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တပ်မတော်ကိုပစ်မှတ်ထားခြင်း - မြန်မာ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုအလွန် အသစ် ထွက်ပေါ်လာသော လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး
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A Salvadoran man and his three-year old son walk beside a Honduran woman, almost nine-months pregnant, along the train tracks in Saltillo, Mexico, on 4 August 2014. REUTERS/Daniel Becerril

Presa fácil: violencia criminal y migración en Centroamérica

Las deportaciones masivas desde México y EE.UU. no han parado a los centroamericanos a escapar de la pobreza y la violencia. Construir más barreras para los migrantes y refugiados solo puede empeorar la crisis humanitaria y fortalecer las redes ilegales, empujando a muchos de estos desplazados a la criminalidad para sobrevivir.

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Resumen ejecutivo

Las deportaciones masivas de México y EE.UU. no han logrado contener la ola de centroamericanos que huyen de la pobreza endémica combinada con una violencia epidémica. El aumento en las medidas de control ha desviado a los migrantes indocumentados hacia rutas más costosas, tortuosas y peligrosas. Las bandas criminales y los funcionarios corruptos que las facilitan se benefician de una política que obliga a pagar sumas cada vez mayores a personas desesperadas para evitar la detención, extorsión o secuestro. El refuerzo de los controles fronterizos estimula involuntariamente el contrabando de personas, y fortalece a las bandas criminales que controlan cada vez más esa industria. Los gobiernos deben garantizar que quienes huyan de la violencia tengan la oportunidad de solicitar asilo mediante procedimientos justos y eficaces, y a la vez, lanzar una gran iniciativa regional para brindar seguridad y oportunidades económicas en los países de origen. Los líderes centroamericanos, en especial los del Triángulo Norte compuesto por El Salvador, Guatemala y Honduras, deben también abordar la inseguridad crónica de forma más eficaz, al tiempo que supervisan y asisten a los deportados, en especial los niños y adolescentes, para que cuenten con alternativas a emprender nuevamente la huida. 

La crisis humanitaria de 2014, durante la cual EE.UU. tuvo dificultades para lidiar con una ola de migrantes indocumentados, en especial de niños sin acompañar, nunca fue resuelta. Simplemente se empujó hacia el sur. En el año fiscal 2015, México repatrió a 166.000 centroamericanos, entre ellos a unos 30.000 niños y adolescentes, mientras que EE.UU. deportó a más de 75.000. Pero la capacidad del Gobierno mexicano de controlar el flujo de migrantes y refugiados está llegando a su límite. Para muchos México es su destino final, no solo el país que cruzan en tránsito hacia EE.UU. Las solicitudes de asilo han aumentado a más del doble, forzando al límite su capacidad de procesarlas de forma justa y eficaz. Si bien la tasa de solicitudes aceptadas ha aumentado en 2016, sigue siendo insuficiente para proteger a los hombres, mujeres y niños cuyas vidas y medios de vida se ven amenazados por los criminales que dominan muchas comunidades empobrecidas.

El refuerzo de los controles fronterizos estimula involuntariamente el contrabando de personas, y fortalece a las bandas criminales que controlan cada vez más esa industria.

Los migrantes, tanto de México como del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), llevan mucho tiempo huyendo de la pobreza en busca de una vida mejor en el extranjero, enviando a sus hogares remesas que constituyen una importante fuente de divisas y una ayuda esencial para las economías de sus países de origen. Sin embargo, México y EE.UU. responden a lo que hoy es en gran medida una crisis de refugiados provocada por la violencia como si aún se tratara de un problema de migración económica exclusivamente. Muchas de las personas que actualmente son víctimas de la privación económica y la exclusión social también se enfrentan a la persecución a manos de grupos del crimen organizado, desde pandillas barriales a narcotraficantes transnacionales. El desplazamiento forzado es cada vez más generalizado a medida que la violencia alcanza niveles propios de una guerra civil. Unas 150.000 personas han sido asesinadas en el TNCA desde 2006, una media de más de 50 homicidios por cada 100.000 personas, más del triple de la tasa de México (donde los homicidios se han disparado desde 2007), y más de diez veces mayor que el promedio en EE.UU.

En 2015, El Salvador se convirtió en el país más violento del hemisferio occidental, con una impresionante tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que Honduras registró 57 por cada 100.000 y Guatemala 30 por cada 100.000. Los jóvenes son los más vulnerables a la violencia, siendo tanto perpetradores como víctimas. El porcentaje de víctimas de homicidio en menores de veinte años en El Salvador y Guatemala es mayor que en ningún otro lugar del mundo. No es de extrañar que 35.000 niños y adolescentes migrantes fueran detenidos en México en 2015, nueve veces más que en 2011.

Quienes huyen de la violencia en sus países de origen son revictimizados durante la huida. Son víctimas ideales: muchos tienen familiares a quienes se puede extorsionar para que paguen rescates; al no tener estatus legal, son menos propensos que la población local a denunciar crímenes graves como el asalto, la extorsión o el secuestro. También son vulnerables al tráfico: el motor principal de la industria del sexo a lo largo de la frontera entre México y Guatemala es el suministro de migrantes, en especial adolescentes, a quienes, en algunos casos, los traficantes prácticamente mantienen en régimen de servidumbre por deudas. Un estudio reciente estima que por cada caso denunciado hay 30 víctimas ocultas, y calcula que, tan solo en Guatemala, el número de víctimas de la explotación sexual asciende a casi 50.000.

Guatemala ha actuado contra el tráfico de personas entre otras cosas, mediante la creación de una unidad fiscal especializada que, no obstante, carece de recursos y personal suficientes para ser eficaz más allá de la capital. México cuenta con unidades especializadas para investigar los crímenes contra migrantes, incluida una nueva en la Procuraduría General de la República (PGR), pero de nuevo, la falta de información y recursos menoscaba los esfuerzos. Los fiscales deberían trabajar con los albergues para migrantes y otras ONG para alentar a las víctimas del crimen violento y el abuso oficial a denunciar estos hechos, ofreciéndoles garantías de protección humanitaria y ayuda financiera.

La región ya cuenta con marcos legales relativamente robustos para proteger a los refugiados: los países de América del Norte y Centroamérica han firmado o bien la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, o su protocolo de 1967, y tienen sistemas para procesar las solicitudes de asilo. México ha encabezado los esfuerzos internacionales para proteger a los refugiados: sus diplomáticos promocionaron la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, la cual amplía la definición a quienes huyen de la “violencia generalizada”. Sin embargo, para ofrecer protección efectiva se debe ampliar la capacidad de procesar las solicitudes de asilo de manera rápida y eficaz. Los países deberían además abstenerse siempre que sea posible de mantener detenidos a los solicitantes de asilo, ya que esto puede disuadir de buscar ayuda a quienes más la necesitan, como familias y niños no acompañados.

México no puede hacerse cargo por sí solo del problema de los refugiados; es fundamental que sea una responsabilidad verdaderamente compartida a nivel regional. Guatemala además debe proporcionar mejor seguridad y albergue a las personas en tránsito y combatir la trata de personas. EE.UU. debería redoblar su apoyo legal, económico, médico y psicosocial a las agencias internacionales, instituciones gubernamentales y ONG locales que trabajan con refugiados. A pesar de la hostilidad abierta de algunos sectores políticos a la inmigración procedente de Centroamérica y México, debería explorar la posibilidad de traer más refugiados, especialmente niños, directamente a EE.UU. para evitarles un viaje peligroso, y considerar frenar temporalmente las deportaciones de jóvenes en riesgo de convertirse en víctimas o miembros de pandillas. Levantar más barreras y empujar a los migrantes y refugiados hacia una clandestinidad aún mayor ha intensificado la crisis humanitaria,  fortaleciendo las redes ilegales que han convertido gran parte de Centroamérica en un campo de batalla criminal. 

Recomendaciones

Para proteger las vidas y los derechos de los migrantes centroamericanos

Al gobierno de México:

  1. Reconocer que los migrantes, en especial los niños y las familias, no deben ser retornados a las comunidades centroamericanas donde sus vidas y libertades podrían correr peligro; así pues, ampliar la capacidad de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para evaluar las solicitudes de asilo, en base a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Declaración de Cartagena de 1984, y conforme a las leyes mexicanas.
     
  2. Trabajar con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) implementando protocolos que permitan a los agentes de migración y otros funcionarios del Gobierno identificar a aquellos que necesiten protección, en especial en las zonas fronterizas y los centros de detención de migrantes.
     
  3. Proporcionar alternativas a la detención, en consulta con la sociedad civil y líderes comunitarios, para que las familias que soliciten el estatuto de refugiado puedan permanecer juntas y los grupos vulnerables – como los menores no acompañados, las mujeres y los colectivos de lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales (LGBTI) – reciban ayuda y protección adecuada.
     
  4. Ofrecer el estatus de “Visitante por Razones Humanitarias”, comúnmente conocido como visas humanitarias, a los solicitantes de asilo, permitiéndoles acceder a empleo formal y desplazarse libremente por el país.
     
  5. Poner fin a la impunidad de los criminales y los funcionarios corruptos que victimizan a los migrantes mediante las siguientes medidas:
     
    1. trabajar con agencias humanitarias, albergues y otras ONG para proteger a los migrantes que hayan sido víctimas o testigos de crímenes violentos, abusos o corrupción, alentándolos a denunciar los crímenes y actuar como testigos, e informándoles de su derecho a solicitar un permiso condicional humanitario y protección;
       
    2. ampliar las unidades fiscales especializadas estatales y federales para que investiguen los crímenes contra migrantes, y trabajar con los albergues y grupos de derechos humanos para identificar a las víctimas de crímenes violentos o abusos; dichas unidades deberían además trabajar estrechamente con las fiscalías estatales especializadas en migrantes y la unidad federal de lucha contra el crimen organizado, priorizando y supervisando la investigación de la corrupción oficial y los crímenes violentos, tales como el secuestro.

A los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador:

  1. Proporcionar apoyo y seguimiento adecuados a los migrantes deportados, en especial los niños, incluidas medidas de seguridad y mejores procesos de evaluación para identificar y continuar brindando ayuda a aquellos que necesiten oportunidades, especialmente de educación y trabajo.
     
  2. Trabajar con ACNUR para establecer centros nacionales en México y otros países de tránsito y destino, donde aquellos que huyan de la violencia puedan solicitar que se reconozca su condición de refugiados y ser evaluados para su asentamiento en terceros países.
     
  3. Ampliar la capacidad de los fiscales en Guatemala de investigar el tráfico de personas con fines de explotación sexual, especialmente en zonas fronterizas; y trabajar con los albergues y grupos de derechos humanos para alentar a las víctimas centroamericanas de las redes de tráfico de personas a denunciar los abusos.
     
  4. Proteger a las víctimas del tráfico de personas de la deportación involuntaria, brindando ayuda para el reasentamiento y consejería cuando sea necesario; reunificar a niños y adolescentes con sus familias si es posible, o refereirlos a instituciones especializadas capaces de brindarles la atención médica y psico-social requerida.

Al gobierno de los Estados Unidos:

  1. Reforzar y ampliar el procesamiento dentro del país de las solicitudes de refugio o permiso condicional humanitario de centroamericanos con necesidades de protección, en particular los menores; explorar la posibilidad de acelerar el proceso de asilo; y brindar albergue adecuado a quienes estén aguardando una decisió.
     
  2. Trabajar con ACNUR para establecer centros de procesamiento en México y Centroamérica, de modo que las personas que hayan sido desplazadas por la fuerza puedan solicitar el reconocimiento de su condición de refugiado en EE.UU. desde la seguridad de los países vecinos.
     
  3. Brindar ayuda financiera y capacitación a la COMAR, especialmente para ampliar las oficinas regionales; y establecer unidades móviles a lo largo de la frontera y las rutas migratorias.
     
  4. Asistir a las autoridades y ONG mexicanas con programas para ayudar a integrar a los refugiados, incluidas iniciativas para ayudarles a encontrar atención médica, capacitación, empleo y, si fuera necesario, apoyo psicosocial.
     
  5. Abordar los factores que llevan a los centroamericanos a abandonar el Triángulo Norte mediante la extensión de la Alianza para la Prosperidad por cinco años, y su ampliación con programas dirigidos a abordar la prevención de la violencia en las comunidades, la reforma institucional y la pobreza.
     
  6. Ayudar a los gobiernos regionales a replicar programas comunitarios de prevención de la violencia que hayan sido eficaces, formar alianzas con el sector privado para crear empleo y llevar a cabo reformas en el sector policial y judicial como las que ejemplifica la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
     
  7. Frenar la deportación de jóvenes indocumentados ofreciendo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) hasta que sus países de origen tengan programas de educación y capacitación laboral eficaces; y proporcionar recursos para tal fin para evitar enviarlos de vuelta a barrios violentos en los que corren el riesgo de ser reclutados a la fuerza por las pandillas

Ciudad de México/Ciudad de Guatemala/ Bogotá/Bruselas, 28 de julio de 2016

En el año fiscal de 2015, México devolvió 166.000 centroamericanos, incluyendo 30.000 niños y adolescentes, mientras que EE.UU. deportó en total más de 75.000. PIXABAY/tmeier1964

I. Introducción

Uno de los corredores migratorios más transitados del mundo se extiende desde Centroamérica, a través de México, hasta EE.UU. Unos doce millones de mexicanos viven fuera del país – la mayor diáspora del mundo después de India – además de 1,5 millones de migrantes de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA): Guatemala, Honduras y El Salvador.[fn]“International Migration Report 2015”, Departamento de Asuntos Económcos y Sociales, Naciones Unidas, 2016, p. 18.Hide Footnote Muchos de estos expatriados residen en EE.UU. y envían a sus países remesas que constituyen gran parte de las divisas de la región. Mientras que la migración desde México ha disminuido en los últimos años (con más migrantes retornando que saliendo), la migración desde Centroamérica a México se ha disparado. Muchos están en tránsito, hacia EE.UU. con la promesa de la reunificación familiar y la esperanza de encontrar empleos mejor pagados. No obstante, cada vez más migrantes dicen que huyen de la ola de violencia criminal que ha convertido gran parte de la franja norte de Centroamérica en una zona virtualmente en guerra en la que los traficantes compiten por el control de las rutas del narcotráfico y las pandillas luchan por dominar el mercado de drogas al por menor y el negocio de la extorsión.

A lo largo de la última década, unas 150.000 personas han sido asesinadas en el TNCA, convirtiendo a la región en una de las más violentas del mundo. En 2015, El Salvador registró la tasa de homicidios más elevada: 103 por cada 100.000 habitantes.[fn]Cálculo de Crisis Group del total de homicidios desde 2006 basado en datos de “Crime and Criminal Justice, Homicides counts and rates (2000-2014)”, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); y David Gagne, “InSight Crime’s 2015 Latin America Homicide Round-up”, InSight Crime (www.insightcrime.org), 14 de enero de 2016.Hide Footnote Tras el comienzo del colapso de la tregua entre las principales maras en 2013, los números se dispararon, duplicándose en dos años, aunque la violencia ha disminuido en 2016.[fn]El gobierno de El Salvador ha respondido con políticas de mano dura, enviando a las calles tropas acusadas de ejecuciones extrajudiciales. Véase Jude Webber, “El Salvador declares bloody war on gangs”, Financial Times, 23 de mayo de 2016. Sobre la disminución de los homicidios en 2016, véase E. Eduardo Castillo y Marcos Alemán, “El Salvador, deadliest nation in 2015, sees lull in violence”, 3 de julio 2016. El gobierno atribuye el descenso del crimen a su ofensiva contra el crimen liderada por los militares. Las principales maras, no obstante, dicen que ordenaron a sus miembros que se abstuvieran de cometer actos de violencia tras firmar un pacto de no agresión en marzo.Hide Footnote Honduras se enfrenta a una combinación de pandillas callejeras en las zonas urbanas y narcotraficantes a lo largo de la costa atlántica y la frontera norte, que transportan cocaína proveniente de Sudamérica de camino a EE.UU. Si bien la tasa de homicidios ha disminuido a lo largo de los últimos dos años, sigue estando entre las más elevadas del mundo, con 57 por cada 100.000 habitantes. Los jóvenes son los más vulnerables a la violencia. El Salvador y Guatemala, según un estudio de 2014, tienen las tasas de homicidios entre niños y adolescentes más altas del mundo.[fn]“Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children”, UNICEF, septiembre de 2014, p. 37. Este estudio clasifica a los países según el número de víctimas de homicidio entre los niños y adolescentes de cero a diecinueve por cada 100.000 habitantes en 2012.Hide Footnote

Guatemala ha logrado avances sostenidos, con una tasa que ha disminuido en un tercio desde 2009. Aun así, tiene 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. En promedio, los tres países sufren más de 50 homicidios por cada 100.000, más del triple de la tasa de México (donde los homicidios se han disparado desde 2007) y más de diez veces el promedio de EE.UU.[fn]“Crime and Criminal Justice,”, op. cit.; Gagne, “InSight Crime’s 2015 Latin America Homicide Round-up”, op. cit. La tasa de homicidios de EE.UU. en 2014 fue de 4,5 por cada 100.000 habitantes, según los Uniform Crime Reports, publicados por el FBI.Hide Footnote La violencia se suma a la pobreza generalizada: más de la mitad de la población en Guatemala (el 62 por ciento), Honduras (el 59 por ciento) y alrededor de un tercio (el 31 por ciento) en El Salvador viven con menos de $4 al día.[fn]Datos del Banco Mundial sobre Honduras y El Salvador para 2013, y para 2011 sobre Guatemala. “Working to End Poverty in Latin America and the Caribbean”, Banco Mundial, junio de 2015, p. 45.Hide Footnote 

Este informe examina una de las consecuencias humanas más trágicas de los fracasos sociales, institucionales y económicos del TNCA: la migración masiva de ciudadanos que no solo se van en busca de una vida mejor, sino en muchos casos para salvar sus propias vidas. Se basa en docenas de entrevistas con funcionarios y expertos en México y Guatemala, entre ellos cooperantes, activistas y funcionarios locales a lo largo de la frontera común. También cuenta con testimonios de los propios migrantes sobre los peligros en sus países de origen y en sus viajes. La primera sección explora las condiciones a lo largo de una frontera históricamente porosa, las dimensiones estimadas del flujo de migrantes irregulares y refugiados y los factores de empuje/atracción detrás de la migración centroamericana, incluidas las formas en las que el crimen organizado genera desplazamiento forzado. Luego examina cómo los grupos criminales, incluidas las redes de tráfico de personas, explotan a los migrantes y refugiados que atraviesan Guatemala y México. Las secciones finales analizan la respuesta regional a la crisis humanitaria, ya sea mediante sistemas de asilo inadecuados o insuficiente protección para los migrantes deportados.[fn]En este informe se procura emplear los términos adecuados para referirse a las personas en tránsito desde Centroamérica. “Migrantes” se refiere a todas aquellas personas que viajan hacia el norte en busca de nuevos lugares para vivir y trabajar, con o sin documentos de viaje válidos, mientras que “refugiados” son aquellas personas quienes se considera que necesitan protección internacional tras haber sido desplazadas a la fuerza de sus hogares. Los refugiados tienen derecho a solicitar asilo en los países anfitriones que hayan ratificado las convenciones internacionales pertinentes.Hide Footnote

II. La frontera abierta

Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 km que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe, atravesando algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras o empleo formal. Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de dos estrechos ríos, el Suchiate al sudoeste y el Usumacinta más al norte. Los 193 km restantes siguen el curso del Río Hondo, que divide a México de Belice.[fn]“Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste, 2014-2018”, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) de México, p. 38; Adam Isacson, Maureen Meyer, Gabriela Montes, “Mexico’s Other Border: Security, Migration and the Humanitarian Crisis at the Line with Central America”, Washington Office on Latin America (WOLA), 17 de junio de 2014, pp. 6-7.Hide Footnote México tiene cuatro estados a lo largo de su frontera sur, de los cuales Chiapas es el más grande y el más pobre del país: aproximadamente la mitad de su población sobrevive con ingresos diarios de menos de $2,60.[fn]Véase “Pobreza 2014: Chiapas”, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2014. Según los indicadores de CONEVAL, más de tres cuartas partes de los chiapanecos son pobres, y alrededor de un tercio extremadamente pobres. Alrededor de la mitad tienen ingresos por debajo del valor de la canasta básica, estimado en abril de 2016 en unos $2,60 por día en zonas urbanas y $1,90 por día en zonas rurales.Hide Footnote Los departamentos del lado de Guatemala (San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Petén) también son predominantemente pobres, con elevadas tasas de extrema pobreza y desnutrición.[fn]Alta Verapaz es el departamento con la tasa de extrema pobreza más elevada del país, según los estudios más recientes sobre ingresos familiares. “República de Guatemala: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014”, Instituto Nacional de Estadística (INE), 2015.Hide Footnote En ambos países, la pobreza es más prevalente en las zonas rurales indígenas. La región fronteriza es principalmente maya, y los residentes de ambos lados comparten idiomas indígenas, en especial el Mam.

