Después de décadas de negociaciones fallidas e intentos por derrotar militarmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una solución política al conflicto más antiguo del hemisferio occidental puede estar a la vista. En octubre de 2012, y luego de un año de contactos secretos, se iniciarán en Oslo conversaciones de paz con las FARC, las cuales continuarán en La Habana y podrían extenderse al ELN. Parece haber una firme voluntad por alcanzar un acuerdo, en tanto el gobierno entiende no puede terminar el conflicto por medios puramente militares y las FARC, por su parte, parecen reconocer que la lucha armada les permite poco más que la mera sobrevivencia. Sin un cese del fuego que preceda a las conversaciones, ambas partes deben actuar con prudencia en el conflicto para producir mejoras inmediatas en la situación humanitaria. Así mismo, necesitarán equilibrar los requerimientos de unas negociaciones rápidas y discretas con aquellos derivados de la representatividad e inclusión en los diálogos. El gobierno y las guerrillas tienen la responsabilidad histórica de forjar un acuerdo, pero solo una fuerte apropiación social y política del proceso puede garantizar que éste conduzca a la paz duradera que ha sido esquiva por tanto tiempo.

Hay muchos desafíos pero, en términos generales, éstos son menos temibles que en las ocasiones previas. El escepticismo hacia las guerrillas es aún generalizado y hay oposición política a las conversaciones, expresada de manera más radical y fuerte por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). Su discurso tiene un gran eco entre los terratenientes y otros poderosos actores regionales que tienen mucho en juego y una tendencia histórica a usar la violencia para defender sus intereses. Pero la gran mayoría de los colombianos respalda un proceso de paz y las principales fuerzas políticas lo han apoyado, a pesar de que un fracaso en alcanzar resultados de manera rápida puede avivar la resistencia política. Las fuerzas de seguridad están mejor alineadas con el liderazgo civil que en el pasado y están representadas en la mesa de negociación, lo que reduce el riesgo de fallas en la coordinación entre las agendas civil y militar, lo que terminó afectando los anteriores intentos de paz.

La dinámica más amplia del conflicto también favorece un arreglo político. Ninguna de las partes tiene posibilidades de ganar solo a través de las armas y por ello ambas tienen incentivos sólidos para negociar. Las FARC están debilitadas en lo militar, pero una generación entera de sus líderes tiene posiblemente la última oportunidad para reivindicar décadas de lucha, en un acuerdo de paz que responda a algunos de los temas que dieron lugar a la insurgencia y que permita a las guerrillas participar en la construcción de la paz como actores políticos y sociales. El gobierno opera desde una posición de fuerza. Su ventaja militar, si bien no es decisiva, parece sin embargo irreversible; Santos, que es más sensible que su predecesor a los derechos de las víctimas, ha empezado a enfrentar problemas tales como el desarrollo rural, una preocupación directa de las guerrillas, y su administración ha reconocido la responsabilidad del Estado en algunos casos claves de violaciones de los derechos humanos. Tiene además frente a sí un actor razonablemente cohesionado con el cual tratar, evitando los problemas que podrían venir en un futuro si más años de fuerte presión militar provocaran el fraccionamiento de las FARC.

No obstante, el resultado no solo depende de la voluntad y habilidad negociadora de las partes. Después de 50 años de guerra de guerrillas, violaciones sistemáticas de los derechos humanos e indiferencia de ambos actores a la difícil situación de las zonas rurales, las comunidades en las regiones en conflicto han dejado de considerar a las guerrillas como defensores de sus intereses y han perdido la fe en la capacidad y voluntad del Estado para resolver sus problemas. Por ello, las negociaciones necesitan ser respaldadas por la activa participación y el apoyo de la sociedad civil, especialmente por las comunidades rurales e indígenas. Para sentar las bases de una paz duradera, las conversaciones necesitarán finalmente conducir a un proceso social más amplio destinado a enfrentar los problemas que afectan el campo, los cuales constituyen el telón de fondo del conflicto. Una paz duradera solo es posible si ésta se construye sobre la base de la rendición de cuentas, por parte de todos los actores en el conflicto, respecto a los numerosos y graves abusos cometidos. La comunidad internacional, representada durante las conversaciones principalmente por Noruega, Cuba, Venezuela y Chile, requerirá apoyar a Colombia a lo largo del proceso, incluyendo el momento en el que se deban enfrentar los desafíos de una sociedad post conflicto.

Los temores sobre las conversaciones de paz son tácticamente exagerados por sus opositores. Pero aquellos que promueven una solución política necesitan también manejar las expectativas con prudencia. Un acuerdo no eliminará la violencia y probablemente no convenza a algunos miembros de las FARC de dejar las armas, especialmente a aquellos profundamente involucrados en el tráfico de drogas. Las amenazas significativas a la seguridad continuarán por parte de grupos armados ilegales provenientes de los paramilitares oficialmente desmovilizados y de otras bandas de crimen organizado. Asimismo, los problemas socioeconómicos que están a la base del conflicto tampoco se resolverán de la noche a la mañana. Pero terminar el conflicto con las guerrillas le daría a Colombia la mejor posibilidad para enfrentar estos desafíos. Crisis Group acompañará el proceso con análisis y recomendaciones sobre los puntos sustanciales de la agenda.

Diez años de intensa guerra contrainsurgente han debilitado significativamente la fuerza de combate de las guerrillas y las ha empujado a escondites rurales cada vez más remotos, lo que redujo sustancialmente el impacto sobre los grandes centros urbanos. Pero el conflicto aún cobra vidas diariamente, retrasa el desarrollo socioeconómico e impide la consolidación de una democracia verdaderamente incluyente y plural. El camino por delante no será corto ni fácil, pero Colombia no puede darse el lujo de desperdiciar esta oportunidad para la paz.

Bogotá/Bruselas, 25 de septiembre de 2012