January 2021, in Washington, DC. Demonstrators breached security and entered the Capitol as Congress debated the 2020 presidential election Electoral Vote Certification. ALEX EDELMAN / AFP
Statement / United States

Trece días de riesgo: cómo manejar el caótico fin de la presidencia de Trump

La incursión de una turba en el Capitolio estadounidense el 6 de enero demostró que la transferencia de poder de los EE. UU. presenta riesgos sin precedentes en la historia reciente. Los líderes políticos de ambos partidos deben explorar urgentemente sus opciones constitucionales para proteger a las personas y las instituciones del país de su propio presidente. 

Desde que una turba violenta instigada por el Presidente Donald Trump irrumpió en el Capitolio de los EE. UU. en la tarde del 6 de enero, una pregunta que los líderes políticos estadounidenses han estado evitando durante demasiado tiempo se volvió especialmente crítica: cómo proteger al pueblo y las instituciones de los EE. UU., e incluso a la paz y la seguridad mundial, del presidente estadounidense. A pesar de que los trece días restantes de la administración Trump pueden parecer cómo un período no muy largo para capear, podrían ser un tiempo peligrosamente largo dados los poderes extraordinarios del presidente de los EE. UU. Los miembros del Partido Republicano, al que pertenece el presidente, en el Congreso y en puestos senior de su administración deben usar la influencia que les confieren sus poderes constitucionales para controlar a Trump durante las próximas dos semanas, lo que como mínimo significará promover un proceso creíble para sacarlo del cargo si amenaza con hacer más daño como el causado con los hechos del 6 de enero. En ese punto, le tocará a la administración entrante de Joe Biden comenzar a afrontar las divisiones y tensiones internas que han llevado a la nación más poderosa del mundo a este lugar tan precario.

A pesar de que los trece días restantes de la administración Trump pueden parecer cómo un período no muy largo para capear, podrían ser un tiempo peligrosamente largo dados los poderes extraordinarios del presidente de los EE. UU.

Cuando, en octubre de 2020, Crisis Group escribió por primera vez en nuestros 25 años sobre el riesgo de violencia relacionada con las elecciones en los EE. UU., resaltamos los factores de riesgo que se podrían traducir en peligro en cualquier país. Estos incluyeron años de polarización política ligada a cuestiones de raza e identidad; el surgimiento de grupos armados con agendas ideológicas; la probabilidad de que el resultado electoral fuera impugnado; y, sobre todo, el propio presidente Trump, cuya retórica tóxica y su disposición para coquetear con el conflicto para favorecer sus intereses personales no tienen precedentes en la historia moderna de EE. UU. También indicamos que las instituciones democráticas del país, que son bastante sólidas, podrían actuar como barandas y, con algo de suerte, evitar que este cayera por un abismo.

Durante unas ocho semanas, esas barandas parecieron resistir, a pesar de los mejores esfuerzos del presidente Trump para ponerlas a prueba. En la noche de las elecciones (3-4 de noviembre de 2020), éste salió al aire para declarar su victoria, incluso cuando las proyecciones de las cadenas de televisión indicaban lo contrario; a medida que su derrota se hizo evidente, se propuso revertirla. Sus intentos de hacerlo abarcaron todo el espectro, desde una campaña de litigios que, a través de más de 60 demandas no logró probar siquiera un solo caso de fraude electoral grave, hasta un intento fallido por persuadir a las legislaturas estatales para que designaran a electores de Trump al Colegio Electoral (el organismo que, según la constitución estadounidense, elige al presidente) a pesar de que los votantes habían elegido a Biden. El 3 de enero, funcionarios del estado sureño de Georgia publicaron la grabación de una llamada telefónica de una hora en la que Trump acosó al principal funcionario electoral del estado (republicano al igual que el presidente) para que “encontrara” los más de 11.000 votos que hacían falta para voltear el estado de Biden a Trump. Nada de eso funcionó. De hecho, la insistencia de Trump en que las elecciones de noviembre habían sido manipuladas puede haber reducido la participación republicana en dos elecciones de segunda vuelta al Senado en Georgia, que el Partido Demócrata ganó el 5 de enero, lo que le permitió obtener el control de la cámara alta legislativa. 

Cuando comenzó el 6 de enero y el Congreso inició la sesión conjunta para tabular y certificar los votos emitidos en diciembre por el Colegio Electoral, el acto constitucional final requerido en la selección del presidente electo, casi parecía que el país se estaba preparando para pasar la página. Algunos congresistas incondicionales a Trump dejaron en claro que se opondrían a la certificación por un supuesto respeto hacia los votantes republicanos que, después de ser inundados durante meses con infundadas afirmaciones de fraude electoral del presidente y sus aliados, dudaban de la integridad de las elecciones. Los críticos señalaron acertadamente esta cínica lógica circular. Aun así, las objeciones prometían ser en gran parte una estrategia casi teatral. Entre la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y un grupo significativo de republicanos (principalmente del Senado) que acertadamente consideraron que la iniciativa era antidemocrática e inconstitucional, estaba condenada al fracaso.