A. Documentar a los indocumentados

Hasta 400.000 migrantes irregulares cruzan desde Centroamérica al sur de México cada año.[fn]“Hechos y Cifras, 2014”, Organización Internacional para las Migraciones (OIM).Hide Footnote Es difícil determinar las cifras exactas. Una red de albergues, en su mayoría financiados por entidades religiosas y otras organizaciones de la sociedad civil que operan a lo largo de las rutas de los migrantes, proporcionan algunos datos mensuales, pero solo un porcentaje de aquellos que viajan hacia el norte se hospedan en albergues. Otra fuente son las cifras mensuales proporcionadas por el Instituto Nacional de Migración (INM) de México, que registra a todos los detenidos y deportados. En teoría, las deportaciones masivas de México y EE.UU. – junto con campañas de información en Centroamérica destinadas a disuadir a potenciales migrantes de emprender el costoso y peligroso viaje hacia el norte – deberían estar reduciendo el número de personas que ingresan a México.[fn]Sobre la campaña de información de EE.UU, véase “CBP Addresses Humanitarian Challenges of Unaccompanied Child Migrants”, Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU, (nd). La campaña incluyó la producción de un corrido sobre los peligros que enfrentan los migrantes. Caitlin Dickson, “The Government is Using Subliminal Songs to Scare Immigrants”, The Daily Beast, 12 de julio de 2014.Hide Footnote

"La Bestia"

Una campaña del departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. incluyó producir un ‘corrido’ sobre los peligros que enfrentan los migrantes durante el viaje. YouTube

Sin embargo, el número de migrantes indocumentados detenidos en México se ha disparado a lo largo de los últimos cuatro años, aumentando a 190.366 en 2015 comparado con 66.583 en 2011. Casi el 90 por ciento de los detenidos en 2015 procedían del TNCA. Cada vez más son mujeres: el 14 por ciento del total en 2011 y el 24 por ciento en 2015. Lo más preocupante es el elevado número de migrantes indocumentados del TNCA menores de 18 años. En 2011, México detuvo a unos 4.000 adolescentes y niños del norte de Centroamérica. Esta cifra aumentó a 23.000 en 2014 y a casi 35.000 en 2015. Un porcentaje cada vez mayor son niñas: el 24 por ciento en 2011 y el 35 por ciento en 2014. Alrededor de la mitad de estos niños fueron registrados como no acompañados, es decir, estaban viajando a través de México sin un familiar adulto u otro tutor.[fn]Cálculos de Crisis Group basados en boletines estadísticos publicados por la Secretaría de Gobernación de México (SEGOB), Unidad de Política Migratoria, disponible en www.politicamigratoria.gob.mx. Los ciudadanos del TNCA enfrentan menos controles hasta que cruzan la frontera mexicana. Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua firmaron un acuerdo en 2006 que permite la libertad de movimiento entre ellos. Los ciudadanos solo se convierten en migrantes irregulares cuando cruzan a México.Hide Footnote

Algunas de estas cifras podrían representar a migrantes que han hecho múltiples intentos de entrar a México. Sin embargo, las deportaciones masivas – justificadas por los gobiernos de EE.UU. y México como necesarias para evitar los movimientos de población descontrolados y disuadir futuras migraciones clandestinas – no están reduciendo el flujo de forma significativa. Más del 80 por ciento de los migrantes detenidos por el INM de México desde 2011 han sido retornados a sus países de origen. En 2015, las deportaciones de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños superaron las 165.000, más del doble de los deportados por EE.UU. al TNCA ese año.[fn]Cálculos de Crisis Group basados en SEGOB, op. cit., y “ICE Enforcement Removal Operations, Fiscal Year 2015”, Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU:, p. 9.Hide Footnote

No obstante, los flujos continúan. Unos albergues en Tabasco y Chiapas informaron que el número de migrantes a mediados de 2016 se estaba aproximando o excediendo los niveles vistos en 2014.[fn]La 72, un albergue en Tenosique, Tabasco, informó que albergó a 4.771 migrantes entre enero y abril de 2016, un aumento con respecto a los 3.847 del mismo periodo en 2015 y casi tantos como los 5.222 asistidos a principios de 2014. El Albergue Jtatic Samuel Ruiz, en Palenque, Chiapas, también informó haber recibido más migrantes que el año anterior, durante una visita de Crisis Group el 22 de abril de 2016.Hide Footnote La ola migratoria pone al límite la capacidad de las autoridades mexicanas. Su mayor centro de detención de migrantes, Siglo XXI, en Tapachula, fue construido para 960 personas, pero a menudo aloja a más de 1.000, según activistas de derechos humanos.[fn]Entrevista de Crisis Group, Gerardo Espinoza y Salvador Cruz. Centro de Derechos Humanos Fray Matías, Tapachula, Chiapas, Mexico, 8 de junio de 2016. Veáse también Joselin Barja Coria, “Derechos Cautivos”, Frontera con Justicia AC et al., Mexico, 2015, p. 67.Hide Footnote México detuvo a decenas de miles de migrantes en los primeros cuatro meses de 2016, incluidos unos 54.000 adultos y 9.900 niños. Esto representa un descenso del 14 por ciento comparado con los mismos meses en 2015, pero un aumento significativo respecto de los 34.000 detenidos en el mismo período en 2014.[fn]Cálculos de Crisis Group basados en SEGOB, op. cit. Esta es la cifra total de detenidos, la gran mayoría de los cuales provenían del TNCA.Hide Footnote El número de menores no acompañados y familias experimentó un agudo descenso en la frontera de EE.UU. a finales de 2014 y principios de 2015, pero comenzó a aumentar de nuevo en 2016. Para junio, los agentes de EE.UU. habían detenido a 196.000 migrantes irregulares en la frontera sudoeste, incluidos casi 56.000 niños no acompañados y miembros de familia, una cifra considerablemente superior a las 166.000 personas indocumentadas detenidas en el primer semestre de 2015, pero inferior a las 285.000 detenidas en el mismo período en 2014, durante el auge de la ola.[fn]“United States Border Patrol Southwest Family Unit Subject and Unaccompanied Alien Children Apprehensions Fiscal Year 2016”, Patrulla de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.  Las estadísticas sobre unidades familiares representan el número de individuos (niños, padres o tutores legales) detenidos con otros familiares.Hide Footnote

B. Contrabando cotidiano

El contrabando es una forma de vida en la frontera, que además de ocho puestos oficiales tiene más de 50 cruces vehiculares no oficiales e incontables pasos peatonales.[fn]“Informe sobre la reunión de trabajo y visita a la frontera Mexico-Guatemala”, Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, Senado de la República, México, 20 de marzo de 2013, p. 4.Hide Footnote Dependiendo de las fluctuaciones en el valor del peso mexicano y el quetzal guatemalteco, los residentes contrabandean una variedad de bienes básicos. Balsas construidas con tubos de llanta circulan todo el día por el cruce más transitado, Ciudad Hidalgo/Tecún Umán. Desde México van cargadas de cerveza y gaseosas, sacos de arroz, rollos de papel higiénico y pañales desechables. Desde Guatemala llevan pasajeros, incluidos compradores, jornaleros y vendedores callejeros, quienes pagan quince pesos (unos $0.80) para cruzar ilegalmente. En una mañana de junio de 2016, más de dos docenas de balsas cruzaban el río poco profundo, empujadas con ayuda de un palo, mientras que escaso tráfico usaba el cercano puente peatonal y vehicular, considerado el cruce oficial.[fn]Visita de Crisis Group, Ciudad Hidalgo, Chiapas, 9 de junio de 2016. Crisis Group también visitó Tecún Umán, San Marcos, Guatemala el 17 de mayo de 2016.Hide Footnote

Al noreste, en El Ceibo, una estación entre el estado de Tabasco en México y el departamento de Petén en Guatemala, era igualmente fácil eludir los procedimientos oficiales en una tarde de mayo. Las oficinas del lado de Guatemala estaban ubicadas en un remolque, alimentadas por un generador chisporroteante. Del lado mexicano, las recién construidas oficinas de migración y aduana estaban casi vacías. Dos agentes de migraciones observaban a la gente cruzar por un campo debajo de la estación y a través de un tramo de selva hacia México. “Son guatemaltecos cruzando a pie a México para comprar algo o visitar a familiares”, dijo uno de ellos encogiéndose de hombros. “Podrían obtener un pase de visitante, pero no se molestan”.[fn]Entrevista de Crisis Group, agentes del INM, El Ceibo, Chiapas, 10 de mayo de 2016.Hide Footnote Para los residentes de ambos lados, “la frontera no existe”.[fn]Entrevista de Crisis Group, Diana Damián, coordinadora, Formación y Capacitación (FOCA), San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 20 de abril de 2016.Hide Footnote Los agentes de migración y aduana parecen hacer la vista gorda al intenso tráfico y los migrantes indocumentados que se deslizan entre los contrabandistas y los jornaleros. En lugar de vigilar la frontera, las medidas de seguridad de México se intensifican más adentro de los estados de Tabasco y Chiapas, donde el gobierno federal está construyendo cinco retenes de aduana, migración y seguridad.[fn]“Tendrá Tabasco Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo”, Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, Tabasco, Boletín 872, 12 de mayo de 2015. Sobre estos Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF), véase también “Increased Enforcement at Mexico’s Southern Border: An Update on Security, Migration and U.S. Assistance”, WOLA, noviembre de 2015, p. 4.Hide Footnote Para los migrantes, las principales amenazas son las unidades móviles del INM, conocidas como volantas. Por ley, solo los agentes de migraciones, que no portan armas, y no la policía, tienen permitido detener a migrantes indocumentados, a no ser que sean atrapados in fraganti o sean sospechosos de haber cometido un crimen. También se puede pedir refuerzos policiales si los migrantes se resisten a ser detenidos.[fn]Entrevista de Crisis Group, Héctor Alemán, Director de Resoluciones Migratorias, Instituto Nacional de Migración, Ciudad de México, 19 de mayo de 2016.Hide Footnote

Tecún Umán, el cruce fronterizo más transitado de Guatemala

En este vídeo, el analista de Crisis Group para Guatemala Arturo Matute muestra cómo barcas con personas y mercancías cruzan el río Suchiate que separa la frontera entre Guatemala y México a plena luz del día. CRISIS GROUP

Al contrario de la frontera norte de México, donde los traficantes han entablado brutales guerras territoriales, la frontera sur es relativamente pacífica.[fn]Para más sobre cómo y por qué se dispara la violencia vinculada con la droga, véase Informe de Crisis Group sobre América Latina N°54, Ciudad Juárez: ¿Transitando del abismo a la redención?, 25 de febrero de 2015.Hide Footnote Puesto que es fácil transportar drogas a través de zonas escasamente pobladas y con densa vegetación, los traficantes apenas tienen necesidad de defender sus rutas clandestinas. Tampoco existe un gran mercado de drogas al por menor a ser defendido por pandillas callejeras locales bien armadas.[fn]Una excepción es San Cristóbal de las Casas, una ciudad colonial en el centro del estado de Chiapas donde el turismo alimenta el mercado de las drogas recreativas. La actividad criminal en la zona, incluido el mercado de la droga al por menor, está estrictamente controlado por una pandilla local. Entrevistas de Crisis Group, Enrique Vidal, Voces Mesoamericanas, San Cristóbal de las Casas, 21 de abril de 2016; y Rodolfo Casillas, profesor, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Ciudad de México, 15 de abril de 2016.Hide Footnote Los factores que han dado lugar a explosiones criminales en ciertas regiones de México y Centroamérica – súbitos cambios en la oferta y la demanda, un mercado al por menor competitivo, un aumento de la presencia militar o policial – por lo general están ausentes en el sudeste de México/noroeste de Guatemala. No hay necesidad de luchar por el control de una frontera porosa, dijo un ex funcionario de inteligencia mexicano, allí donde los contrabandistas rivales tienen abundante espacio para operar discretamente, sin llamar la atención innecesariamente.[fn]Entrevista de Crisis Group, Guillermo Valdés, socio, Grupo de Economistas y Asociados (GEA), director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la agencia federal de inteligencia nacional de México, de 2007 a 2011, Ciudad de México, 27 de abril de 2016.Hide Footnote

Esto se traduce en tasas de homicidios en esos estados fronterizos que están por debajo de la media nacional en México y Guatemala. Algunos observadores, no obstante, creen que los crímenes violentos que allí suceden rara vez se denuncian, en primer lugar porque la población fundamentalmente indígena desconfía de las autoridades, y en segundo lugar porque muchas víctimas son forasteros: las veintenas de miles o cientos de miles de migrantes indocumentados que cruzan a México cada año. Temerosos de ser detectados, son pocos los migrantes que denuncian asaltos, extorsiones o secuestros.

C. Detener o proteger

Un alto funcionario del INM dijo que el instituto daba prioridad a la protección de los derechos humanos, entre otras cosas proporcionando información de las Naciones Unidas sobre el derecho de asilo (véase abajo). Las mujeres con niños pequeños se alojan separadas de los hombres; los menores no acompañados son albergados por la agencia federal para el desarrollo de la familia. Sin embargo, admitió, los recursos del instituto “no son suficientes” para lidiar con el número de personas que ahora están cruzando la frontera. Otros, como Humberto Roque Villanueva, subsecretario de la Secretaría de Gobernación a cargo de la migración, también advirtieron que México estaba “al límite de nuestros recursos”.[fn]Entrevista de Crisis Group, Héctor Alemán, Director de Resoluciones Migratorias, Instituto Nacional de Migración, Ciudad de México, 19 de mayo de 2016. El presupuesto del INM viene del Congreso y de las tasas que se cobran por las visas, que se comparten con la agencia de turismo. Los gastos, aunque no así el presupuesto, han aumentado en los últimos años. Véase “Inconsistencias en el desempeño y gasto del Instituto Nacional de Migración”, Fundar: Centro de Análisis e Investigación, 11 de marzo de 2016. Cita de Villanueva en Gabriel Stargardter y Julia Edwards, “‘At the limit’, Mexico buckles under migrant surge to U.S.”, Reuters, 10 de junio de 2016.Hide Footnote

En lugar de disuadir a los migrantes indocumentados, dijo el director de un albergue, las deportaciones los han tornado aún más temerosos de los agentes de migración y otras autoridades, obligándoles a tomar rutas aún más aisladas y potencialmente más peligrosas. Algunos migrantes informaron haber caminado durante horas por senderos alejados de la frontera para evitar a las autoridades de migración.[fn]Entrevistas de Crisis Group, Ramón Márquez, Casa Refugio La 72, Tenosique, Tabasco, 10 de mayo de 2016; migrantes en el Albergue Jtatic Samuel Ruiz, Palenque, Chiapas, 22 de abril de 2016 y Casa Refugio La 72, Tenosique, Tabasco, 10 de mayo de 2016.Hide Footnote Lo que han logrado las medidas de control, según el director de un albergue, es “volver a los migrantes más vulnerables, más invisibles, más traficados”. No obstante, muchos sienten que no migrar es aún más peligroso. “No podemos olvidarnos de lo que ha pasado en sus propios países, donde el tejido social se ha roto. Por más peligroso que sea el viaje, es más seguro que permanecer en casa”. Un mayor número de familias están saliendo del país juntas porque “temen dejar atrás a sus hijos”.[fn]Entrevistas de Crisis Group, Ramón Márquez, Casa Refugio La 72, Tenosique, Tabasco, 10 de mayo de 2016; Gretchen Kuhner, directora general, Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Ciudad de Mexico, 6 de abril de 2016.Hide Footnote

Quienes logran evitar ser detenidos cuentan con una red de albergues financiados por órdenes y parroquias católicas. Algunos de los principales, como La 72 en Tenosique, Tabasco, reciben fondos y servicios de agencias internacionales y ONG. Otros dependen de donaciones de la población local, tan pobres como los mismos migrantes. Unos campesinos en Macuspana, Tabasco, instalaron un albergue al lado de la iglesia, a lo largo de una curva en la que los trenes de carga tienden a reducir la velocidad, lo que permite a los migrantes subir y bajar. Cuando se estableció el albergue en 2006, ofrecía comida a quizás diez migrantes a la vez; para 2014, alojaba a docenas casi todas las noches. Ahora muchos llegan después de caminar durante días por miedo a ser atrapados por las autoridades o extorsionados por criminales en el tren. Las comidas consisten en plátanos, yuca y frijoles cultivados por los ejidatarios (terratenientes comunales) o donados por la parroquia. Se les da un camastro para dormir, un lugar para lavarse y dos comidas al día, según María Antonia Falcón González, quien, junto con su hija, cocina para los migrantes todos los días, a menudo usando alimentos cultivados en el terreno de su familia. “Solo estamos haciendo lo que dice la Biblia: dar la bienvenida a los forasteros”.[fn]Entrevista de Crisis Group, Macuspana, Tabasco, 11 de mayo de 2015.Hide Footnote  ​​​

El tren de mercancías conocido como “La Bestia” sale de Tenosique, en el estado de Tabasco del sur de México, con migrantes centroamericanos que se dirigen al norte. CRISIS GROUP/Mary Speck

III. Expulsión y atracción

Los migrantes centroamericanos expresan múltiples razones para desplazarse: la mayoría busca mejores trabajos para sostener a sus familiares en sus países de origen. Muchos desean reunirse con sus padres u otros parientes cercanos en los Estados Unidos. La mayoría son jóvenes varones en edad laboral, a menudo con familias a las que apoyar en sus países. Algunos son trabajadores agrícolas en busca de trabajo estacional. Otros piensan mudarse al extranjero por unos años, ganar lo suficiente para enviar a sus hijos a la escuela, y después retornar. La violencia fue un tema recurrente en las historias de los migrantes entrevistados en tres albergues a lo largo de la frontera entre México y Guatemala. La pobreza era “tolerable”, dijo una mujer, pero “no se puede vivir atemorizado”.

