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A Venezuelan miner shows a small amount of gold. Most of them are subsistence miners and are not in it for the riches. Bram Ebus/InfoAmazonia
Report 73 / Latin America & Caribbean

El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela

En vastas áreas del sur de Venezuela, guerrillas colombianas, sindicatos criminales y fuerzas de seguridad venezolanas compiten por el control de las minas de oro, las cuales proveen fondos al acorralado gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las fuerzas extranjeras deberían dejar de considerar la intervención militar y, en su lugar, ayudar a negociar una transición pacífica en Venezuela, de lo contrario el desenlace puede ser caótico.

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¿Qué está pasando? Los sindicatos criminales de Venezuela y los grupos guerrilleros de Colombia vienen generando nuevas amenazas en el sur de Venezuela en su competencia por el control de los lucrativos recursos minerales de la región. Las tensiones y la violencia se han disparado en los últimos meses y podrían empeorar en medio de la crisis presidencial de Venezuela.

¿Por qué sucedió? La crisis económica actual ha llevado a muchos venezolanos empobrecidos a trabajar en el sector de la minería ilegal. Actores armados estatales y no estatales, dentro de los cuales resaltan las guerrillas colombianas, también se han expandido en esta región rica en recursos. El rápido declive en la producción de petróleo ha convertido la minería de oro en una fuente vital de ingresos.

¿Por qué es importante? La presencia de crimen organizado y grupos guerrilleros perjudica a las comunidades, desvía los escasos recursos y dispara las tasas de homicidio. Su expansión y operaciones transfronterizas, especialmente hacia Colombia, son un riesgo para la estabilidad de la región en un momento de extrema incertidumbre en Venezuela.

¿Qué debe hacerse? Proveer ayuda humanitaria para las poblaciones afectadas, preservar las comunicaciones entre fuerzas armadas vecinas y reanudar los diálogos de paz con los insurgentes en Colombia son medidas primordiales a seguir. Las sanciones anunciadas sobre las exportaciones de oro son contraproducentes y se deben descartar a favor de una debida diligencia más sólida en el comercio de minerales.

Resumen ejecutivo

Lejos de los centros de poder de Venezuela, donde se está llevando a cabo la lucha para decidir el futuro político del país, las vastas regiones tropicales al sur están expuestas a graves riesgos de intensificación del conflicto. Ricos en oro y metales raros, los estados de Bolívar y Amazonas han llamado la atención de los funcionarios presionados por contrarrestar los cada vez menores ingresos del petróleo y el colapso económico general. Al mismo tiempo, grupos criminales violentos vienen ejerciendo control sobre las comunidades mineras, a menudo en complicidad con las autoridades. En los últimos tiempos, las guerrillas y los desmovilizados colombianos han cruzado el río Orinoco para apoderarse de su parte de la industria minera principalmente ilegal. Las riquezas y la proliferación de insurgentes en el sur complican las perspectivas de una transición pacífica en Caracas al reforzarse la resistencia militar a un cambio político y avivarse los riesgos de violencia transfronteriza y de una guerra de baja intensidad. La atención humanitaria para poblaciones en el sur, la comunicación regular entre fuerzas armadas vecinas, los esfuerzos renovados por hacer la paz con las guerrillas y la limpieza del comercio de oro resultarán ser vitales para aliviar las tensiones y proteger a los venezolanos vulnerables.

Las comunidades locales, indígenas en su gran mayoría, en medio de la proliferante minería ilegal y de la expansión de grupos criminales o insurgentes enfrentan ahora las mayores dificultades. Expuestos al terror que generan los grupos armados que buscan imponer la obediencia, con tasas de homicidio que alcanzan picos extraordinarios en algunos pueblos mineros, estos residentes también se enfrentan a los efectos en su salud y en el ambiente de los derrames de mercurio y de una epidemia de malaria. El aislamiento extremo, un estado opresivo y la presencia de las fuerzas de seguridad silencian a muchas de estas comunidades. Estas tensiones se incrementaron el 23 de febrero, cuando las fuerzas de seguridad venezolanas mataron al menos a tres manifestantes y obligaron a un alcalde indígena a exiliarse durante un intento de traer ayuda humanitaria de Brasil.

Venezuela está sumergida en una crisis más profunda desde el 23 de enero cuando, a raíz de las elecciones presidenciales que la mayoría consideró injustas, el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó reclamó el cargo de presidente interino. Los Estados Unidos, Canadá y varios Estados de América Latina y Europa respaldaron la medida, pero es improbable que el actual presidente Nicolás Maduro renuncie fácilmente al poder. En este clima ya tenso, los intereses financieros afianzados y la inestabilidad en el sur podrían socavar las perspectivas de un cambio de poder pacífico. Las ganancias de la minería ilegal son uno de los flujos de ingresos más codiciados por las fuerzas armadas; su deseo de proteger esos ingresos fortalece su lealtad hacia Maduro y le da al gobierno un salvavidas económico.

Los grupos armados que explotan el aislado terreno y la presencia limitada del gobierno en las regiones del sur plantean otros riesgos de violencia. Los movimientos transfronterizos de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) o de las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operan en las regiones mineras podrían provocar un choque entre las fuerzas armadas de Colombia y Venezuela. Dada la animosidad entre los dos Estados y el apoyo venezolano al ELN, Bogotá bien podría percibir los ataques futuros del ELN en suelo colombiano como un golpe ordenado por Caracas.

El reconocimiento del posible empeoramiento de los violentos disturbios en Bolívar y Amazonas debe orientar la política regional e internacional hacia Venezuela.

Una intervención de fuerzas extranjeras en Venezuela para destituir a Maduro por solicitud de Guaidó podría suscitar el apoyo de estos grupos insurgentes a la causa del gobierno actual y, en el peor de los casos, perpetuar un conflicto de baja intensidad. Al mismo tiempo, las lealtades en el sur de Venezuela son volátiles e impredecibles. Testimonios de testigos presenciales sugieren una confabulación entre grupos armados no estatales que realizan actividades criminales de protección alrededor de las minas y oficiales de la Guardia Nacional de Venezuela y el comando militar regional. Exoficiales militares y de inteligencia afirman que la complicidad con estas operaciones alcanza los altos rangos del gobierno y las fuerzas armadas, quienes coordinan las ventas internacionales de oro del Arco Minero. Pero las rivalidades entre facciones infestan todas estas relaciones ilícitas. En noviembre pasado, el ELN y la Guardia Nacional tuvieron un enfrentamiento que terminó con la muerte de cuatro guardias. Enfrentamientos entre el ELN y los grupos criminales venezolanos, conocidos como sindicatos, también son comunes y han hecho que ambos grupos se muevan más cerca de las zonas mineras en la frontera guyanesa.

El reconocimiento del posible empeoramiento de los violentos disturbios en Bolívar y Amazonas debe orientar la política regional e internacional hacia Venezuela, en especial en el caso de un cambio en la administración en Caracas. Las fuerzas armadas colombianas y venezolanas posicionadas en la frontera deben reconocer los graves riesgos que representan los movimientos insurgentes transfronterizos para la paz de la región y preservar canales de comunicación para aclarar incidentes sospechosos y evitar que escalen los enfrentamientos que involucran a grupos armados no estatales. A pesar de que los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN llegaron a su fin tras el ataque con carro bomba a una escuela de cadetes en Bogotá en enero que causó la muerte a 22 personas, Colombia debe estar lista para renovar las negociaciones si surgen señales de que la guerrilla está dispuesta a embarcarse en diálogos serios.

Los poderes externos y la oposición venezolana también deben frenar los llamados a una intervención militar extranjera en Venezuela, que solo sirven para incitar a estos grupos a luchar contra los ejércitos extranjeros y a proteger a sus patrones dentro del gobierno de Maduro. Las autoridades colombianas deben descartar por completo la posibilidad de una incursión militar en Venezuela para atacar al ELN dado que expondría a los civiles a niveles de violencia aún mayores.

Por otra parte, el sur tiene una necesidad urgente de ayuda humanitaria, al igual que un programa significativo de asistencia médica con el objetivo de contener la epidemia de malaria. La industria de la minería de oro, que se encuentra en el núcleo de los riesgos ambientales y de salud de la región, así como la proliferación de grupos armados, también amerita una respuesta internacional concertada. Las sanciones a las exportaciones de oro, como fueron propuestas el año pasado por Estados Unidos, darían como resultado más probable un aumento del control de los traficantes sobre el comercio. Alejar el oro de los circuitos de criminales y de los funcionarios corruptos requerirá en cambio una transformación gradual de los enclaves mineros del sur de Venezuela, con base en la aplicación de las directrices de debida diligencia internacional en el comercio de oro y coltán por parte de los Estados miembros de la OCDE.

La disputa por la presidencia de Venezuela ha aumentado los temores de que el país pueda sucumbir ante una desintegración caótica y violenta. Siendo las regiones del sur los lugares más vulnerables ante este destino, lo que sucede en Bolívar y Amazonas constituye una prueba de fuego para determinar si este país con su profunda polarización puede salir de su crisis en paz.

Bogotá/Caracas/Bruselas, 28 de febrero de 2019

Ivan Briscoe, Director del Programa para Latinoamérica y el Caribe de Crisis Group, y Bram Ebus, Experto en la Región de los Andes, reflexionan sobre los posibles riesgos de la minería ilegal del oro en el sur de Venezuela. CRISISGROUP

I. Introducción

La lucha actual por la presidencia, las contundentes dificultades económicas y la huida de millones de migrantes y refugiados atraen gran parte de la atención internacional hacia Venezuela. Por el contrario, los acontecimientos en las regiones remotas y con escasa población al sur del país, que limitan con el río Orinoco, la sabana brasileña y la frontera selvática con Guyana, tienden a pasar desapercibidos. Pero la violencia criminal, represión estatal, escasez extrema y el contrabando en las regiones mineras del sur representan problemas cruciales de seguridad y una grave amenaza para la estabilidad regional.

La raíz del dilema del sur es una crisis económica nacional. La producción de petróleo de Venezuela se ha reducido a la mitad desde 2014, lo que ha llevado al Estado a explotar otras fuentes de ingresos.[fn]“Monthly Oil Market Report”, Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC), 12 de diciembre de 2018. Para obtener más información acerca de los orígenes y usos de la minería como actividad para la búsqueda de renta económica, véase Luis Llambí, “Rentier States and Neo-Extractivism: Venezuela’s Orinoco Mining Arc Program”, documento elaborado para la conferencia de Iniciativa de Política Rural Emancipatoria 2018; y Edgardo Lander y Santiago Arconada Rodríguez, “Venezuela: un barril de pólvora”, Nueva Sociedad, n.o 269, mayo de 2017.Hide Footnote El 26 de febrero de 2016, el presidente Nicolás Maduro creó un nuevo marco legal para la minería, incluida la creación del “Arco Minero del Orinoco”, descrito como un “plan estratégico complejo y ambicioso para atraer inversiones”.[fn][2] “Venezuela invertirá ingresos de la minería en Misiones Sociales”, Telesur, 5 de agosto de 2016.Hide Footnote Adicionalmente, anunció $5,5 mil millones en inversiones mineras en 2016.[fn]“Venezuela says signs $5.5 bln mining deals with companies”, Reuters, 26 de agosto de 2016. Desde entonces, se ha anunciado al público una serie de inversionistas internacionales en el Arco, aunque no se ha puesto en marcha ningún proyecto empresarial legal concreto.Hide Footnote Dos años después, en un discurso ante la Asamblea General de la ONU, Maduro afirmó que Venezuela tiene las mayores reservas de oro en potencia del mundo. El país también cuenta con abundantes depósitos del metal valioso coltán, diamantes e incluso uranio.

Pero el estado venezolano y los inversionistas extranjeros no son los únicos que impulsan la fiebre minera. Las redes delictivas organizadas y los grupos armados ilegales han tomado el control de diferentes partes de la región, donde exigen obediencia a aproximadamente 300 000 mineros en la mayoría de los pueblos mineros.[fn]Corina Pons y María Ramírez, “How Venezuela turns its useless bank notes into gold”, Reuters, 10 de febrero de 2019.Hide Footnote Es importante destacar que no todos estos grupos son venezolanos, sino que cada vez más cuentan con guerrilleros y disidentes colombianos que están ampliando su presencia a lo largo de una frontera con poca vigilancia, a raíz de sus tambaleantes procesos de paz.[fn]Los disidentes de las FARC son grupos escindidos que se oponen al acuerdo de paz firmado entre la guerrilla y el Estado colombiano en noviembre de 2016. Los grupos disidentes también cuentan con nuevos reclutas, que a veces provienen de otros grupos del crimen organizado. Varios excombatientes de las FARC que se desmovilizaron se unieron a grupos disidentes en una etapa posterior cuando comenzó a fallar la implementación de los acuerdos de paz. Se calcula que unos 6 500 combatientes desmovilizados de las FARC han abandonado los campamentos colombianos destinados a reintegrarlos a la vida civil. Véase el Informe de Crisis Group sobre América Latina N°67, Reformas arriesgadas: el enfoque del gobierno de Duque hacia la paz en Colombia, 21 de junio de 2018; Adriaan Alsema, “Colombia’s FARC members massively deserting reintegration process and rearming”, Colombia Reports, 14 de noviembre de 2018.Hide Footnote Sus actividades tendrán un impacto significativo en la paz y la seguridad de la región; uno de estos grupos guerrilleros, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), detonó un carro bomba en el estacionamiento de una escuela de cadetes en Bogotá el 17 de enero de 2019, que dejó un saldo de 22 personas muertas y docenas de heridos. En respuesta, el presidente colombiano Iván Duque terminó las ya suspendidas conversaciones de paz con el ELN,[fn]Un día después del atentado, Duque anunció que el gobierno estaba restableciendo las órdenes de captura contra los miembros de la delegación del ELN en los diálogos de paz en Cuba. “Cuba, Colombia face standoff over extradition request for ELN rebels”, Reuters, 19 de enero de 2019.Hide Footnote lo que abre el camino para una nueva ofensiva contrainsurgente contra un grupo que se extiende por la frontera con Venezuela y goza del apoyo y la protección de sectores del gobierno venezolano.

