¿Qué hay de nuevo?  Cada año, cientos de miles de migrantes cruzan el tapón del Darién, una franja de selva entre Centroamérica y Suramérica, en camino hacia EE. UU. Hay poca presencia estatal en la zona y los Gaitanistas, un grupo criminal narcotraficante colombiano controla las redes de tráfico de personas, mientras que bandas asaltan a los migrantes en Panamá.

¿Por qué importa?  Las ganancias ilícitas se disparan a medida que aumenta el flujo de migrantes, y gran parte del dinero va a parar al crimen organizado. Los esfuerzos de Colombia y Panamá para impedir el flujo de personas o debilitar el control de los grupos delictivos no han logrado hasta ahora frenar los asesinatos, violaciones y otros crímenes contra los migrantes.

¿Qué se debe hacer?  Los días en que el tapón del Darién representaba una barrera significativa a la migración masiva han quedado atrás. Mayor presencia de fuerzas de seguridad, redoblar los esfuerzos para mitigar las crisis en los principales países de salida y fortalecer la asistencia humanitaria en el Darién podrían formar parte de los esfuerzos regionales para responder a la migración irregular y proteger a los más vulnerables.

Migrantes que vienen de lejos y cerca buscan llegar al tapón del Darién, la franja de tierra que conecta a Centroamérica y Suramérica. No existe una carretera pavimentada que atraviese el istmo, el cual ha atormentado a exploradores y resistido la presencia estatal durante siglos. Pero a medida que aumentan los desplazamientos a nivel global, los números de personas cruzando las selvas del Darién crecen en grandes cantidades. Los residentes locales han dejado de lado sus medios de subsistencia tradicionales para atender a los migrantes. Detrás de ellos acecha el grupo criminal más grande de Colombia, los Gaitanistas, que domina el narcotráfico y otros negocios en la zona. Pero la selva del Darién ya no para la migración masiva, y los intentos regionales por dar respuestas coordinadas luchan por dar abasto ándo el creciente número de migrantes genera llamados a acciones extremas, en particular en EE. UU. Equilibrar el clamor por controles fronterizos más estrictos con la seguridad y el bienestar de los migrantes plantea inmensos desafíos. Pero las medidas para reforzar la seguridad, ayudar a los países de donde provienen la mayoría de los migrantes y compartir la carga de la recepción, mientras se proporciona más ayuda humanitaria y protección a quienes cruzan el Darién, ayudaría a orientar las políticas en la dirección correcta.

Los anteriores picos de migración a través del Darién no se comparan con el tráfico de personas que atraviesa el área actualmente. Hasta la fecha, más de 400 000 personas han atravesado el Darién en 2023, y aunque muchas han sido desplazadas de lugares cercanos que enfrentan graves crisis económicas y de seguridad (en particular Venezuela, Ecuador y Haití), sus países de origen abarcan todo el planeta. La presencia de familias es cada vez más frecuente, con el 22 por ciento del flujo total conformado por niños y adolescentes. La mayoría de estos migrantes van hacia EE. UU, y muchos de ellos no tienen pasaporte; a ellos el Darién les da posibilidades que otras rutas más tradicionales no ofrecen: sus fronteras son porosas y tienen pocos controles. Una multitud de lugareños están dispuestos a ofrecer sus servicios como guías y anfitriones. Una vez que los migrantes logran atravesar el tapón, autobuses operados por compañías privadas están disponibles para llevarles a un menor precio hasta la frontera con Costa Rica, la siguiente etapa de su viaje.

Pero el tránsito de cientos de miles de personas a través de una zona en gran medida sin presencia estatal y un entorno tropical inhóspito genera graves problemas tanto a nivel humano como político. Los migrantes pagan a los traficantes altas sumas por viajar por tierra o por mar. La posibilidad de desplazarse depende de cuánto dinero lleven en sus bolsillos, lo que obliga a muchas mujeres sin dinero a recurrir al trabajo sexual. En los recorridos a través de la selva que duran varios días, los migrantes enfrentan calor, cansancio y la amenaza de enfermedades. Sobre todo, corren el riesgo de que los ataquen. Las rutas del lado colombiano son más seguras, pero sólo porque están bajo la supervisión coercitiva de los Gaitanistas. Los Gaitanistas dirigen un próspero comercio de cocaína a lo largo del Pacífico. Afianzado en el Darién por los empleos y servicios que ofrece, el grupo garantiza el cumplimiento de sus órdenes imponiendo disciplina; mientras se apodera de una parte de las ganancias del negocio de la migración, dice que no tolera la violencia en contra los migrantes.

La presencia del crimen organizado es mucho menor en el lado panameño de la frontera, pero los riesgos de violencia física son mayores. Bandas aparentemente formadas por jóvenes locales hostigan y atacan a los migrantes que caen en sus manos, y se cree que son responsables de un número indeterminado de asesinatos, así como de numerosos casos de violaciones y otros tipos de violencia sexual: cerca de 200 incidentes de violencia sexual fueron denunciados por organismos humanitarios en el Darién panameño en el primer semestre de 2023. Incluso en los centros estatales de recepción de migrantes, funcionarios fronterizos presuntamente han abusado de mujeres vulnerables. Ni en Panamá ni en Colombia es fácil denunciar este tipo de crímenes ante las autoridades judiciales. Muchos migrantes tampoco se atreverían a hacerlo. Como resultado, funcionarios estatales corruptos y grupos violentos en el área operan casi con total impunidad: una encuesta reciente reveló que el 97 por ciento de los migrantes que se dirigen a EE. UU. consideran que el Darién es la parte más peligrosa del viaje. Las comunidades locales, por su parte, temen daños ambientales irreversibles a causa de los nuevos e ilícitos negocios extractivos que siguen la estela de los migrantes.

Dar respuesta a la migración masiva es un asunto políticamente muy delicado en muchos países, lo que complica enormemente las respuestas para el éxodo del Darién. Los llamados a ayudar a los migrantes a eludir o transitar con mayor seguridad por el tapón en su camino hacia la frontera de EE. UU. no son bien recibidos en Wash­ington, que desea por encima de todo detener la migración irregular, una cuestión que enciende enormes pasiones, particularmente entre la base política del expresidente (y ahora candidato) Donald Trump. En cambio, el gobierno estadounidense ha pedido esfuerzos para reducir el flujo a través del istmo. A principios de 2023, respaldó una operación a corto plazo junto con Colombia y Panamá para impulsar la presencia policial y militar en la región como una forma de disuadir a los migrantes de dirigirse al norte y debilitar la influencia de los traficantes de personas, mientras creaba nuevos procesos para que los migrantes soliciten la entrada a EE. UU. como refugiados. Sin embargo, ninguna de estas medidas redujo los flujos, con cifras récord de cruces por el Darién en septiembre de 2023.

No existe una solución única o general a los problemas que llevan a las personas a huir de sus hogares. Tampoco una forma sencilla de equilibrar las vociferantes y divergentes demandas que se le hacen a la política migratoria, ya sea para endurecer los controles fronterizos o proteger a los migrantes en cumplimiento de los tratados y compromisos existentes. Aun así, es imperativo que los Estados y los organismos internacionales comiencen a diseñar un enfoque coordinado para la migración regional que tenga en cuenta la porosidad del Darién y los peligros que enfrentan los migrantes. Una mayor inversión en seguridad fronteriza será sin duda central para esta respuesta, aunque el progreso dependerá del respaldo financiero de EE. UU. y de una mejor cooperación entre Panamá y Colombia. Sin embargo, es poco probable que el intento por disuadir la migración mediante demostraciones de fuerza tenga éxito si no va acompañado medidas para abordar las crisis económicas y de seguridad en los tres países que actualmente representan el 85 por ciento de los migrantes. El reciente acuerdo entre el gobierno venezolano y la oposición, el cual EE. UU. ha premiado con un levantamiento temporal de las sanciones, puede ser frágil, pero con apoyo internacional sostenido podría llevar a unas elecciones competitivas y un regreso a la estabilidad. A su vez, el fortalecimiento de las vías legales para la migración a EE. UU. y la inversión en destinos alternativos en América Latina también podrían ayudar a reducir los flujos a través del Darién.

Si el número de migrantes comienza a disminuir, algunas organizaciones humanitarias argumentan que los Estados y los organismos regionales podrían empezar a contemplar la creación de una ruta migratoria controlada a través del Darién por tierra o mar. En la actualidad, este concepto es más una aspiración que una posibilidad práctica, en gran medida debido a la preocupación de los gobiernos afectados de que tal corredor sirva de imán para atraer aún más migrantes a los cuales no estarían preparados para manejar. Por el momento estas objeciones siguen sin resolverse. Pero en su versión ideal, el corredor equilibraría estas consideraciones, permitiendo que un número restringido de migrantes cruce cada día gracias a la operación conjunta de las autoridades colombianas y panameñas y bajo una rigurosa supervisión humanitaria, incluyendo potencialmente la asistencia de las comunidades locales.

El Darién ofrece una barrera natural pero no insuperable para quienes intentan llegar a EE. UU., convirtiéndose en un cuello de botella que está en las garras del crimen organizado. Detener a migrantes individuales, por muchos que sean, no pondrá fin a la migración; pero una política orientada exclusivamente a su protección podría resultar contraproducente al aumentar aún más los flujos. La difícil tarea de los gobiernos es conseguir una respuesta equilibrada y con visión que les permita a las personas permanecer seguras en sus países de origen, proteja a quienes se encuentran en el camino y ayude a debilitar el poder de los grupos que explotan la desesperación humana y la ausencia estatal para sus propios fines.

Bogotá/Washington/Bruselas, 3 de noviembre de 2023

Cruzar el tapón del Darién, una franja inhóspita de pantanos y selva entre Colombia y Panamá, es un calvario para cientos de miles de migrantes que se dirigen al norte, tratando de llegar a EE. UU. desde América Latina y otras regiones[1]. Los dos países, que se separaron en 1903 tras la independencia de Panamá, nunca se han vuelto a conectar[2]. No existe una carretera pavimentada que atraviese el Darién, lo que lo convierte en la única interrupción a lo largo de la ruta de 30 000 kilómetros de la Carretera Panamericana entre Argentina y Alaska. Que el área sea tan remota ha ayudado a preservar los hábitats de vida silvestre en la selva. Pero ha frenado el crecimiento económico, fomentado actividades ilícitas y ahora, con tantos migrantes arriesgando sus vidas para atravesarlo, ha creado uno de los principales desafíos geopolíticos de la región.