La pobreza era “tolerable”, dijo una mujer, pero “no se puede vivir atemorizado”
  • Cindy, 23 años, de San Pedro Sula, caminó toda la noche la frontera entre México y Guatemala a través de un denso matorral que le dejó el cuello y los brazos cubiertos de arañazos. Su padre estaba desempleado y su madre estaba enferma de los riñones, por lo que la madre soltera era el único sostén de la familia. Espera traer a sus hijos, de cuatro y cinco años, desde Honduras una vez encuentre trabajo en México o EE.UU. Las maras reclutan a niños de tan solo seis o siete años como centinelas, dijo. “Van a por los niños más brillantes y las niñas más lindas. Me rompe el corazón”.
     
  • Aracely, 25 años, dejó a sus hijos de cinco y siete años con parientes en el departamento de Colón, en la costa atlántica de Honduras, en su tercer intento de llegar a EE.UU. tras ser deportada de México. Los problemas de su familia comenzaron cuando algunos familiares se involucraron con drogas ilegales. Unos traficantes rivales asesinaron a un tío suyo, transportista de droga, y luego mataron a su hermano y a su marido a balazos. Sabe quiénes son los responsables, pero no los va a denunciar: “Cuando los narcos matan, nadie puede decir nada”.
     
  • Maynor, 30 años, caminó casi dos días a través de la selva antes de llegar a un albergue. La caminata destrozó sus zapatos obligándolo a cojear durante las últimas horas con los pies sangrantes y llenos de ampollas. Conducía un taxi en Tegucigalpa, pero la mitad de su salario se le iba en pagos a las maras para asegurar su protección. “Nosotros los taxistas estamos jodidos”, dijo. “O les pagas a los mareros, o te matan”.
La violencia fue un tema recurrente en las historias de los migrantes entrevistados en tres albergues a lo largo de la frontera entre México y Guatemala.
  • José, 21 años, salió de San Salvador con su esposa de diecinueve años y su hijo de un año. Era vendedor callejero, y fue testigo de un tiroteo entre pandillas. “Me dijeron que me fuera”. La familia vendió sus posesiones más valiosas – una cama y una motocicleta – pero el dinero solo les alcanzó para llegar al sur de México. “Nos quedaremos aquí si podemos. No tenemos ningún familiar allá [en EE.UU.]”.
     
  • Alex, 46 años, trabajaba en la construcción en Sonsonate, El Salvador, pero cuando el trabajo se agotó en su ciudad natal, tuvo miedo de buscar trabajo en otras partes del país. “No puedes trabajar en ningún lado sin el permiso de la pandilla local”. Así que piensa mudarse a Nueva Jersey, donde vivió hace más de una década, y enviar dinero a casa para criar a sus hijos, ya crecidos. “Nunca quise volver”, dijo, refiriéndose al aumento de los costos y peligros del viaje.   
     
  • Diana, 31 años, es transexual y ha huido dos veces: de San Salvador para escapar de su ex pareja violenta con vínculos mafiosos, y de una localidad vecina tras presenciar el asesinato de otra transexual. Desde que llegó a México – donde se gana la vida trabajando en bares – ha sido golpeada y robada en tres ocasiones.
     
  • Reina, 30 años, huyó de un pequeño pueblo en el centro de El Salvador con su hermana y sus tres hijos pequeños. Los problemas comenzaron cuando las maras se instalaron en el pueblo y tomaron el control, aterrorizando a los residentes. La pandilla arrojó una bomba de fabricación casera a la casa de un vecino, matando a cuatro personas. También dispararon a su hermano, considerado un “enemigo” porque había sido soldado, y advirtieron al resto de la familia que se fuera. Los cantones (aldeas) solían ser muy tranquilos, dijo. “Ahora hay maras por todas partes. Solo los ricos están a salvo”.[fn]Entrevistas de Crisis Group, migrantes en Albergue Jtatic Samuel Ruiz, Palenque, Chiapas, 22 de abril de 2016 y en la Casa Refugio La 72, Tenosique, Tabasco, 10 de mayo de 2016. 30 migrantes en tránsito desde Centroamérica fueron entrevistados durante la investigación del informe.Hide Footnote
Voces rescatadas de Tapachula, Mexico CRISIS GROUP/ Rafael Rodríguez

Estos relatos son típicos de muchas de las personas que huyen. Una encuesta de la ONU realizada en 2015 a 160 mujeres centroamericanas y mexicanas solicitantes de asilo en EE.UU. halló que el 85 por ciento afirmaba que vivía en barrios controlados por las maras; el 64 por ciento había sido objeto de amenazas directas, o ataques, o había perdido a un familiar cercano; el 62 por ciento dijo que era habitual ver cadáveres en sus barrios. Alrededor del 60 por ciento dijo que habían denunciado ataques a la policía u otras autoridades, aunque ninguna esperaba recibir protección adecuada de las autoridades, y el 10 por ciento sentía que era probable que los funcionarios del Gobierno les causaran daños. El informe advirtió que las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans o intersexuales (LGBTI) podían ser especialmente vulnerables a la violencia de las maras.[fn]“Women on the Run: First-Hand Accounts of Refugees Fleeing El Salvador, Guatemala, Honduras, And Mexico”, ACNUR, 2015, pp. 4-5, 36-37.Hide Footnote

Un estudio realizado por la ONU en 2014 sobre más de 400 niños migrantes no acompañados o separados de Centroamérica y México que se encontraban detenidos en EE.UU. halló que más de la mitad citaban la violencia como una razón para dejar sus hogares, principalmente la violencia criminal, pero también la violencia doméstica. Quienes más tendían a citar la violencia en la sociedad eran los niños salvadoreños y mexicanos (el 69 y el 60 por ciento respectivamente), seguidos de los hondureños (43 por ciento) y los guatemaltecos (20 por ciento). El informe concluyó que, si bien los niños mencionaban múltiples razones para dejar sus países, la mayoría también necesitaba protección internacional contra la violencia.[fn]“Children on the Run: Unaccompanied Children Leaving Central America and Mexico and the Need for International Protection”, ACNUR, 2014, pp. 25-29.Hide Footnote Mientras que los menores pueden citar su deseo de reunirse con los padres como el principal motivo para emigrar, el miedo a la violencia es a menudo la causa inmediata, según las conclusiones de un estudio sobre niños salvadoreños: “Muchos se referían al miedo al crimen y la violencia como el motivo subyacente de su decisión de reunificarse con su familia ahora, y no hace dos años o en dos años”.[fn]Elizabeth Kennedy, “No Childhood Here: Why Central American Children are Fleeing Their Homes”, American Immigration Council, 1 de julio de 2014.Hide Footnote

El análisis de datos del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de 2014 también halló una fuerte correlación entre la victimización criminal y la intención de migrar desde El Salvador y Honduras. Tan solo en Guatemala, donde la violencia ha disminuido recientemente, no se vio una correlación significativa. Aun así, los guatemaltecos que habían sido víctimas más de una vez eran más proclives a pensar en migrar en un futuro cercano. Aquellos que pensaban ir a EE.UU. eran plenamente conscientes de los riesgos. Una encuesta halló que el 85 por ciento de 3.000 hondureños creía que cruzar la frontera era más peligroso que antes; el 79 por ciento sabía que las deportaciones habían aumentado. Conocer los riesgos “no tuvo incidencia significativa sobre quienes planeaban migrar y quienes no”. El “predictor clave” de las intenciones era la “experiencia directa del crimen”, en especial en Honduras y El Salvador.[fn]Jonathan T. Hiskey, Abby Córdova, Diana Orcés, Mary Fran Malone, “Understanding the Central American Refugee Crisis: Why They are Fleeing and How U.S. Policies are Failing to Deter Them”, American Immigration Council, febrero de 2015, pp. 2, 8-9.Hide Footnote 

Las mujeres migrantes y los niños son especialmente vulnerables a la explotación sexual por parte de redes criminales. FLICKR/Víctor Hugo García Ulloa

IV. Un cruce peligroso

Los migrantes llevan mucho tiempo trepando a bordo de los viejos trenes de carga conocidos colectivamente como “La Bestia” que se dirigen hacia EE.UU. desde el sur de México.[fn]Para un relato vívido de este viaje en tren, véase Óscar Martínez, The Beast: Riding the Rails and Dodging Narcos on the Migrant Trail, Londres, 2013.Hide Footnote Las vías llevan hacia el norte desde los estados fronterizos de Chiapas y Tabasco, convergen en el estado de Veracruz, en la Costa del Golfo, y se vuelven a separar en la Ciudad de México, de camino hacia las ciudades fronterizas de Nogales, Ciudad Juárez y Reynosa.[fn]Véase Rodrigo Dominguez Villegas, “Central American Migrants and ‘La Bestia’: The Route, Dangers, and Government Responses”, Migration Information Source, una revista online publicada por Migration Policy Institute, 10 de septiembre de 2014.Hide Footnote En una típica mañana de mayo de 2016, se podían ver unas dos docenas de migrantes, en su mayoría hombres, pero también algunas mujeres, incluida una mujer con su bebé, trepando a bordo del tren en Tenosique, Tabasco, parados sobre pequeñas plataformas entre los vagones, o colgados precariamente del techo.[fn]Trabajo de campo de Crisis Group, Tenosique, Tabasco, 10 de mayo de 2016.Hide Footnote La Bestia es el medio de transporte de último recurso para los viajeros más pobres, quienes pagan a los mafiosos unos $100 por cabeza para subir abordo. Algunos migrantes dijeron que las maras centroamericanas controlaban el acceso al tren a lo largo de la frontera. Otros mencionaron a miembros de los Zetas, un ultraviolento cártel que domina el narcotráfico y otros negocios ilegales a lo largo de gran parte de la costa del Golfo.[fn]Entrevistas de Crisis Group, migrantes en Palenque, Chiapas, 22 de abril y 8 de mayo de 2016, Tenosique y Macuspana, Tabasco, 9-11 de mayo de 2016.Hide Footnote

La Bestia transporta muchos menos pasajeros indocumentados que hace dos o tres años, cuando sus techos estaban abarrotados. Los migrantes dicen que ahora el viaje es más peligroso: los agentes de policía y migración vigilan más la ruta, y los trenes a menudo circulan más rápido, lo que hace que sea más riesgoso abordarlos y viajar en ellos. Más de 100 migrantes han perdido extremidades en accidentes desde 2012.[fn]El número de migrantes que sufrieron amputaciones entre 2012 y 2014 fue de 103, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, citado en “La vida después de ‘La Bestia’: Los migrantes mutilados por el tren y su otra batalla”, Sin Embargo, 6 de abril de 2015.Hide Footnote Si bien los trenes han pasado a simbolizar los peligros de la migración centroamericana, nunca han sido el único, ni siquiera el principal medio para cruzar México.[fn]Entrevista de Crisis Group, Enrique Vidal, Voces Mesoamericanas, 21 de abril de 2015. Vidal estima que el tren nunca ha transportado a más del 20-30 por ciento de los migrantes que cruzan México.Hide Footnote La mayoría de los migrantes emplean diversos medios ­- autobuses, vehículos privados, remolques de camiones – para viajar hacia el norte. Algunos migrantes veteranos dicen que hace una década solo era necesario contratar a un guía para cruzar la frontera de EE.UU.[fn]Entrevistas de Crisis Group, migrantes en Palenque, Chiapas, Mexico, 8 de mayo de 2016.Hide Footnote Hoy, cruzar a México requiere una red de guías e informantes, capaces de sortear los obstáculos oficiales y moverse por los territorios controlados por criminales.[fn]Entrevista de Crisis Group, Rodolfo Casillas, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Ciudad de México, 15 de abril de 2016. Véase también Rodolfo Casillas R., “La delincuencia que daña a la población migrante en México aprende e innova, ¿Y qué hacen la sociedad y el estado?” (www.rodolfocasillasr.org), marzo de 2016.Hide Footnote

A. Tráfico de personas

Los contrabandistas de migrantes – llamados coyotes o polleros – a menudo solían ser miembros de confianza de la comunidad local que trabajaban por una tarifa relativamente módica.[fn]Véase Rodolfo Casillas R., “Pollero, coyote y traficante de migrantes: Juntos pero no iguales”, (www.rodolfocasillasr.org), marzo de 2016.Hide Footnote Hoy son parte de una estructura más amplia que puede transportar hasta 200 migrantes por vez, aunque en pequeños grupos de alrededor de diez. Algunos migrantes dicen que estas redes cobran aproximadamente $5.000-$7.000 para llegar a EE.UU. Ese precio a menudo incluye tres intentos, en caso que el cliente sea detectado por el INM y deportado. Los migrantes que disponen de más fondos – como los asiáticos que intentan entrar a EE.UU. desde México – pueden llegar a pagar el doble o el triple.[fn]Entrevistas de Crisis Group, migrantes en Palenque, Chiapas, México, 8 de mayo de 2016, y Rodolfo Casillas, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Ciudad de México, 15 de abril de 2016. Véase también “El costo del cruce indocumentado a Estados Unidos varía entre $3 mil y $20 mil dólares”, Univisión, 22 de diciembre de 2014.Hide Footnote Las familias centroamericanas aúnan sus recursos y se endeudan para enviar a los niños y las mujeres por rutas más seguras, pagando para viajar en automóvil o autobús, en ocasiones con documentos falsos.[fn]Entrevista de Crisis Group, Gretchen Kuhner, directora general, Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Ciudad de México, 6 de abril de 2016. Kuhner dijo que las cifras de detenidos y deportados probablemente subestimaban el número de mujeres y niños que han migrado, dado que son más cuidadosas durante el tránsito y menos propensas a ser detenidas.Hide Footnote El precio más elevado puede incluso proporcionar una garantía de que el niño será entregado a un familiar. Para pagar esa deuda, otros familiares pueden sentirse obligados a emprender el mismo viaje.[fn]Véase Marc R. Rosenblum, “Unaccompanied Child Migration to the United States: The Tension between Protection and Prevention”, Migration Policy Institute, abril de 2015, p. 15.Hide Footnote La red se mantiene en contacto por teléfono celular, proporcionando información sobre cómo evitar a los agentes de migración o policía y los retenes militares.[fn]Véase Rodrigo Soberanes, “El Plan Frontera Sur, según los coyotes”, en Periodistas de a Pie, “En el camino: Migración más allá de las vías”, 16 de junio de 2015.Hide Footnote También tiene contactos para proporcionar a los migrantes un lugar seguro donde hospedarse, y asegura contra el mayor peligro: el secuestro. Según Rodolfo Casillas, un experto en migración y crimen organizado, las redes de tráfico de migrantes han sido “subsumidas, subordinadas o utilizadas  por las redes que se dedican al secuestro de migrantes”. Los contrabandistas se ven obligados a pagar tasas de protección de $600-$1.000 por cada migrante. Aquellos que son secuestrados pueden terminar entre los 26.000 desaparecidos registrados en México, alrededor del 10 por ciento de los cuales podrían ser extranjeros, principalmente migrantes.[fn]Rodolfo Casillas, “La delincuencia”, op. cit., p. 4. “Mexico Peace Index 2016”, Institute for Economics and Peace, p. 45. El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) publica el número de personas registradas como desaparecidas desde 2007.Hide Footnote

Según Rodolfo Casillas, un experto en migración y crimen organizado, las redes de tráfico de migrantes han sido “subsumidas, subordinadas o utilizadas por las redes que se dedican al secuestro de migrantes”.

Representante de la Casa del Migrante recibe a una migrante deportada que acaba de llegar en autobús desde México a Tecún Umán, Guatemala, cerca de la frontera con México. CRISIS GROUP/Arturo Matute

B. Víctimas invisibles

No se sabe cuántos migrantes son secuestrados porque no pueden o no quieren pagar las tasas de protección. Las agencias federales mexicanas ofrecen estadísticas muy diferentes: el INM registró solo 590 secuestros de migrantes entre el 2000 y mediados de 2014; la Policía Federal dijo que rescató a 71.415 migrantes secuestrados en 2007-2014, alrededor de una cuarta parte de ellos en el estado de Chiapas.[fn]“Análisis integral del secuestro en México: Cómo entender esta problemática”, Observatorio Nacional Ciudadano, 2014, pp. 108, 110, 155.Hide Footnote La Comisión Nacional de los Derechos Humanos – el ombudsman de México – dijo en 2013 que había unos 11.000 secuestros al año.[fn]“En un año 11 mil secuestros de migrantes en México: CNDH”, Animal Político, 4 de marzo de 2013.Hide Footnote Muy pocos derivaron en acciones penales, no obstante. Los fiscales federales iniciaron tan solo 48 investigaciones preliminares de secuestros de migrantes entre 2010 y mediados de 2014.[fn]“Análisis integral del secuestro en México: Cómo entender esta problemática”, Observatorio Nacional Ciudadano, 2014, p. 114. Algunos expertos en migración cuestionan si las estadísticas de la policía federal reflejan a los migrantes rescatados de secuestradores o separados de sus guías o coyotes, especialmente dada la relativa escasez de investigaciones penales. La policía no tiene permitido detener a migrantes (solo los agentes de migración pueden hacerlo), pero pueden intervenir para impedir un crimen, por ejemplo el secuestro.Hide Footnote Asimismo, los grupos de derechos humanos afirman que los migrantes supuestamente rescatados de secuestradores son deportados enseguida, en lugar de ofrecerles un permiso condicional humanitario para que puedan ayudar a los fiscales a investigar el crimen.[fn]Véase también Mely Arellano, Ximena Natera, Jade Ramírez y Majo Siscar, “Rescates de migrantes: Las deportaciones enmascaradas”, en Periodistas de a Pie, “En el camino”, noviembre de 2015.Hide Footnote

Asimismo, los grupos de derechos humanos afirman que los migrantes supuestamente rescatados de secuestradores son deportados enseguida, en lugar de ofrecerles un permiso condicional humanitario para que puedan ayudar a los fiscales a investigar el crimen.