Y a medida que se expande la bonanza de la minería ilegal, las regiones fronterizas están cada vez más expuestas a la vio-lencia y los disturbios del sur de Venezuela.

Por otra parte, la masacre de octubre de 2018 de dieciséis mineros cerca de la ciudad de Tumeremo en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela, ilustró con crudeza la intensidad de la violencia que involucra a grupos armados alrededor de las zonas mineras.[fn]Al menos 16 murieron en el tiroteo iniciado por la guerrilla del ELN en el estado Bolívar, supuestamente en represalia por un tiroteo anterior en agosto de 2018, donde fueron asesinadas 13 personas. La primera masacre conocida en relación con la minería ocurrió en marzo de 2016, cuando 28 personas murieron en las minas cerca de Tumeremo.Hide Footnote Pero este no fue el único asesinato masivo de la región. Los informes de los medios de comunicación indican que se han producido doce masacres en el estado Bolívar desde 2016, que han dejado 107 muertos.[fn]Carlos D’Hoy, “107 personas han sido asesinadas en 12 masacres en Bolívar desde 2016”, Runrun.es, 17 de octubre de 2018.Hide Footnote Con seguridad, la cifra real será mucho más alta; muchos asesinatos no se denuncian porque ocurren en lugares remotos, a menudo habitados por indígenas, con infraestructura limitada de transporte o comunicación. Las comunidades victimizadas temen hablar con terceros, incluso cuando sus familiares desaparecen.

Más de dos años después del decreto del Arco Minero de Maduro, los grandes inversionistas y las empresas mineras prometidas se han mantenido al margen. La propagación de actores violentos en la región y los estragos de las operaciones mineras ilegales fuera de control están perjudicando los territorios indígenas y sus frágiles ecosistemas. Grupos indígenas, a veces armados, han luchado contra las incursiones de operaciones mineras. Los grupos no estatales y las fuerzas estatales se enfrentan con mayor frecuencia. Y a medida que se expande la bonanza de la minería ilegal, las regiones fronterizas de Guyana, Brasil y, en especial, Colombia están cada vez más expuestas a la violencia y los disturbios del sur de Venezuela. En un contexto de tensiones intensas y relaciones diplomáticas debilitadas entre Venezuela y sus vecinos, la agitación en estas zonas fronterizas actualmente se ha convertido en un posible detonante de conflictos futuros.

La investigación de campo para este informe incluyó más de 100 entrevistas con expertos, líderes comunitarios, oficiales militares, y mineros y comerciantes de minerales retirados y actuales en las zonas fronterizas entre Venezuela y Colombia. Un taller de dos días con 15 representantes indígenas de Venezuela llevado a cabo a finales de 2018 ayudó a identificar los principales riesgos de conflicto e inestabilidad en las regiones mineras del país.

II. Grupos armados ilegales en el sur de Venezuela

Grupos criminales locales, guerrilla y facciones insurgentes disidentes de Colombia, y sectores corruptos de las fuerzas de seguridad controlan extensas áreas al sur del río Orinoco. Debido a la rápida evolución de la política en Venezuela y los atractivos económicos de la minería, el panorama de los actores armados se ha transformado en los últimos años. La colaboración entre los actores estatales y no estatales armados a veces es evidente, pero por lo general es difícil de detectar.

A. Grupos criminales y guerrillas colombianas

Las principales organizaciones criminales en el estado Bolívar son los sindicatos o las pandillas encabezadas por los llamados pranes. Un pran es el jefe de un grupo criminal que normalmente se dedica al narcotráfico y a las actividades criminales de extorsión y que a menudo dirige sus operaciones desde la prisión. Por otra parte, los sindicatos surgieron de los sindicatos de trabajadores de la construcción en las dos principales ciudades de Bolívar, Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar. De acuerdo con los trabajadores, era común que los sindicatos de la construcción obtuvieran contratos laborales en la industria de la construcción a través de la intimidación y la extorsión y ya operaban como grupos de crimen organizado antes de que la crisis económica hiciera que la industria se contrajera.[fn]Entrevistas de Crisis Group, Observatorio Venezolano de Violencia, 13 de diciembre de 2018; periodista local, 15 de febrero de 2019. Los líderes del sindicato extorsionaban tanto a los trabajadores como a los contratistas en el sector de la construcción. Los contratistas eran amenazados con la paralización de sus proyectos de construcción si no pagaban protección, mientras que a los trabajadores le daban trabajo a cambio de pagos similares. La minería se convirtió en una alternativa para estos grupos después de la caída del sector de la construcción.Hide Footnote

En efecto, los pranes y los sindicatos se han fusionado en un único fenómeno criminal, a pesar de que siguen estallando los enfrentamientos violentos entre grupos que compiten entre sí. Los problemas económicos de Venezuela los han obligado a diversificar su portafolio de actividades ilícitas, lo que a su vez ha impulsado su expansión y ha agravado las disputas sobre el control territorial. “En este momento, los pranes no necesitan obtener sus armas del gobierno porque tienen suficiente oro para comprar su propio armamento”, dice un representante de una ONG.[fn]Entrevista de Crisis Group, representante de una ONG en el estado Bolívar, 22 de diciembre de 2018. Todas las armas en Venezuela provienen del Estado, que controla las importaciones y producciones. “A partir de ahí, se rompe un dique y se abastece a las bandas criminales, los pranes, los sindicatos armados y todas las facciones criminales”, dijo un representante de la ONG Control Ciudadano. Entrevista de Crisis Group, alto funcionario de Control Ciudadano, 7 de enero de 2019.Hide Footnote Presuntamente, en algunas ocasiones los militares han armado a los sindicatos que operan en alianza con las fuerzas de seguridad del Estado, las cuales reciben pagos en oro a cambio, pero al mismo tiempo estas pandillas criminales se han vuelto más independientes y más difíciles de controlar a medida que ganan terreno y amplían su influencia política y económica.[fn]Entrevistas de Crisis Group, Observatorio Venezolano de Violencia, 13 de diciembre de 2018; representante de una ONG en el estado Bolívar, 22 de diciembre de 2018; diputado de la oposición Américo de Grazia, 7 de enero de 2019. El gobierno no ha abordado públicamente las acusaciones sobre la relación entre las fuerzas estatales y los sindicatos. En dos ocasiones, en noviembre de 2018, Maduro acusó a los legisladores de la oposición Américo de Grazia y Andrés Velásquez de obtener su dinero de las “mafias del oro” que deberían ir “extinguiéndose, desapareciendo”. Ambos legisladores de la oposición negaron de manera categórica su participación y denunciaron a Maduro por amenazar sus vidas. Sobre el tema de las alianzas con las fuerzas estatales, entrevistas de Crisis Group entre julio y diciembre de 2018 con mineros, líderes indígenas, periodistas locales, antiguas fuentes de inteligencia, académicos, un excombatiente de las FARC y trabajadores de ONG confirmaron que las fuerzas armadas de Venezuela están profundamente involucradas en economías mineras ilegales y cosechan los beneficios ilícitos de éstas mediante impuestos a la producción mineral, el tráfico de minerales y la extorsión de economías relacionadas, como la prostitución, el transporte de alimentos y de combustibles. Véase también Antulio Rosales, “Beyond Oil but in the Wrong Direction: Resisting the Orinoco Mining Arch”, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, 27 de junio de 2016.Hide Footnote

Al occidente de Bolívar, en la frontera con Colombia y Brasil, se encuentra el estado Amazonas, que a lo largo de la historia ha sido un punto de entrada a Venezuela para los grupos guerrilleros colombianos de izquierda, específicamente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos grupos operaban en el país antes que el fallecido presidente Hugo Chávez llegara al poder en 1999, pero se han afianzado mucho más en las últimas dos décadas como resultado de sus afinidades ideológicas con los gobiernos de Chávez y Maduro e intereses económicos cada vez más superpuestos. Sin embargo, la tolerancia oficial venezolana hacia los grupos guerrilleros colombianos precede el auge de la minería en el sur del país. Una indicación temprana de la indulgencia del Estado se produjo en 2005, cuando el teniente coronel de la Guardia Nacional, José Humberto Quintero, fue encarcelado por capturar al líder de las FARC, Ricardo González, el llamado “ministro de relaciones exteriores” del grupo.[fn]La Guardia Nacional es uno de los cuatro componentes de las fuerzas armadas de Venezuela. Reportan directamente al presidente y sus unidades están repartidas por todo el país. Están encargados de preservar el orden interno y defender a la nación frente a una amenaza. Los miembros de la Guardia Nacional están presentes de manera visible en todo el país y operan muchos puntos de control que se pueden encontrar en todas las redes de carreteras principales.Hide Footnote Con esta acción, el gobierno venezolano dio la señal de que los guerrilleros podían operar con impunidad.[fn]“Humberto Quintero, torturado y sentenciado en un tribunal ilegal, es el número 5 de los Caracas Nine”, Fundación de Derechos Humanos, 16 de enero de 2008.Hide Footnote

Las FARC, consideradas en su momento como la mayor insurgencia de Colombia hasta que depusieron sus armas en 2017, encontraron en Venezuela un refugio seguro para evadir a las fuerzas armadas de Colombia y un nuevo territorio para expandir el lucrativo negocio del tráfico de drogas y las actividades mineras ilegales.[fn]Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior de Venezuela, fue acusado por el Departamento de Hacienda de los EE. UU. en 2008 de financiar las compras de armas por parte de las FARC. Los servicios de inteligencia colombianos informaron que Chacín era el intermediario entre el gobierno venezolano y los grupos guerrilleros colombianos FARC y ELN, al menos desde principios de la década de 2000. Véase “Por apoyo a Farc, E.U. congela bienes a exministro venezolano Ramón Rodríguez Chacín”, El Tiempo, 12 de diciembre de 2008. El entonces embajador venezolano en los Estados Unidos, Bernardo Álvarez, rechazó las acusaciones como “no corroboradas” y dijo que el gobierno colombiano estaba tratando de fundamentar un caso contra Venezuela en los medios de comunicación que serviría sus propios fines políticos. Simon Romero, “Venezuela still aids Colombia rebels, new material shows”, The New York Times, 2 de agosto de 2009.Hide Footnote Al posesionarse Hugo Chávez como presidente y en especial después de recuperar el poder tras un intento de golpe de Estado fallido en 2002, permitió que las guerrillas colombianas cruzaran hacia Venezuela con mayor facilidad.[fn]“FARC en Venezuela, Un huésped incómodo,” Programa de Cooperación en Seguridad Regional, diciembre de 2010.Hide Footnote En un discurso dirigido al parlamento que se transmitió en vivo por televisión en 2008, Chávez insistió en que ni las FARC ni el ELN eran grupos terroristas, sino “verdaderos ejércitos” y “fuerzas insurgentes quw tienen un proyecto político”.[fn]“Chávez: las FARC ‘no son terroristas’”, La Nación (Argentina), 12 de enero de 2008.Hide Footnote A pesar del llamado de Chávez ese mismo año para que las guerrillas se desmovilizaran, las FARC continuaron utilizando a Venezuela como una retaguardia estratégica, moviendo combatientes, armas y secuestrando víctimas a través de la frontera.[fn]En junio de 2008, Chávez declaró que “la guerra de guerrillas pasó a la historia”. “Chávez: la guerrilla pasó a la historia”, BBC Mundo, 9 de junio de 2008. “FARC en Venezuela, Un huésped incómodo,” Programa de Cooperación en Seguridad Regional, diciembre de 2010.Hide Footnote

In June 2008, Chávez declared that “the guerrilla war has passed into history”. “Chávez: la guerrilla pasó a la historia”, BBC Mundo, 9 June 2008. “FARC en Venezuela, Un huésped incómodo,” Programa de Cooperación en Seguridad Regional, December 2010.Hide Footnote

El ELN, en particular, ha aumentado su presencia en las zonas mineras de Venezuela.

