Histórica cumbre sobre el Amazonas debe abordar tanto el crimen como el clima

¿Por qué se reúnen los presidentes de los países amazónicos?

Los líderes de los países con territorios en la cuenca del Amazonas, (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) se reunirán en la ciudad brasilera de Belém, para debatir sobre formas de garantizar una mejor protección de la selva.

Las históricas olas de calor alrededor del mundo sirven de telón de fondo para el encuentro, lo que ha puesto de relieve el imperativo de hacer frente al cambio climático. Preservar el Amazonas, la selva tropical más grande del mundo, es una parte necesaria en ese esfuerzo. La tala y los incendios forestales provocados por personas incrementan la deforestación del lugar que es reconocido como el “pulmón” del planeta. De hecho, se han cortado o quemado tantos árboles que el dióxido de carbono que ahora emite el Amazonas a veces excede la capacidad de la selva de absorberlo. El Amazonas, por mucho tiempo crucial en la lucha contra el cambio climático, puede volverse una fuente de gases de efecto invernadero.

Los desafíos que enfrentan los ocho gobiernos que se reunirán para detener, o al menos aminorar, la destrucción de la selva son enormes. Los grupos criminales que se están expandiendo a lo largo del Amazonas extraen recursos naturales y agravan el daño ambiental. La violencia que viene con sus actividades ilícitas amenaza el bienestar de muchos de los casi 40 millones de personas que viven en la región. A medida que se intensifique, el cambio climático podría agravar estas amenazas y generar graves riesgos meteorológicos, lo que puede empeorar la inseguridad alimentaria, la falta de agua y la competencia por los recursos; problemas que a su vez podrín desplazar a la mayoría de la población local y exacerbar los conflictos violentos.     

Los ocho líderes se reunirán bajo el auspicio del organismo multilateral Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que busca “la promoción del desarrollo armónico de la Amazonía”. La organización, creada en 1978, se atrofió a finales de la década de 2010. Parte del problema fue que algunos Estados no estaban comprometidos con la conservación: por ejemplo, a lo largo del mandato del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, hubo una masiva destrucción de la selva tropical. Por otro lado, las fricciones políticas entre los Estados miembros restaron efectividad a la organización. El presidente venezolano Nicolás Maduro, cuya reelección en 2018 fue ampliamente criticada por estar amañada, fue excluido del encuentro de la OTCA en Leticia, Colombia en 2019. Sin embargo, la elección del presidente Gustavo Petro en Colombia y la reelección del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil el año pasado, han reanimado a la organización. Ellos lideran a los dos países amazónicos con las economías más robustas y las mayores poblaciones; Petro y Lula también han reestablecidos las relaciones diplomáticas de sus respectivos países con el gobierno de Maduro. Ambos se identifican como progresistas y defienden enérgicos programas de conservación que han buscado implementar desde el inicio de sus mandatos.

¿Por qué la seguridad debería ser una prioridad en la agenda de la cumbre amazónica?

El Amazonas ha enfrentado un aumento de violencia sin precedentes en los últimos cinco años. Durante la pandemia de COVID-19, los gobiernos sudamericanos se vieron desbordados tratando de hacer frente a la emergencia sanitaria y, como resultado, tuvieron que limitar sus operaciones en el Amazonas. Por su parte, los grupos criminales aprovecharon esta oportunidad; en la región abunda la minería ilegal de oro y la ganadería. Estas actividades no sólo están intrínsecamente ligadas a la destrucción de la selva, sino que también han desencadenado ataques a las poblaciones locales y han puesto a los funcionarios estatales en riesgo. En una reunión preparatoria en Leticia en julio, a la que asistieron Petro, Lula, ministros de medio ambiente, delegaciones de la sociedad civil, grupos indígenas y líderes empresariales, el tema de seguridad surgió repetidamente. Las demandas por salvaguardar a los pueblos indígenas y otras comunidades locales fueron particularmente fuertes.

Los funcionarios estales presentes en la reunión de Leticia describieron en detalle los desafíos que enfrentan. Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) —que rechazan el acuerdo de paz firmado por la organización en 2016 con el gobierno, y que en la actualidad se dedican más al comercio ilegal que a la insurgencia— han ampliado sus territorios en el Amazonas. Debido a las actividades de estas disidencias, los guardaparques colombianos tienen inconvenientes para entrar a las reservas naturales en las que trabajan. Entretanto, Ecuador y Perú se enfrentan a una ola de deforestación impulsada por los cultivos de coca y la minería ilegal. En la región peruana de Madre de Dios, en la región Amazónica cerca a Bolivia y Brasil, los mineros de oro ilegal han convertido grandes territorios en un paisaje lunar  y los delitos como el homicidios y la trata de personas se han generalizado. Infortunadamente, ambos países carecen de los recursos necesarios para organizar campañas de seguridad de amplio alcance para frenar el crimen organizado, y ninguno ha podido crear programas que ofrezcan a los residentes locales alternativas a sus empleos en las economías ilícitas.