C. La franquicia de los Zetas

Solo uno de los principales cárteles mexicanos parece haber entrado en el lucrativo negocio de la protección de migrantes, pero es uno de los más violentos: los Zetas. Al contrario que otras organizaciones narcotraficantes internacionales, que tienden a ser mafias familiares que controlan territorios y se especializan en ciertas actividades criminales, los Zetas son un grupo “posmoderno” sin “ataduras de parentesco, de tierra, o de tradición”. En sus comienzos fueron sicarios del cártel del Golfo, y operan más como franquicias, aportando conocimientos y su brutal reputación a grupos locales a lo largo del Golfo de México, y a la vez participan en el tráfico de personas en Guatemala, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).[fn]Rodolfo Casillas, “La delincuencia”, op. cit., p. 3. “Human trafficking for sexual exploitation purposes in Guatemala”, CICIG, UNICEF, 2016, p. 90.Hide Footnote Son responsables del secuestro masivo y la ejecución de migrantes a lo largo de la frontera norte de EE.UU., incluida la masacre en 2010 de 72 migrantes, en su mayoría centroamericanos, en San Fernando, Tamaulipas.[fn]En agosto de 2010, unos criminales bajaron a los migrantes de un autobús interurbano y los ejecutaron. Entre abril y mayo de 2011, las autoridades descubrieron fosas clandestinas con al menos 193 cadáveres en San Fernando, supuestamente asesinados por los Zetas y la policía local que los ayudó a interceptar a las víctimas. Lamiat Sabin, “Mexico police officers ‘involved in mass kidnap and massacre of 193 people travelling to the US”, Independent, 23 de diciembre de 2014.Hide Footnote Ellos o sus asociados también operan en el estado sureño de Tabasco, donde los migrantes temen que los criminales se infiltren entre ellos para identificar posibles víctimas de secuestro.

Ya no hay secuestros masivos, dijo Fray Tomás González, director del albergue La 72, pero los criminales siguen secuestrando a individuos para cobrar rescates sin temor de represalias por parte de la policía, que o bien está intimidada o es corrupta. El albergue (nombrado en honor a las 72 víctimas de San Fernando) también ha recibido amenazas escritas y telefónicas de criminales que dicen pertenecer a los Zetas.[fn]Entrevistas de Crisis Group, Tenosique, Tabasco, 10 de mayo de 2016; Ramón Márquez, Casa-Refugio La 72, Tenosique, Tabasco, 10 de mayo de 2016.Hide Footnote

Los migrantes no solo son abusados y explotados por las bandas criminales. En una encuesta a 31.000 personas realizada por una red de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes indocumentados en México, el 20 por ciento de los entrevistados dijo que había sufrido diversos crímenes a manos de las autoridades, incluidos robos, extorsión, golpizas y detenciones ilegales.[fn]“Policías, autoridades que más roban a migrantes; Militares y el INM, los que más extorsionan”, Animal Político, 30 de julio de 2015. Para el estudio completo, véase “Migrantes invisibles, violencia tangible: Informe 2014”, Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), 2014. El informe más reciente de la REDODEM señala un aumento en los crímenes contra migrantes cometidos por funcionarios del Estado (al 41,5 por ciento del total) junto con una disminución de los abusos cometidos por grupos del crimen organizado. “Migración en tránsito por México: rostro de una crisis humanitaria internacional”, 2016, p. 61.Hide Footnote En la mayoría de los casos la policía, incluidas las fuerzas federales, fue acusada de robo, mientras que los funcionarios de migración y militares (soldados e infantes de marina) fueron acusados de extorsión. Los migrantes centroamericanos han impulsado la creación de una dinámica economía clandestina que “gira en torno” al suministro de alimentos, albergue y transporte a precios muy inflados.[fn]Entrevista de Crisis Group, Diana Damián, coordinadora, Formación y Capacitación (FOCA), San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 20 de abril de 2016.Hide Footnote Como resultado, los migrantes se quejan que los choferes de taxis y combis – furgonetas de transporte público en zonas rurales – cobran hasta diez veces la tarifa normal, que pagan por temor a ser entregados a “la migra” (agentes de migración).

En una encuesta a 31.000 personas realizada por una red de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes indocumentados en México, el 20 por ciento de los entrevistados dijo que había sufrido diversos crímenes a manos de las autoridades, incluidos robos, extorsión, golpizas y detenciones ilegales.

D. Trata de personas

Hay decenas de miles de víctimas de la trata de personas en Centroamérica y México, aunque las estimaciones cuantitativas varían enormemente. Un estudio reciente situó el número de víctimas de explotación sexual tan solo en Guatemala en 48.500, estimando que por cada caso denunciado había 30 víctimas ocultas. Los estudios, basados en los relativamente pocos casos investigados, sugieren que dos terceras partes de las víctimas son mujeres. Las adolescentes entre doce y diecisiete años son las más vulnerables, aunque los traficantes a veces reclutan a niñas aún menores.[fn]CICIG/UNICEF, op. cit., pp. 68-69. Este informe diferencia entre los contrabandistas de migrantes – guías a quienes se les paga para cruzar a migrantes indocumentados a través de la frontera y a través de México – de los traficantes de personas, quienes transportan o retienen a la fuerza o por engaño a personas con fines de explotación sexual, trabajo forzado u otras formas de servidumbre. Véase la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, artículo 3.Hide Footnote En México, las estimaciones sobre el número de víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual oscilan entre 50.000 y 500.000. Las estimaciones oficiales conservadoras sitúan el número de niños y niñas explotados en 16.000. Un estudio estimó el total en cerca de 70.000, incluidos unos 50.000 menores explotados en regiones fronterizas.[fn]“Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2013, p. 17.Hide Footnote

Los migrantes, en particular las mujeres y los niños, son especialmente vulnerables a la explotación sexual por redes criminales. El transporte de mujeres para trabajar como prostitutas no es nada nuevo, ni se limita a las migrantes pobres. Redes que ofrecen servicios a clientes VIP (entre ellos narcotraficantes) pagan miles de dólares para traer mujeres de Sudamérica, en ocasiones bajo el pretexto de ser agencias de modelos. A menudo las mujeres son mantenidas prácticamente en cautiverio, sus pasaportes confiscados, y son forzadas a trabajar en spas o salones de masaje de la mañana a la madrugada. En el extremo opuesto están los pequeños bares o cafeterías de carretera, a menudo en pueblos fronterizos pobres, que ofrecen tragos y encuentros sexuales rápidos y baratos. Las prostitutas, a menudo adolescentes, pueden ver hasta 30 clientes al día, con “graves consecuencias para su salud”.[fn]CICIG/UNICEF, op. cit. pp. 92-95; 99-104.Hide Footnote

Las estimaciones oficiales conservadoras sitúan el número de niños y niñas explotados en 16.000. Un estudio estimó el total en cerca de 70.000, incluidos unos 50.000 menores explotados en regiones fronterizas.

Los migrantes, en particular las mujeres y los niños, son especialmente vulnerables a la explotación sexual por redes criminales. El transporte de mujeres para trabajar como prostitutas no es nada nuevo, ni se limita a las migrantes pobres. Redes que ofrecen servicios a clientes VIP (entre ellos narcotraficantes) pagan miles de dólares para traer mujeres de Sudamérica, en ocasiones bajo el pretexto de ser agencias de modelos. A menudo las mujeres son mantenidas prácticamente en cautiverio, sus pasaportes confiscados, y son forzadas a trabajar en spas o salones de masaje de la mañana a la madrugada. En el extremo opuesto están los pequeños bares o cafeterías de carretera, a menudo en pueblos fronterizos pobres, que ofrecen tragos y encuentros sexuales rápidos y baratos. Las prostitutas, a menudo adolescentes, pueden ver hasta 30 clientes al día, con “graves consecuencias para su salud”.[fn]CICIG/UNICEF, op. cit. pp. 92-95; 99-104.Hide Footnote

Algunos prostíbulos a ambos lados de la frontera entre Guatemala y México reclutan a niñas de países vecinos, ofreciendo a las familias adelantos en efectivo que se convierten en deudas difíciles o imposibles de saldar. Las enganchadoras a menudo son mujeres jóvenes del mismo pueblo que necesitan cubrir una cuota. “Presumen de sus ropas nuevas, celulares nuevos”, dijo un funcionario de un albergue en Tapachula. “No hace falta mucho”. Otras están huyendo de la violencia doméstica o, cada vez más, de las amenazas criminales. Algunas monjas que trabajan con prostitutas en Tecún Umán señalaron que cada vez más afirman que están escapando de las maras de Honduras y El Salvador.[fn]Entrevistas de Crisis Group, Nimbe González, Aldea Arcoiris, Tapachula, Chiapas, 9 de junio de 2016; Hermana Yuliana, Casa de la Mujer, un refugio gestionado por la Congregación de las Hermanas Oblatas, Tecún Umán, San Marcos, 8 de mayo de 2016.Hide Footnote

Guatemala cuenta con legislación para combatir la trata, incluida la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de 2009, que estableció una secretaría (bajo la Vicepresidencia) para coordinar las actividades contra la trata, y tres albergues gestionados por el Gobierno, donde las niñas víctimas reciben alojamiento a corto plazo, pero escasos servicios especializados. Para investigar las redes de trata, el Ministerio Público (la oficina del Fiscal General) estableció una sección especial en 2012. Desde abril de 2015 ha investigado más de 400 denuncias de trata de personas, pero dado que no tiene una presencia significativa fuera de la Ciudad de Guatemala, tiene dificultades para operar en los departamentos fronterizos en los que tiene lugar gran parte de la trata.[fn]“Trafficking in Persons Report”, Departamento de Estado de EE.UU., junio de 2016, pp. 184-186. El Gobierno clausuró el único albergue público para mujeres en diciembre de 2015. Entrevista de Crisis Group, Alexander Colop, director, Unidad contra la Trata de Personas, Ministerio Público, Ciudad de Guatemala, 11 de noviembre de 2015.Hide Footnote

V. Control fronterizo

Los presidentes Enrique Peña Nieto de México y Otto Pérez Molina de Guatemala lanzaron un programa conjunto en 2014 para promover el “flujo ordenado” de migrantes a través de su frontera común. “En lugar de estar poniendo muros, obstáculos y dificultades”, dijo Pérez Molina, los países impulsarían “la cooperación, el desarrollo y el comercio”. “Estoy seguro” que “podremos mejorar las condiciones de la migración regional”, dijo Peña Nieto, si “unimos voluntades y comprometemos esfuerzos transnacionales, aseguraremos un trato digno y humano para los migrantes”. Sus cinco puntos instaron a ampliar los permisos temporales de trabajo y visita para ciudadanos de Guatemala (y Belice) en los estados fronterizos de México, mejorar la infraestructura y seguridad, brindar atención médica a los migrantes, aumentar la coordinación bilateral y fomentar la coordinación interagencial, liderada por una nueva agencia en la Secretaría de Gobernación.[fn]“Programa Frontera Sur protege derechos de migrantes: EPN”, Noticieros Televisa, 7 de julio de 2014. Christopher Wilson y Pedro Valenzuela, “Mexico’s Southern Border Strategy: Programa Frontera Sur”, Mexico Institute, Woodrow Wilson Center, 11 de julio de 2014. Para un análisis más detallado de las políticas de seguridad en la frontera de México, véase Adam Isaacson, et al., “Mexico’s Other Border”, op. cit.Hide Footnote EE.UU. celebró la iniciativa, refiriéndose a la estrategia de Peña Nieto como “un paso positivo hacia la mejora de la capacidad de México de ejercer un mayor control a lo largo de su frontera”, y prometió $86 millones para apoyarla, continuando el trabajo con Guatemala para desarrollar fuerzas de tarea conjuntas para el control fronterizo.[fn]Thomas A. Shannon, consejero, Departmento de Estado, testimonio, Comité de Relaciones Exteriores del Senado, 17 de julio de 2014, p. 4. El financiamiento prometido procedía de fondos existentes bajo el rubro de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE, por sus siglas en inglés).Hide Footnote

A. La crisis humanitaria

El trasfondo de la iniciativa fue una crisis en la otra frontera de México: una ola de detenciones de niños migrantes no acompañados, en su mayoría procedentes de los países del TNCA, de camino a EE.UU. En junio de 2014, el presidente Barack Obama emitió un memorando en el que se refirió a “la afluencia de niños extranjeros no acompañados” como una “situación humanitaria urgente” que requería una respuesta federal unificada y coordinada. Para fines del año, EE.UU. había detenido a casi 70.000 niños no acompañados, un aumento frente a los 39.000 de 2013 y 24.500 en 2012.[fn]“Presidential Memorandum – Response to the Influx of Unaccompanied Alien Children across the Southwest Border”, Oficina del Secretario de prensa de la Casa Blanca, 2 de junio de 2014. Peter J. Meyer, Clare Ribando Seelke, Maureen Taft-Morales, Rhoda Margesson, “Unaccompanied Children from Central America: Foreign Policy Considerations”, Congressional Research Service (CRS), 10 de febrero de 2015, p. 1.Hide Footnote Reconociendo que algunos de ellos tenían derecho a recibir protección, estableció tribunales para niños y familias migrantes y centros de detención especiales, pero también envió más agentes para evitar una mayor afluencia.[fn]El Departamento de Estado prometió una campaña de información para disuadir la migración y ayudar a Guatemala y México a interceptar a los migrantes y mejorar la capacidad de los países de procedencia del TNCA de recibir y reinsertar a los deportados.[fn]Shannon, testimonio, op. cit., p. 4.Hide Footnote

Al principio la estrategia parecía estar funcionando. Las detenciones de niños y familias en EE.UU. disminuyeron en la segunda mitad de 2014 y principios de 2015, pero para fines de 2015 las cifras comenzaban a aumentar de nuevo. Entre octubre de 2015 y mayo de 2016, aumentaron más del doble comparado con el mismo periodo el año anterior – de 14.000 hasta unas 32.000. Sin embargo, menos niños estaban viajando sin familiares adultos. Las detenciones mensuales de menores no acompañados disminuyeron por debajo de los niveles de principios de 2014, sumando 4.224 en marzo de 2016 comparado con 7.176 en marzo de 2014.[fn]Jens Manuel Krogstad, “U.S. border apprehensions of families and unaccompanied children jump dramatically”, Fact Tank (www.pewresearch.org), 4 de mayo de 2016.Hide Footnote

Menores no acompañados encontrados enttre 2009-2016. Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU; año fiscal 2016 hasta el 30 de abril.

La campaña del Gobierno para crear conciencia sobre el peligro de la migración de menores – que incluyó vallas publicitarias y anuncios en medios impresos, radio y televisión – puede haber desalentado a algunos centroamericanos de enviar a sus hijos a EE.UU. sin acompañante (o con contrabandistas), pero muchas familias parecen haber preferido afrontar los riesgos de la ruta antes que los riesgos en sus países (véase arriba).[fn]Véase Hiskey, et. al, “Understanding”, op. cit., y nota al pie anterior sobre las campañas de información de EE.UU.Hide Footnote La estrategia de EE.UU. no contempló la ayuda a México para brindar protección a los refugiados, sino solo para interceptar a los migrantes. México no es solo un país de tránsito para los refugiados centroamericanos, según funcionarios de ACNUR; también es un destino, pero su capacidad de lidiar con la afluencia de migrantes está sobrepasada.

B. En busca de seguridad en México

Las solicitudes de asilo en México han aumentado de 1.296 en 2013 a 3.423 en 2015. En 2015, el 92 por ciento de los solicitantes procedían del triángulo norte, en especial Honduras (1.560) y El Salvador (1.475). Tan solo 102 eran guatemaltecos.[fn]Estadísticas, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR, www.comar.gob.mx). Porcentajes calculados por Crisis Group.Hide Footnote El aumento se debe en gran medida a una campaña de ACNUR y otros activistas de derechos humanos y derechos de los migrantes para publicitar los derechos de las personas que huyen de la violencia. Afiches que les dicen a los migrantes, “cuando huyes de tu país, tienes derecho a solicitar la condición de refugiado”, adornan los albergues, centros de detención y otras áreas donde se sabe que se reúnen los migrantes. Aun así, estas cifras son tan solo una pequeña fracción de los 170.000 migrantes del TNCA detenidos por las autoridades mexicanas en 2015, y de los que deberían tener derecho a recibir protección, según ACNUR y otros defensores de los derechos humanos. Asimismo, alrededor del 30 por ciento de las personas que solicitaron asilo en 2015 nunca completaron el proceso. De aquellas que sí lo hicieron, alrededor del 45 por ciento (930) obtuvieron el estatuto de refugiado o de protección.[fn]Estadísticas sobre detenciones de la SEGOB, disponibles en www.politicamigratoria.gob.mx. Las cifras son solo las obtenidas por los funcionarios mexicanos, no el flujo total del TNCA. Las cifras relativas al estatuto de protección provienen de COMAR, op. cit., incluidos aquellos que han obtenido el estatuto de refugiado y aquellos que han recibido “protección complementaria” porque podrían enfrentar peligros si regresaran, aunque no reunan los requisitos para ser refugiados.Hide Footnote

Pero el número de solicitantes y el porcentaje de admisiones han aumentado drásticamente en 2016. En los primeros tres meses, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibió 1.470 solicitudes, y 652 (el 62 por ciento) de los 1.048 que completaron el proceso obtuvieron el estatus de refugiado o protección.[fn]Al momento de publicación, la COMAR no había proporcionado un desglose por nacionalidad para enero-marzo de 2016. Sus cifras más recientes se obtuvieron en www.gob.mx/comar.Hide Footnote Sin embargo, los migrantes que más tienden a necesitar protección – los niños no acompañados – son los menos propensos a solicitarla. Unos 35.000 menores del TNCA fueron detenidos por las autoridades mexicanas en 2015, alrededor de 18.000 de los cuales estaban viajando sin un progenitor o tutor. Los funcionarios de ACNUR estiman que hasta la mitad de ellos tenían motivos plausibles para reclamar protección internacional debido a amenazas contra sus vidas y seguridad, pero tan solo 138 solicitaron el estatuto de refugiado. Solo 56 obtuvieron el asilo o estatuto de protección que les permitiría permanecer en México.[fn]Número de solicitudes de ibid. ACNUR citado en “Closed Doors: Mexico’s Failure to Protect Central American Refugee and Migrant Children”, Human Rights Watch, marzo de 2016, p. 2.Hide Footnote

Number of applications from ibid. UNHCR cited in “Closed Doors: Mexico’s Failure to Protect Central American Refugee and Migrant Children”, Human Rights Watch, March 2016, p. 2.Hide Footnote

Deportaciones de ciudadanos provenientes del TNCA desde EE.UU. y México. Crisis Group a partir de datos del ICE Immigration Removals entre 2013-1015 y el Gobierno de México.
Las solicitudes de asilo en México han aumentado de 1.296 en 2013 a 3.423 en 2015.