El ELN, el segundo grupo guerrillero más grande de Colombia con un estimado de 2 000 combatientes dentro de las fronteras del país, ha estado cruzando con regularidad hacia Venezuela desde fines de la década de 1960, en especial desde el departamento de Arauca.[fn]Véase el Informe de Crisis Group sobre América Latina N°68, La paz que falta: el nuevo gobierno de Colombia y la última de sus guerrillas, 12 de julio de 2018. Entrevista de Crisis Group, ex alto líder del ELN, octubre de 2018. Carlos Velandia, excomandante del ELN, escribió un artículo para la agencia EFE en el que afirma que aproximadamente el 70 por ciento del ELN ha estado operando por 40 años a lo largo de la frontera con Venezuela y en Venezuela. Los baluartes territoriales del ELN han estado ubicados a lo largo de la frontera con Venezuela desde la creación del grupo en 1964 y sus esferas de influencia llegaron a Venezuela desde sus primeros días. “Intervención militar desataría guerra en Venezuela: exguerrillero del ELN”, El Espectador, 1 de octubre de 2018. Socorro Ramírez, una científica política colombiana, sostiene que la presencia histórica del ELN en Venezuela se desarrolló a través de dos fases: los actores armados ilegales colombianos comenzaron a operar en las zonas fronterizas y realizaron ataques en Venezuela (1983-1995), y el conflicto se intensificó a medida que estos grupos luchaban por el control territorial y por el acceso a los corredores de tráfico, lo que afectó a las poblaciones locales (1996-2003). Socorro Ramírez, “Colombia y sus vecinos”, Nueva Sociedad, n.o 192, julio-agosto 2004.Hide Footnote Según una investigación realizada por FundaRedes, una ONG con sede en Venezuela, el ELN controla las estaciones de radio, influye en el currículo de las escuelas rurales y está estrechamente vinculado con políticos locales en Venezuela.[fn]Según Rocío San Miguel, directora de la ONG de vigilancia Control Ciudadano, “la guerrilla colombiana tiene una presencia consolidada en todo el territorio nacional de Venezuela”. Entrevista de Crisis Group, 7 de enero de 2019. InsightCrime menciona doce estados en los que el ELN está presente, pero omite incluir Delta Amacuro. “El ELN opera en 12 estados de Venezuela”, InsightCrime, 13 de noviembre de 2018. “ELN, el nuevo enemigo”, Semana, 17 de febrero de 2018; “‘Pablito’: el fiel de la balanza en el Eln”, Verdad Abierta, 9 de enero de 2015.Hide Footnote Según se informa, el ELN está presente en al menos trece de los 24 estados de Venezuela, mientras que varios de sus líderes viven en Venezuela.[fn]Entrevista de Crisis Group, Javier Tarazona, director de FundaRedes, noviembre de 2018. Varios informes de FundaRedes analizan la presencia del ELN en el lado venezolano de la frontera y su participación en varios aspectos de la vida diaria. Para obtener más información sobre las expansiones del ELN en ambos lados de la región fronteriza, véase el Informe de Crisis Group, La paz que falta, op. cit.Hide Footnote Aunque el grupo participó nominalmente en un proceso de paz con el gobierno colombiano entre 2017 y enero de 2019, parece haberse reinventado en Venezuela, absorbiendo nuevos reclutas dentro del país y modificando su identidad de fuerza guerrillera dedicada exclusivamente a una campaña de resistencia armada contra las élites gobernantes de Colombia a una que basa gran parte de sus operaciones centrales en Venezuela.[fn]Las estimaciones sobre el tamaño de la presencia del ELN en Venezuela varían, pero todas superan los números del grupo en Colombia. Se dice que muchos de estos combatientes son venezolanos. Se ha visto a los guerrilleros con uniformes militares y ropa de civil, y no siempre se identifican como ELN ni llevan el atuendo tradicional de uniforme verde y un brazalete rojo y negro. A menudo utilizan uniformes y logos de Fidel Castro, Hugo Chávez o el Che Guevara. Entrevistas de Crisis Group con representantes de ONG, líderes indígenas y mineros, julio-diciembre de 2018.Hide Footnote “Las guerrillas colombianas no son guerrillas fronterizas”, dijo el director de una ONG local. “Aunque tienen campamentos a lo largo de la región fronteriza, su actividad en Venezuela es a nivel nacional”.[fn]Entrevista de Crisis Group, Javier Tarazona, director de FundaRedes, noviembre de 2018. Tras el atentado con carro bomba en enero en Bogotá, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela anunció que sus servicios de inteligencia no habían encontrado ninguna evidencia de la presencia del ELN en Venezuela. “Gobierno de Maduro niega presencia de ELN en Venezuela”, NTN 24, 20 de enero de 2019. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, respondió con prontitud e insistió en que Venezuela debe ofrecer una “respuesta concreta” en lugar de tomar “posiciones evasivas”. Véase “Colombia pide a Venezuela respuesta concreta sobre presencia del ELN en su territorio”, El Espectador, 21 de enero de 2019.Hide Footnote Incluso se informa que existe un campamento del ELN en la Sierra de San Luis, que se encuentra entre los estados Lara y Falcón, a 30 km de la costa del Caribe, una ubicación estratégica que podría, en teoría, garantizarles el control sobre las rutas de tráfico hacia el Caribe holandés.[fn]Ibid.Hide Footnote

Ibid.Hide Footnote

B. Expansión a lo largo de la frontera rica en recursos

Los sindicatos delictivos venezolanos controlan grandes extensiones de territorio rico en recursos en el estado Bolívar y dirigen operaciones mineras ilegales hasta la frontera con Guyana, donde asesinaron recientemente a unos mineros de ese país.[fn]Matt Youkee, “Guyana’s border towns threatened by violent gangs as Venezuela crisis deepens”, The Guardian, 2 de agosto de 2018.Hide Footnote La intimidación y la violencia extrema se han convertido en el medio preferido para asegurar que las comunidades locales obedezcan a las pandillas.[fn]Entrevistas de Crisis Group, Observatorio Venezolano de Violencia, 13 de diciembre de 2018; líder indígena, noviembre de 2018; minero que trabajó en el estado Bolívar, Guaviare, septiembre de 2018.Hide Footnote Los sindicatos también han operado a lo largo de la frontera con Brasil, donde se han enfrentado con grupos de guardias indígenas que intentan proteger sus tierras.[fn]Entrevista de Crisis Group, líder indígena, Caracas, octubre de 2017. Cerca de la frontera con Brasil, en las inmediaciones del pueblo Icabarú, 170 mineros (muchos de ellos armados) fueron expulsados por la red de defensa indígena local en septiembre de 2017.Hide Footnote No obstante, a pesar de su rápida expansión, los sindicatos están bajo la amenaza de competencia proveniente de Colombia. Según un excomandante en jefe, el ELN ahora obtiene alrededor del 60 por ciento de sus ingresos de la minería y las actividades relacionadas con la minería en Colombia y Venezuela, mientras que un frente disidente de las FARC conocido como Acacio Medina obtiene más de la mitad de sus ingresos de las operaciones mineras en Venezuela.[fn]Entrevista de Crisis Group, ex alto líder del ELN, octubre de 2018; informes de inteligencia militar, no publicados, 2017.Hide Footnote

El ELN, en particular, ha aumentado su presencia en las zonas mineras de Venezuela. Los mineros locales informan que grava las operaciones mineras ilegales y las actividades relacionadas, como el transporte de suministros a las minas.[fn]Entrevistas de Crisis Group, mineros colombianos y venezolanos, Guainía, octubre de 2018.Hide Footnote El ELN también subcontrata a otros actores armados para sus operaciones, lo que dificulta saber exactamente cuán extensas son las actividades de la guerrilla.[fn]Entrevista de Crisis Group, Observatorio Venezolano de Violencia, 6 de noviembre de 2018.Hide Footnote Pero numerosos testigos del negocio minero testifican que el ELN ahora controla un corredor de oriente a occidente a través de las principales regiones minerales del sur de Venezuela, lo que consolida su autoridad en algunas zonas mineras mientras busca extenderse hacia otras.[fn]Entrevista de Crisis Group, líderes indígenas, octubre de 2018; líder indígena, noviembre de 2018; mineros colombianos y venezolanos, Guaviare, Guainía y Vichada, septiembre y octubre de 2018. Los representantes de las comunidades indígenas en Amazonas dicen que el ELN opera dentro de la mayoría de las comunidades. Un líder indígena y exmineros en el estado Bolívar también confirman una toma de control de las minas en el estado. Una ex-minera explicó que estaba impresionada por los uniformes militares de las guerrillas colombianas y sus muchas mujeres soldados cuando se presentaron en las minas de Sipao, estado Bolívar, a principios de 2016. Jesús Mantilla, jefe de REDI Guayana, el comando de las fuerzas armadas integradas en el sur de Venezuela, negó la presencia de la guerrilla colombiana en el estado Bolívar durante una conferencia de prensa en noviembre de 2018. Véase María Ramírez Cabello, “Jefe de REDI Guayana: ‘En Venezuela no existe guerrilla’”, Correo del Caroní, 22 de octubre de 2018.Hide Footnote

Los sindicatos aún manejan la mayoría de las minas en el estado Bolívar, pero recientemente han perdido terreno ante el ELN en los municipios de Cedeño, Sifontes, Piar, Sucre, Angostura y Roscio. Según se informa, el 20 de mayo de 2018, día de las elecciones presidenciales en Venezuela, los guerrilleros les arrebataron a los sindicatos una gran cantidad de minas en una región central del estado Bolívar, que habían quedado casi desiertas mientras movilizaban a los votantes de Maduro. Los guardias armados que se quedaron murieron en la toma de control.[fn]Entrevistas de Crisis Group, representante de una ONG venezolana, noviembre de 2018; representante de una ONG en el estado Bolívar, 22 de diciembre de 2018; diputado opositor Américo de Grazia, 7 de enero de 2019.Hide Footnote El grupo también opera a lo largo de la frontera con Guyana, donde se dice que ha establecido corredores de apoyo financiero y logístico durante la última década y ha buscado el contacto con comunidades en el municipio de Gran Sabana, cerca de Brasil.[fn]Entrevistas de Crisis Group, entrevistas telefónicas con un representante de una ONG venezolana y un líder indígena; líder indígena, noviembre de 2018; mineros colombianos y venezolanos, Guaviare, Guainía y Vichada, septiembre y octubre de 2018; ex alto líder del ELN, octubre de 2018.Hide Footnote

En el estado Amazonas, los líderes de las comunidades indígenas informan la presencia de disidentes de las FARC y las guerrillas del ELN en los siete municipios estatales, dos de los cuales limitan con Brasil y cinco con Colombia, donde están sumamente involucrados en las actividades mineras. La minería en el estado Amazonas ha sido ilegal desde el decreto 269 de 1989, que abarca la Reserva de la Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare y otros parques nacionales, pero aún domina la economía de la región. Los tres principales pueblos venezolanos que limitan con Colombia a lo largo del río Orinoco, Puerto Páez (estado Apure), Puerto Ayacucho y San Fernando de Atabapo (ambos en el estado Amazonas), cuentan con una fuerte presencia del ELN. Varias fuentes identifican a un combatiente llamado Alex Bonito como líder local de la guerrilla.[fn]Entrevistas de Crisis Group, líderes indígenas, octubre de 2018; abogado venezolano de derechos humanos, noviembre de 2018.Hide Footnote

Por otra parte, los disidentes de las FARC del frente Acacio Medina controlan el área de Puerto Colombia-San Felipe, en el lado colombiano del río Negro, y operan en el municipio de Río Negro en el lado venezolano del río.[fn]Entrevista de Crisis Group, alto oficial de la inteligencia colombiana, 29 de agosto de 2018; entrevistas de Crisis Group, líderes indígenas, octubre de 2018.Hide Footnote Se dice que los disidentes de las FARC también dirigen las minas de Yapacana en Amazonas. Según un excombatiente del frente 16 de las FARC, que solía operar principalmente en los departamentos de Vichada, Guainía y Vaupés, el grupo se familiarizó con las minas de Yapacana mientras gravaban las operaciones ilegales de minería de coltán y oro en la región de Guainía de Colombia en 2007.[fn]Entrevista de Crisis Group, excombatiente del Frente 16 de las FARC, septiembre de 2018.Hide Footnote Fuentes de inteligencia colombianas sostienen que el frente 16 no se desmovilizó en 2017 después del acuerdo de paz porque el negocio de la minería ilegal se había vuelto muy lucrativo.[fn]Entrevista de Crisis Group, inteligencia militar colombiana, octubre de 2018.Hide Footnote Varios mineros colombianos y venezolanos que viajan desde las minas para vender su oro en Puerto Inírida, en el estado colombiano de Guainía, afirman que el ELN también está presente en las minas de Yapacana y sus alrededores. Al parecer, los dos grupos armados operan a través de algún tipo de alianza, junto con miembros de la Guardia Nacional, que tiene una base en el área.[fn]Entrevistas de Crisis Group, mineros en Guainía, septiembre de 2018; ex alto oficial de la inteligencia venezolana, noviembre de 2018. Maduro nunca ha reconocido la existencia de una alianza entre el Estado y los grupos guerrilleros en las zonas mineras y, en cambio, ha culpado a los “mafiosos” y los “pranes” relacionados con la oposición política y los grupos paramilitares colombianos por disturbios y violencia en áreas ricas en recursos. Véase “Maduro amenaza con “extinguir” a Américo de Grazia y Andrés Velasquez”, Tal Cual, 2 de noviembre de 2018. El ministro de Defensa de Venezuela, General Vladimir Padrino López, negó que partes de su ejército estén aliados con el ELN. Véase “Venezuela niega que militares del país pertenezcan a la guerrilla colombiana del ELN”, EFE, 20 de febrero de 2018.Hide Footnote

Crisis Group interviews, miners in Guainía, September 2018; former Venezuelan senior intelligence officer, November 2018. Maduro has never acknowledged the existence of an alliance between the state and guerrilla groups in the mining areas, and has instead blamed “mafiosos” and pranes connected to the political opposition and Colombian paramilitary groups for unrest and violence in resource-rich areas. See “Maduro amenaza con “extinguir” a Américo de Grazia y Andrés Velasquez”, Tal Cual, 2 November 2018. Venezuela’s Defence Minister General Vladimir Padrino López denied that parts of his military ally with the ELN. See “Venezuela niega que militares del país pertenezcan a la guerrilla colombiana del ELN”, EFE, 20 February 2018.Hide Footnote

Para los disidentes de las FARC y los miembros del ELN escépticos de la paz con el gobierno colombiano, es probable que Venezuela siga siendo un refugio seguro mientras el gobierno de Caracas no cambie.

