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Una creciente marea de asesinatos en la zona minera del sur de Venezuela
Una creciente marea de asesinatos en la zona minera del sur de Venezuela
Venezuela: la región siente el impacto
Venezuela: la región siente el impacto
People stand next to Venezuelan soldiers, as they wait for information about the deaths in a remote illegal mine where seven people were killed in Tumeremo, Venezuela, on 17 October 2018. REUTERS/William Urdaneta
Q&A / Latin America & Caribbean

Una creciente marea de asesinatos en la zona minera del sur de Venezuela

Cadáveres están apareciendo a lo largo de la cuenca del Río Orinoco en el sur de Venezuela. En estas preguntas y respuestas, el consultor de Crisis Group Bram Ebus, explica cómo los asesinatos están conectados debido a las pugnas entre grupos criminales, guerrilleros y soldados por la riqueza mineral en medio de la mayor crisis socioeconómica del país.

¿Qué ha pasado?

Una avalancha de asesinatos masivos está despertando preocupación internacional mientras la crisis política y económica del país continúa alimentado el éxodo migrante. El 14 de octubre, al menos siete mineros fueron asesinados en enfrentamientos entre facciones armadas no estatales cerca de Tumeremo, estado Bolívar, hacia la frontera con Guyana. Tres semanas después, el 4 de noviembre, guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia emboscaron a una tropa de la Guardia Nacional venezolana, matando a tres e hiriendo a diez personas, en inmediaciones de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, cerca de la frontera con Colombia. Estos ataques se dieron en retaliación al arresto del comandante Luis Felipe Ortega Bernal, conocido como Garganta, por parte de la Guardia Nacional. Los dos incidentes se suman al creciente número de muertes violentas a lo largo del vasto “arco minero” venezolano, un área de 122 000 km. cuadrados en la cuenca sur del Río Orinoco.

Aunque los asesinatos en los estados Bolívar y Amazonas ocurrieron a cientos de kilómetros de distancia, muchos venezolanos los perciben como conectados, dado que ocurrieron en un área expuesta a intensas actividades de minería, legal e ilegal. Las muertes plantean grandes interrogantes sobre los efectos de la desintegración socioeconómica general de Venezuela en el sur escasamente poblado pero rico en minerales. También resaltan la creciente presencia de la guerrilla del ELN en estas regiones en un momento en que sus diálogos de paz con el gobierno colombiano se encuentran en un impase. El nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, poco después de asumir su cargo en agosto puso un alto a las ya vacilantes negociaciones con ésta guerrilla, que se estima cuenta con casi 2 000 combatientes en Colombia.

¿Qué está en juego en el sur de Venezuela?

Venezuela está situada en uno de los mayores (aunque aún no está certificado) depósitos de oro del mundo. También hay reservas prometedoras de coltán y diamantes, entre otros minerales escasos. Como se mostrará en un próximo informe de Crisis Group, la debacle económica del país ha llevado a varios actores armados, estatales y no estatales, a saquear sus recursos naturales, incitados por la desesperación de los venezolanos empobrecidos que ven pocas opciones además de dirigirse al sur y unirse al saqueo.

Venezuela está al borde de una de las contracciones económicas más agudas del mundo, marcada por la hiperinflación y escasez de bienes básicos.

En 2016 el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto dirigido a crear un marco legal para la minería en el estado Bolívar (la ley venezolana prohíbe la minería en el estado Amazonas) con el fin de establecer una industria extractiva moderna y sustentable. En realidad, ninguna compañía experimentada opera en Bolívar o en otros lugares del arco minero. Las compañías y empresas estatales que operan en Bolívar consiguen la mayoría de sus minerales de minas controladas por bandas locales o combatientes del ELN. Miembros disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se oponen al acuerdo de paz que ese movimiento firmó en 2016 con el gobierno colombiano, están involucradas en operaciones de minería ilegal en Amazonas.

¿Por qué esto importa?