¿Por qué son tan pocos los migrantes del TNCA, sacudido por la violencia, que solicitan formalmente el estatuto de refugiado en México? Muchos prefieren llegar a EE.UU., donde tal vez tengan familiares o la esperanza de mejores empleos, pero los funcionarios de ACNUR y de los albergues dicen que un número cada vez mayor quiere permanecer en México, especialmente dados los elevados costos y riesgos de llegar a EE.UU. y el creciente peligro de ser deportados una vez allí. Varios de los entrevistados en albergues a lo largo de la frontera dijeron que ya habían sido detenidos en EE.UU. anteriormente, y preferían probar suerte en México. Leonel, un hondureño de 24 años de San Pedro Sula, dijo que tenía un buen trabajo repartiendo productos lácteos, pero que huyó para evitar ser reclutado por las maras. Tras haber sido detenido una vez en Brownsville, Texas, no tenía ningún deseo de volver a emprender el peligroso viaje hacia el norte, especialmente con su esposa e hijo de tres años. “No quiero que me encierren”, dijo, así que está sopesando los riesgos: completar el proceso de asilo, aunque no es probable que tenga éxito, o encontrar trabajo informal como migrante indocumentado en México. Volver a Honduras no es una opción: “cuando las maras dicen que te van a matar, lo dicen en serio”.[fn]Entrevista de Crisis Group, Casa Refugio La 72, Tenosique, Tabasco, 10 de mayo de 2016.Hide Footnote

C. Obstáculos al reconocimiento de la condición de refugiado

Los potenciales refugiados deben solicitar asilo dentro de los 30 días siguientes al cruce de la frontera. Pueden hacer la solicitud después de ser detenidos, o bien acercarse a las autoridades de forma voluntaria, en cuyo caso pueden esperar los resultados fuera de los centros de detención, pero alrededor de un tercio de los solicitantes abandona el proceso de tres meses.[fn]La COMAR está obligada a procesar las solicitudes de asilo dentro de los siguientes 45 días, más diez días para notificación. El 99 por ciento de estas solicitudes son procesadas dentro de ese periodo, según la COMAR.Hide Footnote Aquellos que no están detenidos a veces abandonan porque no se les permite trabajar, no pueden viajar y deben presentarse ante las autoridades todas las semanas. Aquellos que se encuentran detenidos en centros del INM a veces solicitan ser deportados porque no soportan las condiciones similares al encarcelamiento. El centro de detención prolongada más grande y mejor equipado– Siglo XXI en Tapachula, Chiapas – obliga a los migrantes a dormir en literas y a veces en delgados colchones en los pasillos. Hay zonas separadas para los hombres, mujeres y jóvenes de trece a diecisiete años (los niños no acompañados más jóvenes pasan a manos de los funcionarios de protección de menores). Por lo general se separa a las familias, excepto las madres con niños de doce o menos años, o hijas adolescentes.[fn]Crisis Group no pudo visitar los centros de detención, pero las condiciones se describen en “Closed Doors”, op. cit., pp. 81-83. “The Cost of Stemming the Tide: How Immigration Enforcement Practices in Southern Mexico Limit Migrant Children’s Access to International Protection”, Instituto de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de Georgetown, abril de 2015, pp. 33-37; y “Derechos Cautivos”, op. cit., pp. 67-69.Hide Footnote

La detención es especialmente dura para los adolescentes, para quienes los meses que pasan en centros de detención calurosos y hacinados son “una eternidad”.[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario de ACNUR, Ciudad de México, 4 de mayo de 2016.Hide Footnote Si bien los jóvenes no acompañados supuestamente deben ser transferidos siempre que sea posible a albergues especiales gestionados por funcionarios de protección de menores, “los niños, niñas y adolescentes [indocumentados] siguen siendo detenidos de forma generalizada”.[fn]“Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para. 501, 30 de diciembre de 2013. Un informe de 2016 de Human Rights Watch arroja conclusiones similares. “Closed Doors” op. cit., pp. 83-86.Hide Footnote Los jóvenes no asisten a la escuela ni tienen acceso a atención médica o psicológica adecuada. Muchos han sido traumatizados por la violencia; algunos son ex miembros de las maras; pocos conocen sus derechos. Dentro de las zonas reservadas para los varones adolescentes puede haber mucha tensión. No solo son un peligro los unos para los otros, sino que algunos denuncian golpizas por parte de las fuerzas de seguridad o los agentes de migración. Un centro de derechos humanos en Chiapas dijo que había denunciado numerosos casos de abusos en centros de detención, pero esto no había derivado en “ninguna amonestación o sanción administrativa, mucho menos penal”.[fn]Entrevista de Crisis Group, Gerardo Espinoza, Salvador Lacruz, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Tapachula, Chiapas, 8 de junio de 2016.Hide Footnote

A fin de brindar protección y disuadir a los migrantes de continuar el peligroso viaje hacia el norte, dicen los defensores, las autoridades deben ofrecer alternativas a la detención, que incluyan albergues especiales o familias de acogida para los menores no acompañados y permisos de trabajo para los adultos. Bajo las leyes mexicanas, las autoridades migratorias podrían emitir visas humanitarias, que permiten el empleo y la libertad de movimiento, para los migrantes que hayan solicitado el estatuto de refugiado y aquellos que haya sido víctimas o testigos de crímenes graves. El INM emitió unas 1.000 en 2015, casi el doble del número autorizado en 2014, pero los defensores afirman que muchos más migrantes cumplirían con los requisitos para recibirla.[fn]Entrevista de Crisis Group, Alejandra Macías, coordinadora nacional, Asylum Access, Ciudad de México, 4 de mayo de 2016. Funcionarios del INM dicen que solo las víctimas o testigos pueden recibir estas visas humanitarias, aunque la página web del instituto incluye a los “solicitantes de asilo político, refugio o protección complementaria” entre aquellos con derecho a recibirlas, www.gob.mx/tramites. Véase también “Closed Doors”, op. cit. p. 76.Hide Footnote

Crisis Group interview, Alejandra Macías, national coordinator, Asylum Access, Mexico City, 4 May 2016. INM officials say only victims or witnesses can receive these humanitarian visas, though the institute’s web page lists “applicants for political asylum, refuge or complementary protection” among those eligible. See also “Closed Doors”, op. cit. p. 76.Hide Footnote

A fin de brindar protección y disuadir a los migrantes de continuar el peligroso viaje hacia el norte, dicen los defensores, las autoridades deben ofrecer alternativas a la detención.

Un importante factor disuasivo a la hora de solicitar asilo es la dificultad de obtenerlo. México ha abogado por los derechos de los refugiados y otros derechos humanos en el ámbito internacional. Su Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria de 2011 incorpora buenas prácticas, como el permiso de trabajo y el acceso a la educación, la salud y otros servicios públicos. Sigue los lineamientos de la Convención de 1951, que define un refugiado como alguien con un fundado temor de persecución por motivos de raza, religión y nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. La ley mexicana incorpora una sexta categoría – la persecución por motivos de género – y va aún más lejos, incorporando el texto de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, la cual protege a las personas que han huido “de la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.[fn]“Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951”, www.acnur.org. Sobre la legislación mexicana, véase “Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria”, disponible en www.comar.gob.mx. Michael Reed-Hurtado, “The Cartagena Declaration on Refugees and the Protection of People Fleeing Armed Conflict and Other Situation of Violence in Latin America”, Legal and Protection Policy Research Series, ACNUR, marzo de 2013. México, que experimentó una afluencia de centroamericanos que huían de los conflictos en los años 70 y 80, fue uno de los principales impulsores de esta declaración. “Guatemala: Memoria del Silencio: Conclusiones y Recomendaciones”, Comisión de Esclarecimiento Histórico, 1999, p. 38.Hide Footnote

El miedo a la “violencia generalizada”, sin embargo, no garantiza el reconocimiento del estatuto de refugiado de cualquier centroamericano que haya huido de las maras. Cada solicitante es entrevistado, a menudo varias veces, y si es necesario se lleva a cabo una consulta psicológica. Asimismo, los funcionarios de la COMAR consultan a funcionarios de la embajada mexicana acerca de las condiciones en el país de origen. Pero la COMAR cuenta solo con quince analistas para manejar miles de casos. Si bien los funcionarios insisten que hasta ahora son capaces de manejar la carga de trabajo de manera justa y eficaz, admiten que un nuevo aumento de los casos podría sobrecargar su capacidad.[fn]Entrevistas de Crisis Group, Alma Delia Cruz, COMAR, Tapachula, Chiapas, 10 de junio de 2016; Sandra Velasco, coordinadora general, COMAR, Ciudad de México, 1 de junio de 2016 y Cinthia Pérez Trejo, COMAR, 24 de mayo de 2016. México solo ha aplicado la definición de Cartagena en algunos casos recientes, por ejemplo las personas que huyen de la guerra en Siria. La COMAR tiene delegaciones en la Ciudad de México, Chiapas y Veracruz, de modo que algunas entrevistas se realizan por teléfono, aunque dice que los analistas a menudo viajan para hablar con los solicitantes en persona.Hide Footnote

Los defensores de los refugiados, por otro lado, afirman que la COMAR emite decisiones tipo “corta-pega” para excluir más que proteger. “Actúan como detectives interrogando a un sospechoso”, buscando incongruencias para rechazar las solicitudes por “falta de credibilidad”.[fn]Entrevista de Crisis Group, Gerardo Espinoza, Salvador Lacruz, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Tapachula, Chiapas, 8 de junio de 2016.Hide Footnote Muchos solicitantes tienen una educación precaria y son fáciles de intimidar; relativamente pocos de ellos cuentan con ayuda legal. Muchas solicitudes son rechazadas aduciendo la existencia de “una alternativa de huida interna”, es decir el individuo o la familia podría haber huido a alguna zona más segura dentro de su propio país, a pesar de que en los pequeños países del TNCA las maras dominan las grandes ciudades y se han instalado en muchas localidades más pequeñas. El territorio se protege ferozmente, y se trata a los forasteros como posibles enemigos. En zonas más rurales puede no haber empleos o acceso a la educación o salud. “Hay pocas alternativas de huida interna” en el Triángulo Norte, comentó un funcionario de ACNUR.[fn]Entrevista de Crisis Group, Ciudad de México, 3 de junio de 2016.Hide Footnote

Deportaciones desde los EE.UU. por ciudadanía. Crisis Group a partir de datos del ICE Immigration Removals entre 2013-2015.

D. La puerta giratoria

Unos siete autobuses viajan todos los días entre Tapachula y Tecún Umán, transportando migrantes repatriados de vuelta a Guatemala desde México. Unos 5.000 llegan cada mes a la ciudad fronteriza, y otros 4.000 vuelan a la Ciudad de Guatemala desde EE.UU. en dos vuelos diarios, cuatro días a la semana. A su llegada, los retornados son registrados, se les ofrece un refrigerio y, si es necesario, atención médica. Tanto en la capital como en la frontera, los migrantes reciben alojamiento por una noche y ayuda para encontrar transporte hasta su hogar. Los niños no acompañados son llevados a albergues supervisados por la Secretaría de Bienestar Social, uno en la capital y otro en la ciudad de Quetzaltenango, al occidente del país, hasta que puedan ser devueltos a sus padres o tutores.[fn]Visita de Crisis Group, centro de recepción de migrantes, Aeropuerto Internacional La Aurora, Ciudad de Guatemala, 15 de junio de 2016 y Casa del Migrante, Tecún Umán 17 de mayo de 2016; entrevista, Carol Girón, coordinadora regional, Red Internacional de Migración Scalabrini, Ciudad de Guatemala, 13 de mayo de 2016.Hide Footnote

Al igual que Guatemala, los otros países del TNCA han mejorado la recepción de ciudadanos repatriados, en especial de los niños. Honduras tiene centros para repatriados en San Pedro Sula y a lo largo de la frontera con Guatemala, incluidos albergues especializados para niños. El Salvador ha restaurado un centro de recepción para niños no acompañados en su capital e introducido tres programas de reinserción para migrantes retornados.[fn]Presentación por el ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador Hugo Martínez, Washington D.C., Woodrow Wilson Center, 14 de julio de 2016.Hide Footnote Pero después de volver a casa, la mayoría de los migrantes, incluidos los niños, están solos. Muchos pueden volver a intentarlo. Alrededor de la mitad de los retornados en un vuelo de EE.UU. a Guatemala en junio levantaron la mano cuando un funcionario les preguntó si habían sido deportados anteriormente.[fn]“Unaccompanied Children from Central America: Foreign Policy Considerations”, Congressional Research Service, 11 de abril de 2016, pp. 19, 21. Entrevista por Skype de Crisis Group, funcionario de protección, ACNUR, Tegucigalpa, 7 de junio de 2016. ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brindan tanto asistencia directa como capacitación. Véase “Northern Triangle: IOM Builds Capacity to Protect Child Migrants of Central America”, OIM, 17 de junio de 2016. Visita de Crisis Group, centro de recepción de migrantes, Aeropuerto Internacional La Aurora, Ciudad de Guatemala, 15 de junio de 2016.Hide Footnote

Ni siquiera los más vulnerables – como las familias y los niños no acompañados – son supervisados tras ser repatriados. Ninguno de los “Gobiernos [del NTCA] cuentan con los medios necesarios para dar un seguimiento eficaz a los niños deportados”; tampoco tienen la capacidad para “reinsertar a los niños de forma segura”. Algunos estudios también han documentado el asesinato de migrantes deportados. Se ha hecho muy poco para asegurar que la repatriación no sea simplemente una puerta giratoria para los centroamericanos desesperados por escapar de la violencia y la pobreza.[fn]“Unaccompanied Children”, op. cit., pp. 19, 22. “U.S. government deporting Central American migrants to their deaths”, The Guardian, 12 de octubre de 2015. Entrevista por Skype de Crisis Group, funcionario de protección, ACNUR, Tegucigalpa, 7 de junio de 2016.Hide Footnote “Resulta alarmante”, afirmó un informe de 2015 sobre niños repatriados, que la política migratoria siga estando centrada en la seguridad y el control migratorio, “dejando en un segundo plano la obligación de los Estados de proteger y respetar los derechos de los niños y niñas”.[fn]“Niños, niñas y adolescentes migrantes retornados. Un análisis de los contextos y las respuestas de los servicios y las políticas de protección en El Salvador, Guatemala, Honduras y México”, Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF), Save the Children, UNICEF, Buenos Aires, 2015, p. 12.Hide Footnote

Marcha por la reforma migratoria en Ann Arbor, Minnesota. FLICKR/Sasha Kimel

VI. Respuesta y responsabilidad de EE.UU.

Estados Unidos tiene una responsabilidad especial en lo que respecta a la crisis migratoria en Centroamérica y México, donde la violencia es parcialmente el legado de los conflictos armados que asolaron gran parte de la región durante los años 70 y 80 bajo Gobiernos dominados por militares y apoyados por Washington. Las frágiles democracias que surgieron tras estas confrontaciones de la Guerra Fría lucharon por brindar seguridad a poblaciones polarizadas, empobrecidas y aún fuertemente armadas.[fn]“Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe de Desarrollo Humanos en América Central, 2009-2010.Hide Footnote Posteriormente, en la década de los 90 y del 2000, EE.UU. deportó a más de 250.000 criminales convictos, entre ellos numerosos miembros de pandillas, a El Salvador, Guatemala y Honduras.[fn]Estadísticas sobre EE.UU. citadas en Rosenblum, “Unaccompanied Child Migration”, op. cit., p. 11. El número de deportaciones sobreestima el número de individuos, ya que algunos fueron deportados más de una vez. Las dos principales maras centroamericanas – MS 13 (Mara Salvatrucha) y Barrio 18 – surgieron por primera vez en Los Angeles durante los años 70. Véase Carlos Martínez y José Luis Sanz, “El origen del odio”, El Faro, (www.salanegra.elfaro.net), 6 de agosto de 2012.Hide Footnote Al mismo tiempo, el consumo de drogas ilegales en EE.UU. – en especial cocaína de Sudamérica – ha impulsado el crecimiento de poderosos grupos del crimen organizado que controlan y luchan por el territorio a lo largo de las rutas del narcotráfico en México y Centroamérica.[fn]Para más sobre cómo los diferentes grupos generan desplazamiento forzado, véase David James Cantor, “The New Wave: Forced Displacement Caused by Organized Crime in Central America and Mexico”, Refugee Survey Quarterly, 2014, pp. 1-35.Hide Footnote En este contexto, los llamamientos del candidato presidencial del Partido Republicano Donald Trump a construir un muro para sellar la frontera entre EE.UU. y México contra la migración han sido recibidos con desaprobación y burla en gran parte de América Latina.[fn]“Latin America bashes Trump’s immigration bashing”, USA Today, 17 de junio de 2015.Hide Footnote

A. Reforma estancada

La migración a EE.UU. ha sido una válvula de seguridad plagada de incertidumbre. Se afirma que unos ocho millones de mexicanos y centroamericanos viven allí en situación ilegal, vulnerables a la discriminación y al riesgo de deportación.[fn]“An Analysis of Unauthorized Immigrants in the United States by Country and Region of Birth”, Migration Policy Institute, agosto de 2015.Hide Footnote Las reformas migratorias para legalizar a estos migrantes irregulares han permanecido estancadas durante casi tres décadas.[fn]Jonathan Masters, “The U.S. Supreme Court and Obama’s Immigration Actions”, Council on Foreign Relations Backgrounders, 20 de abril de 2016.Hide Footnote Para brindar seguridad a una porción de esta población, el presidente Obama estableció en 2012 el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que permitiría a 1,2 millones de individuos que fueron traídos a EE.UU. cuando eran niños regularizar su situación legal.[fn]“Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)”, Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por su sigla en inglés), actualizado el 3 de agosto de 2015. Para el 31 de marzo de 2016, se habían aprobado 1.239.404 solicitudes de DACA. Los países de origen con el mayor número de beneficiarios de la DACA son México (78 por ciento), El Salvador (4 por ciento), Guatemala (3 por ciento) y Honduras (3 por ciento).Hide Footnote En noviembre de 2014, creó la Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Legales (DAPA, por su sigla en inglés), pensada para ampliar la DACA y permitir a otros 3,6 millones regularizar su situación legal.[fn]“Executive Actions on Immigration”, USCIS, actualizado el 15 de abril de 2015.Hide Footnote Sin embargo, la Corte Suprema emitió un fallo de cuatro a cuatro en junio de 2016, dejando en vigor un fallo del tribunal de apelación sobre una causa presentada por 25 estados que bloquea la implementación de estos programas.[fn]Haeyoun Park and Alicia Parlapiano, “Supreme Court’s Decision on Immigration Case Affects Millions of Unauthorized Immigrants”, The New York Times, 23 de junio de 2016.Hide Footnote

Otro nuevo programa, que aborda el problema de los menores que probablemente emigren para reunirse con sus padres en el extranjero, no se vio afectado por el fallo de la Corte Suprema. En diciembre de 2014, EE.UU. estableció un programa para refugiados dentro de los países del TNCA. El propósito del Programa de Procesamiento de Refugiados/Permisos para Niños Menores en Centroamérica (CAM, por sus siglas en inglés) es proporcionar una “alternativa segura, legal y ordenada a la peligrosa travesía” que emprenden los niños no acompañados en busca de reunificación familiar. Hasta el momento, su impacto ha sido mínimo. El proceso debe ser iniciado en EE.UU. por padres que estén “legalmente presentes”, por lo tanto excluye a niños con otros parientes cercanos en EE.UU., así como los familiares de los millones de centroamericanos indocumentados. Lo que es más importante, dado que requiere múltiples entrevistas, autorizaciones de seguridad y médicas y pruebas de ADN, el proceso tarda de seis meses a un año en completarse, por lo que no protege a quienes corren peligro inminente.[fn]“Unaccompanied Children”, op. cit., p. 10; “Eroding the Law and Diverting Taxpayer Resources: An Examination of the Administration´s Central American Minors Refugee/Parole Program”, testimonio, Doris Meissner, Migration Policy Institute, ante la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, 23 de abril de 2015, p. 7.Hide Footnote A julio de 2016, tan solo 600 de 9.000 solicitantes han sido admitidos a EE.UU.[fn]Número de admisiones del CAM de Anne Richard, subsecretaria de Estado para Población, Migrantes y Refugiados, declaración ante la Mesa Redonda de Alto Nivel de ACNUR, “Call to Action: Protection Needs in the Northern Triangle of Central America”, San José, 6 de julio de 2016.Hide Footnote

Para ofrecer verdadera protección a los menores en riesgo, el CAM tendría que acelerar los trámites y proporcionar albergue dentro del país a las personas en peligro inminente. Para aliviar la carga de los países vecinos, especialmente México, debería ampliarse a los verdaderos refugiados, es decir, los niños y adolescentes que ya han huido de sus países de origen. ACNUR, que ha ampliado su presencia a lo largo de la frontera entre México y Guatemala, podría publicitar el programa, llevar a cabo evaluaciones iniciales y derivar casos. La OIM podría seguir ayudando con el transporte, como ya lo hace para los beneficiarios del CAM que viajan desde Centroamérica. Quienes hayan solicitado que EE.UU. reconozca su condición de refugiado deberían ser alojados en albergues equipados para brindar clases y apoyo psicosocial a los niños traumatizados.