Las actividades del grupo disidente Acacio Medina compuesto por exmiembros de nueve frentes de las FARC y, según se informa, liderado por Géner García Molina (alias Jhon 40), esclarecen la forma en que operan estos grupos.[fn]Entrevista de Crisis Group, alto oficial de la inteligencia colombiana, 29 de agosto de 2018.Hide Footnote Además de minas, el Acacio Medina controla 30-40 botes de dragado de oro en el río Negro en el suroriente de Guainía.[fn]Los botes de dragado retiran el material de los cauces de los ríos y extraen el oro de los sedimentos. Se utilizan grandes cantidades de mercurio en el proceso y a menudo se descargan en el río.Hide Footnote Por cada bote, los disidentes reciben un estimado de diez gramos de oro al mes en impuestos, cuyo valor de mercado es de aproximadamente $400. Según fuentes de inteligencia, una red criminal que involucra al Acacio Medina, presuntamente opera junto a oficiales militares y un guardia de prisión, enviando entre 15 y 20 kilos de oro a Colombia por semana.[fn]Entrevista de Crisis Group, oficial de campo de la inteligencia colombiana, Bogotá, 31 de agosto de 2018.Hide Footnote Por los ríos Guaviare, Guainía e Inírida, que cruzan la frontera entre Venezuela y Colombia, el Acacio Medina presuntamente también mueve armas, cocaína y dinero en coordinación con frentes disidentes ubicados en las zonas fronterizas.[fn]Entrevista de Crisis Group, alto oficial de la armada colombiana, 8 de septiembre de 2018.Hide Footnote Los corredores de drogas van desde los departamentos de Guainía y Vichada en Colombia hasta Brasil y Venezuela, mediante redes fluviales y pistas de aterrizaje clandestinas a lo largo de las orillas de los ríos desde donde se dice que los aviones salen rumbo a destinos internacionales.[fn]“Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC”, Fundación Ideas para la Paz, abril de 2018; informes de inteligencia militar, no publicados, 2017.Hide Footnote

Para los disidentes de las FARC y los miembros del ELN escépticos de la paz con el gobierno colombiano, es probable que Venezuela siga siendo un refugio seguro mientras el gobierno de Caracas no cambie, a pesar de las enérgicas protestas en Bogotá. Se cree que algunos combatientes de las FARC que se desmovilizaron en 2017 se unieron a grupos disidentes que operan a lo largo de la frontera oriental de Colombia y Venezuela.[fn]“Las disidencias de las FARC: un problema en auge”, Fundación Ideas para la Paz, 10 de abril de 2018; María Antonieta Segovia “La disidencia de la guerrilla colombiana penetra el Amazonas venezolano”, Armando Info, 11 de febrero de 2018.Hide Footnote Varios combatientes del ELN también se fueron a Venezuela después de que Iván Duque fuera elegido presidente en junio de 2018 y una vez que se paralizaron las conversaciones de paz en septiembre.[fn]El gobierno venezolano, sin mencionar a los grupos guerrilleros, ha culpado a la administración de Duque por los efectos derivados del conflicto interno de Colombia. Véase “Padrino López sobre ataque en Amazonas: Colombia busca crear un conflicto en la frontera”, Noticias 24, 5 de octubre de 2018.Hide Footnote Tanto el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, como el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, reiteraron a principios de 2019 y antes del ataque con carro bomba en Bogotá que un acuerdo de paz con el ELN seguiría siendo una quimera si Venezuela continuaba albergando al grupo guerrillero y, en especial, a sus miembros que enfrentan órdenes de captura internacionales.[fn]Las condiciones del presidente Duque para reanudar las conversaciones con el ELN luego de la suspensión del proceso en septiembre de 2018, que reiteró después del ataque con carro bomba en Bogotá en enero de 2019, incluyen el fin de la actividad criminal y la liberación de todas las víctimas de secuestro. “Gobierno dice que si Eln tiene presencia en Venezuela no es posible continuar diálogos”, El Espectador, 4 de enero de 2019. Como se mencionó anteriormente, tras el atentado con carro bomba en enero en Bogotá, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela anunció que sus servicios de inteligencia no habían encontrado ninguna evidencia de la presencia del ELN en Venezuela. “Gobierno de Maduro niega presencia de ELN en Venezuela”, NTN 24, 20 de enero de 2019.Hide Footnote

President Duque’s conditions for resumption of talks with the ELN following the suspension of the process in September 2018, which he reiterated after the Bogotá bombing in January 2019, include an end to criminal activity and release of all kidnapping victims. “Gobierno dice que si Eln tiene presencia en Venezuela no es posible continuar diálogos”, El Espectador, 4 January 2019. As mentioned above, in the aftermath of the January car bombing in Bogotá, the Venezuelan Foreign Ministry announced that their intelligence services had not found any evidence of the ELN’s presence in Venezuela. “Gobierno de Maduro niega presencia de ELN en Venezuela”, NTN 24, 20 January 2019.Hide Footnote

C. Negocios ilegales y control social

Las lucrativas operaciones mineras no son el único atractivo para los grupos criminales que buscan ganar dinero en el sur de Venezuela. Los adolescentes que reclutan con facilidad en comunidades indígenas remotas y pobres, un corredor de drogas hacia los mercados del Caribe, América del Norte y Europa, y fuerzas de seguridad locales corruptibles convergen para crear un clima propicio para muchas formas de actividad ilícita.

Los sindicatos controlan un amplio portafolio de actividades ilegales que incluyen extorsión, lavado de dinero y tráfico de drogas, e imponen sus propias reglas estrictas sobre estas actividades criminales y las comunidades donde operan.[fn]Véase el Informe de Crisis Group sobre América Latina N°65, Cómo detener la onda expansiva de la crisis en Venezuela, 21 de marzo de 2018. Su presencia es mayor en el estado Bolívar, pero varias minas en el estado Delta Amacuro también están bajo su control.Hide Footnote En un pueblo cerca de las minas de Las Claritas, los habitantes esperan frente a un ruedo de peleas de gallos vacío para consultar al “patrón de la zona” y pedirle favores o para que resuelva las disputas. El sindicato resuelve los conflictos locales con mano de hierro, imponiendo multas o medidas disciplinarias que incluyen trabajo comunitario forzado.[fn]Observaciones de una visita de campo, junio de 2017.Hide Footnote La capacidad de los sindicatos para la violencia armada también es sorprendente. En la ciudad minera de El Dorado, estado Bolívar, un sindicato particularmente violento ataca a otros grupos encabezados por pranes rivales con despliegues de fuerza abrumadora. “Son un grupo de élite que maneja partes de la población. En El Dorado, por ejemplo, tienen unos 400 [miembros] en motocicletas y unos 120 para conducir las lanchas. Si atacan, lo hacen en grupos de 100 a 150”.[fn]Entrevista de Crisis Group, líder indígena, noviembre de 2018.Hide Footnote

Los sindicatos y las guerrillas tienen relaciones problemáticas con los propios mineros. Los mineros que trabajaban antes en Amazonas y Bolívar dijeron que preferían las guerrillas a los sindicatos y la Guardia Nacional.[fn]Entrevistas de Crisis Group, mineros que trabajaron en Venezuela, Guainía, octubre de 2018.Hide Footnote Todos los grupos criminales y guerrilleros cobran impuestos sobre la extracción y el transporte de minerales, calculando el monto que adeudan los mineros en función al tamaño de sus operaciones. Los mineros a su vez suelen hacer pagos en oro. Los sindicatos ejecutan sumariamente a aquellos que no pagan la cuota acordada, mientras que las guerrillas tienden a darle más tiempo para que realicen el pago.[fn]Ibid.Hide Footnote Un caso reciente de un desertor del ejército de 19 años que robó en las minas cercanas a El Callao, estado Bolívar, ilustró los horrendos castigos que imponen los sindicatos. El joven fue encontrado vivo con las manos amputadas, los ojos arrancados y la lengua cortada.[fn]“Le amputaron las dos manos, sacaron los ojos y cortaron la lengua en mina de El Callao”, Caraota Digital, 14 de enero de 2019.Hide Footnote Sin embargo, se dice que los guerrilleros también recurren a palizas y ejecuciones públicas, incluso por delitos como llevar un teléfono celular a las minas. Las drogas y el alcohol están prohibidos en las minas bajo el control de la guerrilla, con la excepción de una pequeña fiesta que se lleva a cabo en las minas de Yapacana cada quince días.[fn]Entrevistas de Crisis Group, mineros que trabajaron en Venezuela, Guaviare y Guainía, septiembre y octubre de 2018.Hide Footnote

Crisis Group interviews, miners that worked in Venezuela, Guaviare and Guainía, September and October 2018.Hide Footnote

Un minero descansa después de horas de trabajo agotador en túneles improvisados. Bram Ebus/InfoAmazonia

III. Política de Estado y vínculos ilícitos

En 2016, el entonces presidente Maduro anunció que 150 multinacionales de 35 países habían expresado su interés en invertir en el Arco Minero del Orinoco.[fn]“Maduro: Que 150 empresas de 35 países inviertan en Venezuela es una demostración de confianza”, PSUV, 24 de febrero de 2016.Hide Footnote Pero cualquier compañía que desee operar en el área designada debe formar una empresa conjunta con una compañía estatal, que controla una participación mayoritaria. Esto significa que las empresas extranjeras tienen que trabajar en sociedad con los altos mandos militares de Venezuela, que administran las empresas mineras públicas del país. Hasta el momento, no se ha materializado ningún acuerdo significativo con empresas extranjeras luego de las declaraciones de prensa iniciales del gobierno venezolano que anunciaba nuevas inversiones en la región, y la mayoría de las minas siguen bajo el control de grupos armados no estatales.

Varias fuentes comentaron que parte de las fuerzas armadas [...] utilizan su influencia política para enriquecerse a través de la minería ilegal.

Impulsar la industria minera en las regiones del sur de Venezuela fue problemático desde el principio. Maduro firmó el decreto del Arco Minero sin consulta o sin aprobación de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, como lo exige la Constitución. De hecho, la Asamblea votó a favor de derogar el decreto en junio de 2016 por no haber sido consultado, y argumentó que la zona minera de 112 000 kilómetros cuadrados se superpone con varias áreas protegidas tales como reservas forestales y parques nacionales, incluido un Sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Parque Nacional Canaima.[fn]La Asamblea Nacional votó para revocar el decreto del Arco Minero el 14 de junio de 2016.Hide Footnote El gobierno tampoco realizó los estudios de impacto socioambiental obligatorios ni realizó una consulta previa con las comunidades indígenas de acuerdo con la Constitución de Venezuela.

A. El Arco Minero y las fuerzas armadas

Oficiales militares activos o retirados participan en aproximadamente el 30 por ciento de las empresas estatales en Venezuela y están presentes en todas las juntas directivas de firmas estatales dedicadas a la minería.[fn]“Empresas propiedad del estado en Venezuela”, Transparencia Venezuela, septiembre de 2017; “La sangrienta fiebre del oro”, Transparencia Venezuela, julio de 2018.Hide Footnote Una de ellas es CAMIMPEG, una compañía militar de minería, petróleo y gas establecida en 2016. El ministro de Defensa, General Vladimir Padrino López, anunció en agosto de 2016 que las fuerzas armadas no solo protegerían la infraestructura minera, sino que también participarían en proyectos de desarrollo económico local a través de una “unión civil-militar”.[fn]Con la creación de CAMIMPEG, los militares también tienen permiso legal para participar en la comercialización de minerales.Hide Footnote En la práctica, esto se ha configurado en Zonas Económicas Militares.[fn]“Fanb firme con la ‘logística de seguridad’ en el #ArcoMinero”, Efecto Cocuyo, 6 de agosto de 2016.Hide Footnote Estas “zonas”, que incluyen el Arco Minero del Orinoco, brindan mayor libertad de acción para que los militares se involucren en actividades comerciales.

Varias fuentes comentaron que parte de las fuerzas armadas, en especial el Ejército y la Guardia Nacional, utilizan su influencia política para enriquecerse a través de la minería ilegal, y testigos informaron que guardias y soldados les cobraban a los mineros un porcentaje de la producción de oro y exigían pagos de extorsión en las rutas desde y hacia las minas.[fn]Todos los mineros consultados confirmaron la profunda participación de las fuerzas estatales de Venezuela en la minería ilegal. Entrevistas de Crisis Group, mineros que trabajaron en Venezuela, Guainía y Guaviare, septiembre y octubre de 2018. Clíver Alcalá Cordones, un general retirado del Ejército, excomandante militar en la región del Arco Minero y existente cercano a Chávez, que se opuso enérgicamente al gobierno de Maduro, respalda estas acusaciones y explica que la implicación se remonta a años atrás. Entrevista de Crisis Group, Clíver Alcalá Cordones, Bogotá, 19 de noviembre de 2017. Véase también el segundo boletín sobre el Arco Minero, “Desarmando al Arco Minero”, publicado por la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco y el Centro de Estudios de la Realidad Latinoamericana (CER-Latinoamericana), con una serie de ensayos que explican los orígenes de las relaciones entre el estado y los sindicatos. Un artículo de la BBC menciona que el ejército extorsiona a los mineros y que presuntamente también ha perpetrado varias masacres que luego se presentaron como choques violentos con pandillas locales. Véase Daniel García Marco, “Venezuela: la distorsionada economía que crea el oro en el lugar más rico (y violento) del país”, BBC, 17 de agosto de 2018.Hide Footnote En El Callao, el histórico pueblo minero de Venezuela, un funcionario que trabaja para la empresa minera estatal Minerven admitió que la empresa obtiene su oro de proyectos mineros ilegales, que supuestamente están a cargo de los sindicatos.[fn]Entrevistas de Crisis Group, personal de Minerven, El Callao, octubre de 2017. Minerven se ha negado a responder a las solicitudes para dar declaraciones sobre estas acusaciones. Un informe de Reuters explica que el Banco Central de Venezuela (BCV) compra su oro a las minas “prácticamente sin reglamentación o inversión estatal”. Véase Corina Pons y María Ramírez, “How Venezuela turns its useless bank notes into gold”, Reuters, 10 de febrero de 2019.Hide Footnote Los mineros de los estados Bolívar y Amazonas explican que debe pagarse un impuesto en oro a la Guardia Nacional.[fn]Entrevistas de Crisis Group, mineros que trabajaron en Venezuela, Guainía y Guaviare, septiembre y octubre de 2018.Hide Footnote La Guardia también opera al menos tres puntos de control para “gravar” las mercancías que se transportan por el río hacia las minas de Yapacana, donde los pagos se realizan en pesos colombianos o en dólares americanos. En el camino de regreso, las tarifas de extorsión se pagan en oro. Un ex-general del Ejército venezolano ha dicho que el ejército facilita los vuelos clandestinos que transportan minerales a destinos del Caribe al sacarlos del radar.[fn]Entrevista de Crisis Group, Clíver Alcalá Cordones, Bogotá, 19 de noviembre de 2017. Véase la entrevista en https://www.youtube.com/watch?v=aPtRA5nM_ow&t=2sHide Footnote Por otra parte, los traficantes colombianos de coltán que compran en Venezuela deben tratar directamente con un comandante de la Guardia Nacional, según un comerciante local.[fn]Entrevista de Crisis Group, comerciante de minerales, 22 de octubre de 2018.Hide Footnote