Pero a pesar de que fracasó como procedimiento legal, también resultó ser un catalizador de la violencia que se desató el 6 de enero. Temprano en el día, enfurecido por la noticia de que el vicepresidente Mike Pence no usaría su papel ceremonial como presidente de la sesión conjunta del Congreso para rechazar los votos del Colegio Electoral, Trump explotó ante una multitud de simpatizantes que se había reunido en el centro de Washington. Habían llegado a la ciudad en parte por los llamados del propio presidente en redes sociales. Refiriéndose a la elección como un “asalto atroz a nuestra democracia”, los instó a marchar hacia el Capitolio, para “animar” a los miembros del Congreso que planeaban oponerse a la certificación de la victoria de Biden, antes de concluir de manera amenazante: “Probablemente no animemos tanto a algunos de ellos. Porque nunca recuperaremos nuestro país con debilidad”. El discurso del presidente vino después de discursos provocadores de sus hijos, del trumpista incondicional Rudy Giuliani y otros.

Las autoridades tardaron varias horas en restablecer el control del edificio para que el Congreso pudiera reanudar el conteo de votos.

Miembros de la turba, aparentemente al asimilar estas palabras, se dirigieron por el National Mall hacia el Capitolio, donde rompieron las barreras de seguridad (aunque imágenes muestran en algunos puntos a los oficiales de seguridad permitiéndoles el acceso), sobrepasaron la policía, tomaron el control de los pasillos, saquearon oficinas y colgaron pancartas adornadas con el nombre de Trump en las barandas. En medio del caos, la policía del Capitolio disparó y mató a una mujer, otras tres personas murieron por emergencias médicas y las autoridades encontraron y retiraron dos bombas artesanales, una en el Comité Nacional Demócrata y la otra en la sede del Comité Nacional Republicano. En una rueda de prensa esa noche, el jefe de policía del Distrito de Columbia informó haber encontrado otras armas almacenadas en las inmediaciones, incluida una hielera que contenía bombas Molotov. Las autoridades tardaron varias horas en restablecer el control del edificio para que el Congreso pudiera reanudar el conteo de votos, y eran más de las 3 am del 7 de enero cuando Joe Biden recibió suficientes votos certificados para declarar su victoria.

La pregunta es qué pasa ahora. Los eventos pueden haber servido como una señal de alerta terriblemente tardía para algunos republicanos senior que, por principios o conveniencia política, finalmente instaron al presidente Trump a poner fin a su resistencia a una transferencia pacífica del poder. El propio Trump, bajo presión, emitió posteriormente una declaración en la que reiteró que “estaba totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones”, pero prometió que “habrá una transición ordenada” el 20 de enero, cuando está programada la posesión del presidente electo Biden.

Los eventos pueden haber servido como una señal de alerta terriblemente tardía para algunos republicanos senior que finalmente instaron al presidente Trump a poner fin a su resistencia a una transferencia pacífica del poder.

Puede que eso no sea del todo tranquilizador. Con trece días para la toma de posesión de Biden, los poderes extraordinarios de la presidencia de EE. UU., que van desde la capacidad de convocar a las fuerzas armadas para disolver disturbios civiles hasta el poder ilimitado para lanzar armas nucleares, recaen en un presidente que fomentó un acto de insurrección contra la rama legislativa de su propio gobierno. Incluso cuando las consecuencias de su instigación eran evidentes, Trump parecía implacable, al publicar una declaración en video en la que redoblaba sus afirmaciones falsas de fraude electoral y profesaba amor por los insurrectos, aun mientras les pedía que se fueran a casa, y al resistir los llamados de sus colaboradores para desplegar la guardia nacional del Distrito de Columbia y así restaurar el orden en la ciudad. (Según informes, el Pentágono envió la guardia solo después de la intervención del vicepresidente Pence y el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone). Plataformas de redes sociales, como Facebook y Twitter, suspendieron el acceso del presidente, aunque plataformas no convencionales donde se organizó en gran medida la manifestación del 6 de enero aún no han tomado acciones. Algunos funcionarios senior han renunciado a sus cargos y otros han indicado que lo están considerando. Pero en ausencia de una acción más concertada, existe el riesgo de que Trump incite a más violencia o ataque de otras formas peligrosas.

Ese riesgo se puede manejar, pero será complicado. Requerirá una presión constante de los líderes del propio Partido Republicano de Trump, quienes, dado que serían los pilares de cualquier esfuerzo constitucional para destituirlo, controlan la que probablemente sea la fuente de influencia más efectiva para mantenerlo en línea. Bajo la enmienda 25 de la Constitución de los EE. UU., que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi y el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer ya han manifestado debería invocarse, los jefes de los principales departamentos y agencias del poder ejecutivo pueden suspender la autoridad del presidente por mayoría de votos si lo encuentran “incapaz de ejercer las facultades y deberes de su cargo”. Alternativamente, el Congreso puede tratar de hacer un juicio político y luego condenar al presidente, algo que requeriría que un número significativo de senadores republicanos se uniera a sus homólogos demócratas. Ninguno de los dos procesos es fácil, pero con suficiente voluntad ninguno es imposible.