Ni el Estado colombiano ni el panameño tienen mucha influencia en el Darién, donde grupos armados y criminales, muchos de ellos relacionados con el narcotráfico, han ejercido lo más parecido a la autoridad. Las guerrillas colombianas utilizaron durante mucho tiempo a Panamá como un lugar para reagruparse. La más grande de estas insurgencias, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mantuvo campamentos en la región hasta 2015, cuando las fuerzas de seguridad panameñas los desmantelaron antes de la firma del acuerdo de paz entre los rebeldes y el Estado colombiano el año siguiente[3]. Más recientemente, las Autodefensas Gaitanistas, la organización narcotraficante más grande de Colombia (también conocida como el Clan del Golfo), así como bandas formadas por miembros de comunidades indígenas, dominan tramos de territorio donde ejercen control sobre las poblaciones locales y los migrantes, a menudo mediante la intimidación.

El poder de estos grupos criminales ha complicado enormemente los esfuerzos de los dos Estados para responder al vertiginoso aumento del número de migrantes y refugiados que atraviesan el Darién. Cerca de 250 000 personas cruzaron en 2022, mientras que las cifras en 2023 podrían superar fácilmente el medio millón[1]. En los primeros nueve meses de 2023, alrededor del 53 por ciento de los migrantes eran hombres y el 25 por ciento mujeres, mientras que los menores representaban el 22 por ciento del total[2]. Atravesar esta maraña tropical que alberga grupos armados y donde los obstáculos naturales y las enfermedades endémicas han detenido a lo largo de los siglos el avance de conquistadores españoles, colonos escoceses, misioneros y biólogos, se ha convertido en la prueba más dura para la mayoría de los migrantes en camino hacia la frontera estadounidense[3]. Un extraordinario 97 por ciento de los migrantes indicó que el Darién era la parte más peligrosa de su viaje[4]. Pero si ese riesgo alguna vez fue suficiente para disuadir el gran tráfico a lo largo del istmo, esos días quedaron atrás.

Los retos que plantea manejar este enorme flujo migratorio han avivado las tensiones entre Colombia y Panamá, incluso mientras los dos Estados luchan por encontrar formas para cooperar entre sí y con EE. UU.[5]. Panamá, por ejemplo, ha criticado la falta de control migratorio por parte de Colombia, lo que dificulta a las autoridades panameñas determinar cuántos migrantes puede esperar y si representan un riesgo para la seguridad[6]. Pero los representantes de Colombia y Panamá también acordaron mejorar el intercambio de inteligencia e información entre sus respectivas fiscalías[7]. En abril, los tres países anunciaron una iniciativa de dos meses destinada a enfrentar la migración a través del Darién, que incluye una campaña de seguridad “centrada en desarticular las redes criminales que facilitan el flujo ilícito de personas y aumentar la presencia estatal en la selva”[8]. No obstante, diplomáticos expresan su preocupación dado que ni Colombia ni Panamá parecen dispuestos a fortalecer su colaboración[9].

A medida que aumenta el número de migrantes y refugiados que hacen la travesía, se hacen más evidentes los riesgos que enfrentan por la ausencia de autoridades en la selva y por la influencia de los Gaitanistas y otros grupos sobre las comunidades. Este informe explora estas amenazas a la seguridad, al igual que las formas en que operan los grupos criminales en el Darién y cómo el crimen y la migración han afectado a las comunidades locales y el entorno natural. El informe ofrece recomendaciones sobre cómo los Estados pueden trabajar mejor conjuntamente para abordar estos problemas y al mismo tiempo alcanzar el objetivo de una migración segura y ordenada en una atmósfera política cada vez más hostil. La investigación se basa en trabajo de campo en los lados Pacífico y Caribeño del Darién, en Colombia y Panamá, e incluye cerca de 100 entrevistas con migrantes, trabajadores humanitarios, funcionarios estatales, miembros de los Gaitanistas y representantes de la comunidad. Se realizó un número aproximadamente igual de entrevistas con hombres y mujeres, aunque la mayoría de los involucrados en el tráfico de migrantes eran hombres, mientras que la mayoría de las mujeres eran migrantes o representantes de organismos estatales y organizaciones humanitarias.

La oleada de migrantes que atraviesan el tapón del Darién ha transformado una zona donde históricamente los grupos armados no estatales han sido fuertes y las fuerzas de seguridad débiles. Algunos habitantes del Darién han obtenido grandes beneficios al guiar a las multitudes en tránsito, así como al venderles bienes y servicios. Pero también han sufrido a medida que los grupos criminales refuerzan su control. Y a pesar de que, como señalan varias autoridades, algunos lugareños contribuyen a los problemas del Darién, muchos están cada vez más preocupados por las implicaciones a largo plazo del afianzamiento del crimen organizado y la migración masiva para su forma de vida y la vasta selva tropical en sí misma.

Las comunidades indígenas del Darién (cuyas tierras ancestrales en algunos casos se extienden a lo largo de la frontera entre Colombia y Panamá) se sienten abiertamente ambivalentes hacia los migrantes que cruzan sus tierras[1]. Las principales comunidades indígenas son los emberá, wounaan y los gunadule. Muchos afrocolombianos que viven en la zona también participan ahora en la economía de los migrantes. Para todos ha sido común a lo largo de las décadas guiar a los viajeros a través de la selva, aunque antes eran grupos pequeños. Cualquiera que intente cruzar el Darién sin su ayuda probablemente esté condenado al fracaso. A medida que el número de migrantes se ha disparado, también lo han hecho los ingresos obtenidos por los residentes que venden su destreza y conocimiento para relacionarse con la selva. “Algunos han mejorado la vivienda de ellos”, observó un líder emberá. Otros han comprado nuevos carros, barcos o motores fuera de borda[2].

Sin embargo, los efectos de la migración masiva no son bien recibidos por todos. “Somos los primeros que recibimos el golpe, que sentimos el impacto”, dijo un líder de una comunidad emberá, añadiendo que el tráfico de personas amenaza con remplazar sus medios de subsistencia tradicionales. “Antes se vivía más del plátano, del arroz, ahora se han dedicado más al traslado de los migrantes”[3]. Es fácil entender por qué: un día de trabajo agrícola paga alrededor de $15 dólares, mientras que trabajar con migrantes puede significar ganar rápidamente $50 dólares. Pero como cada vez menos emberá cultivan, la comunidad ha tenido que recurrir a comprar alimentos fuera. Este cambio en la relación tradicional que la comunidad tenía con la tierra ha hecho que los emberá sean menos autosuficientes y más dependientes de los ingresos provenientes del negocio migratorio[4]. Muchos jóvenes también han abandonado la escuela para trabajar con los migrantes[5].

Los gunadule, asentados en el Darién occidental y en las islas panameñas del Caribe, también tienen reclamos. Los líderes dicen que es difícil hacer frente a la afluencia de migrantes, ya que llegan hasta mil por día a poblados de sólo unos 300 habitantes. Se quejan, además, de la contaminación de los ríos y del robo de cocos. Para aliviar estos problemas, algunos de los gunadule han empezado a “guiar” a los migrantes a través de sus tierras, pidiéndoles un pago[6]. Ahora se encuentran acusados de tráfico de personas y en problemas con las fuerzas de seguridad panameñas[7].

Todos estos problemas para los indígenas se complican enormemente por la infiltración de grupos criminales en el Darién, en particular los poderosos Gaitanistas. El aumento del crimen organizado en la región está relacionado principalmente con el narcotráfico, pero también con el creciente número de personas en la ruta migratoria.

La porosidad de sus fronteras y la escasa presencia estatal han hecho del Darién un paraíso para los grupos armados, ya sean rebeldes o criminales. Durante años, el Frente 57 de las FARC luchó contra el ejército colombiano y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en frentes cercanos al Darién[1]. Utilizaba las profundidades de la selva como lugar de descanso para sus combatientes y para atender a los heridos. Tras la desmovilización de las FARC en 2017, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) intentó extender su presencia en la región del Darién, pero en 2020 los Gaitanistas se impusieron, logrando el monopolio de la violencia en el lado colombiano del Darién[2].

Posteriormente, los Gaitanistas han seguido fortaleciéndose. Tras el arresto a finales de 2021 de su máximo comandante Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, el grupo se propuso ampliar su alcance territorial y aumentar el número de combatientes[3]. Su bastión ahora es el noroccidente de Colombia, que incluye no sólo el Darién sino también la mayor parte de la costa Caribe, la región de Urabá y el Chocó, en el Pacífico[4]. Se cree que el grupo tiene al menos 9000 integrantes y opera en no menos de 24 de los 32 departamentos de Colombia[5].

En el Darién, los Gaitanistas han adquirido una influencia considerable sobre la sociedad, la política y los negocios locales, principalmente de tipo ilícito[1]. Heredaron tanto las redes criminales como el personal de las AUC, que se desmovilizaron entre 2003 y 2006 durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe[2]. Los Gaitanistas ahora juegan un papel importante en el tráfico de cocaína a lo largo de una de las rutas de tráfico más importantes del mundo, que pasa por los rincones apartados del Darién, así como por las rutas marítimas frente a sus costas del Pacífico y el Caribe[3].

La participación del grupo en el narcotráfico está bien documentada. Sus líderes sólo admiten cobrar impuestos a los traficantes que pasan por áreas bajo su control, pero su papel en la cadena de suministro de narcóticos es mucho mayor. Los Gaitanistas compran la pasta de coca y otros materiales utilizados para refinar la cocaína; coordinan la producción, y proporcionan seguridad a los traficantes autorizados y a los compradores internacionales[4]. Mantienen un firme control sobre todos los corredores de narcotráfico en el noroccidente colombiano, y algunas de estas rutas pasan por las selvas del Darién, mientras que otras cruzan principalmente corredores marítimos adyacentes. Las cantidades de cocaína que se transportan son enormes. Son tantos los paquetes de droga que los traficantes dejan flotando en el mar tras sufrir accidentes en sus embarcaciones o que arrojan por la borda para evadir la detección, que la “pesca blanca” (sacar los paquetes del agua) se ha convertido en una práctica común entre los habitantes a lo largo de la costa del Pacífico. Pescadores le dijeron a Crisis Group que los Gaitanistas insisten en comprar toda la cocaína a un precio fijo, en un intento por mantener un control total del mercado[5].