Crisis Group interview, mineral trader, 22 October 2018.Hide Footnote

Soldados visitan una obra donde se procesa el oro procedente de diferentes minas informales. La mayoría del mismo es posteriormente vendido a la compañía estatal Minerven, a pesar de su origen ilegal. Bram Ebus

El 25 de junio del año pasado, el gobierno respondió a los informes de minería ilegal con el arresto del vicepresidente de Minerven, Darwin Alan Evans, por tráfico de oro.[fn]“Detienen a vicepresidente de Minerven por supuesto tráfico de oro”, Tal Cual, 21 de junio de 2018.Hide Footnote Su arresto formó parte de una operación más amplia llamada Manos de Metal, mediante la cual 39 traficantes de oro se convirtieron en el blanco de los fiscales venezolanos.[fn]Crisbel Varela, “Saab anunció que operación Manos de Metal dictó 39 órdenes de aprehensión”, El Universal, 21 de junio de 2018.Hide Footnote No obstante, los críticos del gobierno han argumentado que estas repentinas medidas severas no estaban dirigidas a contrarrestar las exportaciones ilegales de oro, sino a instalar operativos leales en cargos cruciales a lo largo de la línea de suministro.[fn]Entrevista de Crisis Group, diputado opositor Américo de Grazia, 7 de enero de 2019.Hide Footnote

Crisis Group interview, opposition MP Américo de Grazia, 7 January 2019.Hide Footnote

B. Actividades criminales de protección

Los mineros pagan cuotas o “impuestos” de protección en cantidades de oro relativamente pequeñas, pero frecuentes. Estos montos aumentan de forma considerable cuando el ELN o los sindicatos sobornan a los funcionarios del gobierno. Los comerciantes de minerales informan que las autoridades estatales de mayor jerarquía aceptan kilogramos de oro como sobornos y afirman que, por ejemplo, los altos oficiales militares en el estado Amazonas reciben al menos 20 kg de oro cada mes (valorados en aproximadamente $800 000) para permitir la minería ilegal en Yapacana.[fn]Entrevistas de Crisis Group, comerciante de oro, septiembre de 2018; periodista, noviembre de 2018. Varios miembros de la Asamblea Nacional que controla la oposición han declarado que las actividades del ELN en las regiones mineras cuentan con el apoyo de sectores del Estado venezolano. Maritza Villaroel, “Comisión de Política Interior investigará masacre de Tumeremo”, Prensa AN, 23 de octubre de 2018. El gobierno no ha respondido de forma directa a estas acusaciones, pero, en la operación Manos de Metal en 2018, supuestamente tomó medidas contra los traficantes de oro.Hide Footnote Esto ayuda a explicar por qué los altos mandos del ejército en la región, especialmente en el estado Bolívar, se encuentran entre los cargos más populares en Venezuela. También se realiza una rotación frecuente de estos generales, que ayuda a fomentar las expectativas y refuerza la lealtad hacia el gobierno en los círculos militares de alto nivel.[fn]Entrevista de Crisis Group, experto de seguridad de alto nivel para Control Risks, Bogotá, septiembre de 2018. En una entrevista con la agencia de noticias Bloomberg, la directora de la ONG de vigilancia Control Ciudadano, Rocío San Miguel, explica que la participación de oficiales militares en empresas mineras estatales también fomenta la lealtad hacia el gobierno. Véase Andrew Rosati, “The bloody grab for gold in Venezuela’s most dangerous town”, Bloomberg, 9 de abril de 2018.Hide Footnote

Según un exoficial de la inteligencia venezolana, el oro del estado Amazonas termina, a través de pagos de extorsión, en manos de jefes regionales de las fuerzas de seguridad y las oficinas de inteligencia.[fn]Entrevista de Crisis Group, ex alto oficial de la inteligencia venezolana, noviembre de 2018.Hide Footnote Los incumplimientos en el pago de sobornos esperados han generado tensiones entre la Guardia Nacional y las guerrillas, según los mineros en Yapacana. Un testigo informó que, en un incidente, los guerrilleros le dispararon directamente a un helicóptero del ejército venezolano en un intento por hacerlo estrellar.[fn]Entrevistas de Crisis Group, mineros colombianos y venezolanos, Guainía, octubre de 2018.Hide Footnote Las comunidades indígenas armadas también expulsaron a la Guardia Nacional del municipio de Alto Orinoco después de cansarse de los repetidos abusos y las demandas de extorsión.[fn]Minerva Vitti, “Indígenas de San Fernando de Atabapo toman tres puntos de control por abuso militar”, Revista SIC, 5 de abril de 2018.Hide Footnote

Aprovechando las denuncias de una profunda participación del Estado en el comercio ilegal de oro, y con el objetivo de debilitar aún más al gobierno de Maduro, los Estados Unidos vienen tomado medidas. Después de la exportación de 21 toneladas de oro de Venezuela a Turquía en 2018, por ejemplo, Washington afirmó mediante una orden ejecutiva con fecha del 1 de noviembre que las exportaciones de oro se estaban utilizando para enriquecer a la élite política y económica de Venezuela a costa de aumentar la violencia y los abusos de derechos humanos en el sur del país, y se considerarían responsables de futuras sanciones.[fn]El Consejero de Seguridad Nacional de los EE. UU., John Bolton, ha mencionado que redes corruptas están involucradas en transacciones de oro venezolanas. Véase Justin Sink y Jonathan Levin, “Trump orders sanctions on Venezuela gold to pressure Maduro”, Bloomberg, 1 de noviembre de 2018. Los Estados Unidos temen que las exportaciones a Turquía minen las sanciones internacionales contra Venezuela. Véase Zia Weise, “The Turkey-Venezuela mutual admiration society”, Politico Europe, 18 de diciembre de 2018. El presidente Maduro tildó a las sanciones propuestas de “ilícitas” e insistió en que los ingresos se usarían para “salud pública, para la vivienda del pueblo, para la felicidad del pueblo”. “Maduro dice seguirá vendiendo oro pese a “persecución” de EE UU”, Diario las Américas, 9 de noviembre de 2018.Hide Footnote Sin embargo, aún no se ha aplicado ninguna sanción. Turquía ha sido nombrado como el principal comprador conocido de oro venezolano, y se dice que los productos alimenticios para las cajas de raciones que subsidia el Estado habrían sido transportados de Turquía a Venezuela como parte del acuerdo.[fn]Corina Pons y María Ramírez, “How Venezuela turns its useless bank notes into gold”, Reuters, 10 de febrero de 2019.Hide Footnote

No obstante, aunque el contrabando de oro está asociado con delitos que perjudican a las comunidades locales, la imposición de sanciones a las exportaciones estatales de oro podría ser una medida equivocada. Debido a que la mayoría del oro ya sale de Venezuela a través de rutas de contrabando, es probable que las sanciones solo aumenten el volumen del oro de contrabando y, por ende, los ingresos de las redes de crimen organizado, la guerrilla y los funcionarios corruptos del gobierno. El oro se puede traficar a países vecinos en donde recibiría un certificado de origen, lo que sería una forma ilegal pero efectiva de evitar una sanción.[fn]Entrevistas de Crisis Group, mineros, líderes indígenas y comerciantes de oro, Guaviare Guainía y Vichada, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018.Hide Footnote

Crisis Group interviews, miners, indigenous leaders and gold merchants, Guaviare; Guainía and Vichada, August, September, October and November 2018.Hide Footnote

IV. Efectos sociales y humanitarios

La presencia estatal limitada y las escasas oportunidades económicas son la norma en el sur de Venezuela, así como en los departamentos colombianos adyacentes de Vichada y Guainía. Estas condiciones hacen que las regiones sean propicias para la actividad ilícita, al tiempo que exponen a muchas comunidades, en particular de los pueblos indígenas, a graves riesgos humanitarios y ambientales.

A. Pobreza y aislamiento

Las inundaciones del río Orinoco en octubre de 2018, que casi arrasan con las comunidades indígenas en las orillas de los ríos e inundaron los centros urbanos, dejaron al descubierto la vulnerabilidad de muchas poblaciones a los desastres naturales y las dificultades para organizar una respuesta de emergencia.[fn]Más de 3 500 familias se vieron afectadas por las inundaciones en los departamentos de Guainía y Vichada, según la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres de Colombia (UNGRD). “UNGRD atiende a las familias damnificadas por las inundaciones en el Guainía”, UNGRD, 17 de julio de 2018. Más de la mitad de Guainía se inundó. Centros urbanos fueron evacuados debido al aumento del nivel del agua, cultivos quedaron destruidos y aumentaron los riesgos para la salud pública. En esta parte de Colombia, los pueblos en medio de la selva siempre están ubicados al lado de los ríos, lo que hace que las poblaciones sean especialmente vulnerables a cambios climáticos que hacen que los niveles de agua aumenten.Hide Footnote La infraestructura es una rareza. No hay acceso por carretera a Puerto Inírida, capital del departamento de Guainía, y la carretera a Puerto Carreño, capital de Vichada, solo es transitable en temporada seca. Los ríos principales y cientos de afluentes sirven como rutas principales para el transporte y la comunicación, con un control estatal limitado sobre el transporte de mercancías y personas.[fn]Entrevistas de Crisis Group, altos oficiales de la armada colombiana, Guaviare, Guainía y Vichada, septiembre y octubre de 2018.Hide Footnote

Aparte de los pocos trabajos disponibles con las autoridades municipales y departamentales, el empleo formal es casi inexistente.[fn]Entrevistas de Crisis Group, funcionarios de gobierno, Puerto Carreño y Puerto Inírida, septiembre y octubre de 2018.Hide Footnote Antes del inicio del auge de la minería, los habitantes de Guainía vivían de las plantaciones de caucho, el comercio de dientes y piel de gatos salvajes y el cultivo de coca.[fn]Entrevista de Crisis Group, líder indígena, Puerto Inírida, 18 de septiembre de 2018.Hide Footnote En 2017, las regiones amazónicas de Colombia experimentaron un aumento del 6 por ciento en los cultivos de coca,[fn]“UNODC’s Coca Cultivation Survey Report for Colombia”, Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, 19 de septiembre de 2018.Hide Footnote aunque las fuentes de los gobiernos locales sostienen que esto subestima la realidad y que gran parte de la coca de la región no puede detectarse mediante imágenes satelitales. Las facciones disidentes de las FARC asociadas con el cultivo de coca han crecido en tamaño en ambos lados del río Guaviare, entre Puerto Inírida y Barranco Minas.[fn]Entrevista de Crisis Group, representante del gobierno local, 17 de septiembre de 2018.Hide Footnote

Crisis Group interview, representative local government, 17 September 2018.Hide Footnote

Crisis Group interview, representative local government, 17 September 2018.Hide Footnote

Los medicamentos disponibles no han detenido la epidemia de malaria entre los mineros debido a niveles de dosis incorrectos y la falta de atención médica especia-lizada.

La falta de combustible en Venezuela ha agravado enormemente estas duras condiciones económicas.[fn]El colapso del sector petrolero de Venezuela no provee suficiente para su propia población. Las refinerías están trabajando a menos de la mitad de su capacidad, mientras que Venezuela tiene numerosas obligaciones con sus clientes internacionales. Además, el combustible sobresubsidiado que está disponible se trafica a menudo hacia Colombia o se lleva a las minas donde se usa en equipos de minería. Alessandro Di Stasio, “Claves para entender por qué hay problemas con la gasolina en Venezuela”, Efecto Cocuyo, 20 de septiembre de 2017.Hide Footnote Ya no se puede llegar a las comunidades remotas que solían ser accesibles por vía fluvial debido a las dificultades de abastecimiento de combustible para las embarcaciones pequeñas. Los indígenas varados en Puerto Ayacucho no han podido regresar a sus comunidades en meses, y con frecuencia dependen de los asientos disponibles esporádicamente en los vuelos militares.[fn]Entrevistas de Crisis Group, líderes indígenas, octubre de 2018.Hide Footnote

El combustible se compra con frecuencia en Colombia, donde es mucho más caro que en Venezuela, y se transporta a las minas donde su valor aumenta de forma significativa. Incluso el combustible caro que se compra en Colombia se puede vender al doble del precio en las minas de Venezuela.[fn]Entrevista de Crisis Group, comerciante, Vichada, septiembre de 2018.Hide Footnote Además, cada barril de 55 galones que se dirigía a las minas tenía un impuesto del ELN de US$6 en 2017; se sabe que los gravámenes han aumentado desde entonces.[fn]Entrevista de Crisis Group, representante de la Defensoría de Derechos Humanos, octubre de 2018.Hide Footnote Un desvío similar hacia las minas afecta el suministro de medicamentos, que sufren de una escasez crónica en todo el país.[fn]En todo el país, la escasez de medicamentos se calcula en un 85 por ciento en las farmacias minoristas y en un 88 por ciento en los hospitales. “Emergencia humanitaria compleja en Venezuela – Derecho a la salud”, Civilis y otras organizaciones de la sociedad civil, septiembre de 2018.Hide Footnote Un exoficial de la inteligencia venezolana con excelente conocimiento de la región explicó que “toda la comida se transportaba a las minas [y] se hizo escasa en [el resto de Amazonas]. Me contaron que en las minas se puede encontrar todo lo que hace falta, todo. Todos los medicamentos que normalmente encontraría en una farmacia están disponibles allí”.[fn]Entrevista de Crisis Group, ex alto oficial de la inteligencia venezolana, noviembre de 2018.Hide Footnote Sin embargo, los medicamentos disponibles no han detenido la epidemia de malaria entre los mineros debido a niveles de dosis incorrectos y la falta de atención médica especializada.