Los grupos ilegales también controlan el Amazonas en otros países. En Venezuela, los grupos armados no estales controlan la mayoría de las tierras bajas del sur, atraídos por las minas de oro. En algunas zonas, estos grupos han suplantado al Estado: recaudan extorsiones como impuestos, imponen una justicia rudimentaria y restringen el desplazamiento de los civiles. En Brasil, los grupos que representan los intereses de los ganaderos y de la agricultura a gran escala han convencido a congresistas afines para que debiliten los ambiciosos planes de conservación y desarrollo sostenible de Lula en el Amazonas.

En la cuenca del Amazonas, la actividad criminal no respeta fronteras. “Hoy desafortunadamente viene un proceso de dominio de grupos armados, de crimen trasnacional que van ganando poder”, dijo la ministra de Ambiente Susana Muhamad en la reunión preparatoria en Leticia. “Amenazan los procesos de equidad, los ecosistemas y la misma constitución de los Estados nacionales”. Las políticas nacionales efectivas son cruciales, aunque son solo una respuesta parcial a las graves amenazas que enfrenta el Amazonas. La necesidad de cooperación entre los Estados es clara.

¿Cómo operan los grupos criminales en el Amazonas, y qué se puede hacer para detenerlos?

La incapacidad de las autoridades estatales de proteger el Amazonas ha contribuido al crecimiento de las economías ilícitas y las organizaciones criminales transfronterizas. Los dos sindicatos con la mayor huella en la región son los brasileros Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho, originarios de Sao Paulo y Río de Janeiro, que compiten violentamente por el control territorial. Ambos grupos criminales han creado alianzas con empresas legales y funcionarios estatales corruptos, lo que ha ampliado la impunidad, y con esto, el daño que infligen al medioambiente y a las comunidades. Las redes criminales transfronterizas han asumido el papel de autoridades de facto, imponiendo su voluntad sobre las poblaciones locales a través de amenazas y violencia. 

Un reciente estudio de la ONU sobre el negocio de la droga en el Amazonas describe “la convergencia de múltiples formas de criminalidad” en la región. Considerables ganancias del tráfico de drogas están siendo reinvertidas tanto en negocios legales como ilegales, como la minería de oro, ganadería y agricultura industrial, expandiendo la deforestación y otros daños ambientales. El informe además alerta sobre el incremento de la corrupción, los ataques a grupos indígenas y minoritarios, la trata de personas y la violencia sexual. La zona es cada vez más insegura. Leticia, ubicada en la frontera con Brasil y Perú, ostenta la desafortunada distinción de ser la segunda ciudad más violenta de Colombia, con una tasa de homicidios de 60 por 100 000 habitantes. En el enorme estado brasilero de Amazonas, la tasa de homicidios es de 42 por 100 000 habitantes, el doble del promedio nacional de 21.

El aumento de la criminalidad ha llevado a una mayor degradación ambiental, incluida la deforestación. Bolivia y Ecuador registraron tasas récord de deforestación en 2022, como resultado de la explotación forestal, la expansión de la agricultura y la exploración petrolera, mucho de lo cual se realiza ilegalmente. Bolivia, donde el cultivo de soya ha aumentado, ahora representa el 9 por ciento de la destrucción del bosque primero en el mundo. De los países de la OTCA, Guyana y Surinam son los que tiene la mayor superficie selvática, pero incluso ahí, los mineros artesanales y los traficantes de madera, a menudo respaldados por capital extranjero, han ampliado su huella medioambiental.

Estas tendencias pueden revertirse. Las tasas de deforestación cayeron en 2023 tanto en Brasil como en Colombia, luego de haber alcanzado niveles máximos en el último quinquenio. La caída en Brasil puede ser al menos parcialmente atribuida a que las agencias ambientales y de seguridad han redoblado sus esfuerzos. Por otro lado, en Colombia, la deforestación se disparó luego del acuerdo de paz de 2016 con las FARC, quienes durante años habían resguardado celosamente la selva, ya que era su lugar de escondite. Dejaron de hacerlo luego de su desmovilización y, al Estado no intervenir en la protección de las selvas, permitieron que una nuevas generaciones de grupos armados interviniera.

Ahora, los grupos disidentes de las FARC que nunca firmaron el acuerdo de paz del 2016, o que se rearmaron después, están utilizando su supuesta contribución a la protección ambiental como una forma de fortalecer su posición en las negociaciones con el gobierno Petro, en el marco de la iniciativa de “paz total”. Por ejemplo, el grupo Estado Mayor Central – FARC controla extensas zonas de la Amazonía colombiana y ha ordenado a los campesinos locales que paren de destruir la selva. “Ahí no ha habido una acción directa de las autoridades ni de gobierno”, dijo un líder social que vive en una de las zonas álgidas de deforestación en la Amazonía colombiana, al referirse a las restricciones a la tala impuestas desde el año pasado. “Lo que mayormente incidió fue la voluntad de los grupos alzados en armas […] para ordenar […] mediante un comunicado, donde le prohibía a la gente talar, so pena de una multa grande que podía llegar hasta 20 millones de pesos por hectárea”. Sabiendo que los temas ambientales son centrales en la agenda del Petro, los disidentes de la FARC esperan que esta carta de negociación les sea útil en la mesa. El efecto ha sido una nueva disminución de la deforestación.