Aparte del narcotráfico, la actividad económica más destacada de los Gaitanistas en el lado colombiano del Darién es “cobrar impuestos” a otras empresas, tanto ilícitas como también legítimas. En Bahía Solano, una ciudad de la costa del Pacífico, 500 pesos colombianos (alrededor de $0,10 dólares) de cada galón de combustible que venden las gasolineras van a los Gaitanistas; los propietarios han subido el precio por galón para cubrir la tarifa[1]. Las empresas bananeras de Urabá, por su parte, presuntamente se ven obligadas a pagar una contribución por caja[2]. “Algunas transnacionales, algunos contratistas nos pagan un impuesto por contratos, por minería, por cosas así”, dijo a Crisis Group Jerónimo, líder político de la organización[3]. Incluso las pequeñas operaciones turísticas y los fondos de conservación ambiental se ven afectados.

Pero la migración a través del Darién también se ha vuelto muy rentable para los Gaitanistas. En total, la economía de los migrantes genera millones de dólares por semana según cálculos realizados por Crisis Group[4]. En la mayoría de los casos, el grupo no participa directamente en el traslado de migrantes[5]. En cambio, toma un porcentaje de los ingresos obtenidos por los coyotes y otros proveedores de servicios, como empresas de transporte y hoteles. Presuntamente, el grupo gana entre $50 y $80 dólares por cada migrante que cruza el Darién[6]. Los Gaitanistas también establecen qué ruta pueden usar los migrantes en un día determinado, un poder que utilizan para mantenerlos alejados de los cargamentos de cocaína[7].

Con el tiempo, los habitantes del Darién se han visto obligados a establecer diversas formas de coexistencia con los grupos criminales. Estos grupos tienen comportamientos depredadores, incluida la extorsión, pero también son un sustento económico para muchos habitantes de la zona[1]. Las organizaciones ilegales explotan el conocimiento de la selva que tienen los lugareños para traficar drogas y migrantes, y a menudo dependen de ellos para que los acompañen a través de terrenos traicioneros, transporten cargamentos o corten madera. Los delincuentes pagan o esperan que los residentes locales colaboren con el alojamiento, combustible y alimentos, que les venden voluntariamente o es dado bajo coacción. Los residentes han aprendido a mantenerse neutrales en las rivalidades de los grupos con los gobiernos y entre sí. “No somos enemigos de nadie”, dijo un líder indígena gunadule. “Dialogamos”[2]. Su tribu binacional mantiene comunicación con fuerzas de seguridad tanto de Colombia como de Panamá, así como con los Gaitanistas.

Los Gaitanistas intentan ganarse la simpatía de la comunidad, aunque no temen recurrir a otros medios para conseguir sus objetivos. En todo el Darién, pagan salarios a maestros e instalan redes eléctricas a pequeña escala. Los residentes contaron a Crisis Group que el grupo ha financiado cocinas comunitarias y comprado regalos de Navidad para los niños. Este tipo de actos no sólo ayudan a conseguir apoyo popular, sino que también sirven para lavar ganancias obtenidas ilícitamente[3]. Al mismo tiempo, funcionarios estatales afirman que los Gaitanistas a menudo sobornan a fiscales, jueces y funcionarios de las fuerzas de seguridad, y colocan representantes en gobiernos locales, consejos comunitarios y otros organismos, en particular los de las comunidades que gozan de autogobierno en virtud de la Constitución colombiana[4].

Sin embargo, los Gaitanistas regularmente recurren a la violencia para fortalecer su control sobre el Darién. Desde que consolidaron el control de la zona hace unos años, no se han reportado casos de desplazamientos forzados masivos ni masacres, a pesar de que son comunes en otras partes de Colombia afectadas por el conflicto. En cambio, siguen siendo frecuentes los asesinatos, la intimidación de líderes sociales y la violencia sexual[5]. Pero el principal método del grupo para imponer su voluntad consiste en establecer normas de comportamiento, imponer multas por contravenir las órdenes y comunicar estos edictos a los lugareños en un manual impreso; estos métodos se han extendido cada vez más en las zonas bajo influencia Gaitanista desde el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las FARC[6]. Muchos miembros de los Gaitanistas, incluidos líderes y combatientes, son exguerrilleros con experiencia en tácticas insurgentes similares.

Las normas y sanciones son estrictas, con multas que van desde 500 000 a 1 000 000 de pesos colombianos (unos $110 a $220 dólares) por infracciones como participar en riñas o realizar disparos de celebración. Se impone una multa por dejar pastar al ganado en la calle en lugar de en el campo, y también se amenaza a las empresas de recolección de residuos que no recogen la basura[7]. Existen reglas para ofensas como difundir chismes o iniciar peleas, las cuales se interpretan como dirigidas principalmente a las mujeres. Los Gaitanistas castigan estas supuestas infracciones obligando a los presuntos responsables a limpiar las calles portando un cartel que dice “Por peliona”[8].

Los Gaitanistas han incrementado su influencia en el Darién reclutando a jóvenes de la zona, principalmente afrocolombianos e indígenas, incorporando a otros en los negocios bajo su control y reclutando a quienes se dedican a medios de vida tradicionales, como la pesca, para que participen en sus tareas (como la “pesca blanca” descrita anteriormente)[9]. Dicho esto, funcionarios de las fuerzas de seguridad afirman que muchos reclutas recientes han desertado debido a los bajos salarios y al abuso por parte de sus superiores. Según informes, entre los reclutas se incluyen menores de hasta catorce años, que reciben pagos mensuales de alrededor de $300 dólares, apenas por encima del salario mínimo legal[10].

El firme control territorial y la aplicación de normas de comportamiento garantizan que los Gaitanistas puedan dirigir sus negocios sin problemas. Aunque estén respaldadas por la amenaza de violencia, estas normas también proporcionan cierto grado de orden e incluso seguridad para quienes participan en el tráfico de personas, así como para los propios migrantes. “Los Gaitanistas nos han advertido que el que toca a un migrante es objetivo militar”, dijo un afrocolombiano involucrado en la industria migratoria en el Darién[1]. Los Gaitanistas, por su parte, dicen que buscan frenar el abuso contra los migrantes: “Controlamos narcotraficantes que pasan por ahí, controlamos turistas, controlamos cualquier persona que pase por cualquier corredor de estos que sea de nuestro territorio”, dijo Jerónimo, un líder Gaitanista. “Controlamos de que se proteja la vida” (sic). Trabajadores humanitarios y funcionarios del Estado colombiano afirman que el grupo protege a los migrantes como una forma de salvaguardar los ingresos que genera la migración[2]. El grupo puede incluso llegar a imponer la pena de muerte a los coyotes que maltraten a los migrantes, dependiendo de la gravedad de la ofensa[3].

Como parte del ambicioso plan del presidente colombiano Gustavo Petro de sentarse a dialogar con todos los grupos armados y criminales, conocido como “paz total”, los Gaitanistas han manifestado su interés en dialogar con el gobierno[4]. Sin embargo, el diálogo con el gobierno está suspendido tras el fracaso del alto al fuego en marzo[5]. Si las conversaciones se reanudan, es probable que los Gaitanistas presionen (con pocas probabilidades de éxito) para que se les considere un grupo político, lo que, según la legislación colombiana, les permitiría negociar sobre una gama mucho más amplia de temas que si sigue siendo clasificado simplemente como un grupo criminal[6]. “Nos caracterizamos como una organización político-militar que tiene una plataforma política e ideológica”, dijo Jerónimo a Crisis Group. “En vez de estarle haciendo mal a la sociedad como nos intentan de pronto hacer ver ante la población, la opinión pública, nosotros estamos tratando de hacer lo que el Estado no es capaz de hacer en los territorios”[7]. Aunque el modelo de control criminal de los Gaitanistas aporta una apariencia de orden a las zonas bajo su yugo, esta estabilidad se sustenta en amenazas y puede tornarse violenta en cualquier momento.

Mientras que los Gaitanistas controlan la mayor parte de las actividades ilícitas en el lado colombiano del Darién, las condiciones son muy diferentes en territorio panameño. Allí, las bandas, en su mayoría formadas por miembros de las comunidades indígenas locales, representan una amenaza para los miles de migrantes que pasan por sus territorios. Varios migrantes han sufrido agresiones, violaciones y robos en este tramo del viaje. Coyotes, representantes de organizaciones humanitarias y migrantes culpan a las bandas que operan en el lado panameño, que supone el mayor tramo de la selva del Darién. “Nadie tiene las manos limpias”, afirmó un trabajador humanitario, refiriéndose al papel de las bandas locales en los abusos a los migrantes[1].

Representantes de organizaciones humanitarias insisten en que los pueblos indígenas y afrocolombianos del Darién, por mucho que la migración haya transformado sus vidas, no deben ser vistos como víctimas pasivas invadidas por los migrantes. Funcionarios humanitarios han denunciado casos de emberá que buscan migrantes fuera de sus territorios ancestrales, a quienes atacan u obligan a tomar desvíos por la selva para garantizar beneficios para su comunidad[1]. Según informes, los emberá han hecho un pacto con los gunadule para conducir a los migrantes a través de sus respectivos territorios, con el fin de poner fin a la competencia por los ingresos generados por el tráfico y repartirse las ganancias[2].

La violencia en estas zonas puede ser extrema, con muchos relatos de homicidios, torturas y violaciones en grupo[3]. Crisis Group ha visto varios vídeos que muestran cadáveres esparcidos en la selva, y los migrantes hablan de cadáveres arrojados a barrancos o quemados[4]. Comunidades a lo largo de los ríos Turquesa y Membrillo han visto cómo las corrientes arrastran cadáveres. Los ríos están “contaminados por los muertos, de los migrantes, que se han muerto en el trayecto”, dijo un líder emberá[5]. Se cree que las bandas, que han pasado de los machetes a las pistolas y utilizan radioteléfonos para coordinarse, son responsables de muchos de los ataques[6]. También hay denuncias que los lugareños que trabajan como guías de migrantes a través de la selva colaboran con las bandas y los narcotraficantes. En ciertos casos, a los migrantes que no pueden pagar el costo del cruce se les permite hacerlo si llevan cocaína escondida en sus pertenencias, incluidos pañales[7].

Otra de las grandes preocupaciones de las comunidades del Darién son los nocivos efectos ambientales de la actividad delictiva y la migración masiva. La indómita selva de la zona no sólo es su preciado hogar, sino también la fuente de gran parte de su sustento tradicional.