Venezuela está al borde de una de las contracciones económicas más agudas del mundo, marcada por la hiperinflación y escasez de bienes básicos. Sus ciudadanos están saliendo del país de forma masiva – unos tres millones desde 2015, según la Organización Internacional para las Migraciones. La emigración a Colombia, junto con diferencias ideológicas y el giro autoritario del gobierno de Maduro, han generado tensiones entre Bogotá y Caracas. La actividad de grupos armados en el sur de Venezuela, en especial el cruce irregular de pasos fronterizos, probablemente alimente estas tensiones.

Muchas fuentes dicen que la guerrilla del ELN se ha tomado un número importante de minas controladas por sindicatos criminales venezolanos en 2018. Los enfrentamientos por el control de éstas han dejado un camino de muerte a lo largo del arco minero. Muchos asesinatos – incluso masacres – no son reportadas porque muchas ocurren en lugares remotos, generalmente habitadas por comunidades indígenas, con conexiones de transporte y telefónicas esporádicas o inexistentes. Esta gente teme hablar con extraños, aun cuando sus parientes desaparecen.

¿Cuál es el rol del gobierno venezolano en esta violencia?

Desde octubre de 2017, un nuevo gobernador en el estado Bolívar supuestamente se ha aliado con los sindicatos criminales, mientras que su predecesor presuntamente tenía relaciones con diferentes grupos criminales (ninguno ha respondido a estas acusaciones). Mientras tanto en Caracas, se cree que dos facciones del gobierno compiten por el control de las reservas minerales. Una facción, que incluye a miembros de la Guardia Nacional, aparentemente trabaja de la mano con sindicatos criminales para su enriquecimiento personal. La otra, compuesta por partes del aparato militar, parece decidida en manejar las minas en alianza con el ELN e invertir las ganancias en la sobrevivencia del gobierno chavista. 

Los objetivos de esta última parecieran incluir el uso de guerrilleros experimentados como línea de defensa estratégica cerca de la frontera colombiana en el caso de una intervención militar extranjera en Venezuela, una opción esgrimida por prominentes figuras de EE.UU. y América Latina en meses recientes. Oficialmente, el Ministerio de Defensa venezolano niega que guerrilleros del ELN estén presentes en el país, culpando a paramilitares de derecha colombianos por los asesinatos del 4 de noviembre en Amazonas. Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano envió un comunicado el 5 de noviembre en donde condenaba los asesinatos y reconocía a Luis Ortega, quien fue arrestado junto con 8 personas por la Guardia Nacional venezolana y está detenido en una cárcel militar cerca de Caracas, como comandante del ELN.

¿Cómo han reaccionado otros países a los asesinatos?

Los países limítrofes han mostrado la mayor alarma. Guyana y Colombia han reforzado las tropas posicionadas en sus respectivas fronteras con Venezuela, de acuerdo a fuentes en las fuerzas armadas de ambos países, en gran parte por preocupación por la expansión de la violencia relacionada con la minería.

Un aumento de la violencia en el sur de Venezuela sigue siendo bastante posible, a menos hasta que uno de los grupos consolide el poder en la región.

Como parte de sus sanciones al gobierno de Venezuela, los EE.UU. anunciaron por medio de una orden ejecutiva el 1 de noviembre que apuntaría a las exportaciones de oro, las cuales cree están siendo usadas para enriquecer a la elite política y económica de Venezuela al costo de aumentar la violencia y las violaciones a los derechos humanos en el sur del país. El 24 de octubre, Marshall Billingslea, subsecretario de financiación del terrorismo en el Departamento del Tesoro, acusó a Maduro de “saquear” el suministro de oro de su país, mencionando la exportación de 21 toneladas del metal precioso a Turquía como un ejemplo. Añadió que “este oro está siendo removido del país sin ninguna de las salvaguardias habituales que garantizarían que los fondos se contabilicen y se cataloguen adecuadamente como pertenecientes al pueblo venezolano". La orden ejecutiva prohíbe el comercio con aquellos que “operan en el sector del oro de la economía venezolana”. Sin embargo, esta medida podría tener efectos secundarios perniciosos, al forzar el envío de grandes cantidades de oro por rutas de contrabando, aumentando así las ganancias para el crimen organizado y los actores armados no estatales.