EE.UU. puede ayudar a los migrantes que se enfrentan a una posible deportación otorgándoles el Estatus de Protección Temporal (TPS). Este puede ofrecerse en casos de conflicto armado, desastre ambiental, epidemias, u “otras condiciones extraordinarias y temporales”.[fn]“Temporary Protected Status”, USCIS, actualizado el 8 de julio de 2016. Para evitar que el TPS atraiga a más migrantes a cruzar la frontera, sin embargo, las autoridades tendrían que lanzar una campaña de información pública, dejando en claro que solo está disponible para aquellos que hayan llegado antes de cierta fecha.Hide Footnote Se ha ofrecido repetidamente a los salvadoreños tras los terremotos de 2001 y a los hondureños tras del Huracán Mitch en 1998. Otorgar el TPS a ciudadanos del TNCA que se enfrentan al auge de la violencia criminal sería un paso razonable para proteger a las personas, en especial los jóvenes, vulnerables a los ataques o el reclutamiento.

B. La Alianza para la Prosperidad

En el periodo posterior a la ola de menores no acompañados que llegaron a la frontera con EE.UU. en 2014, el Gobierno de Obama decidió ayudar a los países del TNCA a hacer frente a los factores de empuje de la migración: la violencia y la falta de oportunidades económicas.[fn]Muzaffar Chishti y Faye Hipsman, “Increased Central American Migration to the United States May Prove Enduring Phenomenon”, Migration Policy Institute, 8 de febrero de 2016.Hide Footnote Bajo el liderazgo del vicepresidente Joe Biden, presionó a los países a unirse en torno a una propuesta específica de desarrollo económico y gobernabilidad que se convirtió en la Alianza para la Prosperidad.[fn]“FACT SHEET: The United States and Central America: Honoring Our Commitments”, Oficina del Secretario de prensa de la Casa Blanca, 14 de enero de 2016.Hide Footnote El Congreso aprobó un paquete de ayuda de $750 millones para el año fiscal 2016, y el presidente Obama ha solicitado un monto similar para el año fiscal 2017. Esos fondos y las recomendaciones en materia de políticas que los acompañan fueron diseñados para presionar a los Gobiernos del TNCA para que se centren en la reducción de la pobreza, además de implementar medidas anticorrupción y reformas a la justicia del estilo de las que ha liderado la CICIG en Guatemala – todas las cuales estaban ausentes en sus propuestas originales.[fn]Entrevistas de Crisis Group, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Departamento de Estado, Consejo de Seguridad Nacional, Washington, enero-abril de 2016. “Central America and the Alliance for Prosperity”, audiencia, Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Washington, 19 de abril de 2016. Sobre la CICIG, véase Informe de Crisis Group de América Latina N°56, ¿De bastón a catalizador?: la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, 29 de enero de 2016.Hide Footnote En una reunión con Biden en febrero de 2016, los tres gobiernos prometieron asignar unos $2,6 mil millones de sus presupuestos nacionales para apoyar los objetivos del plan.[fn]“The Blair House Communique: Joint Communique of the Presidents of El Salvador, Guatemala, and Honduras, and the Vice President … in Relation to the Plan of the Alliance for Prosperity in the Northern Triangle”, Oficina del Secretario de prensa de la Casa Blanca, 24 de febrero de 2016.Hide Footnote

Es fundamental que EE.UU. siga brindando apoyo a la Alianza para la Prosperidad por otros cinco años e incluya programas específicos para abordar la prevención comunitaria de la violencia.

Es fundamental que EE.UU. siga brindando apoyo a la Alianza para la Prosperidad por otros cinco años e incluya programas específicos para abordar la prevención comunitaria de la violencia. Sin embargo, la ayuda de EE.UU no compensa los niveles históricamente bajos de inversión en los niños en la región: los gobiernos del TNCA han invertido mucho menos en programas para los jóvenes, especialmente en educación, que el promedio para Latinoamérica del 2,6 por ciento del PIB, según cálculos de 2012. Guatemala invirtió 1,8 por ciento, El Salvador 1,6 por ciento y Honduras 0,5 por ciento.[fn]“Panorama Social de América Latina”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas, 2014, p. 17.Hide Footnote La Alianza para la Prosperidad representa tan solo una fracción de los casi $13 mil millones en remesas que los migrantes del TNCA envían a casa cada año. Las ganancias de los migrantes representan el 17 por ciento del ingreso nacional en Honduras y El Salvador, y el 10 por ciento en Guatemala.

Si bien poner fin a la violencia criminal en Centroamérica – cuyo costo estimado es de casi el 8 por ciento de su PIB – ayudaría a la economía regional, la emigración en sí misma es una bonanza económica en el corto plazo, a pesar de los costos a largo plazo en términos de capital humano. Prevenir la migración no es una “prioridad en la agenda política” de la mayoría de los países centroamericanos, dijo un economista guatemalteco, ya que es “funcional” a los intereses de cada país.[fn]Promedio de remesas enviadas a Guatemala, Honduras y El Salvador, 2013-2015, calculado en base a datos de Manuel Orozco, Laura Porras y Julia Yansura, “The Continued Growth of Family Remittances to Latin America and the Caribbean in 2015”, Inter-American Dialogue, febrero de 2016, p. 4; en base a datos del Banco Mundial para 2014 y 2015, “Crime and Violence in Central America: A Development Challenge”, World Bank, 2011, p. 6. El estudio estimó que, en promedio, el costo de crimen y la violencia en Centroamérica es del 7,7 por ciento. El de Guatemala es el mismo; el Salvador y Honduras lo superan en un 9 por ciento. Estimó además gastos adicionales en seguridad, justicia y atención médica por muerte y lesiones, entre otros factores. Entrevista de Crisis Group, Danilo Rivera, Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES), Ciudad de Guatemala, 17 de febrero de 2016.Hide Footnote

Monumento a los fallecidos tratando de cruzar la frontera entre EE.UU. y México en Tijuana. WIKIMEDIA/Tomas Castelazo

VII. Conclusión

El súbito aumento en el número de migrantes irregulares que atraviesan el Triángulo Norte de Centroamérica hacia México es tanto una consecuencia de la violencia criminal como una oportunidad para los criminales de explotar a personas vulnerables en tránsito. Al empujar la migración hacia la clandestinidad mediante duras medidas de control, las autoridades regionales ponen a los hombres, mujeres y niños, muchos de los cuales huyen de violentas pandillas en sus países de origen, en peligro de ser victimizados por criminales y autoridades estatales corruptas cuando parten hacia el extranjero en busca de seguridad. Cuando se obliga a los migrantes irregulares y refugiados a permanecer invisibles para evitar ser deportados, se convierten en presa fácil. La migración indocumentada masiva también abre espacios de discrecionalidad para los funcionarios locales, a menudo en regiones fronterizas, alentando la corrupción y menoscabando las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública y combatir la impunidad.

Los resultados son visibles en los múltiples abusos que sufren las personas en tránsito y el fracaso de los programas de control fronterizo, deportación y disuasión de la migración. En lugar de frenar el flujo de migrantes, cada medida para endurecer las fronteras ha fortalecido la capacidad de los grupos criminales de traficar y explotar a personas cada vez más desesperadas.

La región apenas está comenzando a lidiar con lo que la mayoría de sus líderes ahora reconoce como una crisis humanitaria con múltiples causas, entre ellas factores socioeconómicos y altos niveles de violencia e inseguridad.

La región apenas está comenzando a lidiar con lo que la mayoría de sus líderes ahora reconoce como una crisis humanitaria con múltiples causas, entre ellas factores socioeconómicos y altos niveles de violencia e inseguridad. En una mesa redonda de ACNUR en julio de 2016, los países del TNCA acordaron abordar las causas subyacentes del desplazamiento forzado, mientras que los países de destino prometieron mejorar las respuestas de asilo y protección. México acordó explorar alternativas a la detención para los solicitantes de asilo y los refugiados, fortalecer los programas de protección de menores y aumentar la capacidad y presencia de los funcionarios de asilo. EE.UU. prometió “redoblar los esfuerzos para abordar los factores subyacentes” que llevan a los centroamericanos a abandonar sus hogares y ayuda adicional para las operaciones de ACNUR en la región y la capacitación para los funcionarios de asilo de la región.[fn]Declaraciones, Richard, op. cit., Erasmo Lara Cabrera, Director General de Derechos Humanos y Democracia, Secretaría de Relaciones Exteriores, Mexico, Mesa Redonda de Alto Nivel de ACNUR, San José, 7 de julio de 2016.Hide Footnote

Si se adoptan estas medidas, podrían marcar el comienzo de un enfoque maduro y cooperativo hacia la migración en la región. Tal vez lo más importante sea que los líderes regionales hayan reconocido su responsabilidad conjunta tanto a la hora de abordar las causas de la violencia criminal como de proteger a las víctimas. No obstante, las lecciones aprendidas a partir de la ola de niños no acompañados de 2014 son una advertencia, y los países centroamericanos siguen dependiendo de las remesas de los migrantes. Hasta que se demuestre lo contrario mediante acciones concretas, las promesas de todos los países de proteger a quienes huyen de la persecución y la violencia seguirán pareciendo vacías.

Ciudad de México/ Ciudad de Guatemala /Bogotá/Bruselas, 28 de julio de 2016

People displaced by fighting in north-western Myanmar between junta forces and anti-junta fighters walk in Chin State, Myanmar, May 31, 2021. Picture taken May 31, 2021. REUTERS/Stringer
Briefing 168 / Asia

တပ်မတော်ကိုပစ်မှတ်ထားခြင်း - မြန်မာ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုအလွန် အသစ် ထွက်ပေါ်လာသော လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး

Across Myanmar, militias are forming to counter deadly repression of demonstrations against the 1 February coup. In response, the military has deliberately targeted civilians, displacing tens of thousands. Outside actors should press the regime to respect international law and allow humanitarian aid to the displaced.

What’s new? Following Myanmar’s 1 February coup, newly organised militias have launched attacks in several parts of the country in response to regime killings of demonstrators. These lightly armed bands have inflicted significant casualties on the security forces, who have struck back with heavy weapons and bombardment of residential areas.

Why does it matter? The regime’s heavy-handed, indiscriminate retaliation has displaced tens of thousands of men, women and children. Local networks and humanitarian agencies are unable to adequately assist these people, due to security and access restrictions, including military arrests, confiscation of supplies, and killings of those trying to deliver aid.

What should be done? International actors – including in the UN Security Council – should press Myanmar’s regime to respect its legal obligations regarding the principles of proportionality and distinction, which its counter-insurgency strategy deliberately violates, and allow humanitarian access to all displaced people. Newly created militias must also refrain from abuses, particularly killing detainees.

I. Overview

The Myanmar junta’s crackdown on protesters and the broader civilian population after the 1 February coup d’état has triggered violent resistance, including the formation of militias in parts of the country. Some such militias, armed with hunting rifles and other makeshift weapons, have used their numbers and knowledge of local terrain to inflict serious casualties on Myanmar’s military, known as the Tatmadaw. Security forces have responded with indiscriminate attacks on populated areas, using artillery, airstrikes and helicopter gunships. Tens of thousands of men, women and children have fled to the forest, with the regime blocking relief from reaching them. The Tatmadaw must meet its international obligations to respect the proportional use of force, distinguish between combatants and civilians, and allow unimpeded humanitarian access to those displaced. Outside actors have a responsibility, including in the UN Security Council, to ensure the regime faces consequences for international law violations. The militias, for their part, should not take the Tatmadaw’s grave abuses as an excuse to commit their own.

Citizens in many parts of Myanmar watched in dismay as the regime unleashed deadly violence against protesters and residents in major cities from late February. Determined to continue demonstrating against the coup, but also concerned that they faced the same threat from security forces, they began forming militias to defend themselves. Such groups have emerged in several areas of the country, responding to the security forces’ attacks with determined campaigns of armed resistance. They have been most effective in places with existing militias or ethnic armed groups, or strong traditions of hunting – where many men have access to weapons and know the terrain intimately. Many of these areas have seen no active conflict in years or decades, meaning the Tatmadaw has little established military and intelligence capability there.

With ground troops proving to be easy targets for ambushes, [the military] has unleashed long-range artillery, airstrikes and airborne assaults on populated areas.

Facing rising casualties, the military has responded with overwhelming force. With ground troops proving to be easy targets for ambushes, it has unleashed long-range artillery, airstrikes and airborne assaults on populated areas, such as the towns of Mindat (in Chin State) and Demoso (in Kayah State). The Tatmadaw is using its long-established “four cuts” counter-insurgency strategy in these areas, a cruel approach that deliberately targets civilians in an effort to deprive insurgents of food, funds, recruits and intelligence on troop movements (hence the four cuts). Attacks on populated areas are an integral part of this strategy, along with the looting of food stores and denial of relief supplies, in clear violation of international humanitarian law.

The fast emergence of these militias, and their capacity to evolve from loosely coordinated groups of local people into more structured, better armed and sustainably funded forces, likely marks a new phase of Myanmar’s decades-old civil war. Given the deep grievances in areas such as Chin and Kayah States – about the coup, but also over decades of neglect, ethnic discrimination and denial of rights – these militias are unlikely to simply disband or quickly fade away. They constitute new fronts for the Tatmadaw, which will probably keep blindly lashing out at civilians, as it has done repeatedly in the past when fighting many of the country’s ethnic armed groups. While these militias generally express support for the National Unity Government (NUG), the civilian body that has emerged to contest the junta’s claim to rule, they are not under its command or control.

In a context of national economic collapse and local penury, these new militias will have privileged access to resources and rent-seeking opportunities, such as other armed actors in the political economy of Myanmar’s conflict have long secured. Experience from other parts of the country shows that such groups can provide protection for residents but can also become a source of insecurity for them, as well as an economic burden.

Addressing these conflict dynamics and their impact on non-combatants is difficult without a return to more democratic and accountable civilian government, which the regime appears determined to prevent. Nevertheless, some steps can be taken now that would help meaningfully improve the situation:

  • The Tatmadaw must cease attacks on civilians in line with its international legal obligation to respect the principles of proportionality and distinction. The security forces must also stop impeding humanitarian access to displaced populations.
     
  • Outside actors should do what they can to ensure that the regime is held accountable for its violations of international law. UN Security Council members inclined to act could request that the UN secretary-general report in more detail on the extent of violence and any obstruction of aid in Myanmar, thus ensuring that the Council discusses these issues. All countries should stop the supply of weapons to the regime.
     
  • Humanitarian agencies and donors should use all available channels to press the regime for timely access to displaced people. Asian countries, which are likely to have the most influence, should also advocate for expeditious humanitarian aid as a matter of priority.
     
  • The militias likewise have an obligation to refrain from committing abuses, including killing of detainees and attacks on civilians and civilian property. All parts of the resistance must refrain in particular from targeting schools and medical facilities.
     
  • Even if it does not have command and control of these groups, the NUG should take steps to strengthen and further disseminate its military code of conduct, continue to publicly signal the priority it gives to this code and press all elements of the resistance to adhere to the provisions.

II. Opposition to the Coup Takes a Revolutionary Turn

The military regime has responded to the anti-coup resistance with extreme violence, killing more than 870 people and detaining more than 6,000.[fn]See Crisis Group Asia Briefing N°167, The Cost of the Coup: Myanmar Edges Toward State Collapse, 1 April 2021. For data on arrests and killings, see the website of the Assistance Association for Political Prisoners (Burma).Hide Footnote The dead include protesters – many of whom were shot in the head – bystanders, random civilians shot in their houses and others tortured during interrogations.[fn]Crisis Group Briefing, The Cost of the Coup, op. cit. See also the Assistance Association’s daily briefings; and “Myanmar: Signs of ‘shoot to kill’ strategy to quell opposition”, Amnesty International, 4 March 2021. The crackdown has been effective in clearing the streets of the mass protests seen in the coup’s immediate aftermath, but it has provoked greater anger toward the regime. Mass protests have been replaced with flash mobs, which disperse before security forces can intervene, and strikes, boycotts and other forms of civil disobedience continue on a large scale.