Las actividades ilícitas llevan mucho tiempo afectando al entorno natural del Darién. La zona es conocida por su biodiversidad, y ambos países han intentado protegerla: Colombia estableció el Parque Nacional Los Katíos en 1973 y Panamá el Parque Nacional Darién en 1980[1]. Como se señaló anteriormente, la selva ha sido durante mucho tiempo una ruta clandestina para canalizar drogas desde Colombia a Panamá, y el fácil acceso a las costas del Pacífico y del Caribe significa que lanchas rápidas, submarinos y embarcaciones semi sumergibles pueden mover toneladas de cocaína al mes a través de la zona[2].

El impacto ambiental del narcotráfico es evidente. La deforestación se ha disparado desde 2016 en municipios como Riosucio y Unguía, en el lado colombiano, donde se talan bosques para plantaciones de coca y ganadería, a menudo con el apoyo financiero de narcotraficantes[3]. Líderes Gaitanistas afirman que han tomado medidas correctivas, como por ejemplo restringir actividades que provocan daños como la tala comercial y la caza y pesca con dinamita o químicos. Añaden que, en 2022, ordenaron detener la expansión de las plantaciones de coca[4].

La búsqueda de yacimientos de oro y otros metales preciosos hasta ahora inexplotados también sirve para abrir la selva a los buscadores de fortuna, y parte del dinero acaba en manos de los Gaitanistas[1]. Los mineros artesanales y a pequeña escala buscan oro en el municipio colombiano de Acandí, pero también han comenzado a operar allí retroexcavadoras, que devastan el hábitat de la selva[2]. En el lado panameño del Darién también se practica la minería ilegal de oro. Según informes, dos jóvenes mineros colombianos fueron asesinados en 2018 cuando agentes policiales fronterizos entraron en una mina del lado panameño y empezaron a disparar mientras trabajaban[3]. En septiembre, el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Pino, informó a los medios de comunicación sobre una reciente ofensiva contra la minería ilegal de oro en el Darién. “¿Y quiénes eran en su gran mayoría? Mineros colombianos del Clan del Golfo que estaban perjudicando nuestro territorio y áreas protegidas”, dijo[4].

Los aserradores han talado ilegalmente árboles de maderas duras tropicales en el lado colombiano, aunque la gente de Acandí abandonó este negocio una vez que el trabajo con los migrantes se hizo más lucrativo[5]. Del lado panameño, los líderes gunadule han expresado su preocupación por las invasiones de tierras, la deforestación para la ganadería y la supuesta apropiación de tierras para sitios turísticos. “No vamos a pedir permiso para enfrentar”, advirtieron. “Vamos a defender los territorios”[6].

Estas amenazas ambientales ahora se ven agravadas por la migración masiva. La basura dejada en las rutas migratorias contamina el Darién. Según el gobierno panameño, se han recogido más de 60 000 toneladas de basura de los ríos de la zona[7]. Miles de migrantes que defecan cerca de fuentes de agua han contaminado estos mismos ríos, y los cadáveres de migrantes que mueren en el Darién a menudo terminan en las aguas en las que los indígenas se bañan y lavan su ropa. Funcionarios de organizaciones humanitarias han alertado sobre las condiciones sanitarias en Bajo Chiquito, una población indígena por donde pasan la mayoría de los migrantes que salen de la selva. Las preocupaciones se extienden a los “enormes” riesgos de enfermedades como el cólera, tanto para los locales como para los migrantes[8]. El Ministerio de Ambiente panameño también ha alertado sobre el aumento de la caza de vida silvestre por parte de los migrantes[9].

A las comunidades del Darién les preocupa que la migración masiva vaya seguida de actividades extractivas aún más desenfrenadas, causando daños irreparables a su conexión con el ecosistema forestal. “El Darién, para nosotros es el vivir espiritual”, dijo un líder gunadule colombiano[10]. Las comunidades indígenas panameñas temen que los precarios caminos por donde atraviesan la selva los migrantes abran el bosque a los aserradores, traficantes de madera y ganaderos, sumándose a los daños ya causados por el narcotráfico y la minería de oro[11].

La migración a través del tapón del Darién es un indicador de la magnitud de la crisis mundial de desplazamiento. A pesar de los riesgos evidentes, el número de migrantes que realizan la travesía se está disparando. En los primeros siete meses de 2023, se calcula que migrantes de unas 97 nacionalidades diferentes atravesaron la selva[1]. La zona, que alguna vez se consideró prácticamente impenetrable, ahora está atravesada por senderos y caminos que forman parte de una infraestructura informal utilizada por cientos de coyotes locales que se autodenominan “guías humanitarios”. A menudo bajo el control del crimen organizado, estos cruces permiten a migrantes y refugiados de todo el mundo caminar hacia el norte, en su intento por llegar a EE. UU.

La gente lleva décadas pasando por el Darién. Históricamente, cientos de migrantes, incluidos colombianos desplazados por el conflicto, hacían el viaje cada año. Sin embargo, antes de 2019, menos de 10 000 personas cruzaban anualmente, excepto por un pico de dos años en 2015 y 2016[1]. En 2021, se presentó un número sin precedentes de migrantes atravesando el Darién cuando los haitianos huían de los disturbios provocados por el asesinato del presidente Jovenel Moïse y el terremoto que hubo poco después. Decenas de miles de venezolanos hicieron el viaje el año siguiente influenciados por rumores en redes sociales de que EE. UU. no los deportaría[2].

También incidieron otros factores. Los nuevos requisitos de visado establecidos en 2022 por Belice, Costa Rica y México hicieron mucho más difícil para los venezolanos volar a estos países[3]. Dado que otras naciones ya habían cerrado sus puertas, a los migrantes no les quedaba más remedio que desafiar el tapón del Darién, recurriendo a cruces fronterizos ilegales en su viaje hacia EE. UU. después de salir de Colombia.

A pesar de las advertencias en sentido contrario de los funcionarios estadounidenses y de las nuevas medidas destinadas a disuadir la migración, el número de venezolanos que cruzan el Darién siguió aumentando rápidamente en 2023[4]. En enero, aproximadamente 75 venezolanos pasaban cada día. A finales de abril, esta cifra aumentó a unos 850, y en agosto volvió a aumentar a alrededor de 2000[5].

A los venezolanos se han sumado otros migrantes, de América Latina y de otros lugares más remotos. Venezolanos, haitianos y ecuatorianos (estos últimos huyendo de la inseguridad y pobreza extrema) representaron el 85 por ciento de los más de 400 000 migrantes que cruzaron durante los primeros nueve meses de 2023[1]. Más de la mitad de los migrantes son hombres adultos y más de una quinta parte son menores[2]. Muchos, aunque todavía una minoría, de aquellos que optan por atravesar el Darién hacen parte de flujos migratorios secundarios; es decir, personas que han decidido dirigirse a EE. UU. tras enfrentar dificultades económicas y xenofobia en sus nuevos países de residencia años después de haber huido de sus países de origen[3].

Migrantes de otros continentes, por su parte, vuelan principalmente a países como Ecuador o Brasil, que no exigen visa para la mayoría de las nacionalidades, e inician su viaje desde allí. Muchos son afganos que aterrizan en Brasil tras realizar el peligroso viaje a Europa[4]. Migrantes chinos entrevistados por Crisis Group en Necoclí, en la costa atlántica de Colombia, dijeron que habían abandonado su tierra natal y viajado a Ecuador porque las estrictas restricciones relacionadas con la pandemia habían devastado sus negocios[5].

El número de menores sin acompañantes que pasan por el tapón del Darién también está aumentando. De unas de 413 000 personas que ingresaron a Panamá a través del Darién en los cuatro años previos a 2023, cerca de 80 000 eran niños y adolescentes. Casi la mitad de los menores que cruzaron entre enero y agosto de 2022 tenían menos de cinco años[6]. “Estamos hablando de un flujo migratorio de bebés”, afirmó un trabajador humanitario[7]. Tan solo en el primer semestre de 2023, el número de menores que cruzaron el Darién llegó a los 40 000[8]. En lo que va de 2023, entre ocho y diez menores sin acompañantes o separados de éstos llegan cada día a los centros de recepción de migrantes[9].

La mayoría de los migrantes inician su travesía por el Darién desde Necoclí, un pequeño pueblo al que se puede llegar en autobús en el lado colombiano del Golfo de Urabá. La siguiente etapa consiste en llegar a Capurganá o Acandí, municipios al otro lado del Golfo, pero aún en Colombia. A finales de 2022, las compañías de embarcaciones crearon un sistema de manillas, similar al de los complejos turísticos que ofrecen paquetes con todo incluido. Las manillas, con un precio de alrededor de $250 dólares, cubrían el alojamiento en Necoclí, las comidas y el viaje en barco. Los propietarios de embarcaciones en Necoclí cobraban a los migrantes el doble por el viaje a través del Golfo, sabiendo que los migrantes no comprarían un tiquete de vuelta. Quienes no podían costear el viaje tenían que dormir en la playa y buscar la manera de ganar dinero para pagar un asiento en un barco de salida. Sin embargo, en abril del año siguiente, se suspendió el experimento de las manillas y se empezó a cobrar a los migrantes al otro lado del Golfo de Urabá. Ahí, en Capurganá o Acandí, los migrantes se alojan en albergues administrados por consejos comunitarios afrocolombianos, donde pueden permanecer hasta iniciar el recorrido por la selva, acompañados por lugareños que trabajan como guías[1].

El viaje desde los albergues hasta la frontera con Panamá cuesta alrededor de $160 dólares, y después de uno o dos días, los migrantes son entregados a guías panameños, que suelen ser emberá o gunadule. Allí comienza la travesía por la selva, que dura entre cinco y quince días, dependiendo de la condición física del migrante y de la ruta elegida. En esta parte del viaje es donde se produce la mayor parte de la violencia contra los migrantes. La mayoría de los grupos se dirigen a pie al poblado indígena de Bajo Chiquito, donde hay oficinas de organismos estatales y humanitarios. Allí, cada migrante debe pagar $25 dólares para tomar una canoa o piragua motorizada hasta las Estaciones de Recepción de Migrantes (ERM) en los municipios de Lajas Blancas o San Vicente. Estas estaciones están a cargo de la guardia fronteriza panameña, SENAFRONT[2].

Una vez registrados en la ERM, los migrantes hasta hace poco pagaban $40 dólares por un puesto en un autobús privado que los lleva a lo largo de Panamá hasta otra estación en Los Planes Gualaca, cerca de la frontera con Costa Rica, desde donde continúan el viaje al norte[3]. (El precio subió a $60 dólares en octubre de 2023, y ahora los migrantes son llevados hasta el otro lado de la frontera en Costa Rica)[4]. Los migrantes intentan avanzar hacia el norte desde el Darién lo más rápido posible, pero a veces se quedan varados durante largos períodos si no pueden pagar el viaje en autobús.