Alternativamente, bajo la legislación existente en los EE.UU. y próxima de la UE, Washington y Bruselas podrían clasificar el oro y coltán venezolano como minerales de conflicto. Estas leyes instan a las compañías a lo largo de la cadena productiva a obtener minerales de proveedores libres de conflicto, una cláusula que impediría a Venezuela vender su oro y coltán en el exterior a menos que los exportadores revisen sus prácticas. El hecho de que el comercio de minerales venezolanos se asocie con masacres, lavado de dinero, violencia sexual y grupos incluidos en las listas de terroristas de EE.UU. y la UE justificaría la aplicación de estas leyes, pero es difícil saber si estas medidas aumentarían o no las redes de contrabando.

¿Cuáles son los posibles escenarios en los próximos meses?

Un aumento de la violencia en el sur de Venezuela sigue siendo bastante posible, a menos hasta que uno de los grupos consolide el poder en la región. La competencia entre facciones dentro del Estado podría fácilmente tener un efecto multiplicador sobre los ataques. Los continuos enfrentamientos entre fuerzas estatales venezolanas, sindicatos criminales venezolanos y grupos armados colombianos probablemente también genere un desplazamiento de locales al otro lado de la frontera con Colombia. La gente en el sur de Venezuela necesita asistencia humanitaria urgente, particularmente atención en salud, mientras las operaciones mineras arrasan la tierra que normalmente les permite subsistir.  

Venezuela: la región siente el impacto

Elections scheduled for 20 May are likely to aggravate the crisis in Venezuela, which has forced 1.5 million people to flee the country in the past year and a half. In this excerpt from the Watch List 2018 – First Update early-warning report, Crisis Group urges European policy makers to expand their vital humanitarian assistance to Venezuela and work closely with the Lima Group to encourage a negotiated solution to the crisis.

Este comentario es parte de nuestra Watch List 2018 – First Update.

Los esfuerzos internacionales para negociar una solución a la implosión de Venezuela a la fecha no han dado frutos. La crisis está sobrepasando las fronteras venezolanas: más de 1,5 millones de venezolanos han dejado el país en el último año y medio. El gobierno del presidente Nicolás Maduro no está en condiciones o no tiene la voluntad de revertir el colapso económico y social provocado por sus políticas erradas. Frustró la última ronda de negociaciones con los representantes de la oposición al convocar a una elección presidencial anticipada, incluso cuando los negociadores estaban discutiendo reformas para ayudar a que las partes pudieran competir en igualdad de condiciones. Esas elecciones, ahora programadas para el 20 de mayo, posiblemente agravará la crisis en vez de mejorarla, como lo afirmó la declaración de la UE sobre la situación en Venezuela hecha en abril. La mayoría de los líderes de la oposición llaman a un boicot, argumentando que la reelección de Maduro está predefinida. Los gobiernos latinoamericanos del Grupo de Lima, al igual que los de Estados Unidos, Canadá y España, han declarado que no reconocerán los resultados si la elección se lleva a cabo como está planeada. El Parlamento Europeo apoyó la misma postura en una resolución adoptada a principios de mayo.

La UE, EE.UU. y otros gobiernos occidentales han impuesto sanciones específicas a docenas de oficiales del gobierno, incluido el presidente y el vicepresidente. Los EE.UU. han prohibido además los préstamos a Venezuela y está considerando alguna forma de embargo petrolero. La solución a la crisis solo puede darse a través de una transición negociada, lo que requerirá de nuevos diálogos entre el gobierno y la oposición, y presiones adicionales contra el gobierno. Idealmente, los miembros del Grupo de Lima amenazarían con imponer sus propias sanciones contra líderes del gobierno – prácticamente no existen sanciones de este tipo por parte de gobiernos latinoamericanos -  para ayudar a presionar a que el gobierno vuelva a la mesa de diálogo. Para contribuir a esta estrategia, la UE y sus Estados miembros deberían:

  • Acordar con los gobiernos del Grupo de Lima pasos claramente definidos que el gobierno debe realizar para que se levanten las sanciones de los países occidentales y evitar las de las naciones latinoamericanas.
     