Pence puede darse cuenta que tiene algo que perder si permanece leal a Trump, pero más que ganar si se comporta como un presidente cuando el presidente real no lo hace.

El vicepresidente Pence tiene un doble rol constitucional como segundo en la cúspide del poder ejecutivo y como líder del Senado, y está bien posicionado para reunir el apoyo necesario en ambas ramas y para darle al presidente, como mínimo, un mensaje simple: o se abstiene de instigar más violencia y hace (o delega para que se haga) lo que sea necesario para mantener unido al país hasta que pase a manos más seguras, o lo expulsaremos de su cargo. Esta ruta podría haber sido impensable hace tan solo unas semanas, pero con la reciente ruptura entre los dos hombres y la vileza pública de Trump al respecto, Pence puede darse cuenta que tiene algo que perder si permanece leal a Trump, pero más que ganar si se comporta como un presidente cuando el presidente real no lo hace. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, quien pronunció un contundente discurso en contra de la iniciativa de descertificación antes de que estallara la violencia, debería trabajar mano a mano con Pence para conseguirle los votos que necesitaría para cumplir con esta amenaza.

Si la mejor forma de mitigar la crisis es destituyendo a Trump de su cargo, potencialmente martirizándolo aún más a los ojos de sus seguidores más peligrosos, o permitiéndole cumplir los últimos trece días de su mandato, será una decisión que se debe tomar según cómo se comporte. En cuanto a otras medidas que se pueden tomar, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben dejar en claro de inmediato que judicializarán vigorosamente a todos los que encuentren responsables por desmanes y que todos los que sigan los pasos de la turba deberán rendir cuentas. El Congreso debe investigar por qué la seguridad del Capitolio estaba tan mal preparada y por qué la turba logró acceder tan fácilmente al recinto. Los líderes extranjeros que expresaron su perturbación por los hechos del 6 de enero deberían continuar haciéndolo; la élite política estadounidense necesita saber qué tan alarmante y potencialmente desestabilizadora resulta su disfuncionalidad para el resto del mundo. Los miembros del gabinete y sus colaboradores cuyos comentarios sobre la aplicación de la enmienda 25 fueron filtrados el 6 de enero pueden haber ayudado a allanar el camino para la concesión a regañadientes del presidente a la mañana siguiente, deben seguir hablando de ellos, a sabiendas de que el fantasma de esta medida puede ser la mejor manera para evitar tener que aplicarla.

Finalmente, y de manera crucial, tanto los líderes estadounidenses como los ciudadanos del común deben hacerse a idea de que las tensiones que han llevado al país al borde del abismo donde ahora se encuentra no desaparecerán con la transición del poder el 20 de enero. En un comprensible llamado apelando a los mejores instintos de la población, el presidente electo Biden dijo en un discurso el 6 de enero: “Las escenas de caos en el Capitolio no reflejan a los EE. UU. reales, no representan lo que somos”.

Estos eventos representan décadas de polarización que los políticos han explotado para impulsar sus carreras, que los algoritmos de las redes sociales han recompensado para impulsar la popularidad de sus plataformas y que han ayudado a impulsar el surgimiento de organizaciones supremacistas blancas.

Si tan solo eso fuera completamente cierto. Puede que los eventos no representen la totalidad de la experiencia estadounidense, pero son la manifestación de una parte importante de esta. Dejando de lado la larga historia de violencia, esclavitud y discriminación racial del país, estos eventos representan décadas de polarización que los políticos han explotado para impulsar sus carreras, que los algoritmos de las redes sociales han recompensado para impulsar la popularidad de sus plataformas y que han ayudado a impulsar el surgimiento de organizaciones supremacistas blancas, las cuales el gobierno estadounidense ahora clasifica como la principal “amenaza persistente y letal” en el país. EE. UU. es hoy una nación en la que millones están convencidos de que el nuevo presidente fue elegido ilegítimamente, y en la que muchos de esos millones están armados y aparentemente dispuestos a recurrir a medidas extremas para imponer su punto de vista. Esa es una nación donde la violencia política seguirá siendo una amenaza. Queda pendiente la pregunta si sus líderes políticos y la sociedad civil abordarán los profundos desafíos del país que originaron estas circunstancias y cómo lo harán. Pero después de pasar décadas diciéndoles a otros países que necesitan enfrentar sus problemas, ya es hora de que EE. UU. mire hacia adentro. Lo que está en juego difícilmente podría ser más alto.