Las finanzas determinan en gran medida el grado de dificultades que deben soportar los migrantes durante el viaje. Viajeros chinos dijeron a Crisis Group que habían podido costearse un viaje más rápido a través de una ruta diferente en el Darién, que incluía un viaje en barco y un día a caballo, y costaba $1000 dólares por adulto y $400 por niño[5]. Quienes no tienen dinero a menudo quedan estancados en Necoclí y pasan semanas acampando en la playa, sin poder pagar el viaje en barco a través del Golfo de Urabá[6]. Algunas mujeres se ven obligadas a recurrir al trabajo sexual para pagar la comida o el pasaje[7]. Otras, con frecuencia venezolanas, son explotadas sexualmente en burdeles, conocidos como chongos. Los Gaitanistas presuntamente son los propietarios de algunos de estos establecimientos, y trasladan a las mujeres de un lugar a otro[8].

El tapón del Darién representa para los migrantes diversas amenazas. Están expuestos a los peligros de la selva, incluidas las mordeduras de serpiente, mientras avanzan por caminos resbaladizos a lo largo de precipicios y ríos salvajes. Uno de los cruces fluviales, conocido como “el río de la muerte”, ha cobrado la vida de muchos migrantes que intentaron cruzarlo. Los panameños que habitan esta zona suelen avisar a las autoridades de la presencia de cadáveres flotando río abajo^[1].

El viaje a través del Darién sería aún más peligroso sin la ayuda de los habitantes de la zona que conocen el terreno. Aunque se presentan como “guías humanitarios”, su trabajo se asemeja al de los traficantes de personas o coyotes[1]. Los migrantes a menudo se ven obligados a entregar sus pasaportes a los guías para que no puedan contratar a nadie más o escaparse[2]. Al contrario de lo que afirman los guías, a los migrantes que no pagan por sus servicios se les impide, en la práctica, cruzar el tapón por su propia cuenta. Crisis Group habló con algunos venezolanos que fueron obligados a regresar por hombres armados desconocidos cuando intentaron caminar solos por la selva. Los subieron a una embarcación para regresar a Necoclí[3]. Las familias desorientadas a menudo carecen de información sobre los pasos de la ruta migratoria (si deben tomar un barco o caminar en determinados tramos) y con frecuencia no tienen dinero para contratar los servicios de un guía.

Los guías no pueden, o no quieren, proteger a los migrantes de las estafas y coerción; de hecho, en ocasiones son ellos mismos quienes perpetran estos crímenes. En varias etapas de la ruta, los migrantes enfrentan restricciones de movimiento. Al pasar por Capurganá los migrantes no tienen otra opción que pagar $100 dólares a un centro de recepción gestionado por la comunidad; los que no pueden pagar son, de hecho, encerrados[4]. “Allá te secuestran a todos”, dijo un migrante venezolano. A algunas personas que no pueden pagar se les pide que entreguen sus teléfonos móviles[5]. Incluso cuando pagan a los guías, los migrantes pueden verse obligados a valerse por sí mismos. Migrantes que viajan en barco por el lado del Pacífico del Darién han sido abandonados en playas desiertas, después de ser engañados por coyotes que prometen llevarlos sanos y salvos a Panamá[6]. Según las autoridades panameñas, al menos dos migrantes murieron tras ser abandonados por traficantes de personas[7].

Controlar la migración es un negocio muy rentable para las redes de tráfico de personas y los empresarios locales, algunos con aspiraciones políticas[1]. En los últimos meses han pasado por Acandí cerca de dos mil migrantes al día, cada uno de los cuales paga unos $160 dólares, lo que genera más de un millón de dólares a la semana. Tan sólo en Acandí hay 300 guías y 900 portamaletas, que trabajan por turnos. Por lo general, un guía hace dos viajes por el Darién al mes y gana en total dos millones de pesos colombianos (alrededor de $450 dólares), casi el doble del salario mínimo[2]. Los Gaitanistas niegan estar involucrados en el tráfico de personas. Pero según funcionarios de la fuerza pública y representantes del gobierno entrevistados por Crisis Group, los Gaitanistas obtienen un porcentaje de los ingresos[3]. Un informe conjunto de las defensorías del pueblo de Colombia y Panamá destacó una variedad de formas en que los Gaitanistas se lucran de la migración, entre ellas el cobro de impuestos sobre servicios utilizados por los migrantes, como hoteles y coyotes, y al ejercer control sobre tierras pertenecientes a grupos étnicos por donde pasan los migrantes[4].

Los guías argumentan que la ausencia del Estado es casi total en las áreas donde operan, y agregan que son los únicos que ayudan a los migrantes a superar los obstáculos o a acceder a servicios básicos[5]. “El Estado no ha querido, o se ha hecho la vista gorda, para no tomar el control”, afirmó el coordinador de una asociación de guías[6]. Aproximadamente 2500 familias en Acandí y Capurganá dependen de la economía de la migración, que ha reemplazado al turismo como principal fuente de ingresos; algunos sostienen que los turistas han dejado de ir debido al gran número de migrantes que pasan por la región[7].

Trabajadores humanitarios y migrantes le dijeron a Crisis Group que los crímenes más flagrantes contra los migrantes, incluidos asesinatos y violencia sexual, ocurren después de que los guías colombianos se los entregan a sus homólogos panameños, quienes están a cargo de la parte más larga y extenuante del viaje. A pesar de la falta generalizada de protección estatal y de estar expuestos a la explotación y el fraude en el lado colombiano del Darién, los Gaitanistas aparentemente logran mantener a raya los delitos violentos[1]. Pero la debilidad de la seguridad en Panamá y la ausencia de orden alternativo, como el impuesto por los Gaitanistas, ha dado rienda suelta a los depredadores. Una encuesta reveló que más de la mitad de las víctimas que sufrieron abusos en el Darién afirmaron que los perpetradores eran miembros de las comunidades locales. Pero se han realizado pocos arrestos[2].

La violencia sexual es común y va desde registros corporales íntimos hasta violaciones en grupo[3]. Organizaciones de ayuda documentaron 174 casos de violencia sexual contra mujeres migrantes en los primeros siete meses de 2023 en el lado panameño del Darién, lo que supera el total de 2022[4]. A mediados de octubre de 2023, en apenas seis días, una ONG humanitaria registró 59 casos de abuso sexual contra mujeres y varias niñas[5]. Durante una visita de Crisis Group a la zona, tres niñas entre 15 y 16 años fueron violadas cerca de Bajo Chiquito, la población indígena que sirve como estación de paso. Las niñas pertenecían a un grupo de menores no acompañadas que realizaban la travesía y se dice que negociaron con los violadores para que otras dos niñas más jóvenes no fueran atacadas. Este tipo de historias de horror abundan. Una mujer fue violada delante de su hijo de cuatro años, que luego presuntamente fue asesinado porque lloró demasiado fuerte mientras se producía la agresión[6].

Migrantes, funcionarios del Estado colombiano y empleados de ONG señalan a las bandas locales como las responsables de la mayor parte de la violencia sexual: “Las violaciones que se producen en el Darién son por indígenas, por comunidades de acogida”, dijo un alto funcionario de una organización humanitaria[7]. También hay informes que señalan como responsables a funcionarios del SENAFRONT que trabajan en centros de migrantes (ver sección III.C.3).

La población local también se aprovecha de la vulnerabilidad de los migrantes exigiéndoles dinero por todo: les cobran por montar una tienda de campaña, por cruzar un río en canoa y por desplazarse a través de tierras ancestrales a pie. “Si no pagas no sales”, dijo un migrante[1]. Un joven venezolano dijo que se topó con hombres armados que vestían uniformes y botas negras. Los hombres obligaron a cada miembro de su grupo de migrantes a pagar $10 dólares[2].

Las dificultades para denunciar violaciones y otros delitos ante los fiscales panameños son graves, según un estudio conjunto de las defensorías del pueblo de Colombia y Panamá. La fiscalía panameña ha colocado avisos en varios idiomas en Bajo Chiquito con instrucciones sobre cómo informar a las autoridades sobre los delitos. Pero los migrantes dependen del apoyo del SENAFRONT para denunciar los abusos en el Darién, al que pueden considerar cómplice de los actos violentos en su contra. Fortalecer los mecanismos de denuncia, investigación y aplicación de la ley en Panamá es crucial para prevenir violaciones de los derechos de los migrantes[3].

Cruzar el Darién no pone fin a los problemas de los migrantes. Una vez en Bajo Chiquito, los migrantes deben llegar a la ERM a cargo del SENAFRONT y el Servicio Nacional de Migración, donde organismos de ayuda y varias ONG brindan asistencia. Para ser transportados desde allí, con el fin de llegar a la ERM de Las Lajas Blancas, los migrantes deben pagar $25 dólares a los indígenas locales propietarios de embarcaciones. Según informes, quienes no tienen dinero son obligados a entregar sus teléfonos o realizar trabajos temporales[1].

Las instalaciones de las ERM no son acogedoras. El Defensor del Pueblo de Panamá, la ONU y personal de algunas ONG han denunciado pésimas condiciones de higiene y seguridad. Las duchas frecuentemente no funcionan y los baños portátiles suelen estar llenos de excrementos humanos[2]. Aquellos que no pueden pagar los $40 dólares que se cobran por abordar los autobuses que van a los centros de migrantes en la frontera con Costa Rica solían permanecer cautivos hasta que se encontraba algún tipo de solución, que podía incluir trabajos forzosos[3]. El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes advirtió que muchas personas en tránsito se encuentran “de facto privadas de libertad” y señaló que se han reportado casos de familias que han llegado a permanecer retenidas en una ERM por más de tres meses[4]. Varios altos representantes de ONG indican que la respuesta humanitaria de Panamá depende en gran medida de empresas privadas, a las que el gobierno arrienda terrenos para alojar a los migrantes y que también les proporcionan alimentos y transporte[5].

Tú sabes que esto es un negocio desde cuando uno pisa la selva hasta que llega a la frontera con Costa Rica. Hablamos de Panamá, sin meter a los demás países que también se están lucrando a raíz de los migrantes. Ellos no pueden decir que esto es una ayuda cuando una paga por todo[6].