El resentimiento público por las adversidades económicas y las dificultades para viajar o transportar mercancías en el sur de Venezuela, exacerbadas por la presencia de numerosos puestos de control militar, han provocado una serie de protestas.[fn]Entrevistas de Crisis Group, líderes indígenas, octubre de 2018.Hide Footnote En el estado Bolívar, la carretera principal entre Venezuela y Brasil estuvo bloqueada durante más de una semana en octubre del año pasado mientras la población protestaba contra la falta de alimentos y la ocupación de los territorios indígenas por parte de los mineros.[fn]María Ramírez Cabello, “22 comunidades indígenas apoyan protesta con cierre de la troncal 10 al sur de Bolívar”, Correo del Caroní, 16 de octubre de 2018.Hide Footnote Cuando hay alimentos disponibles, los dueños de los supermercados locales a menudo exigen oro como pago.[fn]Kejal Vyas, “Desperate Venezuelans dig up paradise in search of gold”, The Wall Street Journal, 20 de noviembre de 2018.Hide Footnote El gobierno venezolano distribuye cajas de suministros básicos de alimentos a precios muy por debajo del precio del mercado, pero los suministros se consideran inadecuados y el sistema de asignación también sirve como medio de control político.[fn]Las cajas de alimentos que subsidia el gobierno, llamadas cajas CLAP, en teoría contienen productos alimenticios esenciales y el gobierno las promueve como una medida para compensar la escasez de alimentos. No obstante, la oposición argumenta que los partidarios del gobierno tienen prioridad en las entregas y que los productos alimenticios a menudo son de calidad inferior y contienen pocos nutrientes. Para obtener más información sobre cómo funciona el sistema detrás de las cajas CLAP, véase “Los CLAP: La dominación se entrega puerta a puerta”, Transparencia Venezuela, 2016.Hide Footnote Los representantes indígenas en el estado Amazonas, por ejemplo, se quejan de que les retuvieron las cajas de alimentos tras no participar en las elecciones de 2017 para la Asamblea Nacional Constituyente.[fn]Entrevista de Crisis Group, líder indígena, Vichada, octubre de 2018.Hide Footnote También informan que últimamente los funcionarios del gobierno los están presionando para que firmen un documento diciendo que no quieren recibir ayuda humanitaria del exterior.[fn]Entrevista de Crisis Group, líder indígena, 9 de febrero de 2018.Hide Footnote

Las tensiones entre las comunidades indígenas y las fuerzas de seguridad en el estado Bolívar subyacen la extrema violencia utilizada para bloquear la llegada de ayuda humanitaria a Venezuela desde Brasil el 23 de febrero, lo cual causó la muerte de tres manifestantes en el área de Gran Sabana y la huida al exilio del alcalde indígena del pueblo fronterizo de Santa Elena de Uairén. Fuerzas de seguridad fueron enviadas al área junto con docenas de autobuses llenos de milicias progubernamentales, conocidas como colectivos.[fn]Entrevista de Crisis Group, líder indígena, 24 de febrero de 2019. Véase Clavel Rangel et al, “‘Venezuelan blood is being spilled’: tension flares near border with Brazil”, The Guardian, 25 de febrero de 2019.Hide Footnote

Crisis Group interviews, indigenous leader, 24 February 2019. See Clavel Rangel et al, “‘Venezuelan blood is being spilled’: tension flares near border with Brazil”, The Guardian, 25 February 2019.Hide Footnote

B. Salud y ambiente

La minería ha tenido un impacto especialmente devastador en las comunidades indígenas. El mercurio que se utiliza para extraer el oro del mineral contamina la tierra y los acuíferos, hasta tal punto que en 2017 se encontró que una población que vive a lo largo de los ríos Guainía, Inírida y Atabapo tenía aproximadamente 60 veces el nivel máximo recomendado de mercurio en la sangre.[fn]Tatiana Pardo Ibarra, “En Guainía, la gente tiene 60 veces más mercurio que el permitido”, El Tiempo, 11 de septiembre de 2017.Hide Footnote En Venezuela, el 92 por ciento de las mujeres indígenas examinadas en la cuenca del río Caura tenían niveles de mercurio por encima del límite de 2 miligramos por kilo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y el 37 por ciento de las mujeres en los pueblos de Yé’kuana y Sanema tuvieron complicaciones en el parto relacionadas con la exposición al mercurio.[fn]Red Ara, “La Contaminación por mercurio en la Guayana Venezolana: Una propuesta de Diálogo para la acción”, 2013.Hide Footnote

El daño que genera la minería en la salud pública se extiende mucho más allá de las comunidades indígenas. Venezolanos de todas las regiones del país viajan a las zonas mineras en busca de medios de supervivencia y, si es posible, de riquezas. Cuando regresan con sus familias, traen consigo no solo unos pocos gramos de oro, sino también enfermedades infecciosas. El problema se agrava con el colapso del servicio de salud de Venezuela. Incluso los módulos de atención primaria de salud establecidos en barrios pobres o áreas rurales bajo la administración de Chávez se han cerrado en su mayoría debido a la falta de fondos, y al menos 26 160 médicos han emigrado debido a la crisis económica.[fn]“FMV informó que 26.160 médicos han salido de Venezuela”, El Nacional, 29 de octubre de 2018.Hide Footnote

En 1961, según la OMS, Venezuela se convirtió en el primer país en erradicar la malaria en áreas con alta densidad de población, y en la década de 1980 la enfermedad casi había sido erradicada en todo el país. Pero debido a esfuerzos inadecuados de prevención y falta de medicamentos profilácticos, se ha presentado una nueva epidemia de malaria: se presentaron oficialmente 242 976 casos de malaria en 2016 y 406 289 en 2017.[fn]“World Malaria Report 2017”, Organización Mundial de la Salud, noviembre de 2017.Hide Footnote Solo en el estado Bolívar, se registraron más de 200 000 casos en 2017, equivalentes a más del 10 por ciento de la población local. A nivel nacional se estima que hubo 600 000 casos en el año hasta noviembre de 2018.[fn]Marielba Núñez, “La malaria convirtió el país en amenaza”, El Nacional, 11 de noviembre de 2018.Hide Footnote

Marielba Núñez, “La malaria convirtió el país en amenaza”, El Nacional, 11 November 2018.Hide Footnote

El agua estancada en las lagunas creadas por la actividad minera es un caldo de cultivo para los mosquitos vectores de malaria, y contribuyen a la epidemia en el sur de Venezuela. Bram Ebus

La malaria en el Amazonas está vinculada a la minería y a la deforestación, en especial en los municipios de Sifontes, El Callao, Angostura, Sucre, Gran Sabana y Cedeño, todos los cuales se encuentran en el estado Bolívar y se superponen con el Arco Minero. Los pozos mineros deforestados, llenos de aguas estancadas son lugares ideales para la reproducción de mosquitos portadores de malaria. Los mineros duermen en campamentos improvisados y hamacas alrededor de estas aguas infestadas. Una investigación realizada por una ONG local calculó que la malaria ocasiona el 21 por ciento de las muertes en el estado Amazonas y el 25 por ciento en Bolívar.[fn]“Impacto de la minería ilegal en Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas”, Kapé Kapé, 2018.Hide Footnote La ausencia de medicamentos subsidiados contra la malaria ha dado lugar a un mercado negro de pastillas para la malaria, que a menudo se pagan en oro.

“La plaga cayó sobre nosotros”, dijo un líder local en el municipio de Ature, Amazonas.[fn]Entrevista de Crisis Group, líder indígena, octubre de 2018.Hide Footnote Una comunidad en el municipio con cerca de 600 miembros ha visto hasta 80 personas por semana que necesitan tratamiento. En una comunidad cercana, más de la mitad de los 2 000 habitantes padecen malaria. Ature comparte frontera con el departamento colombiano de Vichada que, junto con Guainía, está recibiendo un número creciente de casos de malaria a medida que los migrantes y los refugiados llevan la enfermedad al vecino país. En la actualidad, hay más de un millón de refugiados venezolanos en Colombia y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, ha dicho que, en el peor de los casos, habrá cuatro millones para el 2020. Cerca del 95 por ciento de los extranjeros que cruzan la frontera con malaria son venezolanos y 55 por ciento de los venezolanos infectados con la enfermedad ingresaron al país a través de Guainía o Vichada.[fn]“Boletín Epidemiológico N° 13”, Ministerio de Salud de Colombia, 9 de noviembre de 2018.Hide Footnote

“Boletín Epidemiológico N°13”, Colombian Health Ministry, 9 November 2018.Hide Footnote

C. Vida comunitaria y control criminal

La minería también está cambiando los estilos de vida de los indígenas. “Desde el momento en que el indígena deja de protegerse, se acaba todo”, dijo un líder indígena.[fn]Entrevista de Crisis Group, líder indígena, Puerto Inírida, 19 de septiembre de 2018.Hide Footnote Tanto en el lado venezolano de la frontera como en el colombiano, el absentismo escolar está aumentando con el éxodo de adolescentes que van a trabajar en las minas. Los centros mineros exponen a las niñas al trabajo sexual. Las jóvenes y algunas veces menores de edad ejercen el trabajo sexual por tres o cuatro gramos de oro – aproximadamente entre $50 y $60, dado el menor valor del oro en las ciudades mineras, mientras los adolescentes arriesgan su salud y sus vidas realizando tareas mineras peligrosas o exponiéndose a sustancias contaminantes.[fn]Entrevista de Crisis Group, oficial de campo de la inteligencia colombiana, 31 de agosto de 2018.Hide Footnote Se dice que los disidentes de las FARC obligan a los jóvenes a trabajar en las minas. “Vienen con nosotros. Si no, sus familias serán objetivos militares”, es lo que los guerrilleros disidentes les dicen a los reclutas jóvenes y, a menudo, indígenas para las minas, según un alto funcionario del ala de servicios sociales de la iglesia católica.[fn]Entrevista de Crisis Group, representante de Pastoral Social, 31 de agosto de 2018.Hide Footnote

Entretanto, en algunas partes del sur de Venezuela, los sindicatos del crimen y los grupos guerrilleros están ejerciendo una influencia cada vez mayor en la vida comunitaria. Las FARC siempre han tenido una gran base social entre las comunidades indígenas, que a menudo eran blanco de las antiguas guerrillas para su adoctrinamiento. El ELN y los disidentes las FARC continúan reclutando en estas comunidades y, según se informa, han interferido con los programas educativos locales, entregando materiales de enseñanza que idealizan a las guerrillas.[fn]“Boletín 002 – Guerrilla colombiana penetra en escuelas venezolanas de la frontera”, FundaRedes, 27 de abril de 2018.Hide Footnote Incluso han realizado obras públicas. En el departamento colombiano de Vichada, un excombatiente de las FARC afirmó que los guerrilleros construyeron cerca de mil kilómetros de carreteras, algunas de ellas aptas para el tráfico motorizado.[fn]Entrevista de Crisis Group, excombatiente del Frente 16 de las FARC, septiembre de 2018.Hide Footnote

Crisis Group interview, ex-FARC 16th Front combatant, September 2018.Hide Footnote

La presencia del ELN en la capital del estado Amazonas, Puerto Ayacucho, ha con-tribuido a un aumento masivo en la tasa de homicidios.