The anti-regime resistance as a whole is diverse, organic and organised locally by professional groups (such as medical workers, engineers and teachers), pre-existing civil society networks, labour unions and others. Some of the members of parliament elected in the November 2020 polls, who were due to take their seats on the day of the coup, have come together to form a legislative body, the Committee Representing the Pyidaungsu Hluttaw (CRPH). It is composed mainly of members of Aung Sang Suu Kyi’s National League for Democracy (NLD) who are now in hiding, either in areas of the country controlled by ethnic armed groups or in exile.[fn]See the “Who We Are” page at the CRPH website.Hide Footnote On 16 April, the CRPH established an executive body, the National Unity Government, with a diverse ethnic composition, especially at the deputy minister level.[fn]Ibid. The vice president and prime minister are non-Burmans, as are several ministers and a majority of deputy ministers.Hide Footnote

The resistance has taken on an increasingly revolutionary character, with most dissidents no longer aiming for restoration of the status quo ante, but for the Tatmadaw’s disbandment and its replacement by a new armed force that is not dominated by the Burman ethnic majority. The CRPH/NUG has articulated its wish to create a “federal army”, under civilian control, with a more diverse ethnic composition and without the Tatmadaw’s institutional culture of violence against civilians.[fn]Crisis Group interviews, protest leaders and individuals working with the NUG, Yangon, February-May 2021. See also “Opponents of Myanmar coup form unity government, aim for ‘federal democracy’”, Reuters, 16 April 2021.Hide Footnote On 1 March, the CRPH went as far as to declare the regime a terrorist group, and the NUG did the same on 7 June.[fn]“Myanmar’s military council labelled ‘terrorist group’”, The Irrawaddy, 2 March 2021; NUG Notification 3/2021, 7 June 2021.Hide Footnote

This revolutionary agenda requires the Tatmadaw’s defeat or capitulation. The NUG first endorsed violent self-defence on 14 March and then announced the formation of its own armed wing, the People’s Defence Force (PDF), on 5 May.[fn]See CRPH Declaration 13/2021, 14 March 2021; and NUG Notification 1/2021, 5 May 2021.Hide Footnote This step represents a decisive break with the policy of non-violence that the NLD adopted in its long years of opposition to military rule (1988-2011), which was a defining principle espoused by Aung San Suu Kyi herself. The regime responded on 8 May by declaring the CRPH, NUG and PDF to be “terrorist groups” under the Counter-terrorism Law.[fn]See David Scott Mathieson, “Who’s calling whom a terrorist in Myanmar?”, Asia Times, 10 May 2021.Hide Footnote

The PDF is still a work in progress, with an aspirational structure on paper. Some young people, whom the NUG hopes to bring under its command, are being trained by ethnic fighters and some Tatmadaw deserters in areas controlled by ethnic armed groups. So far, three separate strands have emerged in the efforts at armed resistance:

  • First, the NUG attempted to convince existing ethnic armed organisations in Myanmar to join forces to fight the Tatmadaw under the banner of a new federal army. While several armed groups have expressed their support for the resistance and NUG, and in some cases provided sanctuary to fleeing dissidents, none has so far been willing to enter into a military alliance.[fn]Crisis Group interviews, analysts, April-May 2021. For a detailed analysis of the ethnic armed groups’ positions, see Min Zin, “The real kingmakers of Myanmar”, The New York Times, 4 June 2021. See also Crisis Group Briefing, The Cost of the Coup, op. cit., Section III.B; and “‘We are not naive anymore’: Myanmar EAOs skeptical about federal army”, Southeast Asia Globe, 23 April 2021. The NUG has agreed to an alliance with the Chin National Front, but that group no longer has a functioning armed wing. See “Unity govt allies with Chin National Front to ‘demolish’ junta”, Agence France-Presse, 30 May 2021.Hide Footnote
     
  • Secondly, the NUG announced the PDF, a tacit acknowledgement that it had been unable to form an alliance with ethnic armed groups and would instead form its own fighting force de novo. The challenges involved are enormous, however. The NUG does not control territory, and it is unlikely that ethnic armed groups would allow it to operate autonomously from places they control – for chain-of-command reasons, and because of likely regime retaliation; the Kachin Independence Organisation, for instance, has already said it will not do so.[fn]“Kachin PDF must be under the command of KIO/KIA”, Irrawaddy Burmese, 2 June 2021 (Burmese).Hide Footnote Al­though ethnic armed groups are providing military training to hundreds of young dissidents who have fled to areas under their control for sanctuary, these groups are not organised by the NUG and are not under its command, although they may share its objectives.[fn]Crisis Group interview, individual in close contact with several of these groups, May 2021.Hide Footnote
     
  • Thirdly, locally organised militias have been forming spontaneously in many places across Myanmar, in response to Tatmadaw violence. Groups such as the Chinland Defence Force (in Chin State), Kalay Civil Army (in Sagaing Region) and Karenni Nationalities Defence Force (in Kayah State) have clashed with the security forces – both repelling Tatmadaw attacks and going on the offensive to take control of towns or rural areas.[fn]See, for example, “Myanmar junta soldiers killed in Chin State clashes”, The Irrawaddy, 21 May 2021; “Myanmar security forces kill 11 protesters in Kalay”, Voice of America, 7 April 2021; and “Karenni resistance fighters kill three police officers as military attacks residential areas with artillery”, Myanmar Now, 22 May 2021.Hide Footnote The NUG’s announcement of the PDF was intended in part to unify these various local groups under its umbrella.[fn]See also “Forty Myanmar junta troop deaths reported after clashes with rebel army and local militia”, Radio Free Asia, 8 May 2021.Hide Footnote But while many of them are supportive of the NUG and some have pledged allegiance to it, they are not under its command. Some of the largest groups have had no contact at all with the NUG (see Section III.C below).
     

In addition to organised militias, networks of civilians have responded to the regime’s use of brutal violence with asymmetric attacks on government and other targets in Yangon, Mandalay and elsewhere – including with improvised explosive devices, arson and killings of administrative officials and suspected regime informants.[fn]See Crisis Group Briefing, The Cost of the Coup, op. cit., Section III.B.Hide Footnote These networks include some people who have been trained in ethnic armed group areas and have subsequently returned to the cities.[fn]Crisis Group interview, member of one of these groups, May 2021.Hide Footnote Since early April, there have been hundreds of explosions in various parts of the country, with the largest concentration in Yangon.[fn]“Myanmar hit by more than 300 bombing attacks since February 1 coup”, Radio Free Asia, 27 May 2021.Hide Footnote

Bomb and arson attacks have struck educational institutions, local administration offices, the homes of regime-appointed officials, police and military personnel and installations, and banks.[fn]Ibid.Hide Footnote Schools have been particularly hard-hit, with dozens across the country targeted in an apparent effort to deter parents from registering their children ahead of the new school year starting 1 June, which anti-coup forces have called upon the population to boycott.[fn]Many of these attacks have occurred during the 24-31 May enrolment period. On the number of cases, see the UNICEF Facebook post on 2 June 2021. The regime has given a higher number of 115 “attempted or actual” bomb attacks on schools, as well as eighteen arson attacks. “Press release on terrorist groups’ arson and bomb attacks at schools”, Global New Light of Myanmar, 28 May 2021. On the education boycott, see “Parents, teachers and students boycott ‘slave education system’”, Frontier Myanmar, 6 May 2021; and “As Myanmar school year nears, teachers and students say no to junta”, Nikkei Asia, 24 May 2021.Hide Footnote On 26 May, the NUG issued a set of ethical rules for resistance forces, inter alia prohibiting attacks on schools, medical facilities and other civilian targets.[fn]“Ethical Rules for People’s Resistance Forces”, Ministry of Defence, National Unity Government, n.d. (Burmese). Unlike most NUG statements, this one is undated and has no official notification number or signature. It was posted to the NUG’s Facebook account on 24 May 2021. Subsequently, the NUG education ministry issued a statement strongly condemning attacks on schools. NUG Education Ministry Notification No. 19/2021, 2 June 2021.Hide Footnote Since then, attacks on schools have declined but not stopped.[fn]This decline could also be because the attacks achieved their aim of bolstering the education boycott, as did the deployment of soldiers at schools. Fewer than 10 per cent of students attended the start of the school year. See “Myanmar schools open, but classrooms are empty as students boycott”, The Irrawaddy, 2 June 2021.Hide Footnote

III. The New Armed Resistance

As the regime began to use increasingly deadly violence against protesters and the broader civilian population from late February, city residents began to take measures to protect themselves from the security forces and deter their night-time raids. They barricaded access roads, appointed nightwatchmen to give early warning of the security forces’ incursions and formed defence groups made up of mostly young men and women armed with makeshift weapons and shields.[fn]See “Regime’s forces threaten to shoot into people’s homes unless residents remove roadblocks”, Myanmar Now, 17 March 2021; and “Myanmar military forces civilians to dismantle Yangon barricades”, Agence France-Presse, 20 March 2021.Hide Footnote

As the military deployed front-line troops to force residents of Yangon, Mandalay and other towns to remove these roadblocks over the month of March, many members of these improvised defence forces either went underground or fled to ethnic armed group-controlled areas seeking weapons and training. Some of these underground cells, and networks of people who have now returned to the cities after receiving limited training, have begun carrying out opportunistic attacks, including bombings.

In other parts of the country, the situation has evolved differently. With the regime focused on quashing dissent in the main cities, people in many provincial towns and rural areas were able to continue demonstrating without facing violent crackdowns. As they saw the death toll mounting in other areas, however, some of these communities began organising themselves to resist the security forces.[fn]Crisis Group interviews, community organisers in Chin and Kayah States and Sagaing Region, May 2021.Hide Footnote When protesters began to be arrested or shot in their areas, they were ready to retaliate.

A. The Battle for Mindat

On 4 April, resistance cells from all nine townships of Chin State came together to form the Chinland Defence Force (CDF).[fn]Crisis Group interview, CDF spokesperson, May 2021.Hide Footnote Located in the country’s north west, bordering India, the mountainous state is Myanmar’s poorest. On 24 April, CDF members in the southern town of Mindat clashed with the security forces for the first time, after officers refused to release seven people, three men and four women, detained for putting up anti-regime stickers in town. Residents said the detentions violated an informal agreement between security forces and the townspeople that troops would take no action against protesters as long as they remained peaceful.[fn]Ibid.Hide Footnote Protesters had gathered in the town centre to demand the detainees’ release, and when a police officer fired into the crowd, the defence force retaliated, reportedly shooting dead three members of the security forces.[fn]See “Military ‘uses rocket launchers’ in attack on resistance fighters in Chin State”, Myanmar Now, 27 April 2021.Hide Footnote

The situation escalated rapidly from there. The army attempted to bring in troops by road to reinforce the overwhelmed local battalion in Mindat. On 26 and 27 April, CDF fighters ambushed military convoys on the roads leading to the town, reportedly killing more than 30 troops, destroying army trucks and looting weapons.[fn]Ibid.; and “Fighting resumes in Chin State after talks with Myanmar military fail”, The Irrawaddy, 27 April 2021.Hide Footnote Although the CDF fighters were only lightly armed with traditional flintlock rifles, they were experienced at using these for hunting, had intimate knowledge of the terrain and outnumbered their targets – amassing hundreds of fighters to strike the convoys.[fn]Crisis Group interview, CDF spokesperson, May 2021.Hide Footnote

Seemingly taken aback by the level of resistance it was facing, on 27 April the military initially tried to negotiate with Mindat town elders, seeking an agreement that attacks on troops would end in return for the release of detained demonstrators; the truce broke down after a few hours when the security forces failed to release all the seven detainees.[fn]“Junta forces face serious attacks in Mindat”, BBC Burmese, 28 April 2021 (Burmese).Hide Footnote Further negotiations were held on 1 May and 9 May, aiming to reach agreement on the withdrawal of fighters from both sides from the downtown area, the withdrawal of troops from outside medical facilities and banks, permission for CDF fighters to return home with no retaliation, and the release of five remaining detainees.[fn]Crisis Group interview, Myanmar analyst close to the situation in Mindat, May 2021.Hide Footnote Discussions broke down on 12 May, with the military still refusing to release one of the detainees.[fn]Ibid.Hide Footnote

The military was able, however, to negotiate safe passage for a convoy of troops through Mindat, on 7 May, in order to resupply its bases in Paletwa township further south.[fn]See Zalen Media post, Facebook, 6 May 2021 (Burmese); and Khit Thit Media post, Facebook, 7 May 2021 (Burmese).Hide Footnote Paletwa had been the site of some of the most intense conflict between government forces and the Arakan Army, an ethnic Rakhine rebel force, from January 2019 until the informal ceasefire in November 2020.[fn]For background on the Arakan Army, see Crisis Group Asia Briefings N°s 164, From Elections to Ceasefire in Myanmar’s Rakhine State, 23 December 2020; and 154, A New Dimension of Violence in Myanmar’s Rakhine State, 24 January 2019. See also Crisis Group Asia Report N°307, An Avoidable War: Politics and Armed Conflict in Myanmar’s Rakhine State, 9 June 2020.Hide Footnote Chin people were caught in the crossfire of that conflict, and were at times targeted by the Arakan Army, so the CDF may have had some interest in allowing the convoy to proceed.[fn]A similar request a few days later to allow another convoy to pass through the town in the other direction was rejected, given the military’s refusal to release all detainees (see above). Crisis Group interview, Myanmar analyst close to the situation in Mindat, May 2021.Hide Footnote

After negotiations collapsed on 12 May, CDF fighters attacked soldiers posted outside a bank in the downtown area. The following day, the regime declared martial law in Mindat and began shelling the town.[fn]Crisis Group interview, Myanmar analyst close to the situation in Mindat, May 2021.Hide Footnote On 13 and 14 May, the military sent two convoys of reinforcements, which were again ambushed by the CDF. Tatmadaw troops fled, and CDF fighters seized large quantities of weapons from the trucks before destroying nine of them.[fn]Crisis Group interview, CDF member involved in the ambush, May 2021. The group also posted a video (subsequently removed by Facebook) showing it removing weapons from the trucks.Hide Footnote

With the CDF controlling all roads into Mindat, on 15 May the military launched an airborne offensive, first shelling the town, then flying in several hundred troops by helicopter to seize control. The CDF retreated into the surrounding hills, and most townspeople also fled; thousands remain in makeshift settlements in the forest. The military now controls the town, but clashes continue in the surrounding areas, including Tatmadaw attacks in areas that civilians have fled to.[fn]Crisis Group interview, CDF spokesperson, May 2021; Crisis Group interview, Myanmar analyst close to the situation in Mindat, May 2021. See also “Anti-coup militia says at least five dead in Mindat”, Agence France-Presse, 16 May 2021; “Civilians forced to flee again as Myanmar junta shells IDP camps in Chin State”, The Irrawaddy, 9 June 2021. The CDF also allegedly executed three Tatmadaw detainees in the Mindat area on 16 May. Crisis Group interview, Myanmar analyst, May 2021.Hide Footnote The CDF told Crisis Group it is regrouping and preparing for new attacks, but in order to protect civilians, it will no longer base itself in urban areas.[fn]Crisis Group interview, CDF member, May 2021.Hide Footnote

The townspeople remained determined to resist the coup and defend themselves from military violence.

While negotiations in Mindat initially broke down over specific demands, no broader compromise or de-escalation was ever really likely while the group controlled the town. The military was never going to allow the CDF to take de facto control of Mindat, and the townspeople remained determined to resist the coup and defend themselves from military violence.[fn]Crisis Group interview, CDF spokesperson, May 2021.Hide Footnote It was only once the Tatmadaw had taken control of the town and most of the population had fled that the dynamic shifted. At this point, on 20 June, town elders brokered a fourteen-day truce between the CDF and the military in the hope that the pause would allow aid to reach displaced people and discussions about a longer ceasefire to take place.[fn]See Chin World Media post, Facebook, 20 June 2021 (Burmese).Hide Footnote

The Tatmadaw’s willingness to negotiate with the CDF (and with the Kayah resistance group, see below) is striking, and very different from its approach in the central parts of the country, where troops have issued ultimatums, but shown no inclination to bargain with protesters. Whether from necessity, due to the strength of the group, or because Mindat is a remote town that the military considers less critical to its political objectives, its treatment of the CDF is closer to the way it engages ethnic armed groups – to be fought, defeated if possible, but also managed as a threat – than a group of violent protesters.

B. Clashes in Other Areas

Mindat is one of many places across Myanmar where residents are organising armed resistance to the security forces following the coup. Locally organised militias have battled the security forces in other parts of Chin State, Kayah State and Sagaing, Magway and Mandalay Regions.[fn]For one detailed account of armed resistance in Sagaing Region, see “On the Sagaing frontlines, outgunned villagers defy the odds”, Frontier Myanmar, 26 May 2021.Hide Footnote

The first major clashes of this kind took place in Tamu township in Sagaing Region on the Indian border. After security forces shot dead a protester on 25 March, townspeople formed the Tamu Security Group (TSG) and began stockpiling hunting rifles, buying grenades on the black market and making improvised explosive devices.[fn]Crisis Group interview, TSG spokesperson, May 2021. The TSG is also now known as the Tamu People’s Defence Force.Hide Footnote On 1 April, a police officer who had defected to the TSG led a grenade attack on a police outpost in Tamu – there have been numerous cases of police and soldiers defecting or deserting since the coup, but overall the numbers are very small.[fn]See Nyan Corridor (anonymous researchers) and Helene Maria Kyed, “Police Officers Who Oppose the Myanmar Military Coup: Between Violence, Fear and Desertion”, Danish Institute for International Studies, 28 April 2021.Hide Footnote Five police officers were killed, as well as the renegade officer.[fn]“Attack on Tamu police outpost ends with six officers dead”, Myanmar Now, 3 April 2021.Hide Footnote Three days later, a TSG member threw a grenade into a truck carrying troops, killing four.[fn]“Four Myanmar soldiers killed in grenade attack in Sagaing Region”, The Irrawaddy, 5 April 2021.Hide Footnote Three more soldiers were killed with grenades on 27 April, along with a military defector who was patrolling with the TSG.[fn]“Soldier who defected to CDM shot dead by junta’s forces in Tamu clash, say resistance fighters”, Myanmar Now, 28 April 2021.Hide Footnote By early May, the TSG had been able to purchase more modern light infantry weapons, including M-16 and AK-47 assault rifles.[fn]On 12 May, the TSG posted to Facebook a photo of a group of its fighters carrying these weapons.Hide Footnote

According to a TSG spokesperson, on 11 and 12 May, the group launched a series of attacks on army outposts in villages around Tamu town.[fn]The information in this paragraph is from a Crisis Group interview, TSG spokesperson, May 2021.Hide Footnote These outposts were newly established, as part of military efforts to prevent TSG members from assembling and moving freely. The spokesperson told Crisis Group that the troops were abusive to villagers, demanding food and protection money. In total, it said its fighters killed fifteen soldiers over these two days. Unfamiliar with these areas, where there had previously been no troops, the military enlisted the help of a militia made up of ethnic Meitei fighters from across the border in the Indian state of Manipur.[fn]The Meitei, who live on both sides of the border, are known as Kathe in Burmese.Hide Footnote This militia was allegedly involved in illicit cross-border business in the area and is known to harass local people. The TSG claimed that in addition to the military casualties, it killed four Meitei militiamen. The situation remains tense, and the group says it stands ready to launch further attacks on the military.