Los migrantes se quejan de una serie de abusos. En ciertos centros de recepción, los locales merodean fuera de las áreas cercadas donde los migrantes deben permanecer y se ofrecen a reclamar el dinero enviado por familiares o amigos a través de Western Union u otros servicios. A cambio, cobran una comisión del 15 al 30 por ciento además de las tarifas cobradas por las plataformas[1]. Representantes de organizaciones humanitarias también afirman que los migrantes son objeto de malos tratos por parte de los guardias fronterizos y los funcionarios de migración panameños. En un esquema de extorsión, algunos migrantes han sido obligados a firmar un documento al ingresar a Panamá que los obliga a pagar una multa si no abandonan el país dentro de las 24 horas siguientes, aunque no existe tal regulación[2].

La violencia sexual también es una amenaza recurrente para las mujeres en las ERM. El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes ha manifestado que, según informes, personal del SENAFRONT exige actos sexuales a cambio de favores, como permitir que los migrantes suban a los autobuses que se dirigen al norte[3]. Funcionarios humanitarios reiteran estas acusaciones[4]. Una mujer venezolana le dijo a Crisis Group que su amiga fue presionada a un encuentro sexual con un agente fronterizo en su presencia, a cambio de poder cargar su teléfono móvil[5].

Tratando de recuperar del impacto del COVID-19, Panamá y Colombia fueron tomados por sorpresa por el gran número de migrantes que cruzaban el Darién durante la pandemia, el cual creció casi un 2000 por ciento en 2021 en relación con el año anterior y otro 86 por ciento en 2022. Tanto en Colombia como en Panamá, el derecho internacional y la constitución exigen a los Estados proteger los derechos de los migrantes, incluso proporcionando atención médica, alimentos, agua, seguridad y acceso a procedimientos de asilo[1]. No obstante, la mayor parte del apoyo humanitario inicial para los migrantes provino de municipios y ONG, que no estaban preparados para la afluencia[2]. Ante la falta de recursos, municipios colombianos, como Juradó, han tenido que improvisar, por ejemplo, organizando alojamientos temporales, colocando colchones en los pasillos de edificios gubernamentales durante las noches[3]. En ocasiones, las autoridades han intentado eludir la responsabilidad de gestionar el flujo de migrantes: en diciembre de 2021, una embarcación naufragó en la costa del Pacífico y diez migrantes perdieron la vida. Los cuerpos permanecieron en la playa durante más de una semana mientras dos gobiernos locales discutían sobre quién debía hacerse cargo[4].

A las organizaciones de la sociedad civil que apoyan la respuesta humanitaria también les preocupa el escaso tiempo del que disponen para atender a los migrantes, lo que dificulta la detección y tratamiento de casos de violencia sexual, gestionar solicitudes de asilo y evaluar la necesidad de medidas de protección. Algunas ONG internacionales han enfrentado retrasos para obtener permisos del gobierno panameño que les permitan operar en áreas clave del Darién, lo que ha impedido la entrega de ayuda esencial. Algunos trabajadores humanitarios también expresan su preocupación por la gestión de las estaciones de recepción y la presunta falta de comunicación de los funcionarios estatales con la ONU y las organizaciones de ayuda[5]. En respuesta a los crecientes flujos migratorios, la principal funcionaria de migración de Panamá, Samira Gozaine, acusó a las agencias de ayuda de estimular el aumento de la migración a través del Darién. “Para mí, el principal actor son los organismos internacionales, que tienen la culpa, porque ellos siguen hablando de esto como movilidad humana y derecho humano [a migrar] y esto que nosotros presenciamos no es un derecho humano”, dijo a medios nacionales[6].

Ante los enormes desafíos que plantea la migración masiva, las relaciones diplomáticas entre Colombia y Panamá se han vuelto cada vez más tensas. Las autoridades panameñas han acusado a Colombia de no contar con controles adecuados en las fronteras con Venezuela, Ecuador y Perú, lo que, alegan, dificulta su capacidad para obtener información precisa sobre el número de migrantes que pretenden cruzar el Darién[1]. Ambos países han aireado recriminaciones[2]. En respuesta a las críticas sobre la respuesta de Panamá, un funcionario panameño afirmó que el gobierno había establecido al menos estaciones de recepción de migrantes para los que salen del Darién, mientras que los migrantes del lado colombiano no reciben ningún tipo de ayuda estatal y permanecen en campamentos administrados por el crimen organizado[3]. Refutando las afirmaciones de Panamá de que Colombia no se esfuerza lo suficiente para reducir el número de migrantes que pasan por el Darién, Fernando García, director de la autoridad migratoria de Colombia, afirmó que Bogotá “viene cumpliendo rigurosamente” con el de intercambio de información acordado en un memorando de entendimiento suscrito en abril de 2021[4].

A pesar de estas divergencias, los prolongados y crecientes flujos migratorios de 2023 han llevado a Colombia y Panamá hacia una mayor colaboración. Los defensores del pueblo de ambos países emitieron una alerta temprana conjunta, un informe que identifica los riesgos para los derechos humanos e incluye recomendaciones para una serie de organismos estatales[5]. En una inusual reunión, el presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo panameño Laurentino Cortizo dialogaron sobre las relaciones bilaterales y la migración segura y ordenada al margen de la Asamblea General de la ONU de 2023 en Nueva York[6].

EE. UU., el destino previsto por la mayoría de migrantes que cruzan el Darién, también tiene un gran interés en alentar a Colombia y Panamá a tomar medidas conjuntas decisivas. En abril, ambos países, con el respaldo de EE. UU., anunciaron una campaña conjunta para detener los flujos ilícitos de productos y personas, proporcionar vías legales alternativas para la migración, reducir la pobreza y crear empleos en las comunidades fronterizas[1]. La asesora de Seguridad Nacional estadounidense, Liz Sherwood-Randall, visitó tanto el lado panameño como el colombiano del Darién en septiembre. Instó a los gobiernos a mejorar las medidas para desalentar la migración irregular y al mismo tiempo ampliar las rutas seguras y legales para los migrantes[2].

Mientras tanto, los avances para mejorar las condiciones sociales y económicas en la zona han sido limitados y es probable que iniciativas futuras se encuentren con las mismas trabas persistentes. En particular, es poco probable que las economías tradicionales de subsistencia puedan llegar a competir con los ingresos generados por la economía de los migrantes o por las empresas ilícitas dirigidas por el crimen organizado. “Ha generado tanto dinero”, señaló un diplomático radicado en Panamá. “Cada comunidad quiere sus migrantes”[3].

EE. UU. también ha tomado otras medidas con posibles consecuencias para el Darién, en lo que respecta al destino de quienes llegan a su destino final. La administración Biden ha reanudado la deportación de migrantes venezolanos indocumentados, que representaban uno de cada cuatro de los 200 000 migrantes detenidos en la frontera sur de EE. UU. en septiembre[4]. Esta medida provocó feroces críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, aduciendo el derecho al asilo y los peligros de la crisis humanitaria en Venezuela para los deportados[5]. Al mismo tiempo, la administración Biden ha extendido el estatus de protección temporal para los venezolanos por dieciocho meses más; en total, EE. UU. ha concedido este estatus a cerca de 500 000 venezolanos que llegaron en el período comprendido entre marzo de 2021 y el 31 de julio de 2023[6].

La manera como la crisis humanitaria y de seguridad del Darién es percibida está fuertemente influenciada por la forma en la que los distintos países perciben y tratan a los migrantes. La migración genera ansiedad en la política estadounidense a medida que se acercan las elecciones de 2024, con los republicanos de la oposición retratando a la administración Biden como débil en materia de seguridad fronteriza, y el partido demócrata del presidente dividido entre una base progresista centrada en la defensa de los valores humanitarios y otra alarmada por la perspectiva de que el caos en la frontera pueda empeorar[1]. Panamá también elegirá un nuevo presidente en 2024 y se espera que la migración sea un tema polémico: varios candidatos han propuesto sellar la frontera del Darién con Colombia[2]. Mientras tanto, Colombia ha adoptado un trato más compasivo con los migrantes desde el inicio del éxodo venezolano a partir de 2013. Sin embargo, el gobierno del presidente Petro, que asumió el cargo en 2022, ha revertido varias de estas políticas, mientras que su principal objetivo sigue siendo un ambicioso plan de paz que depende de las conversaciones encaminadas a la eventual desmovilización de los grupos armados y criminales, incluidos los Gaitanistas[3].

El clamor público por endurecer los controles fronterizos, en ocasiones fomentado y explotado por fuerzas nacionalistas de línea dura, y la magnitud del desplazamiento humano en las Américas y otras regiones hacen que cualquier esfuerzo por crear una política humana y sostenible hacia la migración con un amplio respaldo internacional resulte terriblemente difícil. Los desplazamientos masivos a través del Darién se han convertido al mismo tiempo en una emergencia humanitaria, un lucrativo negocio criminal y un campo de batalla político de alto riesgo, en particular en EE. UU.

La falta de opciones fáciles que tengan en cuenta estas realidades superpuestas significa que los Estados más afectados por la migración a través del Darién deben tratar de adoptar un enfoque que sea lo más equilibrado posible en cuanto a los objetivos que persigue. Reducir rápidamente los flujos migratorios puede ser su prioridad política inmediata, pero como único objetivo está destinada a ser incompatible con los valores humanitarios e ineficaz en la práctica[4]. Pero si las políticas de disuasión se introducen en combinación con esfuerzos para compartir la carga de la recepción de migrantes y proporcionar un apoyo humanitario mejor orientado, los gobiernos de las Américas podrían empezar a diseñar una política responsable para un problema que probablemente los acosará durante años.

Para reducir el volumen de migración, las potencias extranjeras deben hacer lo posible por atenuar las emergencias humanitarias y de seguridad en los países que se han convertido en las principales fuentes de migrantes, en particular Venezuela, Haití y Ecuador, que en conjunto son el origen del 85 por ciento del total de personas que cruzan el Darién. Presionar para que se implemente del acuerdo negociado en Venezuela que culmine en la celebración de elecciones libres, basándose en el acuerdo firmado el 17 de octubre en Barbados, podría reducir el flujo de venezolanos que se dirigen hacia el norte[1]. Los EE. UU ya han dado un paso importante, levantando bastantes de las sanciones económicas después del pacto en Barbados.