En el estado Bolívar, las guerrillas se han acercado a las comunidades que enfrentan problemas con los sindicatos para ofrecer “protección” contra las pandillas delictivas violentas.[fn]Entrevista de Crisis Group, líder indígena, noviembre de 2018.Hide Footnote El ELN también ofrece armas, junto con entrenamiento militar y político. En Amazonas, una maestra dijo que algunos de sus estudiantes vivían en un campamento cercano del ELN, donde reciben comida y refugio.[fn]Entrevista de Crisis Group, líder indígena, octubre de 2018.Hide Footnote Hay campamentos en toda la región, cuatro de los cuales están ubicados cerca de la capital del estado Amazonas, Puerto Ayacucho.[fn]Entrevista de Crisis Group, abogado venezolano de derechos humanos, noviembre de 2018.Hide Footnote Las estrategias para mantener a las comunidades bajo control también incluyen entregas por parte del ELN de paquetes de alimentos subsidiados por el Estado en al menos 40 municipios de cinco estados diferentes, incluidos Bolívar y Amazonas.[fn]“40 municipios en la frontera venezolana reciben el CLAP de manos del ELN”, FundaRedes, 19 de octubre de 2018. Oficialmente, el Estado “subsidia” las cajas de alimentos, pero los informes de investigación sugieren que, de hecho, usureros incautan el subsidio, compran los alimentos en el extranjero y los venden a precios inflados a las autoridades estatales de Venezuela. Para obtener más información, consulte el proyecto “Detrás de los Clap” de ArmandoInfo.Hide Footnote Mientras tanto, continúa la educación política en las comunidades. Cinco estaciones de radio que dirige el ELN operan en las zonas fronterizas con Colombia.[fn]“Boletín 002 – Guerrilla colombiana penetra en escuelas venezolanas de la frontera”, FundaRedes, 27 de abril de 2018.Hide Footnote

Las reglas estrictas que establecen los guerrilleros del ELN o los disidentes de las FARC pueden traer un cierto nivel de orden a las minas bajo su control, pero a un alto costo. Se informa que muchos líderes comunitarios han sido asesinados en los últimos años. No se tolera el consumo de alcohol ni drogas y se castiga con la muerte. La presencia del ELN en la capital del estado Amazonas, Puerto Ayacucho, ha contribuido a un aumento masivo en la tasa de homicidios. La ciudad de 41 000 habitantes tuvo 38 asesinatos en 2014 y 236 en 2016.[fn]Entrevista de Crisis Group, ex alto oficial de la inteligencia venezolana, noviembre de 2018.Hide Footnote Puerto Páez, en el estado Apure, que también limita con Colombia, ha experimentado un aumento similar, que se ha atribuido a las campañas de “limpieza social” de las guerrillas.[fn]Entrevistas de Crisis Group, exalto oficial de la inteligencia venezolana, noviembre de 2018; líderes indígenas, octubre de 2018; representante de una ONG venezolana, octubre de 2018. Para obtener más información sobre la presencia de guerrillas colombianas en Puerto Ayacucho, véase María Antonieta Segovia, “La disidencia de la guerrilla colombiana penetra el Amazonas venezolano”, Armando Info, 11 de febrero de 2018.Hide Footnote Mientras tanto, en las comunidades mineras que administran los sindicatos se registraron tasas de homicidios impactantes por cada 100 000 habitantes: estos incluyen El Callao (620 por cada 100 000 personas en 2018), Roscio (458) y Sifontes (199). En 2018 la tasa nacional de homicidios en Venezuela se calculó en 81,4 por cada 100 000, la más alta en América Latina y el Caribe.[fn]“Informe OVV de Violencia 2018”, Observatorio Venezolano de Violencia, diciembre de 2018. “InSight Crime’s 2018 Homicide Round-Up”, InSight Crime, 22 de enero de 2019. Los asesinatos a menudo se presentan cuando las pandillas rivales compiten entre sí por el acceso a las minas, en varios casos con participación militar, pero las ejecuciones sumarias son frecuentes y el crimen callejero es rampante. Los sindicatos comenzaron a tomar el control de las áreas mineras –en ocasiones de las ahora desaparecidas empresas mineras estatales– en los municipios de El Callao, Roscio y Sifontes a partir de 2010, lo que llevó a un aumento drástico en las tasas de homicidios. Véase Vanessa Moreno Losada, “Estudio en el Arco Minero revela relación entre el auge del sector aurífero y la violencia”, Efecto Cocuyo, 27 de octubre de 2017.Hide Footnote

“Informe OVV de Violencia 2018”, Venezuelan Observatory of Violence, December 2018. “InSight Crime’s 2018 Homicide Round-Up”, InSight Crime, 22 January 2019. Killings often take place when rival gangs compete with each other for access to the mines, in various cases with military involvement, but summary executions occur frequently and street crime is rampant. Sindicatos started to take control over mining areas – sometimes from now defunct state mining companies – in the municipalities of El Callao, Roscio and Sifontes from 2010 on, which led to a dramatic increase in homicide rates. See Vanessa Moreno Losada, "Estudio en el Arco Minero revela relación entre el auge del sector aurífero y la violencia", Efecto Cocuyo, 27 October 2017.Hide Footnote

V. Riesgos y respuestas internacionales

El territorio colombiano que limita con el sur de Venezuela ha estado en gran parte libre de violencia debido a su baja densidad de población y a las franjas de selva impenetrable. Pero la baja incidencia de enfrentamientos no es señal de ausencia o inactividad de grupos armados no estatales. Después de servir durante muchos años como un corredor de tráfico de bajo perfil, la región fronteriza ahora enfrenta mayores riesgos de conflicto debido al creciente movimiento transfronterizo de grupos armados irregulares en un momento de profunda desconfianza y falta de comunicación entre los estados vecinos.

A. Competencia armada y actividad transfronteriza

La presencia creciente de unidades guerrilleras atraídas hacia las minas del sur de Venezuela ha alarmado a las fuerzas armadas colombianas en la región. Fuentes en el ejército informan que han aumentado su presencia defensiva a lo largo de la frontera.[fn]Entrevista de Crisis Group, oficial de la armada colombiana, noviembre de 2018.Hide Footnote Las preocupaciones de Colombia no se limitan a la concentración de unidades guerrilleras en el área, también se extienden a incursiones transfronterizas por parte de las fuerzas militares venezolanas. La Guardia Nacional ha ingresado a Colombia en varias ocasiones por razones que aún no son claras. En septiembre de 2018, por ejemplo, la Guardia Nacional ingresó al área llamada El Mantequero, departamento de Vichada, a vandalizar instalaciones comunitarias y robar mercancía.[fn]“Militares venezolanos habrían ingresado ilegalmente a territorio colombiano”, El Colombiano, 14 de septiembre de 2018. En noviembre de 2018, la Guardia Nacional ingresó a Cacahual, Guainía, con ropas militares y armas automáticas. En este caso, ingresaron a una comunidad colombiana para intercambiar combustible por productos alimenticios. “Investigan nueva incursión de militares venezolanos en Guainía”, Noticias Caracol, 14 de noviembre de 2018.Hide Footnote

Por otra parte, las relaciones volátiles y, a veces, competitivas entre sectores del ejército venezolano y los grupos armados en las zonas mineras generan sus propias fricciones violentas. En un incidente notable, el ELN asesinó a varios miembros de la Guardia Nacional el 1 de noviembre de 2018 para tomar represalias por el arresto de su líder, Luis Felipe Ortega Bernal, también conocido como “Garganta”.[fn]Héctor Ignacio Escandell Marcano, “Capturan en Amazonas a Luis Felipe Ortega Bernal, presunto líder del ELN”, Radio Fe y Alegría Noticias, 4 de noviembre de 2018. Garganta fue arrestado y llevado a la prisión militar Ramo Verde en Los Teques, en las inmediaciones de Caracas. No se sabe si las autoridades penitenciarias de Venezuela lo mantuvieron allí. Garganta ha sido identificado como Luis Felipe Ortega Bernal, que tiene una circular azul de la Interpol emitida en su contra y que, según la policía colombiana, forma parte de los líderes del ELN. Venezuela niega la presencia del ELN en suelo nacional y el Ministro de Defensa Padrino declaró que “paramilitares colombianos” habían sido arrestados sin mencionar a las guerrillas del ELN. “Vladimir Padrino confirma muerte de tres guardias por enfrentamientos con el ELN”, El Espectador, 5 de noviembre de 2018.Hide Footnote A raíz de estos enfrentamientos, varios enfrentamientos más tuvieron lugar en Amazonas, Venezuela.[fn]Entrevistas de Crisis Group, líderes indígenas, abogados de derechos humanos y periodistas, noviembre de 2018.Hide Footnote La evidencia sugiere que la relación entre las fuerzas armadas de Venezuela y la guerrilla colombiana es altamente inestable. En las minas de Yapacana y sus alrededores, los residentes locales también reportan choques ocasionales entre los disidentes de las FARC y el ejército venezolano.[fn]Entrevistas de Crisis Group, líderes indígenas, septiembre y octubre de 2018.Hide Footnote

Estos choques sugieren que no todos los sectores del gobierno venezolano o el establishment de seguridad están conformes con tolerar o favorecer la expansión del ELN o de los disidentes de las FARC. De hecho, futuros enfrentamientos entre los sindicatos, las fuerzas armadas venezolanas y la guerrilla colombiana continúan siendo probables, en especial porque los militares parecen haber retirado el apoyo a la mayoría de los sindicatos, mientras que el respaldo estatal a la guerrilla colombiana está lejos de ser uniforme. Los líderes locales de las fuerzas armadas rotan con frecuencia, y no todos los oficiales militares desplegados en la región están en buenos términos con la guerrilla. Entretanto, las supuestas incursiones por parte de las fuerzas armadas o unidades de inteligencia venezolanas en las zonas mineras controladas por sindicatos habrían dejado una estela de asesinatos sin arrestos registrados.[fn]Entrevista de Crisis Group, periodista local, 19 de enero de 2019.Hide Footnote Según el general retirado del Ejército Clíver Alcalá Cordones, “el jefe de la región no da estas órdenes de matar. Cuando esto se presenta, es porque la orden vino de Caracas”.[fn]Entrevista de Crisis Group, general retirado del ejército venezolano Clíver Alcalá Cordones, 17 de enero de 2019.Hide Footnote

Los grupos guerrilleros también operan cerca de la frontera oriental de Venezuela con Guyana. El diputado de la oposición venezolana Williams Dávila se topó con un retén del ELN en agosto de 2018 cerca de Isla Anacoco, un área que administra Venezuela cerca de la región de Esequibo, que es parte de Guyana pero que reclama Caracas.[fn]Entrevista de Crisis Group, diputado venezolano Williams Dávila, 18 de octubre de 2018.Hide Footnote Según un exintegrante de alto nivel del ELN, el grupo ha estado activo en la zona fronteriza en disputa entre Venezuela y Guyana durante aproximadamente diez años[fn]Entrevista de Crisis Group, ex altos líderes del ELN, octubre de 2018.Hide Footnote y controla dos rutas fluviales utilizadas para el contrabando a Guyana desde San Martín de Turumbán y cinco minas cercanas.[fn]Entrevista de Crisis Group, líder indígena, noviembre de 2018.Hide Footnote Además de ser la frontera con Guyana, esta área se encuentra a unos 170 kilómetros de la frontera con Brasil. “Están adoctrinando a la gente de la zona, entran y reclutan”, declaró un líder indígena.[fn]Entrevista de Crisis Group, líder indígena, noviembre de 2018.Hide Footnote

Los sindicatos violentos, que el ELN desplazó de las zonas mineras en Bolívar, también se han trasladado hacia la frontera entre Venezuela y Guyana, lo que ha causado alarma entre las autoridades de Guyana. El 13 de noviembre, un miembro de un sindicato le disparó a un policía guyanés que viajaba por el río Cuyuní.[fn]Denis Chabrol, “Sindicato shoots Guyanese policeman on Guyana-Venezuela border”, Demerara Waves, 13 de noviembre de 2018.Hide Footnote Con las Fuerzas de Defensa de Guyana desplegadas en el área, las futuras peleas con los sindicatos o el ELN son una posibilidad real.

B. Defensa estratégica y el ELN

Con años de experiencia en combate en Colombia y un dominio adquirido de la guerra de guerrillas, la presencia del ELN en Venezuela parece servir a los intereses estratégicos de sectores del estado y las fuerzas armadas, en especial ante la posibilidad de que una potencia externa pueda organizar una intervención militar para destituir a Maduro o su gobierno. No se puede saber con precisión en qué consistiría dicha intervención militar extranjera y cómo se llevaría a cabo, pero un ejército de guerrilleros entrenados podría por lo menos aumentar las posibilidades de un conflicto prolongado de baja intensidad, en particular en las densas regiones selváticas del sur de Venezuela, donde el ELN está creando una base de apoyo social en las comunidades donde está presente.[fn]Para una consideración detallada de las posibilidades y riesgos de una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela, véase José L. Delgado, “Venezuela, a ‘Black Swan’ Hot Spot”, Military Review (enero-febrero de 2019).Hide Footnote En caso de una intervención militar externa, el ELN ha dicho que está comprometido con la defensa del gobierno venezolano.[fn]En su V Congreso en diciembre de 2014, el ELN aprobó una resolución que ratifica su determinación de “defender la revolución bolivariana de Venezuela en caso de una agresión imperialista violenta”.Hide Footnote

Además, el fin de las conversaciones de paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano conlleva el riesgo de una reanudación total de las hostilidades violentas entre Bogotá y la insurgencia, teniendo como consecuencia probable que el enfoque de los líderes políticos y las fuerzas armadas se desplace hacia la presencia del ELN en Venezuela. Si las dos partes no logran reanudar las negociaciones, el ELN podría intensificar las actividades ofensivas, mientras utiliza una base fortalecida en Venezuela, donde el grupo puede contar con dinero, recursos, mano de obra, armas y un refugio seguro. De hecho, el grupo está ahora más cerca de lograr la “fuerza de guerrilla continental” que desde hace mucho tiempo pretendía crear, con combatientes presentes en al menos cuatro países diferentes: Colombia, Venezuela, Ecuador y Guyana (cerca de la frontera con Brasil). Esto le permite al ELN reclamar el título del mayor grupo guerrillero de América Latina.[fn]“En intervención militar, Eln apoyaría a Venezuela”, La Opinión, 20 de septiembre de 2018.Hide Footnote

“En intervención militar, Eln apoyaría a Venezuela”, La Opinion, 20 September 2018.Hide Footnote

Cualquier intento por parte de las fuerzas colombianas de hacer una intervención en el sur de Venezuela contra el ELN sería extremadamente peligroso, y podría provocar mayor violencia.