En la cumbre en Belém, los Estados amazónicos deben aprovechar la oportunidad para apoyar una mayor cooperación en los lugares donde la criminalidad se ha desbordado, tales como la zona de la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. Deberían organizar operaciones conjuntas, promover el intercambio de información y alinear los marcos legales para combatir al crimen organizado y las violaciones ambientales. Aunque la cooperación entre naciones es fundamental para hacer frente a estos desafíos, los gobiernos no deben dudar en iniciar rápidamente acciones unilaterales concretas, asegurándose de incluir a todos las instituciones que cuenten con experiencia relevante. En Colombia, un buen ejemplo es la cada vez más eficiente colaboración entre el Ministerio de Ambiente y la Fiscalía para identificar y judicializar a quienes están detrás de la financiación a la deforestación.

¿Qué deben tratar de lograr los participantes de la cumbre y cómo pueden ayudar los actores externos?

El encuentro en Belém podría ser la plataforma que América Latina necesita para coordinar estrategias de protección del Amazonas y desarrollar alternativas económicas sostenibles a las empresas que explotan y destruyen el medioambiente. Sin embargo, para que sea un éxito, los cuerpos diplomáticos de estas naciones deben limar algunos puntos de discordia que existen entre los países sudamericanos participantes. Tomemos a Brasil y Colombia: fuentes internas temen que se obstaculice el progreso por la falta de química personal ente los dos presidentes; además, existen diferencias sustanciales entre los enfoques presidenciales. Durante la pre-cumbre en Leticia, la administración de Petro presionó para que haya una prohibición a la exploración petrolera en la región amazónica, a sabiendas de que Lula espera desarrollar un bloque petrolero offshore en el punto donde el río entra al Atlántico.   

También será importante garantizar que los países participantes no usen la cumbre como fachada o sólo por motivos ulteriores. Luego de años de aislamiento durante la campaña de “máxima presión” iniciada por el expresidente estadounidense Donald Trump, Venezuela tiene una representación cada vez mayor en reuniones multilaterales. Caracas ahora insiste en su compromiso de defender el Amazonas. El presidente Maduro, de hecho, asistió al COP27, la cumbre climática mundial de 2022 en Egipto, pero los críticos señalan que aprovechó esta oportunidad para hacer campaña para recuperar un estatus diplomático normal, más que para promover causas medioambientales. Los países socios en la cumbre deberían presionar a Maduro para que ponga fin a la bien documentada participación de las fuerzas estatales venezolanas en la minería ilegal, a menudo en colaboración con grupos armados no estatales. El gobierno de Maduro debe, por supuesto, cumplir todos los compromisos que sean alcanzados durante el evento.

Los gobiernos también deben adoptar políticas proactivas para abordar el creciente riesgo de desastres naturales provocados por el clima. Por ejemplo, debido a la sequía ocasionada por el fenómeno climatológico de El Niño, la práctica regular de roza y quema podría provocar grandes incendios en el Amazonas. A medida que los eventos de calor extremo ocurren con mayor frecuencia, los países deberían crear sistemas de alerta temprana, fondos de emergencia y estrategias actualizadas de gestión de desastres. Las respuestas interregionales deben diseñar esfuerzos coordinados para abordar zonas fronterizas periféricas y de difícil acceso, tales como la región amazónica oriental de Colombia y partes de Brasil fronterizas con Perú y Bolivia.

Sin embargo, América del sur no puede defender al Amazonas por sí sola. Es esencial un apoyo, principalmente financiero, del gobierno de los EE. UU. y los donantes europeos. Hay avances significativos en este sentido: luego de la visita de Lula a Washington en febrero, el presidente de EE. UU. Joe Biden prometió $500 millones de dólares para el Fondo Amazonía, un mecanismo para ayudar a prevenir, monitorizar y combatir la deforestación, creado en 2008. Noruega ya ha donado un total de $1.2 mil millones de dólares a esta iniciativa. El Fondo se destina principalmente a la conservación de la Amazonía brasilera, pero una pequeña parte del dinero va a proyectos en otros países con selva tropical. También son útiles los acuerdos bilaterales, como el que firmó Guyana con la Unión Europea para frenar la tala ilegal; éstos deberían incluir estrategias para abordar amenazas de seguridad específicas en cada país. Las potencias mundiales ya reconocen la importancia de frenar la destrucción de las selvas para mitigar el cambio climático. El apoyo internacional debería destacar la importancia del desarrollo local y de incorporar los conocimientos ancestrales de las poblaciones indígenas en materia de sostenibilidad y conservación de la selva, así como apoyar las economías verdes.