Funcionarios estadounidenses han dicho que no existe un vínculo claro entre las sanciones y el éxodo de Venezuela, que comenzó años antes de que Washington aplicara restricciones económicas generales al país[2]. Petro, el presidente de Colombia, afirma, en cambio, que la solución a los problemas en el Darién reside en “desbloquear económicamente a Venezuela”. Esto está por verse: el levantamiento de las sanciones estadounidenses debería proporcionar un impulso a la debilitada economía venezolana, y a los salarios, atenuando el deseo de migrar.

Pero se necesita avanzar más. Los EE. UU podrían restaurar las sanciones si no considera que hay suficientes avances para llegar a unas elecciones competitivas, por lo que las potencias extranjeras deben mantener la presión sobre el gobierno de Venezuela y la oposición para que resuelvan las diferencias que tienen[3]. Cualquier progreso en reducir la migración podría ser deshecho si el acuerdo de Barbados se desbarata.

La asistencia focalizada también permitiría a los otros dos países desde los que viene la mayor parte de migrantes que atraviesan el Darién aplacar algunos de sus problemas. La aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de una misión de seguridad multinacional destinada a frenar la rampante violencia de las pandillas en Haití podría ayudar a brindar mayor seguridad al país una vez desplegada. Pero es probable que su éxito dependa de que se tomen medidas para resolver las divisiones políticas del país, reconstruir las instituciones estatales y abordar los elevadísimos niveles de pobreza[4]. El despliegue dependerá también de que se superen los obstáculos legales para el suministro de mil agentes de policía por parte de por Kenia para la misión[5].

La creciente violencia y estancamiento económico de Ecuador parecen estar detrás del fuerte aumento de migrantes de ese país. Su nuevo gobierno, que asumirá el poder en noviembre, debe esforzarse por introducir reformas policiales y judiciales con un amplio apoyo político y respaldo extranjero que permitan poner fin al control violento que ejercen las bandas criminales en las prisiones, comunidades y rutas del narcotráfico[6].

Las crisis en cada uno de estos países siguen enquistadas, incluyen significativos obstáculos financieros, políticos y diplomáticos que se interponen en su camino, pero los avances son posibles. Lograr mejoras en cada caso supondría una enorme contribución a la reducción de los flujos migratorios, incluso si está fuera del alcance de cualquier gobierno extranjero abordar la amplia gama de razones que llevan a personas de casi 100 países diferentes a emprender este viaje[7].

La reducción de la migración a través del Darién también dependerá del papel que desempeñen las fuerzas de seguridad. Alarmados por la magnitud de los flujos migratorios, los gobiernos de Colombia, Panamá y EE. UU. se han inclinado por una respuesta de seguridad más estricta en el Darién. La administración del presidente estadounidense Joe Biden ha dicho que su objetivo es abordar las causas subyacentes de la migración. Pero, consciente de las dificultades para lograr avances rápidos en esta dirección, Washington se ha centrado por ahora en intentar “detener el flujo” de migrantes hacia la frontera sur de EE. UU. mediante el uso de estrategias de disuasión[1]. Como se señaló anteriormente, EE. UU. anunció en abril una campaña conjunta de dos meses con Colombia y Panamá que tenía como objetivo, entre otras cosas, “detener los flujos ilícitos de productos y personas a través del Darién, tanto por corredor terrestre como marítimo”[2].

Colombia, por su parte, dio a conocer su iniciativa Operación Darién en mayo, mediante la cual envió aproximadamente 3000 efectivos de seguridad para recuperar territorio en la frontera, con la esperanza de debilitar los negocios que operan bajo control Gaitanista y arrestar a los líderes del grupo[3]. En junio, Panamá anunció un nuevo esfuerzo militar con 1200 soldados, denominado Operación Chocó, para frenar las redes del crimen organizado dedicadas al narcotráfico y el tráfico de migrantes en la zona[4]. Pero ninguna de estas campañas logró impedir que la migración ilegal a través del Darién alcanzara niveles históricos en agosto y septiembre[5]. Por su parte, los formuladores de políticas en EE. UU. reconocen en privado que es poco probable que una respuesta militar logre frenar estos flujos[6].

El refuerzo de los controles fronterizos y migratorios en el Darién plantea numerosos desafíos. La colaboración entre Colombia y Panamá, como ya se ha mencionado, se ve obstaculizada por la desconfianza mutua, y la operación conjunta entre las fuerzas de seguridad en el Darién se limita en gran medida a cuestiones de seguridad y crimen[7]. Otros obstáculos estarían a la espera de una estrategia reforzada de seguridad para frenar el flujo migratorio. A menos que vayan acompañadas de medidas efectivas para detener la motivación de las personas por llegar al Darién para continuar al norte, las medidas coercitivas o barreras físicas dirigidas a reducir la migración también podrían resultar contraproducentes y generar nuevas emergencias humanitarias a medida que un número cada vez mayor de personas se encuentren varadas o confinadas cerca de la frontera. Un ejemplo de lo que podría suceder ocurrió en 2021, cuando alrededor de 19 000 migrantes quedaron varados en Necoclí, lo que provocó una enorme presión sobre los habitantes de este municipio[8]. Observadores y coyotes advierten que ante si los gobiernos tomaran este tipo de medidas, los traficantes de personas buscarían rutas más clandestinas, tanto a través de la selva como en el mar, las cuales probablemente resultarían más peligrosas para los migrantes[9].

Asimismo, las autoridades tendrán que evaluar cuidadosamente las posibles ventajas de una campaña para debilitar y desmantelar los grupos armados que operan en el Darién. Aunque, en principio, este enfoque ayudaría a desarticular las redes que coordinan el tráfico de migrantes, las operaciones de las fuerzas de seguridad en la zona están sujetas a restricciones legales, ya que una gran parte del Darién colombiano se encuentra en tierras de propiedad colectiva donde grupos afrocolombianos e indígenas ejercen su autoridad. Una intervención militar destinada a debilitar a los grupos armados dependería del consentimiento de estas comunidades, las cuales bien podrían oponerse, dado que muchas se benefician directamente del negocio de los migrantes en complicidad con los Gaitanistas[1].

Dicho esto, ciertos enfoques de seguridad podrían considerarse más adecuados para disuadir la migración indocumentada. Diplomáticos han sugerido crear una fuerza fronteriza especializada similar a las de otros países latinoamericanos como un medio para que Colombia pueda vigilar su frontera del Darién de manera más efectiva[2]. Incluso sin una fuerza fronteriza de este tipo, una operación conjunta más estrecha a nivel operativo entre la policía y el ejército de Colombia y Panamá, que incluya el fortalecimiento de la comunicación entre las fuerzas, el intercambio de inteligencia y el aumento de la presencia policial a lo largo de las rutas migratorias, podría hacer parte de un esfuerzo por frenar los flujos migratorios, proteger los derechos humanos y debilitar a los grupos armados.

Cualquier operación de seguridad también debe evitar depender exclusivamente de la disuasión que proporciona la presencia militar y recurrir a otras agencias estatales civiles especializadas para que aporten experiencia y ejerzan supervisión. En el caso de Colombia, las autoridades migratorias deberían estar a la mano para ayudar a informar a los migrantes sobre sus derechos y sobre vías migratorias legales, al igual que la fiscalía para ayudar a garantizar que aquellos que han sufrido violencia criminal puedan acceder al sistema de justicia penal[3]. En el caso de Panamá, trabajadores humanitarios sugieren que se requieren medidas más estrictas de rendición de cuentas para evitar que los agentes de las fuerzas de seguridad perpetren actos de violencia sexual y otros abusos contra migrantes. También sugieren que Panamá debe emprender una campaña destinada a proporcionar acceso seguro a servicios de salud sexual y reproductiva para sobrevivientes de violencia sexual a manos de agentes de las fuerzas de seguridad y otros actores violentos[4].

De hecho, además de intentar impedir el paso de los migrantes o atacar exclusivamente a las redes criminales, las autoridades deben intentar generar un despliegue integral de las fuerzas de seguridad en ambos lados de la frontera que ayude a garantizar que quienes han cometido delitos contra los migrantes sean llevados ante la justicia. Este despliegue debe incluir fiscales que se ocupen de los casos de ataques violentos contra migrantes[5]. Los trabajadores humanitarios, por su parte, señalan que un paso importante para prevenir los abusos cometidos por agentes del orden sería desplegar más mujeres en las fuerzas de seguridad que operan en el Darién[6].

Fortalecer las oportunidades para la migración legal mediante la creación de vías para los solicitantes de asilo que cumplan los requisitos podría ayudar a evitar que algunos migrantes tomen la ruta del Darién[1]. Washington ya ha tomado medidas para brindar apoyo a quienes tienen derecho a recibir asilo en EE. UU., estableciendo Oficinas de Movilidad Segura en Colombia[2]. Se ha anunciado un período piloto de seis meses para migrantes de Cuba, Haití y Venezuela, con el objetivo de tramitar unas 6000 solicitudes de asilo por mes en centros de Soacha (un suburbio de Bogotá), Medellín y Cali[3]. Sin embargo, los problemas persisten. Tan solo un día después de que la Oficina de Movilidad Segura de Colombia empezara a recibir solicitudes, el sitio web cerró temporalmente debido al gran volumen de solicitudes recibidas[4]. Los trámites lentos y burocráticos pueden resultar desalentadores para los migrantes que prefieren no infringir la ley[5].

Un acceso más fácil a las diferentes vías de asilo en teoría beneficiará a las personas procedentes de los países más afectados por las crisis y los conflictos, así como a los refugiados y las familias con niños pequeños. Pero estos centros no están destinados para migrantes económicos, que representan la mayoría de las personas que cruzan el Darién y que han demostrado estar dispuestos a soportar altos costos y enfrentarse a riesgos letales en busca de una vida mejor[6]. Su disposición a tolerar la adversidad como parte de este viaje incluye asimilar el costo físico y psicológico de la violencia sexual. Un alto representante de una organización humanitaria en Panamá dijo que algunas mujeres que fueron agredidas sexualmente en la selva del Darién ya habían considerado la posibilidad de enfrentar ataques antes de embarcarse en la ruta migratoria[7].

Si EE. UU. pretende frenar el flujo de migrantes a través de su frontera sur, entonces tendrá que hacer un esfuerzo mucho mayor para alentar y financiar a las naciones latinoamericanas para que acojan a los migrantes. La Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles, suscrita en 2022 por 21 países de las Américas, incluidos Colombia y Panamá, reconoce que la migración es un desafío hemisférico compartido. Sus firmantes se comprometieron a cooperar para garantizar una migración segura y ordenada, ofrecer asistencia a los países receptores y proteger a los migrantes permitiendo su entrada en el mercado laboral y el acceso a servicios esenciales. También señaló que abordar los desafíos de la migración debe ser una “responsabilidad compartida entre los Estados”[1].