A pesar de los muchos obstáculos en el camino de una renovación de los diálogos de paz con el ELN, este es el momento más urgente para retomar las negociaciones. Al tener un refugio seguro en Venezuela, resulta prácticamente imposible para las fuerzas colombianas derrotar militarmente a la guerrilla sin la cooperación del gobierno venezolano, lo que probablemente requiera un cambio de poder en Caracas, o una incursión imprevista en el territorio venezolano. Cualquier intento por parte de las fuerzas colombianas de hacer una intervención en el sur de Venezuela contra el ELN sería extremadamente peligroso, y podría provocar mayor violencia y daños a los civiles en el área debido a la presencia y el control de las guerrillas sobre las comunidades, al mismo tiempo que empujaría a los rebeldes a las zonas fronterizas colindantes con Guyana y Brasil. A menos que la ofensiva se combine con esfuerzos para abordar las causas detrás del auge de la minería ilegal y las vulnerabilidades de la población local, los grupos armados rivales también buscarían aprovechar un ataque contra las guerrillas para establecer su control sobre más zonas mineras, lo que empeoraría el derramamiento de sangre.[fn]Marjolein van de Water, “Interim-president Juan Guaidó: ‘Onze strijd zal snel uitmonden in herstel van onze vrijheid’”, de Volkskrant, 4 de febrero de 2019. El autoproclamado presidente interino venezolano, Juan Guaidó, dijo a un periódico holandés que el ELN utiliza los ingresos de la extracción de minerales en Venezuela para adquirir armas y así poder perpetrar ataques en Colombia. El gobierno liderado por Nicolás Maduro ha negado la presencia del ELN en los territorios venezolanos.Hide Footnote Por lo tanto, aunque las condiciones no son favorables en la actualidad, el Estado colombiano y los aliados internacionales no deben cerrar la puerta a futuras conversaciones con las guerrillas.

Las fuerzas armadas en estos dos países también deben tomar medidas urgentes para evitar enfrascarse en una pelea más grande como consecuencia de los movimientos transfronterizos y los ataques de la guerrilla u otros grupos armados. Preservar las líneas de comunicación entre los jefes de unidades armadas posicionadas en la frontera será primordial. Al mismo tiempo, las potencias extranjeras deben abstenerse de amenazar con una intervención militar en Venezuela puesto que esto incentiva aún más al gobierno de Maduro a fortalecer sus vínculos con los actores armados no estatales colombianos y los alienta a permanecer cerca de las zonas fronterizas para que puedan reaccionar en caso de tal intervención

C. Conflicto y migración

Los refugiados y migrantes venezolanos se pueden encontrar en asentamientos informales en las ciudades colombianas de Puerto Carreño y Puerto Inírida, aunque los principales flujos de migrantes hacia Colombia siguen presentándose más al norte.[fn]Según un alto funcionario del gobierno colombiano, alrededor de 2 000 venezolanos ingresan al departamento de Norte de Santander por día sin regresar, sin incluir los cruces fronterizos ilegales. Los cruces fronterizos diarios en ese departamento con frecuencia superan los 30 000, pero la mayoría compra productos en Colombia y regresa a Venezuela unas horas después. Entrevista de Crisis Group, alto funcionario del gobierno colombiano, 20 de enero de 2019.Hide Footnote A pesar de que sus familias han huido de Venezuela, los hombres regresan a las minas cercanas en Amazonas para trabajar mientras sus familiares permanecen en Colombia. Los habitantes de estos barrios colombianos se quejan con frecuencia de las amenazas de los grupos armados ilegales, el trabajo sexual por parte de niñas menores de edad y la falta de acceso a una atención médica digna.[fn]Entrevistas de Crisis Group, refugiados venezolanos, Guainía, octubre de 2018.Hide Footnote

Estos refugiados y migrantes sufren dificultades en las ciudades fronterizas del sur de Colombia, pero recalcan que no pueden regresar a Venezuela, en especial aquellos que han sido víctimas de desplazamiento forzado por parte de grupos armados. Las personas que trabajaron en las minas venezolanas y huyeron a Colombia dicen que se ha vuelto demasiado violento. “Todo el mundo quiere ser jefe”, explicó una exminera, en relación con la violencia, y agregó que los guerrilleros se habían apoderado de varias minas en Bolívar, donde ella había trabajado anteriormente bajo los sindicatos.[fn]Entrevista de Crisis Group, exminero, septiembre de 2018.Hide Footnote Los líderes indígenas que se oponen al gobierno de Maduro o a la presencia de los guerrilleros son objeto de violencia e incluso de asesinato. Algunos grupos indígenas en Bolívar y Amazonas se han armado a sí mismos, o el Estado les ha suministrado armas, para defenderse de los intrusos violentos, creando aún más actores armados.[fn]Entrevista de Crisis Group, líder indígena en Vichada, octubre de 2018; entrevista telefónica con un líder indígena, noviembre de 2018.Hide Footnote

Las familias trabajando en las áreas mineras vienen de lejos para buscar un nuevo medio de vida, pero se exponen a altos riesgos de salud y seguridad. Bram Ebus/InfoAmazonia

En vista de la escalada de violencia en la región, el creciente número de actores armados y sus efectos sobre la migración y los flujos de refugiados, el gobierno colombiano, con el apoyo de donantes extranjeros, debe atender las necesidades humanitarias en la frontera sur. Además, las dificultades prácticas para reanudar los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN no deberían llevar a Bogotá a descuidar el imperativo de evitar la reanudación de las hostilidades entre las partes que empeorarían la crisis humanitaria.

D. Limpieza del comercio de oro

Las potencias extranjeras deben encontrar alternativas a la imposición de sanciones a las exportaciones de oro que, como se señaló, estimula el tráfico y el control criminal sobre el comercio. En la actualidad, gran parte del oro extraído en el sur de Venezuela se introduce de contrabando en los países vecinos y las islas en la región del Caribe y luego se legaliza allí, cambiando así el país de origen declarado del oro.[fn]Lisseth Boon y Lorena Meléndez, “Fuga del oro venezolano: La ruta de un saqueo oficial”, RunRun.es, enero de 2019.Hide Footnote En consecuencia, las compañías que importan oro desde América Latina y el Caribe no pueden simplemente confiar en los documentos oficiales de aduanas como prueba de que el oro no se ha extraído de forma ilegal en Venezuela.

Un posible enfoque alternativo sería alentar a los países en los que se comercia oro a que tomen medidas adicionales para garantizar que las compañías de comercio de minerales y todas las empresas relacionadas con el negocio se adhieran a las directrices estrictas de debida diligencia. Estas incluyen controles de la cadena de suministro con base en normas internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como las consagradas en la Ley Dodd-Frank para las empresas de los Estados Unidos que se aprobó en julio de 2010, y las obligaciones de debida diligencia de la cadena de suministro de la UE relativas a los minerales provenientes de zonas de conflicto y de alto riesgo, que entrarán en pleno vigor en 2021.[fn]Las directrices de la OCDE se pueden consultar en la tercera edición de la “Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo”, OCDE, 2016. Para leer el texto de la legislación de la UE, véase: Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, donde se establecen obligaciones en materia de debida diligencia en la cadena de suministro por lo que respecta a los importadores de la Unión de estaño, tantalio y tungsteno, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo. La Reforma de Wall Street de Dodd-Frank y la Ley de Protección al Consumidor de los EE. UU. fueron aprobadas en 2010.Hide Footnote

The OECD guidelines can be consulted in the third edition of the “OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas”, OECD, 2016. For the text of the EU-legislation, see: Regulation (EU) 2017/821 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 laying down supply chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating from conflict-affected and high-risk areas. The U.S. Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act was passed in 2010.Hide Footnote

La debida diligencia en la cadena de suministro puede ser una alternativa efectiva a las sanciones unilaterales si se implementa de manera íntegra y se aplica rigurosamente.

El marco de debida diligencia de la OCDE proporciona un punto de referencia internacional para los esfuerzos de limpiar las cadenas de suministro de minerales. En la actualidad, 35 Estados miembros de la OCDE y ocho no miembros, entre ellos Colombia[fn]Colombia firmó un acuerdo de adhesión a la OCDE en mayo de 2018, pero aún no es miembro pleno.Hide Footnote y Brasil, se han adherido a estas directrices, que establecen normas para las empresas de comercio de minerales y exigen informes periódicos y auditorías independientes de los países signatarios.[fn]“OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas”, sitio web de la OCDE, consultado el 18 de febrero 2019. Entrevista de Crisis Group, oficial de Global Witness, comunicación digital, 13 de febrero de 2019.Hide Footnote Sin embargo, estas normas son compromisos voluntarios que se incentiva a las empresas a adoptar y depende de cada Estado miembro decidir si las hace legalmente vinculantes o no. Hasta el momento, se han promulgado como ley en los Estados Unidos mediante la Ley Dodd-Frank, y en países donde los recursos naturales se han relacionado con conflictos y abusos de los derechos humanos, como la República Democrática del Congo, Ruanda y Burundi.

La debida diligencia en la cadena de suministro puede ser una alternativa efectiva a las sanciones unilaterales si se implementa de manera íntegra y se aplica rigurosamente. Esto no impediría que las compañías compren y comercialicen oro de Venezuela u otros países de América Latina, sino que requeriría que las empresas que lo hacen, así como las instituciones financieras asociadas y los mercados de materias primas, demuestren que están tomando las precauciones adecuadas para garantizar que conocen el origen legal de los minerales y no están financiando a grupos armados, regímenes sancionados o abusadores de derechos humanos. Si bien estas medidas no transformarían instantáneamente la producción de oro en Venezuela, impondrían una presión en puntos importantes de la cadena de suministro para detener estos abusos.

VI. Conclusión

La seguridad en el sur de Venezuela se ha deteriorado de forma alarmante en los últimos años en la medida en que varios actores armados, estatales y no estatales, compiten por el acceso a los recursos naturales y se aprovechan de las poblaciones locales en su lucha por el poder y el control territorial. Las fuerzas armadas de Venezuela, la presencia estatal más visible en la región, no solo han fallado en evitar esta violencia, sino que, según numerosos testimonios de testigos, han alentado y aprovechado el saqueo de minerales en un corredor terrestre que comienza en la frontera con Colombia y se extiende hacia Brasil y Guyana. Ajenos al Estado y empobrecidos a raíz del colapso económico de Venezuela, muchas personas en la zona han caído en las garras de los grupos armados y el sustento que proporciona la minería ilícita.

En un contexto de distanciamiento total entre el gobierno venezolano en ejercicio y sus vecinos Colombia y Brasil, los movimientos transfronterizos de guerrilleros con vínculos con las fuerzas de seguridad venezolanas plantean peligros claros para la estabilidad regional. Las amenazas de una invasión de potencias externas exacerban las tensiones fronterizas y, si se llevan a cabo, podrían infligir un mayor sufrimiento a los civiles y sumir a la región en violentos enfrentamientos entre facciones armadas rivales. Las alianzas frágiles y volátiles entre varios actores armados en el sur de Venezuela aumentan estos riesgos. Enfrentamientos frecuentes entre estos actores y sus cambios de poder y bases de apoyo ya exponen a la región, y en particular a las zonas fronterizas con Colombia y Guyana, a picos inesperados en la violencia armada y al desplazamiento forzado de las poblaciones locales.

Tanto los países vecinos como el gobierno venezolano deben reconocer los riesgos de la violencia en la frontera y el potencial incremento de las hostilidades regionales.

Incluso mientras se desarrolla la crisis política en Venezuela, los países vecinos y los Estados extranjeros interesados deben tratar de mitigar tanto la amenaza de una crisis regional más amplia como los peligros que enfrentan las comunidades locales. Esto significa que, independientemente de sus diferencias políticas, tanto los países vecinos como el gobierno venezolano deben reconocer los riesgos de la violencia en la frontera y el potencial incremento de las hostilidades regionales; por lo tanto, deben tratar de mantener canales de comunicación estables entre sus fuerzas armadas y entre los altos funcionarios políticos. Esto también significa que las agencias de la ONU deben responder al deterioro del conflicto, los abusos de derechos humanos y los riesgos para la salud, y atender las necesidades humanitarias de los residentes y refugiados en el sur de Venezuela y las zonas fronterizas adyacentes. Venezuela, por su parte, debe dejar de obstaculizar a las agencias internacionales de ayuda que desean atender a las poblaciones vulnerables, mientras que Colombia no debe cerrar la puerta a futuras conversaciones con el ELN. Se debe evitar una intervención militar para atacar las bases venezolanas de la guerrilla, que podría enardecer las tensiones ya aumentadas.

Por último, Estados Unidos debe abstenerse de imponer sanciones a la producción de oro y a las exportaciones con el fin de castigar y aislar financieramente al gobierno y las élites venezolanas. Tampoco es realista en las circunstancias actuales proponer la creación inmediata de un sector minero legal: todos los minerales que salen de Venezuela están vinculados en cierta medida a actividades ilícitas. En cambio, los Estados miembros de la OCDE que ya son signatarios de iniciativas dirigidas a reducir el comercio de minerales de zonas de conflicto deberían introducir normas adecuadas de debida diligencia en la legislación, las cuales deben aplicarse a todas las empresas involucradas en el comercio de minerales que salen de Venezuela y países de América Latina y el Caribe por los cuales pasan los minerales ilegales de Venezuela, con el objetivo de incentivar la construcción gradual de prácticas legales de minería en el país.

El destino de Bolívar y Amazonas está vinculado de forma indisoluble al futuro político de Venezuela y a la cuestión de cómo y cuando saldrá de su crisis actual. Pero el sufrimiento y el aislamiento extremo de las comunidades locales, así como las amenazas que representan las riquezas mineras y las facciones armadas en toda la región deben poner al sur de Venezuela como el centro del interés por el futuro del país.

Bogotá/Caracas/Bruselas, 28 de febrero de 2019

 

Anexo A: Mapa de Venezuela

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Anexo B: Mapa del Arco Minero del Orinoco

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Anexo C: Mapa de actores armados no estatales involucrados en minería

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