  • Prevenir el embargo petrolero impulsado por EE.UU. y solicitado por algunos opositores de línea dura, el cual empeoraría la emergencia humanitaria.
     
  • Incentivar a China, durante encuentros con funcionarios de ese país, a que aliente a Maduro a aceptar las negociaciones.

Al mismo tiempo, se deben continuar los esfuerzos para contener la crisis humanitaria. Con este fin, la UE y sus Estados miembros deberían:  

  • Fortalecer su apoyo a migrantes y refugiados a lo largo de la frontera venezolana.
     
  • Seguir buscando oportunidades para entregar ayudas dentro del país.

En especial para estos últimos esfuerzos, la UE deberá mantener una estricta separación entre la provisión de ayuda humanitaria y las demandas políticas al gobierno.

Emergencia Humanitaria

Venezuela se está hundiendo cada vez más en una profunda crisis económica y social. La inflación anual podría sobrepasar el 300.000 por ciento al final del año. A pesar del plan del gobierno de eliminar tres ceros de la moneda venezolana, es casi imposible obtener efectivo. Esto golpea especialmente duro a los más pobres, la mayoría de los cuales no cuentan con otro medio de pago. Más de ocho millones de venezolanos no pueden costear tres comidas al día. La proteína ha desaparecido de la dieta de la mayoría. Hay escasez de medicamentos esenciales: de algunos de estos medicamentos solo hay disponible un 20 por ciento de la cantidad demandada, mientras que otros están completamente agotados. Muchos de los que sufren enfermedades crónicas como cáncer, VIH/SIDA o hemofilia están muriendo por falta de tratamiento.

La mayoría de los hospitales públicos no pueden garantizar disponibilidad de agua potable o que los ascensores funcionen, y mucho menos equipos de rayos X. Los pacientes están obligados a proveer sus propios implementos médicos o quirúrgicos. Muchas operaciones son canceladas porque los bancos de sangre no cuentan con los reactivos necesarios para garantizar que las transfusiones son seguras. Enfermedades previamente controladas como el sarampión y la difteria están regresando. Algunas partes del país están a puertas de una epidemia de malaria. Aun así el gobierno de Venezuela niega que exista una emergencia humanitaria, caracterizando cualquier cobertura mediática de la crisis como desinformación que busca socavar su poder. Además rechaza gran parte de la ayuda humanitaria ofrecida, argumentando que estos esfuerzos son parte de un complot para derrocarlo.

Más de 1,5 millones de personas han dejado el país en los últimos dieciocho meses, y un número similar puede salir en el transcurso de este año. El éxodo ha sobrecargado los servicios públicos de los países vecinos, y los gobiernos de países tan lejanos como Chile han tenido que adecuar sus regulaciones migratorias a este contexto. Se han establecido albergues temporales y comedores comunitarios para los venezolanos en las ciudades fronterizas colombianas y brasileras. Las agencias de la ONU y la UE han empezado a brindar ayuda internacional en estos lugares.

Estancamiento político

Una elección presidencial está programada para el 20 de mayo, pero tiene pocas probabilidades de ofrecer una salida la crisis. En febrero, el gobierno adelantó en más de seis meses la votación, saboteando así las conversaciones facilitadas internacionalmente con la oposición sobre las reformas electorales que estaban en marcha en ese momento. La mayoría de los partidos de oposición están boicoteando las elecciones, pero más allá de eso no ofrecen una estrategia coherente para presionar al gobierno.

Una elección presidencial está programada para el 20 de mayo, pero tiene pocas probabilidades de ofrecer una salida la crisis.