Major clashes have also erupted in Kayah State, bordering Thailand, in south-eastern Myanmar.[fn]The information in this and the following paragraph is from Crisis Group interview, senior member of the newly formed local militia, the Karenni Nationalities Defence Force (KNDF), June 2021. See also “Karenni resistance fighters kill three police officers as military attacks residential areas with artillery”, Myanmar Now, 22 May 2021; and “Myanmar military launches airstrikes against Karenni resistance”, Myanmar Now, 31 May 2021.Hide Footnote According to those involved in the anti-regime violence, fighting started in the town of Demoso, with army demands that protesters remove roadblocks they had erected. When they refused to, on 20 May the army attempted to do so by force, prompting armed protesters to strike back the following day.[fn]Karenni is an alternative name for Kayah.Hide Footnote Initially organised as local militias armed with hunting rifles, they subsequently joined forces with the Karenni Army and fighters from other longstanding ethnic armed groups operating in Kayah State – some with the endorsement of their groups, others on an individual basis – to form the Karenni Nationalities Defence Force (KNDF).[fn]The militia was first known as the Kayah People’s Defence Force. It changed its name to KNDF from 31 May, after it joined forces with ethnic armed group fighters. The Karenni Army is the armed wing of the Karenni National Progressive Party armed group. There are several other armed groups based in Kayah State.Hide Footnote The group seized three police outposts in Demoso on 21 May, and on 23 May it overran a security post in Moebye in southern Shan State, on the Kayah State border, killing some twenty police officers and soldiers and capturing four.[fn]“Karenni resistance fighters open new front against junta”, Myanmar Now, 26 May 2021. See also “At least 80 Myanmar soldiers killed: Kayah resistance”, The Irrawaddy, 1 June 2021; and Myanmar Now Facebook post, 2 June 2021.Hide Footnote

More than 100,000 civilians have reportedly been displaced since 21 May as a result of the fighting.

The KNDF said it has killed nearly 200 members of the security forces since 21 May, including unverified claims of more than 80 on 31 May alone.[fn]Crisis Group interview, senior KNDF member, June 2021. For the claims on the death toll, see “At least 80 Myanmar soldiers killed: Kayah resistance”, op. cit.; and Myanmar Now Facebook post, 2 June 2021.Hide Footnote In retaliation, the military deployed artillery barrages, airstrikes and helicopter gunships against Demoso town, where KNDF fighters were positioned, causing several civilian casualties.[fn]Ibid. Also see “Karenni resistance fighters open new front”, op. cit.; “At least 80 Myanmar soldiers killed”, op. cit.; and Myanmar Now Facebook post, op. cit.Hide Footnote More than 100,000 civilians have reportedly been displaced since 21 May as a result of the fighting.[fn]Crisis Group interview, senior KNDF member, June 2021. See also “Weekly Regional Humanitarian Snapshot, Asia and the Pacific, 25-31 May 2021”, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.Hide Footnote The KNDF has also targeted alleged informants and likely executed several captured members of the security forces.[fn]In late May, militiamen in Demoso allegedly set fire to the homes of suspected military informants and civilians not supporting the resistance; they also likely executed several Tatmadaw detainees in Moebye, based on a video posted to Facebook that has subsequently been removed. See Kantarawaddy Times Facebook post, 24 May 2021; Crisis Group interview, Myanmar analyst, May 2021. Crisis Group put the allegations of detainee killings to a KNDF spokesperson, who stated that the militia had told its fighters to respect the rights of detainees. The spokesperson acknowledged, however, that the KNDF could not enforce these instructions and that autonomous local groups that make up the militia, such as the one in Moebye, seemed to have acted contrary to its policy.Hide Footnote

After the first deadly clashes on 21 May, the military had attempted to negotiate with the militia, but the group rejected its overtures as lacking credibility; subsequently, the military switched to using overwhelming force.[fn]Crisis Group interview, senior KNDF member, June 2021; “Karenni resistance fighters open new front against junta”, op. cit.Hide Footnote The huge impact on civilians forced the resistance fighters to reconsider their stance, and several leaders of the KNDF – representing both the new defence forces and some of the existing armed groups involved – met with the Tatmadaw regional commander on 15 June for talks facilitated by local church leaders.[fn]See “Karenni resistance fighters agree to ceasefire as number of IDPs passes 100,000”, Myanmar Now, 16 June 2021.Hide Footnote The two sides agreed to a temporary ceasefire which the KNDF hoped would make it easier for relief supplies to reach displaced people. The ceasefire is very fragile, however – the Tatmadaw gave no specific commitment on aid delivery, and some KNDF leaders are sceptical of the wisdom of negotiating with the military.[fn]Ibid., and Crisis Group interviews, analyst, and KNDF spokesperson, June 2021.Hide Footnote

C. Why Has Armed Resistance Taken Hold in These Areas?

The emergence of armed resistance in north-western Myanmar and Kayah State represents a new phenomenon that is different in important ways from Myanmar’s decades-old ethnic armed conflicts. Prior to the coup, these parts of the country had not experienced significant fighting for many years.[fn]There has been significant conflict in Paletwa, the southernmost township in Chin State, between the Arakan Army and the military since 2019, but other parts of Chin State have been free of violence for many years. The Chin National Front has not been militarily active since the early 2000s. Some north-eastern Indian insurgent groups have had rear bases in Sagaing Region, but the only significant Myanmar group is the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang), which has not fought the Tatmadaw since 2010. The Shanni Nationalities Army, a new insurgent group established in northern Sagaing Region in 2016, has an estimated 1,000 fighters operating in Homalin, Khamti and Kale townships, but its clashes with the Tatmadaw have been limited. In Kayah State, there are numerous armed groups and militias, but no major clashes have taken place for almost a decade. See the regular updates at the Myanmar Peace Monitor website; and Crisis Group Asia Report N°312, Identity Crisis: Ethnicity and Conflict in Myanmar, 28 August 2020, Section IV.B.Hide Footnote Several local factors have facilitated the emergence of armed resistance.

First, there is a strong tradition of hunting in these areas, which means that many households have locally made flintlock rifles or shotguns, and many men know how to use them and have detailed knowledge of the local terrain.[fn]Crisis Group interviews, CDF and TSG members, May 2021. See also “Hunting traditions, ‘spirit of resistance’ give Myanmar’s ‘Tumee’ rifle militias edge over military”, Radio Free Asia, 4 June 2021.Hide Footnote Gunpowder, needed for flintlock rifles, is widely available in these parts, and can also be used to make improvised explosive devices.[fn]Ibid.Hide Footnote

Secondly, these areas lie in the path of illicit trade in light infantry weapons, including assault rifles, ammunition and hand grenades, as well as rifle-launched and rocket-propelled grenades. North-western Myanmar is a conduit for weapons destined for insurgent groups in north-eastern India, which are transported through Shan and Kachin States and across Myanmar, before making their way to the border.[fn]See Bertil Lintner, “Myanmar and India becoming brothers in arms”, Asia Times, 12 June 2019; Jayanta Kalita, “Weapons, drug trafficking on Myanmar border threaten India’s Act East policy”, The Irrawaddy, 5 October 2020.Hide Footnote With money and the right contacts, it is possible to purchase these arms in the north west, as the Tamu Security Group says it has done.[fn]Crisis Group interview, TSG spokesperson, May 2021.Hide Footnote On 24 May, security forces also claimed to have arrested a group of men in Mandalay who were attempting to move a large quantity of arms to Tamu, subsequently seizing 21 assault rifles, 133 hand grenades and other weapons, as well as detonators and ammunition.[fn]“Announcement of thirteen people arrested in Mandalay with weapons including 21 M22 guns and 133 hand grenades bound for Tamu PDF”, Eleven Media, 3 June 2021 (Burmese).Hide Footnote Similarly, in Kayah State it is possible to obtain weapons from the many armed groups and militia operating in the state and in other parts of south-eastern Myanmar, or via the longstanding arms trade that supplies those groups.[fn]Crisis Group interview, Myanmar security analyst, June 2021.Hide Footnote

Thirdly, although there has been no major armed conflict in these areas in many years, an ecosystem of non-state armed activity persists: Tatmadaw-aligned militias in some places; residents who have been insurgent fighters in the past; social and ethnic links with armed groups in other parts of Myanmar or across the border in India; and ethnic armed groups (including in other parts of the country) willing to give training and even provide military support. For example, both the CDF and TSG told Crisis Group that some of their members had received military instruction from ethnic armed organisations, either in the past or since the coup.[fn]Crisis Group interviews, CDF and TSG members, May 2021.Hide Footnote In Kayah State, ethnic armed groups are fighting alongside the newly created militias and have now even formed a joint structure (see III.B). A militia in Katha, Sagaing Region, also received military backup from the Kachin Independence Organisation fighters when it clashed with the Tatmadaw on 30 May.[fn]Mizzima News Facebook post, 30 May 2021 (Burmese); Khit Thit Media Facebook post, 30 May 2021 (Burmese).Hide Footnote In addition, police officers have defected to both the Mindat and Tamu militias, providing security expertise and intelligence.[fn]Crisis Group interviews, CDF and TSG members, May 2021. See also Section III.B above.Hide Footnote

The civilian National Unity Government will struggle to achieve its stated goal of bringing these militias under a single command.

The civilian National Unity Government will struggle to achieve its stated goal of bringing these militias under a single command. The NUG has said that it seeks to build up an armed wing and that it will provide material support to militias and perhaps a military governance structure. But the NUG’s capacity to issue orders to such forces is limited, its resources are constrained and most of its leaders are now in exile. Moreover, the diverse nature of the militias, and communications problems present significant challenges to putting in place a unified chain of command.

Indeed, while these militias mostly express support for the NUG, some of the largest have had no contact with the parallel government and others do not envisage coming under its command.[fn]Crisis Group interviews, CDF, TSG and KNDF members, May-June 2021. See also “An interview with the Karenni Nationalities Defense Force (KNDF) information officer”, Burma News International, 8 June 2021.Hide Footnote Those in ethnic minority areas are much more likely to form alliances or come under the authority of ethnic armed groups, as the Kayah militia has already done, and as the Kachin Independence Organisation has made clear any militia in Kachin State would have to do. As described, ethnic armed groups for their part have declined to form a military alliance with the NUG.

IV. Implications

The rise of new militias in many different locations has created a much more complex conflict landscape for the Tatmadaw. It now faces a large number of geographically dispersed foes, including in many areas where it has not fought for years and lacks established ground forces, intelligence and knowledge of the terrain. Confronting these groups while also dealing with escalated fighting with ethnic armed groups in Kachin, Shan and Kayin States, and continuing a major deployment of troops to the main cities to suppress dissent, will likely stretch the regime’s forces. Its troops’ morale may take a hit.

This situation is, however, not unprecedented for the Tatmadaw, which has been fighting a constantly evolving set of insurgencies since Myanmar’s independence in 1948. Until the late 1980s, much of the country’s ethnic regions were in rebellion, and the Tatmadaw was therefore fighting simultaneously on many different fronts; and in the last few years, it has been battling the new Arakan Army insurrection in Rakhine State, an area that had not seen significant fighting for decades.[fn]See Crisis Group Briefing, A New Dimension of Violence in Myanmar’s Rakhine State, op. cit.; and Crisis Group Report, An Avoidable War: Politics and Armed Conflict in Myanmar’s Rakhine State, op. cit.Hide Footnote Counter-insurgency campaigns have been the Tatmadaw’s stock in trade. It has a brutal approach to them that it has employed for decades. Known as the “four cuts” strategy, it deliberately targets civilians as an essential support base for insurgency, aiming to deny rebels four essentials: food, funds, intelligence and recruits.[fn]For details of the “four cuts” strategy, see Martin Smith, Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity, 2nd ed. (London, 1999), pp. 288ff.; Andrew Selth, Burma’s Armed Forces (Norwalk, 2001), pp. 91-92; and Maung Aung Myoe, “Military Doctrine and Strategy in Myanmar”, Strategic and Defence Studies Centre, 1999, p. 10.Hide Footnote Faced with armed insurrection, the Tatmadaw can be expected to unleash its military might against civilians, as it has already done in Mindat and Demoso. The human cost will be enormous – particularly for women, children and the elderly, who face the greatest hardships from violence and displacement.

Getting the Tatmadaw to cease attacks on civilians will be no small challenge. The Myanmar military clearly has an international legal obligation to respect the principles of proportionality and distinction – that is, to avoid attacks that would cause disproportionate harm to civilians and civilian property, and to distinguish between combatants and civilians. But in the past, the generals have rarely taken such obligations into account, been careful to avoid civilian harm or heeded outside concerns and criticism. Moreover, while Western sanctions have been necessary to signal the unacceptability of the coup and crackdown, they are unlikely to change the Tatmadaw’s calculations about its use of force.[fn]For further discussion of sanctions, see Crisis Group Asia Briefing N°166, Responding to the Myanmar Coup, 16 February 2021; and Crisis Group Asia Report N°78, Myanmar: Sanctions, Engagement or Another Way Forward?, 26 April 2014.Hide Footnote

For their part, the militias should not take the Tatmadaw’s grave violations as licence to commit their own and must avoid killings of detainees, which have been documented on several occasions, as well as attacks on civilian targets including educational and medical facilities. The NUG, even if it does not have command and control of these groups, should continue strengthening its military code of conduct, ensure that this code is widely disseminated, carry on publicly signalling the priority it gives to the document and use its influence to press all resistance elements to adhere to the provisions.

Humanitarian agencies should use all available channels to the regime to press for urgent access to displaced people.

Humanitarian support is urgently needed. Local networks and humanitarian organisations face security challenges in gaining access to conflict areas and displaced populations, compounded by the fact that some of the affected areas have not seen conflict or needs on this scale before, which means that agencies have no existing operations there. For example, domestic networks that have been trying to deliver support to people displaced from Mindat town report that the security forces are blocking travel to these areas, confiscating relief supplies and arresting – and in at least two cases, killing – those transporting them.[fn]Crisis Group interview, member of an informal community assistance network, June 2021. See also, “Statement by the United Nations in Myanmar on the Situation in Mindat, Chin State”, 21 May 2021.Hide Footnote There are similar challenges in other areas.[fn]In this regard, the 3 June visit of the International Committee of the Red Cross president to Naypyitaw to meet Senior General Min Aung Hlaing is significant and welcome. See “International Red Cross head meets Myanmar junta chief in Naypyitaw”, Nikkei Asia, 3 June 2021. See also, “Myanmar Humanitarian Update No. 7”, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 27 May 2021; “Statement by the United Nations in Myanmar on the Humanitarian Situation in the South-East”, Yangon, 8 June 2021.Hide Footnote Primary responsibility rests with the security forces, who must end their blockades of displaced populations, and must not impede humanitarian access to them. For their part, humanitarian agencies should use all available channels to the regime to press for urgent access to displaced people. Asian countries, which are likely to have the most influence, should also advocate for humanitarian aid as a matter of priority.

International actors should do what they can to stop the regime from continuing its egregious violations of international law with impunity and its blockage of aid flows. While the UN Security Council is unlikely to take decisive action over Myanmar, China and Russia did sign on to a March statement that referenced limiting violence and humanitarian access.[fn]See Crisis Group Report, The Cost of the Coup, op. cit.Hide Footnote Western and other Council members could push for the UN secretary-general to report in detail on these points so that they are at least raised in the Council. It might even be possible to reach greater consensus on humanitarian access, for example, than on a return to democracy. Moreover, an 18 June UN General Assembly Resolution showed deep international disquiet at events in Myanmar.[fn]UNGA Resolution, A/75/L.85/Rev.1, adopted 18 June 2021 by 119 votes to 1, with 36 abstentions. Countries that have recently provided, and may still be providing, weapons and surveillance equipment to the Tatmadaw, and who voted for the resolution, include Israel and Ukraine. See “Who is selling weapons to Myanmar?”, Al Jazeera, 16 September 2017; and “More than 200 NGOs call for UN arms embargo on Myanmar”, Associated Press, 6 May 2021.Hide Footnote Operationalising this resolution – and its calls for de-escalating violence and preventing an influx of weapons into Myanmar – will be difficult given that Myanmar’s allies and some key arms suppliers abstained. But the 119 states that voted in favour – including a number of arms suppliers to Myanmar – now have further moral obligation to do so.[fn]General Assembly resolutions are not legally binding but in principle it should be hard for signatories to defend to their allies sustaining arms sales to Myanmar.Hide Footnote

There may be longer-term consequences of these new insurrections. The new militias are evolving from loosely organised networks into more structured forces as they acquire more effective weapons, develop chains of command and seek sources of revenue beyond the ad hoc community donations that have so far sustained them.[fn]Crisis Group interviews, CDF, TSG and KNDF members, May-June 2021.Hide Footnote The grievances driving resistance in many of these areas, while stemming from the coup and subsequent regime violence, also run deeper: these are historically neglected ethnic minority communities with the same desire for greater autonomy and rights as in other areas with established ethnic armed groups. While they may hope for revolutionary changes at the national level, they also have specific ethno-nationalist demands.

Driven by these strong grievances, and with the privileged access to resources and economic rents that armed actors typically enjoy, these militias are unlikely to disband.[fn]For discussion of the political economy of insurgency in Myanmar, see “Myanmar’s Illicit Economies: A Preliminary Analysis”, UN Office on Drugs and Crime, February 2020.Hide Footnote On the contrary, the coming period of national economic collapse, widespread poverty and deprivation will give them greater incentive to secure sources of revenue, either directly from locals or at their expense. These factors point to the likely emergence of new, sustained armed groups in these areas, following dynamics witnessed many times over the decades of insurgency in various parts of Myanmar. Breaking the cycle of repression, resistance and predation requires a political solution to the underlying drivers of conflict and a reformed political economy that produces more equitable outcomes.[fn]See Crisis Group Report, Identity Crisis, op. cit.Hide Footnote The coup has fatally damaged the prospects for both.

V. Conclusion

Myanmar’s 1 February coup d’état has unleashed not only demonstrations and civil disobedience, but also violent resistance in many areas. In some parts of the country, newly organised militias have launched attacks in response to killings of demonstrators by the security forces. These militias – armed initially with hunting rifles and other makeshift weapons, but now increasingly obtaining more modern armaments – have inflicted significant casualties on the Tatmadaw and police, who have responded with heavy weapons and airstrikes on civilian areas, displacing tens of thousands of men, women and children. Local support networks and humanitarian agencies are unable to adequately assist these people, due to security and access restrictions, including Tatmadaw arrests and killings of those trying to deliver aid, and confiscation of supplies.

In the longer term, the emergence of these militias may represent a new dimension of armed conflict in Myanmar. Those that are successful in developing more durable structures and funding sources are unlikely to disband. They may become part of the next generational cycle of armed resistance to the Tatmadaw – and the latest participants in Myanmar’s enduring conflict economy.

Yangon/Bangkok/Brussels, 28 June 2021

Appendix A: Map of Myanmar

Appendix B: Map Showing Locations Mentioned in the Report

Appendix C: List of Acronyms

CDF                  Chinland Defence Force

CRPH               Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (parallel
                          legislature formed by MPs-elect after the coup)

KNDF               Karenni Nationalities Defence Force (a group formed from
                          an alliance between the KPDF and members of ethnic armed
                          groups in Kayah State, including the Karenni National
                          Progressive Party and its armed wing, the Karenni Army)

KPDF               Karenni People’s Defence Force (this evolved into the KNDF,
                         see above)

NUG                 National Unity Government (the parallel
                          civilian administration formed by the CRPH)

PDF                  People’s Defence Force (the armed wing of the NUG,
                         currently still being developed; this is separate from the
                         multiple locally organised civilian militias, such as the KPDF,
                         which often include “people’s defence force” in their names)

TSG                  Tamu Security Group (also known as the Tamu People’s
                          Defence Force)