Con este espíritu, varios países latinoamericanos (sobre todo Colombia, Perú y Chile) han dado la bienvenida a numerosos migrantes venezolanos en los últimos años, a menudo sin disponer de los medios para poder satisfacer sus necesidades. Colombia ha hecho, hasta hace poco, un enorme esfuerzo para extender la residencia temporal a los venezolanos que actualmente se encuentran en su territorio los cuales se estiman actualmente en 2,89 millones[1]. Aunque la ayuda estadounidense para la integración de los migrantes en los países latinoamericanos es sustancial, es sólo un paliativo para una carga mayor. En 2022, EE. UU. destinó $656,3 millones de dólares para ayudar a los países a abordar la crisis humanitaria y migratoria venezolana, siendo Colombia, Perú, Ecuador y Brasil los principales beneficiarios[2]. Sin embargo, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela informa que el financiamiento para 2023 representa solo el 17 por ciento de lo requerido[3]. Según la autoridad migratoria de Colombia, los fondos recaudados durante la conferencia de donantes organizada por la UE, Canadá y las agencias de la ONU para atender las necesidades de los migrantes venezolanos solo alcanza para cubrir los gastos de un mes[4]. Se requiere desesperadamente más dinero para permitir que estos Estados puedan ofrecer destinos alternativos para quienes consideran emprender el viaje hacia el norte.

Es muy posible que la necesidad de apoyo aumente. Los migrantes ahora parecen tener incluso menos razones para detener sus viajes hacia EE. UU. Desde el 28 de mayo, los venezolanos que ingresan a Colombia ya no son elegibles para solicitar el estatus de protección temporal, lo que significa que muchos de los nuevos migrantes no tendrán motivos para detener su camino hacia el norte. EE. UU. tendrá que considerar la posibilidad de proporcionar una ayuda financiera sustancial para que Colombia vuelva a aceptar aún más migrantes venezolanos como residentes legales. Mientras tanto, Panamá tiene un historial limitado a la hora de conceder asilos: solo seis personas recibieron asilo en 2022, la mayoría de ellas ucranianas. A cambio de cooperación en el control fronterizo, el gobierno de EE. UU. podría instar a Panamá a conceder más asilos a los migrantes que cumplan los requisitos[5]. En cualquier caso, el apoyo a estos y otros países de la región que reciben y acogen migrantes seguirá siendo esencial mientras EE. UU. desee aliviar la presión en sus propias fronteras.

Mitigar los riesgos a los que se enfrentan los migrantes en el Darién se ha convertido en un imperativo para las organizaciones humanitarias. La ONU y grupos de la sociedad civil han propuesto varias formas de hacerlo, tales como mejorar las oportunidades para que los migrantes se queden en los países que normalmente sirven como puntos de tránsito, combatir la difusión de noticias falsas y garantizar la amplia disponibilidad de información confiable, particularmente en redes sociales[1]. Estas iniciativas podrían ayudar a disuadir a las personas de enfrentarse a las partes más peligrosas de la ruta migratoria y ofrecerles alternativas más seguras, aunque su ruta final probablemente siga dependiendo de la decisión de los traficantes de personas.

Algunas organizaciones humanitarias y gobiernos regionales han propuesto una solución aún más audaz. Su idea es crear un corredor migratorio controlado, es decir, una ruta terrestre segura y supervisada donde los migrantes tendrían acceso a atención médica, refugio, alimentos y agua potable. La idea de un corredor humanitario de este tipo, que conecte a Colombia con Panamá o Costa Rica, ya sea por tierra o por mar, fue planteada por Colombia en 2022, pero obtuvo escaso respaldo tanto de parte de Panamá como de EE. UU.[2].

Ayudar activamente a los migrantes a cruzar o evitar el Darién de forma segura es una estrategia políticamente impopular. Ante la ausencia de otras políticas para reducir el número de migrantes que viajan al norte, debilitar la influencia de los traficantes de personas y distribuir la carga de la recepción de migrantes entre los países de las Américas, podría servir de incentivo para que las personas emprendan el viaje a la frontera estadounidense. Las posibles consecuencias incluirían la proliferación de nuevas rutas peligrosas bajo control criminal más al norte, o la concentración de migrantes a lo largo de otras fronteras, donde podrían enfrentar discriminación y abusos. En palabras de un funcionario estatal estadounidense, la creación de un corredor “sería algo difícil de explicar a la gente de Texas”[3].

Quienes respaldan la ayuda humanitaria argumentan que una vía custodiada a través de la selva o por el mar hasta los centros de recepción de migrantes de Panamá reduciría los riesgos de ataques que enfrentan los migrantes[4]. Añaden que, bajo la gestión conjunta de las autoridades colombianas y panameñas, con el apoyo de agencias de la ONU y ONG humanitarias, una ruta más controlada permitiría en principio a ambos países y a los organismos internacionales regular el número de migrantes a los que se les permite cruzar cada día, así como compartir información sobre quienes cruzan la frontera sin comprometer su seguridad. Las autoridades panameñas han insistido desde hace tiempo en que requieren más información sobre las condiciones de salud de los migrantes que se dirigen a su país, el número de menores y las posibles amenazas a la seguridad. Además, Panamá ya transporta a los migrantes de forma controlada a través de su frontera norte con Costa Rica, estableciendo límites máximos diarios y permitiendo a las empresas privadas de autobuses cobrar tarifas por el transporte[5].

Sin embargo, por ahora la idea rutas migratorias seguras y controladas con un límite diario a través del Darién es considerada como una aspiración tanto por razones políticas como porque habría que superar otros obstáculos para que la ruta segura funcione. Primero está la importancia de garantizar que el número de migrantes que se acercan al Darién no supere en exceso la cuota diaria permitida para cruzar la frontera, con el fin de evitar el efecto de los “factores de atracción” que preocupa a los países al norte del Darién.

También hay otros obstáculos. Panamá tendría que superar sus reticencias respecto a las operaciones de ONG internacionales en partes del Darién[1]. Un intento por romper los vínculos de explotación que se han desarrollado entre las comunidades locales y los migrantes también podría generar resistencia y poner en riesgo la iniciativa[2]. Una solución ideal sería que las comunidades participen en la respuesta humanitaria formal y en la creación de rutas migratorias seguras y custodiadas, lo cual les permitiría a los residentes locales recibir ingresos por su trabajo, mientras se les insta a romper sus vínculos con los grupos criminales involucrados en el tráfico de migrantes. Las comunidades locales también podrían beneficiarse de la oleada humanitaria gracias a un mayor acceso a educación, atención sanitaria y desarrollo económico, lo que reforzaría su confianza en el Estado. Pero hacer que esta idea funcione en la práctica plantea desafíos.

Convencer a las comunidades para que se unan a un corredor seguro dependerá de que se ofrezcan los incentivos adecuados (lo que requerirá una generosa financiación por parte de los donantes) y de que se tomen medidas para debilitar el control de los traficantes de migrantes y sus patrocinadores criminales. Al menos en teoría, las futuras negociaciones entre el Estado colombiano y los Gaitanistas podrían intentar obtener el consentimiento del grupo para esa iniciativa, en el entendido de que no interfieran con los migrantes ni se lucren de ellos. Sin embargo, los pasos que se tomen en esta dirección dependerán de avances concretos en las conversaciones, así como de que se reduzcan las diferencias entre la visión que el gobierno tiene de los Gaitanistas como grupo criminal y su reivindicación de ser una organización política.

Los diversos elementos que deben alinearse pueden parecer inalcanzables por el momento, y es casi seguro que algunos lo son. A pesar de estos obstáculos prácticos y políticos, el ideal del corredor seguro es un enfoque útil e importante, sobre todo porque prioriza la protección de los migrantes y podría ayudar a salvar vidas.

Las puertas a través del tapón del Darién se han abierto de par en par. Los caminos informales y las rutas marítimas acercan cada semana a miles de migrantes a la frontera estadounidense, llenando en el proceso las arcas de uno de los grupos narcotraficantes más grandes del mundo, así como de las comunidades locales que se encargan del tráfico de migrantes. Aunque es descabellado esperar que EE. UU. modifique sus controles fronterizos para acoger a muchos más recién llegados y concederles el derecho a residir en su territorio nacional, todavía hay formas útiles en las que Washington, Bogotá y Ciudad de Panamá pueden desarrollar un enfoque más responsable y humano ante este enorme desafío.

A pesar de sus fricciones y de una crónica falta de recursos, Colombia y Panamá están juntos a la cabeza de los esfuerzos para controlar la frontera y abordar las dificultades en su istmo compartido. Como primer paso, deben intentar, con el respaldo de EE. UU., consolidar su tímida cooperación. Una colaboración más estrecha entre las fuerzas de seguridad y los órganos judiciales es esencial para reforzar los controles fronterizos, gestionar los flujos migratorios y proteger a los migrantes de la violencia, aunque los antecedentes sugieren que es poco probable que las propuestas para desplegar más tropas en la zona produzcan por sí solas los resultados deseados. Se necesita con urgencia mayor apoyo humanitario a lo largo de la ruta de los migrantes. Washington también debe adoptar medidas concretas para mejorar las vías legales de migración a EE. UU., así como fortalecer la capacidad de otros Estados latinoamericanos para absorber migrantes. Resolver los conflictos y la agitación en Venezuela, Ecuador y Haití, las principales fuentes actuales de migración, sin duda ayudaría a aliviar la superpoblación en la selva, aunque los avances en este sentido pueden parecer terriblemente lentos.

Un amplio esfuerzo regional es vital para encontrar un camino a través del campo minado de demandas contrapuestas en materia de política migratoria. La seguridad fronteriza estricta o la ayuda humanitaria por sí solas podrían generar graves repercusiones en otros lugares, y hay pocas perspectivas inmediatas de que las condiciones que llevan a los migrantes a emprender el viaje cambien. Por el momento, un intento serio y de buena fe para mejorar la coordinación transfronteriza entre Colombia y Panamá, destinar más recursos de los donantes hacia donde se necesitan y abordar el aumento de la migración de una manera equilibrada, que reconozca las complejas limitaciones de las políticas, pero sin perder nunca de vista a los seres humanos que luchan por sobrevivir en el medio de esta crisis, debe ser el objetivo de todos los gobiernos interesados en el tapón del Darién.

Bogotá/Washington/Bruselas, 3 de noviembre de 2023