El ex gobernador estatal Henri Falcón del partido Avanzada Progresista, con el apoyo de dos partidos menores, está disputando la presidencia. Para hacerlo, cortó relaciones con la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), que incluye a la mayoría de los partidos de oposición más moderados, que han estado negociando con el gobierno y ahora planean boicotear las elecciones. El ala dura de la oposición, ahora representada por el movimiento Soy Venezuela, está llamando a una “intervención humanitaria” – en otras palabras, que EE.UU. intervenga militarmente– y que el presidente Maduro sea acusado y juzgado por crímenes de lesa humanidad.

El 17 de abril, el parlamento, en el que los políticos de la oposición, principalmente de los partidos de la MUD, tienen la mayoría, votó ampliamente para aprobar el juicio a Maduro por corrupción por una “Corte Suprema en el exilio” ad hoc - compuesta por jueces designados para la Corte Suprema por el parlamento y luego obligados a exiliarse. Pero esta iniciativa tendrá poco efecto práctico. El parlamento se ha vuelto en gran medida impotente, sobre todo después de que fuera elegida el año pasado una nueva Asamblea Constituyente, dominada por el partido gobernante, en una votación que la oposición también rechazó.

Las encuestas indican que la mayoría de los votantes opositores se abstendrán el 20 de mayo, dando a Maduro una clara victoria pese a que su popularidad es inferior al 30 por ciento. Incluso si Falcón fuese a ganar, el control que tiene el gobierno de la autoridad electoral, la Corte Suprema – la cual tiene la palabra final sobre disputas electorales -  y las fuerzas de seguridad significa que tendría el poder para impedir su victoria. La ausencia de organizaciones internacionales de observadores electorales confiables, que rechazaron enviar monitores dadas las condiciones en las que está desarrollando la elección, también da libertad a Maduro.

Docenas de oficiales militares, incluidos comandantes de unidades clave como el batallón Ayala en Caracas, han sido detenidos por supuestamente conspirar contra el gobierno. Sus detenciones dan crédito a los informes generalizados de malestar en los cuarteles. Con la excepción de una minoría de altos líderes militares, acusados de beneficiarse de la corrupción y otras actividades delictivas, los miembros de las fuerzas armadas sufren el mismo deterioro en el nivel de vida que otros venezolanos. Los comedores militares a menudo ofrecen poco o nada para comer. Dicho esto, un intento de golpe, aunque imposible de descartar, sería difícil de lograr: las fuerzas armadas están fracturadas y penetradas por la contrainteligencia.

Reacción internacional

El aislamiento internacional de Venezuela se ha intensificado profundamente durante el último año, con gobiernos latinoamericanos dando la espalda a Maduro, especialmente luego del fracaso de las negociaciones en febrero. Nuevas sanciones son posibles, a menos que el presidente posponga las elecciones y tome acciones para garantizar la igualdad de condiciones para las partes en disputa. Dicho esto, no es claro como los gobiernos latinoamericanos pretenden materializar la amenaza de “no reconocer los resultados”. Muchos gobiernos ya han retirado a sus embajadores de Caracas. Pero cortar completamente las relaciones diplomáticas puede reforzar la sensación del gobierno de estar bajo asedio, y ser contraproducente.

El Grupo de Lima emitió una nueva declaración a mediados de abril en la Cumbre de las Américas, a la que Perú, el anfitrión de la cumbre, prohibió a Venezuela asistir. Esa declaración pedía elecciones libres y justas y la restauración de la democracia. El grupo también enfatizó la necesidad de asistencia humanitaria, tanto en Venezuela como en los países vecinos que acogen a los venezolanos que han salido del país. Mientras tanto, Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido, junto con varios gobiernos latinoamericanos, Canadá, Japón y Estados Unidos, respaldaron una iniciativa conjunta para localizar y confiscar los activos de funcionarios venezolanos, que se sospecha han sido adquiridos a través de la corrupción.

Recomendaciones para la Unión Europea y sus Estados miembros

La crisis de Venezuela es ahora no solo una grave amenaza para su propia población, sino también para la región en general. Una solución duradera requiere una transición negociada, al igual que una reforma económica exhaustiva, que solo podrá llevar a cabo un gobierno que cuente con el apoyo político y financiero internacional. El punto de partida debe ser el regreso a las negociaciones entre el gobierno y los líderes de la oposición.

La crisis de Venezuela es ahora no solo una grave amenaza para su propia población, sino también para la región en general.

Hasta el momento, la amenaza del colapso económico no ha persuadido al grupo cercano a Maduro a participar en estos diálogos, los que en esencia estarían dirigidos a negociar el fin del gobierno de un único partido y la restauración de la democracia. Los máximos oficiales perciben los costos de una potencial salida de poder como extremadamente altos y temen ser procesados por corrupción, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos si llegan a perder sus cargos. Por su parte, la oposición está dividida en tres facciones, cada una de las cuales adopta tácticas para contradecir a las otras dos. Los llamados para una intervención militar por parte de la facción de línea dura Soy Venezuela son especialmente contraproducentes ya que alimentan las acusaciones del gobierno que dicen que la ayuda humanitaria es un complot extranjero.

Sin una solución política a la vista, la UE y sus Estados miembros deben continuar y expandir la asistencia humanitaria crítica en las líneas descritas por el comisionado europeo para la ayuda humanitaria y gestión de crisis luego de su visita a la frontera colombo-venezolana en marzo. Sus esfuerzos deben incluir el apoyo a los países vecinos para hacer frente a la carga en los servicios de bienestar debido al flujo sin precedentes de migrantes y refugiados. La UE debe seguir prestando asistencia a los afectados y buscar formas adicionales de entregar ayuda a la población, lo cual requiere sortear la negativa del gobierno a reconocer la crisis, separando claramente las demandas políticas al gobierno de las humanitarias mientras fortalece a los grupos de la sociedad civil venezolana y las organizaciones no gubernamentales extranjeras capaces de entregar alimentos y asistencia médica a las poblaciones vulnerables. La UE y sus miembros también deben usar su influencia en los organismos multilaterales, incluida la ONU, para garantizar que esos organismos hagan todo lo posible para aliviar el sufrimiento, lo que incluye garantizar una financiación adecuada y proporcionar información precisa sobre las condiciones humanitarias en Venezuela.

La UE y sus Estados miembros deben continuar y expandir la asistencia humanitaria crítica [en Venezuela].

Para incentivar una solución negociada a la crisis, la UE y sus Estados miembros deberían trabajar estrechamente con el Grupo de Lima, los EE.UU. y otros gobiernos interesados ​​para presentar un frente unido. Todos deben coordinar sus políticas de sanciones y las iniciativas diplomáticas diseñadas para facilitar las negociaciones. Esto significa acordar un conjunto de medidas que el gobierno debería tomar para que se levanten las sanciones de los gobiernos occidentales que ya existen y evitar nuevas, incluidas las de los gobiernos latinoamericanos. La UE y sus Estados miembros, sin embargo, deberían oponerse a sanciones económicas de amplio alcance, incluido un embargo petrolero. Si las elecciones se llevan a cabo el 20 de mayo, los Estados miembros de la UE podrían aprovechar la oportunidad presentada por la reunión de los 28 ministros de asuntos exteriores programada poco después para coordinar su respuesta.

Una lista clara de demandas ayudaría a que las sanciones contra individuos, como aquellas impuestas por la EU contra siete altos oficiales en enero, sean gradualmente levantadas si el gobierno avanza en la dirección correcta. La UE debería continuar utilizando los canales existentes con la oposición para incentivarles a unirse alrededor de una estrategia creíble.  

China, que hasta el momento ha jugado un papel importante apoyando al gobierno de Maduro pero muestra algunas señales de cansancio de su mala gestión económica, podría contribuir a una solución. La UE, junto con los gobiernos occidentales y latinoamericanos, debería aconsejar a los funcionarios chinos sobre la importancia de convencer a Maduro para que acepte las negociaciones y, de ese modo, promover una Venezuela estable y próspera. China también debe participar en la planeación de un gran paquete de rescate económico y financiero en caso que se presente un acuerdo de transición.